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Modo: Corpus Pro

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA ESTUDIAR LA CONSTITUCIONALIDAD DE UNA NORMA GENERAL POR ESA VÍA, DEBE LLAMARSE A JUICIO COMO DEMANDADOS TANTO AL ÓRGANO QUE LA EXPIDIÓ COMO AL QUE LA PROMULGÓ, AUNQUE NO SE ATRIBUYAN VICIOS PROPIOS A CADA UNO DE ESTOS ACTOS, SALVO CUANDO SE RECLAME UNA OMISIÓN LEGISLATIVA. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA ESTUDIAR LA CONSTITUCIONALIDAD DE UNA NORMA GENERAL POR ESA VÍA, NO ES NECESARIO QUE SE RECLAMEN, DE MANERA CONJUNTA, TODAS LAS DISPOSICIONES QUE REGULAN EL ASPECTO JURÍDICO DEBATIDO.

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 7/2005. · Registro digital (IUS): 20251
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: MUNICIPIO DE CARMEN, ESTADO DE CAMPECHE.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Julio de 2007, , Pág. 1686.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 7/2005. MUNICIPIO DE CARMEN, ESTADO DE CAMPECHE.

MINISTRO PONENTE: JUAN DÍAZ ROMERO.

MINISTRO ENCARGADO DEL ENGROSE: GUILLERMO I. ORTIZ MAYAGOITIA.

SECRETARIO: ISRAEL FLORES RODRÍGUEZ.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día veintiocho de noviembre de dos mil seis.

VISTOS; Y;

RESULTANDO:

PRIMERO. Por oficio presentado el tres de febrero de dos mil cinco, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Silverio Baudelio del Carmen Cruz Quevedo en su carácter de síndico de asuntos judiciales del Ayuntamiento del Municipio de Carmen, Estado de Campeche, en representación de este último, promovió demanda de controversia constitucional en la que solicitó la invalidez de los actos de la autoridad, que a continuación se precisan:

"II. Acto cuya invalidez se demanda:

"A) Al Congreso del Estado de Campeche. Concretamente a la Cámara de Diputados, en calidad de Cámara de Origen y Revisora, y parte del proceso administrativo en materia de actos administrativos municipales, el dictamen emitido por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Gobernación, de Finanzas y Hacienda Pública, Control Presupuestal y Contable y Patrimonio del Estado y de los Municipios y del Fortalecimiento Municipal y que corre agregado al presente documento en copias certificadas, en términos del artículo 110, fracción I, de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche, los que a continuación se transcriben:

"‘Artículo 110. Los Municipios requieren la autorización previa de la Legislatura del Estado para concesionar sus servicios públicos, en los siguientes casos:

"‘I. Si el término de la concesión excede a la gestión del Ayuntamiento; y

"‘II. ...’

"Se les reclama dicho acto procedimental por considerarlo inconstitucional y no ajustarse a derechos previos reconocidos a los Municipios en el artículo 115, fracción II, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que a partir de mil novecientos ochenta y uno, hasta principios del año dos mil cuatro, el texto de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche sufrió diversas reformas y adiciones, como producto del procedimiento legislativo previsto por los ordenamientos vigentes, esto es, el Poder Legislativo del Estado de Campeche modificó el texto original, sin que en ningún momento éste fuera sustituido por uno nuevo y distinto orden jurídico en donde se estableciera lo preceptuado en nuestra Carta Magna.

"Por ello mediante acuerdo de Cabildo de fecha primero de febrero del año dos mil cinco, el Ayuntamiento del Municipio de Carmen, Estado de Campeche, determinó iniciar el juicio de controversia constitucional, para solicitar la invalidez de los referidos artículos de la multicitada ley de los Municipios dada su inconstitucionalidad."

SEGUNDO. El Municipio actor narró como antecedentes del caso, los siguientes:

"IV. Hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes de la norma cuya invalidez se demanda:

"A) El día siete de diciembre de mil novecientos ochenta y uno, siendo gobernador del Estado de Campeche, Eugenio Echeverría Castellot, ordenó la promulgación y publicación de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche, vigente hasta la presente fecha.

"B) Que a partir de mil novecientos ochenta y cinco hasta principios del año dos mil cuatro, el texto de aquella Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche sufrió diversas reformas y adiciones, como producto del procedimiento legislativo previsto por los ordenamientos vigentes, esto es, el Poder Legislativo del Estado de Campeche, modificó el texto original, sin que en ningún momento éste fuera sustituido por uno nuevo y distinto orden jurídico en donde se estableciera lo preceptuado por nuestra Carta Magna.

"C) Que la LVII Legislatura Estatal expidió el Decreto Número 69 mediante el cual según su publicación reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche precedente, sustituyendo ciertos artículos por un nuevo (sic), hecho que no ocurrió con el numeral 110 de la citada ley, ya que no se observó lo mismo en lo preceptuado en el numeral 115, fracción II, inciso B), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a partir de la reforma publica (sic) en el Diario Oficial el veintitrés de diciembre de mil novecientos noventa y nueve.

"D) Por ello mediante acuerdo de Cabildo de fecha primero de febrero de enero (sic) del año dos mil cinco, el Ayuntamiento del Municipio de Carmen, Estado de Campeche, determinó iniciar el juicio de controversia constitucional, para solicitar la invalidez de los referidos artículos de la multicitada Ley de los Municipios dada su inconstitucionalidad."

TERCERO. El Municipio actor estimó violados en su perjuicio los artículos 115, fracción II, inciso b) y 133 de la Constitución Federal y formuló los siguientes conceptos de invalidez:

"Primero. De las autoridades demandadas se reclama la violación del derecho del Municipio de ejercer sus facultades, contenidas en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con la Constitución Política del Estado de Campeche, la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche, por el incumplimiento de lo establecido en el artículo 115, fracción II, inciso B), en el sentido de que el Ayuntamiento se encuentra facultado, con el acuerdo de las dos terceras partes de los miembros que lo componen, para dictar resoluciones que afecten al patrimonio inmobiliario municipal o para celebrar actos o convenios que comprometan al Municipio por un plazo mayor al periodo del referido ente público. Por lo que solicitamos se declare la invalidez del artículo 110, fracción I, de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado decretado por el Congreso del Estado de Campeche en virtud de que contiene disposiciones contrarias a la Constitución y con perjuicio de esta entidad municipal.

"Señores Ministros, para nuestro Ayuntamiento ningún sistema constitucional, admite que cualquier otro órgano constituido pueda atentar contra la Constitución que lo crea, porque tal acto significaría la destrucción del orden constitucional. Por lo que el dictamen emanado de la Legislatura del Estado, es un acto de autoridad contrario a la Constitución General por sobrepasar las facultades que ésta confiere a los Municipios y por ello ese Máximo Tribunal debe declarar la invalidez del acto legislativo que se reclama, ya que nos encontramos en presencia de facultades metaconstitucionales que vulneran el marco normativo de los Municipios impiden su desarrollo institucional y obstaculizan los servicios públicos que tienen encomendada como trabajo fundamental ese nivel de gobierno. Lo anterior se robustece con la tesis sostenida por el Pleno del Poder Judicial de la Federación en su Quinta Época que a continuación se transcribe: ‘AYUNTAMIENTOS. La sociedad tiene interés en que no se altere su organización política o social, y en que sus intereses sean administrados por las personas en quienes haya depositado su confianza, al celebrarse su elección, Mientras no se pruebe que tal elección no ha sido realmente legítima. Asimismo, el Estado, que tiene como base de organización el Municipio, tiene interés que éste sea administrado por Ayuntamientos de elección popular directa, y sin que existan autoridades intermediarias entre ellos y el gobierno, y en que se observen escrupulosamente los preceptos constitucionales relativos, mientras no se declare que la Constitución ha sido violada al elegir a esos Ayuntamientos. Amparo administrativo. Revisión del incidente de suspensión. Regidores del Ayuntamiento de Tacubaya. 3 de marzo de 1923. Mayoría de siete votos. Los Ministros Alberto M. González y Enrique Moreno no intervinieron en este asunto, por las razones que constan en el acta del día. La publicación no menciona el nombre del ponente.’

"Segundo. El dictamen emitido por la Legislatura Local del Estado de Campeche, es igualmente contrario a la Constitución, en virtud de que contraviene las reformas efectuadas a nuestra Carta Magna a partir del año de mil novecientos noventa y nueve, ya que dentro de los artículos transitorios ahí establecidos, se preceptuó lo siguiente: Segundo artículo: ‘los Estados deberán adecuar sus Constituciones y leyes conforme a lo dispuesto en este decreto a más tardar en un año a partir de su entrada en vigor. En su caso, el Congreso de la Unión deberá realizar las adecuaciones a las leyes federales a más tardar el 30 de abril del año 2000.’. De ahí que los artículos mencionados de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche, están en clara oposición con la norma constitucional que al regular en sus transitorios las obligaciones de los Estados en cuanto a dicha reforma ésta no se efectuó, por tanto, la norma que se combate, es violatoria en perjuicio del Municipio.

"Lo anterior se robustece con la tesis sostenida por la Primera Sala del Poder Judicial de la Federación en su Novena Época que a continuación se transcribe:

"‘SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL Y ORDEN JERÁRQUICO NORMATIVO, PRINCIPIOS DE. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 133 CONSTITUCIONAL QUE LOS CONTIENE. En el mencionado precepto constitucional no se consagra garantía individual alguna, sino que se establecen los principios de supremacía constitucional y jerarquía normativa, por los cuales la Constitución Federal y las leyes que de ella emanen, así como los tratados celebrados con potencias extranjeras, hechos por el presidente de la República con aprobación del Senado, constituyen la Ley Suprema de toda la Unión, debiendo los Jueces de cada Estado arreglarse a dichos ordenamientos, a pesar de las disposiciones en contrario que pudiera haber en las Constituciones o en las leyes locales, pues independientemente de que conforme a lo dispuesto en el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Estados que constituyen la República son libres y soberanos, dicha libertad y soberanía se refiere a los asuntos concernientes a su régimen interno, en tanto no se vulnere el Pacto Federal, porque deben permanecer en unión con la Federación según los principios de la Ley Fundamental, por lo que deberán sujetar su gobierno, en el ejercicio de sus funciones, a los mandatos de la Carta Magna, de manera que si las leyes expedidas por las Legislaturas de los Estados resultan contrarias a los preceptos constitucionales, deben predominar las disposiciones del Código Supremo y no las de esas leyes ordinarias, aun cuando procedan de acuerdo con la Constitución Local correspondiente, pero sin que ello entrañe a favor de las autoridades que ejercen funciones materialmente jurisdiccionales, facultades de control constitucional que les permitan desconocer las leyes emanadas del Congreso Local correspondiente, pues el artículo 133 constitucional debe ser interpretado a la luz del régimen previsto por la propia Carta Magna para ese efecto.’

"Tercero. Violación de la obligación que tienen las autoridades señaladas como responsables de guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contenidas en los artículos 87 y 128 de la misma y en lo correlativo en la Constitución Política del Estado de Campeche de la Legislatura del Estado de Campeche, por violación a la garantía de legalidad, debido proceso, y seguridad jurídica, al no acatar la disposición jurídica establecida en el artículo 115 de nuestra Carta Magna que consagra el funcionamiento y las prerrogativas del Municipio Libre como base de la división territorial y organización política y administrativa de los Estados, regulando el marco de sus relaciones jurídicas y políticas."

CUARTO. Por auto del cuatro de febrero de dos mil cinco, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, que le correspondió el número 7/2005 y, por razón de turno, designó como instructor al Ministro Juan Díaz Romero.

Por proveído de la misma fecha, el Ministro instructor previno al actor para que en el plazo de cinco días contados a partir de su notificación, aclarara si deseaba tener como autoridad demandada al Gobernador Constitucional del Estado de Campeche, además de que dentro de la misma temporalidad, precisara la fecha en que tuvo conocimiento de los actos reclamados.

QUINTO. Mediante oficio número 0402 presentado el once de febrero de dos mil cinco, ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, el Municipio actor cumplió la referida prevención, esencialmente, en los siguientes términos:

"... No reconozco el carácter de demandado al Gobernador Constitucional del Estado de Campeche; por lo que no señalo expresamente los actos y disposiciones que haya emitido dicha autoridad que deban ser materia del asunto planteado. Por lo que hace a la prevención que se me hiciera en el sentido de informar la fecha en que se tuvo conocimiento del acto impugnado le manifiesto que dicho acto me fue notificado con fecha veinte de diciembre del año dos mil cuatro, vía correo certificado ..."

SEXTO. Mediante acuerdo del dieciséis de febrero de dos mil cinco, el Ministro instructor admitió la demanda de controversia constitucional, teniendo únicamente como autoridad demandada al Poder Legislativo del Estado de Campeche, a la que ordenó su emplazamiento para que formulara la contestación relativa, y dio vista al procurador general de la República para que manifestara lo que a su representación corresponde.

SÉPTIMO. La autoridad demandada al dar contestación a la demanda respectiva, señaló lo siguiente:

Hechos expuestos en la demanda:

I. Que no es hecho propio del Congreso Estatal la afirmada promulgación y publicación del ordenamiento impugnado.

II. Que se niega la imputación hecha en el sentido de que no se han establecido en la norma impugnada, los principios que se precisan en el artículo 115, fracción II, inciso b), de la Constitución Federal.

III. Que se reconoce la aprobación de la reforma a la ley que se tilda de inconstitucional; sin embargo, contrario a lo aducido por el demandante, sólo se reformó el subinciso a), del inciso 1, de la fracción IV, del artículo 16 de la ley orgánica combatida y no diversos artículos, por lo que no representa perjuicio alguno al actor, pues nada tiene que ver con lo establecido en la fracción II, inciso b), del artículo 115 de la Constitución General.

IV. Que la decisión del Cabildo de promover la controversia constitucional, no constituye un hecho propio del demandado.

Actos reclamados en la demanda:

1. Que el Municipio actor consintió la aplicación del artículo 110, fracción I, de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche, que ahora reclama, en virtud de que el diecisiete de junio de dos mil cuatro solicitó la autorización del Congreso del Estado para concesionar el servicio público de limpia, recolección, traslado y disposición final de residuos en su Municipio, aunado a que el dictamen del treinta de noviembre de dos mil cuatro, no es un acto definitivo en relación con la solicitud mencionada, pues en el mismo se concluye que el Ayuntamiento deberá proporcionar la información necesaria para hacer la valoración correspondiente.

2. Que en atención a la respuesta dada por el Municipio actor en el sentido de que no impugna la publicación o promulgación del artículo controvertido, ni fue su deseo llamar como demandado al Gobernador del Estado de Campeche, no es posible examinar la constitucionalidad de dicha norma, porque este último participó en el proceso legislativo correspondiente.

Causas de improcedencia:

a) Que el dictamen emitido el treinta de noviembre de dos mil cuatro, no constituye un acto definitivo en la medida de que tendrá esa calidad hasta que el Pleno del Congreso del Estado apruebe o desapruebe el dictamen, en el que, inclusive, puede modificar las consideraciones o fundamentos legales en los que descansa.

b) Que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VI, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la medida en que no se agotó previamente el procedimiento regulado en la Ley Reglamentaria de la Fracción IV del Artículo 88 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Campeche, no cumpliéndose, por estos motivos, con el principio de definitividad que campea en estos juicios.

c) Que se surten las causas de improcedencia previstas en los artículos 19, fracción VI y 20, fracción II, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, habida cuenta que el dictamen reclamado no ha sido aprobado por el Pleno del Congreso Estatal y, entonces, el perjuicio se actualiza hasta aquel evento.

d) Que resulta improcedente la controversia constitucional, ya que no se impugnan todos los preceptos que regulan la obligación de los Municipios de solicitar al Congreso Estatal su autorización para concesionar los servicios públicos por un periodo mayor al del Ayuntamiento, en específico, los artículos 54, fracción XXXII y 106 de la Constitución Local, 59, fracción IV y 118, fracción IV, de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche, porque en el supuesto de que este Alto Tribunal declarara la invalidez de la fracción I del artículo 110 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado, no sería suficiente para otorgar la autorización solicitada, al subsistir otros preceptos que permiten dicha autorización.

e) Que el dictamen reclamado no constituye el primer acto de aplicación de las normas que prevén la obligación de los Municipios de solicitar autorización para disponer del patrimonio inmobiliario, ya que se han otorgado diversas autorizaciones de esa naturaleza al Municipio actor.

f) Que se actualiza la causa de improcedencia establecida en la fracción VIII del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que no fue deseo del actor nombrar como autoridad demandada al gobernador del Estado, a pesar de que éste promulgó el artículo reclamado.

Fondo del asunto:

Norma reclamada.

I. Que la norma impugnada que faculta a la Legislatura del Estado para aprobar la concesión de los servicios públicos de los Municipios, no contraviene los principios de autonomía municipal, en virtud de que:

a) Si bien este principio se encuentra establecido en el artículo 115 constitucional, el mismo admite excepciones, tal es el caso de los empréstitos municipales que deben ser autorizados por la legislatura o la aprobación de dicho órgano colegiado de la disposición del patrimonio municipal y que respecto a esta última, este Alto Tribunal ha sostenido su constitucionalidad, al no pugnar con el principio de libre administración hacendaria.

b) El artículo 28 constitucional establece que el Estado podrá concesionar los servicios públicos siempre y cuando se sujeten a lo dispuesto en las leyes, lo cual quedó regulado por la legislatura en la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche, previéndose, entre otros requisitos formales, la autorización previa para llevar a cabo dicha concesión.

c) La mencionada autorización tiene como objetivo el que los Ayuntamientos cumplan con los requisitos para que un particular preste un servicio que resulta de interés público, en aras de evitar después daños que por la interrupción o deficiencia en la prestación del servicio se pudieren ocasionar a la población, por lo que dicho artículo combatido es acorde con la reforma del artículo 115 de la Constitución Federal de mil novecientos noventa y nueve.

d) El inciso b), fracción II, del artículo 115 constitucional, se refiere a que serán las dos terceras partes del Ayuntamiento las que aprobarán los actos o convenios en los que se comprometa al Municipio en un plazo mayor al periodo normal del Ayuntamiento; sin embargo, la norma impugnada no se refiere específicamente a la concesión del servicio público, ya que éste se rige por la fracción III del mismo precepto supremo, previéndose que, sin perjuicio de la competencia municipal para el ejercicio de sus funciones o para la prestación de los servicios a su cargo, deberá sujetarse al texto de las leyes federales o estatales, que si se concuerda con lo establecido en el artículo 28 constitucional, se puede arribar a la convicción de que es constitucional el reclamado artículo 110, fracción I, de la citada ley orgánica.

II. De la comparación de diversas Constituciones estatales se evidencia la obligación de los Municipios de solicitar autorización para concesionar servicios públicos que se encuentran a su cargo como una práctica común y ordinaria en nuestro sistema jurídico nacional (ver cuadro de las fojas 247 a 251).

Omisión legislativa reclamada:

III. Que contrariamente a lo estimado por el actor, el Congreso de Campeche mediante Decreto 312 publicado el veintinueve de junio de dos mil, con el objeto de hacer las adecuaciones relativas y en acatamiento del artículo segundo transitorio del decreto que reformó el artículo 115 de la Constitución General, en diciembre de mil novecientos noventa y nueve, llevó a cabo las reformas a la ley orgánica que se tilda de inconstitucional.

IV. Que no es aplicable la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes:

"BIENES INMUEBLES DEL MUNICIPIO. CUALQUIER NORMA QUE SUJETE A LA APROBACIÓN DE LA LEGISLATURA LOCAL SU DISPOSICIÓN, DEBE DECLARARSE INCONSTITUCIONAL (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN II, INCISO B), DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, ADICIONADO POR REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 23 DE DICIEMBRE DE 1999). El desarrollo legislativo e histórico del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, revela que el Municipio Libre es la base sobre la que se construye la sociedad nacional, como lo demuestran los diversos documentos que integran los procesos legislativos de sus reformas, tales como la municipal de 1983, la judicial de 1994 y la municipal de 1999, siendo esta última donde destaca la voluntad del Órgano Reformador en pro de la consolidación de su autonomía, pues lo libera de algunas injerencias de los Gobiernos Estatales y lo configura expresamente como un tercer nivel de gobierno, más que como una entidad de índole administrativa, con un ámbito de gobierno y competencias propias y exclusivas, todo lo cual conlleva a determinar que la interpretación del texto actual del artículo 115 debe hacer palpable y posible el fortalecimiento municipal, para así dar eficacia material y formal al Municipio Libre, sin que esto signifique que se ignoren aquellas injerencias legítimas y expresamente constitucionales que conserven los Ejecutivos o las Legislaturas Estatales. Atento lo anterior, el texto adicionado del inciso b) de la fracción II del artículo 115 constitucional debe interpretarse desde una óptica restrictiva en el sentido de que sólo sean esas las injerencias admisibles de la Legislatura Local en la actividad municipal, pues así se permite materializar el principio de autonomía y no tornar nugatorio el ejercicio legislativo realizado por el Constituyente Permanente, sino más bien consolidarlo, lo que significa que el inciso citado sólo autoriza a las Legislaturas Locales a que señalen cuáles serán los supuestos en que los actos relativos al patrimonio inmobiliario municipal requerirán de un acuerdo de mayoría calificada de los propios integrantes del Ayuntamiento, mas no las autoriza para erigirse en una instancia más exigible e indispensable para la realización o validez jurídica de dichos actos de disposición o administración, lo cual atenta contra el espíritu de la reforma constitucional y los fines perseguidos por ésta; de ahí que cualquier norma que sujete a la aprobación de la Legislatura Local la disposición de los bienes inmuebles de los Municipios, al no encontrarse prevista esa facultad en la fracción citada, debe declararse inconstitucional."

En virtud de que de las consideraciones que sustentaron el fallo de esta Suprema Corte de Justicia, estableció que:

a) La reforma de mérito no eliminó todas las intervenciones de las legislaturas.

b) El fortalecimiento municipal tiene como límite el ejercicio de las atribuciones de los Congresos Estatales.

c) El principio de interpretación (fortalecimiento municipal) que se desprende de esa reforma, sólo puede aplicarse a los aspectos que la reforma modificó.

V. Que conforme al inciso d), de la fracción II, del artículo 115 de la Constitución General, se prevé que en las leyes que emitan los Congresos Estatales en materia municipal se podrá regular el que, a solicitud del Municipio correspondiente, éstos puedan asumir la prestación de un servicio público municipal, pudiendo regular el procedimiento y las condiciones necesarias para llevar a cabo dicho supuesto, por lo que resulta absurdo que tratándose de la concesión a un particular, el Congreso Local no pueda establecer los requisitos a cumplirse para permitir la prestación de dicho servicio.

OCTAVO. Por acuerdo dictado el doce de abril de dos mil cinco por el Ministro instructor, se tuvo por contestada la demanda de controversia constitucional y se señalaron las diez horas del seis de mayo siguiente para la celebración de la audiencia de ofrecimiento y desahogo de pruebas y alegatos.

NOVENO. El procurador general de la República al emitir su opinión, en lo sustancial, dijo:

Oportunidad de la demanda.

Que respecto del acto consistente en la presunta omisión del Congreso Local de no adecuar el artículo 110, fracción I, de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche a la reforma del artículo 115 de la Constitución Federal, efectuada en diciembre de mil novecientos noventa y nueve, se presentó la demanda en el plazo legal, porque esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que tratándose de actos omisivos por parte de la autoridad demandada, la oportunidad para presentar la demanda se actualiza día a día. Igualmente resulta oportuna la presentación de la referida demanda por lo que hace al dictamen reclamado.

Causas de improcedencia.

I. Que es fundada la causa de improcedencia propuesta por la demandada, prevista en la fracción VI del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, en la medida de que el dictamen de las comisiones unidas no constituye un acto definitivo, porque no se trata de una ley, decreto o acuerdo que pueda ser impugnado mediante el presente juicio constitucional, máxime que la comisión sólo se limitó a solicitar al Municipio actor que completara la información respecto de la solicitud para concesionar el servicio público de limpia, recolección y disposición de residuos sólidos, ya que era insuficiente.

II. Que es infundada la causa de improcedencia hecha valer por la demandada en el sentido de que no se siguió previo al presente juicio constitucional, el procedimiento establecido en la fracción IV del artículo 88 de la Constitución Política del Estado de Campeche, porque se advierte que este procedimiento tiende en forma directa a dirimir controversias entre los diferentes órganos públicos del Estado por la aplicación de las leyes locales e incluso por violaciones a la Constitución Local, pero no atinente a la propia Constitución Federal.

III. Que en relación con la causa de improcedencia consistente en que no le causa perjuicio alguno al Municipio actor el dictamen impugnado, debe desestimarse en virtud de que la causa hecha valer involucra el estudio de fondo de la cuestión planteada.

IV. Que resulta infundada la causa de improcedencia en la que se argumenta que el Municipio actor no impugnó todos los artículos que reglamentan la solicitud para obtener la autorización de concesionar el servicio público en comento, y que este Máximo Tribunal no puede, supliendo la deficiencia de la queja, ampliar la litis planteada, pues en términos de lo dispuesto en los artículos 39 y 40 de la ley que reglamenta las controversias constitucionales, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación está facultada para suplir la deficiencia de la demanda y examinar en conjunto los razonamientos planteados por las partes a efecto de resolver la cuestión planteada.

V. Que la improcedencia hecha valer en el sentido de que el dictamen cuya invalidez se impugna no constituye el primer acto de aplicación de los artículos 59, fracción IV y 118, fracción IV, de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche (que albergan la obligación del actor de solicitar autorización respecto de las operaciones para disponer de su patrimonio), ya que en mil novecientos ochenta y dos, le fue otorgada la autorización para venta o donación de un bien perteneciente a dicho Municipio, es infundada; en virtud de que la demandante impugna el artículo 110, fracción I, de la ley citada, pues considera que dicho numeral limita su facultad para concesionar a un particular los servicios públicos a su cargo, el cual nada tiene que ver con los actos de disposición de su patrimonio inmobiliario.

Conceptos de invalidez.

I. Que de una interpretación integral de las fracciones II y III del artículo 115 de la Constitución Federal, en comunión con la exposición de motivos de la reforma del veintitrés de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, se desprende lo siguiente:

a) Que las Legislaturas Estatales tienen la facultad de expedir leyes que prevean las bases generales en las que se determinen los casos en que los Ayuntamientos necesitan de una votación calificada para dictar resoluciones que lo comprometan po

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20251-f29dec32/controversia-constitucional-para-estudiar-la-constitucionalidad-de-una · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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