Corpus
Modo: Corpus Pro

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 19, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA, ÚNICAMENTE DEBE RESULTAR DE ALGUNA DISPOSICIÓN DE LA PROPIA LEY Y, EN TODO CASO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. TRÁNSITO. EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN III, INCISO H, DE LA CONSTITUCIÓN, RESERVA ESE SERVICIO A LOS MUNICIPIOS, POR LO QUE SI UN GOBIERNO ESTATAL, A UNO DE ELLOS LE CONDICIONA SU TRANSFERENCIA AL CUMPLIMIENTO DE UN REQUISITO AJENO A ESA NORMA FUNDAMENTAL, VIOLA LA MISMA.

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 42/2005. · Registro digital (IUS): 20778
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: MUNICIPIO DE AMECAMECA, ESTADO DE MÉXICO.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Febrero de 2008, , Pág. 1792.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 42/2005. MUNICIPIO DE AMECAMECA, ESTADO DE MÉXICO.

MINISTRO PONENTE: JUAN N. SILVA MEZA

SECRETARIO: MARTÍN ADOLFO SANTOS PÉREZ.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al diecisiete de enero de dos mil ocho.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Por oficio presentado el seis de julio de dos mil cinco, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Rocendo García Rodríguez y Enrique Sánchez Páez, quienes se ostentaron con el carácter de presidente constitucional y síndico procurador, respectivamente del Municipio de Amecameca, Estado de México, en representación del propio Municipio, promovieron controversia constitucional en la que demandaron la invalidez de los actos que más adelante se precisan, emitidos por las autoridades que a continuación se señalan:

"Entidad, poder u órgano demandado: a) Poder Ejecutivo del Estado de México, representado por el Gobernador Constitucional del Estado de México con domicilio en el recinto oficial del Palacio de Gobierno del Estado de México, sito en la ciudad de Toluca de Lerdo. b) Secretario de Seguridad Pública del Estado de México, con domicilio en sus oficinas bien conocidas en la ciudad de Toluca de Lerdo, Estado de México. Norma general o acto cuya invalidez se demanda: A) La negativa del Gobierno del Estado de México para municipalizar el servicio público de tránsito y vialidad en el Municipio de Amecameca, Estado de México, haciendo nugatorio el derecho que para todos los Municipios del país establece el artículo 115, fracción III, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para prestar el mencionado servicio público. B) La negativa del Gobierno del Estado de México, para transferir y hacer entrega material de los bienes muebles e inmuebles, parque vehicular y recurso presupuestal para que se preste en el Municipio de Amecameca el servicio público de tránsito y vialidad."

SEGUNDO. En la demanda se señalaron como antecedentes, los siguientes:

"1. El gobernador del Estado de México Lic. Arturo Montiel Rojas, acudió en visita de trabajo al Municipio de Amecameca en fecha 29 de junio del año 2004, y en un evento público expresó la voluntad del Gobierno del Estado de México para que se municipalice el servicio de tránsito en Amecameca, ya que es actualmente una necesidad, por lo que mediante oficio número PM/195/2004 de fecha 1o. de julio de 2004, dirigido al director general de Seguridad Pública y Tránsito del Gobierno del Estado de México, se le hizo la formal solicitud para la incorporación de dicho servicio público a nuestro Municipio. 2. Se ha dado seguimiento a los lineamientos y requisitos previstos para la municipalización del servicio de tránsito como se ha expuesto anteriormente, inclusive se han enviado a la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito del Gobierno del Estado de México, la carpeta ejecutiva que contienen los lineamientos requeridos por la dependencia de mención, tal como se desprende del oficio número TYV/AME/063/2005 de fecha 7 de enero del año en curso, y se han practicado los exámenes respectivos que se exigieron a los oficiales de seguridad pública que pasarán a formar parte del área de tránsito municipal. 3. No obstante que se ha dado el debido cumplimiento a todos los requerimientos que se establecieron por parte del Gobierno del Estado de México a través de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito para que se lleve a cabo la incorporación de ese servicio público en el Municipio de Amecameca, tal como lo prevén los artículos 115, fracción III, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 122 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 31, fracción XIV, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; así como las disposiciones en la materia que establece el libro octavo del Código Administrativo del Estado de México, la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito del Estado de México se ha negado a la realización de ese trámite, ya que ante la solicitud del Gobierno Municipal de Amecameca para que se realice el trámite formal, se ha dado una respuesta evasiva, como consta en el oficio 20232A000/DG/01007/2005 de fecha 23 de mayo del año en curso, que fuera notificado al Ayuntamiento que representamos en fecha 26 del mismo mes y año."

TERCERO. Los conceptos de invalidez que adujo la parte actora, son los siguientes:

"Primero. El artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en su fracción III: ‘Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: inciso h) Seguridad Pública, en los términos del artículo 21 de esta Constitución, policía preventiva municipal y tránsito.’. El impedimento de la asignación del servicio público de tránsito, al Municipio de Amecameca por parte del Gobierno del Estado de México a través del área antes aludida, violenta la disposición constitucional antes invocada, por lo que tales actos de autoridad hacen nugatorio el derecho que tiene el Municipio de Amecameca para ejecutar en su ámbito legal de actuación el servicio de tránsito, que en primera instancia, compete al Municipio y no como actualmente se lleva a cabo, en que quien lo ejecuta y tiene a cargo ese servicio es el Gobierno del Estado, con lo que es evidente que estamos en presencia de una invasión de la esfera municipal por parte del Gobierno del Estado de México. Debe señalarse que los Estados deben adoptar la forma de organización y gobierno que establece el artículo 115 constitucional, señalando que el Municipio Libre debe ser la base para ello: ‘Artículo 115. Los Estados adoptaran para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el Municipio Libre conforme a las bases siguientes:’, y la fracción II del citado artículo establece que todo Municipio puede expedir los bandos de policía y buen gobierno: ‘II. Los Municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la ley. Los Ayuntamientos poseerán la facultad para expedir de acuerdo con las bases normativas que deberán establecer las Legislaturas de los Estados, los bandos de policía y buen gobierno y los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones.’, e igualmente la fracción III del señalado artículo 115 constitucional, faculta a los Municipios para hacerse cargo de distintos servicios públicos, entre ellos el de seguridad pública y tránsito, como lo señala su inciso h) al que previamente se ha hecho referencia. En materia de seguridad pública y tránsito, el Gobierno del Estado tiene facultades de coordinación extraordinarias y especiales, y la aplicación de tales facultades la tenemos en lo dispuesto por los artículos 115 y 21 constitucionales, por lo que en el Municipio de Amecameca la participación de los agentes de tránsito del Gobierno Estatal debe mantenerse al margen de dicha actividad, pues únicamente compete a las autoridades municipales, lo que no es posible dadas las evasivas del Gobierno Estatal para municipalizar este servicio público y poder así cumplir con el mandato que establece la Constitución. Y en última instancia, el Gobierno Estatal en materia de seguridad pública y tránsito, tendría injerencia exclusivamente en el ámbito del Municipio en donde ese poder residiere habitual o transitoriamente; así como la de actuar en materia de seguridad pública en concurrencia con los Municipios cuando así fuere necesario y lo determinen las leyes, es decir, no en cualquier tiempo sino en circunstancias excepcionales, puesto que para ello existe la división territorial y administrativa en base a los Municipios, permitiéndose citar el siguiente criterio: ‘SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO EN LOS MUNICIPIOS. EN PRINCIPIO, SON MATERIAS RESERVADAS CONSTITUCIONALMENTE A ELLOS. Las interpretaciones histórica, causal-teleológica y gramatical de la fracción III del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos llevan a concluir que las materias de seguridad pública y tránsito están reservadas por el inciso h) de dicho precepto al ámbito municipal con las excepciones, en primer lugar, de los casos en que «fuere necesario y lo determinen las leyes» en que podrá tener intervención el Gobierno Estatal, lo que se deriva del párrafo primero de la fracción citada; y, en segundo, cuando tratándose de la residencia habitual o transitoria del Ejecutivo Federal o de los gobernadores de los Estados a ellos corresponda el mando de la fuerza pública, lo que deriva de la reserva que en este aspecto se establece expresamente en la fracción VII del dispositivo constitucional de que se trata.’. En los términos de los artículos 177 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 43 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta tesis es obligatoria para las Salas, Tribunales Unitarios y Colegiados de Circuito, Juzgados de Distrito, Tribunales Militares, Agrarios y Judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y Administrativos y del Trabajo, sean éstos federales o locales. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el once de noviembre en curso, aprobó, con el número 69/96, la tesis de jurisprudencia que antecede. México, Distrito Federal, a once de noviembre de mil novecientos noventa y seis. Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IV, noviembre de 1996. Tesis P./J. 69/96. Página 330. En mérito de lo anterior, es menester analizar los antecedentes de la autonomía que tienen los Municipios con relación a los Estados para el ejercicio de los servicios públicos, y que es ad hoc para el caso concreto que se plantea. La revolución mexicana postuló desde sus orígenes la libertad municipal, inscribiendo tal demanda desde 1906, en el programa del Partido Liberal Mexicano y repitiendo insistentemente el reclamo popular en pro del Municipio, tanto en el programa del Partido Democrático en 1909, como en el Plan de Valladolid, en el Plan de San Luis Potosí, en el Plan Reyista, en el Plan Político Social proclamado en la sierra de Guerrero en 1911, en el Pacto de la Empacadora, en el Programa de Reformas formulado por los zapatistas, en la adiciones al Plan de Guadalupe y en forma indirecta en otros importantes documentos políticos de la época. Durante los polémicos debates en que se enfrascaron los Constituyentes de Querétaro en 1917 con relación al artículo 115 constitucional, los diputados que tomaron la palabra no lograban ponerse de acuerdo sobre si los Municipios deberían estar supeditados al Poder Central del Estado, o por el contrario, éstos deberían gozar de plena autonomía, dentro de una nueva organización política, en donde el ciudadano eligiera a sus propias autoridades. En el debate final respecto del artículo 115 constitucional, efectuado el 24 de enero de 1917 en el Teatro de la República de la ciudad de Querétaro, los oradores no lograban ponerse de acuerdo sobre las facultades que los Municipios tendrían que asumir en vigencia de la nueva Constitución. Entre las intervenciones más destacadas se encuentra la del diputado Rodríguez González, quien junto con otro pequeño grupo de legisladores se mostraba escéptico ante la posibilidad de que los mismos Municipios adquirieran plena autonomía, ya que consideraba que los Municipios podrán incurrir en ‘frecuentes errores de alguna trascendencia’. Sin embargo, reconoció la necesidad de que el Gobierno del Estado ‘no sea ya el papá que, temeroso de que el niño compre una cantidad exorbitante de dulces que le hagan daño, le recoja el dinero que el padrino o el abuelo le ha dado, y después le da centavo por centavo para que no le hagan daño las charamuscas.’. Otros, como el michoacano José Álvarez, señalaban que el Municipio debería contar con libertad de acción, pero permanecer bajo el control de la Legislatura Local en todo momento. Por otra parte, dentro del grupo mayoritario, el diputado Rafael Martínez de Escobar coincidió en que el Municipio debía tener plena autonomía frente al Ejecutivo Federal y ante sus respectivas legislaturas. Al concluir los debates no se logró el consenso necesario. Sin embargo, el tema inconcluso de la autonomía municipal no fue el único que corrió con la misma suerte. El Constituyente de 1917 forjó con excepcional talento las bases del régimen municipal, las que más tarde el Poder Revisor de la Ley Fundamental seguiría desarrollando paulatinamente para tratar de concluir el trabajo de los diputados de 1917. Efectivamente, el Poder Revisor de la Constitución en vigencia de la Carta Fundamental de 1917, ha retomado el espíritu mayoritario de los debates de 1917, a través de las diversas reformas realizadas al artículo 115 constitucional, las cuales han tenido como característica fundamental la de ir otorgando al Municipio mayor autonomía. Queda claro que la labor del Poder Revisor de la Constitución se ha encaminado a fortalecer la autonomía del Municipio, esta tendencia no se vio afectada cuando en diciembre de 1994, se reformaron los artículos 21 y 73, fracción XXIII, de la Constitución General de la República, en materia de seguridad pública, ya que la consolidación de un Sistema Nacional de Seguridad Pública se llevará a cabo con el más estricto respeto de las competencias que la Constitución otorga a cada uno de sus componentes. De lo anterior se colige que la auténtica voluntad del Constituyente es que los Municipios tengan plena autonomía para la prestación de los servicios públicos que le atribuyó, sin que tenga injerencia alguna el Estado al que pertenezcan ni la Federación, sino únicamente en aquellos casos de excepción que las leyes de las respectivas materias dispongan, y en el caso del servicio público de tránsito en primer término es competencia del Municipio su ejecución, y el Estado va a tener intervención y participación, cuando se trate del Municipio en el que residan los poderes del Estado (y en forma limitada), pero no en todos los Municipios, es por ello que la evasiva y, por ende, negativa del Gobierno del Estado de México para municipalizar este servicio en Amecameca, constituye una invasión de esferas competenciales en agravio del Municipio que representamos, ya que se encuentra plenamente acreditada la necesidad de la municipalización de tránsito en Amecameca, y el hecho de que no se realice como se ha venido solicitando desde hace un año a la fecha, viola inclusive, las garantías individuales de los habitantes de dicho lugar, porque no es legalmente factible que sus autoridades municipales cumplan con ese servicio ya que no se ha incorporado aún al Municipio. Aunado a lo anterior, debe precisarse que el Municipio de Amecameca no ha celebrado convenio alguno con el Gobierno del Estado de México para que éste cumpla con el servicio en el Municipio, sino que lo viene haciendo como una facultad del mismo, sin embargo, a la presente fecha en el Municipio existe la necesidad de que se realice en forma directa por las autoridades municipales, como se ha acreditado plenamente y como inclusive ha sido reconocido por las autoridades estatales, sin embargo y no obstante ello, se siguen dando evasivas para que se municipalice el servicio de referencia. Igualmente, me permito citar los siguientes criterios del Pleno de la Corte que aluden a la facultad del Municipio para la prestación de este servicio público y la supremacía de la Carta Magna aun frente a la celebración de convenios entre Municipios y Estados para la prestación del supra mencionado servicio público. ‘TRÁNSITO. ES UN SERVICIO PÚBLICO QUE EL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN RESERVA A LOS MUNICIPIOS, POR LO QUE SI ALGUNO LLEGA A CELEBRAR UN CONVENIO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO PARA QUE ÉSTE LO PRESTE EN EL LUGAR EN EL QUE RESIDE, EL MUNICIPIO, EN TODO MOMENTO, PUEDE REIVINDICAR SUS FACULTADES, PUES UN CONVENIO NO PUEDE PREVALECER INDEFINIDAMENTE FRENTE A LA CONSTITUCIÓN. El artículo 115 de la Constitución reserva a los Municipios, entre diversas atribuciones, la de prestar el servicio público de tránsito. Por lo tanto, si un Municipio celebra un convenio con el Gobierno del Estado para que éste lo preste en el lugar en el que reside, el mismo no puede prevalecer indefinidamente frente a la disposición constitucional, por lo que el Municipio, en cualquier momento, puede reivindicar las facultades que se le reconocen en la Constitución y solicitar al Gobierno del Estado que le reintegre las funciones necesarias para la prestación de ese servicio, lo que deberá hacerse conforme a un programa de transferencia dentro de un plazo determinado y cuidándose, por una parte, que mientras no se realice de manera integral la transferencia, el servicio público seguirá prestándose en los términos y condiciones vigentes y, por otra, que en todo el proceso se tenga especial cuidado de no afectar a la población, así como que el plazo en el que se ejecute el programa deberá atender a la complejidad del mismo y a la razonabilidad y buena fe que debe caracterizar la actuación de los órganos de gobierno.’. Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XI, abril de 2000. Tesis P./J. 56/2000. Página 822. ‘TRÁNSITO. LA PRESTACIÓN DE ESTE SERVICIO CORRESPONDE AL MUNICIPIO, NO AL GOBERNADOR DEL ESTADO AUN CUANDO RESIDA EN EL MISMO Y TENGA BAJO SU MANDO LA FUERZA PÚBLICA. De la interpretación armónica de lo dispuesto por las fracciones III, inciso h) y VII del artículo 115 de la Constitución Federal, deriva que la prestación del servicio público de tránsito en los Municipios corresponde a éstos, aun en aquéllos en donde residiere habitual o transitoriamente el gobernador. Ello porque la primera fracción citada otorga al Municipio la competencia para prestar el aludido servicio, pudiendo hacerlo con el concurso del Estado sólo cuando ello resulte necesario y lo determinen las leyes, sin que constituya excepción el Municipio en donde resida habitual o transitoriamente el gobernador, pues este hecho da lugar a que dicho funcionario tenga bajo su mando a la fuerza pública pero no es obstáculo para que el Municipio preste el servicio público de tránsito, en la medida en que este servicio y el de seguridad pública son diferentes, en virtud de que constitucionalmente y conforme a su naturaleza el primero no requiere necesariamente ser prestado por cuerpos de seguridad o policíacos, que integren la fuerza pública.’. Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XI, abril de 2000. Tesis P./J. 53/2000. Página 822. En tales circunstancias es menester señalar que ante la negativa del Gobierno del Estado de México para municipalizar el servicio público de tránsito, no se cumple con las finalidades del artículo 115 constitucional, cuya reforma introducida en el año de 1983, tiene como finalidad delimitar de manera clara y precisa los renglones, materias y atribuciones de los Ayuntamientos que gobiernan en los Municipios del país. A ello obedece la relación de servicios públicos que de acuerdo con las condiciones territoriales y socioeconómicas de cada Municipio, los Ayuntamientos deben prestar por sí mismos o con el concurso del Gobierno Estatal ‘cuando así fuere necesario’. En la especie, el servicio público de tránsito y vialidad concedido en favor de los Municipios, lleva el propósito de garantizar la libertad municipal para ordenar el tránsito vehicular dentro de su territorio y la vialidad peatonal, sin injerencia o subordinación a las decisiones del Gobierno del Estado. Como se ha expuesto y se vuelve a señalar, en el caso del Municipio de Amecameca, este servicio lo viene prestando el Gobierno del Estado de México, sin embargo, ante el notorio crecimiento demográfico y del parque vehicular en todo el territorio mexiquense, el contacto de los gobernados con las autoridades de tránsito estatal, es cada vez más difícil y en algunos casos, inaccesible, porque deben atender a más Municipios y las carreteras de la entidad, pero no solamente es esa situación, sino que además debe señalarse que el hecho de que el Gobierno Estatal continúe prestando el servicio de tránsito en los Municipios que lo conforman y en especial en el que representamos los promoventes, implica ingresos que se generan a favor del Estado y por supuesto, el control político que el Gobierno del Estado mantiene con algunas agrupaciones de transportistas de pasajeros y de carga, que ven en ese renglón una fuente de ingresos que beneficia a las partes involucradas, sin consideración alguna para usuarios y población en general. Por ello, la negativa a municipalizar el tránsito y la vialidad por parte del Gobierno del Estado de México lo que va en detrimento de la autonomía municipal y vulnera el espíritu justiciero del artículo 115 constitucional en su fracción III, inciso h), puesto que no deben prevalecer intereses meramente económicos y de control político para negar la municipalización de este servicio en nuestro Municipio. Aunado a lo anterior, debe señalarse que aun cuando el Gobierno Estatal viene prestando este servicio público en Amecameca, es insuficiente, por razón de que los amecamequenses somos los que padecemos diariamente con el caos vial y los fuertes intereses de quienes lucran con la circulación por nuestro Municipio con las personas que cotidianamente nos visitan, y en mayor medida, con el transporte público, en agravio de la población avecindada en nuestro Municipio. Es importante señalarse, que la municipalización de tránsito que se demanda de las responsables, va a traer grandes beneficios al Municipio de Amecameca, puesto que habrá de aprobarse por el Honorable Ayuntamiento el Reglamento de Tránsito Municipal, que traerá entre sus principales fundamentos, el acabar con fines meramente económicos y de control político y contubernio para la protección de intereses de quienes lucran y abusan de los conductores de transporte público que circulan por nuestro Municipio, y habrá de establecerse los derechos de los peatones, escolares, ciclistas, niños, ancianos y discapacitados, cuya protección está por encima del tránsito vehicular, imponiendo una ordenación en la conducción de automóviles y transportes a los que se obliga a contar con equipos, sistemas, dispositivos y accesorios de seguridad tanto para sus ocupantes como para los transeúntes. De igual forma, el reglamento en comento, dispondrá de medidas tendientes a la protección del medio ambiente para preservar el entorno ecológico de la localidad, cuya justa demanda social no ha sido escuchada hasta la fecha por las autoridades de tránsito del Gobierno Estatal. En materia de señalización, carga y descarga en la vía pública, ascenso y descenso de pasajeros, educación vial y control de estacionamientos públicos y privados, el ordenamiento que será emitido por el Ayuntamiento de Amecameca, contiene disposiciones de alto contenido social cuyos destinatarios, los habitantes del Municipio, han venido demandando desde hace varios años. Por las consideraciones anteriores, la negativa a la municipalización del tránsito en el Municipio de Amecameca, resulta un acto de Gobierno del Estado de México, contrario a la Constitución Política Federal que rebasa y aniquila la esfera de acción en materia de servicios públicos, consagrada en favor de todos los Municipios del país y particularmente agravia al Ayuntamiento que representamos, por tratarse de una materia reservada en principio, en favor del nivel de Gobierno Municipal, como se ha venido exponiendo en este ocurso. Es por ello que debe declararse procedente la presente controversia constitucional y ordenar al Gobierno del Estado de México a que realice a favor del Municipio de Amecameca, la municipalización de tránsito, en los términos en que se ha precisado."

CUARTO. El precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que la parte actora estima violado es el 115, fracción III.

QUINTO. Por acuerdo de siete de julio de dos mil cinco, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, a la que le correspondió el número 42/2005 y por razón de turno designó al Ministro Juan N. Silva Meza como instructor del procedimiento.

Mediante proveído de ocho de julio de dos mil cinco, el Ministro instructor admitió la demanda; tuvo únicamente como representante del Municipio al síndico procurador y no así al presidente municipal, asimismo, reconoció con el carácter de demandado al Poder Ejecutivo del Estado de México, no así al secretario de Seguridad Pública al ser un órgano subordinado de aquél; ordenó emplazar a la autoridad demandada para que formularan su respectiva contestación y dar vista al procurador general de la República para que manifestara lo que a su representación correspondiera.

SEXTO. El Poder Ejecutivo del Estado de México, al contestar la demanda, sustancialmente manifestó:

a) Que los conceptos de invalidez son inatendibles, porque de la relación de los oficios agregados en el expediente, se desprende fehacientemente la voluntad del Gobierno del Estado de transferir el servicio público de tránsito a favor del Municipio actor, lo que no ha acontecido en virtud de que el actor no ha dado cumplimiento a los requisitos exigidos para tal efecto, por lo que no se viola lo dispuesto por el artículo 115, fracción III, inciso h), de la Constitución Federal, aunado a que es el Municipio actor quien ha interrumpido los trámites para la conclusión de la municipalización del citado servicio público de tránsito.

b) Que la controversia constitucional es improcedente toda vez que el Municipio actor no demostró la existencia de los actos que demanda, ya que existen constancias en autos de que se han realizado los trámites necesarios para llevar a cabo la municipalización del servicio público de tránsito en favor del Municipio actor, sin embargo, éste no ha dado cabal cumplimiento a los requisitos exigidos para tal efecto.

c) Que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción VIII del artículo 19 de la ley reglamentaria de la materia, en relación con los artículos 40, 41, 42, 43, 45 y 47 de la Ley de Seguridad Pública Preventiva del Estado de México, ya que en dichos preceptos se prevé que el comité académico del Colegio de Policía seleccionará a lo cadetes que hayan obtenido las calificaciones más altas, y que de los elementos propuestos por el Municipio para prestar el servicio público de tránsito, sólo uno de ellos aprobó la totalidad de las asignaturas, por lo que se requirió al Municipio que capacitara y presentara a esos elementos para una nueva evaluación, situación que no ha dado cumplimiento, por lo que esa circunstancia impide al Gobierno del Estado continuar con los trámites de municipalización del servicio solicitado.

d) Que asimismo es improcedente la controversia constitucional, con fundamento en el artículo 19, fracción VIII, de la ley reglamentaria de la materia en relación con el artículo 138 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, porque conforme a este artículo es procedente la municipalización de los servicios públicos, cuando la prestación de éstos sea irregular o definitiva, situación que no acredita de manera alguna el Municipio actor.

SÉPTIMO. El procurador general de la República al emitir su opinión, en síntesis manifestó:

a) Que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para sustanciar y resolver la presente controversia constitucional, la que fue promovida oportunamente por persona legitimada para ello.

b) Que la causal de improcedencia relativa a que el Municipio actor no demostró la existencia del acto cuya invalidez solicita, debe desestimarse porque para que este Alto Tribunal esté en aptitud de determinar si el Municipio actor no demostró la existencia del acto cuya validez solicita, debe entrar al estudio de fondo del asunto.

Lo anterior lo apoya en la tesis de jurisprudencia P./J. 92/99 de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE."

c) Que las causas de improcedencia que se hacen derivar del artículo 19, fracción VIII, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, en relación con los artículos 40, 41, 42, 43, 45 y 47 de la Ley de Seguridad Pública Preventiva y del artículo 138 de la Ley Orgánica Municipal, ambas del Estado de México, deben desestimarse toda vez que conforme al citado artículo 19, fracción VIII, de la ley reglamentaria de la materia, la improcedencia debe derivar de alguna disposición de la propia ley o, en su caso, de la Constitución Federal, pero no de otras leyes como lo pretende la demandada.

d) Que conforme a la reforma de mil novecientos noventa y nueve, al artículo 115 de la Constitución Federal, el Órgano Revisor consideró que debían ser los Ayuntamientos los que proporcionaran los servicios públicos básicos en su demarcación, entre los que se encuentra el de tránsito, y que para llevar la transferencia de esos servicios, se estableció en el artículo tercero transitorio de esa reforma dos supuestos a saber: a) que exista la previa aprobación del Ayuntamiento para asumir el servicio y b) que el Municipio presente la solicitud de transferencia al Gobierno del Estado, aspectos que en el caso, el Municipio actor acreditó haber cumplido.

e) Que de las constancias que obran en el expediente, específicamente de los oficios girados por la autoridad demandada al Municipio actor, se aprecia que aquélla condiciona la transferenci

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20778-0cf681bd/controversia-constitucional-la-causa-de-improcedencia-prevista-en · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.