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Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR INEXISTENCIA DE LOS ACTOS IMPUGNADOS, AL NO OBRAR EN AUTOS CONSTANCIA QUE LOS ACREDITE (RETENCIÓN DE RECURSOS DE RECAUDACIÓN Y LIQUIDACIÓN POR CONCEPTO DE PLACAS, REFRENDOS Y ACCESORIOS POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO LOCAL AL MUNICIPIO DE CAMPECHE, EN TÉRMINOS DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA HACENDARIA DE INGRESOS, EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE, CELEBRADO EN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE). II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA TITULAR DE LA SINDICATURA DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE, ESTADO DE CAMPECHE, TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER LA DEMANDA RELATIVA (ARTÍCULO 73, FRACCIÓN IV, DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE CAMPECHE). III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA REPRESENTACIÓN DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE RECAE EN LA PERSONA TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LO CONTENCIOSO DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DE LA ENTIDAD (ARTÍCULO 42, FRACCIÓN X, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE). IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL DE PROCESOS LEGISLATIVOS DEL CONGRESO DEL ESTADO DE CAMPECHE TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE ÉSTE (ARTÍCULO 125, FRACCIÓN XXIII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE). V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE. VI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO IMPUGNADO, AL HABERSE GENERADO UNA NUEVA SITUACIÓN DE HECHO Y DE DERECHO (ARTÍCULOS 50 Y 50 BIS DE LA LEY DE VIALIDAD, TRÁNSITO Y CONTROL VEHICULAR DEL ESTADO DE CAMPECHE, ASÍ COMO TRANSITORIOS TERCERO, CUARTO, QUINTO Y SEXTO DEL DECRETO SETENTA Y TRES, AMBAS DEL ESTADO DE CAMPECHE, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE CAMPECHE EL SIETE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS). VII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS CUANDO SE PROMUEVE CONTRA UN PRECEPTO TRANSITORIO QUE YA CUMPLIÓ EL OBJETO PARA EL CUAL SE EMITIÓ (ARTÍCULOS TRANSITORIOS TERCERO, CUARTO, QUINTO Y SEXTO DEL DECRETO NÚMERO SETENTA Y TRES, MEDIANTE EL CUAL SE REFORMARON Y ADICIONARON DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE VIALIDAD, TRÁNSITO Y CONTROL VEHICULAR, Y DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS, AMBAS DEL ESTADO DE CAMPECHE, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE CAMPECHE EL SIETE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS). VIII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SU TUTELA JURÍDICA ES LA PROTECCIÓN DEL ÁMBITO DE ATRIBUCIONES QUE LA LEY SUPREMA PREVÉ PARA LOS ÓRGANOS ORIGINARIOS DEL ESTADO. IX. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PRINCIPIO DE AGRAVIO PARA SU PROCEDENCIA PUEDE DERIVAR DE LA AFECTACIÓN A CUALQUIER ÁMBITO DE LA ESFERA DE ATRIBUCIONES DE LA PARTE ACTORA REGULADA POR LA CONSTITUCIÓN GENERAL O LA VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS VINCULADOS CON ÉSTA. X. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR FALTA DE INTERÉS LEGÍTIMO DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE, ESTADO DE CAMPECHE, ANTE LA INEXISTENCIA DE UN PRINCIPIO DE AGRAVIO EN PERJUICIO DE SU ESFERA COMPETENCIAL (PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO DEL DECRETO NÚMERO SETENTA Y TRES, MEDIANTE EL CUAL SE REFORMARON Y ADICIONARON DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE VIALIDAD, TRÁNSITO Y CONTROL VEHICULAR, Y DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS, AMBAS DEL ESTADO DE CAMPECHE, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE CAMPECHE EL SIETE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS).

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 151/2022. · Registro digital (IUS): 32996
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2025-02-14
Promovente: MUNICIPIO DE CAMPECHE, ESTADO DE CAMPECHE.
Localización: Undécima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 46, Febrero de 2025, Tomo II, Volumen 1, Pág.119.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 151/2022. MUNICIPIO DE CAMPECHE, ESTADO DE CAMPECHE. 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024. PONENTE: ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. SECRETARIA: JEANNETTE VELÁZQUEZ DE LA PAZ.

ÍNDICE TEMÁTICO

Normas y actos impugnados: Decreto número 73, mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Vialidad, Tránsito y Control Vehicular del Estado de Campeche y la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Campeche el siete de junio de dos mil veintidós. De forma relevante, los artículos 50, 50 Bis de la Ley de Vialidad, Tránsito y Control Vehicular del Estado de Campeche y los artículos transitorios Tercero, Cuarto, Quinto y Sexto del Decreto. Asimismo, la retención de recursos de recaudación y liquidación por la prestación del servicio de tránsito.

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Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al doce de septiembre de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la controversia constitucional 151/2022, promovida por el Municipio de Campeche, Estado de Campeche, en contra de los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Campeche.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA

1. Presentación de la demanda. El dos de agosto de dos mil veintidós, a través del Sistema Electrónico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SESCJN), Yesmy Yaret del Pilar Castillo Couoh, en su carácter de Síndica de Asuntos Jurídicos , en representación del Municipio de Campeche promovió controversia constitucional en la que demandó la invalidez del Decreto número 73, mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Vialidad, Tránsito y Control Vehicular del Estado de Campeche y de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Campeche el siete de junio de dos mil veintidós.

Antecedentes. En la demanda se señalaron como antecedentes los siguientes:

• A través de las reformas al artículo 115 constitucional – de tres de febrero de mil novecientos ochenta y tres, y veintitrés de diciembre de mil novecientos noventa y nueve- se otorgó a los Municipios, por conducto de sus Ayuntamientos, competencia para hacerse cargo de los servicios públicos municipales, entre los que destacan la seguridad pública como policía preventiva y tránsito, así mismo se reconoció la atribución de contar con una Hacienda Pública Municipal de libre administración, autónoma y con fuentes propias.

• En aras de armonizar las leyes locales con el artículo 115 constitucional, mediante Decreto número 161 de nueve de junio de dos mil ocho, se publicó la Ley de Vialidad, Tránsito y Control Vehicular del Estado de Campeche, en la que se incorporó el artículo 50 que disponía que la vigilancia de tránsito y la seguridad en las vialidades, en el territorio de la capital de la entidad, correspondía al Estado de Campeche, por ser este el lugar de residencia de los Poderes del Estado.

• El dieciocho de diciembre de dos mil veinte se publicó el decreto por el que se reformaron diversas disposiciones de la Constitución Federal, en materia de Movilidad y Seguridad Vial.

• El primero de mayo de dos mil veintidós la Gobernadora del Estado, Layda Elena Sansores San Román, promovió una iniciativa preferente para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Vialidad, Tránsito y Control Vehicular del Estado de Campeche y diversas disposiciones de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche.

• La citada iniciativa fue dada a conocer en el pleno legislativo, mediante la lectura íntegra de su texto en la segunda sesión del periodo ordinario de tres de mayo de dos mil veintidós, turnándose a las Comisiones de Seguridad Pública y Protección a la Comunidad y, de Fortalecimiento Municipal para su estudio y dictamen.

• El diecisiete de mayo se publicó el decreto por el cual se expidió la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial.

• El dieciocho de mayo del mismo año, se recibió oficio sin número, signado por el Diputado Presidente de la Comisión de Fortalecimiento Municipal del Congreso del Estado, por el cual se remitió copia de la iniciativa preferente, para efecto de solicitar la opinión técnica para que las comisiones se encuentren en posibilidad de darle trámite legislativo.

• Atendiendo el oficio, el veinte de mayo, el Cabildo del Municipio de Campeche celebró sesión extraordinaria en la que se desaprobó y determinó la inviabilidad económica de la iniciativa preferente, pues su aprobación traería consigo que el Municipio ceda el equivalente a su recaudación por concepto de derechos previstos en los artículos 71 a 74 de la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Campeche. Ese mismo día se remitió oficio a la Legislatura Local con la opinión técnica solicitada respecto de la inviabilidad de aprobar la iniciativa en cuestión.

• El treinta y uno de mayo, en la octava sesión ordinaria, se sometió al pleno del Congreso local el Dictamen de las Comisiones de Seguridad Pública y Protección a la Comunidad y, de Fortalecimiento Municipal, relativo a la iniciativa, cuyo considerando quinto señalaba la supuesta participación que se dio a los Ayuntamientos del Estado. No obstante, el Poder Legislativo se limitó a tener por recibidas dichas opiniones técnicas sin analizar, estudiar o pronunciarse respecto de los argumentos realizados.

• El Decreto promulgatorio de la Ley de Vialidad, Tránsito y Control Vehicular del Estado de Campeche y diversas disposiciones de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche, fue publicado en el Periódico Oficial del Estado el siete de junio de dos mil veintidós.

• Con motivo de dicha publicación, el veintinueve de junio de dos mil veintidós, en la Décima Sesión Ordinaria de Cabildo, se aprobó el acuerdo número 113, por medio del cual el Ayuntamiento de Campeche aprobó la municipalización del servicio público de tránsito y la vigilancia del mismo en el municipio, la cual se realizará mediante la implementación de un programa de transferencia de recursos financieros, materiales y humanos, debiendo procurar y salvaguardar el derecho de movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad, de conformidad con lo que señala el artículo 4 constitucional y las disposiciones aplicables de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial.

2. Conceptos de invalidez. En su demanda, el Municipio de Campeche expuso los siguientes argumentos:

Previo a exponer sus conceptos de invalidez el Municipio precisa las normas y actos cuya invalidez se reclama:

Ver párrafo 2.1 testado

• PRIMERO. El Municipio sostiene que el Decreto impugnado modifica sus ingresos, por lo que la Legislatura local tenía la obligación de fundar y motivar la procedencia de la iniciativa. Al no hacerlo, considera que el decreto impugnado vulnera los principios de fundamentación y motivación, autonomía municipal y supremacía constitucional.

• Señala que, si bien las legislaturas locales tienen la atribución genérica de competencia para aprobar las Leyes de Ingresos de los Municipios, o alguna otra que pretenda modificar dichos ingresos, conforme a la fracción IV del artículo 115 de la CPEUM, las Legislaturas Estatales deben señalar los argumentos necesarios para construir una justificación objetiva y razonable de su procedencia. La motivación objetiva en la cual las Legislaturas Estatales deben apoyar sus decisiones sobre un cambio presupuestal deberá darse, fundamentalmente, en los argumentos sustentados en los debates llevados a cabo en la respectiva comisión del dictamen legislativo.

• A juicio del Municipio, la exposición de motivos de la iniciativa de ley y el dictamen de las comisiones del poder legislativo no demuestran que las modificaciones presupuestarias fueron impulsadas por motivaciones objetivas y razonables, sino que el Poder legislativo se limitó a justificar la reforma en el objetivo de brindar un mejor servicio en materia de tránsito, lo cual requiere de una actualización del marco normativo local que rige dicha función.

• Si bien el Legislativo señaló que la iniciativa contaba con estimación de impacto correspondiente, no explica en absoluto en qué elementos objetivos se apoyó. Por lo que considera que la legislatura no fundó ni motivó los cambios en razón objetiva alguna.

• Por otro lado, el Municipio sostiene que se vulneran los principios de autonomía municipal y división de poderes en el ámbito de la facultad reglamentaria, de libre organización y Régimen de gobierno interno que le otorga el artículo 115, fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dado que dentro de dichas atribuciones el Municipio de San Francisco de Campeche tiene a su favor, mediante su órgano colegiado, la libre organización a través de la expedición de Reglamentos y demás disposiciones para regular y determinar su Reglamento Interno, el cual consiste entre otras cosas, el bando de policía y gobierno. Por lo tanto, con la reforma a las leyes impugnadas se invade la esfera competencial del Municipio.

• SEGUNDO. El Decreto impugnado vulnera los artículos 14, 16 y 71 de la CPEUM, en relación con los artículos 46 y 47 de la Constitución Local, que respectivamente establecen la facultad de presentar iniciativas preferentes, puesto que la materia de la reforma no constituye un asunto prioritario para la Nación o bien para una Entidad Federativa.

• El Municipio considera que la reforma tiene como finalidad sustraer injustificadamente recursos a los Ayuntamientos fuera de los parámetros legales y constitucionales o de la sana relación entre dos ámbitos normativos, el estatal y el municipal, bien diferenciados y con competencias constitucionales autónomas entre sí. A su juicio esto no constituye un objeto prioritario.

• Además, destaca que pasa por alto los principios y los objetivos que rigen la movilidad y la seguridad vial como un derecho humano fundamental para proteger la vida de la población y procurar su bienestar, en virtud de que omite por completo el tomar aspectos tan básicos y fundamentales establecidos en la ley general de movilidad.

• TERCERO. El decreto impugnado y su primer acto de aplicación contravienen los principios de legalidad, el balance presupuestario sostenible y el de libre administración de la hacienda municipal, afectando gravemente la prestación de las funciones y los servicios municipales.

• El Municipio considera que los poderes demandados al aprobar el decreto impugnado no consideraron que en la Ley de Ingresos para 2022 el Municipio tiene presupuestado recibir $23,298,262.00 por concepto de placas y refrendos vehiculares. Así mismo, inobserva el artículo 74 de la Ley de Hacienda de los Municipios de Campeche, la cual establece que los derechos por servicios que prestan las autoridades de tránsito de los municipios se pagarán en la tesorería municipal, pues en sus artículos transitorios QUINTO último párrafo y DÉCIMO se dejan sin efectos los acuerdos previos en materia de ingresos, suscritos por el Gobierno del Estado con el Municipio de Campeche.

• De lo dispuesto en el régimen transitorio del decreto, el Municipio advierte que se pretenden realizar dos acciones que atentan contra el Municipio de Campeche: 1) privar del cien por ciento de la recaudación sobre derechos de tránsito; y 2) abrogar todas las disposiciones que contravengan dicha reforma, lo que trae como consecuencia que se desconozca la potestad Municipal para obtener esa recaudación en concepto de derechos derivados del servicio de tránsito, en términos de los convenios suscritos entre el gobierno estatal y municipal. Con lo cual se conculcan las facultades del Municipio en perjuicio directo a su hacienda municipal.

• Por otro lado argumenta que en virtud del principio de libre disposición, el destino de los ingresos municipales únicamente puede ser determinado por el Ayuntamiento, para lo cual podrá realizar diversas acciones como la de celebrar convenios con el gobierno del Estado.

• Al establecer un convenio de cesión total el Congreso del Estado eliminó la facultad del Ayuntamiento de decidir respecto a sus propios ingresos municipales; siendo el Congreso del Estado quien, sustituyendo la voluntad del Ayuntamiento, determinó que el cien por ciento de la recaudación municipal de derechos de tránsito sean, por mandato legal, del Estado.

• En consecuencia, el Municipio se vio obligado a asumir las funciones de vialidad directamente, pues al ceder el servicio en forma total se le privaría de disponer de sus propios ingresos, esto mediante acuerdo número 113 aprobado por el cabildo el veintinueve de enero de dos mil veintidós.

• CUARTO. El decreto impugnado vulnera el derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial y las facultades concurrentes municipales en la materia.

• Las autoridades demandadas, con la emisión del decreto impugnado se apartan de los objetivos y principios establecidos en la Ley General de Movilidad y Seguridad vial, como lo es respetar la concurrencia entre la federación, las entidades federativas y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de movilidad y seguridad vial, así como los mecanismos para su debida coordinación.

• Sostiene que el transitorio Tercero pretende que el Ayuntamiento de campeche realice las adecuaciones correspondientes para que la normatividad municipal también se aparte de los postulados de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial y adopte las directrices de la legislación impugnada. Dicho artículo también vulnera el principio de competencia pues pretende obligar a los ayuntamientos a adoptar las directrices establecidas en el Decreto 73 y desconocer su facultad reglamentaria derivada de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

• QUINTO. El Municipio alega que del artículo 21 constitucional se advierte que en la función de seguridad pública deben participar todas las autoridades constitucionales de la organización estatal mexicana, respetando en todo momento la distribución de competencias prevista en la Constitución. Por lo tanto toda interpretación o cambio en el sistema normativo, tanto federal como local, debe hacerse sin alterar las bases del equilibrio de la competencia de los órganos constitucionales.

• Sostiene que el artículo SEXTO transitorio viola dicho precepto pues establece un plazo de treinta días naturales para que el Municipio de Campeche manifieste por escrito al Estado su intención de celebrar un Convenio, el cual es distinto al que se otorgó a los demás municipios del Estado y no se encuentra debidamente fundado y motivado en la exposición de motivos de la iniciativa.

• Al aprobar una iniciativa que no establece un término prudente para que el Municipio actor realice la integración de la policía de tránsito al municipio, el cual resulta de difícil cumplimiento, deja en un estado de incertidumbre jurídica a los ciudadanos, afectando directamente sus derechos fundamentales, entre ellos el derecho a la seguridad.

• Con base en lo anterior, el Municipio de Campeche solicita la invalidez del Decreto Número 73 en su totalidad y la suspensión de los efectos y consecuencias que producen los artículos transitorios TERCERO, CUARTO, QUINTO Y SEXTO, para efecto de que: 1) el Estado de Campeche continúe prestando el servicio público de tránsito municipal en tanto se realiza la transferencia de los recursos humanos, materiales y financieros al Municipio de Campeche para que asuma esa función; 2) que el Estado se abstenga de retener los recursos que se obtengan en los meses de julio a diciembre de 2022, y los que sigan recaudando en los semestres subsecuentes, con motivo de la prestación del servicio público de tránsito municipal, y que, 3) se transfiera al Municipio de Campeche la totalidad de la recaudación de los derechos del servicio público de tránsito, así como de las multas e infracciones que se obtengan en los meses de julio a diciembre de 2022, y lo que siga recaudando en los semestres subsecuentes.

3. Artículos constitucionales violados. El Municipio de Campeche estima violados los artículos 4, 16, 21, párrafo noveno, 25 y 115 de la Constitución Federal.

4. Radicación y turno. Por acuerdo de ocho de agosto de dos mil veintidós, el entonces Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente con el número 151/2022, y lo turnó al Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena para que instruyera el procedimiento correspondiente.

5. Requerimiento. Mediante acuerdo de nueve de agosto de dos mil veintidós, el Ministro Instructor previno al Municipio de Campeche para que aclarara diversas cuestiones y le ordenó que enviara a este Alto Tribunal copia certificada de diversos documentos. En ese mismo acuerdo, apercibió al Poder Ejecutivo del Estado de Campeche para que informara si se habían realizado acciones relacionadas con las normas y actos impugnados.

6. Cumplimiento a requerimientos. Por oficio SAJ/289/2022, el Municipio de Campeche dio cumplimiento a los requerimientos realizados y, por oficio CJ/DGC/098/2022, el Poder Ejecutivo del Estado de Campeche también dio cumplimiento a lo ordenado.

7. Admisión y trámite. Por acuerdo de trece de septiembre de dos mil veintidós, el Ministro Instructor tuvo por cumplidos los requerimientos realizados en proveído de nueve de agosto del mismo año, admitió a trámite la demanda respecto al Decreto Número 73, mediante el cual se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Ley de Vialidad, Tránsito y Control Vehicular y de la Ley Orgánica de los Municipios ambas del Estado de Campeche publicado en el Periódico Oficial del Estado de Campeche el siete de junio de dos mil veintidós. De manera particular, la modificación que dio lugar a los artículos 50 y 50 Bis de la referida Ley de Vialidad, Tránsito y Control Vehicular, así como de los artículos transitorios TERCERO, CUARTO, QUINTO y SEXTO del Decreto 73.

8. Sin embargo, determinó desechar la demanda por lo que hace al Acuerdo número 113, aprobado en la Décima Sesión Ordinaria de Cabildo de veintinueve de julio de dos mil veintidós, mediante el cual el Ayuntamiento de Campeche aprobó la municipalización del servicio público de tránsito y la vigilancia de éste en ese municipio.

9. A juicio del Ministro Instructor, ni el Congreso del Estado de Campeche ni el Poder Ejecutivo de esa entidad federativa participaron en la emisión del Acuerdo número 113, sino que fue emitido por el propio Municipio de Campeche, por lo que no se actualizó una afectación a la esfera competencial del actor. Para el Ministro Instructor, no era obstáculo para llegar a esa determinación que el municipio actor alegara que en ese acto se aplicaron normas generales que fueron modificadas mediante el Decreto número 73. Sobre ese punto, señaló que dichas normas forman parte de la controversia y, si se pretendiera reclamarlas, no podría ser con motivo de un acto de auto aplicación, sino de la actuación de un diverso poder u órgano que con fundamento en esas normas generara una afectación a las competencias del municipio actor.

10. Tampoco se admitió la demanda con respecto a la alegada falta de prestación del servicio público de tránsito municipal, en tanto se realiza la transferencia de los recursos humanos, materiales y financieros al municipio actor para que éste asuma esa función.

11. El Ministro Instructor consideró que es inexistente tal omisión, debido a que el propio municipio actor señaló en su demanda que ese servicio se sigue prestando. Además, señaló que en el expediente se tiene constancia de lo argumentado por el Poder Ejecutivo del Estado de Campeche, quien al rendir el informe contenido en el oficio CJ/DGC/098/2022, registrado con el folio 2106-SEPJF, detalló que: “[...] el Ejecutivo Estatal a través del (sic) de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana, ACTUALMENTE SE ENCUENTRA BRINDANDO A CABALIDAD EL SERVICIO PÚBLICO DE TRÁNSITO EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE, EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE LO VENÍA PRESTANDO EN AÑOS PASADOS”. 12. Finalmente, el Ministro Instructor desechó la demanda por lo que hace a la alegada retención de los recursos de recaudación y liquidación que el municipio actor estima se le deben transferir por concepto de placas, refrendos y accesorios, en términos del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Hacendaria de Ingresos celebrado con el Gobierno del Estado de Campeche el diecisiete de marzo de mil novecientos noventa y siete, publicado en el Periódico Oficial de esa entidad el veintiocho de mayo siguiente, así como del Convenio Modificatorio al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Hacendaria de Ingresos suscrito el dieciséis de diciembre de dos mil ocho y publicado en el referido medio de difusión oficial el tres de febrero de dos mil nueve. Esto debido a que, conforme al criterio vigente, los actos relativos a la omisión o retención de entrega de recursos fundamentados en normatividad secundaria constituyen cuestiones de legalidad que no pueden analizarse en la controversia constitucional.

13. Certificación del plazo. En proveído de dieciocho de octubre de dos mil veintidós, la entonces Secretaria de la Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y de Acciones de Inconstitucionalidad de la Subsecretaría General de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación certificó que el plazo de treinta días hábiles concedido a los poderes Legislativo y Ejecutivo, ambos del Estado de Campeche, mediante proveído de trece de septiembre de dos mil veintidós, para que presenten su contestación y, al hacerlo, señalen domicilio para oír y recibir notificaciones en la Ciudad de México, el cual transcurrió el diecinueve de octubre al cinco de diciembre de dos mil veintidós.

14. Recurso de Reclamación 174/2022-CA. Mediante escrito de veinticinco de octubre de dos mil veintidós la Síndica de Asuntos Jurídicos del Municipio de Campeche, interpuso recurso de reclamación en contra del auto de trece de septiembre de dos mil veintidós, mediante el cual se admite por una parte y se desecha por otra, por lo que solicita que se revoque el auto en aras de que se admita la demanda en su totalidad.

15. Recurso de Reclamación 175/2022-CA. Por escrito recibido por este Alto Tribunal el veinticinco de octubre de dos mil veintidós, el Secretario General del Congreso del Estado de Campeche promovió recurso de reclamación también en contra del auto de trece de septiembre del mismo año pues considera que la demanda es improcedente es en su totalidad.

16. Contestación del Poder Legislativo. Mediante escrito presentado el primero de diciembre de dos mil veintidós por Maritza del Carmen Arcos Cruz, en su carácter de Directora de Control de Procesos Legislativos del Congreso del Estado de Campeche, presentó la contestación de la demanda en la que alegó, en esencia, lo siguiente:

• En primer lugar sostiene que la demanda es improcedente puesto que, al aprobar el acuerdo número 113 del cabildo, la demandante consintió tácitamente la legalidad de las disposiciones del Decreto impugnado, actualizando así la causal prevista en el artículo 19,fracción IX en relación con el 21, fracción II, ambos de la Ley Reglamentaria.

• En cuanto a los hechos 1 a 8, 11 a 13 señala que son ciertos. Respecto de los hechos 9 y 14 no afirma ni niega dado que no son propios del poder legislativo. Respecto del 10, lo resume en el desacuerdo del Ayuntamiento en cuanto a la iniciativa, pero destaca que dicha respuesta no es obligatoria ante la iniciativa planteada pues esta deviene de una disposición constitucional. Finalmente el hecho 15 es falso.

• En cuanto a los conceptos de invalidez que señala formales, el Legislativo sostiene que a pesar de que el Municipio es libre para emitir su normatividad interior y pretenda generar convicción en que el congreso se encontraba imposibilitado para legislar en materia de tránsito y vialidad, así como establecer las bases y condiciones por medio de los cuales el Estado asuma la prestación del servicio, previa celebración de convenio entre los Poderes Ejecutivos Estatal y Municipal, lo cierto es que esa facultad está permitida por el bloque constitucional, en términos de lo previsto por los artículos 115, fracción II, incisos c) y d), III y 116, fracción VII de la Constitución Federal y, 54, fracciones IV y XXXII de la Constitución local.

• En cuanto a la fundamentación y motivación, considera que el Municipio no precisa el modo en el que el Congreso faltó y quebrantó estos principios de manera que afecte el régimen municipal.

• En cuanto a que la entrada en vigor de la norma privará al Municipio del derecho de recaudar ciertos ingresos, el Legislativo señala que esto es falso puesto que esa circunstancia está condicionada a los términos y condiciones que al efecto acuerden el Estado y el Municipio, lo cual escapa de la competencia del Congreso. Así, es falso que el Congreso haya modificado los ingresos del municipio.

• Sobre los conceptos de invalidez que el Municipio califica como materiales, el Legislativo la reforma local tiene objetivos y funciones que resultan de interés público relevante en el Estado y sus municipios, pues la movilidad en general corresponde al desarrollo social y se trata de un derecho humano establecido y reconocido en la Constitución General. Además destaca que era necesario adecuar la normativa local a la nacional.

• También señala que los conceptos de invalidez hechos valer por el Municipio de Campeche son infundados y que, de hecho la demanda en su totalidad es improcedente por tratarse de un tema meramente de legalidad.

17. Contestación del Poder Ejecutivo. Mediante escrito presentado ante esta Suprema Corte de Justicia el cinco de diciembre de dos mil veintidós, el Poder Ejecutivo, por medio de César Cuauhtémoc Sánchez Cabrera, Titular de la Dirección General de lo Contencioso de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Campeche, presentó la contestación de la demanda en la que alegó, en esencia, lo siguiente:

• Primero señala que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción VIII del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de la materia pues considera que en la demanda no se hacen valer violaciones a la Constitución Federal. También considera que se actualiza la causal de cesación de efectos, prevista en la fracción V del referido artículo, puesto que el diez de noviembre del mismo año el Municipio de Campeche suscribió un Convenio de Colaboración para la prestación en forma coordinada del servicio público de tránsito y su vigilancia.

• En lo que respecta al hecho 1 señala que es cierto, pero no es propio del Ejecutivo local; los hechos 2 a 6 y 13 son ciertos, el hecho 7 es parcialmente cierto; los hechos 8,9 y 10 ni se afirman ni se niegan pues no son propios del Ejecutivo; finalmente señala como falsos los hechos 11, 12 y 15.

• Sobre el concepto de invalidez relativo a la iniciativa preferente, el Ejecutivo local argumenta que la iniciativa sí cumple con sus requisitos puesto que se realizó en cumplimiento de la propuesta de la CNDH derivada del expediente CNDH/6/2019/4964/Q, derivado de múltiples denuncias ciudadanas por falta de funcionamiento de los semáforos de la Ciudad de Campeche, en la que se recomendó que se armonizara el marco normativo local, estableciendo el proceso y mecanismos- que permitan hacer posible la transferencia total o parcial del servicio público de tránsito al Municipio o convenir para que el Estado lo preste en su totalidad.

• Argumenta que el Ejecutivo local tiene la facultad para presentar iniciativas, promulgar y publicar decretos, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Local.

• El Ejecutivo sostiene que, contrario a lo alegado por el municipio, el decreto impugnado estableció tres modalidades en el Estado de Campeche para que los Municipios hicieran efectiva la atribución contenida en el inciso h) de la fracción III del artículo 115 constitucional, ya sea para asumir el servicio de tránsito en su totalidad, parcial o de manera coordinada en aras de asegurar un marco normativo homogéneo que asegure el funcionamiento regular de los Ayuntamientos y de la adecuada prestación y satisfacción de los servicios y responsabilidades públicas a su cargo, como lo es el servicio público de tránsito.

• Los artículos impugnados establecen un marco normativo homogéneo, no obligan al municipio a suscribir convenios con el Estado y no impiden el ejercicio de la facultad reglamentaria de los municipios en sus respectivas jurisdicciones respecto de dicho servicio.

18. Trámite. En auto de dos de diciembre de dos mil veintidós, el Ministro Instructor ordenó dar vista y correr traslado a las partes con la contestación de la demanda del Poder Legislativo del Estado de Campeche, y en cuanto a la solicitud de suspensión del plazo para contestar la demanda por parte del Poder Ejecutivo del Estado de Campeche la declaró notoriamente improcedente.

19. Por auto de seis de diciembre del referido año se requirió a las partes para que proporcionen los nombres completos de las personas que, respectivamente tendrán acceso a la audiencia y que acudirán a la misma en forma remota, en su carácter de representantes legales o delegados.

20. Por ocurso de cinco de enero de dos mil veintitrés el Municipio actor dio cumplimiento al requerimiento, en oficio número PLE-LXIV/SG/537/2022 el Poder Legislativo local dio cumplimiento al requerimiento.

21. Audiencia pública y alegatos. Agotados los términos en el trámite respectivo, el catorce de febrero de dos mil veintitrés se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución.(1) En ella se tuvieron por admitidas las pruebas ofrecidas por las partes y por presentados los a

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32996-e361b133/i-controversia-constitucional-sobreseimiento-por-inexistencia-de-los · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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