I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PLAZO PARA SU PROMOCIÓN TRATÁNDOSE DE ACTOS ES EL DE TREINTA DÍAS HÁBILES POSTERIORES AL EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN O EL ACUERDO QUE SE RECLAME CONFORME A LA LEY DEL PROPIO ACTO; AL EN QUE EL ACTOR HAYA TENIDO CONOCIMIENTO DE ELLOS O DE SU EJECUCIÓN; O AL EN QUE EL ACTOR SE OSTENTE SABEDOR DE LOS MISMOS, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 21, FRACCIÓN I, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, TRATÁNDOSE DE NORMAS GENERALES, ES DE TREINTA DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL SIGUIENTE AL DE SU PUBLICACIÓN O AL EN QUE SE PRODUZCA SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 21, FRACCIONES I Y II, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA. III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. TRATÁNDOSE DE NORMAS GENERALES, AL ESTUDIARSE EN LA SENTENCIA LA OPORTUNIDAD EN LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA RELATIVA, DEBERÁ ANALIZARSE SI LA IMPUGNACIÓN DE AQUÉLLAS SE HACE CON MOTIVO DE SU PUBLICACIÓN O DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN. IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 105, FRACCIÓN I, INCISO H), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN TIENE LEGITIMACIÓN PASIVA EN EL JUICIO AL HABER EMITIDO EL ACTO IMPUGNADO. VI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE. VII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES IMPROCEDENTE CUANDO NO SE HAYA PROMOVIDO PREVIAMENTE EL RECURSO O MEDIO DE DEFENSA LEGALMENTE PREVISTO PARA RESOLVER EL CONFLICTO O, SI HABIÉNDOLO HECHO, ESTÁ PENDIENTE DE DICTARSE LA RESOLUCIÓN RESPECTIVA. VIII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LAS VIOLACIONES SUSCEPTIBLES DE ANALIZARSE EN EL FONDO SON LAS RELACIONADAS CON EL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES O CON LA CLÁUSULA FEDERAL, SOBRE LA BASE DE UN CONCEPTO DE AFECTACIÓN AMPLIO. IX. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. NO SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA DE FALTA DE DEFINITIVIDAD DEL ACTO IMPUGNADO, AUN CUANDO SE TRATE DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE JUICIO POLÍTICO EN CONTRA DEL GOBERNADOR DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, DADO QUE CON INDEPENDENCIA DE LA ETAPA EN LA QUE SE ENCUENTRE, LO CIERTO ES QUE DESDE SU INICIO SE GENERA LA AFECTACIÓN POR LA CUAL SE ALEGA LA VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES. X. JUICIO POLÍTICO EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN. LA PUBLICACIÓN DE LA LEY QUE LO REGULA NO REQUIERE DEL REFRENDO DEL TITULAR DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL DEL ESTADO. XI. JUICIO POLÍTICO EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN. LA PUBLICACIÓN DE LA LEY QUE LO REGULA ÚNICAMENTE REQUIERE LA FIRMA DEL SECRETARIO DE GOBIERNO DEL ESTADO. XII. JUICIO POLÍTICO EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN. EL INSTAURADO CONTRA EL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO ESTATAL NO TIENE COMO FUNDAMENTO UNA LEY DEROGADA, YA QUE LA REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN LOCAL DE UNO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, NO RESULTA APLICABLE A LA LEY DEL JUICIO POLÍTICO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN (JUICIO POLÍTICO INSTAURADO CONTRA EL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN). XIII. JUICIO POLÍTICO. LA IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN DE DESTITUCIÓN DEL SERVIDOR PÚBLICO PROCEDE HASTA QUE SE DICTE LA RESOLUCIÓN POR EL JURADO DE SENTENCIA EN LA QUE DECLARE SU RESPONSABILIDAD Y NO DESDE EL DICTADO DE LA RESOLUCIÓN DE ACUSACIÓN POR PARTE DEL ÓRGANO DE ACUSACIÓN. XIV. JUICIO POLÍTICO EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN. ETAPAS QUE LO COMPONEN. XV. RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. TIPOS DE RESPONSABILIDAD ESTABLECIDOS EN EL TÍTULO CUARTO DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL. XVI. JUICIO POLÍTICO SEGUIDO EN CONTRA DEL GOBERNADOR DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. LA FACULTAD DEL CONGRESO DEL ESTADO COMO ÓRGANO DE ACUSACIÓN DE SEPARARLO DEL CARGO COMO SERVIDOR PÚBLICO ACUSADO, IMPIDE LA CONTINUIDAD EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES, LO QUE IMPLICA UNA AFECTACIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 203, PÁRRAFO SEGUNDO, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "EL ACUSADO QUEDA POR ESE SOLO HECHO SEPARADO DE SU CARGO Y", DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NUEVO LEÓN). XVII. JUICIO POLÍTICO EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN. LA FACULTAD DEL CONGRESO DEL ESTADO COMO ÓRGANO DE ACUSACIÓN DE SEPARAR DEL CARGO AL SERVIDOR PÚBLICO ACUSADO, RESULTA INCONSTITUCIONAL, AL PROVOCAR EN REALIDAD UNA DESTITUCIÓN DEL SERVIDOR PÚBLICO, LA CUAL ES COMPETENCIA DEL JURADO DE SENTENCIA AL DICTAR LA RESOLUCIÓN EN LA QUE DECLARE SU RESPONSABILIDAD (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 203, SEGUNDO PÁRRAFO, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "EL ACUSADO QUEDA POR ESE SOLO HECHO SEPARADO DE SU CARGO Y", DE LA CONSTITUCIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN). XVIII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DESESTIMACIÓN DE LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ QUE NO GUARDAN RELACIÓN CON LA INVASIÓN DE LA COMPETENCIA DEL PODER ACTOR. XIX. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SUBSISTENCIA DEL AC
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 31/2023. PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. 21 DE MAYO DE 2024. PONENTE: LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. SECRETARIO: OLIVER CHAIM CAMACHO.
Ciudad de México. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veintiuno de mayo de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la controversia constitucional 31/2023, promovida por el Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León, contra el Poder Legislativo de la misma entidad federativa.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA
1. Presentación de la demanda. Por escrito recibido el dos de febrero de dos mil veintitrés en la en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, Samuel Alejandro García Sepúlveda, quien se ostentó como Gobernador del Estado de Nuevo León, promovió controversia constitucional en contra del Poder Legislativo de la referida entidad, en la que solicitó la invalidez de los actos siguientes:
"IV. NORMA GENERAL O ACTO CUYA INVALIDEZ SE DEMANDA. La Declaratoria del (31) treinta y uno de enero de (2023) dos mil veintitrés ‘ACUERDO POR EL QUE SE RESUELVE PROCEDENTE DENUNCIA DE JUICIO POLÍTICO’ emitido por la Comisión Anticorrupción del H. Congreso del Estado de Nuevo León que actuó de manera ilegal y contraria a la Constitución, que asentó en dicho acuerdo ‘... que justifican que la conducta atribuida al servidor público daña gravemente los intereses públicos fundamentales ...’ siendo que realiza una labor de investigación, mas no de órgano jurisdiccional."
2. Antecedentes. La parte actora narra, en síntesis, los antecedentes siguientes:
a. El cuatro de octubre de dos mil veintiuno, Samuel Alejandro García Sepúlveda rindió protesta como Gobernador del Estado de Nuevo León, tomando posesión del cargo el mismo día.
b. El doce de diciembre de dos mil veintidós, se inició y turnó con carácter de urgente a la Comisión Anticorrupción del Congreso del Estado el expediente número 16283/LXXVI, que contiene la denuncia de juicio político presentada por diversos legisladores en contra del Gobernador del Estado, al cual le atribuyen: 1) la falta de publicación de diversos decretos legislativos; y, 2) la omisión de remitir el presupuesto de Egresos del 2023 en el plazo constitucional correspondiente.
c. El treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, la Comisión Anticorrupción del Congreso del Estado acordó iniciar el procedimiento de juicio político en contra del Gobernador del Estado de Nuevo León; acto que constituye el impugnado en la presente controversia.
3. Conceptos de invalidez. En su demanda, la parte actora expuso los conceptos de invalidez siguientes:
a. Primero. Competencia federal para conocer del juicio político. Conforme a lo previsto en el artículo 5 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, los Gobernadores de los Estados serán sujetos de juicio político en los términos del numeral 110 constitucional, disposiciones de las que se desprende que el procedimiento de juicio político es de competencia federal.
En el Acuerdo impugnado se concluye que se dañan gravemente los intereses públicos fundamentales porque se perturba la vida jurídica y el buen funcionamiento de las instituciones democráticas establecidas en la Constitución General y que existe una acción u omisión intencional que origina una infracción a la misma Constitución; sin embargo, tratándose de infracciones a la Constitución General la competencia respecto del juicio político es exclusiva de la Federación a través del Congreso de la Unión, no así al Congreso del Estado de Nuevo León.
b. Segundo. Usurpación de facultades exclusivas del Poder Ejecutivo local. El Acuerdo impugnado viola el artículo 16 constitucional, ya que a través de él se pretende usurpar las facultades exclusivas del Poder Ejecutivo local, consistentes en sancionar, promulgar y publicar actos legislativos.
c. Tercero. Plazo para iniciar el procedimiento de juicio político. El Acuerdo es ilegal porque ya había fenecido el termino legal de cinco días hábiles, previsto en el artículo 15 de la Ley del Juicio Político del Estado de Nuevo León, para que la Comisión Anticorrupción se pronunciara respecto de la denuncia presentada. Esto, ya que el doce de diciembre de dos mil veintidós le turnaron la denuncia correspondiente, y hasta el treinta y uno de enero del dos mil veintitrés emitió su pronunciamiento, dando inicio al procedimiento de juicio político en contra del Titular del Poder Ejecutivo local.
Además, en caso de que se pretenda considerar que el término de cinco días debe computarse dentro de los periodos ordinarios de sesiones, resulta importante destacar que, en términos del artículo 76 de la Constitución local, el primer periodo debió finalizar el veinte de diciembre de dos mil veintidós, pero el propio Congreso del Estado lo prorrogó hasta el veintisiete de enero de dos mil veintitrés, por lo que el plazo corrió durante el periodo de sesiones del Congreso local.
d. Cuarto. Impedimento del Titular del Poder Ejecutivo local para publicar diversos Decretos. Respecto de las publicaciones que son materia del juicio político, existen diversas suspensiones otorgadas por órganos del Poder judicial de la Federación, así como por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nuevo León, que ocasionan un impedimento legal para realizar las acciones subsecuentes, tales como observación o promulgación que le competen al Poder Ejecutivo local.
Además, el Poder Legislativo local promovió las controversias constitucionales 272/2022 y 273/2022, referentes a la intromisión en el proceso de sanción, promulgación y publicación que le corresponde al Poder Ejecutivo del Estado, por lo que tales medios generan la improcedencia del juicio político porque el propio Congreso se sometió a la jurisdicción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para buscar una solución jurídica.
e. Quinto. Invasión a la competencia del Poder Judicial local y creación de un tribunal especial. El Acuerdo combatido viola el artículo 116 constitucional, ya que el Congreso estatal prejuzgó sobre el contenido de una denuncia lo que le corresponde al Tribunal Superior de Justicia del Estado, pues sin haber existido un juicio previo dictamina la procedencia de un acto que le corresponde al Poder Judicial local, toda vez que la Comisión Anticorrupción no tenía facultades para determinar que las conductas denunciadas dañan gravemente los intereses públicos fundamentales en términos de los fracciones I, IV y VII del artículo 9 de la Ley del Juicio Políticos del Estado de Nuevo León.
Además, se actualiza una violación al principio de división de poderes, pues a través del juicio político, el Congreso local pretende tomar el control de todas las etapas del proceso de creación de la ley, que incluye la sanción, promulgación y publicación, facultades exclusivas del Poder Ejecutivo, incidiendo de manera determinante en la toma de decisiones y generando un tipo de subordinación.
Asimismo, el Acuerdo impugnado fue emitido por un órgano creado en enero de dos mil veintitrés especialmente para integrar el procedimiento de juicio político, al crearse una comisión específicamente para el efecto de acusar al Gobernador del Estado, con lo que se viola los artículos 13 y 14 constitucionales, que establecen la prohibición de la creación de tribunales especiales y el requisito de tribunales previamente establecidos.
f. Sexto. Acreditación de una causa de daño grave. El Acuerdo combatido viola los artículos 16 y 116 de la Constitución General, ya que se pretende fijar como una violación grave la falta de presentación del Presupuesto de Egresos por parte del Gobernador en la fecha establecida, sin tener en consideración que en el numeral 96 de la Constitución local, se estableció que, cuando por cualquier circunstancia no se publique el Presupuesto en el término previsto, seguirá vigente el del ejercicio que termina. Por tanto, resulta inconstitucional pretender calificar como una violación grave una hipótesis que se encuentra expresamente prevista en la Constitución local.
g. Séptimo. Vigencia del fundamento para establecer la conducta imputada. El Acuerdo compartido viola los artículos 16 y 116 de la Constitución General, porque sustenta la conducta atribuida al Gobernador en disposiciones que al momento de los hechos denunciados no estaban en vigor.
Esto es así, ya que el Acuerdo parte de la base de que la omisión del Ejecutivo deriva de que no ha publicado diversos decretos dentro del plazo previsto en el numeral 90, párrafo segundo, de la Constitución local; sin embargo, dicha disposición fue introducida en la Constitución del Estado mediante Decreto publicado el primero de octubre del dos mil veintidós dos, pues antes no se establecía plazo alguno, tal como se desprende de la redacción anterior del artículo 71 de la Constitución local. Por tanto, si no se establecía plazo alguno para la publicación de los decretos no puede existir una omisión de cumplirlos.
h. Octavo. Constitucionalidad de la Ley de Juicio Político del Estado de Nuevo León. La Ley de Juicio Político del Estado de Nuevo León, publicada el veintitrés de abril de dos mil veintiuno, carece de validez al ser violatoria de los artículos 91 y 127 de la Constitución del Estado de Nuevo León, publicada el primero de octubre de dos mil veintidós, correspondiendo con los numerales 77 y 78 de la anterior Constitución local, al no haber sido refrendada por el Titular de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado.
Los artículos 91 y 127 de la Constitución del Estado vigente, correspondiendo a los diversos 77 y 88 de la anterior Constitución local, señalan que todos los Decretos deberán ser firmados por el Secretario del ramo correspondiente, siendo que, en términos del numeral 26 de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Nuevo León, la Contraloría y Transparencia Gubernamental es competente para la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas, por lo que es la autoridad en el ramo; sin embargo, el Decreto por el que se expidió la Ley combatida no fue firmado por el titular de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, de ahí su inconstitucionalidad.
i. Noveno. Proporcionalidad de la instauración del juicio político. La determinación de realizar un juicio político en contra del titular del Poder Ejecutivo local por el hecho de que no ejerció sus atribuciones exclusivas en cuanto al proceso de sanción, promulgación y publicación, es desproporcional, ya que tal conducta no se encuadra en las previstas en el artículo 110 de la Constitución General.
Máxime que: 1) existen diversos procedimientos sub judice; 2) la Constitución local fija reglas claras ante la falta del Presupuesto de Egresos; y, 3) el artículo 203 de la Constitución del Estado, fija criterios de destitución arbitrarios y no claros.
4. Primera ampliación de demanda. Por escrito presentado el trece de febrero de dos mil veintitrés, Samuel Alejandro García Sepúlveda, quien se ostentó como Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León, presentó un escrito en el que ampliaba sus conceptos de invalidez en los términos siguientes:
a. Primero. Actualización de la hipótesis de procedencia del juicio político. El Acuerdo impugnado viola los artículos 14 y 16 de la Constitución General, ya que el Gobernador del Estado no puede ser sujeto a responsabilidad por violaciones a los procedimientos de elaboración de leyes y de aprobación del Presupuesto de egresos, ya que dichos actos no constituyen o actualizan un supuesto o hechos contrarios a los intereses públicos fundamentales.
b. Segundo. Actualización de la hipótesis de procedencia del juicio político. No se actualiza las hipótesis imputadas, ya que el Presupuesto de Egresos 2023 no había sido publicado porque estaba presentada la controversia constitucional local 4/2022, en la que se combatía éste, y fue en cumplimiento en la suspensión otorgada en ese medio que se publicó el once de enero de dos mil veintitrés. Además, no es cierto la falta de publicación de cincuenta y seis decretos, pues es un hecho notorio que treinta y nueve fueron publicados, seis fueron vetados, y en nueve se decretó una suspensión, por lo que no podían ser publicados.
c. Tercero. Estabilidad del Poder Ejecutivo local. El Acuerdo impugnado viola el artículo 116 constitucional, en la parte que señala que el poder público de los Estados se dividirá para su ejercicio en Ejecutivo, Legislativo y Judicial y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación ni depositarse el Legislativo en un solo individuo, ya que se pretende afectar la estabilidad del Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León.
d. Cuarto. Facultad de publicar los decretos emitidos por el Congreso local. La omisión de publicar leyes en el Periódico Oficial no genera algún tipo de ilicitud grave o trascendental para declararse procedente el inicio de un juicio político en contra del Titular del Ejecutivo local, pues la Constitución del Estado establece una consecuencia legal en caso de esa omisión. Pues, en términos de su artículo 90, si el Poder Ejecutivo incumple los plazos previstos en el procedimiento legislativo, el decreto será considerado sancionado sin que se requiera refrendo y, además, conforme a lo establecido en el diverso 91, la orden de mandar publicar los Decretos emitidos por el Congreso no compete al Gobernador.
e. Quinto. Incompetencia del Congreso local y de su Comisión Anticorrupción. El Congreso local y su Comisión Anticorrupción carecen de competencia para iniciar un juicio político en contra del Gobernador por los motivos aducidos en la denuncia relativa, ya que no pueden calificar acciones u omisiones de otro Poder estatal en las cuales tienen cierto interés, es decir, no puede erigirse como juez y parte a la vez, sino que deben ser resueltas ante la autoridad judicial y en la vía procesal que para ello está prevista, como puede ser a través de la controversia constitucional federal o local, por lo que es un requisito necesario para iniciar el juicio político el pronunciamiento de las autoridades judiciales competentes, lo cual no ha ocurrido.
Cabe destacar que en las controversias de inconstitucionalidad locales 1/2022 y 2/2022, interpuestas con motivo de la supuesta omisión de publicar diversos decretos mencionados en la denuncia, el Poder Ejecutivo local no figura como parte demandada, por lo que la suspensión decretada en esos medios no puede tener incidencia en el juicio político instaurado.
f. Sexto. Constitucionalidad del artículo 203 de la Constitución del Estado de Nuevo León. El artículo 203 de la Constitución local, es inconstitucional por establecer como sanciones del juicio político la destitución del servidor público y, en su caso, en la inhabilitación temporal para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público.
Lo anterior, ya que no se establece que previamente a la aplicación de dichas sanciones, se deberá instaurar o agotar el procedimiento previsto en los artículos 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15 y 16, de la Ley del Juicio Político. Es decir, no se establece qué procedimiento, ante qué autoridad debe seguirse y bajo qué parámetros legales debe regirse la audiencia previa a que se impongan las sanciones.
Además, las sanciones previstas en el artículo 203 violan el principio de certeza jurídica en su vertiente de taxatividad, ya que se omiten señalar las acciones o conductas sancionables.
En ese sentido, en el precepto señalado se establece que para aplicar la separación del cargo es suficiente que el Congreso del Estado reúna por lo menos dos terceras partes de los miembros que forman ese cuerpo colegiado, una vez desahogadas las diligencias correspondientes, y poner al funcionario de inmediato a disposición del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Eso transgrede los artículos 14 y 16 constitucionales, ya que no se precisa cuáles son las diligencias que deben desahogarse, ante qué autoridad y las reglas qué deben seguirse para llevarlas a cabo y, además, el Congreso local no pude destituir al servidor público antes de que se dicten la resolución en la que se imponga esa sanción por parte del Tribunal Superior de Justicia del Estado.
Asimismo, es inconstitucional el párrafo último del artículo 203, ya que no permite interponer recurso efectivo contra las resoluciones que dicte el Congreso del Estado como el Tribunal Superior de Justicia del Estado.
g. Séptimo. Constitucionalidad de la Ley de Juicio Político del Estado de Nuevo León. No se puede aplicar en el juicio político iniciado la Ley de Juicio Político del Estado de Nuevo León, ya que no se encuentra vigente, toda vez que, con motivo de la reforma a la Constitución local del primero de octubre de dos mil veintidós, se derogó de forma tácita dicha ley por oponerse al nuevo marco jurídico-constitucional a nivel estatal, ya que se emitió para reglamentar los anteriores artículos 63, 110 y 111 de la Constitución local, los cuales en su texto actual ya no tienen relación con el juicio político, de manera que su objeto de regulación ha dejado de existir en los términos en que fue expedida originalmente.
h. Octavo. Falta de firma en la denuncia presentada. Se transgreden los derechos de acceso a la justicia, recurso efectivo y tutela judicial efectiva, ya que el escrito por el cual se presentó la denuncia correspondiente no se encuentra firmada por los solicitantes, como lo establecen los artículos 19 y 20 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo León.
Ahora, en caso de que sí se encuentren firmados, lo cierto es que en la parte en que deberían aparecer las firmas se encuentra un recuadro de color negro que no permite advertirla, con lo que se viola el derecho al debido proceso, ya que no se pueden impugnar las firmas y así conocer la autoría real de los solicitantes.
i. Noveno. Incumplimiento al artículo 25, párrafo segundo, de la Ley de Juicio Político del Estado de Nuevo León. Se violan los derechos de acceso a la justicia, recurso efectivo y tutela judicial efectiva, ya que el Congreso no hizo del conocimiento de los solicitantes, al momento en que presentaron su denuncia, la hipótesis prevista en el artículo 25, párrafo primero, de la Ley de Juicio Político del Estado de Nuevo León.
j. Décimo. Improcedencia del juicio político. El juicio político es improcedente porque: 1) no se establece ni se acredita el nexo entre la autoría entre el Titular del Poder Ejecutivo y los hechos que le atribuyen; 2) los hechos denunciados no son atribuibles directamente al Gobernador, ya que la obligación de ordenar la publicación de los decretos legislativos materia del juicio corresponde al Presidente del Congreso y la publicación al responsable del Periódico Oficial del Estado dependiente del Secretario General de Gobierno del Estado, a quien ya se le inició un juicio político por los mismos hechos, respecto del Presupuesto de Egresos era necesario que el Congreso emitiera la Ley de Ingresos, lo que no ocurrió; 3) los hechos denunciados son aseveraciones generales abstractas; 4) las conductas denunciadas no encuadran en las hipótesis normativas para la procedencia del juicio; 5) ninguno de los hechos denunciados son constitutivos de delito; 6) para que sea agrave una violación no debe existir un medio para enmendarla, lo cual no se surte en el caso concreto, ya que existen recursos que permiten enmendar lo pretendido por los denunciantes y las normas que se citan como violadas no establecen como consecuencias de su incumplimiento las sanciones que peticionan; y, 7) lo que pretenden los denunciantes es evidenciar un supuesto incumplimiento a un mandato judicial dentro de las controversias inconstitucionales presentadas a nivel local, de modo que la vía para reclamar esa cuestión es a través de esos medios. k. Décimo primero. Supuesta omisión de publicar en tiempo diversos decretos. El Gobernador no puede ser responsable de la publicación de diversos decretos, ya que, en términos del artículo 9, fracción I, de la Ley del Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, la obligación de realizar las publicaciones le corresponde a otra autoridad. Máxime que la orden del Presidente del Congreso se dirige de forma directa al Periódico Oficial. Además, en el caso las ordenes de publicación fueron emitidas por la Presidenta de la Diputación permanente, quien carece facultades al respecto, pues esa facultad es exclusiva de la Presidencia del Congreso, conforme a lo establecido en el artículo 71, párrafo segundo, de la Constitución local anteriormente vigente.
Además, en la denuncia correspondiente no se tomó en cuenta que se vetaron algunos decretos, en otros existe una imposibilidad jurídica para realizar la publicación con motivo de diversas suspensiones otorgadas, y otros tantos ya fueron publicados.
Asimismo, en las controversias constitucionales 272/2022 y 273/2022, el Poder Legislativo local demandó al Poder Ejecutivo por la falta de publicación de ciertos decretos, por lo que resulta improcedente el juicio político porque el propio Congreso se sometió a la jurisdicción de la Suprema Corte para buscar una solución jurídica.
Respecto del Presupuesto de Egresos del Estado, la propia Constitución local contempla, para el caso de que no se hubiese publicado en el tiempo previsto, que se aplique el del ejercicio fiscal que termina, por lo que no es una conducta grave.
Por otro lado, no existe fundamento legal para iniciar un juicio político por la falta de promulgación de los actos que se señalan en la denuncia, ya que anteriormente en los artículos 71 y 75 de la Constitución local abrogada, no se establecía un plazo definido para la promulgación de un decreto. Además, en términos del diverso 10, fracción I, de la Ley del Periódico Oficial del Estado, no existe la posibilidad de realizar la publicación de un decreto que no esté previamente sancionado y promulgado por el Titular del Poder Ejecutivo.
Además, los denunciantes no acompañaron algún medio de convicción idóneo para justificar la procedencia del juicio político.
No procede la solicitud de separación, ya que el Congreso local carece de facultades para decretarla, pues el Tribunal Superior de Justicia es el único que puede determinarla.
l. Décimo segundo. Publicación del Presupuesto de Egresos de 2023. Si bien el Presupuesto de Egresos no se presentó el veinte de noviembre de dos mil veintidós, como lo establece el artículo 125, fracción XIX, de la Constitución local, lo cierto es que a esa fecha no se había surtido las condiciones de hecho y de derecho indispensables para cumplir con tal disposición, ya que el Congreso local no había emitido la Ley de Ingresos, pues la aprobó hasta el doce de enero de dos mil veintitrés, requisito necesario para emitir el Presupuesto.
Además, en caso de no publicarse el Presupuesto de Egresos en el tiempo establecido, la propia Constitución local establece que se aplicará el del ejercicio fiscal que termina, sin prever una sanción para tal circunstancia ni actualizarse una conducta grave.
Por otro lado, es importante destacar que los oficios suscritos por la Presidenta de la Diputación Permanente en los que solicita la publicación de diversos Decretos no fueron dirigidos al Gobernador, sino a diversa autoridad. Además, existe duda en la veracidad en la autenticidad de la firma de una de las denunciantes, como se desprende de la pericial correspondiente. Asimismo, existen diversas medidas cautelares que impiden la publicación de ciertos decretos.
En otro orden de ideas, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Nuevo León se advierte que el Pleno del Tribunal Superior de Justicia carece de una facultad expresa para actuar como jurado de sentencia en los juicios políticos.
5. Admisión, trámite y suspensión. Por acuerdo de quince de febrero de dos mil veintitrés, la Ministra Presidenta ordenó formar y registrar el presente asunto y turnarlo al Ministro Luis María Aguilar Morales para la elaboración del proyecto de resolución respectivo.
6. Por auto de diecisiete de febrero de dos mil veintitrés, el Ministro instructor admitió a trámite la demanda de controversia constitucional y su ampliación teniendo como demandado al Poder Legislativo del Estado de Nuevo León, a quien ordenó emplazar para que presentara su contestación de demanda, señalara domicilio para oír y recibir notificaciones, requiriéndole copias certificadas de todas las documentales relacionadas con el acto impugnado y, además, tuvo como tercero interesado al Tribunal Superior de Justicia del Estado.
7. También, se dio vista a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal para que manifestaran lo que en su representación correspondiera.
8. Finalmente, se previno a la parte actora para que precisara si impugnaba la Ley de Juicio Político del Estado de Nuevo León y la actual Constitución Política del Estado y, de ser así, indicara que porciones normativas combatía y si las impugnaba con motivo de su publicación o de su primer acto de aplicación. Sin embargo, al no desahogar el requerimiento, por auto de diecisiete de marzo de dos mil veintitrés, el Ministro instructor señaló que al momento de dictar sentencia se determinaría la litis constitucional efectivamente planteada.
9. Segunda ampliación y su desechamiento. Por escrito recibido el veintiocho de febrero de dos mil veintitrés en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, Samuel Alejandro García Sepúlveda, quien se ostentó como Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León, amplió por segunda ocasión su demanda de controversia en contra de los actos siguientes:
"IV. LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN CUYA INVALIDEZ SE DEMANDE, ASÍ COMO, EN SU CASO, EL MEDIO OFICIAL EN QUE SE HUBIERAN PUBLICADO:
La omisión de publicar en el Periódico Oficial del Estado la [sic] extracto de la discusión de la primera de los expedientes legislativos 16242/LXXVI, 16300/LXXVI y 16313/LXXVI de la Comisión de Puntos Constitucionales del H. Congreso del Estado de Nuevo León, aprobados por mayoría en la sesión del Pleno en fecha (22) veintidós de febrero de (2023) dos mil veintitrés.
La omisión de observar el debido proceso respecto de los expedientes legislativos 16242/LXXVI, 16300/LXXVI y 16313/LXXVI de la Comisión de Puntos Constitucionales del H. Congreso del Estado de Nuevo León.
La ejecución y las consecuencias directas e indirectas, mediatas e inmediatas de los actos reclamados, incluida la inminente integración de los expedientes legislativos 16242/LXXVI, 16300/LXXVI y 16313/LXXVI de la Comisión de Puntos Constitucionales y su aprobación por el Pleno del H. Congreso del Estado de Nuevo León [sic]".
10. Sin embargo, por auto de diecisiete de marzo de dos mil veintitrés, el Ministro instructor determinó desechar la ampliación intentada al considerar, medularmente, que se pretendían combatir diversos procedimientos de reforma a la Constitución estatal que no habían concluido, por lo que se trataban de actos que no había adquirido definitividad. Determinación que causó estado al no recurrirse.
11. Tercera ampliación y su desechamiento. Posteriormente, por escrito presentado el treinta de marzo de dos mil veintitrés en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ulises Carlin de la Fuente, quien se ostentó como Consejero Jurídico del Gobernador del Estado de Nuevo León, amplió por tercera ocasión la demanda presentada, impugnado de forma destacada(1) lo siguiente:
"IV. LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN CUYA INVALIDEZ SE DEMANDE, ASÍ COMO, EN SU CASO, EL MEDIO OFICIAL EN QUE SE HUBIERAN PUBLICADO:
La omisión de publicar en el Periódico Oficial del Estado la [sic] extracto de la discusión de la primera de los expedientes legislativos 16242/LXXVI, 16300/LXXVI y 16313/LXXVI de la Comisión de Puntos Constitucionales del H. Congreso del Estado de Nuevo León, aprobados por mayoría en la sesión del Pleno en fecha (22) veintidós de febrero de (2023) dos mil veintitrés.
La omisión de observar el debido proceso respecto de los expedientes legislativos 16242/LXXVI, 16300/LXXVI y 16313/LXXVI de la Comisión de Puntos Constitucionales del H. Congreso del Estado de Nuevo León.
La ejecución y las consecuencias directas e indirectas, mediatas e inmediatas de los actos reclamados, incluida la inminente integración de los expedientes legislativos 16242/LXXVI, 16300/LXXVI y 16313/LXXVI de la Comisión de Puntos Constitucionales y su aprobación por el Pleno del H. Congreso del Estado de Nuevo León [sic]".
12. No obstante, por proveído de veintiocho de abril de dos mil veintitrés, el Ministro instructor determinó desechar la ampliación presentada al estimar, esencialmente, que los nuevos actos impugnados no estaban íntimamente vinculados con los actos originalmente combatidos, por lo que sería incongruente el estudio de un argumento tendente a ampliar algo que no fue cuestionado en el escrito inicial de demanda y que no esté estrechamente vinculado con la materia de impugnación originalmente planteada en la controversia constitucional. Sin que dicha determinación fuera recurrida.
13. Contestación. Mediante escrito depositado el once de abril de dos mil veintitrés mediante Buzón Judicial de este Alto Tribunal, Mauro Guerra Villarreal, quien se ostentó como Presidente de la Mesa Directiva de la LXXVI Legislatura del Congreso del Estado de Nuevo León, dio contestación a la demanda de controversia constitucional, en la que hizo valer la causal de improcedencia siguiente:
a. Se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VI, de la Ley Reglamentaria de la materia, toda vez que el procedimiento de juico político impugnado carece de definitividad, al no existir una resolución definitiva que genere un perjuicio
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32958-2961deb0/i-controversia-constitucional-el-plazo-para-su-promocion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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