I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO CUANDO LOS ACTOS IMPUGNADOS CARECEN DE DEFINITIVIDAD (OFICIO ASENL-UI-PE01-DA-404/2023 SIGNADO POR LA DIRECTORA DE AUDITORÍA ADSCRITA A LA AUDITORÍA ESPECIAL DE GOBIERNO Y ORGANISMOS PÚBLICOS AUTÓNOMOS Y POR EL DIRECTOR DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN ADSCRITA A LA UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS, AMBOS DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. EMITIDO EL VEINTIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS). II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO IMPUGNADO DERIVADO DE LA INCOMPARECENCIA DEL EXFUNCIONARIO A LA ENTREVISTA A LA QUE FUE CITADO (OFICIO ASENL-UI-PE01-DA-404/2023 SIGNADO POR LA DIRECTORA DE AUDITORÍA ADSCRITA A LA AUDITORÍA ESPECIAL DE GOBIERNO Y ORGANISMOS PÚBLICOS AUTÓNOMOS Y POR EL DIRECTOR DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN ADSCRITA A LA UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS, AMBOS DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, EMITIDO EL VEINTIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS).
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 401/2023. PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024. PONENTE: ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. SECRETARIO: CAMILO WEICHSEL ZAPATA.
ÍNDICE TEMÁTICO
Acto impugnado: El oficio ASENL-UI-PE01-DA-404/2023, emitido el 28 de junio de 2023, mediante el cual la Auditoría Superior del Estado de Nuevo León requirió la comparecencia del Ex Secretario de Asuntos Jurídicos y Atención Ciudadana de la Secretaría General de Gobierno, dependiente del Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León, a fin de que acudiera a las instalaciones del mencionado órgano el 26 de julio de ese año.
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Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al 25 de septiembre de 2024, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la Controversia Constitucional 401/2023, promovida por el Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León en contra del Poder Legislativo de esa entidad federativa. El objeto de impugnación consiste en un citatorio mediante el cual la Auditoría Superior del Estado solicitó la comparecencia de un exfuncionario del Poder Ejecutivo local en el contexto de una investigación por presuntas faltas administrativas.
I. ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA
1. Antecedentes. De las constancias de autos se advierten los siguientes antecedentes del asunto:
a) Denuncia de faltas administrativas. El 9 de marzo de 2023, el Presidente de la Mesa Directiva de la LXXVI Legislatura del Congreso del Estado de Nuevo León presentó una denuncia ante el Auditor General del Estado en contra del Gobernador, el Secretario General de Gobierno, el responsable de Asuntos Jurídicos y Atención Ciudadana de la Secretaría General de Gobierno, el responsable de la Unidad del Periódico Oficial del Estado y quienes resultaran responsables, por faltas administrativas graves de abuso de funciones y tráfico de influencias. En esencia, las faltas administrativas denunciadas parten de que, de acuerdo con el denunciante, un número considerable de decretos aprobados por el Congreso local no han sido publicadas por el Periódico Oficial local a pesar de que se han cumplido los procesos legislativos correspondientes y se han agotado los plazos para su publicación.
b) Trámite de la denuncia. El 21 de abril de 2023, el Auditor Especial de Gobierno del Estado y Organismos Públicos Autónomos de la Auditoría Superior del Estado dictó un acuerdo a fin de que se diera vista a la Unidad de Investigación adscrita a la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Auditoría Superior del Estado con la denuncia. En dicho auto se indica que será la Unidad de Investigación la que determinaría la procedencia del asunto y, en su caso, inicie el procedimiento de investigación.
Mediante auto de 24 de abril siguiente, el Director de la Unidad de Investigación ordenó iniciar la investigación y analizar de fondo los hechos comunicados en la denuncia. La investigación se registró bajo el número de expediente **********.
c) Citatorio. El 28 de junio de 2023, el Director de la Unidad de Investigación emitió el oficio ASENL-UI-PE01-DA-404/2023 mediante el cual requirió la comparecencia del Ex Secretario de Asuntos Jurídicos y Atención Ciudadana de la Secretaría General de Gobierno, dependiente del Poder Ejecutivo de la entidad, a fin de que acudiera a las instalaciones del mencionado órgano el 26 de julio de ese año. En el citatorio se indica que la entrevista a realizar es a partir de una denuncia por "hechos que se suscitaron durante los años 2022 y 2023 en relación a la omisión de publicación en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León de diversos decretos para reformar ordenamientos jurídicos locales". También se apercibe al Ex Secretario para el caso de que no se presente en el sentido de que podrán aplicarse las medidas dispuestas en el artículo 97 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Nuevo León.
d) Acta de no comparecencia. De acuerdo con el acta de 26 de julio de 2023, emitida dentro del mismo procedimiento de investigación, el Ex Secretario no se presentó a la diligencia para la que fue citado. En consecuencia, el acta indica que se hace efectivo el apercibimiento "conforme a lo establecido en el artículo 97 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Nuevo León".
e) Estado procesal del expediente. Conforme a la última comunicación recibida por esta Corte en relación con el procedimiento de investigación,(1) el expediente continúa en trámite en la Dirección de Investigación de la Unidad de Seguimiento adscrita a esta Auditoria Superior del Estado de Nuevo León.
2. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el 7 de agosto de 2023 en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte, Samuel Alejandro García Sepúlveda, Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León, promovió la presente controversia constitucional en contra del Poder Legislativo de la misma entidad federativa. El objeto de impugnación que señaló en la demanda es el siguiente:
El citatorio emitido por el Director de la Unidad de Investigación adscrito a la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Auditoría Superior del Estado de Nuevo León, mediante el cual requiere a personal adscrito a la Secretaría General de Gobierno, dependiente del Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León, para que acuda a las instalaciones del mencionado órgano, por la realización de actos relacionados con la publicación en el Periódico Oficial de la entidad de diversos decretos.
3. Argumentos de invalidez. En la demanda, el Poder actor argumentó lo siguiente:
a) Violación por invasión de competencias en el procedimiento instaurado por parte de la Auditoría Superior del Estado de Nuevo León, contra el Poder Ejecutivo de esa entidad
Conforme al párrafo sexto del artículo 116, fracción II, constitucional,(2) las competencias de las entidades locales de fiscalización –y, por tanto, de la Auditoría Superior del Estado de Nuevo León– se limitan a la gestión financiera de los entes fiscalizados. Es decir, su facultad de revisión se limita a aspectos financieros tales como la verificación del manejo, custodia y aplicación de fondos y recursos públicos.
En el caso concreto, la Auditoría Superior del Estado de Nuevo León está investigando un asunto relacionado con la publicación de decretos en el Periódico Oficial del Estado. Sin embargo, la publicación de normas generales es una competencia exclusiva del Poder Ejecutivo local y no es una actividad en donde esté involucrado el uso de recursos, fondos o deuda pública. De este modo, la Auditoría se encuentra invadiendo las facultades de vigilancia interna que le corresponden al propio Ejecutivo local, pues no puede solicitar información o realizar un citatorio a un funcionario de este Poder si el caso no se relaciona con la gestión financiera del Ente fiscalizable.
En la misma línea, la Auditoría incumplió su deber de fundamentación y motivación en la medida en que ninguno de los artículos en los que fundamentó su competencia no la autorizan para investigar actos relacionados con la publicación de decretos en el Periódico Oficial.
b) Transgresión al principio de equilibrio de poderes mediante el acto autoritario dentro del procedimiento de fiscalización de situaciones excepcionales de la Auditoría Superior del Estado de Nuevo León
En el caso, la actuación de forma excesiva que hace la autoridad demandada, abusando de las atribuciones que se le encuentran prescritas legalmente, supone una violación al principio de equilibrio de poderes que se consagra en la Constitución Federal. Para que se respete dicho principio, cada uno de los poderes debe asumir el desarrollo de sus funciones con apego a la ley, lo cual no sucede con la actuación de la autoridad, toda vez que incurre en un abuso de poder al pretender arrogarse facultades que no le corresponden por Ley.
De ahí que se considera inconstitucional el citatorio contenido en el oficio ASENL-UI-PE01-DA-404-2023, mediante el cual se requiere la comparecencia del Ex Subsecretario de Asuntos Jurídicos y Atención Ciudadana de la Secretaría General de Gobierno, dependiente del Poder Ejecutivo del Estado, a fin de que se le realizara una entrevista. Es violatorio del principio de equilibrio de poderes porque con tales actos pretende dominar y ejercer presiones en los funcionarios que dependen de ese Poder actor, sin haber fundado y motivado su actuación.
4. Admisión y trámite. La Ministra Presidenta de esta Suprema Corte, mediante auto de 8 de agosto de 2023, ordenó formar y registrar la controversia constitucional con el número 401/2023, y turnarla al Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena para que actuara como instructor del procedimiento.
5. En proveído de 21 de agosto de 2023, el Ministro instructor admitió a trámite la demanda, tuvo por ofrecidas las pruebas documentales exhibidas y reconoció como autoridad demandada únicamente al Poder Legislativo del Estado de Nuevo León. Esto último bajo la consideración de que la Auditoría Superior no es un órgano autónomo desde el punto de vista orgánico, sino que forma parte integrante de dicho Congreso. En otro aspecto, dio vista a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal para que manifestaran lo que a su representación legal correspondiera.
6. Contestación de la autoridad demandada. El Presidente de la Mesa Directiva de la LXXVI Legislatura del Congreso del Estado de Nuevo León rindió su informe el 18 de octubre de 2023. Sus argumentos, resumidos a continuación, son enteramente sobre la improcedencia de la controversia constitucional:
a) Falta de interés legítimo
En primer lugar, la persona citada por la Auditoría Superior es un exfuncionario público; en concreto, el Ex Subsecretario de Asuntos Jurídicos y Atención Ciudadana de la Secretaría General de Gobierno. Al respecto, el Titular del Poder Ejecutivo carece de interés legítimo para acudir a defender actos de personas que ya no tienen el carácter de servidores públicos adscritos a dicho Poder. Ahora bien, en caso de que se considerara que el citatorio se emitió por el carácter de funcionario que el Ex Subsecretario ostentó anteriormente, el Ejecutivo local tampoco tiene legitimación para acudir a través de este medio de control para defender los intereses de funcionarios subalternos, ya que el objeto de este medio de control constitucional es la tutela de las competencias de los órganos originarios; es decir, únicamente del Poder Ejecutivo local.
Además, el acto combatido no puede generar un principio de agravio a ese Poder. El citatorio forma parte de las atribuciones constitucionales que tiene la Auditoría Superior para hacer efectivas sus facultades de control, lo cual incluso robustece el sistema de control de poderes en tanto que su objetivo es aclarar, mediante comparecencia de un funcionario, alguna posible irregularidad en el desempeño de su función. Asimismo, el Poder Ejecutivo plantea en la demanda aspectos de aplicación y fundamentación de normas por parte del órgano emisor del acto que se impugna, no una invasión en su esfera competencial.
b) Cesación de efectos
El objetivo del citatorio cuya invalidez se reclama fue que el exfuncionario compareciera el 26 de julio de 2023 ante la Unidad de Seguimiento de la Auditoría Superior del Estado. Esto quiere decir que la fecha fijada para la comparecencia es anterior a la presentación de la demanda de controversia constitucional. En esta medida, el acto impugnado ya había cesado en sus efectos y era un acto consumado para ese momento. Además, en los hechos el exfuncionario no se presentó y no se le impuso ninguna medida o sanción.
c) La Auditoría Superior del Estado de Nuevo León como órgano constitucional autónomo
En el auto de admisión de la demanda no se tuvo como parte demandada a la Auditoría Superior del Estado, sino únicamente al Poder Legislativo por considerar que la Auditoría carece de autonomía desde el punto de vista orgánico. Sin embargo, el acto cuya invalidez se reclama es atribuible directamente a la Auditoría que, más allá de su posición orgánica respecto al Poder Legislativo, debe ser considerada como un órgano constitucional autónomo por sus características de independencia y autonomía, independientemente de nominación formal, al reunir los elementos y características de un órgano constitucional autónomo.
La autonomía técnica y funcional de la Auditoría está prescrita desde el artículo 116 de la Constitución Federal, y el artículo 101(3) de la Constitución local la contempla como un órgano con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía financiera.(4) Asimismo, en el caso se cumplen los criterios definidos por la Suprema Corte para la identificación de un órgano constitucional autónomo.(5)
Por lo anterior, la Suprema Corte deberá concluir que la única entidad que en todo caso cuenta con legitimación pasiva para ser demandada respecto a los actos como el que se impugna es la Auditoría Superior del Estado y no así el Poder Legislativo. Este último no tiene intervención directa en la emisión del acto combatido, por lo que no hay acto que pueda reclamarse.
d) Falta de definitividad
En las controversias constitucionales, para que se considere que un acto causa perjuicio a la entidad, poder u órgano es necesario que tenga las características de un acto definitivo. Esto no acontece en el caso concreto. El citatorio es un acto de mero trámite que forma parte de un procedimiento reglado y, como tal, no pone fin a dicho procedimiento. Es una simple actuación dentro de una investigación iniciada por una denuncia. En todo caso se tendría que promover una nueva controversia o ampliar la demanda si se emitiera un nuevo acto vinculado con el citatorio, pero el citatorio en sí mismo no puede ser revisado en controversia constitucional dado que se da dentro de un mecanismo de control parlamentario y de manejo de recursos.
7. Opinión de la Fiscalía General de la República y de la Consejería Jurídica del Gobierno Federal. El Fiscal General de la República y el Consejero Jurídico del Gobierno Federal se abstuvieron de formular pedimento.
8. Audiencia. Agotados los trámites respectivos, se celebró la audiencia de ofrecimiento y desahogo de pruebas, el 8 de mayo de 2024. En ésta se hizo relación de los autos, se tuvieron por exhibidas las pruebas ofrecidas y, el 20 de mayo de ese año, se tuvo por presentados los alegatos, se cerró la instrucción y se puso el expediente en estado de resolución.
9. Avocamiento. Finalmente, previo dictamen del Ministro Ponente, mediante auto de 26 de agosto de 2024, el Presidente de esta Primera Sala señaló que la misma se abocara al conocimiento del asunto y remitió el expediente al Ministro Ponente.
II. COMPETENCIA
10. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente controversia constitucional, en términos de lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso h), de la Constitución Federal y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo, fracción I, y tercero del Acuerdo General número 1/2023, de 26 de enero de 2023, modificado mediante instrumento normativo el 10 de abril siguiente, toda vez que se plantea un conflicto entre dos Poderes del Estado de Nuevo León en el que no es necesaria la intervención del Tribunal Pleno.
III. PRECISIÓN DE LA LITIS
11. De conformidad con lo dispuesto en la fracción I del artículo 41 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Articulo 105 de la Constitución Federal (la "Ley Reglamentaria"),(6) esta Suprema Corte debe fijar los actos y normas efectivamente cuestionadas en una controversia; obligación que, entre otros aspectos, debe cumplimentarse a través de una valoración integral del escrito inicial de demanda.
12. En ese sentido, esta Primera Sala llega a la convicción de que la materia de la presente controversia constitucional consiste en el oficio ASENL-UI-PE01-DA-404/2023, signado por el Director de la Unidad de Investigación Adscrita a la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Auditoría Superior del Estado de Nuevo León, mediante el cual solicita la comparecencia de manera personal del Ex Subsecretario de Asuntos Jurídicos y Atención Ciudadana de la Secretaría General de Gobierno, dependiente del Poder Ejecutivo..
IV. IMPROCEDENCIA DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL
13. Resulta innecesario el estudio de los presupuestos procesales relativos a la oportunidad en la presentación de la demanda y la legitimación de las partes, toda vez que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VI, de la Ley Reglamentaria;(7) es decir, no se cumple el principio de definitividad para efectos de la controversia constitucional. En suma, el citatorio impugnado proviene de un procedimiento que al momento de la presentación de la demanda –y hasta el día de hoy, conforme al conocimiento que tiene esta Corte del asunto a partir de las constancias del expediente– no ha concluido.
14. Esta causal de improcedencia y su aplicabilidad para casos análogos al presente ya ha sido materia de pronunciamiento por parte de las dos Salas de esta Suprema Corte, particularmente en las controversias constitucionales 35/2003 y 85/2003.(8) Ambos precedentes se basan en las jurisprudencias P./J. 12/99 y P./J. 55/2001,(9) en las que se interpretó la causal contemplada en el artículo 19, fracción VI, como un principio de definitividad del que se desprenden tres supuestos que hacen improcedente una controversia:
a) Que exista una vía legalmente prevista para impugnar el acto mediante la cual pudiera ser revocado, modificado o nulificado, para dar solución al conflicto, y que ésta no se haya agotado previamente.
b) Que habiendo hecho valer la vía o medio legal, todavía no se haya dictado resolución, a través de la cual pudiera ser revocado, modificado o nulificado el acto impugnado; y,
c) Que los actos impugnados se hayan emitido dentro de un procedimiento no concluido, esto es, que se encuentre pendiente el dictado de la resolución definitiva que pueda ser impugnada en controversia constitucional.
15. De manera análoga a este asunto, el objeto de impugnación en dichas controversias consistía, entre otras cosas, en oficios por lo que el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso de Nayarit citaba a diversos funcionarios del Poder Ejecutivo de esa Entidad Federativa. Para ambas Salas, las controversias resultaron improcedentes por actualizarse el tercer supuesto del principio de definitividad antes descrito; esto es, porque "los actos impugnados provienen de un procedimiento que al momento de presentación de la demanda se encontraba pendiente del dictado de la resolución que lo culminara en forma definitiva y por tanto, el actor estaba obligado a esperar que esto último aconteciera, para entonces encontrarse en aptitud de acudir a esta vía constitucional."(10)
16. El caso presente sigue la misma lógica. El oficio impugnado forma parte de un procedimiento de investigación dentro de un Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa. Conforme a la normativa local, dicho procedimiento da paso a un Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, el cual deberá contener la falta administrativa, el presunto responsable y los terceros a quienes pueda afectar la resolución. Este informe se presenta ante la "autoridad substanciadora"(11) que es quien inicia el procedimiento de responsabilidad administrativa. En caso de que no se encuentren elementos suficientes para demostrar la infracción y la presunta responsabilidad del infractor, el expediente concluye y se archiva.(12)
17. Hasta donde es del conocimiento de esta Suprema Corte a partir de las constancias que obran en autos, el Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa dentro del cual se expidió el oficio combatido continúa en trámite, de modo que la causal de improcedencia señalada es plenamente aplicable. Tal como se razonó en los precedentes de ambas Salas, "de estimar lo contrario, se daría lugar a que se promoviera controversia constitucional contra cada uno de los actos que emitiera el Órgano de Fiscalización [...] previamente a la formulación de su resolución definitiva, lo que desnaturalizaría la esencia de este medio de control constitucional, como vía uninstancial y desvirtuaría el carácter de este Alto Tribunal como único facultado para resolver sobre la constitucionalidad de actos definitivos de las entidades, Poderes u órganos a que se refiere el artículo 105, fracción I, constitucional, que pudieran lesionar la esfera de competencia de alguno de esos mismos sujetos."(13)
18. Con lo anterior no pasamos por alto que en la Controversia Constitucional 86/2008 la Segunda Sala aceptó la procedencia y estudió de fondo la impugnación de un decreto por medio del cual el Congreso de Aguascalientes citaba a comparecer a su recinto a diversos funcionarios del Poder Ejecutivo de la entidad.(14) En concreto, el citatorio era para que diversos titulares de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública del Estado rindieran un informe en relación con un proyecto en particular con el que estaban involucrados.
19. No obstante, el caso presente es muy distinto. En la Controversia Constitucional 86/2008 el citatorio impugnado no formaba parte de un procedimiento más general que, en conjunto con otros elementos, daría paso a una resolución definitiva conforme a un marco procesal determinado. Más bien, el citatorio era en sí mismo el motivo de la supuesta afectación. En otras palabras, lo que se reclamaba en ese caso consistía en que el Congreso local no podía citar a comparecer a los funcionarios del Poder Ejecutivo local para rendir un informe, por lo que la comparecencia en sí misma sería lo que actualizaría la afectación competencial en caso de que la controversia fuera fundada (no lo fue). Aquí, por el contrario, la esencia del argumento del Poder actor es que la investigación que lleva a cabo la Auditoría Superior versa, de manera general, sobre actuaciones relativas al Periódico Oficial del Estado, lo que en su concepto invade sus prerrogativas relacionadas con dicho Periódico Oficial y desborda las competencias de la Auditoría que –sigue el argumento– se relacionan exclusivamente con aspectos financieros.
20. Ahora bien, si el argumento del Poder actor se entendiera en el sentido de que lo controvertido es la presentación de un exfuncionario ante la Auditoría Superior del Estado en sí misma, aun así tendríamos que sobreseer la controversia. Ahora el supuesto sería el de cesación de efectos conforme al artículo 19, fracción V, de la Ley Reglamentaria.(15) Esto porque, como señaló la autoridad demandada, el citatorio era para que el exfuncionario compareciera en la Auditoría el 26 de julio de 2023, fecha anterior a la presentación de la controversia (7 de agosto de 2023). Además, el exfuncionario de mérito no se presentó a la entrevista a la que fue citado, lo que consta en el acta de 26 de julio de 2023 dentro del Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa **********.
21. Es cierto que en este último documento se acuerda que se haga "efectivo el apercibimiento correspondiente, conforme a lo establecido en el artículo 97 de Ia Ley General de Responsabilidades Administrativas y de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Nuevo León", lo que nos podría llevar a discutir si el citatorio impugnado dio paso a una afectación. Sin embargo, para tan siquiera tener este debate hubiera sido necesario que el Poder actor ampliara su demanda respecto de esta acta y, concomitantemente, que dicha ampliación fuera admisible bajo los presupuestos procesales de una controversia constitucional. En el caso, sin embargo, no se promovió ninguna ampliación, por lo que es claro que se debe sobreseer la presente controversia constitucional.
V. DECISIÓN
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:
ÚNICO. Se sobresee la presente controversia constitucional.
Notifíquese; haciéndolo por oficio a las partes y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.
Así lo resolvió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por unanimidad de cinco votos de los señores Ministros y las señoras Ministras Loretta Ortiz Ahlf, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Ana Margarita Ríos Farjat, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena (Ponente) y Presidente Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien está con el sentido pero se separa de los párrafos 20 y 21.
Firman el Ministro Presidente de la Primera Sala y el Ministro Ponente con el Secretario de Acuerdos, que autoriza y da fe.
PRESIDENTE DE LA PRIMERA SALA
MINISTRO JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO
PONENTE
MINISTRO ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA
SECRETARIO DE ACUERDOS DE LA PRIMERA SALA
RAÚL MENDIOLA PIZAÑA
Esta hoja corresponde a la Controversia Constitucional 401/2023, fallada en sesión de 25 de septiembre de 2024. CONSTE.-
En términos de lo previsto en los artículos 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como en el acuerdo General 11/2017, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado el dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete en el Diario Oficial de la Federación, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.
________________
1. Oficio ASENL-AGE-254/2024, emitido por el Auditor Especial de Municipios actuando como encargado de la Auditoría Superior del Estado.
2. Artículo 116. El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo.
Los poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con sujeción a las siguientes normas: [...]
II. [...]
Las legislaturas de los estados contarán con entidades estatales de fiscalización, las cuales serán órganos con autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, en los términos que dispongan sus leyes. La función de fiscalización se desarrollará conforme a los principios de legalidad, imparcialidad y confiabilidad. Asimismo, deberán fiscalizar las acciones de Estados y Municipios en materia de fondos, recursos locales y deuda pública. Los informes de auditoría de las entidades estatales de fiscalización tendrán carácter público.
3. En su contestación de demanda el Poder Legislativo hizo referencia al artículo 136 de la Constitución local; sin embargo, desde la reforma publicada el 1 de octubre de 2022 es el artículo 101 el que regula lo relativo a la posición orgánica de la Auditoría Superior del Estado de Nuevo León.
4. Artículo 101.- La Auditoría Superior del Estado de Nuevo León es un órgano auxiliar del Congreso en la facultad de la fiscalización sobre las cuentas públicas presentadas por los Poderes del Estado, los órganos constitucionales autónomos, los organismos descentralizados y desconcentrados y fideicomisos públicos de la administración pública del Estado, los municipios y sus organismos descentralizados y desconcentrados. Además podrá fiscalizar los hechos, actos u omisiones de las entidades del Estado y los municipios en materia de fondos, recursos locales y deuda pública.
A su vez, deberá investigar y substanciar el procedimiento por las faltas administrativas graves en términos de las leyes de la materia.
La Auditoría Superior del Estado cuenta con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía financiera, presupuestaria, técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, en los términos que disponga la ley.
El presupuesto de este órgano no podrá reducirse en términos reales al del ejercicio anterior y podrá definir y ejercer en forma autónoma sus partidas presupuestales, las que serán suficientes para atender adecuadamente el cumplimiento de su función. [...]
5. Jurisprudencia P./J. 20/2007, Tribunal Pleno, Novena Época, registro electrónico 172456, de rubro "ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS. NOTAS DISTINTIVAS Y CARACTERÍSTICAS"; jurisprudencia P./J. 13/2008, Tribunal Pleno, Novena Época, registro electrónico 170239. De rubro "ÓRGANOS AUTÓNOMOS ESTATALES. PUEDEN ESTABLECERSE EN LOS REGÍMENES LOCALES."
6. Artículo 41. Las sentencias deberán contener:
I. La fijación breve y precisa de las normas generales o actos objeto de la controversia y, en su caso, la apreciación de las pruebas conducentes a tenerlos o no por demostrados; [...].
7. Artículo 19. Las controversias constitucionales son improcedentes: [...]
VI. Cuando no se haya agotado la vía legalmente prevista para la solución del propio conflicto; [...]
8. Primera Sala, Controversia Constitucional 35/2003, sentencia de 7 de mayo de 2004, fallada por unanimidad de cuatro votos; Segunda Sala, Controversia Constitucional 85/2003, sentencia de 16 de abril de 2004, fallada por unanimidad de cuatro votos.
9. Jurisprudencia P./J. 12/99, Tribunal Pleno, Novena Época, registro electrónico 194292, de rubro "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES IMPROCEDENTE CUANDO NO SE HAYA PROMOVIDO PREVIAMENTE EL RECURSO O MEDIO DE DEFENSA LEGALMENTE PREVISTO PARA RESOLVER EL CONFLICTO O, SI HABIÉNDOLO HECHO, ESTÁ PENDIENTE DE DICTARSE LA RESOLUCIÓN RESPECTIVA"; Jurisprudencia P./J. 55/2001, Tribunal Pleno, Novena Época, registro electrónico 189992, de rubro "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL PROMOVIDA POR EL GOBERNADOR DE UN ESTADO EN CONTRA DE UN DE
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/200966-d94d2cd1/i-controversia-constitucional-sobreseimiento-cuando-los-actos-impugnados · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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