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Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO CUANDO LOS ACTOS IMPUGNADOS CARECEN DE DEFINITIVIDAD (OFICIO ASENL-AEGE-AP41-RSE-1920/2023 SIGNADO POR LA DIRECTORA DE AUDITORÍA ADSCRITA A LA AUDITORÍA ESPECIAL DE GOBIERNO Y ORGANISMOS PÚBLICOS AUTÓNOMOS Y POR EL DIRECTOR DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN ADSCRITA A LA UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS, AMBOS DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. EMITIDO EL VEINTICUATRO DE JULIO). II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO IMPUGNADO DERIVADO DE LA INCOMPARECENCIA DEL EXFUNCIONARIO A LA ENTREVISTA A LA QUE FUE CITADO (OFICIO ASENL-AEGE-AP41-RSE-1920/2023 SIGNADO POR LA DIRECTORA DE AUDITORÍA ADSCRITA A LA AUDITORÍA ESPECIAL DE GOBIERNO Y ORGANISMOS PÚBLICOS AUTÓNOMOS Y POR EL DIRECTOR DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN ADSCRITA A LA UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS, AMBOS DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, EMITIDO EL VEINTICUATRO DE JULIO).

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 402/2023. · Registro digital (IUS): 200965
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN.
Localización: Undécima Época. Primera Sala. Sistema de Precedentes en Controversias Constitucionales y en Acciones de Inconstitucionalidad

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 402/2023. PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024. PONENTE: ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. SECRETARIO: CAMILO WEICHSEL ZAPATA.

ÍNDICE TEMÁTICO

Acto impugnado: El oficio ASNEL-AEGE-AP41RSE-1920/2023, emitido el 24 de julio de 2023, mediante el cual la Directora de Auditoría, adscrita a la Auditoría Especial de Gobierno del Estado y Organismos Públicos Autónomos de la Auditoría Superior del Estado de Nuevo León, requirió la comparecencia del Director Jurídico del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Nuevo León, a fin de que acudiera a la Auditoría Superior del Estado el 9 de agosto de 2023.

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Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al 25 de septiembre de 2024, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la Controversia Constitucional 402/2023, promovida por el Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León en contra del Poder Legislativo de esa entidad federativa. El objeto de impugnación consiste en un citatorio mediante el cual la Directora de Auditoría, adscrita a la Auditoría Especial de Gobierno y Organismos Públicos Autónomos de la Auditoría Superior del Estado de Nuevo León, solicitó la comparecencia de un funcionario adscrito a la Dirección General del Sistema para el Desarrollo Integral para la Familia en el contexto de un procedimiento de fiscalización por revisión de situación excepcional.

I. ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA

1. Antecedentes. De las constancias de autos y de hechos notorios se advierten los siguientes antecedentes del asunto:

a) Denuncia. El 17 de mayo de 2023, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Nuevo León recibió una denuncia de hechos por medio de un correo electrónico en contra de la entonces Directora del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado (en adelante "DIF") por actos de corrupción relacionados con el uso indebido de recursos públicos.

b) Trámite de la denuncia. El 23 de mayo de 2023 se ordenó remitir la denuncia a la Auditoría Superior del Estado y a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Nuevo León para su seguimiento y atención. El 1 de junio del mismo año se tuvo por recibida la denuncia y se determinó implementar una revisión por situación excepcional en el DIF. Para ello se asignó el número de expediente **********.

c) Citatorio. El 24 de julio de 2023, el Director de Auditoría adscrito a la Auditoría Especial de Gobierno y Organismos Públicos Autónomos de la Auditoría Superior del Estado, mediante oficio ASNL-AEGE-RSE-1920/2023, solicitó la comparecencia del Director Jurídico del DIF para que se presente en la Auditoría el 9 de agosto de 2023. El citatorio especifica que su comparecencia es necesaria dado que tuvo conocimiento directo de los actos denunciados, los cuales versan sobre los "trámites administrativos realizados en fecha 17 de enero de 2023, en relación al vehículo de la marca **********, tipo *********, modelo *********, con placas de circulación ********** del Estado de Nuevo León". También se apercibe al Director Jurídico del DIF para el caso de no comparecer "sin causa justa" con una multa según lo previsto en el quinto párrafo del artículo 6 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León.

d) Escrito de no comparecencia. El 3 de agosto de 2023, dicho funcionario envió un escrito a la autoridad fiscalizadora mediante el cual realizó diversas manifestaciones respecto a su imposibilidad jurídica para acudir en la fecha y hora citada. En esencia, alega que se le citó en su carácter de particular cuando en realidad tiene el carácter de funcionario público. Como tal –sigue el argumento– su comparecencia debía ser por oficio ante la dependencia pública. Por lo tanto, refirió que no acudiría a la comparecencia a la que fue citado.

e) No comparecencia. De acuerdo con el oficio ASENL-AEGE-2974/2023 de 26 de septiembre de 2023, emitido por el Auditor Especial de Gobierno del Estado y Organismos Públicos Autónomos de la Auditoría Superior del Estado de Nuevo León, la comparecencia no pudo llevarse a cabo dada la ausencia del servidor público citado.

f) Estado procesal del expediente. Conforme a la última comunicación recibida por esta Corte en relación con el procedimiento de fiscalización,(1) una persona diversa al Director Jurídico del DIF impugnó todo lo actuado en el Expediente ********* mediante el juicio de amparo indirecto 1421/2023, del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, en donde se concedió la suspensión definitiva para el efecto de que no se dicte la resolución definitiva en el referido expediente RSE-AP41-001/2023 hasta que se resuelva el juicio de amparo.

Además, es un hecho notorio que este juicio de amparo fue sobreseído mediante sentencia de 27 de marzo de 2024, pero que la quejosa promovió un recurso de revisión el cual aún se encuentra en trámite ante el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito bajo el expediente 370/2024. Asimismo, de la revisión del cuaderno incidental del amparo indirecto 1421/2023 se advierte que la suspensión definitiva no fue revocada, por lo que se concluye que aun no existe una resolución definitiva en el expediente *********.

2. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el 7 de agosto de 2023 en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte, Samuel Alejandro García Sepúlveda, Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León, promovió la presente controversia constitucional en contra del Poder Legislativo de la misma entidad federativa. El objeto de impugnación que señaló en la demanda es el siguiente:

El citatorio contenido en el oficio ASENL-AEGE-AP41-RSE-1920/2023, emitido el 24 de julio de 2023, por la Directora de Auditoría adscrita a la Auditoría Especial de Gobierno del Estado y Organismos Públicos y Autónomos de la Auditoría Superior del Estado de Nuevo León, mediante el cual se requiere la comparecencia del C. Erik Cabrera Chapa de la Dirección General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Nuevo León.

3. Argumentos de invalidez. En la demanda, el Poder actor argumentó lo siguiente:

a) Violación a los principios de seguridad jurídica y competencia constitucional consagrados en los artículos 16 y 116 de la Constitución Federal, en el procedimiento de fiscalización de situaciones excepcionales por parte de la Auditoría Superior del Estado de Nuevo León

Conforme al párrafo sexto del artículo 116, fracción II, constitucional,(2) las competencias de las entidades locales de fiscalización –y, por tanto, de la Auditoría Superior del Estado de Nuevo León– se limitan a la gestión financiera de los entes fiscalizados. Es decir, su facultad de revisión se limita a aspectos relacionados con fondos, recursos locales o deuda pública. En el caso concreto, la Auditoría Superior del Estado de Nuevo León está investigando un asunto relacionado con los trámites administrativos realizados el 17 de enero de 2023 respecto de un vehículo, lo que no se vincula con una fiscalización sobre fondos, recursos locales o deuda pública.

Asimismo, en casos de revisión por situación excepcional, la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León no contienen ninguna disposición expresa que señale la facultad de requerir la comparecencia de los Sujetos de Fiscalización. Más bien, su atribución se limita a solicitar que se rinda un Informe de Situación Excepcional. El Reglamento Interior para la Auditoría tampoco contiene la facultad de requerir comparecencias. A esto se suma que el artículo 37 de la Ley referida exige que la autoridad fiscalizadora acompañe a sus requerimientos de los documentos presentados por los denunciantes, lo que no ocurrió en este caso.

Finalmente, el oficio combatido se fundamenta en el artículo 11 del Reglamento Interior para la Auditoría,(3) el cual a su vez refiere al artículo 63, fracción XIII, de la Constitución local. Sin embargo, este último artículo constitucional tiene un contenido completamente diverso que no se relaciona con las facultades de la Auditoría.(4) En consecuencia, el oficio carece de una debida fundamentación.

b) Transgresión al principio de equilibrio de poderes consagrado en el artículo 116 de la Constitución Federal, mediante el acto autoritario dentro del procedimiento de fiscalización de situaciones excepcionales de la Auditoría Superior del Estado de Nuevo León.

El citatorio impugnado es violatorio del principio de equilibrio de poderes de las entidades federativas consagrado en el artículo 116 de la Constitución, ya que esos actos pretenden tomar una dominación sobre el Poder Ejecutivo estatal y buscar ejercer presiones en los funcionarios gubernamentales de la Administración Pública, sin haber una atribución que lo faculte. De ahí que dicho acto trasgredió su competencia constitucional.

4. Admisión y trámite. La Ministra Presidenta de esta Suprema Corte, mediante auto de 8 de agosto de 2023, ordenó formar y registrar la controversia constitucional con el número 402/2023, y turnarla al Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena para que actuara como instructor del procedimiento.

5. En proveído de 18 de septiembre de 2023, el Ministro instructor admitió a trámite la demanda, tuvo por ofrecidas las pruebas documentales exhibidas y reconoció como autoridad demandada únicamente al Poder Legislativo del Estado de Nuevo León. Esto último bajo la consideración de que la Auditoría Superior no es un órgano autónomo desde el punto de vista orgánico, sino que forma parte integrante de dicho Congreso. En otro aspecto, dio vista a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal para que manifestaran lo que a su representación legal correspondiera.

6. Contestación de la autoridad demandada. El Presidente de la Mesa Directiva de la LXXVI Legislatura del Congreso del Estado de Nuevo León rindió su informe el 13 de noviembre de 2023. Sus argumentos, resumidos a continuación, son enteramente sobre la improcedencia de la controversia constitucional:

a) Falta de interés legítimo

Por un lado, el acto combatido va dirigido a un funcionario público en particular, por lo que en todo caso sería dicha persona la que tendría un interés para promover el medio de control constitucional correspondiente. Por otro lado, el Poder Ejecutivo actor no está reclamando una invasión de competencias, sino que solo se duele de la contravención a los principios de legalidad, imparcialidad y confiabilidad. Esto implica un estudio ajeno al ámbito de las controversias constitucionales.

b) Cesación de efectos

El objetivo del citatorio cuya invalidez se reclama fue para que el funcionario compareciera el 9 de agosto de 2023 ante la Dirección de Auditoría Especial de Gobierno y Organismos Autónomos de la Auditoría Superior del Estado. Esto quiere decir que la fecha fijada para la comparecencia es anterior a la presentación de la demanda de controversia constitucional. Además, la persona citada no acudió a la comparecencia, sin que posterior a ello se hayan hecho efectivos apercibimientos que le causaran algún tipo de afectación. En esta medida, el acto impugnado ha cesado en sus efectos y es un acto consumado.

c) La Auditoría Superior del Estado de Nuevo León como órgano constitucional autónomo

El acto cuya invalidez se reclama es atribuible directamente a la Auditoría que, más allá de su posición orgánica respecto al Poder Legislativo, debe ser considerada como un órgano constitucional autónomo por sus características de independencia y autonomía, independientemente de nominación formal, al reunir los elementos y características de un órgano constitucional autónomo. La autonomía técnica y funcional de la Auditoría está prescrita desde el artículo 116 de la Constitución Federal, y el artículo 101(5) de la Constitución local la contempla como un órgano con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía financiera.(6) Asimismo, en el caso se cumplen los criterios definidos por la Suprema Corte para la identificación de un órgano constitucional autónomo.(7)

Por lo anterior, la Suprema Corte deberá concluir que la única entidad que en todo caso cuenta con legitimación pasiva para ser demandada respecto a los actos como el que se impugna es la Auditoría Superior del Estado y no así el Poder Legislativo.

7. Opinión de la Fiscalía general de la República y de la Consejería Jurídica del Gobierno Federal. El Fiscal General de la República y el Consejero Jurídico del Gobierno Federal se abstuvieron de formular pedimento.

8. Audiencia. Agotados los trámites respectivos, se celebró la audiencia de ofrecimiento y desahogo de pruebas, el 8 de mayo de 2024. En esta se hizo relación de los autos, se tuvieron por exhibidas las pruebas ofrecidas y, el 20 de mayo de 2024, se tuvo por presentados los alegatos y se puso el expediente en estado de resolución.

9. Avocamiento. Finalmente previo dictamen del Ministro Ponente, mediante auto de 26 de agosto de 2024, el Presidente de esta Primera Sala señaló que la misma se abocara al conocimiento del asunto y remitió el expediente al Ministro Ponente.

II. COMPETENCIA

10. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente controversia constitucional, en términos de lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso h), de la Constitución Federal y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo, fracción I, y tercero del Acuerdo General número 1/2023, de 26 de enero de 2023, modificado mediante instrumento normativo el 10 de abril siguiente, toda vez que se plantea un conflicto entre dos Poderes del Estado de Nuevo León en el que no es necesaria la intervención del Tribunal Pleno.

III. PRECISIÓN DE LA LITIS

11. De conformidad con lo dispuesto en la fracción I del artículo 41 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Articulo 105 de la Constitución Federal (la "Ley Reglamentaria"),(8) esta Suprema Corte debe fijar los actos y normas efectivamente cuestionadas en una controversia; obligación que, entre otros aspectos, debe cumplimentarse a través de una valoración integral del escrito inicial de demanda.

12. En ese sentido, esta Primera Sala llega a la convicción de que la materia de la presente controversia constitucional consiste en el oficio ASENL-AEGE-AP41-RSE-1920/2023, emitido el 24 de julio de 2023 por la Directora de Auditoría adscrita a la Auditoría Especial de Gobierno y Organismos Públicos Autónomos de la Auditoría Superior del Estado de Nuevo León, mediante el cual se requiere la comparecencia del C. Erik Cabrera Chapa, adscrito a la Dirección General del DIF.

IV. IMPROCEDENCIA DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL

13. Resulta innecesario el estudio de los presupuestos procesales relativos a la oportunidad en la presentación de la demanda y la legitimación de las partes, toda vez que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VI, de la Ley Reglamentaria;(9) es decir, no se cumple el principio de definitividad para efectos de la controversia constitucional. En suma, el citatorio impugnado proviene de un procedimiento que al momento de la presentación de la demanda –y hasta el día de hoy, conforme al conocimiento que tiene esta Corte del asunto a partir de las constancias del expediente y de hechos notorios– no ha concluido.

14. Esta causal de improcedencia y su aplicabilidad para casos análogos al presente ya ha sido materia de pronunciamiento por parte de las dos Salas de esta Suprema Corte, particularmente en las controversias constitucionales 35/2003 y 85/2003.(10) Ambos precedentes se basan en las jurisprudencias P./J. 12/99 y P./J. 55/2001,(11) en las que se interpretó la causal contemplada en el artículo 19, fracción VI, como un principio de definitividad del que se desprenden tres supuestos que hacen improcedente una controversia:

a) Que exista una vía legalmente prevista para impugnar el acto mediante la cual pudiera ser revocado, modificado o nulificado, para dar solución al conflicto, y que ésta no se haya agotado previamente.

b) Que habiendo hecho valer la vía o medio legal, todavía no se haya dictado resolución, a través de la cual pudiera ser revocado, modificado o nulificado el acto impugnado; y,

c) Que los actos impugnados se hayan emitido dentro de un procedimiento no concluido, esto es, que se encuentre pendiente el dictado de la resolución definitiva que pueda ser impugnada en controversia constitucional.

15. De manera análoga a este asunto, el objeto de impugnación en dichas controversias consistía, entre otras cosas, en oficios por los que el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso de Nayarit citaba a diversos funcionarios del Poder Ejecutivo de esa Entidad Federativa. Para ambas Salas, las controversias resultaron improcedentes por actualizarse el tercer supuesto del principio de definitividad antes descrito; esto es, porque "los actos impugnados provienen de un procedimiento que al momento de presentación de la demanda se encontraba pendiente del dictado de la resolución que lo culminara en forma definitiva y (sic) por tanto, el actor estaba obligado a esperar que esto último aconteciera, para entonces encontrarse en aptitud de acudir a esta vía constitucional."(12)

16. El caso presente sigue la misma lógica. El oficio impugnado forma parte de un procedimiento de fiscalización dentro de un Expediente de Revisión de Situación Excepcional. Conforme a la normativa local, dicho procedimiento está encaminado a que la Auditoría Superior de la entidad pueda determinar si existe una responsabilidad administrativa de los servidores públicos fiscalizados respecto de las denuncias que hayan sido presentadas ante el Congreso de la entidad por diversos hechos,(13) así como para dar cuenta al Congreso local a través de un "Informe de Resultado". En síntesis, el proceso se desarrolla de la siguiente forma:

a) Ante la existencia de alguna de las situaciones planteadas en el citado artículo 39 de la Ley de Fiscalización Superior de la entidad, se podrá presentar una denuncia ante el Congreso local, el cual dará vista a la Auditoría Superior del Estado de Nuevo León para que dé inicio a una revisión de situación excepcional.(14) La Auditoría Superior de la entidad solicitará a las autoridades denunciadas que rindan un informe de Situación Excepcional en un plazo de 15 días hábiles con la finalidad de que se manifiesten sobre la procedencia de la denuncia, así como de las actuaciones que hayan realizado al respecto, o bien, las sanciones que hayan impuesto a aquellos servidores públicos que se encuentren involucrados en la situación denunciada.(15)

b) Los Sujetos de Fiscalización se encuentran obligados a realizar una revisión para elaborar el Informe de Situación Excepcional que la Auditoría Superior del Estado les requiera, sin que dicha revisión interfiera u obstaculice el ejercicio de las funciones o atribuciones que conforme a la ley competa a las autoridades y a los servidores públicos.(16)

c) En relación con lo anterior, para los procedimientos de fiscalización la Auditoría Superior del Estado tendrá acceso a contratos, convenios, documentos, datos, libros, archivos documentales y electrónicos y documentación justificativa y comprobatoria relativa al ingreso, al gasto público y al cumplimiento de los objetivos de los programas de los Entes Públicos, y a toda la documentación e información que manejen, así como de los programas y subprogramas correspondientes para la evaluación de su cumplimiento, y a cualquier información que resulte necesaria para la fiscalización de la Cuenta Pública respectiva.(17) d) Los titulares o representantes de los Entes Públicos, así como los servidores públicos adscritos a ellos debidamente autorizados, deberán proporcionar a la Auditoría Superior del Estado la información y documentos que les sean requeridos para el cumplimiento de la función de fiscalización, debiendo permitir la práctica de las labores de auditoría, visitas e inspecciones en los domicilios, oficinas, locales, bodegas, almacenes y recintos oficiales de las dependencias que integren estas entidades, o de aquellos lugares en donde se requiera verificar la adecuada aplicación de recursos públicos, y en general, de cualquier procedimiento de auditoría o pericial necesario para el cumplimiento de la función de fiscalización.(18)

e) Derivado del informe de situación excepcional, la Auditoría podrá fincar las responsabilidades resarcitorias que procedan, promover las responsabilidades administrativas ante las autoridades competentes, o solicitar que la instancia de control respectiva profundice en la investigación de la denuncia formulada e informe de los resultados obtenidos a la Auditoría.(19)

f) La Auditoría Superior del Estado, de manera previa a la presentación del Informe del Resultado de la revisión, dará a conocer a los titulares de los Sujetos de Fiscalización las observaciones preliminares, a efecto de que éstos, en un plazo improrrogable de 30 días naturales contados a partir del día de su notificación, presenten las justificaciones y aclaraciones que correspondan.(20)

g) Derivado del paso anterior, la Auditoría dará a conocer a los Entes Públicos el resultado del análisis de las justificaciones y aclaraciones a las observaciones preliminares, determinando las que a su juicio quedaron debidamente fundamentadas o no. Esto de manera previa a la presentación del Informe del Resultado correspondiente.(21)

h) La Auditoría Superior dará cuenta con los resultados obtenidos a través del informe de situación excepcional, así como con la información de las sanciones impuestas o promovidas por la Auditoría, en su respectivo Informe de Resultado que envíe al Congreso local.(22)

i) La Auditoría Superior entregará al Congreso o a la Diputación Permanente el respectivo Informe del Resultado derivado de la revisión realizada, lo que se someterá a la consideración del Pleno.(23) Estos Informes de Resultados deben incluir los resultados del Informe de Situación Excepcional y, en su caso, de las sanciones impuestas o promovidas.(24)

j) Una vez entregados por la Auditoría Superior, los Informes del Resultado de la Revisión tendrán el carácter de públicos, para lo cual el Órgano Fiscalizador los publicará de forma inmediata en su portal de Internet, indicando que el contenido de éstos será evaluado por el Congreso con base en el análisis y conclusiones técnicas del documento, por lo que éstas no tienen carácter de definitivas.(25)

k) El Auditor General del Estado, además de rendir el Informe del Resultado, en los casos que del análisis y conclusiones técnicas contenidas en el mismo tenga conocimiento de hechos que pudieran implicar la comisión de un delito, deberá solicitar al Congreso la instrucción para la interposición de la denuncia penal correspondiente. El Congreso deberá resolver lo conducente dentro de los 15 días hábiles siguientes; de no hacerlo así se entenderá como aprobada dicha instrucción.(26)

l) Las Comisiones de Hacienda que correspondan estudiarán el respectivo Informe del Resultado y someterán a votación del Pleno el dictamen del mismo a más tardar en los dos períodos ordinarios de sesiones siguientes a la fecha de recepción del respectivo Informe del Resultado.(27)

17. Hasta donde es del conocimiento de esta Suprema Corte a partir de las constancias que obran en autos y de hechos notorios,(28) el Expediente de Revisión de Situación Excepcional dentro del cual se expidió el oficio combatido continúa en trámite, de modo que la causal de improcedencia señalada es plenamente aplicable. Tal como se razonó en los precedentes de ambas Salas, "de estimar lo contrario, se daría lugar a que se promoviera controversia constitucional contra cada uno de los actos que emitiera el Órgano de Fiscalización [...] previamente a la formulación de su resolución definitiva, lo que desnaturalizaría la esencia de este medio de control constitucional, como vía uninstancial y desvirtuaría el carácter de este Alto Tribunal como único facultado para resolver sobre la constitucionalidad de actos definitivos de las entidades, Poderes u órganos a que se refiere el artículo 105, fracción I, constitucional, que pudieran lesionar la esfera de competencia de alguno de esos mismos sujetos."(29)

18. Con lo anterior no pasamos por alto que en la Controversia Constitucional 86/2008 la Segunda Sala aceptó la procedencia y estudió de fondo la impugnación de un decreto por medio del cual el Congreso de Aguascalientes citaba a comparecer a su recinto a diversos funcionarios del Poder Ejecutivo de la entidad.(30) En concreto, el citatorio era para que diversos titulares de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública del Estado rindieran un informe en relación con un proyecto en particular con el que estaban involucrados.

19. No obstante, el caso presente es distinto. En la Controversia Constitucional 86/2008 el citatorio impugnado no formaba parte de un procedimiento más general que, en conjunto con otros elementos, daría paso a una resolución definitiva conforme a un marco procesal determinado. Más bien, el citatorio era en sí mismo el motivo de la supuesta afectación. En otras palabras, lo que se reclamaba en ese caso consistía en que el Congreso local no podía citar a comparecer a los funcionarios del Poder Ejecutivo local para rendir un informe, por lo que la comparecencia en sí misma sería lo que actualizaría la afectación competencial en caso de que la controversia fuera fundada (no lo fue). Aquí, por el contrario, nos encontramos en medio de un procedimiento de fiscalización que no ha concluido.

20. Ahora bien, si lo anterior no fuera suficiente, también se actualiza el supuesto de improcedencia de cesación de efectos conforme al artículo 19, fracción V, de la Ley Reglamentaria.(31) Si bien la fecha de la presentación de la demanda (7 de agosto de 2023) es anterior a la fecha en que se tenía prevista la comparecencia de funcionario citado (9 de agosto de 2023), en autos consta el escrito de dicho funcionario en el que anuncia que no se presentaría y un oficio en el que se da cuenta de que no se pudo llevar a cabo la entrevista por su ausencia.(32)

21. Es cierto que en el citatorio se apercibe al funcionario con una multa, pero en autos no consta ningún documento que acredite que se haya hecho efectivo. Además, para tan siquiera discutir si esta multa provoca algún tipo de afectación reclamable en controversia constitucional, el Poder actor hubiera tenido que ampliar su demanda respecto al acto en el que se haya hecho efectivo el apercibimiento y, concomitantemente, esta ampliación tendría que ser admisible bajo los presupuestos procesales de una controversia constitucional. En el caso, sin embargo, no se promovió ninguna ampliación, por lo que es claro que se debe sobreseer la presente controversia constitucional.

V. DECISIÓN

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

ÚNICO. Se sobresee la presente controversia constitucional.

Notifíquese; haciéndolo por oficio a las partes y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.

Así lo resolvió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por unanimidad de cinco votos de los señores Ministros y las señoras Ministras Loretta Ortiz Ahlf, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Ana Margarita Ríos Farjat, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena (Ponente) y Presidente Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien está con el sentido pero se separa de los párrafos 20 y 21.

Firman el Ministro Presidente de la Primera Sala y el Ministro Ponente con el Secretario de Acuerdos, que autoriza y da fe.

PRESIDENTE DE LA PRIMERA SALA

MINISTRO JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO

PONENTE

MINISTRO ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA

SECRETARIO DE ACUERDOS DE LA PRIMERA SALA

RAÚL MENDIOLA PIZAÑA

Esta hoja corresponde a la Controversia Constitucional 402/2023, fallada en sesión de 25 de septiembre de 2024. CONSTE.-

En términos de lo previsto en los artículos 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como en el acuerdo General 11/2017, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado el dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete en el Diario Oficial de la Federación, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

________________

1. Oficio ASENL-UAJ-256/2024, emitido por el Auditor Especial de Municipios, ostentándose como encargado de la Auditoría Superior del Estado de Nuevo León.

2. Artículo 116. El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo.

Los poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con sujeción a las siguientes normas: [...]

II. [...]

Las legislaturas de los estados contarán con entidades estatales de fiscalización, las cuales serán órganos con autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, en los términos que dispongan sus leyes. La función de fiscalización se desarrollará conforme a los principios de legalidad, imparcialidad y confiabilidad. Asimismo, deberán fiscalizar las acciones de Estados y Municipios en materia de fondos, recursos locales y deuda pública. Los informes de auditoría de las entidades estatales de fiscalización tendrán carácter público.

3. Artículo 11. La Auditoría Especia

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/200965-6b45ef79/i-controversia-constitucional-sobreseimiento-cuando-los-actos-impugnados · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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