I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CONTRA ACTOS DE LOS ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS DE ESA ENTIDAD, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 105, FRACCIÓN I, INCISO K), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA QUE OSTENTE EL CARGO DE GOBERNADOR DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA. III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN TIENE LEGITIMACIÓN PASIVA, AL HABER EMITIDO EL OFICIO RECLAMADO. IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA TITULAR DE LA VICEFISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE ÉSTA (ARTÍCULO 110 DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN). V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA PUEDE HACERSE EN CUALQUIER ETAPA DEL PROCEDIMIENTO SIEMPRE Y CUANDO SEA EXPRESO Y SE REFIERA A ACTOS Y NO A NORMAS GENERALES. VI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CONDICIONES PARA LA PROCEDENCIA DEL SOBRESEIMIENTO POR DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA. VII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR DESISTIMIENTO EXPRESO DE LA PARTE ACTORA CUANDO NO SE IMPUGNEN NORMAS GENERALES (OFICIO FEIF-2024-OP/000004, EMITIDO POR LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN A TRAVÉS DE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN INTELIGENCIA FINANCIERA, EL CUAL CONTIENE LA ORDEN DADA A LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN RESPECTO DE LA TRANSFERENCIA DE DOCUMENTACIÓN, EXPEDIENTES, CONTRATOS, ORGANIGRAMAS, RELACIÓN DE CONVENIOS Y DENUNCIAS).
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 111/2024. PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. 15 DE ENERO DE 2025. CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS YASMÍN ESQUIVEL MOSSA, ALBERTO PÉREZ DAYÁN, LENIA BATRES GUADARRAMA Y JAVIER LAYNEZ POTISEK. PONENTE: MINISTRO ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIA: EDITH GUADALUPE ESQUIVEL ADAME.
ÍNDICE TEMÁTICO
Acto impugnado:
El oficio FEIF-2024-OP/000004, emitido por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León a través de la Fiscalía Especializada en Inteligencia Financiera el cual contiene la orden dada a la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León respecto de la transferencia de documentación, expedientes, contratos, organigramas, relación de convenios y denuncias.
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Ciudad de México. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al quince de enero de dos mil veinticinco, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la controversia constitucional 111/2024, promovida por el Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León, contra la Fiscalía General de Justicia del referido Estado.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE
1. Demanda. Por escrito presentado el ocho de marzo de dos mil veinticuatro, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Samuel Alejandro García Sepúlveda, en su carácter de titular del Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León, promovió controversia constitucional en contra de la Fiscalía General de Justicia de la misma entidad federativa, en la que impugna lo siguiente:
“El oficio FEIF-2024-OP/000004, realizado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León a través de la Fiscalía Especializada en Inteligencia Financiera, el cual contiene la orden dada a la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León respecto de la transferencia de documentación, expedientes, contratos, organigramas, relación de convenios y denuncias”.
2. Preceptos constitucionales que se estiman violados. La parte actora señaló como preceptos violados los artículos 16, 49, 116 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
3. Concepto de invalidez. El actor argumentó lo que a continuación se resume:
• La Fiscalía Especializada en Inteligencia Financiera de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León excede las competencias que la ley otorga y con ello afecta la independencia del Poder Ejecutivo, lo cual vulnera los principios de la división de poderes y de supremacía constitucional, establecidos tanto en los artículos 16, 49, 116 y 133 de la Constitución Federal, como en el numeral 125 de la Constitución estatal.
• La Fiscalía Especializada en Inteligencia Financiera no se encuentra facultada para solicitar la información de expedientes concluidos por lo que su actuar contraviene lo dispuesto en el artículo Sexto Transitorio del Decreto Número 196 publicado en el Periódico Oficial de Nuevo León el doce de febrero de dos mil veinticuatro, el cual delimita la competencia de la mencionada Fiscalía.
• La Fiscalía al solicitar información relativa a expedientes concluidos, se estaría entrometiendo en asuntos que corresponden a otro poder, específicamente al Ejecutivo, con lo que se rompe el equilibrio entre los poderes del Estado. Aunque en la práctica la división de poderes no es rígida, existe un régimen de cooperación y coordinación entre ellos, que busca evitar el abuso del poder y asegurar el cumplimiento de la ley en beneficio del Estado.
• Las acciones de la Fiscalía General del Estado de Nuevo León, a través de la Fiscalía Especializada en Inteligencia Financiera, transgreden los principios fundamentales de la división de poderes y la supremacía constitucional, establecidos en los artículos 116 y 133 de la Constitución Federal, y los artículos 62, 124, 125, fracción XIX, y 215 de la Constitución estatal, al realizar un requerimiento que excede su esfera de competencia.
• La Fiscalía Especializada en Inteligencia Financiera indebidamente funda su actuar en el artículo Sexto Transitorio del Decreto Número 196 publicado en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León el doce de febrero de dos mil veinticuatro, no obstante que éste establece que los asuntos que se encuentran en trámite pasarán a ser parte de su competencia y, por tanto, no puede conocer de los asuntos concluidos, los que deben permanecer en los archivos de la Secretaría de Finanzas y de la Tesorería General del Estado de Nuevo León, por lo que al realizar el requerimiento se excede en sus facultades y no respeta el principio de división de poderes, vulnerando las atribuciones del Poder Ejecutivo.
• En ese sentido, la Fiscalía invade competencias que corresponden a otro poder, lo que podría generar un daño irreparable en las relaciones entre los órganos del Estado. Este tipo de intromisión podría socavar la autonomía de las instituciones y dar lugar a un precedente peligroso en cuanto a la separación de poderes y el respeto a las facultades de cada entidad gubernamental.
4. Contestación a la demanda. Por acuerdo de veintisiete de mayo de dos mil veinticuatro, se tuvo por contestada la demanda por Pedro José Arce Jardón, Vicefiscal Jurídico, Encargado del Despacho de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, en representación de la indicada Fiscalía General, oficio en el cual se argumentó lo que a continuación se resume:
• El Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León controvierte la legalidad del oficio FEIF-2024-OP/000004 a través del cual se solicitó la entrega de los archivos concluidos por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica, sin que de sus argumentos se advierta la existencia de un conflicto competencial de orden constitucional por invasión de esferas.
• No se plantea un conflicto por invasión de competencia, sino que pretende que el Alto Tribunal revise la solicitud realizada por la Fiscalía Especializada en Inteligencia Financiera en el oficio referido, y si ésta es apegada a sus facultades en el marco de la legalidad.
• La solicitud de documentación por parte de la Fiscalía Especializada en Inteligencia Financiera no transgrede el principio de legalidad y tampoco se traduce en un exceso en el ejercicio de sus funciones.
• Argumenta que conforme a lo dispuesto por los artículos 26 y 158, párrafos primero y segundo, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León; 1, 2, fracción VII, 10, fracción VI, Bis 1, 33 Bis y 33 Bis 1, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, la Fiscalía Especializada en Inteligencia Financiera, realizó el requerimiento de la documentación señalada en el oficio impugnado, fundamentándose en las disposiciones legales que le atribuyen competencia para investigar delitos especiales, así como en el artículo sexto transitorio del Decreto número 196 publicado el doce de febrero de dos mil veinticuatro, en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León.
• La documentación requerida resulta indispensable para toda investigación de delitos financieros y fiscales, por lo que los asuntos relacionados con el objeto de la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica dependiente de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, así como de la Unidad Especializada en Inteligencia Patrimonial y Económica de la Fiscalía General de Justicia del Estado, que se encuentren en trámite, las controversias y juicios en las que las mismas sean partes, pasarán a la competencia de la Fiscalía Especializada en Inteligencia Financiera.
• Además, en atención a lo establecido en el artículo 215 del Código Nacional de Procedimientos Penales, todo servidor público está obligado a entregar al Ministerio Público toda la información que éste requiera, por lo que al no entregarse la documentación requerida mediante el oficio impugnado, las investigaciones por parte de la Fiscalía Especializada corren el riesgo de ser infructíferas.
• Resulta incongruente lo argumentado por el Poder Ejecutivo de la entidad, toda vez que mediante el oficio PF-CGJ/975/2024 de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León, se reconoció que la única autoridad competente en la materia es la Fiscalía Especializada en Inteligencia Financiera.
• No le asiste la razón al Poder Ejecutivo del Estado al afirmar que la Fiscalía Especializada en Inteligencia Financiera no es competente para solicitar los archivos concluidos con los que cuenta la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica dependiente de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León, ya que su actuación se dio en el marco del artículo 21 de la Constitución Federal y los diversos 26 y 158 de la Constitución local.
5. Trámite y admisión. La Ministra Presidenta de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante proveído de once de marzo de dos mil veinticuatro, ordenó formar y registrar el expediente relativo bajo el número de controversia constitucional 111/2024, y lo turnó al Ministro Alberto Pérez Dayán.
6. Posteriormente, el Ministro instructor por acuerdo de veinte de marzo de dos mil veinticuatro, admitió a trámite la demanda; reconoció el carácter de demandada a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, y la requirió para que, al contestar la demanda, enviara copia certificada de las documentales relacionadas con el oficio impugnado.
7. De igual forma, ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal para que manifestaran lo que a su representación correspondiera.
8. Opinión de la Fiscalía General de la República. La Fiscalía General de la República se abstuvo de formular pedimento, y no expresó manifestación alguna.
9. Audiencia. Substanciado el procedimiento en la controversia constitucional, el veintiséis de junio de dos mil veinticuatro, se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, en la que, en términos del diverso 34, de la propia ley, se hizo relación de los autos, se tuvieron por exhibidas y admitidas las pruebas ofrecidas, por presentados los alegatos y se puso el expediente en estado de resolución.
10. Cierre de instrucción. En auto de veintisiete de junio de dos mil veinticuatro el Ministro instructor dictó auto de cierre de instrucción.
11. Avocamiento. Previo dictamen del Ministro Instructor en acuerdo de cinco de diciembre de dos mil veinticuatro, se ordenó remitir el expediente a la Segunda Sala de este Alto Tribunal para su radicación y resolución, por lo que en proveído de doce de diciembre de dos mil veinticuatro, el Presidente de la Segunda Sala ordenó que ésta se avocara al conocimiento del asunto.
I. COMPETENCIA
12. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 21, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y los puntos segundo, fracción I, párrafo primero, y tercero, del Acuerdo General Número 1/2023, de tres de febrero de dos mil veintitrés, al resultar innecesaria la intervención del Tribunal Pleno.
II. PRESUPUESTOS PROCESALES
13. A continuación, se analizan éstos, comenzando por la oportunidad.
14. El oficio FEIF-2024-OP/000004 combatido fue recibido por la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León en fecha veintinueve de febrero de dos mil veinticuatro.
15. Ahora, el artículo 21, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(1) dispone que el plazo para la presentación de la demanda será, tratándose de actos u omisiones, de treinta días contados a partir del día siguiente al en que conforme a la ley del propio acto surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame; al en que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o al en que el actor se ostente sabedor de los mismos.
16. Como ya se precisó, en el caso, el oficio impugnado fue recibido por el Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León, a través de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León, el veintinueve de febrero de dos mil veinticuatro, por lo que el plazo referido transcurrió del día uno de marzo al dieciocho de abril de dos mil veinticuatro, descontando los días dos, tres, nueve, diez, dieciséis, diecisiete, dieciocho, veintiuno, veintitrés, veinticuatro, veintisiete al treinta y uno de marzo, seis, siete, trece y catorce de abril de dos mil veinticuatro, de conformidad con los artículos 2 y 3 de la Ley Reglamentaria, en relación con el 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y del Acuerdo General 18/2013 del Tribunal Pleno.
17. Luego, si la demanda de controversia constitucional se presentó en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ocho de marzo de dos mil veinticuatro, es claro que su presentación resultó oportuna.
18. A continuación, se procede al examen de la legitimación de las partes.
19. Por lo que hace a la legitimación activa el artículo 105, fracción I, inciso k), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé que esta Suprema Corte conocerá, en los términos que señale la Ley Reglamentaria, de las controversias constitucionales que se susciten entre un órgano autónomo de una entidad federativa y el Poder Ejecutivo de esa entidad federativa, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales.(2)
20. Por su parte, los diversos 10, fracción I y 11, primer párrafo de la Ley Reglamentaria(3) señalan que tendrá el carácter de actor, la entidad, poder u órgano que promueva la controversia; y que deberá comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de la norma que lo rige, estén facultados para representarlo; así como que, en todo caso, se presumirá que quien comparezca a juicio goza de la representación legal y cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario.
21. En el sumario, la demanda fue suscrita por Samuel Alejandro García Sepúlveda, titular del Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León, quien acreditó su personalidad con la copia certificada de las publicaciones del cuatro de octubre de dos mil veintiuno, del Periódico Oficial del Estado de Nuevo León de los Decretos 007 y 008, los cuales hacen referencia a la protesta de ley de Samuel Alejandro García Sepúlveda como gobernador del Estado de Nuevo León, y a su respectiva declaración como gobernador electo; las cuales adjuntó al escrito inicial.
22. En relación con la legitimación pasiva, la tiene la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, ya que conforme a los artículos 10, fracción II,(4) y 11, párrafo primero,(5) de la Ley Reglamentaria, serán demandados en las controversias constitucionales las entidades, poderes u órganos que hubiesen emitido y promulgado la norma general o pronunciado el acto impugnado, los cuales deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos.
23. En ese sentido, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, compareció a contestar la demanda a través de Pedro José Arce Jardón, en su carácter de Vicefiscal Jurídico, Encargado de Despacho de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León,(6) quien acreditó su personalidad con copia certificada del oficio 2411-D/2021, suscrito por el Fiscal General de Justicia del Estado de Nuevo León en aquel entonces, Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez.
24. Aunado a que en términos de lo dispuesto en el artículo 110 del Reglamento Interno de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, se prevé que la ausencia del Fiscal General podrá ser cubierta por la persona titular de la Vicefiscalía Jurídica.
25. Por ende, la autoridad demandada tiene legitimación pasiva para comparecer al juicio, ya que a ésta se le atribuye el acto impugnado y ha quedado demostrado que el funcionario que comparece cuenta con facultades para representarla.
III. SOBRESEIMIENTO POR DESISTIMIENTO
26. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que resulta innecesario analizar la posible actualización de causales de improcedencia y, más aún, examinar los conceptos de invalidez, dado que la parte accionante se ha desistido de la controversia constitucional.
27. Conforme al artículo 105, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las controversias constitucionales pueden ser promovidas por los entes legitimados que esa porción normativa enlista, pues es a ellos a quienes corresponde el impulso procesal para promover el medio de defensa; lo que revela que el derecho a que el medio de defensa continúe hasta su total resolución, lo tiene la parte que lo promovió y responde exclusivamente al interés que ésta tiene en continuar con su tramitación y la aceptación de sus consecuencias.
28. Al mismo tiempo, ese presupuesto procesal otorga la posibilidad jurídica de que el ente promovente tenga la prerrogativa de renunciar al ejercicio de su acción en el momento en que lo considere conveniente a sus intereses, teniendo el deber este Alto Tribunal de aceptar esa renuncia expresa. Esto es, el accionante está en aptitud de retirar el medio de defensa extraordinario en cualquier momento, por una mera declaración de su voluntad, clara y fehaciente; por lo que, anulado de manera manifiesta e indubitable el acto de voluntad de promoción de la controversia constitucional, el órgano jurisdiccional queda eximido de su obligación de examinar las pretensiones planteadas y resolver lo que en derecho proceda, cuando se satisfagan las exigencias a que se refiere el artículo 20, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dice:
Artículo 20. El sobreseimiento procederá en los casos siguientes:
I. Cuando la parte actora se desista expresamente de la demanda interpuesta en contra de actos, sin que en ningún caso pueda hacerlo tratándose de normas generales (...).
29. Al respecto, el Tribunal Pleno, mediante la jurisprudencia de rubro: "CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. EL DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA PUEDE HACERSE EN CUALQUIER ETAPA DEL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE Y CUANDO SEA EXPRESO Y SE REFIERA A ACTOS Y NO A NORMAS GENERALES",(7) ha establecido que la voluntad de abandonar la acción procesal puede expresarse en cualquier etapa de la sustanciación del juicio siempre que, desde luego, no se haya emitido la sentencia respectiva.
30. Asimismo, a través de la jurisprudencia de rubro: "CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. CONDICIONES PARA LA PROCEDENCIA DEL SOBRESEIMIENTO POR DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA",(8) ha sostenido que el desistimiento únicamente procede cuando la persona que se desista de la demanda en nombre de la entidad, poder u órgano de que se trate: a) Esté legitimada para representarlo en términos de las leyes que lo rijan, b) Ratifique su voluntad ante un funcionario investido de fe pública; y c) Cuando no se hayan impugnado normas de carácter general.
31. En el caso se cumplen las tres condiciones anunciadas.
32. En efecto, el escrito de desistimiento fue signado por el Consejero Jurídico del Gobernador del Estado de Nuevo León, quien es el funcionario encargado de su representación legal durante la sustanciación y resolución de las controversias constitucionales en los términos exigidos por la jurisprudencia del Tribunal Pleno de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PRESUNCIÓN LEGAL DE LA REPRESENTACIÓN PARA PROMOVERLA NO OPERA PARA EFECTOS DE SU DESISTIMIENTO",(9) según se desprende de los artículos 21, fracción IV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Nuevo León y 7, fracción XII, del Reglamento Interior de la Consejería Jurídica del Gobernador del Estado de Nuevo León, que dicen:
Artículo 21. La persona titular del Poder Ejecutivo contará con las siguientes Unidades Administrativas: [...]
IV. Consejería Jurídica; [...]
Artículo 7. Para la atención y el despacho de los asuntos establecidos en el artículo 34 de la Ley Orgánica para el Estado de Nuevo León, el Consejero tendrá las siguientes atribuciones: [...]
XII. Efectuar las acciones pertinentes para representar al Gobernador del Estado en las acciones y controversias a que se refiere el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los medios de control de la constitucionalidad local; [...]
33. Asimismo, dicho servidor público expresó claramente la intención de desistirse de la controversia constitucional, pues en la promoción respectiva indicó que "Por medio del presente escrito ocurro a solicitar desistimiento de la controversia constitucional 111/2024, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar dentro de la controversia constitucional en que se actúa, esto por así convenir a los intereses del Ejecutivo del Estado de Nuevo León que en este acto represento".
34. Más aún, ese desistimiento fue ratificado por dicho funcionario, ya que, como la Actuaria adscrita a esta Segunda Sala hizo constar en el acta de catorce de enero de la presente anualidad, compareció para expresar que "en este acto ratifica el contenido y firma del escrito presentado electrónicamente el nueve de enero de dos mil veinticinco y registrado con el folio 124–SEPJF, por medio del cual desiste de la controversia constitucional 111/2024", identificándose con su credencial vigente expedida por el Instituto Nacional Electoral con clave CRFNUL74040619H700.
35. Finalmente, es de destacarse, en el caso, la parte accionante impugnó lo siguiente:
“El oficio FEIF-2024-OP/000004, realizado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León a través de la Fiscalía Especializada en Inteligencia Financiera, el cual contiene la orden dada a la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León respecto de la transferencia de documentación, expedientes, contratos, organigramas, relación de convenios y denuncias”.
36. De ahí que es claro que no se impugnaron normas de carácter general.
37. Además, se aclara que la celebración de la audiencia prevista en los artículos 29 y 34 de la Ley Reglamentaria no es obstáculo para la procedencia del desistimiento en la controversia constitucional, ya que este último puede manifestarse en cualquiera de las etapas del juicio, atendiendo a que, como se ha expuesto, ese medio de defensa se sigue a instancia de parte, es decir, de cualquiera de los entes, poderes u órganos a que se refiere el artículo 105, fracción I, de la Constitución Federal.
38. De lo hasta aquí expuesto, se desprende que existe manifestación fehaciente, clara y precisa de la parte accionante de renunciar a su derecho a que continúe la controversia constitucional, la cual quedó ratificada antes de que el asunto fuera fallado, respecto de actos impugnados que no constituyen normas generales.
IV. DECISIÓN
39. Por tanto, con fundamento en el artículo 20, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dado el efecto jurídico generado por el desistimiento, se impone sobreseer en la controversia constitucional.
Por lo expuesto y fundado, esta Segunda Sala resuelve:
PRIMERO. Se tiene por desistida a la parte accionante.
SEGUNDO. Se sobresee en la controversia constitucional.
Notifíquese; haciéndolo por medio de oficio a las partes y, en su oportunidad, devuélvase el expediente a la Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y de Acciones de Inconstitucionalidad para los efectos legales a que haya lugar.
Así lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cuatro votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa, Alberto Pérez Dayán (ponente), Lenia Batres Guadarrama y Presidente Javier Laynez Potisek.
Firman el Ministro Presidente de la Segunda Sala y el Ministro Ponente, con la Secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe.
En términos de lo previsto en los artículos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como en el Acuerdo General 11/2017, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado el dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete en el Diario Oficial de la Federación, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.
________________
1. Artículo 21. El plazo para la interposición de la demanda será:
I. Tratándose de actos u omisiones, de treinta días contados a partir del día siguiente al en que conforme a la ley del propio acto surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame; al en que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o al en que el actor se ostente sabedor de los mismos;
(...)”.
2. “Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:
I. De las controversias constitucionales que, sobre la constitucionalidad de las normas generales, actos u omisiones, con excepción de las que se refieran a la materia electoral, se susciten entre:
(...).
k) Dos órganos constitucionales autónomos de una entidad federativa, y entre uno de éstos y el Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo de esa entidad federativa;
(...)”.
3. “Artículo 10. Tendrán el carácter de parte en las controversias constitucionales:
I. Como actor, la entidad, poder u órgano que promueva la controversia;
(...)”.
“Artículo 11. El actor, el demandado y, en su caso, el tercero interesado deberá comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos. En todo caso, se presumirá que quien comparezca a juicio goza de la representación legal y cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario.
4. “Artículo 10. Tendrán el carácter de parte en las controversias constitucionales: (...).
II. Como demandada o demandado, la entidad, poder u órgano que hubiere emitido y promulgado la norma general, pronunciado el acto o incurrido en la omisión que sea bajo objeto de la controversia; (...)”.
5. “Artículo 11. El actor, el demandado y, en su caso, el tercero interesado deberá comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos. En todo caso, se presumirá que quien comparezca a juicio goza de la representación legal y cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario (...).
6. “Artículo 110. La ausencia del Fiscal General por un periodo menor a treinta días será cubierta por quien éste designe mediante oficio o, en su defecto, por la persona titular de la Vicefiscalía del Ministerio Público y, a falta o excusa de ésta, por quien ejerza la titularidad de la Vicefiscalía Jurídica. Cuando la ausencia exceda de treinta (...)”.
7. Jurisprudencia P./J. 54/2005 publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXII, Julio de dos mil cinco, página novecientos diecisiete, registro digital 178008.
8. Jurisprudencia P./J. 113/2005 consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXII, Septiembre de dos mil cinco, página ochocientos noventa y cuatro, registro digital 177328.
9. Jurisprudencia P./J. 40/2008 publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVIII, Septiembre de dos mil ocho, página seiscientos treinta y tres, registro digital 168960.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/201007-3f73a875/i-controversia-constitucional-el-poder-ejecutivo-del-estado · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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