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Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL ACTOR DEBE SEÑALAR EN SU DEMANDA DE MANERA ESPECÍFICA LOS ACTOS Y NORMAS QUE IMPUGNE Y NO REALIZAR UNA MANIFESTACIÓN GENÉRICA O IMPRECISA DE ELLOS (ASEGURAMIENTO SOBRE UN BIEN INMUEBLE DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN). II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. REQUISITOS, OBJETO Y FINALIDAD DE LAS PROMOCIONES PRESENTADAS POR CORREO MEDIANTE PIEZA CERTIFICADA CON ACUSE DE RECIBO (ASEGURAMIENTO SOBRE UN BIEN INMUEBLE DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN). III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR EXTEMPORANEIDAD AL TENER CONOCIMIENTO DEL ACTO IMPUGNADO CON ANTERIORIDAD (ASEGURAMIENTO SOBRE UN BIEN INMUEBLE DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN).

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 220/2017. · Registro digital (IUS): 200425
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, ESTADO DE NUEVO LEÓN.
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Sistema de Precedentes en Controversias Constitucionales y en Acciones de Inconstitucionalidad

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 220/2017. MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, ESTADO DE NUEVO LEÓN. VEINTICUATRO DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, JAVIER LAYNEZ POTISEK, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS Y EDUARDO MEDINA MORA I. EL MINISTRO JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS EMITIÓ SU VOTO CON RESERVAS. AUSENTE LA SEÑORA MINISTRA MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS. PONENTE: MINISTRO. EDUARDO MEDINA MORA I. SECRETARIO: ETIENNE LUQUET FARÍAS

Ciudad de México. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la sesión del veinticuatro de enero de dos mil dieciocho.

VISTOS; y,

RESULTANDO:

1.PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito depositado en la oficina de correos de San Pedro Garza García, Nuevo León, el uno de julio de dos mil diecisiete y recibido el trece de julio siguiente en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Mauricio Fernández Garza y María Diamantina Alcalá Fernández, en su carácter de Presidente Municipal y Síndico Segunda del Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, promovieron controversia constitucional en la que se demandó del Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León lo siguiente:

a.La orden de aseguramiento materializada sobre el bien inmueble de dominio público de propiedad municipal sujeto a régimen de uso común dictada en la carpeta de investigación 205/2017-UIMTY-PNV01, el veinte de mayo de dos mil diecisiete.(1)

b.El inminente dictado y ejecución de la orden de entregar o devolver el referido bien inmueble.

c.La omisión de investigar y dilucidar la veracidad de los hechos, con base en los cuales se dictó y ejecutó la medida de aseguramiento.

d.La orden de desconocer y privar de eficacia jurídica el procedimiento y los actos administrativos iniciados y dictados por las autoridades municipales de San Pedro Garza García, para la recuperación del control y administración del inmueble objeto de la referida carpeta de investigación, a través del dictado de la medida de aseguramiento.

e.Todas las consecuencias materiales y jurídicas directas o indirectas, que de hecho y derecho deriven de los actos cuya invalidez se demanda.

2.SEGUNDO. Antecedentes. En la demanda se señalaron como antecedentes del caso los siguientes:

3.Como resultado del cumplimiento de la obligación legal de determinadas personas morales, de ceder al Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, el 15% (quince por ciento) de la superficie total de un terreno con fines de urbanización, el Municipio promovente adquirió el bien inmueble objeto de la orden de aseguramiento cuya invalidez se demanda y lo destinó a la conformación de áreas verdes y otros usos públicos.

4.Al momento de su adquisición, dicho inmueble fue puesto dentro de la categoría de “bien inmueble de dominio público municipal de uso común”, de manera que podía ser aprovechado por todos los habitantes de la municipalidad con las restricciones pertinentes.

5.El treinta de junio de mil novecientos setenta y uno, el entonces Presidente Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León, celebró contrato de arrendamiento respecto del terreno descrito, con un Club Deportivo, otorgándole a éste, la calidad de arrendatario, por un periodo de veinticinco años, cuyo vencimiento ocurriría el treinta de junio de mil novecientos noventa y seis.

6.El diecisiete de diciembre de mil novecientos noventa y dos, se llevó a cabo un contrato de comodato con el citado Club Deportivo, con vencimiento del dieciséis de enero de mil novecientos noventa y siete.

7.Posteriormente, en sesión de cabildo de dieciséis de mayo de mil novecientos noventa y ocho, el Ayuntamiento de San Pedro Garza García, aprobó renovar el contrato de comodato, por un plazo de tres años, en favor del Club.

8.Sin embargo, en sesión de cabildo de dos de junio de mil novecientos noventa y ocho, al aprobarse por unanimidad el acta de la sesión extraordinaria de fecha dieciséis de mayo de mil novecientos noventa y ocho, se hizo una corrección a efecto de determinar que se sustituiría la figura de “comodato” por la de “concesión de uso”.

9.El veintisiete de marzo de dos mil tres, se firmó nuevo contrato de “concesión de uso”, el cual concluyó el veintisiete de mayo de dos mil cuatro, con la condición pactada por ambas partes, de que al término de la vigencia del contrato, el bien inmueble concesionado se revertía de pleno derecho al control y administración del Municipio.

10.Al no haber sido restituido el bien, se dio inicio a un procedimiento administrativo bajo el número de expediente 33/01, del índice de la Dirección de Patrimonio perteneciente a la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal, a través del cual, se determinó entregar el inmueble al Municipio. Como consecuencia de lo anterior, el Club Deportivo promovió juicio de amparo, el cual fue sobreseído.

11.Inconforme con la resolución, el Club Deportivo interpuso recurso de revisión, del cual conoció el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, bajo el número 32/2016.

12.Concluido el juicio de amparo referido y con base en las consideraciones expuestas dentro del procedimiento administrativo, seguido en el referido expediente 33/01, mediante acuerdo de dieciocho de mayo del año dos mil diecisiete, el Municipio ordenó la recuperación del terreno.

13.Como parte del cumplimiento de la orden de recuperación mencionada con antelación, varios elementos de Seguridad Pública del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, quedaron comisionados dentro y fuera del bien inmueble a fin de resguardar el mismo y proteger los bienes muebles que permanecían en su interior.

14.Como consecuencia de lo anterior, el diecinueve de mayo de dos mil diecisiete, se interpuso denuncia en contra de quien resultare responsable del delito de despojo, que diera origen a la carpeta de investigación 0205/2017-UIMTY-PNV01 y se solicitó se procediera de inmediato al aseguramiento del inmueble.

15.En ese contexto, el veinte de mayo de dos mil diecisiete, el Procurador General de Justicia del Estado de Nuevo León, asistido por diversos Agentes del Ministerio Público y otros funcionarios de la Procuraduría, de manera sorpresiva, temeraria y arbitraria, procedió a materializar los actos cuya invalidez se demanda, sin notificar a la representación legal del Municipio de San Pedro Garza García la causa legal del procedimiento que derivó en el aseguramiento del bien inmueble objeto de la controversia. Para ello, ordenó designar elementos que se constituyeran en el inmueble para brindar seguridad al personal de la Procuraduría y procedieran al acordonamiento perimetral y aseguramiento del mismo.

16.TERCERO. Conceptos de Invalidez. El Municipio de San Pedro Garza García, esgrimió en síntesis los siguientes argumentos de invalidez:

17.La Procuraduría del Estado emitió una orden de aseguramiento materializada sobre el bien inmueble de dominio público de propiedad municipal sujeto a régimen de uso común, ubicado en la Calle Monte Palatino No. 120, Colonia Fuentes del Valle, en el Municipio de San Pedro Garza García, la cual fue dictada en la carpeta de investigación 205/2017-UIMTY-PNV01, integrada con motivo de una denuncia interpuesta por el delito de despojo de un terreno que ocupaba el “Club Deportivo Pumas A.C.”

18.Sin embargo, los órganos de gobierno municipales en todo momento actuaron en el ámbito de sus atribuciones para recuperar la administración y control del bien inmueble objeto de la orden de aseguramiento.

19.Es así que el Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León se extralimitó en el ejercicio de sus funciones y violentó las garantías de certeza y seguridad jurídica, al desconocer las acciones llevadas a cabo por las autoridades municipales en el ámbito de sus atribuciones.

20.Al resolver la controversia constitucional 78/2003, la Suprema Corte de Justicia, determinó que el equilibrio institucional debe prevalecer en el sistema federal, mientras que en la diversa controversia constitucional 41/2006, refirió que, para que un órgano ejerza ciertas funciones, resulta necesario que así lo disponga la Constitución Federal expresamente o que aquéllas resulten estrictamente necesarias para hacer efectivas las facultades que le son exclusivas por efectos de la propia Constitución.

21.Además, mediante controversia constitucional 35/2000, la Suprema Corte de Justicia manifestó que el artículo 116 constitucional, de manera implícita prescribe tres mandatos prohibitivos dirigidos a los poderes públicos de las entidades federativas respecto del principio de división de poderes: (i) la no intromisión; (ii) la no dependencia y, (iii) la no subordinación de cualquiera de los poderes respecto de los otros.

22.Sin embargo, de manera contraria a lo que determina la Constitución Federal, en el caso, el Poder Ejecutivo de Nuevo León, decidió desconocer el procedimiento administrativo seguido por los órganos de la autoridad municipal competentes en el ámbito de sus atribuciones, bajo el argumento de llevar a cabo funciones de investigación de un supuesto delito de despojo.

23.No obstante, de la interpretación sistemática, teleológica y funcional de los artículos 115, fracción II, párrafos primero, segundo y tercero, incisos a) y b) constitucionales; 1º, 2º, 15, 28, fracciones VIII, X y XII, 33, fracciones I, inciso b); II, inciso a); IV, inciso b) a inciso j); 37, fracciones III, IV, VIII y IX; 164; 165, fracción IV, 172, 207, último párrafo y demás relativos de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, así como de los artículos 1º, 2º, 7º, 8º, 9º y 14 del Reglamento para la Conservación y Protección de los Bienes de Propiedad Municipal de San Pedro Garza García, se desprende que es el Gobierno Municipal, el único que puede administrar, controlar y vigilar el destino de los bienes de dominio público municipal.

24.En el caso no existen evidencias que justifiquen el inicio de una investigación penal que implique el aseguramiento del inmueble controvertido, por lo que resulta evidente que la investigación penal y el acto reclamado, obedecen a la intención del Poder Ejecutivo local de obtener control del bien en cuestión.

25.Cabe tomar en consideración, que la supuesta comisión del delito de despojo fue denunciada un día antes de que se dictara y ejecutara la orden de aseguramiento que se impugna, sin que se hiciera del conocimiento del Municipio la existencia de la denuncia ni los elementos de prueba que motivaron el inicio de la investigación y el aseguramiento cuya invalidez se demanda.

26.Resulta prácticamente imposible que la Procuraduría General de Justicia del Estado hubiera podido recabar los datos de prueba y evidencia idóneos para justificar y acreditar la existencia de los elementos de hecho a efecto de que procediera de manera justificada el aseguramiento del bien inmueble, por lo que, con el actuar del Ejecutivo local, se dejó en estado de indefensión al Municipio actor.

27.Las autoridades estatales vulneraron el artículo 16, párrafo primero constitucional, que establece que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandato escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.

28.En el caso, ninguna de las autoridades estatales cuenta con jurisdicción o competencia material para declarar la nulidad o invalidez de los actos administrativos emitidos por el Director de Patrimonio del Municipio de San Pedro Garza García.

29.El contrato administrativo de concesión de uso temporal de la superficie de terreno de dominio público municipal objeto de la orden de aseguramiento, constituye el último de una serie de actos que se encuentra sujeto al escrutinio del Tribunal de Justicia Administrativa por vía de juicio administrativo y de los Tribunales Federales por vía de amparo. Por tanto, resulta evidente que los órganos subordinados del Poder Ejecutivo local, no tienen jurisdicción ni competencia constitucional para desconocer la validez o eficacia de los actos administrativos que dictan y ejecutan los órganos de autoridad que integran la administración pública del Municipio de San Pedro Garza García.

30.Cabe destacar, que la asociación civil que se ostenta como víctima del despojo (Club Deportivo Pumas), no ha demostrado ante las autoridades de amparo ni ante las autoridades de San Pedro Garza García, que cuenta con un título que le permita poseer el inmueble.

31.Por último, debe tomarse en consideración, que los actos cuya invalidez se demanda no reúnen los requisitos formales que la Constitución Federal establece para propiciar un ámbito de certeza y seguridad jurídica, de manera que debe declararse inconstitucional.

32.CUARTO. Artículos constitucionales que se aducen violados. Los artículos 1º; 14, párrafo segundo; 16, párrafo primero; 20; 21; 39; 40; 41, párrafo primero; 49; 115, párrafo primero y fracciones I y II, párrafo segundo; 116, párrafo primero, fracción V; 128; 133 y 136 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

33.QUINTO. Trámite. Por acuerdo de trece de julio de dos mil diecisiete, el Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, a la que correspondió el número 220/2017 y, por razón de turno, designó como instructor al Ministro Eduardo Medina Mora I.(2)

34.Mediante proveído de catorce de julio siguiente, el Ministro instructor admitió la demanda de controversia constitucional, tuvo como demandado al Poder Legislativo del Estado de Nuevo León, al que ordenó emplazar para formular su respectiva contestación y ordenó dar vista a la Procuraduría General de la República, para que manifestara lo que a su representación correspondiera.(3)

35.SEXTO. Contestación del Secretario de Gobierno del Estado de Nuevo León. En su escrito de contestación refirió en síntesis lo siguiente:

36.Se actualizan los supuestos de improcedencia y sobreseimiento previstos en los referidos artículos 19, fracción VIII y 20, fracción II, de la Ley Reglamentaria de la materia.

37.Lo anterior es así, en primer lugar, debido a que el Municipio actor carece de interés para promover la presente controversia constitucional.

38.En términos de lo dispuesto en el artículo 105, fracción I, inciso I), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación conoce de las controversias constitucionales suscitadas entre un Estado y uno de sus Municipios, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales.

39.No obstante, en la demanda de controversia constitucional se debe plantear la existencia de un agravio en perjuicio de la parte actora, el cual se traduce en una afectación a su esfera de atribuciones. Así pues, se contará con interés legítimo cuando la conducta de la autoridad demandada sea susceptible de causar perjuicio o privar de un beneficio a la parte que promueve, en razón de la situación de hecho en la que éste se encuentre, sin embargo, en el caso ello no sucede, ya que el acto cuya invalidez se demanda no es susceptible de afectar la esfera de competencias del Municipio actor.

40.Por su parte, se considera que el Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León, carece de legitimación pasiva para actuar en el presente caso, toda vez que éste no pronunció ninguno de los actos objeto de la controversia constitucional en mención.

41.Por último, se estima que la demanda resulta improcedente, en tanto los actos cuya invalidez se demanda, no son susceptibles de ser impugnados en vía de controversia constitucional, al no haberse producido en el entorno de una relación de supraordinación, sino de supra a subordinación.

42.Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la controversia constitucional tiene como objeto principal, tutelar la supremacía de las normas constitucionales que regulan la división de poderes y el federalismo, de tal suerte que el acto impugnado en esta vía debe emerger de una relación de supraordinación entre los sujetos legitimados. Sirve como apoyo la tesis de jurisprudencia de rubro: “CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. INTERÉS LEGÍTIMO PARA PROMOVERLA”.

43.SÉPTIMO. Contestación de la Procuraduría General de Justicia de Nuevo León. El Procurador General del Estado de Nuevo León al contestar la demanda, manifestó en síntesis lo siguiente:

44.Se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción VIII del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de la materia, en relación con los diversos artículos 105, fracción I de la Constitución Federal; 18, fracción IV y 22 de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Nuevo León, así como 2º de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado.

45.Lo anterior obedece a que la Procuraduría General de Justicia del Estado de Nuevo León, carece de legitimación pasiva, en virtud de que no corresponde a un órgano primario u originario del Estado mexicano, sino a un órgano derivado del Poder Ejecutivo Local, tal como se infiere de los artículos 18, fracción IV y 22 de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Nuevo León y 2º de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia de la propia entidad federativa.

46.No es óbice a lo anterior, que mediante Decreto número 243, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León el catorce de abril de dos mil diecisiete, se hubiera reformado la Constitución local a efecto de crear la Fiscalía General de Justicia del Estado como un organismo autónomo, con personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía financiera, presupuestaria técnica y de gestión, habida cuenta, que se está en un período de transición en el que la Procuraduría General de Justicia del Estado continúa siendo una dependencia del Poder Ejecutivo Local.

47.Asimismo, resulta evidente que el acto cuya invalidez se demanda no es susceptible de ser impugnado mediante controversia constitucional, debido a que no emerge de una relación de supraordinación, sino una de supra a subordinación.

48.Suponiendo sin conceder, que la controversia constitucional sí sea el mecanismo idóneo para impugnar la validez del aseguramiento ordenado por el Ministerio Público, se actualizaría la causal de improcedencia prevista en la fracción VI del artículo 19 de la Ley Reglamentaria, debido a que la parte actora no agotó la vía legalmente prevista para la solución del conflicto, consistente en la controversia constitucional contemplada en el artículo 95, fracción I, de la Constitución Política del Estado de Nuevo León.

49.Al respecto, es importante enfatizar que en la demanda del caso se hicieron valer violaciones indirectas a la Constitución Federal, consistentes en la supuesta transgresión de los artículos 63, fracción XLV, 118, 119 y 120 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León, las cuales son susceptibles de resolverse por el Tribunal Superior de Justicia.

50.OCTAVO. Cierre de la instrucción. Agotado el trámite respectivo, el veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete, se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del mismo ordenamiento legal, se hizo relación de las constancias de autos, se tuvieron por exhibidas las pruebas ofrecidas por las partes, por presentados los alegatos y se puso el expediente en estado de resolución.(4)

51.NOVENO. Por acuerdo de nueve de noviembre de dos mil diecisiete, por solicitud del Ministro Instructor, se determinó enviar la presente controversia constitucional a la Segunda Sala, para que ésta se avoque a su resolución.(5)

CONSIDERANDO:

52.PRIMERO. Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 10, fracción I y 11, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Punto Segundo, fracción I, y Punto Tercero del Acuerdo General número 5/2013 del Tribunal Pleno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, en virtud de que se plantea una controversia constitucional entre el Municipio de San Pedro Garza García y el Poder Ejecutivo de Nuevo León, en la que resulta innecesaria la intervención del Pleno.

53.SEGUNDO. Enseguida se examinará si la demanda fue promovida oportunamente.

54.Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VII, en relación con el artículo 20 de la Ley Reglamentaria de la materia, al haberse presentado la demanda en forma extemporánea.

"ARTÍCULO 19. Las controversias constitucionales son improcedentes:

(...)

VII. Cuando la demanda se presentare fuera de los plazos previstos en el artículo 21”.

"ARTÍCULO 20.- El sobreseimiento procederá en los casos siguientes:

(...)

II. Cuando durante el juicio apareciere o sobreviniere alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el artículo anterior”.

55.De este modo, las controversias constitucionales son improcedentes, cuando se presente la demanda fuera de los plazos que establece para ello el artículo 21 de la propia Ley Reglamentaria, que tratándose de actos, señala:

“ARTÍCULO 21.- El plazo para la interposición de la demanda será:

(...)

II. Tratándose de actos, de treinta días contados a partir del día siguiente al en que conforme a la Ley del propio acto surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame; al en que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o al en que el actor se ostente sabedor de los mismos”.

56.De los conceptos de invalidez expresados por el Municipio de San Pedro Garza García en su demanda, se desprende que la solicitud de invalidez que hace valer, se dirige a la medida de aseguramiento dictada por la Procuraduría General de Justicia de Nuevo León, en la carpeta de investigación 205/2017-UIMTY-PNV01 el veinte de mayo de dos mil diecisiete, que fuere integrada con motivo de la denuncia de despojo interpuesta por el Club Deportivo que ocupaba el inmueble.

57.No pasa desapercibido que el Municipio de San Pedro Garza García, al referir los actos cuya invalidez demanda, hizo referencia al (i) inminente dictado y ejecución de la orden de entregar o devolver el referido bien inmueble y, (ii) a todas las consecuencias materiales y jurídicas directas o indirectas, que de hecho y derecho deriven de los actos cuya invalidez se demanda.

58.Sin embargo, como se observa, los planteamientos aludidos en el párrafo anterior, se construyen a partir de una eventualidad o contingencia y no de situaciones particulares que originen una invasión actual, concreta, específica y verificable a la esfera competencial de la parte actora. Por tanto, y debido a que los argumentos mencionados fueron desarrollados de manera genérica e imprecisa, es inconcuso que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación no podría analizar su constitucionalidad, conclusión que encuentra apoyo en la tesis que se cita a continuación:

“CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL ACTOR DEBE SEÑALAR EN SU DEMANDA DE MANERA ESPECÍFICA LOS ACTOS Y NORMAS QUE IMPUGNE Y NO REALIZAR UNA MANIFESTACIÓN GENÉRICA O IMPRECISA DE ELLOS. Si se tiene en cuenta que conforme al artículo 22 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus fracciones VI y VII, en el escrito de demanda deberá señalarse la norma general o acto cuya invalidez se pretende así como, en su caso, el medio oficial en que se publicó y los conceptos de invalidez, es indudable que ante una manifestación imprecisa o genérica en el sentido de que se impugnan "todos los demás actos o normas relacionados con la litis de la controversia", la Suprema Corte de Justicia de la Nación no puede analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de actos o normas generales que no se impugnaron específicamente. Lo anterior se corrobora con la jurisprudencia P./J. 135/2005, de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA QUE SE ESTUDIE LA CONSTITUCIONALIDAD DE UNA NORMA O ACTO BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA LA CAUSA DE PEDIR.", en la que este Tribunal en Pleno sostuvo que para estar en posibilidad de estudiar los actos o normas impugnados en una controversia constitucional, es necesario que el actor exprese, por lo menos, el agravio que estime le causan los motivos que originaron éste, es decir, que se contenga la expresión clara de la causa de pedir.”(6)

59.En estas condiciones, respecto de los argumentos referidos como genéricos e imprecisos, lo conducente es sobreseer en la presente controversia constitucional, en términos de lo establecido en los artículos 20, fracción II, y 19, fracción VIII, ambos de la Ley Reglamentaria de la materia.

60.Precisado lo anterior, cabe señalar, que al relatar los hechos que constituyen los antecedentes del caso, respecto de la medida cuya invalidez demanda, el promovente refirió del Procurador General de Justicia del Estado lo siguiente:

“[...] el Procurador General de Justicia del Estado de Nuevo León, asistidos (sic) por diversos Agentes del Ministerio Público y otros funcionarios de la Procuraduría [...] , así como elementos de las instituciones, de manera por demás sorpresiva, temeraria y arbitraria, procedieron la noche del sábado 20 (veinte) de mayo del año en curso, a materializar los actos reclamados, sin notificar de manera previa a la representación legal de esta entidad pública de gobierno la causa legal del procedimiento que derivó en el aseguramiento del bien inmueble [...]”.(7)

61.Como se desprende de lo anterior, y como se indica en el acuerdo de catorce de julio de dos mil diecisiete dictado en el incidente de suspensión derivado de la presente controversia constitucional(8), la medida cuya invalidez se demanda, quedó materializada mediante la ejecución del aseguramiento del bien inmueble en cuestión, el día veinte de mayo de dos mil diecisiete.

62.De las constancias que obran en autos, se advierte que el diecinueve de mayo de dos mil diecisiete, fue interpuesta una denuncia en contra de quien resultare responsable del delito de despojo del inmueble que ocupaba el Club Deportivo y se solicitó se procediera de inmediato al aseguramiento del mismo.(9)

63.Consecuentemente, el veinte de mayo de dos mil diecisiete, el Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación, solicitó se giraran las órdenes correspondientes para llevar a cabo el acordonamiento y aseguramiento del inmueble, diligencia que como se desprende de las constancias agregadas en autos, tuvo lugar el mismo día veinte de mayo, por personal de la Procuraduría General de Justicia de Nuevo León, habiendo comenzado a las 20:39 (veinte horas con treinta y nueve minutos) y terminado a las 21:10 (veintiuna horas con diez minutos del mismo día).(10)

64.El Municipio de San Pedro Garza García declara en su demanda, que habiendo finalizado el aseguramiento, cinco de sus funcionarios permanecieron dentro del terreno respectivo, en obediencia a un mandato de la autoridad municipal, a efecto de proteger las instalaciones, con el claro impedimento que constituía la existencia de los sellos de aseguramiento impuestos por la Procuraduría estatal.(11)

65.Como consecuencia de lo anterior, el Municipio refiere, que el día veintiuno de mayo de dos mil diecisiete, a las 2:25 (dos horas con veinticinco minutos) a través del Director General de Asuntos Jurídicos del Municipio de San Pedro Garza García, solicitó ante un Juez de Control del Estado, una audiencia con carácter de urgente a efecto de deducir los derechos de carácter patrimonial que le correspondieran frente a la afectación causada en su contra por el aseguramiento del referido inmueble y sustituir a los cinco elementos que se encontraban dentro del terreno.(12)

66.Lo anterior se constata a través de las declaraciones emitidas por el Alcalde de San Pedro Garza García, hechas a medios de comunicación, mediante las cuales informó que el día veintiuno de mayo de dos mil diecisiete, “acudió a los jueces de Control del Poder Judicial del Estado, para levantar el aseguramiento impuesto por la Procuraduría estatal al campo usado por el Club Pumas para que el Municipio pueda recuperar el predio”.(13)

67.De acuerdo con las constancias procesales, el oficio de demanda se remitió a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación a través del Servicio Postal Mexicano, según consta en los sellos estampados en el sobre que obra agregado en la foja ochenta y ocho del expediente de controversia constitucional, por lo que su oportunidad deberá analizarse conforme a lo previsto por el artículo 8° de la Ley Reglamentaria de la materia, el cual ha sido interpretado por este Tribunal Pleno en la Tesis de Jurisprudencia P./J. 17/2002, publicada en la página ochocientos noventa y ocho, Tomo XV, abril de dos mil dos, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala:

"CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. REQUISITOS, OBJETO Y FINALIDAD DE LAS PROMOCIONES PRESENTADAS POR CORREO MEDIANTE PIEZA CERTIFICADA CON ACUSE DE RECIBO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 8° DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS).- El artículo 8° de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que cuando las partes radiquen fuera del lugar de residencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación podrán presentar sus promociones en las

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/200425-bfab742a/i-controversia-constitucional-el-actor-debe-senalar-en · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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