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Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA REPRESENTACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, ESTADO DE NUEVO LEÓN, RECAE DE MANERA MANCOMUNADA EN EL PRESIDENTE MUNICIPAL Y EL SÍNDICO O SÍNDICO SEGUNDO, SEGÚN CORRESPONDA (ARTÍCULO 34, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE GOBIERNO MUNICIPAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN). II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO IMPUGNADO, AL HABER SIDO CONVOCADO EL MUNICIPIO ACTOR A SESIONAR A LA COMISIÓN DE CONURBACIÓN DE LA ZONA CONURBADA DE MONTERREY, ESTADO DE NUEVO LEÓN (OMISIÓN POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, DE CONVOCAR PERIÓDICAMENTE AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, DE ESA ENTIDAD, A SESIONAR LA COMISIÓN DE CONURBACIÓN DE LA ZONA CONURBADA DE MONTERREY). III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES IMPROCEDENTE CUANDO NO SE HAYA PROMOVIDO PREVIAMENTE EL RECURSO O MEDIO DE DEFENSA LEGALMENTE PREVISTO PARA RESOLVER EL CONFLICTO O, SI HABIÉNDOLO HECHO, ESTÁ PENDIENTE DE DICTARSE LA RESOLUCIÓN CORRESPONDIENTE (ACUERDO NÚMERO 057, EMITIDO POR EL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, A TRAVÉS DEL CUAL SE PUBLICA EL EXTRACTO DE LAS DISCUSIONES QUE SE SUSCITARON, ASÍ COMO EL PROYECTO DE DECRETO, RESPECTO AL DICTAMEN PRESENTADO POR LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES QUE SE APROBÓ EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL VEINTISÉIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO). IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL ACUERDO POR EL QUE SE PUBLICA EL EXTRACTO DE LAS DISCUSIONES SUSCITADAS RESPECTO A UN DICTAMEN PRESENTADO POR LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES DEL CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN YA APROBADO POR ESE ÓRGANO LEGISLATIVO, ASÍ COMO EL PROYECTO DE DECRETO CORRESPONDIENTE, NO ES UN ACTO, DEFINITIVO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DE AQUÉLLA (ACUERDO NÚMERO 057, EMITIDO POR EL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, A TRAVÉS DEL CUAL SE PUBLICA EL EXTRACTO DE LAS DISCUSIONES QUE SE SUSCITARON, ASÍ COMO EL PROYECTO DE DECRETO, RESPECTO AL DICTAMEN PRESENTADO POR LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES QUE SE APROBÓ EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL VEINTISÉIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO).

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 149/2019. · Registro digital (IUS): 200629
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, ESTADO DE NUEVO LEÓN.
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Sistema de Precedentes en Controversias Constitucionales y en Acciones de Inconstitucionalidad

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 149/2019. MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, ESTADO DE NUEVO LEÓN. 8 DE ENERO DE 2020. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, LUIS MARÍA AGUILAR MORALES, YASMÍN ESQUIVEL MOSSA Y JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS; VOTÓ CON RESERVAS JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. AUSENTE: JAVIER LAYNEZ POTISEK. PONENTE: YASMÍN ESQUIVEL MOSSA. SECRETARIA: GUADALUPE DE JESÚS HERNÁNDEZ VELÁZQUEZ.

Ciudad de México. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día ocho de enero de dos mil veinte.

VISTOS; y, RESULTANDO:

PRIMERO. Presentación de la demanda, poderes demandados y actos impugnados. Por escrito recibido el veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Miguel Bernardo Treviño de Hoyos y Valeria Guerra Siller, quienes se ostentaron como Presidente Municipal y Síndica Segunda, ambos del Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Estado de Nuevo León, promovieron controversia constitucional en contra de las siguientes autoridades y por los siguientes actos impugnados:

Autoridades demandadas:

• Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León.

• Poder Legislativo del Estado de Nuevo León.

Actos impugnados:

"a) Del Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León, se impugna la omisión de convocar periódicamente a sesionar a la Comisión de Conurbación de la Zona Conurbada de Monterrey, como Presidente de dicho órgano colegiado, para abordar los asuntos ordinarios de la competencia de dicho órgano de coordinación interinstitucional, desde por lo menos los últimos trece años;

b) Del Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León, se reclama la omisión de convocar a los Municipios integrantes de la Comisión de Conurbación de la Zona Conurbada de Monterrey, como Presidente de dicho órgano colegiado de coordinación, para decidir si se ratifica o no su conformación y funcionamiento, en términos de lo previsto en el artículo Séptimo Transitorio del Decreto Legislativo 312 (trescientos doce), publicado en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León el 27 (veintisiete) de noviembre del 2017 (dos mil diecisiete), por el cual se expidió la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León;

c) Del Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León, se reclama la omisión de convocar a los Municipios que a juicio del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Nuevo León, deberían integrar y delimitar la Zona Metropolitana de Monterrey, en términos de lo previsto en el artículo 35, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, para proponer y presentar el proyecto de convenio de coordinación respectivo;

d) Del Congreso del Estado de Nuevo León, el Acuerdo Número 057 (cincuenta y siete), expedido el 26 (veintiséis) de diciembre del 2018 (dos mil dieciocho) y publicado en el Periódico Oficial del Estado, el 30 (treinta) de enero del 2019 (dos mil diecinueve); a través del cual se publica el extracto de las discusiones que se suscitaron, así como el proyecto de decreto, respecto al dictamen presentado por la Comisión de Puntos Constitucionales que se aprobó en la sesión Ordinaria celebrada el día 26 (veintiséis) de diciembre del 2018 (dos mil dieciocho), al presentarse ese dictamen con proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, asentadas en el Diario de Debates Numero 50-LXXV S.O;

e) Del Congreso del Estado de Nuevo León, se reclama la omisión de respetar y hacer respetar el mandato legislativo contenido en el artículo Séptimo Transitorio del Decreto Legislativo Número 312 (trescientos doce), publicado en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León el 27 (veintisiete) de noviembre del 2017 (dos mil diecisiete), por el cual se expidió la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León;

f) Del Congreso del Estado de Nuevo León, se reclama la omisión de reconocer la existencia y subsistencia legal de la Comisión de Conurbación de la Zona Conurbada de Monterrey, integrada originalmente mediante Decreto del Titular del Poder Ejecutivo del Estado, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 23 (veintitrés) de enero de 1984 (mil novecientos ochenta y cuatro), donde se declaró la existencia de una zona conurbada integrada por los Municipios de Monterrey, San Nicolás de los Garza, Apodaca, Guadalupe, Garza García (hoy San Pedro Garza García), Santa Catarina y General Escobedo, todos ellos del Estado de Nuevo León; misma zona conurbada que posteriormente fue ampliada en 1988, para incluir los Municipios de García y Benito Juárez, Nuevo León;

g) Del Congreso del Estado de Nuevo León, se impugna la omisión de exhortar al Titular del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Nuevo León, como Presidente de la Comisión de Coordinación de la Zona Conurbada de Monterrey, para que convoque a los Municipios integrantes de ese órgano colegiado de coordinación interinstitucional, a efecto de que en el ejercicio de sus respectivas atribuciones legales y constitucionales decidan si se ratifican o no su conformación y funcionamiento, en términos de lo previsto en el artículo Séptimo Transitorio del Decreto Legislativo 312 (trescientos doce), publicado en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León el 27 (veintisiete) de noviembre del 2017 (dos mil diecisiete), por el cual se expidió la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León;

h) Del Congreso del Estado de Nuevo León, se reclama la omisión de respetar los principios constitucionales de autonomía, coordinación y asociación entre órdenes de gobierno en el ejercicio concurrente o individual de sus respectivas atribuciones constitucionales en materia de planeación, administración y control urbano, prestación de servicios públicos, gestión administrativa y contratación de bienes y servicios o realización de obra pública, en perjuicio de los Municipios que integran la Comisión de Conurbación de la Zona Conurbada de Monterrey, integrada originalmente mediante Decreto del Titular del Poder Ejecutivo del Estado, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 23 (veintitrés) de enero de 1984 (mil novecientos ochenta y cuatro); misma que posteriormente fue ampliada en 1988;

i) Del Congreso del Estado de Nuevo León, se impugna el inminente dictado y ejecución de los actos materialmente administrativos consistentes en la creación e integración de diversas autoridades intermedias que se pretenden configurar como órganos de administración con las siguientes denominaciones: Comisión de Desarrollo Metropolitano; Comisión de Desarrollo Regional; Fondo para el Desarrollo Metropolitano; Fondo para el Desarrollo Regional y Consejo para el Desarrollo de la Región Metropolitana de Monterrey; a que se refiere el acuerdo 057 (cincuenta y siete), expedido el 26 (veintiséis) de diciembre de 2018 (dos mil dieciocho) y publicado en el Periódico Oficial del Estado 30 (treinta) de enero del 2019 (dos mil diecinueve); en perjuicio de los Municipios que integran la Comisión de Conurbación de la Zona Conurbada de Monterrey, integrada originalmente mediante decreto del Titular del Poder Ejecutivo del Estado, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 23 (veintitrés) de enero de 1984 (mil novecientos ochenta y cuatro); misma que posteriormente fue ampliada en 1988;

j) Del Congreso del Estado de Nuevo León, se reclama la inconstitucional pretensión de mediatizar y subordinar a los Municipios y al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, en el ejercicio de sus respectivas atribuciones constitucionales en materia de planeación, administración y control urbano, prestación de servicios públicos, gestión administrativa y contratación de bienes y servicios o realización de obra pública, a diversas autoridades intermedias que se pretenden crear como órganos de administración con las siguientes denominaciones: Comisión de Desarrollo Metropolitano; Comisión de Desarrollo Regional; Fondo para el Desarrollo Metropolitano; Fondo para el Desarrollo Regional y Consejo para el Desarrollo de la Región Metropolitana de Monterrey; en los términos a que se contrae el Acuerdo Número 057 (cincuenta y siete), expedido el 26 (veintiséis) de diciembre del 2018 (dos mil dieciocho) y publicado en el Periódico Oficial del Estado el 30 (treinta) de enero del 2019 (dos mil diecinueve); en perjuicio de los Municipios que integran la Comisión de Conurbación de la Zona Conurbada de Monterrey, integrada originalmente mediante decreto del Titular del Poder Ejecutivo del Estado, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 23 (veintitrés) de enero de 1984 (mil novecientos ochenta y cuatro); misma que posteriormente fue ampliada en 1988;

k) Del Congreso del Estado de Nuevo León, se impugna la inconstitucional pretensión y el procedimiento seguido para la inminente constitución de la denominada Región Metropolitana de Monterrey, integrada por un total de 24 Municipios del Estado de Nuevo León, a través de dos áreas identificadas bajo la categoría de ‘Área Metropolitana Conurbada’ (que comprendería los Municipios de Monterrey, San Pedro Garza García, Santa Catarina, General Escobedo, San Nicolás de los Garza, Apodaca, Guadalupe, Juárez y Santiago, (sic) Nuevo León) y ‘Área Periférica Metropolitana’ (que comprendería los Municipios de García, Salinas Victoria, Ciénega de Flores, General Zuazua, Cadereyta, Allende, Montemorelos, General Terán, Pesquería, Doctor González, Marín, Higueras, El Carmen, Abasolo e Hidalgo, Nuevo León);

l) Del Congreso del Estado de Nuevo León, se reclama su inconstitucional intromisión en el reconocimiento, creación o delimitación de la denominada Región Metropolitana de Monterrey, así como en la creación e integración de la Comisión de Desarrollo Metropolitano, Comisión de Desarrollo Regional, Fondo para el Desarrollo Metropolitano, Fondo para el Desarrollo Regional y el Consejo para el Desarrollo de la Región Metropolitana de Monterrey; en perjuicio del ámbito de atribuciones constitucionales y legales de los Municipios que actualmente integran la Comisión de Conurbación de la Zona Conurbada de Monterrey, integrada originalmente mediante Decreto del Titular del Poder Ejecutivo del Estado, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 23 (veintitrés) de enero de 1984 (mil novecientos ochenta y cuatro); misma que posteriormente fue ampliada en 1988.

Se reclama, además, las consecuencias directas o indirectas, mediatas o inmediatas, que de hecho o por derecho deriven o resulten de los actos y omisiones cuya invalidez se reclama, descritos con anterioridad."

SEGUNDO. Preceptos constitucionales violados. La parte actora señaló como violados los artículos 1, 9, párrafo primero, 13, 14, 16, párrafo primero, 17, 25, párrafos primero y tercero, 26, apartado A, 27 párrafos segundo y tercero, 29, 35, fracciones III y VIII, 36, fracción III, 39, 40, 41, párrafo primero, 49, 72, 73, fracción XXIX-C, 115, primer párrafo y fracciones I, párrafo primero, II, párrafos segundo, tercero e incisos a), c), d), y e), III, V, VI, y VIII, 116, párrafos primero y segundo, y fracción VII, 128, 133 y 136 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

TERCERO. Conceptos de invalidez. La parte actora formuló los conceptos de invalidez que estimó pertinentes, los cuales no se transcriben, en atención a que su análisis será innecesario.

CUARTO. Trámite de admisión. Mediante proveído de Presidencia de veintiséis de marzo de dos mil diecinueve (fojas 67-69) se ordenó formar y registrar el asunto bajo el número 149/2019 y se designó a la Ministra Yasmín Esquivel Mossa para que fungiera como instructora en el procedimiento.

Mediante diverso de ocho de abril de dos mil diecinueve, la Ministra Instructora tuvo al Presidente Municipal y a la Síndica Segunda con la personalidad que ostentan; admitió la demanda, y ordenó emplazar como autoridades demandadas a los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Nuevo León; así como dar vista a la Fiscalía General de la República y Consejería Jurídica del Gobierno Federal (fojas 70-73).

QUINTO. Contestación de la demanda del Poder Ejecutivo local. El seis de junio de dos mil diecinueve, el Subsecretario de Asuntos Jurídicos y Atención Ciudadana de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Nuevo León, en representación del Gobernador del Estado, dio contestación a la demanda de cuenta (fojas 347-399), la cual se tuvo por recibida mediante acuerdo de diez de junio de dos mil diecinueve.

SEXTO. Contestación de la demanda del Congreso local. El seis de junio de dos mil diecinueve, el Presidente del Congreso del Estado de Nuevo León, dio contestación a la demanda (fojas 440-478), la cual se tuvo por recibida mediante acuerdo de diez de junio de dos mil diecinueve.

SÉPTIMO. Opinión del Fiscal General de la República. El Fiscal General de la Republica no emitió opinión.

OCTAVO. Cierre de instrucción. Substanciado el procedimiento en la presente controversia constitucional, el veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve se llevó a cabo la audiencia prevista en los artículos 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la que, en términos del artículo 34 del mismo ordenamiento legal, se hizo relación de los autos, se tuvieron por exhibidas y admitidas las pruebas ofrecidas y se puso el expediente en estado de resolución.

NOVENO. Avocamiento. Mediante proveído de (se ajustara en el engrose), el Presidente de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que esta Sala se avocaba al conocimiento del presente asunto, por lo que ordenó devolver los autos a la Ministra ponente para la elaboración del proyecto respectivo.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(1) 1o. de la ley reglamentaria,(2) 10, fracción I,(3) y 11, fracción V,(4) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los Puntos Segundo, fracción I,(5) y Tercero(6) del Acuerdo General Número 5/2013, del Pleno de este Tribunal, del trece de mayo de dos mil trece, toda vez que se trata de una controversia constitucional suscitada entre el Municipio de San Pedro Garza García en contra de los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Nuevo León, sobre la constitucionalidad de diversos actos sin que sea necesaria la intervención del Pleno.

SEGUNDO. Legitimación activa. Enseguida se abordará el estudio de la legitimación de quienes promovieron la controversia constitucional.

Conforme a los artículos 10, fracción I y 11, párrafo primero, de la ley reglamentaria de la materia,(7) el actor deberá comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que lo rigen, estén facultados para representarlo y, en todo caso, se presumirá que quien comparece a juicio goza de la representación legal y cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario.

En el caso, promueven la demanda de controversia constitucional en representación del Municipio actor, Miguel Bernardo Treviño de Hoyos y Valeria Guerra Siller, quienes se ostentaron como Presidente Municipal y Síndica Segunda del Ayuntamiento lo que acreditan con las copias certificadas de la Constancia de Mayoría a favor de Miguel Bernardo Treviño de Hoyos, Acta Número 5, de treinta de octubre de dos mil dieciocho del Ayuntamiento electo para el Ejercicio Constitucional 2018-2021, así como del Acta de Cómputo de la Comisión Municipal Electoral de San Pedro Garza García, Estado de Nuevo León relativa a la sesión permanente de cómputo para la renovación del Ayuntamiento de dicho Municipio, publicada en el periódico estatal de fecha veinticinco de julio de dos mil dieciocho, de cuya lectura se desprende que los promoventes fueron electos para ocupar los cargos que ostentan (fojas 43, 44-49 y 50-65).

Cabe señalar que el artículo 34, fracción I, de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León(8) establece que la representación del Ayuntamiento será ejercida de manera mancomunada por el Presidente Municipal y el Síndico o Síndico Segundo según corresponda.

En consecuencia, tomando en consideración que se encuentra acreditado que quienes suscriben la demanda de controversia constitucional tienen la representación de la parte actora, y toda vez que el Municipio actor es uno de los órganos enunciados en el artículo 105, fracción I, de la Constitución Federal, para intervenir en una controversia constitucional, debe concluirse que está acreditada la legitimación necesaria para promoverla.

Sirve de apoyo, la jurisprudencia P./J. 44/97, sostenida por el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 418, del tomo V, correspondiente al mes de junio de mil novecientos noventa y siete, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LEGITIMACIÓN PROCESAL PARA PROMOVERLA. LA TIENEN EL PRESIDENTE MUNICIPAL Y EL SÍNDICO DEL AYUNTAMIENTO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN)."

TERCERO. Legitimación pasiva. A continuación, se analizará la legitimación de las autoridades demandadas, al ser un presupuesto necesario para la procedencia de la acción, en tanto dichas partes son las obligadas por ley para satisfacer las pretensiones del actor, en caso de que éstas resulten fundadas.

Conforme a los artículos 10, fracción II(9) y 11, párrafo primero -antes citado-, de la ley reglamentaria, serán demandados en las controversias constitucionales, las entidades, poderes u órganos que hubiesen emitido y promulgado la norma general o pronunciado el acto impugnado, los cuales deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos.

En el presente caso, son autoridades demandadas los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Nuevo León a quienes se les atribuye, respectivamente, la omisión de convocar periódicamente a sesionar a la Comisión de Conurbación de la Zona Conurbada de Monterrey, el Acuerdo Número 057, expedido el veintiséis de diciembre de dos mil dieciocho, publicado en el Periódico Oficial del Estado el treinta de enero de dos mil diecinueve, entre otros actos.

Del Congreso del Estado de Nuevo León. Suscribe el Diputado Marco Antonio González Valdez, Presidente de la LXXV Legislatura del Congreso del Estado de Nuevo León, personalidad que acredita con la copia certificada del Decreto Legislativo número 001 de uno de septiembre de dos mil dieciocho (fojas 481 y 482 del toca), en el cual se integró la Mesa Directiva que fungirá durante el primer año de ejercicio constitucional de la LXXV Legislatura del Congreso del Estado de Nuevo León, de conformidad con los artículos 60, fracción I, inciso c)(10) y 86 Bis(11) de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nuevo León en la cual recae su representación legal.

El Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León. Compareció Homero Antonio Cantú Ochoa, como Subsecretario de Asuntos Jurídicos y Atención Ciudadana de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Nuevo León y representante legal del Gobernador de la citada entidad federativa, personalidad que acredita con la copia certificada del oficio número 17-A/2015 (foja 400), y quien cuenta con la debida legitimación procesal para representar al Titular del Ejecutivo del Estado, conforme al artículo 44, fracciones XVII y XVIII del Reglamento Interior de la Secretaría General de Gobierno.(12)

CUARTO. Precisión de actos. El artículo 41, fracción I,(13) de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, establece que las sentencias que se dicten con base en esta ley deberán contener la fijación breve y precisa de las normas generales o actos objeto de la controversia y, en su caso, la apreciación de las pruebas conducentes a tenerlos o no por demostrados, por lo que en cumplimiento de esta disposición procede a analizar, en primer lugar, la existencia de los actos reclamados que se deduzcan del estudio integral de la demanda, en términos de la jurisprudencia 98/2009 del Tribunal Pleno cuyo rubro es: "CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. REGLAS A LAS QUE DEBE ATENDER LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PARA LA FIJACIÓN DE LA NORMA GENERAL O ACTO CUYA INVALIDEZ SE DEMANDA EN EL DICTADO DE LA SENTENCIA."(14)

De la lectura de la demanda de controversia constitucional, se advierte que el Municipio actor impugnó del Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León, esencialmente, la omisión de convocar periódicamente a sesionar a la Comisión de Conurbación de la Zona Conurbada de Monterrey, para abordar los asuntos ordinarios de la competencia de dicho órgano; para decidir si se ratifica o no su conformación y funcionamiento para proponer y para presentar el proyecto de convenio de coordinación respectivo.

Por otra parte, al Poder Legislativo del Estado de Nuevo León se impugna esencialmente el Acuerdo Número 057, expedido el veintiséis de diciembre de dos mil dieciocho, publicado en el Periódico Oficial del Estado el treinta de enero de dos mil diecinueve; a través del cual se publica el extracto de las discusiones que se suscitaron, así como el proyecto de decreto, respecto al dictamen presentado por la comisión de puntos constitucionales que se aprobó en la sesión Ordinaria Celebrada el veintiséis de diciembre de dos mil dieciocho.

Los actos atribuidos al Congreso Local demandado identificados como:

• La omisión de respetar y hacer respetar el mandato legislativo contenido en el artículo Séptimo Transitorio del Decreto Legislativo Número 312, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León el veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete.

• La omisión de reconocer la existencia y subsistencia legal de la Comisión de Conurbación de la Zona Conurbada de Monterrey la omisión de exhortar al Titular del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Nuevo León, como Presidente de la Comisión de Coordinación de la Zona Conurbada de Monterrey, para que convoque a los Municipios integrantes de ese órgano colegiado de coordinación interinstitucional.

• La omisión de respetar los principios constitucionales de autonomía, coordinación y asociación entre órdenes de gobierno en el ejercicio concurrente o individual de sus respectivas atribuciones constitucionales en materia de planeación, administración y control urbano, prestación de servicios públicos, gestión administrativa y contratación de bienes y servicios o realización de obra pública, en perjuicio de los Municipios que integran la Comisión de Conurbación de la Zona Conurbada de Monterrey.

• El inminente dictado y ejecución de los actos materialmente administrativos consistentes en la creación e integración de diversas autoridades intermedias que se pretenden configurar como órganos de administración con las siguientes denominaciones: Comisión de Desarrollo Metropolitano; Comisión de Desarrollo Regional; Fondo para el Desarrollo Metropolitano; Fondo para el Desarrollo Regional y Consejo para el Desarrollo de la Región Metropolitana de Monterrey.

• La pretensión y el procedimiento seguido para la inminente constitución de la denominada Región Metropolitana de Monterrey, integrada por un total de veinticuatro Municipios del Estado de Nuevo León, a través de dos áreas identificadas bajo la categoría de ‘Área Metropolitana Conurbada’.

Dichos actos no se pueden tener como destacados propiamente en virtud de que constituyen violaciones que a consideración del Municipio actor, el Congreso Local incurre en su perjuicio al haber emitido el Acuerdo Número 057, de veintiséis de diciembre de dos mil dieciocho, publicado en el Periódico Oficial del Estado el treinta de enero de dos mil diecinueve y en todo caso sería motivo de análisis en el concepto de invalidez formulado en contra de éste.

En este sentido, el único acto impugnado cuya existencia se encuentra acreditado en el expediente es el Acuerdo Número 057, expedido el veintiséis de diciembre de dos mil dieciocho, publicado en el Periódico Oficial del Estado el treinta de enero de dos mil diecinueve.(15)

QUINTO. Oportunidad. El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone:

"Artículo 21. El plazo para la interposición de la demanda será:

I. Tratándose de actos, de treinta días contados a partir del día siguiente al en que conforme a la ley del propio acto surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame; al en que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o al en que el actor se ostente sabedor de los mismos;

II. Tratándose de normas generales, de treinta días contados a partir del día siguiente a la fecha de su publicación, o del día siguiente al en que se produzca el primer acto de aplicación de la norma que dé lugar a la controversia, y

III. Tratándose de los conflictos de límites distintos de los previstos en el artículo 73, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de sesenta días contados a partir de la entrada en vigor de la norma general o de la realización del acto que los origine."

De conformidad con el precepto antes transcrito, el plazo para la presentación de la demanda de controversia constitucional será de treinta días, tratándose de actos y disposiciones generales. Cuando la demanda se promueva con motivo de disposiciones generales, el plazo para su presentación se computará a partir de su publicación, o bien, a partir de su primer acto de aplicación y, tratándose de conflictos de límites diversos a los previstos en el artículo 73, fracción IV, de la Constitución Federal –hoy derogada–, el plazo será de sesenta días computados a partir de la entrada en vigor de la norma.

Es oportuna la demanda respecto del Acuerdo Número 057, expedido el veintiséis de diciembre de dos mil dieciocho, publicado en el Periódico Oficial del Estado el treinta de enero de dos mil diecinueve.

En efecto, el plazo para presentar la demanda transcurrió del jueves treinta y uno de enero al viernes quince de marzo de dos mil diecinueve, descontándose del cómputo respectivo los días inhábiles, como se demuestra de la siguiente manera:

Ver plazo

Del plazo se descontaron los siguientes días inhábiles:

Sábados: dos, nueve, dieciséis y veintitrés de febrero así como dos y nueve de marzo de dos mil diecinueve.

Domingos: tres, diez, diecisiete y veinticuatro de febrero así como tres y diez de marzo de dos mil diecinueve.

Por Ley: Cuatro y cinco de febrero.(16)

Tales precisiones conforme a los artículos 2 y 3 de la ley reglamentaria de la materia,(17) en relación con el numeral 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación(18) y los Puntos primero, incisos a), b) ,c) y e) del Acuerdo General 18/2013,(19) dictado por el Pleno de esta Suprema Corte el diecinueve de noviembre de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de noviembre siguiente, relativo a la determinación de los días hábiles e inhábiles respecto de los asuntos de su competencia, así como los de descanso para su personal.

De esta forma, al haberse depositado la demanda de controversia constitucional en la Oficina de Correos de Nuevo León el viernes quince de marzo de dos mil diecinueve, según el sello fechador que obra en la misma, debe concluirse que fue promovido oportunamente; por lo que hace a la impugnación del acto, debe concluirse que fue promovida oportunamente.(20)

En relación con las omisiones reclamadas, generalmente la oportunidad para realizarla se actualiza de momento a momento mientras la omisión combatida subsista, por tanto la demanda es oportuna.

SEXTO. Sobreseimiento. Esta Segunda Sala considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción V, de la ley reglamentaria de la materia, en virtud de que el acto impugnado consistente en el acuerdo de cuatro de octubre de dos mil dieciséis ha cesado en sus efectos.

La consideración anterior encuentra apoyo, en lo siguiente:

El artículo 19, fracción V, de la Ley Reglamentaria de la materia, prevé:

"Artículo 19. Las controversias constitucionales son improcedentes: [...]

V. Cuando hayan cesado los efectos de la norma general o acto materia de la controversia; [...]."

Respecto de la cesación de efectos de la norma general o acto materia de las controversias constitucionales, el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio de que se actualiza la causal de improcedencia en comento cuando simplemente dejen de producirse los efectos de la norma general o del acto que motivaron la controversia constitucional, en tanto que la declaración de invalidez que se pronuncie en tal medio de control constitucional no tiene efectos retroactivos, salvo en materia penal, por disposición expresa de los artículos 105, penúltimo párrafo, de la Constitución Federal y 45 de su ley reglamentaria.

Dicho criterio del Tribunal Pleno quedó plasmado en la jurisprudencia P./J. 54/2001,(21) de rubro y texto:

"CESACIÓN DE EFECTOS EN MATERIAS DE AMPARO Y DE CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SUS DIFERENCIAS. La cesación de efectos de leyes o actos en materias de amparo y de controversia constitucional difiere sustancialmente, pues en la primera hipótesis, para que opere la improcedencia establecida en el a

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/200629-aa0b1f7b/i-controversia-constitucional-la-representacion-del-ayuntamiento-del · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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