I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA REPRESENTACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, RECAE DE MANERA MANCOMUNADA EN EL PRESIDENTE MUNICIPAL Y EL SÍNDICO O SÍNDICO SEGUNDO SEGÚN CORRESPONDA. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR FALTA DE LEGITIMACIÓN DE QUIENES PROMUEVEN LA DEMANDA EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE Y SÍNDICO MUNICIPAL SI SE ACREDITA QUE AL MOMENTO DE SU PRESENTACIÓN YA NO OSTENTABAN ESE CARGO (ARTÍCULO 34, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE GOBIERNO MUNICIPAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN).
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 197/2018. MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, ESTADO DE NUEVO LEÓN. 19 DE JUNIO DE 2019. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, EDUARDO MEDINA MORA I., JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, YASMÍN ESQUIVEL MOSSA Y JAVIER LAYNEZ POTISEK. EL MINISTRO JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS EMITIÓ SU VOTO CON RESERVAS. PONENTE: YASMÍN ESQUIVEL MOSSA. SECRETARIA: GUADALUPE DE JESÚS HERNÁNDEZ VELÁZQUEZ.
Ciudad de México. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día diecinueve de junio de dos mil diecinueve.
VISTOS; y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Presentación de la demanda, poderes demandados y actos impugnados. Por escrito recibido el nueve de noviembre de dos mil dieciocho, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Mauricio Fernández Garza y María Diamantina Alcalá Fernández, quienes se ostentaron como Presidente Municipal y Síndica Segunda, ambos del Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Estado de Nuevo León, promovieron controversia constitucional en contra de las siguientes autoridades y por los siguientes actos impugnados:
Autoridades demandadas:
• Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León.
• Poder Legislativo del Estado de Nuevo León.
Actos impugnados.
“1. La omisión de convocar periódicamente a sesionar a la Comisión de Conurbación de la Zona Conurbada de Monterrey, como Presidente de dicho órgano colegiado, para abordar los asuntos ordinarios de la competencia de dicho órgano, desde por lo menos los últimos doce años;
2. La omisión de convocar a los Municipios integrantes de la Comisión de Conurbación de la Zona Conurbada de Monterrey, como Presidente de dicho órgano colegiado, para decidir si se ratifica o no su conformación y funcionamiento, en términos de lo previsto en el artículo Séptimo Transitorio del Decreto Legislativo 312 (trescientos doce), publicado en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León el 27 (veintisiete) de noviembre del 2017 (dos mil diecisiete), por el cual se expidió la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León;
3. El procedimiento seguido por el Gobierno del Estado de Nuevo León para lograr la suscripción del instrumento denominado ‘Convenio de Coordinación para el Desarrollo de la Zona Metropolitana de Monterrey’, a que se refieren los oficios números SDS/269/18 y SDS/321/2018, de fechas 10 (diez) de agosto y 26 (veintiséis) de septiembre del 2018 (dos mil dieciocho), suscritos ambos por el Secretario de Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado de Nuevo León;
4. El procedimiento seguido por el Gobierno del Estado de Nuevo León para lograr la formulación, aprobación y publicación del instrumento denominado ‘Programa de Desarrollo Urbano de la Zona Metropolitana de Monterrey 2040’, a que se refieren los oficios números SDS/269/18 y SDS/321/2018, de fechas 10 (diez) de agosto y 26 (veintiséis) de septiembre del 2018 (dos mil dieciocho), suscritos ambos por el Secretario de Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado de Nuevo León;
5. La omisión de convocar a los Municipios que a juicio del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Nuevo León, deberían integrar y delimitar la zona metropolitana de Monterrey, en términos de lo previsto en el artículo 35, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, para proponer y presentar el proyecto de Convenio de Coordinación respectivo;
6. La respuesta dada por el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Nuevo León, a través del oficio número SDS/321/2018, de fecha 26 (veintiséis) de septiembre del 2018 (dos mil dieciocho), suscrito por el Secretario de Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado de Nuevo León;
7. Las disposiciones contenidas en el artículo 35, fracciones II, párrafo segundo y III, de la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, cuyo primer acto de aplicación se deriva del contenido del oficio número SDS/321/2018, de fecha 26 (veintiséis) de septiembre del 2018 (dos mil dieciocho), suscrito por el Secretario de Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado de Nuevo León;
8. El convenio celebrado en fecha desconocida entre el Gobierno del Estado de Nuevo León y la Universidad Autónoma de Nuevo León, cuyo contenido también se desconoce, pero cuyo objeto se relaciona con la elaboración del denominado ‘Programa de Desarrollo Urbano de la Zona Metropolitana de Monterrey 2040’, a espaldas de la Comisión de Conurbación de la Zona Conurbada de Monterrey y de los Municipios que eventualmente integrarían la Comisión de Ordenamiento Metropolitano de Desarrollo Urbano de la Zona Metropolitana de Monterrey, no obstante que constituye una atribución constitucional dada a los Municipios el participar en la elaboración y aprobación de dicha clase de instrumentos normativos, en el seno de los órganos colegiados antes mencionados.
Se reclaman, además, las consecuencias directas o indirectas, mediatas o inmediatas, que de hecho o por derecho deriven o resulten de las normas y actos cuya invalidez se reclama, descritos con anterioridad.”
SEGUNDO. Preceptos constitucionales violados. La parte actora señaló como violados los artículos 1, 14, 16, párrafo primero, 17, 25, párrafos primero y tercero, 26, Apartado A, 27, párrafos segundo y tercero, 29, 35, fracciones III y VIII, 36, fracción III, 39, 40, 41, párrafo primero, 49, 72, 73, fracción XXIX-C, 89, fracciones I y II, 90, 91, 92, 93, 115, primer párrafo y fracciones I, párrafo primero, II, párrafos segundo, tercero e incisos a), c), d) y e), III, incisos a), g), e i), V, VI, y VIII, 116, párrafos primero y segundo, y fracciones III, V y VII, 124, 128, 133 y 136, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
TERCERO. Conceptos de invalidez. La parte actora formuló los conceptos de invalidez que estimó pertinentes, los cuales no se transcriben, en atención a que su análisis será innecesario.
CUARTO. Trámite de admisión. Mediante proveído de Presidencia de nueve de noviembre de dos mil dieciocho (fojas 88-89) se ordenó formar y registrar el asunto bajo el número 197/2018 y se designó a la señora Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos para que fungiera como instructora en el procedimiento.
Mediante diverso de doce de noviembre de dos mil dieciocho, la Ministra Instructora tuvo al Presidente Municipal y a la Síndica Segunda con la personalidad que ostentan; admitió la demanda, y ordenó emplazar como autoridades demandadas a los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Nuevo León; así como dar vista al Procurador General de la República (fojas 90-92).
QUINTO. Contestación de la demanda del Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León. El treinta de enero de dos mil diecinueve, el Subsecretario de Asuntos Jurídicos y Atención Ciudadana de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Nuevo León, en representación del Gobernador Constitucional del Estado, dio contestación a la demanda de cuenta (fojas 127-170), la cual se tuvo por recibida mediante acuerdo del treinta y uno de enero de dos mil diecinueve.
SEXTO. Contestación de la demanda del Congreso del Estado de Nuevo León. El ocho de febrero de dos mil diecinueve, el Presidente del Congreso del Estado, dio contestación a la demanda de cuenta (fojas 209-228), la cual se tuvo por recibida mediante acuerdo del catorce de febrero de dos mil diecinueve.
SÉPTIMO. Opinión del Procurador General de la República. El Procurador General de la Republica no emitió opinión.
OCTAVO. Cierre de instrucción. Substanciado el procedimiento en la presente controversia constitucional, el diecinueve de marzo de dos mil diecinueve se llevó a cabo la audiencia prevista en los artículos 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la que, en términos del artículo 34 del mismo ordenamiento legal, se hizo relación de los autos, se tuvieron por exhibidas y admitidas las pruebas ofrecidas y se puso el expediente en estado de resolución.
NOVENO. Returno. Por acuerdo de diecinueve de marzo de dos mil diecinueve, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó el returno del presente asunto a la Ministra Yasmín Esquivel Mossa, para la formulación del proyecto de resolución respectivo.
DÉCIMO. Avocamiento. Mediante proveído de catorce de mayo de dos mil diecinueve, el Presidente de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que esta Sala se avocaba al conocimiento del presente asunto, por lo que ordenó devolver los autos a la Ministra ponente para la elaboración del proyecto respectivo.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(1) 1o. de la Ley Reglamentaria,(2) 10, fracción I,(3) y 11, fracción V,(4) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los Puntos Segundo, fracción I,(5) y Tercero(6) del Acuerdo General Número 5/2013, del Pleno de este Tribunal, del trece de mayo de dos mil trece, toda vez que se trata de una controversia constitucional suscitada entre el Municipio de San Pedro Garza García y los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Nuevo León, sobre la constitucionalidad de diversos actos sin que sea necesaria la intervención del Pleno.
SEGUNDO. Improcedencia. Se considera innecesario realizar el estudio de la oportunidad de la demanda, toda vez que, esta Segunda Sala considera que en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VIII, de la ley reglamentaria de la materia,(7) de la cual se advierte que las controversias constitucionales, devendrán improcedentes cuando dicha improcedencia derive de alguna disposición de la propia ley. Por lo que, procede sobreseer en la presente controversia constitucional, conforme al artículo 20, fracción II de la aludida ley de la materia(8) en atención a las siguientes consideraciones:
Conforme a los artículos 10, fracción I y 11, párrafo primero, de la ley reglamentaria de la materia,(9) el actor deberá comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que lo rigen, estén facultados para representarlo y, en todo caso, se presumirá que quien comparece a juicio goza de la representación legal y cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario.
En el caso, promueven la demanda de controversia constitucional en representación del Municipio actor, Mauricio Fernández Garza y María Diamantina Alcalá Fernández, quienes se ostentaron como Presidente Municipal y Síndica Segunda del Ayuntamiento.
A efecto de demostrar la legitimación para promover el presente asunto, exhibieron la copia certificada del Acta circunstanciada relativa a la sesión permanente de cómputo para la renovación del Ayuntamiento del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, publicada en el Periódico Estatal de fecha veinticuatro de junio de dos mil quince y el Acta relativa para la Sesión Permanente Número 8 de Instalación y Toma de protesta del Ayuntamiento Electo para el Ejercicio Constitucional 2015-2018, de treinta y uno de octubre de dos mil quince. (Fojas 31 a 48 y 84 a 86).
En la primera de las documentales, en la parte conducente se precisa lo siguiente:
“[...] Acto continuo y en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 269 fracción VIII de la Ley Electoral para el Estado de Nuevo León, se procede a elaborar el llenado del ‘Acta Cómputo de la Elección de Ayuntamientos levantada por la Comisión Municipal Electoral’, misma que fue firmada por los Consejeros Electorales Municipales, así como los representantes de los partidos políticos y de los candidatos independientes. En consideración a los anteriores resultados, se declara electa la planilla postulada por el Partido Acción Nacional para tomar posesión como miembros del Republicano Ayuntamiento de este municipio, durante el período que comprende del 31-treinta y uno de octubre del año 2015- dos mil quince, al 30-treinta de octubre del año 2018-dos mil dieciocho, siendo los integrantes de la plantilla los siguientes ciudadanos:
Ver integrantes de la plantilla
De la segunda documental se advierte que Mauricio Fernández Garza y María Diamantina Alcalá Fernández, tomaron protesta en sus cargos.
Cabe señalar que el artículo 34, fracción I, de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León(10) establece que la representación del Ayuntamiento será ejercida de manera mancomunada por el Presidente Municipal y el Síndico o Síndico Segundo según corresponda.
En el caso, el Presidente Municipal y la Síndica Segunda del Municipio actor no estaban legitimados para promover el presente medio de control constitucional el día que presentaron la demanda de controversia constitucional ante la Oficina de Correos de México, esto es, el treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, en virtud de que su mandato como integrantes del Ayuntamiento actor concluyó el treinta de octubre de dos mil dieciocho.
En este sentido, se concluye que los promoventes carecen de legitimación para promover la presente controversia constitucional en representación del Municipio de San Pedro Garza García, Estado de Nuevo León.
En consecuencia, procede sobreseer en la presente controversia constitucional de conformidad con la fracción VIII, del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 1o., 10, fracción I y, 11, de la referida ley.
Esta Segunda Sala comparte el criterio sustentado en la tesis emitida por la Primera Sala de esta Suprema Corte, del rubro y texto siguientes:
“CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. LA FALTA DE LEGITIMACIÓN DE LA PARTE ACTORA CONSTITUYE CAUSA DE IMPROCEDENCIA. Si bien la falta de legitimación no está expresamente considerada como causa de improcedencia dentro del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, también, la fracción VIII dispone que dicha improcedencia puede derivar de alguna disposición de la propia ley. Por tanto, si de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1o. y 10, fracción I, de la ley reglamentaria que rige este procedimiento, sólo las entidades, Poderes u órganos a que se refiere el artículo 105 de la Constitución Federal podrán promover la acción de controversia constitucional y si la parte promovente no tiene este carácter, es claro entonces que ésta no puede ejercer la acción constitucional de mérito y que este motivo de improcedencia deriva de la ley en cita. Asimismo, si el promovente también carece de facultades para representar al ente público, en términos de lo dispuesto por la legislación ordinaria que lo rige y no hay motivo para presumirla, es evidente que no se surten los extremos del artículo 11, primer párrafo, de la ley reglamentaria, que establece los medios para acreditar la representación y capacidad de los promoventes; y de ahí que también, por esta causa, surja la improcedencia de la vía de la propia ley. En estas condiciones, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción VIII del artículo 19 de la ley reglamentaria.”(11)
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:
ÚNICO. Se sobresee en la presente controversia constitucional.
Notifíquese; con testimonio de esta resolución a las partes interesadas y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.
Así lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por unanimidad de cinco votos de los señores Ministros Alberto Pérez Dayán, Eduardo Medina Mora I., José Fernando Franco González Salas, Yasmín Esquivel Mossa (ponente) y Presidente Javier Laynez Potisek. El señor Ministro José Fernando Franco González Salas, emitió su voto con reservas.
Firman el Ministro Presidente y la Ministra Ponente, con la Secretaria de Acuerdos, que autoriza y da fe.
PRESIDENTE
MINISTRO JAVIER LAYNEZ POTISEK
MINISTRA PONENTE
YASMÍN ESQUIVEL MOSSA
SECRETARIA DE ACUERDOS
JAZMÍN BONILLA GARCÍA
En términos de lo previsto en los artículos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como en el Acuerdo General 11/2017, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado el dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete en el Diario Oficial de la Federación, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.
________________
1. “Artículo 105.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:
I.- De las controversias constitucionales que, con excepción de las que se refieran a la materia electoral, se susciten entre: [...]
i) Un Estado y uno de sus municipios, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales;”
2. “Artículo 1o. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá y resolverá con base en las disposiciones del presente Título, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad a que se refieren las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A falta de disposición expresa, se estará a las prevenciones del Código Federal de Procedimientos Civiles.”
3. “Artículo 10. La Suprema Corte de Justicia conocerá funcionando en Pleno:
I. De las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad a que se refieren las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;”
4. “Artículo 11. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia velará en todo momento por la autonomía de los órganos del Poder Judicial de la Federación y por la independencia de sus miembros, y tendrá las siguientes atribuciones: [...]
V. Remitir para su resolución los asuntos de su competencia a las Salas a través de acuerdos generales. Si alguna de las Salas estima que el asunto remitido debe ser resuelto por la Suprema Corte de Justicia funcionando en Pleno, lo hará del conocimiento de este último para que determine lo que corresponda.”
5. “SEGUNDO. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación conservará para su resolución:
I. Las controversias constitucionales, salvo en las que deba sobreseerse y aquéllas en las que no se impugnen normas de carácter general, así como los recursos interpuestos en éstas en los que sea necesaria su intervención. Una vez resuelto el problema relacionado con la impugnación de normas generales, el Pleno podrá reservar jurisdicción a las Salas para examinar los conceptos de invalidez restantes, cuando así lo estime conveniente;”
6. “TERCERO. Las Salas resolverán los asuntos de su competencia originaria y los de la competencia del Pleno que no se ubiquen en los supuestos señalados en el Punto precedente, siempre y cuando unos y otros no deban ser remitidos a los Tribunales Colegiados de Circuito.”
7. “Artículo 19. Las controversias constitucionales son improcedentes: [...]
VIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de esta ley”.
8. “Artículo 20. El sobreseimiento procederá en los casos siguientes:
I. Cuando la parte actora se desista expresamente de la demanda interpuesta en contra de actos, sin que en ningún caso pueda hacerlo tratándose de normas generales;
II. Cuando durante el juicio apareciere o sobreviniere alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el artículo anterior; [...]”
9. “Artículo 10. Tendrán el carácter de parte en las controversias constitucionales:
I. Como actor, la entidad, poder u órgano que promueva la controversia; [...].”
“Artículo 11. El actor, el demandado y, en su caso, el tercero interesado deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos. En todo caso, se presumirá que quien comparezca a juicio goza de la representación legal y cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario. [...].”
10. “Artículo 34.- Para el ejercicio de la personalidad jurídica del Municipio, se atenderá a los siguientes supuestos:
I. Representación del Ayuntamiento: Será ejercida de manera mancomunada por el Presidente Municipal y el Síndico o Síndico Segundo según corresponda; y podrá delegarse esta representación en favor de cualquier integrante del Ayuntamiento, en cuyo caso, se requiere acuerdo del propio Ayuntamiento; [...]”
11. Época: Novena Época. Registro: 197888. Instancia: Primera Sala. Tesis aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VI, agosto de 1997. Tesis: 1a. XIX/97.Página: 465.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/200489-43e74b47/i-controversia-constitucional-la-representacion-del-ayuntamiento-del · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA REPRESENTACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, ESTADO DE NUEVO LEÓN, RECAE DE MANERA MANCOMUNADA EN EL PRESIDENTE MUNIC (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
- I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL ACTOR DEBE SEÑALAR EN SU DEMANDA DE MANERA ESPECÍFICA LOS ACTOS Y NORMAS QUE IMPUGNE Y NO REALIZAR UNA MANIFESTACIÓN GENÉRICA O IMPRECISA DE ELLO (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
- I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LEGITIMACIÓN PROCESAL PARA SU PROMOCIÓN RECAE TANTO EN EL PRESIDENTE MUNICIPAL COMO EN EL SÍNDICO DEL AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
- I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA QUE SE ACTUALICE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA NO ES INDISPENSABLE (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUANDO ES PROMOVIDA POR UN MUNICIPIO, LA SENTENCIA QUE DECLARA LA INVALIDEZ DE UNA NORMA GENERAL ESTATAL, SOLO TENDRÁ EFECTOS PARA LAS PARTES.- (31)
- CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUANDO ES PROMOVIDA POR UN MUNICIPIO, LA SENTENCIA QUE DECLARA LA INVALIDEZ DE UNA NORMA GENERAL ESTATAL, SÓLO TENDRA EFECTOS PARA LAS PARTES. (9)
- CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUANDO ES PROMOVIDA POR UN MUNICIPIO, LA SENTENCIA QUE DECLARA LA INVALIDEZ DE UNA NORMA GENERAL ESTATAL, SOLO TENDRA EFECTOS PARA LAS PARTES. (P./J. 72/96)
- DENUNCIA DE INCUMPLIMIENTO EN CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EFECTOS DE LA SENTENCIA CUANDO SE ACREDITA LA APLICACIÓN QUE HACE UNA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE UNA NORMA GENERAL DECLA (P./J. 57/2026 (12a.))
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis