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Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LEGITIMACIÓN DE LA SÍNDICA MUNICIPAL PARA PROMOVER LA DEMANDA RELATIVA. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MORELOS TIENE LEGITIMACIÓN PASIVA AL HABER PARTICIPADO EN LA EMISIÓN Y PROMULGACIÓN DE LA NORMA GENERAL O PRONUNCIADO EL ACTO QUE SEA OBJETO DE LA CONTROVERSIA. III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE MORELOS CARECE DE LEGITIMACIÓN PASIVA, AL NO HABER TENIDO PARTICIPACIÓN EN LOS ACTOS IMPUGNADOS. IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA EL ESTUDIO DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE UNA NORMA O ACTO BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE LA CAUSA DE PEDIR. V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBE DESESTIMARSE (ARTÍCULO 13 DEL REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE BIENES DEL ESTADO DE MORELOS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL DIECISÉIS DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO). VI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR AUSENCIA DE CONCEPTOS DE INVALIDEZ (APLICACIÓN DEL DECRETO PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL LOCAL EL DIECISÉIS DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 13 DEL REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE BIENES, 26, FRACCIÓN III, DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE EN MATERIA DE FUSIONES, DIVISIONES, FRACCIONAMIENTOS, CONDOMINIOS Y CONJUNTOS URBANOS, 16, 17 Y 37 BIS DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE, TODOS DEL ESTADO DE MORELOS). VII. HACIENDA MUNICIPAL. CONCEPTOS SUJETOS AL RÉGIMEN DE LIBRE ADMINISTRACIÓN HACENDARIA CONFORME AL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. VIII. HACIENDA MUNICIPAL. ALCANCE DEL PRINCIPIO DE RESERVA DE FUENTES DE INGRESOS. IX. HACIENDA MUNICIPAL. ALCANCE DEL PRINCIPIO DE INTEGRIDAD DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS MUNICIPALES. X. HACIENDA MUNICIPAL. ALCANCE DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS AYUNTAMIENTOS EN EL EJERCICIO DE LA POTESTAD TRIBUTARIA DE LA LEGISLACIÓN LOCAL EN EL ESTABLECIMIENTO DE LOS TRIBUTOS MUNICIPALES. XI. HACIENDA MUNICIPAL. PRINCIPIO DEL EJERCICIO DIRECTO DE LOS RECURSOS QUE LA INTEGRAN. XII. HACIENDA MUNICIPAL. LAS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES FEDERALES FORMAN PARTE DE AQUÉLLA, PERO SÓLO LAS PRIMERAS QUEDAN COMPRENDIDAS EN EL RÉGIMEN DE LIBRE ADMINISTRACIÓN HACENDARIA. XIII. HACIENDA MUNICIPAL. LA REGULACIÓN DE LOS REQUISITOS PARA DESTINAR INMUEBLES ESTATALES PARA SERVICIO PÚBLICO O USO COMÚN, NO INCIDE EN ALGUNA DE LAS GARANTÍAS JURÍDICAS DE CONTENIDO ECONÓMICO, FINANCIERO Y TRIBUTARIO RECONOCIDAS POR LA CONSTITUCIÓN GENERAL EN FAVOR DE AQUÉLLA (ARTÍCULO 13 DEL REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE BIENES DEL ESTADO DE MORELOS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL DIECISÉIS DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO). XIV. HACIENDA MUNICIPAL. LAS DISPOSICIONES LEGALES QUE PREVÉN CUESTIONES DE FORMA PARA TRÁMITES DE ESTUDIO DE IMPACTO URBANO CON PROCEDIMIENTOS A CARGO DE UNA DEPENDENCIA DE GOBIERNO DEL ESTADO, ASÍ COMO LA MODIFICACIÓN A LOS PROGRAMAS AL USO O DESTINO DEL SUELO, NO INCIDE EN ALGUNA DE LAS GARANTÍAS JURÍDICAS DE CONTENIDO ECONÓMICO, FINANCIERO Y TRIBUTARIO RECONOCIDAS POR LA CONSTITUCIÓN GENERAL EN FAVOR DE AQUÉLLA (ARTÍCULOS 16, 17 Y 37 BIS DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE MORELOS). XV. HACIENDA MUNICIPAL. LA PREVISIÓN LEGAL QUE PREVÉ LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN QUE DEBEN PROPORCIONARSE PARA LA OBTENCIÓN DE UNA FUSIÓN O DIVISIÓN DE INMUEBLES ANTE LA DEPENDENCIA DE GOBIERNO DEL ESTADO RESPECTIVA, NO DESCONOCE LAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES QUE LA TUTELAN (ARTÍCULO 26, FRACCIÓN III, DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE MORELOS EN MATERIA DE FUSIONES, DIVISIONES, FRACCIONAMIENTOS, CONDOMINIOS Y CONJUNTOS URBANOS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL DIECISÉIS DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO).

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 96/2018. · Registro digital (IUS): 30149
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2021-10-08
Promovente: MUNICIPIO DE ZACATEPEC, MORELOS.
Localización: Undécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, Octubre de 2021, Tomo II, Pág. 1250.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 96/2018. MUNICIPIO DE ZACATEPEC, MORELOS. 3 DE AGOSTO DE 2020. PONENTE: LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. SECRETARIO: RUBÉN JESÚS LARA PATRÓN.

Sentencia del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dictada en la Ciudad de México el día tres de agosto de dos mil veinte.

VISTOS, para resolver, los autos de la controversia constitucional interpuesta por el Municipio de Zacatepec, Morelos, contra los Poderes Legislativo y Ejecutivo de dicha entidad federativa, respecto de la norma y acto que se precisarán en el cuerpo de la presente ejecutoria, y

RESULTANDO:

(1) I. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el dos de mayo de dos mil dieciocho (1) en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Georgina Velázquez González, en su carácter de síndica del Municipio de Zacatepec, Morelos, promovió controversia constitucional contra los Poderes Legislativo y Ejecutivo de dicha entidad federativa, de quienes reclama lo siguiente:

NORMA GENERAL.

Decreto publicado en el Periódico Oficial "TIERRA Y LIBERTAD", órgano de difusión oficial del Estado de Morelos, de fecha 16 de marzo del 2018, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento de la Ley General de Bienes del Estado de Morelos; del Reglamento de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de Morelos en Materia de Fusiones, Divisiones, Fraccionamientos, Condominios y Conjuntos Urbanos y del Reglamento de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de Morelos, en Materia de Ordenamiento Territorial; por el que se reforman los artículos 16, 17 y 37 Bis del Reglamento de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de Morelos, en materia de ordenamiento territorial; se reforma el artículo 13 del Reglamento de la Ley General de Bienes del Estado de Morelos; así como los requisitos para la tramitación de una fusión o división que señala el artículo 26 del Reglamento de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de Morelos, en materia de fusiones, Divisiones, Fraccionamientos, Condominios y Conjuntos Urbanos en su fracción III; por los que se invade la competencia de los Municipios.

ACTO.

A) La aplicación del Decreto publicado en el Periódico Oficial "TIERRA Y LIBERTAD", órgano de difusión oficial del Estado de Morelos, de fecha 16 de marzo del 2018, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento de la Ley General de Bienes del Estado de Morelos; del Reglamento de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de Morelos en Materia de Fusiones, Divisiones, Fraccionamientos, Condominios y Conjuntos Urbanos y del Reglamento de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de Morelos, en Materia de Ordenamiento Territorial; por el que se reforman los artículos 16, 17 y 37 Bis del Reglamento de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de Morelos, en materia de ordenamiento territorial; se reforma el artículo 13 del Reglamento de la Ley General de Bienes del Estado de Morelos; así como los requisitos para la tramitación de una fusión o división que señala el artículo 26 del Reglamento de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de Morelos, en Materia de Fusiones, Divisiones, Fraccionamientos, Condominios y Conjuntos Urbanos en su fracción III; todo ello en contravención al artículo 115 Constitucional Federal.

(2) II. Preceptos constitucionales que se estiman violados. La parte actora señaló que la norma y acto que combate transgreden el artículo 115, fracciones IV y V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

(3) III. Antecedentes de la norma general o acto cuya invalidez se demanda. La parte actora manifestó, en esencia, como antecedentes los siguientes:

• El diez de junio de dos mil quince fue expedida la constancia de mayoría de la elección del Ayuntamiento del Municipio de Zacatepec, Morelos, por el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana para el periodo comprendido de dos mil dieciséis al dos mil dieciocho.

• El uno de enero de dos mil dieciséis se llevó a cabo la primera sesión ordinaria del Ayuntamiento en la que, entre otras cuestiones, el presidente municipal asumió posesión del cargo.

• El dieciséis de marzo de dos mil dieciocho se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Morelos "Tierra y Libertad" el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento de la Ley General de Bienes del Estado de Morelos; del Reglamento de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de Morelos en Materia de Fusiones, Divisiones, Fraccionamientos, Condominios y Conjuntos Urbanos y del Reglamento de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de Morelos, en Materia de Ordenamiento Territorial.

(4) IV. Conceptos de invalidez. En su demanda, el Municipio actor sostiene, en esencia, que la decisión de las demandadas le impide percibir recursos propios, lo que implica un retroceso económico, pues es insuficiente el activo con que cuenta para cubrir las necesidades, tales como, pago del agua, luz y otros; de modo que es indebido que el Estado absorba esos ingresos, invadiendo su competencia para recaudar, lo que merma su autonomía financiera.

(5) La norma general y el acto cuya invalidez se demanda son contarios al artículo 115 de la Constitución Federal, pues el Constituyente Permanente dotó a los Municipios de autonomía y libertad hacendaria para disponer de forma directa de sus recursos, en específico, decidir sobre fusiones, divisiones, fraccionamientos, condominios y conjuntos urbanos, por tanto, le corresponde su actividad, así como verificar la viabilidad y, en consecuencia, determinar el pago de los particulares.

(6) La facultad de manejar libremente la hacienda, así como formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal, la creación y administración de reservas territoriales, el autorizar y controlar la utilización del suelo, la regularización de la tenencia de la tierra urbana, comprendidos en el artículo 115, fracciones IV y V, de la Constitución Federal, han sido motivo de estudio por ese Alto Tribunal, estableciendo un cúmulo de garantías de carácter económico, tributario y financiero a favor de los Municipios tendentes al fortalecimiento de su autonomía, a saber: el principio de libre administración de la hacienda municipal; el principio de ejercicio directo de los recursos que integran su hacienda; el principio de integridad de los recursos; el derecho a percibir contribuciones; el principio de reserva de fuentes de ingresos municipales; la facultad de los Ayuntamientos para que, en su ámbito territorial, propongan a las Legislaturas Estatales, las cuotas y tarifas aplicables impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria; y la facultad para proponer sus leyes de ingresos.

(7) Así, por lo general, la hacienda municipal está sujeta a un régimen de libre administración, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, que estipula al Municipio como un ente de carácter público, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, con la libertad de administrar e integrar su hacienda.

(8) De manera que la ley, cuya invalidez se demanda, invade la hacienda municipal, pues no existe precepto que faculte a las autoridades estatales a menoscabar el erario público municipal con el objeto de intervenir en las percepciones que forman parte de los recursos propios generados por sí mismos.

(9) IV. Turno. Por acuerdo de tres de mayo de dos mil dieciocho,(2) el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la controversia constitucional 96/2018 y, por razón de turno, se designó al Ministro Eduardo Medina Mora como instructor del procedimiento.

(10) V. Prevención. Atento a lo anterior, mediante proveído del día siguiente,(3) el Ministro instructor requirió al promovente a efecto de que precisara las porciones normativas y, en su caso, los actos de aplicación que le causan afectación, el cual fue notificado en su residencia oficial el once de mayo de dos mil dieciocho,(4) sin haberlo desahogado.

(11) VI. Admisión. No obstante lo anterior, el veintidós de mayo de dos mil dieciocho,(5) el Ministro instructor admitió a trámite la demanda de controversia constitucional; tuvo como demandados a los Poderes Legislativo y Ejecutivo de Morelos, a quienes instruyó para que formularan su contestación de demanda; y dio vista a la Procuraduría General de la República a efecto de que, hasta antes de la celebración de la audiencia de ley, manifestara lo que a su representación correspondiera; además, ordenó formar el cuaderno relativo al incidente de suspensión solicitado.

(12) VII. Contestación del Poder Legislativo Local. Mediante oficio recibido el trece de julio de dos mil dieciocho(6) en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, la vicepresidenta de la mesa directiva del Congreso del Estado de Morelos, dio contestación a la demanda y manifestó, esencialmente, que por lo que hace a las normas generales impugnadas no tuvo participación alguna al ser expedidas por el gobernador del Estado.

(13) Además, señaló que el Municipio actor carecía de interés legítimo para promover controversia constitucional, por no existir afectación alguna en su esfera de atribuciones cuya observancia pudiera ser exigible ante esta Suprema Corte de Justicia de la Nación; de suerte que, estimó se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VIII, de la ley reglamentaria de la materia.

(14) VIII. Contestación del Poder Ejecutivo Local. Mediante oficio presentado el dos de agosto de dos mil dieciocho(7) en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el consejero jurídico, en representación del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, contestó la demanda que dio origen al presente medio de control constitucional.

(15) Dentro del documento en cita expresó, medularmente, que el Municipio actor carece de legitimación en la controversia constitucional, toda vez que el Poder Ejecutivo no ha realizado acto alguno que invada o afecte su órbita de competencia; resultando aplicable la tesis 2a./J. 75/97, de rubro: "LEGITIMACIÓN PROCESAL ACTIVA. CONCEPTO.". A su vez, la autoridad estatal carece de legitimación pasiva, porque los actos demandados se emitieron en ejercicio de sus facultades y atribuciones legales y constitucionales.

(16) El Municipio actor omite señalar con precisión los preceptos del Decreto impugnado que le causar perjuicio y, como se aprecia del único concepto de invalidez hecho valer, se limita a transcribir el artículo constitucional que estima vulnerado, así como los estudios que, al respecto, ha hecho ese Alto Tribunal; pero en modo alguno expone por qué el Poder Ejecutivo Estatal invade su ámbito competencial, es decir, no expresa, los motivos por los que, en su concepto, se causa un perjuicio a la hacienda municipal.

(17) Si bien en términos del artículo 40 de la ley reglamentaria de la materia, en todos los casos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá suplir la deficiencia de la demanda, contestación, alegatos o agravios, lo cierto es que debe acreditarse que los actos impugnados son susceptibles de causar una afectación al actor deviene en una carga procesal de éste, conforme a la tesis 1a. CXXIX/2014 (10a.), de título y subtítulo: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. NO PUEDE ASUMIRLA LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PARA ACREDITAR QUE LOS ACTOS IMPUGNADOS SON SUSCEPTIBLES DE CAUSAR AFECTACIÓN AL ACTOR."

(18) En ese sentido, alega que la controversia constitucional es improcedente, con fundamento en el artículo 19, fracción VIII, en relación con los diversos 20, fracción II y 22, fracción VII, de la ley reglamentaria de la materia.

(19) Además, sostiene que, en el caso concreto, no estamos en presencia de una afectación real, objetiva, cierta, presente e inminente que pudiera restringir el ámbito competencial del Municipio, conforme a lo estipulado en la Constitución Federal; en ese sentido, al no acreditarse un principio de agravio, deviene improcedente el medio de control constitucional, teniendo aplicación las tesis P./J. 50/2004 y 1a. CXVIII/2014 (10a.), de rubro, título y subtítulo: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL SOBRESEIMIENTO POR FALTA DE INTERÉS LEGÍTIMO DEBE DECRETARSE SIN INVOLUCRAR EL ESTUDIO DEL FONDO, CUANDO ES EVIDENTE LA INVIABILIDAD DE LA ACCIÓN." e "INTERÉS LEGÍTIMO EN CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PRINCIPIO DE AGRAVIO PUEDE DERIVAR NO SÓLO DE LA INVASIÓN COMPETENCIAL A LOS ÓRGANOS LEGITIMADOS, SINO DE LA AFECTACIÓN A CUALQUIER ÁMBITO DE SU ESFERA REGULADA DIRECTAMENTE EN LA NORMA FUNDAMENTAL."

(20) Afirma que no se causa perjuicio alguno al Municipio actor, pues el Reglamento de la Ley General de Bienes del Estado, conforme a su artículo 1, tiene por objeto establecer las bases de organización al interior de la administración pública estatal para regular el registro, destino, administración, control, posesión, uso, aprovechamiento y desincorporación de los bienes del Estado, teniendo aplicación únicamente para las secretarías, dependencias y entidades de la administración pública estatal, no para el Municipio actor; es decir, el destino que regula el reglamento en cuestión, corresponde a la asignación que realiza el Ejecutivo Local de los inmuebles del Estado, en el entendido de que el destino de los inmuebles no transmite la propiedad, ni otorga derecho real alguno, así como tampoco releva la realización de diversos trámites administrativos, incluso, a nivel municipal.

(21) La misma suerte deberá correr el acto impugnado, por ser inexistente; además, no pude haber aplicación alguna del Decreto impugnado, dado que, conforme a la naturaleza del mismo, sólo se establecen algunas consideraciones para aquellos casos en que el Municipio tramite una fusión o división, o bien, efectúen una modificación a los programas establecidos en el artículo 32 de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable del Estado; en ese sentido, debe sobreseerse, con fundamento en el artículo 20, fracción III, de la ley reglamentaria de la materia.

(22) Por otro lado, respecto de los argumentos de invalidez, sostiene que, conforme al artículo 10, párrafo segundo, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, es facultad del gobernador expedir los reglamentos sobre las leyes que emita el Congreso de la entidad y vinculadas con las materias de competencia; en el caso, la Ley de General de Bienes y la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable, ambas del Estado, establecen en sus disposiciones transitorias la obligación a cargo del gobierno de llevar a cabo la expedición de los reglamentos impugnados.

(23) Además, en términos del párrafo tercero del referido precepto, los reglamentos cuentan con el refrendo del secretario de despacho con facultades en las materias involucradas, por lo que se sostiene la constitucionalidad de la expedición, promulgación y publicación del Decreto impugnado, toda vez que es competencia exclusiva de la autoridad estatal.

(24) Asimismo, la facultad reglamentaria del titular del Poder Ejecutivo Local, se encuentra limitada por los principios de reserva de ley y de subordinación jerárquica, como se advierte de las tesis P./J. 79/2009 y P./J. 30/2007, de rubros: "FACULTAD REGLAMENTARIA DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL. SUS PRINCIPIOS Y LIMITACIONES" y "FACULTAD REGLAMENTARIA. SUS LÍMITES."; de modo que, el proceso para la emisión del Decreto que se controvierte llevó a cabo su expedición, promulgación y publicación, sin que tales actos hayan sido motivo de impugnación por vicios propios.

(25) El Decreto tiene como finalidad generar normas que garanticen el derecho a un ambiente sano y asegurar que los proyectos realizados por el Estado o los Municipios se ven beneficiados por la mejora regulatoria y la simplificación administrativa, contando con disposiciones claras en la materia.

(26) Respecto al Reglamento de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable del Estado, en Materia de Fusiones, Divisiones, Fraccionamientos, Condominios y Conjuntos Urbanos, así como de ordenamiento territorial, no se afecta la atribución de la autoridad municipal para otorgar las autorizaciones de fusiones, divisiones, condominios, fraccionamientos, conjuntos urbanos y sus modificaciones, respecto de los predios ubicados en su territorio y, por ende, la percepción de los derechos u otras contribuciones generadas con motivo de la aprobación, autorización y supervisión a su cargo.

(27) Siendo que la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos y la Ley de Ingresos de cada Municipio no han sido objeto de reforma, ni tampoco se generaron provisiones o exenciones fiscales; de manera que las afirmaciones del demandante son infundadas, porque ninguna disposición del Decreto impugnado va encaminada a afectar los recursos que, en la materia, tiene derecho a percibir el actor; además de que ello no resultaría jurídicamente posible, dados los principios y límites de la facultad reglamentaria.

(28) Las reformas a los reglamentos en cuestión tienen como único objeto eliminar la incertidumbre en la interpretación y aplicación de los instrumentos de planeación urbano vigentes, para proporcionar un desarrollo sustentable y establecer una regulación homogénea en el Estado, y permitir la prevalencia, en su caso, del uso de suelo más acorde a los proyectos públicos, en beneficio del interés social.

(29) Tomando en consideración que los programas de ordenamiento territorial y de desarrollo urbano vigentes en el Estado señalan criterios diferentes a considerar por los Municipios para emitir una constancia de zonificación o licencia de uso de suelo sobre predios o polígonos cuya superficie tengan asignados diversos usos o destinos de suelo (como se ejemplificó en la exposición de motivos del Decreto impugnado), se determinó que, en los casos en que se trate de proyectos de carácter público, que se desarrollen tanto por el Gobierno del Estado como por los Municipios, el polígono integrado por diversos predios colindantes entre sí, con distintos usos de suelo o destinos de suelo, cuyo propietario o poseedor sea el propio Estado o el Municipio, o bien, asociaciones civiles que tengan celebrado un convenio al efecto, se podrá acceder a las compatibilidades del uso o destino de suelo que mejor se ajuste a dicho proyecto.

(30) Lo anterior, porque cualquier obstáculo normativo ocasionaría afectaciones al interés social, por tratarse de una obra pública.

(31) Se insiste en que no existe afectación a la hacienda municipal, puesto que no se regula ningún aspecto de los ingresos municipales ni existe relación alguna con disposiciones fiscales, menos se establece que el Estado recaudará los ingresos que le corresponden al actor.

(32) IX. Opinión de la procuradora general de la República. La Procuraduría General de la República no emitió opinión en el presente asunto.

(33) X. Audiencia constitucional. Agotado el trámite respectivo, el seis de septiembre de dos mil dieciocho(8) se llevó a cabo la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con lo que se dejó el expediente en estado de resolución.

(34) XI. Returno. Mediante proveído de diez de octubre de dos mil diecinueve,(9) el presidente de la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó returnar el expediente al Ministro Luis María Aguilar Morales, a efecto de que continuara actuando como instructor en el presente sumario.

CONSIDERANDO:

(35) PRIMERO. Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 105, fracción I, inciso i),(10) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10, fracción I,(11) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo, fracción I,(12) y tercero(13) del Acuerdo General 5/2013, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en virtud de que se plantea un conflicto entre el Municipio de Zacatepec, Estado de Morelos, y los Poderes Legislativo y Ejecutivo de dicha entidad federativa, respecto de una norma de carácter general.

(36) SEGUNDO. Fijación de la norma general o acto cuya invalidez se demanda. En términos del artículo 41, fracción I,(14) de la ley reglamentaria de la materia, es necesario fijar de manera precisa las normas generales o actos objetos de la controversia, así como, en su caso, la apreciación de las pruebas conducentes a tenerlos o no por demostrados.

(37) Para ello, este Alto Tribunal ha sostenido que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, interpretándola en un sentido congruente con la totalidad de la información del expediente del juicio, de una manera tal que se resuelva la litis constitucional efectivamente planteada; de conformidad con la jurisprudencia P./J. 98/2009, de rubro: "CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. REGLAS A LAS QUE DEBE ATENDER LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PARA LA FIJACIÓN DE LA NORMA GENERAL O ACTO CUYA INVALIDEZ SE DEMANDA EN EL DICTADO DE LA SENTENCIA."(15)

(38) Pues bien, con motivo del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los Reglamentos de la Ley General de Bienes y de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable, ambos del Estado de Morelos, publicados en el Periódico Oficial de dicha entidad el dieciséis de marzo de dos mil dieciocho, el Municipio impugna:

a) El artículo 13 del Reglamento de la Ley General de Bienes del Estado de Morelos;

b) Los artículos 16, 17 y 37 Bis del Reglamento de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de Morelos, en materia de ordenamiento territorial;

c) El artículo 26, fracción III, del Reglamento de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de Morelos, en Materia de Fusiones, Divisiones, Fraccionamientos, Condominios y Conjuntos Urbanos y,

d) La aplicación del Decreto de referencia.

(39) En este sentido, debe estimarse como infundado lo alegado por el Poder Ejecutivo Estatal en cuanto a que el Municipio omite señalar con precisión los preceptos del decreto impugnado que le causan perjuicio, pues, de la lectura de la demanda, particularmente, del apartado correspondiente a la norma general cuya invalidez se demanda, se advierte que el Municipio sí se refiere expresamente a determinados artículos.

(40) TERCERO. Oportunidad. Procede analizar si la demanda de controversia constitucional fue promovida oportunamente, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente.

(41) Para emprender el análisis atinente debe atenderse a lo dispuesto en el artículo 21, fracción II,(16) de la ley reglamentaria de la materia, que prevé que, cuando en una controversia constitucional se impugnen normas generales, la demanda podrá promoverse en dos momentos, a saber, dentro del plazo de treinta días contados a partir del día siguiente:

– A la fecha de su publicación, y

– Al en que se produzca el primer acto de aplicación de la norma que dé origen al medio de control constitucional.

(42) Pues bien, en el caso, el decreto que contiene los artículos controvertidos por el Municipio actor fue publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" del Estado de Morelos el viernes dieciséis de marzo de dos mil dieciocho,(17) de modo que el plazo legalmente previsto para la presentación de la demanda transcurrió del martes veinte de marzo al lunes siete de mayo de dos mil dieciocho.

(43) Debiendo descontar de dicho plazo el sábado diecisiete, domingo dieciocho, lunes diecinueve, miércoles veintiuno, sábado veinticuatro, domingo veinticinco y del miércoles veintiocho al sábado treinta y uno de marzo, así como domingo uno, sábado siete, domingo ocho, sábado catorce, domingo quince, sábado veintiuno, domingo veintidós, sábado veintiocho y domingo veintinueve de abril; y también martes uno, sábado cinco y domingo seis de mayo, todos de dos mil dieciocho, por ser inhábiles, de conformidad con los artículos 2(18) y 3, fracción II,(19) de la ley reglamentaria de la materia, en relación con el 163(20) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; el punto primero,(21) incisos a), b), c), f), g) y n), del Acuerdo General Plenario Número 18/2013, de diecinueve de noviembre de dos mil trece, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los días hábiles e inhábiles respecto de los asuntos de su competencia y de descanso para su personal; 74, fracción III,(22) de la Ley Federal del Trabajo; y lo determinado por el Tribunal Pleno en su sesión privada celebrada el doce de marzo de dos mil dieciocho.

(44) Por tanto, si la demanda fue recibida en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el dos de mayo de dos mil dieciocho,(23) es posible concluir que su presentación fue oportuna y, por ende, debe tenerse por satisfecho el requisito de procedencia en estudio.

(45) CUARTO. Legitimación activa. A continuación, se estudiará la legitimación de quien promueve la controversia constitucional.

(46) En términos del artículo 11, párrafo primero,(24) de la ley reglamentaria de la materia, el actor, el demandado y, en su caso, el tercero interesado, deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos y, en todo caso, se presumirá que quien comparezca a juicio goza de la representación legal y cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario.

(47) En el presente asunto, suscribe la demanda, en representación del Municipio de Zacatepec, Estado de Morelos, Georgina Velázquez González, en su carácter de síndica, lo que acredita con la copia certificada de la constancia de mayoría de la elección del Ayuntamiento, expedida el diez de junio de dos mil quince por el Consejo Municipal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana,(25) así como del acta de Cabildo de la primera sesión ordinaria celebrada el uno de enero de dos mil dieciséis, relativa a la declaratoria oficial de la instalación del Ayuntamiento para el periodo dos mil dieciséis al dos mil dieciocho.(26)

(48) De conformidad con el artículo 45, párrafo primero, fracción II,(27) de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, los síndicos son miembros del Ayuntamiento con la atribución de representar jurídicamente a los Ayuntamientos en las controversias jurisdiccionales.

(49) De manera que, quien suscribe la demanda, cuenta con la facultad de representar al Municipio actor; sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2a. XXVIII/2012 (10a.), de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS SÍNDICOS DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MORELOS SE ENCUENTRAN LEGITIMADOS PARA PROMOVERLA."(28)

(50) Así también, la del propio Municipio actor para instar la vía, al ser uno de los entes mencionados en el artículo 105, fracción I, de la Constitución Federal.

(51) En consecuencia, por los motivos expuestos, resulta infundada la causal de improcedencia invocada por el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos consistente en la falta de legitimación activa del Municipio de Zacatepec.

(52) QUINTO. Legitimación pasiva. A continuación, se analizará la legitimación de las autoridades demandadas, al ser un presupuesto necesario para la procedencia de la acción, en tanto dichas partes son las obligadas por ley para satisfacer las pretensiones del actor, en caso de que éstas resulten fundadas.

(53) Conforme a los artículos 10, fracción II,(29) y 11, párrafo primero, de la ley reglamentaria, serán demandados en las controversias constitucionales las entidades, Poderes u órganos que hubiesen emitido y promulgado la norma general o pronunciado el acto impugnado, los cuales deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos.

(54) Tienen el carácter de autoridades demandadas en esta controversia constitucional los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Morelos.

(55) En representación del Poder Ejecutivo Local comparece a juicio José Anuar González Cianci Pérez, en su carácter de consejero jurídico, lo que acredita con la publicación del Periódico Oficial de la entidad de diecinueve de abril de dos mil diecisiete, en el que se publicó el nombramiento expedido a su favor por el gobernador del Estado el diecisiete de abril de dos mil diecisiete.(30)

(56) Al efecto, en términos de los artículos 38, fracción II,(31) en relación con el 14, párrafo primero,(32) de la Ley Orgánica de la Administración Pública y 8(33) del Reglamento Interior de la Consejería Jurídica, ambos del Estado de Morelos, corresponde a dicho funcionario la representación del titular del Poder Ejecutivo Estatal en las acciones y controversias a que se refiere el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

(57) Por lo que debe reconocerse la legitimación pasiva del Poder Ejecutivo del Estado de More

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30149-e9d93721/i-controversia-constitucional-legitimacion-de-la-sindica-municipal · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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