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Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, TRATÁNDOSE DE NORMAS GENERALES, ES DE TREINTA DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL SIGUIENTE AL DE SU APLICACIÓN O AL EN QUE SE PRODUZCA SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 21, FRACCIÓN II, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LEGITIMACIÓN PROCESAL DEL SÍNDICO DEL AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD DEL ESTADO DE QUINTANA ROO PARA PROMOVERLA. III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS PODERES LEGISLATIVO Y EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO TIENEN LEGITIMACIÓN PASIVA AL HABER PARTICIPADO EN LA EMISIÓN Y PROMULGACIÓN DE LA NORMA GENERAL O PRONUNCIADO EL ACTO QUE SEA OBJETO DE LA CONTROVERSIA. IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LEGITIMACIÓN DEL PRESIDENTE DE LA GRAN COMISIÓN DEL CONGRESO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO PARA COMPARECER EN DEFENSA DEL PODER LEGISLATIVO DE ESA ENTIDAD (ARTÍCULO 44, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO). V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LEGITIMACIÓN DE LA CONSEJERA JURÍDICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO PARA PROMOVERLA EN REPRESENTACIÓN DEL PODER EJECUTIVO DE LA ENTIDAD (ARTÍCULO 51, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO). VI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, AL DICTAR SENTENCIA, PUEDE CORREGIR LOS ERRORES EN LA CITA DE LOS PRECEPTOS INVOCADOS Y EXAMINAR EN SU CONJUNTO LOS RAZONAMIENTOS DE LAS PARTES A FIN DE RESOLVER LA CUESTIÓN PLANTEADA (ARTÍCULO 39 DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). VII. ASENTAMIENTOS HUMANOS. BASE CONSTITUCIONAL PARA LA DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS ENTRE LA FEDERACIÓN, LOS ESTADOS Y LOS MUNICIPIOS (ARTÍCULO 115, FRACCIÓN V, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). VIII. ASENTAMIENTOS HUMANOS. LOS MUNICIPIOS GOZAN DE UNA INTERVENCIÓN REAL Y EFECTIVA DENTRO DEL CONTEXTO DE LA NATURALEZA CONSTITUCIONAL CONCURRENTE DE LA MATERIA. IX. ASENTAMIENTOS HUMANOS EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO. LA PREVISIÓN LEGAL QUE ESTABLECE CUÁLES SON LAS AUTORIDADES EN MATERIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO, NO ES CONTRARIA AL MARCO DE DISTRIBUCIÓN COMPETENCIAL ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL, ASÍ COMO EN LA LEY GENERAL DE LA MATERIA (ARTÍCULO 10 DE LA LEY DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, PUBLICADA MEDIANTE DECRETO 194 EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA, EL 16 DE AGOSTO DE 2018). X. ASENTAMIENTOS HUMANOS EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO. LA PREVISIÓN LEGAL ESTABLECIDA EN LA LEGISLACIÓN LOCAL DE LA MATERIA QUE REGULA EL ÁMBITO DE LA DENUNCIA CIUDADANA, ES ACORDE AL MARCO DE DISTRIBUCIÓN COMPETENCIAL ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL, ASÍ COMO EN LA LEY GENERAL RESPECTIVA (ARTÍCULO 23 DE LA LEY DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, PUBLICADA MEDIANTE DECRETO 194 EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA, EL 16 DE AGOSTO DE 2018). XI. ASENTAMIENTOS HUMANOS EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO. LA PREVISIÓN LEGAL QUE ESTABLECE QUE TANTO EL ESTADO COMO LOS MUNICIPIOS, REALIZARÁN ACCIONES PARA LA CONFORMACIÓN PLURAL Y LA OPERACIÓN DE ÓRGANOS AUXILIARES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, NO ES CONTRARIA AL MARCO DE DISTRIBUCIÓN COMPETENCIAL ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL, ASÍ COMO EN LA LEY GENERAL DE LA MATERIA (ARTÍCULO 24 DE LA LEY DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, PUBLICADA MEDIANTE DECRETO 194 EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA, EL 16 DE AGOSTO DE 2018). XII. ASENTAMIENTOS HUMANOS EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO. LA PREVISIÓN LEGAL ESTABLECIDA EN LA LEGISLACIÓN LOCAL DE LA MATERIA QUE REGULA LA FORMA EN QUE SE INTEGRARÁ EL CONSEJO CONSULTIVO METROPOLITANO, ASÍ COMO SUS ATRIBUCIONES, ES ACORDE AL MARCO DE DISTRIBUCIÓN COMPETENCIAL ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL, ASÍ COMO EN LA LEY GENERAL RESPECTIVA (ARTÍCULO 43 DE LA LEY DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, PUBLICADA MEDIANTE DECRETO 194 EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA, EL 16 DE AGOSTO DE 2018). XIII. ASENTAMIENTOS HUMANOS EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO. LA FACULTAD DE LOS MUNICIPIOS ESTABLECIDA EN LA LEGISLACIÓN LOCAL DE LA MATERIA PARA FORMULAR Y APROBAR PROGRAMAS PARCIALES DE INTERÉS METROPOLITANO ES CONGRUENTE CON LA ESTRATEGIA NACIONAL Y ESTATAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y EL PROGRAMA ESTATAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, ECOLÓGICO Y DESARROLLO URBANO Y, POR ENDE, NO SE DESPRENDE ALGUNA VULNERACIÓN DIRECTA AL MARCO DE DISTRIBUCIÓN COMPETENCIAL ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL, ASÍ COMO EN LA LEY GENERAL DE

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 177/2018. · Registro digital (IUS): 30555
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2022-05-13
Promovente: MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, ESTADO DE QUINTANA ROO.
Localización: Undécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 13, Mayo de 2022, Tomo II, Pág.1419.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 177/2018. MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, ESTADO DE QUINTANA ROO. 18 DE MARZO DE 2021. PONENTE: YASMÍN ESQUIVEL MOSSA. SECRETARIO: JUVENAL CARBAJAL DÍAZ.

Ciudad de México. Acuerdo del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al dieciocho de marzo de dos mil veintiuno.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO.—Presentación de la demanda, autoridades demandadas y actos impugnados. Por escrito recibido el veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación,(1) Juan Carlos Beristain Navarrete, en su carácter de síndico del Municipio de Solidaridad, Estado de Quintana Roo, promovió controversia constitucional en contra de los Poderes Legislativo y Ejecutivo, así como del secretario de Gobierno y del director del Periódico Oficial del Gobierno, todos de dicha entidad federativa, de quienes demandó la invalidez de lo siguiente:

"IV. Norma general o acto cuya invalidez se demanda. La aprobación, sanción, promulgación y publicación del Decreto Número 194, por parte de la XV Legislatura del Congreso del Estado de Quintana Roo, publicado en el Diario Oficial del Estado de Quintana Roo el 16 de agosto de 2018, Tomo II, Número 108 extraordinario, Novena Época, por el cual se expide:

"La Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Quintana Roo, se expide la Ley de Acciones Urbanísticas del Estado de Quintana Roo, se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Vivienda del Estado de Quintana Roo, se reforman los artículos 16, 24, 34, párrafo segundo, y se adiciona un último párrafo al artículo 184 Ter, todos de la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Quintana Roo, se reforman los párrafos segundo y tercero, y se adiciona un cuarto párrafo al artículo 4 de la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles del Estado de Quintana Roo, y se reforma el artículo segundo de la Ley de Expropiación del Estado de Quintana Roo."

SEGUNDO.—Preceptos constitucionales que se estiman violados. De la lectura integral de la demanda se advierte que el actor considera violentados los artículos 115, fracciones II, III, incisos b) y g), IV, incisos a), c) y g) y V, y 133, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 11, fracciones I, II, III, IX, XI, XII, XIV, XIX, XXI, XXII, XXIV, 19, 21, 40 y 43 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano; 20 Bis 4 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; 47, 133, 147, incisos h), i) y j), de la Constitución Política del Estado de Quintana Roo; y 10 Bis, fracción III, incisos b), c) y d), de la Ley de Acción del Cambio Climático de dicha entidad federativa.

TERCERO.—Conceptos de invalidez. El Municipio actor formuló los conceptos de invalidez que estimó pertinentes, los cuales se sintetizan como sigue:

• Primero. La exigencia de un previo dictamen de verificación de congruencia por parte del Ejecutivo Estatal invade la competencia municipal. El artículo 13, fracción IV (sic), de la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Quintana Roo, viola el artículo 115, fracción V, inciso a), de la Constitución Federal, al prever la exigencia de previo dictamen de verificación de congruencia por parte del Ejecutivo Estatal, para la publicación de reglamentos e instrumentos de planeación en materia de desarrollo urbano y ordenamiento ecológico del Municipio actor, lo cual permite una injerencia indebida por parte del Ejecutivo Estatal, a través de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente, para formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal.

Atento a ello, sostiene que el ente municipal tiene atribuciones y facultades reconocidas en el orden jurídico nacional y estatal para ejercer las funciones en materia de servicios como son los relativos a calles, parques, jardines y equipamiento; así como para administrar libremente su hacienda; aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo municipal; así como también en el ordenamiento ecológico local; además de autorizar y vigilar la utilización del suelo en su ámbito de competencia territorial y el de otorgar licencias y permisos para construcciones.

Así, considera que se violentan los artículos 115, fracciones II, III, incisos b) y g), IV, incisos a) y c), y V, de la Constitución Federal; 11, fracciones I, II, III, IX, XI, XII, XIV, XIX, XXI, XXII, XXIV, 19, 21, 40 y 43 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano; 20 Bis 4 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; 47, 133, 147, incisos h), i) y j), de la Constitución Política del Estado de Quintana Roo; y 10 Bis, fracción III, incisos c) y d), de la Ley de Acción del Cambio Climático de dicha entidad federativa.

Alega que se pretende invadir la competencia exclusiva del Municipio en materia de desarrollo urbano y equilibro ecológico cuando es la propia Constitución la que refiere que el ente municipal está facultado para la realización de dichas actividades sin intervención del Poder Ejecutivo Local, por lo que la exigencia de previo dictamen de verificación de congruencia es inconstitucional.

Al respecto, el Municipio actor establece una tabla donde transcribe los artículos 10, 11, 23, 24, 31, 33, 43, 44 y 46 de la Ley de Asentamientos Humanos Local que impugna, para señalar que tales disposiciones vulneran lo mandatado en el artículo 41 de la Constitución Federal, en el sentido de que en ningún caso las Constituciones Locales y de la Ciudad de México podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal y las leyes que de ella emanen, atento a la supremacía constitucional establecida en el artículo 133 del Magno Ordenamiento, a la forma de Gobierno Federal determinado en el diverso 40 de la propia Norma Fundamental y a las competencias del Municipio reconocidas en la fracción V del artículo 115 constitucional.

Asimismo, alega que dichas normas transgreden el artículo 47 de la Constitución Política de Quintana Roo, el cual reconoce que la división territorial y división política y administrativa del Estado es el Municipio Libre; así como el diverso 90, fracción XIX, de la Ley de los Municipios de dicha entidad federativa, que otorga al presidente municipal la atribución de formular y someter a aprobación del Ayuntamiento la zonificación y los planes de desarrollo urbano municipal.

• Segundo. El duodécimo transitorio de la Ley de Asentamientos Humanos Local impugnada, al disponer la derogación de todas aquellas disposiciones que se opongan a ella, viola la supremacía constitucional contenida en el artículo 133 de la Constitución Federal, que obliga a que todas y cada una de las normas del orden jurídico nacional como local, se sometan a la Constitución Federal, de manera que se vulneran las fracciones II, III, inciso g), fracción IV, incisos a) y c), y fracción V del artículo 115 de ese Magno Ordenamiento, así como los artículos 11, fracciones I, II, III, IX, XI, XII, XIV, XIX, XXI, XXII, XXIV, 19, 21, 40 y 43 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. Además, se transgreden los preceptos 47, 133 y 147 de la Constitución Política del Estado de Quintana Roo, y 10 Bis, fracción III, incisos b) y c), de la Ley de Acción de Cambio Climático del Estado de Quintana Roo.

Por otra parte, precisa que el Municipio tiene atribuciones y facultades exclusivas en lo relativo a calles, parques, jardines y equipamiento, así como para administrar libremente su hacienda; aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo municipal; así como también el ordenamiento ecológico local; autorizar y vigilar la utilización del uso de suelo en su ámbito de competencia territorial, así como otorgar licencias y permisos para construcciones.

En ese sentido, señala que la Ley de Asentamientos Humanos Local impugnada, invade la competencia del ente municipal, al otorgarle al Ejecutivo del Estado facultades no reconocidas en la Constitución Federal y que las mismas corresponden al Municipio, en específico:

• En materia de ordenamiento territorial municipal, al condicionar el Plan de Desarrollo Urbano y el Programa de Ordenamiento Ecológico Local, a un dictamen de verificación de congruencia emitido por el Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente.

• De crear un ente de ordenamiento territorial sustentable que emita constancias de compatibilidad estatal sobre las facultades municipales.

• Pretende invadir la facultad del Municipio de autorización de obras de alto impacto, como hoteles, supermercados o fraccionamientos.

• En materia de donaciones derivadas del ordenamiento urbano de predios para áreas públicas, despoja a los Municipios del 20% (veinte por ciento) de las mismas, al determinar que dichos inmuebles donados serán en un 80% (ochenta por ciento) de los Municipios y en un 20% (veinte por ciento) del Estado.

• En materia de hacienda municipal, se dan atribuciones al Poder Ejecutivo Local para que participe de las ventas de las áreas públicas que no puedan ser donadas al ente municipal, en los términos anteriores, 80% (ochenta por ciento) al Municipio y 20% (veinte por ciento) el Estado.

• Se faculta a la autoridad estatal para autorizar la sobredensificación de área mediante la compensación económica pasando por encima de la autonomía y rectoría municipal, además se viola el derecho humano al medio ambiente sano, reconocido en el artículo 4o. constitucional, pues no existirán áreas verdes para que los mantos acuíferos se recarguen.

• Se otorga facultad al Ejecutivo Local para establecer las zonas de crecimiento urbano, lo que contraviene el artículo 115, fracción V, inciso a), de la Constitución Federal.

• Tercero. El sexto transitorio de la Ley de Asentamientos Humanos Local impugnada, viola el principio de irretroactividad de las leyes, reconocido en el artículo 14 de la Constitución Federal, pues se obliga tanto al Municipio como a los particulares a aplicarla, sin importar que existan previos procedimientos a la entrada en vigor de esa ley, lo que significa que el ente municipal debe desechar todo procedimiento iniciado de manera anterior a su vigencia, sin importar derechos adquiridos por particulares que hubiesen iniciado alguna autorización, refrendo o renovación en materia de acciones urbanísticas.

• Cuarto. Los artículos 16, 24, 34, párrafo segundo y 184 Ter, de la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Quintana Roo, violan la competencia del Municipio, al ser contrarios a los artículos 115 de la Constitución Federal; 20 Bis 1, 20 Bis 2, 20 Bis 3 y 20 Bis 4 de la ley general en dicha materia; 47 y 147, incisos h), l), y j), de la Constitución de la citada entidad federativa; y 10 Bis, fracción III, incisos d) y c), de la Ley de Acción de Cambio Climático Local.

Lo anterior, pues la Ley de Equilibrio Ecológico Local impugnada, vincula la parte ambiental con los asentamientos humanos y el desarrollo urbano, pues fusiona el Programa de Desarrollo Urbano con el Programa de Ordenamiento Ecológico Local, plan y programa que encuentran sustento en el artículo 115, fracción V, incisos a), b), d), e), f) y g), de la Constitución Federal.

Los artículos impugnados restan competencia al Municipio actor en materia de aprobación, formulación y administración del Plan de Desarrollo Municipal, así como al Programa de Ordenamiento Ecológico Local, al permitir que sea el Poder Ejecutivo Local quien ahora emitirá el Programa de Ordenamiento Ecológico, lo que invade la competencia municipal reconocida específicamente en el artículo 20 Bis 4 de la Ley General de Equilibro Ecológico citada.

En efecto, de dicho precepto se desprende que los Programas de Ordenamiento Ecológico Local, serán expedidos por las autoridades municipales, de manera que no pueden pasar procesos de consulta relativos a su evaluación, formulación y modificación, donde el Consejo Consultivo de Ecología del Estado de Quintana Roo deberá sesionar en acuerdo con el Consejo Estatal de Ordenamiento Territorial, Ecológico y Desarrollo Urbano Sustentable, a los que se refiere la Ley de Asentamientos Humanos Local impugnada.

Así, el artículo 184 Ter de la Ley General de Equilibro Ecológico Local impugnada invade la competencia municipal, al contravenir el diverso 20 Bis de la ley general en esa materia, de manera que se viola el principio de supremacía constitucional reconocido en el artículo 133 de la Constitución Federal, en relación con el diverso 115 de esa Norma Suprema.

En el caso, se acredita la invasión de competencias municipales por parte del Ejecutivo Estatal, pues la ley impugnada está regulando un nuevo procedimiento que invade la facultad del Municipio para determinar de manera libre los procedimientos para expedir los Programas de Desarrollo Urbano y de Ordenamientos Ecológicos, autorizaciones de acciones urbanísticas dentro del Municipio, lo que propicia un daño irreversible dentro de la recaudación de las contribuciones de los ciudadanos violentando el principio de legalidad.

• Quinto. Los artículos 1, 5, 6 y 12 de la Ley de Acciones Urbanísticas del Estado de Quintana Roo, violan la competencia municipal reconocida en los artículos 115 de la Constitución Federal; 7, 8, fracciones II, III, VI, VII, VIII, XII y XIII, 10, fracciones V y XXII y 11 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. Lo anterior, pues la ley impugnada establece facultades para el Ejecutivo Estatal que no están contempladas en la ley general de la materia, al establecer que será el gobierno local quien emita la constancia de compatibilidad territorial en todas sus modalidades, esto es, en construcción, ampliación, remodelación o demolición de obras y edificios sin tener injerencia los gobiernos municipales, lo que vulnera su competencia pues excluye al Municipio Libre de otorgar dichas autorizaciones.

• Sexto. El artículo 24, fracción I, de la Ley de Acciones Urbanísticas del Estado de Quintana Roo, viola el artículo 4o., párrafo octavo, de la Constitución Federal, el cual determina que toda familia tiene derecho a disfrutar de una vivienda digna y decorosa, derecho humano que también se encuentra reconocido en el artículo 11 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como el diverso 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde se garantiza el acceso a una vivienda adecuada. Lo anterior, pues dicho dispositivo violenta el derecho humano a tener una vivienda digna y decorosa, ya que es imposible que una familia pueda vivir en una vivienda de cuando menos 4 metros de frente y una superficie de 16 metros cuadrados que, sin duda, obligan a las familias al hacinamiento que produce enfermedades y desintegración, al no existir las mínimas condiciones de espacio digno al que toda familia tiene derecho.

CUARTO.—Radicación, turno y admisión. Mediante proveído de presidencia de veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho,(2) se ordenó formar y registrar esta controversia bajo el número 177/2018 y se designó a la Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos como instructora en el procedimiento.

Por auto de uno de octubre de dos mil dieciocho,(3) la Ministra instructora admitió a trámite la demanda; tuvo únicamente como demandados a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Quintana Roo, no así al secretario de Gobierno ni al director del Periódico Oficial del Gobierno de la entidad federativa, al ser éstos órganos subordinados al último Poder citado; ordenó emplazar a las autoridades demandadas; requirió los antecedentes legislativos de las normas impugnadas; y dar vista al procurador general de la República para que manifestara lo que a su representación correspondiera.

QUINTO.—Contestación del Poder Legislativo de Quintana Roo. Por escrito presentado el veintidós de noviembre de dos mil dieciocho en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación,(4) Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, en su carácter de presidente de la Gran Comisión de la Décimo Quinta Legislatura del Congreso del Estado de Quintana Roo, formuló contestación a la demanda, en la que hizo valer, en esencia, lo siguiente:

• Respecto al primer concepto de invalidez, sostiene que los Municipios no son independientes ni soberanos, ni tienen facultades excluyentes en materia de asentamientos humanos, que por su propia naturaleza es concurrente, de conformidad con el artículo 73, fracción XXIX-C, de la Constitución Federal, aunado a que el diverso 115 de la propia Norma Fundamental, establece los límites y condiciones de la competencia municipal.

En la ley impugnada no existe ningún menoscabo a las atribuciones municipales. De hecho, de las 18 atribuciones que consignaba a su favor la abrogada Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Quintana Roo, pasó a 29 en la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de la entidad federativa, con pleno alineamiento al artículo 115 constitucional y al diverso 11 de la ley general de la materia.

En ese sentido, se reconocen nuevas facultades al Municipio en materia de asentamientos humanos, pero también sus obligaciones y responsabilidades, en un marco de concurrencia y coordinación de los tres órdenes de gobierno en la materia.

El dictamen de verificación de congruencia a cargo del Gobierno del Estado, que prevé la ley impugnada como medida previa a la publicación de los Programas Municipales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, deriva y tiene su fundamento en la fracción III del artículo 1o., fracción VII, del artículo 10, párrafo final, del artículo 23 y del diverso 44 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.

Analizar y calificar la congruencia y vinculación de la planeación estatal, que deberán observar los distintos Programas Municipales de Desarrollo Urbano, no es un capricho ni una invasión de competencias municipales, sino que busca establecer un control y armonía entre Poderes, sujetos a normas y procedimientos legislativos expresos, evitando el abuso y corrupción con que, en muchos casos, se ha venido gestionando y administrando la planeación municipal del desarrollo urbano y del territorio.

Es claro que el Congreso de la Unión, al emitir la ley general en la materia, tenía como propósito evitar tales excesos, por ello, el artículo 31 de la ley estatal impugnada, establece que los instrumentos de planeación deberán guardar congruencia entre sí y previamente a su publicación en el Periódico Oficial del Estado y su inscripción en el Registro Público, contar con el dictamen de verificación de congruencia que para tal efecto emita el Gobierno Estatal, en los términos de esa ley.

• Respecto al segundo concepto de invalidez, se alega que la ley impugnada despoja a los Municipios de donaciones; sin embargo, dicha ley no maneja ese término, sino áreas de cesión para destinos; además, ni el artículo 115 constitucional ni la ley general de la materia, dejan tales donaciones o cesiones para destinos, a favor exclusivo de los Municipios.

El artículo 57 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano consigna expresamente la posibilidad de que las leyes estatales contemplen donaciones y cesiones, tanto a favor de los Municipios como de las entidades federativas.

Así, es evidente que no hay despojo alguno de atribuciones ni invasión de competencia, sino que el legislador local reconoció el hecho de que buena parte de los equipamientos públicos corren a cargo y bajo el costo de la responsabilidad del Gobierno Estatal, como en los casos de diversos equipamientos educativos, de salud, abasto, comercio, sistemas de agua, deporte, cultura, entre otros. El actor va contra autorizar la densificación de área mediante compensación económica sin dar más precisiones ni argumentos. Al respecto, menciona que el artículo 7, fracción XVII, de la ley estatal impugnada, define "densificación" y establece sus límites y condiciones, al señalar que consiste en una "acción urbanística cuya finalidad es incrementar el número de habitantes y la población flotante por unidad de superficie, considerando la capacidad de soporte del territorio y en su caso, adecuando los espacios públicos y sus infraestructuras, conforme a los programas municipales a que se refiere el artículo 31 de esta ley."

Si bien el actor aduce que la ley impugnada vulnera el artículo 115, fracción V, inciso a), constitucional, al otorgar facultades en materia de desarrollo urbano y ordenamiento territorial al gobierno de la entidad federativa, lo cierto es que tal dispositivo no le otorga facultades exclusivas al Municipio ni mucho menos excluyentes con el gobierno, toda vez que la materia de asentamientos urbanos es una concurrente.

• Respecto al tercer concepto de invalidez. El artículo tercero transitorio de la ley impugnada respeta y es congruente con el principio de irretroactividad de la ley, ya que establece el reconocimiento de los derechos adquiridos, ya que reconoce y mandata la vigencia de los Programas de Desarrollo Urbano y los Ordenamientos Ecológicos del Territorio, hasta en tanto no se expidan los que se formulen, consulten, aprueben, publiquen y registren los nuevos instrumentos de ordenamiento territorial que la ley crea.

Con lo anterior, se asegura que un tema de orden jurídico e interés social, como son las materias de asentamientos humanos y el medio ambiente, no queden sin regulación, que eventualmente pudiera provocar un vacío que auspiciara el desorden en el desarrollo urbano o en el deterioro del medio ambiente o de los recursos naturales. Precisamente de ello se ocupan los artículos octavo y noveno transitorios del decreto que aprobó la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado.

En relación con las autorizaciones particulares, la ley impugnada encuentra congruencia y ajuste con lo dispuesto en el principio de irretroactividad de la ley, pues establece que las autorizaciones que se encuentren en trámite, se deberán ajustar a las nuevas disposiciones, con lo cual se busca regular, de modo claro y legítimo, los actos que no se han consumado y que son meras expectativas de derecho, desde luego, para que se adecuen a las prescripciones del nuevo ordenamiento legal.

• Respecto al cuarto concepto de invalidez, tanto la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano como la Ley de Equilibro Ecológico y la Protección al Ambiente, ambos del Estado de Quintana Roo, en ninguno de sus textos se afirma que los Municipios perderán sus atribuciones para aprobar, tanto el ordenamiento ecológico del territorio, como los Programas de Desarrollo Urbano en sus jurisdicciones territoriales, sino que, por el contrario, la ley ordena ofrecer a la sociedad y al gobierno una visión integrada de regulaciones y políticas públicas municipales, armónicas sobre el uso y aprovechamiento del territorio en el Estado, reforzando recíprocamente los temas de desarrollo urbano y medio ambiente, para cancelar de manera definitiva los conflictos jurídicos competenciales, espaciales, materiales y temporales, que han estado presentes entre estos dos temas.

Aunque tratan y se ocupan de un mismo objeto y propósito, la configuración de las políticas públicas y la regulación de los usos y aprovechamientos del suelo en el Estado de Quintana Roo, se han dado desde diferentes ópticas, conceptos e inclusive lenguajes para cada tema, según se trate de suelo urbano o de conservación.

La nueva legislación da sentido y contenidos al ordenamiento territorial, conforme a lo dispuesto en la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. Dicha ley define al mismo como "una política pública que tiene como objeto la ocupación y utilización racional del territorio como base espacial de las estrategias de desarrollo socioeconómico y la preservación ambiental", es decir, que expresamente indica un tratamiento unificado de las regulaciones sobre el territorio.

La reforma legislativa que se impugna ordena integrar las visiones y homologar los instrumentos de planeación y zonificación, así como armonizar y vincular las normas aplicables, respecto del uso y aprovechamiento del territorio en esas materias, en particular las de zonificación que afectan el derecho de propiedad.

Se mandata el tener instrumentos de ordenamiento ecológico y de planeación urbana estatales y municipales unificados, integrales y armonizados, para evitar el actual divorcio, traslape y conflicto en la aplicación de los Programas de Ordenamiento Ecológico del Territorio (POETs) y los Programas de Desarrollo Urbano (PDUs). La vigente separación de materias, la diversidad de regulaciones e inclusive el uso de lenguajes diferentes, provoca dificultades para el conocimiento público y discrecionalidad por parte de la autoridad en su aplicación, fomentando la opacidad y la corrupción, así como tratos "exclusivos" y "cotos" especializados de intervención y gestoría.

Con la nueva ley, en este tema, no pretenden desmantelar instituciones ambientales ni poner un ordenamiento por encima del otro; ninguno de los dos instrumentos de planeación (POETs y PDUs) pierden capacidades o contenidos, sino que se cumple a las autoridades a una congruencia y armonización entre ambas materias, al formular instrumentos con los temas ambiental y urbano en un solo documento legal, homologando al tiempo las herramientas de zonificación (clasificación de usos de suelo, así como reglas y mecanismos para definir las normas técnicas de la materia: densidades, alturas, coeficientes de uso y ocupación, entre otros). Con ello se unifican criterios y se evitarán interpretaciones "especializadas" llenas de tecnicismos, abusos y sus costos asociados.

Tanto en el plano internacional, como en el propio Gobierno Federal, se ha venido impulsando la formulación de Programas Estatales de Ordenamiento Territorial que unifican el tratamiento de esos temas ambientales y urbanos. Es claro también que científica y metodológicamente es posible dar una visión unificada a los temas del territorio. Así como lo atestiguan ya la legislación de diversas entidades federativas en el país.

Se refuerza el ordenamiento ecológico del territorio al enlazarlo con la planeación urbana, ambos temas como parte del ordenamiento territorial, ecológico y desarrollo urbano, dando un sentido pleno e integral a las regulaciones sobre el territorio. Hay transformación, refuerzo y circulación entre instituciones, pero nunca eliminación o subordinación.

Para asegurar esa perspectiva, la ley expresamente reconoce que los procedimientos, contenidos y alcances de los programas a que se refiere la ley estatal impugnada, en materia de medio ambiente, equilibro ecológico y protección de los recursos naturales, se sujetarán a lo dispuesto en la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente del Estado.

En complemento, para darle integralidad a la visión y operación del territorio, la ley ordena armonizar e integrar también los instrumentos de participación social y ciudadana en esos temas. Antes de la reforma legislativa, en el Estado se mantenían consejos y comités consultivos urbanos y ambientales por separado, en sus distintos niveles estatal y municipales (y en ocasiones hasta regionales); lo que fragmenta y distorsiona, no sólo la visión del territorio, sino que parcializa y mediatiza la participación ciudadana a conveniencia, mediante la segregación de temas.

La nueva Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, amplía, desarrolla y precisa los instrumentos de participación ciudadana. En ningún caso se pierden capacidades o derechos adquiridos en la materia; únicamente se propone la unificación de los Consejos Estatal y Municipales de medio ambiente y desarrollo urbano para que trabajen juntos, dando sentido y contenido al ordenamiento del territorio con una visión integral e integrada del territorio.

• Respecto al quinto concepto de invalidez, hay que recordar que el Municipio en materia de asentamientos humanos, no tiene facultades exclusivas ni excluyentes; además el diseño y configuración de la constancia de compatibilidad territorial obedece y se alinea a lo establecido en las fracciones XVIII y XXIII del artículo 10 de la ley impugnada, en los cuales se impone una concurrencia entre el Gobierno del Estado y los Municipios en las acciones y obras que tienen un impacto crucial no sólo en un centro de población, sino que afectan el desarrollo regional y metropolitano o se ubican en dos o más Municipios, tales como las consignadas en el artículo 80 de la ley que se impugna y en donde se incluyen, entre otras: "construcción o ampliación de vialidades regionales, metropolitanas y otros componentes de la infraestructura para la movilidad que comuniquen a más de un Municipio; vialidades primarias, tales como periféricos y libramientos; centrales de carga, terminales multimodales, centrales de autobuses, ferrocarriles o aeropuertos; equipamientos educativos, de salud, abasto, comercio, religiosos o recreación mayores de mil metros cuadrados de superficie o de construcción; las acciones urbanísticas relevantes ..."

El propósito de la constancia de compatibilidad territorial va más allá de confirmar el uso de suelo (de responsabilidad municipal), pretende asegurar que una acción urbanística de grandes dimensiones, sea compatible con el ordenamiento territorial y la planeación urbana y metropolitana, y que contribuye al ordenamiento territorial del Estado; también hace constar (y eso es crítico para asegurar un crecimiento ordenado y sustentable de los centr

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30555-435ed504/i-controversia-constitucional-el-plazo-para-la-presentacion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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