CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO RESPECTO DE NORMAS GENERALES CUYA CONSTITUCIONALIDAD NO SE RECLAME CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN Y LA IMPUGNACIÓN RESULTE EXTEMPORÁNEA EN RAZÓN DE LA FECHA DE SU PUBLICACIÓN, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 21, FRACCIÓN II, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. LIBRE ADMINISTRACIÓN HACENDARIA Y AUTONOMÍA DE LOS AYUNTAMIENTOS EN LA GESTIÓN DE SUS RECURSOS. EL DECRETO NÚMERO MIL VEINTIDÓS, PUBLICADO EL 4 DE DICIEMBRE DE 2013 EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE MORELOS, MEDIANTE EL CUAL EL PODER LEGISLATIVO LOCAL DETERMINÓ CONCEDER PENSIÓN POR CESANTÍA EN EDAD AVANZADA CON CARGO AL GASTO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA, A UN EMPLEADO DE ESE AYUNTAMIENTO, VIOLA EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 3/2014. MUNICIPIO DE CUERNAVACA, ESTADO DE MORELOS. 9 DE JULIO DE 2014. MAYORÍA DE TRES VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS Y LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. DISIDENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. AUSENTE: SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ. PONENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIA: MARÍA DEL CARMEN ALEJANDRA HERNÁNDEZ JIMÉNEZ.
México, Distrito Federal. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día nueve de julio de dos mil catorce.
VISTOS, para resolver la controversia constitucional identificada al rubro; y
RESULTANDO:
PRIMERO. Demanda. Por escrito presentado el dieciséis de enero de dos mil catorce en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Fernando Josaphat Martínez Cué, en su carácter de síndico municipal del Ayuntamiento Constitucional de Cuernavaca, Morelos, promovió controversia constitucional en contra del Congreso, de la Comisión de Trabajo, Previsión Social y Fomento Cooperativo del Congreso, de la Mesa Directiva del Congreso y del Gobernador Constitucional, todos del Estado de Morelos, por los actos que a continuación se señalan:
"1. De la Comisión de Trabajo, Previsión Social y Fomento Cooperativo del Congreso del Estado de Morelos reclamo: la invalidez del proyecto del decreto condenatorio de fecha 27 de noviembre de 2013 que presentó a los integrantes de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos mediante el cual la autoridad señalada anteriormente determina someterlo a discusión a efecto de que se apruebe: A) Conceder pensión por cesantía en edad avanzada al C. **********, quien se desempeñaba como director de área en la Dirección de Fomento a la Inversión del H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. B) La pensión decretada deberá cubrirse al 55% del último salario del solicitante, de conformidad con el inciso b) del artículo 59 de la Ley del Servicio Civil del Estado y será cubierta a partir del día siguiente a aquel en que el trabajador se separe de sus labores por el H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, dependencia que realizará el pago en forma mensual con cargo a la partida destinada para pensiones. c) La pensión concedida deberá incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual al salario mínimo general del área correspondiente al Estado de Morelos, integrándose por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de conformidad con lo establecido por el artículo 66 de la Ley del Servicio Civil del Estado (sic). 2. De la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos. Reclamo la invalidez de la aprobación del Decreto condenatorio Número Mil Veintidós de fecha cuatro de diciembre de dos mil trece (sic), publicado en el Periódico Oficial ‘Tierra y Libertad’; del Gobierno del Estado, número 5145 con fecha 4 de diciembre de 2013; así como todos sus efectos y consecuencias en tanto que ocasionarán a mi representada y le ocasionarán perjuicios constitucionales irreparables como se describe en el escrito de esta demanda ... (sic). 3. Del H. Congreso del Estado de Morelos reclamo la invalidez de: La expedición del Decreto condenatorio sin previa audiencia Número Mil Veintidós de fecha cuatro de diciembre de dos mil trece (sic), publicado en el Periódico Oficial ‘Tierra y Libertad’; del Gobierno del Estado, número 5145 con fecha 4 de diciembre de 2013; así como todos sus efectos y consecuencias en tanto que ocasionarán a mi representada y le ocasionarán perjuicios constitucionales irreparables como se describe en el escrito de esta demanda ... (sic). 4. Del Gobernador Constitucional del Estado de Morelos reclamo: La expedición del Decreto condenatorio sin previa audiencia Número Mil Veintidós de fecha veintisiete de noviembre de dos mil trece (sic), publicado en el Periódico Oficial ‘Tierra y Libertad’; del Gobierno del Estado, número 5145 con fecha 4 de diciembre de 2013; así como todos sus efectos y consecuencias en tanto que ocasionarán a mi representada y le ocasionarán perjuicios constitucionales irreparables como se describe en el escrito de esta demanda ...".
SEGUNDO. Antecedentes. En la demanda se señalaron como antecedentes los siguientes:
"Primero. Con fecha 16 de enero de 2013 el C. ********** ingresó a prestar sus servicios para mi representada en su carácter de director de área, en la Dirección de Fomento a la Inversión, desempeñando sus servicios hasta el día 24 de mayo de 2013, fecha en la cual le fue expedida la constancia de trabajo.
"Segundo. Es el caso de que con fecha 11 de diciembre de 2013, se presentó ante mi representada el C. ********** a efecto de hacer de nuestro conocimiento que mediante Decreto Número Mil Veintidós de fecha cuatro de diciembre de dos mil trece; publicado en el Periódico Oficial ‘Tierra y Libertad’; del Gobierno del Estado, número 5145 con fecha 04 de diciembre de 2013, se había dictado resolución en contra de mi representada en donde condenaba a ésta a:
"a) Determinar en su conceder pensión por cesantía en edad avanzada al C. **********, quien se desempeñaba como director de área, en la Dirección de Fomento a la Inversión del H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos.
"b) La pretensión decretada deberá cubrirse al ******** 55% del último salario del solicitante de conformidad con el inciso b) del artículo 59 de la Ley del Servicio Civil del Estado y será cubierta a partir del día siguiente a aquel en que el trabajador se separe de sus labores por el H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, dependencia que realizará el pago en forma mensual con cargo a la partida destinada para pensiones.
"c) La pretensión concedida deberá incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual al salario mínimo general del área correspondiente al Estado de Morelos, integrándose por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de conformidad con lo establecido por el artículo 66 de la Ley del Servicio Civil del Estado.
"Situación que se acredita en términos de copia simple del decreto señalado anteriormente en donde consta la firma autógrafa del acuse de recibido correspondiente ..."
TERCERO. Preceptos constitucionales que se estiman violados y conceptos de invalidez. La parte actora señaló como preceptos violados los artículos 14, 16, 115, fracción IV y 123, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, exponiendo como conceptos de invalidez, en síntesis, los siguientes:
"Primer concepto de invalidez. Fuente del concepto de invalidez. El Decreto Número 1022 de fecha 03 de diciembre de 2013, publicado en el Periódico Oficial Tierra y Libertad del Gobierno del Estado de Morelos con fecha 04 de diciembre del año 2013, con número 5145, así como todos sus efectos y consecuencias en cuanto a que me ocasionan y ocasionarán perjuicios constitucionales irreparables. Preceptos violados. Artículos 14, 16, 17 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el título sexto del capítulo I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; artículo 59 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos; artículo 123, fracción III, del Reglamento Interior para el Congreso del Estado de Morelos.
"Argumento del concepto de invalidez. El artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece las facultades del Municipio Libre y su facultad para manejar su patrimonio conforme a la ley, asimismo los artículos 14 y 16 constitucionales otorgan garantía de seguridad jurídica a los gobernados; por otra parte, el artículo 113 de la Constitución Política del Estado de Morelos, establece: (se transcribe)
"Derivado de lo anterior, se establece de acuerdo a lo resuelto por el decreto que se ataca los demandados violan flagrantemente la autonomía municipal, sin que haya sido oída y vencida mi representada en un procedimiento previo y con las formalidades esenciales del procedimiento, toda vez que como se puede observar de los resolutivos que dictan los demandados resuelven indebidamente:
"a) Determina en su conceder pensión por cesantía en edad avanzada al C. **********, quien se desempeña como director de área, en la Dirección de Fomento a la Inversión del H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos.
"b) La pensión decretada deberá cubrirse al ********** 55% del último salario del solicitante, de conformidad con el inciso b) del artículo 59 de la Ley del Servicio Civil del Estado y será cubierta a partir del día siguiente a aquel en que el trabajador se separe de sus labores por el H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, dependencia que realizará el pago en forma mensual con cargo a la partida destinada para pensiones.
"c) La pensión concedida deberá incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual al salario mínimo general del área correspondiente al Estado de Morelos, integrándose por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de conformidad con lo establecido por el artículo 66 de la Ley del Servicio Civil del Estado.
"Por lo anterior, es que indebidamente se violaron las garantías consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales de mi representada al no haber sido llamada a juicio por el artículo 106 del Reglamento Interior del Congreso de Morelos, los proyectos de dictamen deberían contener entre otras el análisis de las observaciones hechas por los Ayuntamientos y los Poderes Ejecutivo o Judicial en su caso; tal y como se aprecia del citado artículo que se transcribe textualmente: (se transcribe)
"Sin embargo, esto no aconteció así, pues la demandada Comisión de Trabajo, Previsión Social y Fomento Cooperativo del Congreso del Estado de Morelos turnó a la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos su dictamen para su aprobación correspondiente, mismo que como se desprende del Periódico Oficial Tierra y Libertad de fecha 04 de diciembre de 2013, número 5145, fue aprobado dicho dictamen mediante Decreto Número Mil Veintidós de fecha cuatro de diciembre de dos mil trece; por lo anterior y toda vez de que se violaron en perjuicio las garantías de seguridad jurídica consagradas en nuestra Carta Magna, ya que los demandados debieron otorgar a mi representada el derecho de audiencia y defensa, el cual debe considerarse como aquel en el que se concede a los interesados el conocimiento del trámite, la oportunidad de ofrecer y desahogar, así como la de alegar en su favor, conociendo de los elementos que pudieran motivar la afectación en su patrimonio, que como acontece en el caso concreto al otorgar una pensión por cesantía en edad avanzada a un particular y de acuerdo a los términos ya mencionados; a fin de obtener, al emitirse la determinación correspondiente, un pronunciamiento específico sobre su defensa; sirve de base a lo anteriormente mencionado la siguiente jurisprudencia sustentada por nuestro Máximo Órgano de Justicia de la Nación que a continuación se transcribe: (se transcribe)
"Segundo concepto de invalidez. Fuente del concepto de invalidez. El Decreto Número 1022 de fecha 04 de diciembre de 2013, publicado en el Periódico Oficial Tierra y Libertad del Gobierno del Estado de Morelos con fecha 04 de diciembre del año 2013, con el número 5145, así como todos sus efectos y consecuencias en cuanto a que me ocasiona y ocasionarán perjuicios constitucionales irreparables.
"Preceptos violados. Artículos 14, 16, 17, 115 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el título sexto del capítulo I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; artículo 59 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos; artículo 106, fracción IV, del Reglamento Interior para el Congreso del Estado de Morelos.
"Argumento del concepto de invalidez. El acto impugnado viola en perjuicio del Municipio actor los artículos 14, 16, 17, 115 y 123 de la Constitución Federal, al implicar la intromisión del Poder Legislativo del Estado en la vida interna del Municipio, dado que en él se exige el cumplimiento y pago de la pensión por cesantía en edad avanzada a favor del C. **********, y que si bien es cierto que el pago de las pensiones por cesantías en edad avanzada se encuentra contemplado en el título sexto, capítulo único, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, se resalta a esta superioridad que se viola en perjuicio de mi representada una invasión a su esfera competencial que le atribuye el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos porque la demandada Congreso del Estado de Morelos independientemente estableció en la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos en su artículo 57, último párrafo, que: (se transcribe). Sin embargo, esto es competencia exclusiva del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, ya que los Municipios, a través de sus órganos de gobierno que son los Ayuntamientos, gozan de plena autonomía para dirigir los destinos políticos, administrativos y patrimoniales en su circunscripción municipal, disfrutando de facultades para auto gobernarse y sólo por excepción en los casos de suspensión y desaparición de Ayuntamientos y suspensión o revocación del mandato de los integrantes del Ayuntamiento, podrán intervenir las Legislaturas Estatales, por lo que, si en el caso no se actualiza ninguna de las causas de excepción en el que el Poder Legislativo Local tiene atribuciones constitucionales para intervenir su proceder conculca la autonomía constitucional consagrada en el artículo 115 de la Carta Magna y su actuar carece de sustento jurídico porque ni la Constitución Federal, ni la estatal, ni alguna ley local le concede facultades para dictar un acuerdo en el sentido del impugnado, arrogándose facultades de resolutor laboral en contravención también el artículo 123 constitucional que establece a las autoridades encargadas de la impartición de justicia laboral, así como del numeral 116 de la Carta Magna que faculta a las Legislaturas de los Estados a expedir las leyes laborales que regulen las relaciones entre los Estados y Municipios con sus trabajadores y, que sin embargo, al pretender aplicar el artículo 57 de la Ley del Servicio Civil citada, se transgrede la autonomía municipal al hacer uso de facultades que no le corresponden, lo que implica también la vulneración a los numerales 14 y 16 de la Carta Magna, porque el decreto impugnado carece de fundamentación y motivación.
"Tercer concepto de invalidez. Fuente del concepto de invalidez. El Decreto Número 1022 de fecha 04 de diciembre de 2013, publicado en el Periódico Oficial ‘Tierra y Libertad’ del Gobierno del Estado de Morelos, con fecha 04 de diciembre del año 2013, con el número 5145, así como todos sus efectos y consecuencias en cuanto a que me ocasionan y ocasionarán perjuicios constitucionales irreparables.
"Preceptos violados. Artículos 14, 16, 17, 115 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el título sexto del capítulo I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; artículo 59 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos; artículo 106, fracción IV, del Reglamento Interior para el Congreso del Estado de Morelos.
"Argumento del concepto de invalidez: el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece las facultades del Municipio Libre y su facultad para manejar su patrimonio conforme a la ley, asimismo, los artículos 14 y 16 constitucionales otorgan la garantía de seguridad jurídica a los gobernados; por otra parte, el artículo 57, en su último párrafo, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos que establece: (se transcribe)
"De lo anterior, se evidencia la flagrante violación a la autonomía municipal por parte de los demandados, al facultar al Congreso el poder dictar un decreto que compromete el patrimonio municipal, más aún cuando no fue oída y vencida en un procedimiento previo y con las formalidades esenciales del procedimiento.
"En ese orden de ideas, es claro que los resolutivos condenatorios de los demandados son totalmente contrarios al principio del Municipio Libre y Autónomo consagrado por el artículo 115 de la Constitución Federal, entrometiéndose en la libre administración municipal, tomando sin facultad, decisiones contrarias al precepto invocado, acarreando con ello graves perjuicios al actor, pues desequilibra los presupuestos cuya administración es su facultad exclusiva.
"Sin dejar de hacer notar que indebidamente se violaron las garantías consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales de mi representada al no haber sido llamada al juicio por parte de los demandados, ya que éstos se encontraron constreñidos a hacerlo, pues así se establece en la fracción IV del artículo 106 del Reglamento Interior para el Congreso de Morelos que dice: (se transcribe)
"Sin embargo, esto no aconteció así, pues la demandada Comisión de Trabajo, Previsión Social y Fomento Cooperativo del Congreso del Estado de Morelos turnó a la Mesa Directiva del Congreso de Estado de Morelos su dictamen para su aprobación correspondiente, sin dar intervención al Municipio actor, tal como se desprende del Decreto Número Mil Veintidós (1022). Publicado en el Diario (sic) Oficial del Estado de Morelos ‘Tierra y Libertad’, número 5145 del día (04) cuatro de diciembre de dos mil trece (2013); es por ello, y toda vez, que se violaron en perjuicio del Municipio actor las garantías de seguridad jurídica consagradas en nuestra Carta Magna, por lo que se reclama la invalidez del decreto aludido, ya que los demandados debieron otorgar a mi representada el derecho de audiencia y defensa, el cual debe considerarse como aquel en que se concede a los interesados el conocimiento del trámite, la oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas, así como la de alegar en su favor, conociendo de los elementos que pudieran motivar la afectación en su patrimonio que como acontece en el caso concreto al otorgar una pensión por cesantía en edad avanzada a un particular y de acuerdo a los términos ya mencionados; a fin de obtener, al emitirse la determinación correspondiente, un pronunciamiento específico sobre su defensa; sirve de base a lo anteriormente mencionado, la siguiente jurisprudencia sustentada por nuestro Máximo Órgano de Justicia de la Nación que a continuación se transcribe: (se transcribe)
"Así también, es violatorio el decreto impugnado respecto del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece las facultades del Municipio Libre y su facultad para manejar su patrimonio conforme a la ley, asimismo, los artículos 14 y 16 constitucionales otorgan la garantía de seguridad jurídica a los gobernados.
"Por otra parte, el artículo 113 de la Constitución Política del Estado de Morelos establece lo siguiente: (se transcribe)
"Dicho precepto legal es vulnerado por la Ley del Servicio Civil vigente en el Estado de Morelos en su artículo 57, último párrafo, al otorgar al Congreso del Estado una atribución que lesiona la hacienda municipal y, en consecuencia, su autonomía de gestión en el manejo de sus recursos, al prever que la Legislatura Local fijará los casos en que proceda otorgar el pago de pensiones de los trabajadores municipales, así como la cuantía a la que deberán ascender aquéllas hasta el grado de afectar el patrimonio municipal para el pago de las mismas.
"Esta forma de proceder que autoriza la disposición legal reclamada se aparta del principio de autonomía en la gestión de la hacienda municipal que otorga el artículo 115 constitucional, pues no se explica por qué si los trabajadores mantuvieron la relación de trabajo con el Municipio, corresponde a una autoridad ajena, como lo es, el Congreso Local, evaluar que se cumpla con todos los requisitos exigidos para que el trabajador del Municipio se vea beneficiado con una de las distintas pensión (sic) que menciona la ley, con cargo a la hacienda pública del Municipio, el cual deberá modificar sus previsiones presupuestales, no obstante que la Constitución establece que sólo le compete a éste guardar el destino de sus recursos, conforme lo considere conveniente, y sin injerencia de alguna otra autoridad, salvo el caso de los recursos federales que se le asignen y que previamente han sido etiquetados para un específico.
"En consecuencia de lo anterior, se considera que el artículo 57 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos es contrario a lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Federal consistente en que el nivel de Gobierno Estatal, a través de su legislatura determine lo relativo a los emolumentos que, por este concepto deban percibir los trabajadores del orden de Gobierno Municipal, imponiendo al Municipio que erogue los recursos relativos de sus ingresos a fin de solventar tales obligaciones. Ya que ese detrimento a su autonomía y autosuficiencia económica de los Municipios, se hace palpable si se considera que la intervención del Poder Legislativo Estatal en la determinación de las pensiones, conforme a lo previsto en la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos constituye una forma de disposición y aplicación de los recursos municipales, incluso son la intervención de su Ayuntamiento, de manera tal que, el Congreso Local dispone de recursos ajenos a los del Gobierno Estatal para sufragar el pago de dichas prestaciones, sin dar participación a quien deberá hacer la provisión económica respectiva.
"En esos términos, debe declararse la invalidez del último párrafo del artículo 57 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos por resultar contrario al artículo 115, fracción IV, párrafos primero, penúltimo y último, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como su acto de aplicación contenido en el Decreto Número 1022, publicado el cuatro de diciembre de dos mil trece en el Periódico Oficial del Estado de Morelos, por el que se determina conceder pensión por cesantía en edad avanzada a **********. Pues, es evidente la flagrante violación a la autonomía municipal por parte de los demandados, al dictar un decreto que compromete el patrimonio municipal, más aún cuando no fue oída y vencida en un procedimiento previo y con las formalidades esenciales del procedimiento. Pues es claro que los resolutivos condenatorios de los demandados son totalmente contrarios al principio del Municipio Libre y autónomo consagrado por el artículo 115 de la Constitución Federal, entrometiéndose en la libre administración municipal, tomando sin facultad, decisiones contrario al precepto invocado, acarreando con ello graves perjuicios al actor, pues desequilibra los presupuestos cuya administración es su facultad exclusiva.
"Sin dejar de hacer notar que indebidamente se violaron las garantías consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales de mi representada al no haber sido llamada a juicio por parte de los demandados, ya que éstos se encontraron constreñidos a hacerlo, pues así se establece en la fracción IV del artículo 106 del Reglamento Interior para el Congreso del Estado de Morelos, que dice: (se transcribe).
"En términos similares a los propuestos, se ha pronunciado el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver las controversias constitucionales **********, **********, **********, ********** y **********, en diversas fechas, todos bajo el razonamiento toral de que el Congreso del Estado de Morelos no puede determinar la procedencia de montos de las pensiones de trabajadores de un Ayuntamiento, pues ello, era contrario al principio de libertad hacendaria municipal ..."
CUARTO. Trámite. Por acuerdo de dieciséis de enero de dos mil catorce, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la controversia constitucional 3/2014 y, por razón de turno, se designó al Ministro Alberto Pérez Dayán como instructor del procedimiento.
Mediante proveído de diecisiete de enero de dos mil catorce, el Ministro instructor admitió la demanda de controversia constitucional, demandando la invalidez del Decreto Número Mil Veintidós publicado el cuatro de diciembre de dos mil trece en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" del Gobierno del Estado de Morelos; asimismo, tuvo como impugnado el último párrafo del artículo 57 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. Tuvo como demandados a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Morelos, y no así, a la Mesa Directiva ni a la Comisión de Trabajo, Previsión Social y Fomento Cooperativo, ambos del Congreso del Estado de Morelos. Se ordenó emplazar a los poderes demandados para que formularan su contestación, y formar el cuaderno relativo con motivo del incidente de suspensión solicitado por la parte actora.(1)
QUINTO. Contestación a la demanda.
1. Del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos
Mediante escrito de fecha cinco de marzo de dos mil catorce, recibido el día doce siguiente en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, a través de su consejero jurídico y representante legal, dio contestación a la demanda, señalando en síntesis lo siguiente:
a) Se opone la falta de legitimación ad causam del Municipio actor, al no ser titular del derecho que pretende hacer valer mediante la presente controversia constitucional. Correlativamente, se opone la falta de legitimación pasiva del Poder Ejecutivo del Estado, al no haber realizado acto alguno que afecte o invada la esfera competencial del demandante.
b) El Municipio actor atribuye únicamente al Poder Ejecutivo del Estado la promulgación y publicación del decreto que impugna. Al respecto, debe señalarse que tales actos se realizaron de conformidad con lo dispuesto por el artículo 70, fracción XVII, de la Constitución Estatal, además de que el demandante no los combate por vicios propios.
c) Deben declararse inatendibles e inoperantes, de modo general, los conceptos de invalidez formulados por el actor, pues lo expuesto en su demanda resulta ambiguo y superficial y se concreta en descalificaciones aisladas, dado que no plantea razonamiento alguno que pueda ser analizado o del que se desprenda, al menos, la causa de pedir, al no referirse al fundamento, argumentos o razones decisorias mediante argumentos técnico jurídicos, ni señala el porqué de su reclamo máxime que no combate el acto por vicios propios.
d) En todo caso, resulta infundado lo alegado por el actor, en cuanto a la vulneración de su hacienda y la libre administración de ésta, pues, en términos del último párrafo del artículo 115 de la Constitución Federal, se ha dispuesto en la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos que sea el Congreso Local el facultado para emitir los decretos de pensión de los servidores públicos.
Todos los Municipios prevén en sus presupuestos de egresos el rubro de pensiones, por lo que los decretos de pensión únicamente constituyen actos declarativos que emite la Legislatura Estatal conforme al derecho de los trabajadores a la seguridad social y de acuerdo con las hipótesis y porcentajes respectivos, enmarcados dentro de los principios de libertad de configuración de los Estados, división de poderes y hacienda municipal, que rigen en un estado social de derecho.
La Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos establece prerrogativas para los trabajadores en el desempeño de su labor como servidores públicos, entre las que se encuentran la jubilación y los seguros de invalidez, vejez, vida, cesación involuntaria del trabajo, enfermedades y accidentes, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 123, apartados A, fracción XXIX y B, de la Constitución Federal.
Por su parte, el decreto impugnado no resulta en sí mismo inconstitucional, dado que las partidas del presupuesto de egresos municipal para el pago de las prestaciones de seguridad social no pueden considerarse dentro del ámbito de la libre administración hacendaria, previsto en el artículo 115, fracción IV, constitucional, al tener que destinarse a cubrir una obligación impuesta en la fracción VIII del propio precepto, en relación con el diverso 123 de la Norma Fundamental.
En efecto, la libre administración hacendaria permite a los Municipios integrar sus presupuestos de egresos y decidir el destino que tendrán los ingresos disponibles provenientes de las fuentes enumeradas en la fracción IV del citado artículo 115; sin embargo, en aquellos casos en que la Constitución imponga el pago de una obligación dineraria, no podrá operar a plenitud dicha libertad en el manejo y aplicación de recursos, porque no pueden dejar de cumplirla.
En este sentido, puede afirmarse que la hacienda municipal se compone de un sinnúmero de ingresos provenientes de distintas fuentes, pero sólo quedan comprendidos dentro de la libertad de elección en su destino y aplicación los que deriven de actividades públicas y privadas desarrolladas por los Municipios, así como los que se incluyan en esa categoría de libre administración hacendaria -participaciones-, pues existen ciertos ingresos que, aunque forman parte de la hacienda municipal, tienen una aplicación específica que los Ayuntamientos no pueden variar, porque no se integran a la autonomía en el gasto público -aportaciones- y otros que, aun integrándose a esta autonomía, ven limitada su libre aplicación, al tener que destinarse al cumplimiento de una obligación pecuniaria establecida por la Constitución Federal -pago de contribuciones, de deuda o de prestaciones laborales y de seguridad social-, debiendo constituir una partida especial en sus presupuestos para cubrir estas obligaciones, por encima de los programas que pretendieran llevar a cabo con tales ingresos.
Al respecto, debe señalarse que a las Legislaturas Locales se les facultó para regular las relaciones laborales de los Estados y los Municipios con sus trabajadores, observando los lineamientos establecidos en el artículo 123 constitucional
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25311-dd7aca21/controversia-constitucional-debe-sobreseerse-en-el-juicio-respecto · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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