CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DEBE SOBRESEERSE RESPECTO DE NORMAS GENERALES CUYA CONSTITUCIONALIDAD NO SE RECLAME CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN Y LA IMPUGNACIÓN RESULTE EXTEMPORÁNEA EN RAZÓN DE LA FECHA DE SU PUBLICACIÓN, CONFORME AL ARTÍCULO 19, FRACCIÓN VII, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. LIBRE ADMINISTRACIÓN HACENDARIA Y AUTONOMÍA DE LOS AYUNTAMIENTOS EN LA GESTIÓN DE SUS RECURSOS. EL DECRETO NÚMERO DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS, PUBLICADO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2012 EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE MORELOS, MEDIANTE EL CUAL EL PODER LEGISLATIVO LOCAL DETERMINÓ OTORGAR PENSIÓN POR JUBILACIÓN CON CARGO AL GASTO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN, A UN EMPLEADO DE ESE AYUNTAMIENTO, VIOLA EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 5/2013. MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN, ESTADO DE MORELOS. 7 DE AGOSTO DE 2013. PONENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIAS: GUADALUPE DE LA PAZ VARELA DOMÍNGUEZ Y KATYA CISNEROS GONZÁLEZ.
México, Distrito Federal. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día siete de agosto de dos mil trece.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Demanda. Por escrito presentado el veinticinco de enero de dos mil trece en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Matías Quiroz Medina y Felipe Sánchez Solís, en su carácter de presidente y de síndico, respectivamente, del Municipio de Tlaltizapán, Estado de Morelos, promovieron controversia constitucional en contra de los Poderes Ejecutivo y Legislativo de dicha entidad federativa, en la que impugnaron lo siguiente:
"IV.I. Se demanda la invalidez de los artículos de las leyes siguientes:
"A) Artículos 1, 8, 24, fracción XV, 43, fracciones V, XIII, XIV y XV, 45, fracciones III, IV y XV, esta última fracción en su párrafo primero e incisos a), b), c) y d), 54, fracciones I, VI y VII, y 55 a 68 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos.
"B) Artículo 67, fracción I, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Morelos.
"C) Artículo 109 del Reglamento del Congreso del Estado de Morelos.
"IV.II. Se demanda como acto concreto de aplicación de los referidos numerales la invalidez del Decreto Número 246, doscientos cuarenta y seis, emitido por la Quincuagésima Segunda Legislatura del Poder Legislativo del Estado de Morelos, en su sesión ordinaria de fecha 15, quince, de diciembre de 2012, dos mil doce, mediante el cual se concede pensión por jubilación al C. **********, decreto publicado en el Periódico Oficial ‘Tierra y Libertad’ Número 5053, cinco mil cincuenta y tres, segunda sección, de fecha 26, veintiséis, de diciembre de 2012, dos mil doce, cuyo texto es el siguiente: (se transcribe).
"IV.III. En consecuencia, también se demanda la promulgación y publicación que de dicho decreto se encomendó al Poder Ejecutivo Estatal en términos del transitorio primero del decreto de referencia, habiéndose publicado el decreto impugnado en el Periódico Oficial ‘Tierra y Libertad’, órgano de difusión del Gobierno del Estado, de fecha 26, veintiséis, de diciembre de 2012, dos mil doce, Número 5053, 6a. Época, segunda sección, conforme se advierte de su transitorio primero.
"IV.IV. También se demanda la invalidez de los efectos y consecuencias de los actos concretos de ejecución derivados del Decreto 246, doscientos cuarenta y seis, cuya invalidez se solicita."
SEGUNDO. Antecedentes. En la demanda se señalaron como antecedentes los siguientes:
"Bajo protesta de decir verdad, se manifiestan los siguientes:
"A) Los demandados, respectivamente, aprobaron, promulgaron y publicaron diversos decretos en los que modificaron los artículos de los ordenamientos legales invocados y cuya invalidez se solicita; asimismo, como acto concreto de aplicación de dichos numerales, aprobaron, promulgaron y publicaron, respectivamente, el Decreto Número 246, doscientos cuarenta y seis, ya que dicho acto concreto de aplicación fue emitido por la Quincuagésima Segunda Legislatura del Poder Legislativo del Estado de Morelos, en su sesión ordinaria de fecha 15, quince, de diciembre de 2012, dos mil doce, mediante el cual se concede pensión por jubilación al C. **********, decreto publicado en el Periódico Oficial ‘Tierra y Libertad’ Número 5053, cinco mil cincuenta y tres, segunda sección, de fecha 26, veintiséis, de diciembre de 2012, dos mil doce, habiendo quedado dicho decreto en los términos transcritos en el apartado IV.II del presente escrito de controversia constitucional.
"B) En el artículo transitorio primero del señalado decreto, se dispuso que se remitiese al titular del Poder Ejecutivo para los efectos de su promulgación y publicación correspondiente.
"C) Asimismo, en el diverso transitorio segundo, se dispuso el inicio de la vigencia del decreto al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial ‘Tierra y Libertad’.
"D) Con relación a lo señalado en el antecedente que precede, es necesario precisar que, al haberse publicado el decreto impugnado, en el Periódico Oficial ‘Tierra y Libertad’, de fecha veintiséis de diciembre de dos mil doce, Número 5053, 6a. Época, segunda sección, a la fecha de presentación de la particular controversia constitucional, inconcusamente se está dentro del plazo previsto para la interposición del particular medio de control de la constitucionalidad."
TERCERO. Preceptos constitucionales que se estiman violados y conceptos de invalidez. La parte actora señaló como preceptos violados los artículos 1, 14, 16, 17, 49, 115, fracciones I, II, IV, párrafos primero, penúltimo y último, así como la fracción VIII, párrafo segundo y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y expuso los conceptos de invalidez que enseguida se transcriben:
"VII. Conceptos de invalidez
"En el caso, tanto los numerales cuya invalidez se solicita, como el acto concreto de aplicación de dichos preceptos legales, contravienen el principio de autonomía municipal y de libre disposición del patrimonio del Municipio que representamos, ya que las autoridades demandadas invaden atribuciones exclusivas del Ayuntamiento de Tlaltizapán, Estado de Morelos, al imponerle cargas financieras consistentes en pagar pensiones a un ex servidor público que no cumple con los años de servicio prestados en el Ayuntamiento de Tlaltizapán, Estado de Morelos, sino que de acuerdo con el decreto impugnado se advierte que ese servidor público prestó sus servicios en otra instancia gubernamental, pero no por el tiempo que requiere la ley para pensionarse dentro del Ayuntamiento de Tlaltizapán, Estado de Morelos.
"Esto es así, porque el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, literalmente, establece:
"‘Artículo 115.’ (se transcribe)
"Como se lee del dispositivo constitucional anteriormente transcrito, se reconocen al Ayuntamiento que representamos la potestad gubernativa de regir las relaciones laborales con sus trabajadores, entre ellas y desde luego, para otorgar pensiones o jubilaciones y, consecuentemente, también la autonomía para definir el gasto público a través de su presupuesto de egresos, en el que pueda incluir de manera planificada y programada el pago de dichas prestaciones laborales, sin injerencia de ninguna autoridad estatal. Lo que de manera evidente y consciente fue transgredido por la Legislatura Local, al emitir sin intervención del Municipio actor los mencionados decretos, en los que califica y se entromete inconstitucionalmente en las relaciones laborales del Municipio actor y sus trabajadores, señalando a su juicio con qué documentos el solicitante acredita o no la prestación laboral que requiere, y disponiendo de manera arbitraria y anárquica del gasto público municipal, al imponerle fuera de toda previsión o planificación gubernamental y sin su autorización e intervención del pago de dichas pensiones, incluso, indicando que el pago de pensiones operará ‘una vez que el trabajador se separa de sus labores’. Lesionando de paso y de igual forma el principio de congruencia entre ingresos y egresos establecido en la fracción IV del artículo 115 constitucional, que debe prevalecer entre las percepciones que para un año se estiman obtener, con el consecuente gasto público que también se planifica y programa a través del presupuesto de egresos para el mismo periodo; principio de congruencia que la Legislatura Local rompe arbitrariamente al momento en que impone una serie de gastos al Municipio, a través de la citada pensión que no está prevista para el presupuesto de egresos para el 2013, dos mil trece, sin que existan recursos económicos para el pago de dicha pensión.
"Sin que sobre decir que de la misma manera inconstitucional y arbitrariamente la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos autoriza acumular la antigüedad de los servicios que un trabajador preste en los demás Municipios o en cualesquiera de los Poderes Estatales o sus organismos, para, finalmente, imponer el pago de la pensión o jubilación al último orden de gobierno en que el trabajador preste sus servicios; de manera, pues, que ante tal circunstancia el gobierno que representamos no puede constituir ninguna partida presupuestal que de manera integral, anticipada y planificada permita suponer el número aproximado de pensiones o jubilaciones que en plazo inmediato, mediato o a largo plazo correspondan a sus arcas, por concepto de pensiones o jubilaciones y con motivo, exclusivamente, de las relaciones laborales con sus trabajadores, pues, insistimos, para dichas prestaciones no se toman únicamente en cuenta los servicios que se hayan prestado al Municipio actor, circunstancias que han generado, incluso, la existencia de pensiones o jubilaciones ajenas a la verdad y a la legalidad, al permitir que se exhiban por el interesado constancias de varias dependencias u organismos estatales y de varios Municipios, para acreditar años de servicio burocrático que no se dieron dentro del Municipio de Tlaltizapán, Estado de Morelos; todo ello ante la evidente resistencia de la Legislatura Local de normar transparentemente el sistema de pensiones y jubilaciones de los Ayuntamientos, pese al análisis hecho por sus señorías, en el que advirtieron la ausencia de un sistema integral, equitativo y legal de prestaciones de seguridad social a los trabajadores burocráticos, al reflexionar, al respecto, en las controversias constitucionales números 55/2005, 89/2008, 90/2008, 91/2008 y 92/2008, por lo que, con todo respeto, se demanda la invalidez de los citados decretos.
"En otro aspecto, también se demanda la invalidez de las normas locales impugnadas y los actos concretos de aplicación, porque con su contenido se vulneran en agravio del Municipio actor los artículos 14, 16, 115, fracción IV, párrafos primero, penúltimo y último, así como la fracción VIII, párrafo segundo, y el numeral 123, apartado B, fracción XI, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que, respectivamente, establecen los principios de fundamentación y motivación que exigen, tratándose de las relaciones interinstitucionales, que la actuación o determinación de una autoridad se basa en una norma legal que le otorgue facultades y que la conducta de ésta acredite la existencia de los antecedentes fácticos y circunstancias de hecho que permitan colegir con claridad que sí procedía aplicar la norma correspondiente (artículos 14 y 16 constitucionales); que dispone el principio de congruencia entre los ingresos y egresos municipales, correspondiendo en forma exclusiva al Ayuntamiento la planeación, programación y diseño del gasto público, a través del presupuesto de egresos sin injerencia externa (artículo 115, fracción IV, párrafos primero, penúltimo y último, constitucional); que confieren potestad a los Gobiernos Municipales para administrar sus recursos y regir las relaciones laborales con sus trabajadores, con base en leyes locales [artículo 115, fracción VIII, párrafo segundo y artículo 123, apartado B) constitucionales]; y que, finalmente, determinan que los trabajadores burocráticos, como son aquellos al servicio de los Municipios, tienen derecho a que el patrón, como lo es el Ayuntamiento, les reconozca y otorgue como parte de sus prestaciones, la pensión o jubilación. Mandatos constitucionales que han sido lesionados en perjuicio del Municipio actor, en virtud del acto concreto de aplicación consistente en la emisión y/o aprobación del Decreto Número 246, doscientos cuarenta y seis, a través del cual, inconstitucionalmente, el Congreso de Morelos determina pensión a cargo de las finanzas del Municipio actor, aplicando, para ello, el sistema normativo previsto en los artículos 55, 56, 57, apartado A, fracciones I, II y III, 58, fracción I, inciso K) y 66 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, numerales que si bien es cierto reconocen como derecho de los trabajadores de los Municipios diversas prestaciones, entre las que se ubican: la atención médica integral, el otorgamiento de préstamos, el apoyo para vivienda, así como las pensiones por jubilación, cesantía en edad avanzada, invalidez, orfandad y ascendencia, también lo es que tales normas y sus actos concretos de aplicación, como lo es el Decreto 246, doscientos cuarenta y seis, impugnado, establecen un sistema de prestaciones locales, que transgrede los citados mandamientos o exigencias de la Norma Fundamental, lo que produce perjuicios en agravio al Municipio actor, puesto que:
"a) Se le impone la obligación de cumplir dichas prestaciones de manera directa y exclusivamente con cargo a la hacienda municipal, cuando por mandato de los mencionados preceptos constitucionales federales, los riesgos de seguridad social deben socializarse.
"b) Se le impide realizar una efectiva planeación financiera para cumplir con dichas prestaciones laborales y, al mismo tiempo, prever los recursos para la dotación de los servicios y la realización de las obras que requiere la comunidad a la que sirve. Pues si bien es cierto que el Municipio actor está obligado por mandamiento constitucional federal a programar y proporcionar la dotación y pago de las prestaciones laborales de sus trabajadores, también lo es que las normas locales de Morelos impiden que tal cumplimiento se genere.
"c) Se merman los recursos municipales, al disponer que se cubran con cargo a su hacienda y de manera duplicada algunas de dichas prestaciones, o bien, pague inequitativamente el cien por ciento de una pensión, aun cuando el trabajador haya proporcionado el mayor tiempo de su actividad productiva al servicio de los Poderes Estatales, sus organismos o de otros Municipios.
"d) Se autoriza la intromisión inconstitucional de la Legislatura Local, para que ésta califique las relaciones laborales de los trabajadores del Municipio actor, determine la idoneidad de los documentos que el solicitante le preste, e imponga unilateral, exclusiva y arbitrariamente todo tipo de pensiones a cargo de las arcas municipales, como así acontece con el decreto impugnado.
"En efecto, informo a sus señorías, que en el Estado de Morelos, los mencionados artículos 1, 8, 24, fracción XV, 43, fracciones V, III, (sic) XlV y XV, 45, fracciones III, IV, XV, esta última fracción en sus incisos a), b), c) y d), 54 fracciones I, VI, VII y 55 a 68 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, violentan lo establecido en los artículos 115, último párrafo, y 123, apartado B, fracción X, inciso f), párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dado que el marco normativo local no establece la forma y los procedimientos indispensables para otorgar las prestaciones a que los trabajadores burocráticos tienen derecho, entre ellas, de seguridad social, ni se ha constituido el organismo a quien corresponda administrar los fondos y proporcionar los servicios en el mismo sentido, organismo a través del cual puede socializarse el pago de las prestaciones de seguridad social. Vulneración que propicia la indefensión de los trabajadores burocráticos municipales y, además, gesta una serie de abusos e intromisiones de la Legislatura Local hacia la potestad de gobierno, hacienda y autonomía municipal pues, a guisa de ejemplo, refiero a sus señorías que, a diferencia del Gobierno Estatal que cuenta con el Instituto de Crédito para los Trabajadores Burocráticos del Gobierno del Estado, en general, los Municipios y, en particular, el Municipio actor, carecen del marco normativo que considere el sistema bajo el cual integralmente se proporcionen las prestaciones a que tienen derecho sus trabajadores, lo que los obliga a utilizar de manera directa y a cargo del presupuesto de egresos municipal, préstamos en numerario a sus empleados, que les permitan resolver de manera inmediata o en el mediano o a largo plazo algunos de sus apremios o necesidades. Vulneración que se acredita pues, también, como botón de muestra, respetuosamente indicamos a sus señorías, que si bien es cierto que los artículos 43, fracción V, 45, fracción XV, inciso d), 54, fracción I y 55 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos consignan que las prestaciones de seguridad social, consistentes en la atención médica integral a los trabajadores burocráticos y sus familiares, se otorgará a través del Instituto Mexicano del Seguro Social o del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, previa a la celebración del convenio que al efecto se celebre, también lo es que la opción de proporcionar, previa a la celebración de un convenio y a los trabajadores burocráticos municipales, los servicios de seguridad social que suministran tales organismos federales no significa haber cumplido con los mandamientos constitucionales contenidos en los citados artículos 115, último párrafo y 123, apartado B, fracción X, inciso f), párrafo segundo, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es decir, de definir la forma y los procedimientos para otorgar la seguridad social a los trabajadores burocráticos, ni las exenta de constituir el organismo que, ex profeso, se encargue de administrar los recursos y de prestar los servicios en tal sentido, ni las autoriza para cargar exclusivamente al Municipio actor las prestaciones de seguridad social, que deban socializarse por mandamiento constitucional. Que en el caso en que el Ayuntamiento actor optare por la celebración del convenio, bien sea con el Instituto Mexicano del Seguro Social o del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, es evidente también que la normatividad vigente de ambos organismos federales limita a los afiliados el disfrute de todas las prestaciones laborales a que tienen derecho; en el presente caso, a los trabajadores municipales, dado que, de inicio, la atención médica, por ejemplo con el IMSS y respecto de las trabajadoras del Municipio que estén en periodo de gestación o embarazo, no quedan cubiertas con la celebración del convenio que llegare a celebrar el Municipio actor, lo que deviene en que el Municipio no puede dejar en el abandono o inhibirse de cubrir el derecho de otorgar seguridad social a dichas trabajadoras, por resultarles ajenas las limitaciones jurídicas que tenga dicha institución federal, teniendo que pagar de manera directa tales conceptos, o bien, en el caso en que el trabajador municipal padezca alguna enfermedad crónica o terminal, tampoco quedará cubierta su atención médica ni el otorgamiento de otros beneficios a que tenga derecho, con la celebración de dicho convenio, pues las mencionadas instancias federales se inhiben en este tipo de circunstancias de otorgar las prestaciones. Lo que sigue «es» demostrar que las normas locales contenidas en la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos y los actos de aplicación que se reclaman, vulneran los mandamientos constitucionales que obligan al legislador ordinario a que los riesgos de seguridad social sean socializados, al definir la forma y los procedimientos para otorgar la seguridad social a los trabajadores burocráticos, así como de constituir el organismo que, ex profeso, se encargue de administrar los recursos y de prestar los servicios en tal sentido. Que en el mismo caso en que el Ayuntamiento actor optare por la celebración del convenio con cualesquiera de los dos organismos de seguridad social del Gobierno Federal, ello también genera a cargo de las arcas públicas municipales y de manera duplicada el otorgamiento de pensiones, pues las citadas instituciones de seguridad social federales, proporcionen en general a todos sus afiliados el derecho irrenunciable de recibir una pensión, cubriendo, desde luego, los requisitos legales que la normatividad establece en cada caso, y por su parte los artículos 1, 8, fracción lV (sic), 11, 15, fracción VI, 24, fracción XV, 43, fracciones XIII y XV, 54, fracción VII, 56, 57 y 58 a 64 de la misma Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, disponen como obligación del Municipio actor y como derecho también irrenunciable de los trabajadores municipales, el disfrutar de la diversa pensión sea por jubilación, cesantía en edad avanzada, invalidez, orfandad y ascendencia, que unilateralmente decrete el mismo Poder Legislativo con cargo directo a las arcas del Municipio.
"Que la transgresión a los citados mandamientos constitucionales quedan también probados cuando el artículo 61, párrafo segundo, de la mencionada Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, autoriza que la atención médica de los trabajadores municipales se preste por médico particular; tan es así que permita el trabajador para acreditar su invalidez, a través de un dictamen o diagnóstico médico emitido por profesionista legalmente autorizado para ejercer su profesión, cuando dicho trabajador ‘no esté afiliado a ninguna institución’, lo que evidentemente demerita ‘el derecho irrenunciable’ consignando legalmente a favor del trabajador, ante, reiteramos, la transgresión de las normas locales, para efectivamente considerar y establecer un sistema integral de seguridad social, la socialización de los riesgos de seguridad social y el organismo que se encargue de ello. Que la transgresión a los citados mandamientos constitucionales quedan también demostrados con la duplicidad en el pago de pensiones de igual o de diversa naturaleza, a cargo de las arcas municipales, y respecto de un mismo trabajador, pues de conformidad a lo establecido en el artículo 66, párrafo cuarto, de las tantas veces citada Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, se faculta inconstitucionalmente al mismo Congreso para requerir al trabajador, a fin de que éste defina qué pensión opta por disfrutar, en el caso de que dicho beneficiario tenga dos pensiones a cargo del Gobierno Estatal o de un Municipio. ‘Requerimiento’ ajeno al Ayuntamiento, que si no se emite permite impunemente el disfrute de dos pensiones por el mismo concepto o hipótesis normativa. Y por si lo anterior no fuere bastante, de lo dispuesto por el artículo 58 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos y de la interpretación y aplicación extensiva que el mismo Poder Legislativo realiza al artículo 59 del mismo ordenamiento, la pensión que por años de servicio se considere a favor de los trabajadores, autoriza a sumar la antigüedad o los años de servicio que el trabajador haya prestado en cualesquiera de los demás Poderes Locales y de otros Municipios de la misma entidad, lo que significa, a manera de ejemplo, que basta que un trabajador haya prestado sus servicios en un Ayuntamiento por unos cuantos días para que sea beneficiario de una de las tantas pensiones que por antigüedad refieren los artículos 58 y 59 del mismo ordenamiento, si demuestra que el resto del tiempo exigido en dichos preceptos prestó sus servicios en el Gobierno Estatal o en cualesquiera de los demás Ayuntamientos, quedando a cargo de las arcas públicas municipales en que el trabajador preste el último de sus servicios, el pago absoluto de la pensión decretada. Lo que sigue acreditando la inexistencia de un sistema integral que otorgue a los trabajadores burocráticos sus prestaciones relativas a la seguridad social y del organismo que se encargue de ello, que al mismo tiempo genera todo tipo de arbitrariedades que merman injusta e inequitativamente las arcas municipales, privando al Ayuntamiento que representamos de la posibilidad real de realizar un ejercicio de planeación financiera en el corto, mediano y largo plazo, para prever, con cargo a cada presupuesto anual, el pago de las pensiones que, derivado de sus relaciones laborales, se generen cuando la contratación de cualquier persona, puede dar motivo a que en el corto e, incluso, en mediano plazo, se le imponga una pensión que determine unilateralmente la Legislatura Local, si dicho trabajador acredita el tiempo o plazo de servicio en otras instancias públicas ajenas, en términos de lo establecido en los mencionados artículos 58 y 59 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. O bien, en el pago de las prestaciones de seguridad social que deben cubrirse adicionalmente, en los casos en que, no obstante la celebración del convenio que se celebre con el Instituto Mexicano del Seguro Social o el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, dichas instituciones no consideren integralmente la prestación de todos los servicios que en materia de seguridad social correspondan a los trabajadores municipales. E, incluso, se merman también los recursos de la hacienda pública municipal, dado que el pago de las pensiones que decrete el Poder Legislativo van a cargo y en forma exclusiva al gasto público, sin que proporcionalmente se hayan fijado las aportaciones que en este sentido correspondan a los trabajadores.
"Por lo que se solicita se declare la invalidez de las citadas normas locales y los actos concretos de aplicación de las mismas, al resultar inconstitucionales y, consecuentemente, también se declare la invalidez de los artículos 97 (sic), fracción I, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Morelos y 109 del Reglamento del Congreso del Estado de Morelos, que, respectivamente, establecen: La facultad del Congreso del Estado para recibir las solicitudes de los trabajadores municipales o sus beneficiarios, calificar la procedencia del cumplimiento de los requisitos laborales y determinar con cargo a la hacienda pública municipal, las pensiones que por jubilación, cesantía en edad avanzada, invalidez, orfandad y ascendencia deban imponerse al Municipio actor, así como la atribución de la comisión legislativa interna, denominada: Trabajo, Previsión y Seguridad Social, para emitir un dictamen en el que analice la procedencia de las solicitudes hechas por los trabajadores municipales, realizar el cómputo de la prestación de todos los servicios prestados por el trabajador en los Poderes Locales y Ayuntamientos, emitir opinión respecto de su procedencia y someter a la consideración del Pleno de la Asamblea Legislativa el proyecto de decreto por el que se expida un decreto de pensión con cargo a las citadas arcas municipales, todo ello sin participación alguna del Municipio actor, quien sólo recibe las cargas financieras del pago de la pensión jubilatoria que unilateralmente determine el Congreso del Estado, lo que, desde luego, contraviene la libertad municipal en el manejo de los recursos públicos municipales.
"Todo lo anterior viola la autonomía municipal prevista en el artículo 115 constitucional, porque representan una intromisión indebida del Congreso Estatal en las decisiones presupuestales del Ayuntamiento, ya que, se insiste, los decretos impugnados lesionan la hacienda municipal y, en consecuencia, su autonomía en la gestión de sus recursos, al haber otorgado el pago de pensión a un ex servidor público, afectando para tales efectos recursos de carácter municipal y sin que se haya otorgado ningún tipo de participación del Municipio.
"Ahora bien, en las controversias constitucionales 55/2005, 89/2008, 90/2008, 91/2008 y 92/2008, resueltas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por mayoría de ocho votos en diversas fechas, se determinó que el hecho de que el Congreso del Estado de Morelos fuese órgano (sic) encargado exclusivamente de determinar la procedencia y montos de las pensiones de los trabajadores de un Ayuntamiento, violentaba el principio de libertad hacendaria municipal, al permitir una intromisión indebida en el manejo del destino de los recursos municipales.
"En los asuntos referidos, se razonó que las Legislaturas Locales tienen la obligación de consignar en sus leyes laborales estatales el mecanismo legal para que sus trabajadores accedan a dichas prestaciones, pues si ese derecho está previsto en la propia Constitución Federal, su regulación debe ser atendida puntualmente y sólo debe verificarse si, al hacerlo, no se lesiona ninguna facultad municipal.
"Conforme al artículo 115 de la Constitución Federal, las Legislaturas Estatales son las que tienen que emitir leyes que regulen las relaciones de trabajo entre los Municipios y sus trabajadores, igual conforme al artículo 116 deben emitir las mismas leyes para regir las relaciones entre los trabajadores al servicio del Estado y el Estado mismo; entonces, cuando en dichos instrumentos normativos prevén cuestiones relativas a diversas pensiones en materia de seguridad social, se cumple en (sic) el contenido del artículo 127, fracción IV, constitucional, sin que esto signifique que sean los órganos legislativos los que otorguen pensiones.
"Así pues, el requisito del referido artículo 127 se cumple con el hecho de que la ley diga que los trabajadores municipales tendrán determinadas pensiones en materia de seguridad social (jubilación, invalidez, cesantía en edad avanzada, etcétera).
"En este sentido, en el precepto constitucional de referencia no se ha dispuesto que las Legislaturas Estatales puedan direccionar recursos y determinar pensiones motu proprio.
"En verdad (sic) que el régimen de pensiones debe, necesariamente, considerarse en las leyes que expidan las Legislaturas Locales, pero esto tampoco implica que, a través de las mismas, el Congreso Local pueda determinar libremente los casos en que proceda otorgar esas prestaciones cuando nacen de las relaciones de trabajo entre los Municipios y quienes fungieron como servidores públicos a su cargo, pues no debe perderse de vista que la propia Constitución Federal facultó a los Ayuntamientos para ejercer de forma directa los recursos de la hacienda municipal, esto es, sin intermediarios.
"En efecto, el diseño del régimen presupuestal municipal corresponde en exclusivo a los Ayuntamientos,
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24661-3797d498/controversia-constitucional-debe-sobreseerse-respecto-de-normas-generales · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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