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Modo: Corpus Pro

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO RESPECTO DE NORMAS GENERALES CUYA CONSTITUCIONALIDAD NO SE RECLAME CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN Y LA IMPUGNACIÓN RESULTE EXTEMPORÁNEA EN RAZÓN DE LA FECHA DE SU PUBLICACIÓN, CONFORME AL ARTÍCULO 19, FRACCIÓN VII, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. LIBRE ADMINISTRACIÓN HACENDARIA Y AUTONOMÍA DE LOS AYUNTAMIENTOS EN LA GESTIÓN DE SUS RECURSOS. EL DECRETO NÚMERO DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO, PUBLICADO EL 27 DE MARZO DE 2013 EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE MORELOS, MEDIANTE EL CUAL, EL PODER LEGISLATIVO LOCAL DETERMINÓ CONCEDER PENSIÓN POR JUBILACIÓN CON CARGO AL GASTO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE JOJUTLA, A UN EMPLEADO DE ESE AYUNTAMIENTO, VIOLA EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 72/2013. · Registro digital (IUS): 24761
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2014-01-10
Promovente: MUNICIPIO DE JOJUTLA O JOJUTLA DE JUÁREZ, ESTADO DE MORELOS.
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 2, Enero de 2014, Tomo II, Pág. 1656.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 72/2013. MUNICIPIO DE JOJUTLA O JOJUTLA DE JUÁREZ, ESTADO DE MORELOS. 9 DE OCTUBRE DE 2013. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS. AUSENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. PONENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIA: GUADALUPE DE LA PAZ VARELA DOMÍNGUEZ.

México, Distrito Federal. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día nueve de octubre de dos mil trece.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Demanda. Por escrito presentado el nueve de mayo de dos mil trece, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Manuel Valentín Juárez Policarpo, en su carácter de síndico del Ayuntamiento del Municipio de "Jojutla o Jojutla de Juárez", Estado de Morelos, promovió controversia constitucional en contra de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, así como del secretario de Gobierno de dicha entidad federativa, en la que impugnó lo siguiente:

"a) Se demanda la invalidez de los artículos 58 y 66 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, reformados mediante Decreto Número 218, publicado en el Periódico Oficial ‘Tierra y Libertad’ número 5056, de fecha 17 de enero de 2013, y por extensión de sus efectos al modificar el sistema normativo que rige el sistema de pensiones para los trabajadores al servicio del gobierno municipal, se reclama también la invalidez de las siguientes porciones normativas: 1, 8, 24, fracción XV, 43, fracciones V y XIII, 45, fracciones III, IV y XV, esta última fracción en su párrafo primero e inciso c), 54, fracción VII, 55, 56, 57 al 68 de la misma Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos.

"Preceptos que se impugnan por virtud de su primer acto de aplicación, a través del Decreto Número 298, publicado en el Periódico Oficial ‘Tierra y Libertad’ número 5080, de fecha 27 de marzo de 2013, a través del cual el Poder Legislativo del Gobierno del Estado de Morelos determina inconstitucionalmente otorgar pensión por jubilación con cargo al gasto público del Municipio actor.

"b) Ad cautélam, se demanda la invalidez por vicios propios del mismo Decreto Número 298, publicado en el Periódico Oficial ‘Tierra y Libertad’ número 5080, de fecha 27 de marzo de 2013."

SEGUNDO. Antecedentes. En la demanda se señalaron como antecedentes los siguientes:

"1. A manera de antecedente informo que, en los veredictos pronunciados en las controversias constitucionales números **********, resueltas por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación por mayoría de ocho votos en diversas fechas, se resolvió declarar la inconstitucionalidad de diversas porciones normativas de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos y sus respectivos actos de aplicación, por medio de los cuales el Congreso de Morelos invadiendo la esfera de competencia del Municipio actor, decretó pensiones con cargo a las finanzas municipales.

"2. Ahora bien, con fecha 27 de marzo del año 2013, fue publicado en el Periódico Oficial ‘Tierra y Libertad’ número 5080, el Decreto Número Doscientos Noventa y Ocho, emitido por la Quincuagésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, fechado el día veintisiete de marzo del año dos mil trece, por el que se concede pensión por jubilación al **********, por haber prestado sus servicios a diversos Ayuntamientos del Estado de Morelos, al Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, decretando por concepto de pensión, el ********** del último salario del solicitante, el cual señala lo siguiente:" (se transcribe)

TERCERO. Preceptos constitucionales que se estiman violados y conceptos de invalidez. La parte actora señaló como preceptos violados los artículos 14, 16, 115, fracción IV y 123, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y expuso los conceptos de invalidez que enseguida se transcriben:

"Primero. Se vulneran en perjuicio del Municipio actor los artículos 14, 16, 115, fracción IV, párrafos primero, penúltimo y último, así como el numeral 123, apartado B, fracción XI, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que respectivamente establecen: Los principios de fundamentación y motivación que exigen, tratándose de relaciones interinstitucionales, que la actuación o determinación de una autoridad se base en una norma legal que le otorgue facultades y que la conducta de ésta acredite la existencia de los antecedentes fácticos y circunstancias de hecho que permitan colegir con claridad que sí procedía aplicar la norma correspondiente y consecuentemente, que justifique con plenitud el que se haya actuado en determinado sentido y no en otro (artículos 14 y 16 constitucionales); que dispone el principio de congruencia entre los ingresos y egresos municipales, correspondiendo en forma exclusiva al Ayuntamiento la planeación, programación y diseño del gasto público a través de su presupuesto de egresos, sin injerencia externa (115, fracción IV, párrafos primero, penúltimo y último constitucional); que confieren potestad a los gobiernos municipales para administrar sus recursos y regir las relaciones laborales con sus trabajadores con base en las leyes locales (artículo 115, fracción VIII, párrafo segundo y artículo 123, apartado B, constitucionales); y que finalmente determinan que los trabajadores burocráticos, como son aquellos al servicio de los Municipios, tienen derecho a que el patrón como lo es el Ayuntamiento les reconozca y otorgue como parte de sus prestaciones, la pensión o jubilación.

"Mandatos constitucionales que reitero, han sido lesionados en perjuicio del Municipio actor, al momento en que el Poder Legislativo del Gobierno del Estado de Morelos aprobó y expidió los artículos 58, último párrafo y 66 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, y el gobernador y el secretario de Gobierno de la misma entidad federativa promulgó y refrendó la reforma a dichas porciones normativas, mediante el Decreto Número 218, publicado en el Periódico Oficial ‘Tierra y Libertad’ número 5056, de fecha 17 de enero de 2013; reclamando de igual forma, por extensión y efectos, al formar parte del mismo sistema normativo y con ello alterar el sistema de pensiones para los trabajadores burocráticos municipales, los ordinales 1, 8, 24, fracción XV, 43, fracciones V y XIII, 45, fracciones III, IV y XV, esta última fracción en su párrafo primero e inciso c), 54, fracción VII, 55, 56, 57 al 68 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos.

"Porciones normativas reprochadas que en virtud del primer acto de su aplicación agravian al Municipio actor, a través del Decreto Número 298, publicado en el Periódico Oficial ‘Tierra y Libertad’ número 5080, de fecha 27 de marzo de 2013, en el que el Congreso del Estado de Morelos determinó otorgar pensión por jubilación con cargo a su hacienda, como se advierte de la cita del Decreto que confiere inconstitucionalmente la pensión otorgada:

"Que el H. Congreso del Estado se ha servido enviarme para su promulgación lo siguiente: (se transcribe)

"De las reproducciones anteriores, estimo que sus señorías podrán coincidir conmigo, en que el mencionado decreto entra en franco choque con los citados mandamientos constitucionales, que le reconocen al gobierno que represento la potestad gubernativa de regir las relaciones laborales con sus trabajadores, entre ellas y desde luego, para otorgar pensiones o jubilaciones; y consecuentemente también la autonomía para definir el gasto público a través de su presupuesto de egresos, en el que pueda incluir de manera planificada y programada el pago de dichas prestaciones laborales, sin injerencia de ninguna autoridad estatal.

"Lo que de manera evidente y consciente fue transgredido por la Legislatura del Estado de Morelos, al emitir -sin intervención del Municipio actor- el decreto referido, en los (sic) que transgrede su autonomía al violentar el principio de libre administración hacendaria, y disposición de sus recursos previstos en el artículo 115 de la Constitución Federal, pues tal ente de gobierno califica y se entromete inconstitucionalmente en las relaciones laborales del Municipio actor y sus trabajadores, señalando a su juicio con qué documentos el solicitante acredita o no la prestación laboral que requiere; y disponiendo de manera arbitraria y anárquica del gasto público municipal, al imponerle -fuera de toda previsión o planificación gubernamental y sin su autorización e intervención- el pago de dichas pensiones, incluso indicando en todos los casos, que el pago de las pensiones (aun las de invalidez) operaran una vez que el trabajador se separe de sus labores, inclusive erigiéndose como resolutor cuando el trabajador goce de dos o más pensiones.

"Lesionando de paso y de igual forma el principio de congruencia entre ingresos y egresos establecido en la fracción IV del artículo 115 constitucional, que debe prevalecer entre las percepciones que para un año se estiman obtener, con el consecuente gasto público que también se planifica y programa a través del presupuesto de egresos para el mismo periodo; principio de congruencia que la Legislatura Local rompe arbitrariamente al momento en que impone una serie de gastos al Municipio a través de las citadas pensiones que no están previstas en el presupuesto de egresos para el 2013, sin que existan recursos económicos para el pago de dichas pensiones.

"Sin que sobre decir, que el mismo Poder Legislativo en una interpretación ajena al texto normativo, es decir, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, decreta la acumulación de la antigüedad de los servicios que un trabajador preste en los demás Municipios o en cualesquiera de los poderes estatales o sus organismos, para finalmente imponer el pago de la pensión o jubilación al último orden de gobierno en que el trabajador preste sus servicios, de manera pues que ante tal circunstancia, el gobierno que represento no puede constituir ninguna partida presupuestal que de manera integral, anticipada y planificada permita suponer el número aproximado de pensiones o jubilaciones que en el plazo inmediato, mediato o a largo plazo correspondan a sus arcas, por concepto de pensiones o jubilaciones y con motivo exclusivamente de las relaciones laborales con sus trabajadores, pues, insisto, para dichas prestaciones, no se toma únicamente en cuenta los servicios que se hayan prestado al Municipio actor, circunstancias que han generado incluso la existencia de pensiones o jubilaciones ajenas a la verdad y la legalidad, al permitir que se exhiban por los interesados constancias de varias dependencias u organismos estatales y de varios Municipios, para acreditar años de servicio burocrático que no se dieron; todo ello ante la evidente resistencia de la Legislatura Local de normar transparentemente el sistema de pensiones y jubilaciones de los Ayuntamientos, pese al análisis hecho por sus señorías en el que advirtieron la ausencia de un sistema integral, equitativo y legal de prestaciones de seguridad social a los trabajadores burocráticos al reflexionar respecto a la controversia constitucional número **********.

"Ahora bien, la inconstitucionalidad planteada de los artículos 58 y 66 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, que fueron reformados mediante Decreto Número 218 publicado en el Periódico Oficial ‘Tierra y Libertad’ número 5056 de fecha 17 de enero de 2013, resulta oportuna, así como también la invalidez de los artículos 1, 8, 24, fracción XV, 43, fracciones V y XIII, 45, fracciones III, IV y XV, esta última fracción en su párrafo primero e inciso c), 54, fracción VII, 55, 56, 57, 60 al 65 y 67 y 68 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, estos últimos, por extensión y efectos al haberse modificado sustancialmente el sistema de pensiones contenido en la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, acorde al criterio jurisprudencial que dice lo siguiente:

"‘ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EXTENSIÓN DE LOS EFECTOS DE LA DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DE UNA NORMA GENERAL A OTRAS QUE, AUNQUE NO HAYAN SIDO IMPUGNADAS, SEAN DEPENDIENTES DE AQUELLA.’ (se transcribe)

"Al respecto es importante señalar a ese Máximo Tribunal que mediante el Decreto Número 218, publicado en el Periódico Oficial ‘Tierra y Libertad’ número 5056, de fecha 17 de enero de 2013, se adicionó un último párrafo al artículo 58 y se reformó el artículo 66, en su primer párrafo, con el siguiente texto:

"‘Artículo 58.’ (se transcribe).

"‘Artículo 66.’ (se transcribe).

"Ahora bien, con tales reformas, se altera sustancialmente el cuerpo normativo que rige el sistema de pensiones contenido en los artículos 1, 8, 24, fracción XV, 43, fracciones V y XIII, 45, fracciones III, IV y XV, esta última fracción en su párrafo primero e inciso c), 54, fracción VII, 55, 56, 57 y 60 al 68 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, lo anterior es así, en virtud de que como lo refiere el último párrafo del artículo 58 de la norma antes invocada, ahora las pensiones que sean determinadas por la Legislatura Local deberán cumplir con los requisitos consignados en el numeral 66 del ordenamiento referido, como se advierte a continuación:

"‘Artículo 66.’ (se transcribe)

"Atento a lo anterior, se concluye que la imposición de requisitos adicionales que no se encontraban contemplados en el cuerpo normativo que rige el sistema de pensiones, afecta el sistema de pensiones previsto en los artículos 1, 8, 24, fracción XV, 43, fracciones V y XIII, 45, fracciones III, IV y XV, esta última fracción en su párrafo primero e inciso c), 54, fracción VII, 55, 56, 57 al 68 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos.

"También cabe destacar que el primer párrafo del artículo 56 y el último párrafo del numeral 57, en relación con el último párrafo del ordinal 66 del ordenamiento en cita, resultan contrarios al principio de la libre administración hacendaria previsto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por las razones siguientes:

"Las citadas normas que se impugnan determinan:

"‘Artículo 56.’ (se transcribe).

"‘Artículo 57.’ (se transcribe).

"‘Artículo 66.’ (se transcribe).

"De las normas transcritas, especialmente en la parte que se impugna, se desprende que el Congreso Estatal será el órgano resolutor en materia de pensiones, dado que lo faculta a expedir el decreto relativo, lo cual vulnera la autonomía municipal prevista en el artículo 115 de la Carta Magna, al autorizar una intromisión del Poder Legislativo en las decisiones del Ayuntamiento, no obstante que no se presenta alguno de los supuestos excepcionales en los que la autoridad legislativa se encuentra autorizada para hacerlo.

"Dichos ordinales otorgan al Congreso del Estado una atribución que lesiona la hacienda municipal y, en consecuencia, su autonomía de gestión en el manejo de sus recursos, al prever que la Legislatura Local fijará los casos en que proceda otorgar el pago de pensiones de los trabajadores municipales, así como la cuantía a la que deberán ascender aquéllas y además en la hipótesis que refiere que cuando el trabajador goce al mismo tiempo de dos pensiones a cargo del gobierno o Municipio, en tal evento, será el Congreso del Estado -y no el Ayuntamiento- quien lo deberá requerir para que dentro de un plazo de treinta días naturales opte por una de ellas, y más aún en caso de que el trabajador no determine la pensión que debe continuar vigente, será la misma legislatura quien le concederá la que signifique mayores beneficios para el trabajador, lo anterior hasta el grado de afectar el patrimonio municipal para el pago de las mismas, sin ninguna intervención de la autoridad edilicia.

"Al respecto, señala el artículo 1o. de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos que la ley ‘... es de observancia general y obligatoria para el Gobierno Estatal y los Municipios del Estado de Morelos y tiene por objeto determinar los derechos y obligaciones de los trabajadores a su servicio ...’, de ahí que derive su aplicación tratándose de los empleados municipales que se encuentren en condiciones de solicitar el pago de una pensión por los servicios prestados.

"Por otra parte, los artículos 24, fracción XV, 54, fracción VII, 55 y 56 de la misma ley en cita, ratifican la facultad del Congreso Estatal para decretar pensiones, tratándose de asalariados municipales y la correlativa obligación de los Municipios de erogarlas con cargo a su hacienda, conforme a su contenido literal:

"‘Artículo 24.’ (se transcribe)

"‘Artículo 54.’ (se transcribe)

"‘Artículo 55.’ (se transcribe)

"‘Artículo 56.’ (se transcribe)

"De los preceptos transcritos claramente se advierte la facultad expresa del Congreso del Estado de Morelos para determinar los casos en que proceda otorgar una pensión a los servidores municipales, e incluso determinar su cuantía, atendiendo a las reformas contenidas en el artículo 66 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, como ocurrió en el caso, al haberse determinado por dicha Legislatura el pago de la pensión por jubilación al ciudadano **********, por haber desempeñado como último cargo el de **********, adscrito a la Dirección de Seguridad Pública, Tránsito, Bomberos y Protección Civil, misma que deberá ser cubierta con recursos de la hacienda municipal de este Ayuntamiento actor hasta por el ********** del último salario del referido trabajador, y conforme a los porcentajes establecidos en el numeral 58, fracción I, de la misma ley, que dispone:

"‘Artículo 58.’ (se transcribe)

"Por su parte, los artículos 115, fracción IV, párrafos primero, penúltimo y último, y fracción VIII, párrafo segundo, y 123, apartado B, fracción XI, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, disponen:

"‘Artículo 115.’ (se transcribe)

"‘Artículo 123.’ (se transcribe)

"Conforme a las disposiciones que preceden, se deduce que a las Legislaturas Locales les compete emitir las leyes necesarias para regular las relaciones de trabajo entre los Municipios y sus trabajadores, con base en los principios que recoge el artículo 123 de la propia Norma Fundamental, entre los cuales se encuentra la seguridad social en las que se cubrirá una pensión por jubilación, entre otras.

"Atendiendo a ello, el mandato constitucional determina que las Legislaturas Estatales tienen la obligación de consignar en sus leyes laborales locales, los procedimientos necesarios para que sus trabajadores puedan gozar de tal prestación; así, se cumple con el contenido del artículo 127 de la propia Norma Fundamental, en el que incluso se reconoce que las jubilaciones, pensiones o haberes de retiro podrán estar asignadas además de la ley, en decreto legislativo, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo (fracción IV); sin que esto signifique, que sean los órganos legislativos los encargados de otorgarlas.

"Con lo anterior, se reafirma lo resuelto en las controversias constitucionales **********, donde ese Máximo Tribunal resolvió como una transgresión al principio de autonomía en la gestión de la hacienda municipal, que el Congreso Local, sin la intervención de cualquier otra autoridad, y atendiendo exclusivamente a la solicitud del interesado, pueda decretar alguna de las pensiones determinadas en la Ley del Servicio Civil Estatal, determinando el monto correspondiente.

"Ahora bien, no obstante que existe la obligación de que la ley referida contemple y regule las pensiones de los trabajadores estatales y municipales, esta forma de proceder que autoriza las disposiciones legales reclamadas, se apartan del principio de autonomía en la gestión de la hacienda municipal que otorga a la Legislatura de esta entidad federativa el artículo 115 constitucional, pues no se explica por qué si los trabajadores mantuvieron la relación de trabajo con el Municipio, corresponde a una autoridad ajena, como lo es el Congreso Local, evaluar que se cumplan con todos los requisitos exigidos para que el trabajador del Municipio se vea beneficiado con alguna de las distintas pensiones que menciona la ley citada, con cargo a la hacienda pública del Ayuntamiento de Jojutla de Juárez, Morelos, el cual como se ha precisado, no cuenta con una partida presupuestal en materia de pensiones, no obstante que la Constitución establece que sólo le compete a este último graduar el destino de sus recursos, conforme lo considere conveniente, y sin injerencia de alguna otra autoridad.

"Al respecto, el régimen de pensiones debe necesariamente considerarse en la Ley del Servicio Civil Estatal, la cual desde luego debe ser expedida por el Congreso del Estado de Morelos, sin que esto implique que a través de las mismas la Legislatura Local pueda determinar libremente los casos en que proceda otorgar esas prestaciones cuando nacen de las relaciones de trabajo entre los Municipios y los servidores públicos a su cargo, pues no debe perderse de vista que la propia Constitución Federal facultó a los Ayuntamientos para ejercer en forma directa los recursos de la hacienda municipal, esto es, sin intermediarios, situación que no consideró el primer párrafo del artículo 56 y último párrafo del numeral 57 en relación con el último párrafo del ordinal 66, todos de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, asimismo por extensión de sus efectos los demás ordinales impugnados.

"En el mismo orden de ideas, los dos párrafos finales de la fracción IV del artículo 115 constitucional establecen:

"‘Artículo 115.’ (se transcribe)

"De lo anterior, se advierte que corresponde a los Ayuntamientos diseñar el régimen presupuestal de egresos del Municipio, con base en los recursos disponibles, los cuales han sido previstos en las leyes de ingresos respectivas y si bien, su aprobación queda a cargo de las Legislaturas Locales, no por ello estas se encuentran autorizadas para también determinar de qué forma han de invertirse los recursos respectivos.

"Por lo que en el caso que nos ocupa, resulta contrario a lo señalado en el artículo 115 constitucional que (sic) Legislatura del Estado de Morelos determine lo relativo a los emolumentos que por este concepto deban percibir los trabajadores del gobierno municipal, imponiendo al Municipio que erogue los recursos relativos de sus ingresos, a fin de solventar tales obligaciones, ello en detrimento a su autonomía y autosuficiencia económica, pues la determinación de las pensiones que actualmente se prevén en la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, constituye una forma de disposición y aplicación de los recursos municipales, incluso sin la intervención de su Ayuntamiento, de manera tal, que el Congreso Local dispone de recursos ajenos a los del Gobierno Estatal, para sufragar el pago de dichas prestaciones, sin dar participación a quien deberá hacer la provisión económica respectiva y más aún asumiéndose como resolutor en el caso de que el trabajador goce de dos o más pensiones con cargo al Estado o a los Municipios.

"Al respecto, resultan ilustrativas la tesis, cuyos rubro y contenido son los siguientes:

"‘MUNÍCIPES. LA LEGISLATURA ESTATAL CARECE DE FACULTADES PARA APROBAR SUS REMUNERACIONES (ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, ADICIONADO POR DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 23 DE DICIEMBRE DE 1999).’ (se transcribe)

"‘HACIENDA MUNICIPAL. PRINCIPIOS, DERECHOS Y FACULTADES EN ESA MATERIA, PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.’ (se transcribe)

"A la luz de los criterios jurisdiccionales expuestos, no resulta viable aceptar que en la determinación de las pensiones de empleados municipales, el Congreso Local sea quien decida en qué casos y en qué porcentaje procede su otorgamiento, afectando la libre disposición y aplicación de sus recursos.

"En esos términos, debe declararse la invalidez del primer párrafo del artículo 56 y último párrafo del numeral 57 en relación con el último párrafo del ordinal 66 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, por resultar contrario a los artículos 115, fracción IV, párrafos primero, penúltimo y último, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como su acto de aplicación contenido en el Decreto Número 298, publicado el veintisiete de marzo de dos mil trece en el Periódico Oficial del Estado de Morelos, por el que se determina conceder pensión por jubilación al señor **********.

"SEGUNDO. Ad cautélam y, por tanto, sólo en el caso en que sus señorías determinen la validez de las normas impugnadas, hago valer que de igual forma se transgreden en agravio del Municipio actor, los ordinales 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que disponen los principios de fundamentación y motivación en los que, tratándose de relaciones interinstitucionales, exigen que la actuación o determinación de una autoridad se base en una norma legal que le otorgue facultades y que la conducta de ésta acredite la existencia de los antecedentes fácticos y circunstancias de hecho que permitan colegir con claridad que sí procedía aplicar la norma correspondiente y, consecuentemente, que justifique con plenitud el que se haya actuado en determinado sentido y no en otro, en relación a lo establecido en el ordinal 115, fracciones II y IV, de la misma Carta Magna, que determina que sólo al Ayuntamiento corresponde el manejo de su patrimonio, administrar libremente su hacienda y, por ende, autorizar el presupuesto de egresos.

"En efecto, los citados mandamientos constitucionales se han vulnerado en agravio del gobierno que represento, al momento en que el Congreso del Gobierno del Estado de Morelos, aprobó y expidió el Decreto Número 298, en cuyos artículos uno a tres, otorga a favor del señor **********, pensión por jubilación con cargo a las finanzas del Ayuntamiento de Jojutla, Morelos, por la cantidad equivalente al ********** del último salario de dicha persona como **********, adscrito a la Dirección de Seguridad Pública, Tránsito, Bomberos y Protección Civil.

"Y al momento en que también el titular del Poder Ejecutivo promulgó y el secretario de Gobierno refrendó, ambos ordenando publicar el citado decreto legislativo, en el Periódico Oficial ‘Tierra y Libertad’ Número 5080 de fecha 27 de marzo del año 2013, pese a que dichos funcionarios están obligados a verificar la constitucionalidad y legalidad de las resoluciones del Poder Legislativo, pues los actos de promulgación y refrendo no son actuaciones de mero trámite, al instituirse como un contrapeso precisamente para evitar los abusos o desviaciones al estado de derecho.

"Decreto legislativo que en la parte que interesa, dice textualmente lo siguiente: (se transcribe)

"Ahora bien, la transgresión a las atribuciones de autonomía, manejo de patrimonio y libre administración hacendaria que menciono, tienen su origen en primer lugar, en hechos ajenos a la legalidad que sólo tuvieron el propósito de alterar la verdad, precisamente para afectar injusta e inconstitucionalmente al erario público municipal.

"Resolución legislativa que en la primera de sus consideraciones, refiere que el 30 de octubre del año 2012, el señor **********, presentó al Congreso solicitud de pensión por jubilación ‘de conformidad con la hipótesis contemplada en el artículo 58, fracción I, inciso k), de la Ley del Servicio Civil del Estado’, es decir, la que establece la pensión al ********** de la percepción salarial, por la prestación de ********** de servicio. Indicándose en el mismo párrafo, que dicha persona acompañó ‘la documentación exigida por el artículo 57, apartado A), fracciones I, II y III’ de la misma Ley del Servicio Civil del Estado.

"Contraviniéndose lo establecido en los ordinales 1, 2, 8, 12, 24, fracción XV, 41, 43, fracción XIII, 45, fracción XV, inciso d), 54, fracción VII, 55, 56, 57, inciso a), fracción II y 58, fracción I, inciso c), que de ninguna manera autorizan al Poder Legislativo Local y para los efectos del otorgamiento de pensión a un trabajador o empleado municipal, a acumular los años de servicio que tengan con otro Ayuntamiento, con el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos o con cualesquiera de sus organismos descentralizados; pues la pensión que se confiere a los trabajadores burocráticos atiende, entre otras circunstancias, a la vida productiva, esto es, a la prestación de los servicios dentro del gobierno que corresponda; pues de otra manera resultaría inconstitucional que, como en la especie acontece, los años de vida productiva que el trabajador haya desempeñado en otros órdenes de gobierno (municipales, estatales o incluso federales) fueran acumulados o sumados, para imponerle al último contratante, la carga financiera de cubrir el monto de la pensión otorgada, cuando reitero, la antigüedad en los años de servicio prestados se dieron en ámbitos ajenos a quien finalmente se le impone dicha carga.

"Finalmente, aunque no menos importante, del texto íntegro de la resolución legislativa objeto de esta demanda, puede advertirse también y sin lugar a dudas, que en todo el procedimiento que el Congreso del Estado de Morelos sustanció para admitir a trámite y resolver la solicitud de pensión por jubilación hecha por el señor **********, no se dio intervención al gobierno que represento, lo que lesionó su derecho de audiencia, habida cuenta de que a partir de dicho procedimiento se le ha impuesto una carga presupuestal, basada en actuaciones ilegales.

"Por las reflexiones vertidas y los preceptos constitucionales y legales antes invocados, es evidente que se acredita la invalidez por vicios propios del decreto impugnado, al afectar las atribuciones que al Municipio actor corresponde, para decidir sobre su hacienda y patrimonio; para incluso intervenir en el procedimiento que llevó a la resolución reprochada, y que final y sustantivamente afectan sus recursos, al imponerle inconstitucional e ilegalmente una carga financiera por todo el tiempo que dure la citada pensión por jubilación, que m

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24761-cbe70922/controversia-constitucional-debe-sobreseerse-en-el-juicio-respecto · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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