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Modo: Corpus Pro

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO RESPECTO DE NORMAS GENERALES CUYA CONSTITUCIONALIDAD NO SE RECLAME CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN Y LA IMPUGNACIÓN RESULTE EXTEMPORÁNEA EN RAZÓN DE LA FECHA DE SU PUBLICACIÓN, CONFORME AL ARTÍCULO 19, FRACCIÓN VII, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. LIBRE ADMINISTRACIÓN HACENDARIA Y AUTONOMÍA DE LOS AYUNTAMIENTOS EN LA GESTIÓN DE SUS RECURSOS. EL DECRETO NÚMERO CIENTO CUARENTA Y DOS, PUBLICADO EL 23 DE ENERO DE 2013 EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE MORELOS, MEDIANTE EL CUAL EL PODER LEGISLATIVO LOCAL DETERMINÓ OTORGAR PENSIÓN POR JUBILACIÓN CON CARGO AL GASTO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE JOJUTLA, A UN EMPLEADO DE ESE AYUNTAMIENTO, VIOLA EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 54/2013. · Registro digital (IUS): 24807
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2014-01-31
Promovente: MUNICIPIO DE JOJUTLA, ESTADO DE MORELOS.
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 2, Enero de 2014, Tomo II, Pág. 1601.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 54/2013. MUNICIPIO DE JOJUTLA, ESTADO DE MORELOS. 6 DE NOVIEMBRE DE 2013. PONENTE: SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ. SECRETARIA: VIANNEY AMEZCUA SALAZAR.

México, Distrito Federal. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al seis de noviembre de dos mil trece.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Por oficio recibido el siete de marzo de dos mil trece en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Manuel Valentín Juárez Policarpo, en su carácter de síndico del Municipio de Jojutla, Estado de Morelos, promovió controversia constitucional en representación del mismo, en la que demandó la invalidez de las normas y el acto que más adelante se precisan, emitidos por las autoridades que a continuación se señalan:

Autoridades demandadas:

1. El Poder Legislativo del Estado de Morelos.

2. El Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.

3. El secretario de Gobierno del Estado de Morelos.

Normas impugnadas:

Los artículos 58 y 66 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, reformados mediante Decreto Número 218, publicado en el Periódico Oficial del Estado el dieciséis de enero de dos mil trece y, por extensión, los artículos 1, 8, 24, fracción XV, 43, fracciones V y XIII, 45, fracciones III, IV y XV, párrafo primero, e inciso c), 54, fracción VII, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67 y 68 de la citada ley.

Acto impugnado:

El primer acto de aplicación de los artículos antes referidos, consistente en el Decreto Número 142, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Morelos el veintitrés de enero de dos mil trece, mediante el cual el Congreso del Estado otorga pensión por jubilación a César Bahena Valle, por haber prestado sus servicios a diversos Ayuntamientos, al Poder Ejecutivo y a la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata, todos de dicho Estado.

SEGUNDO. Los conceptos de invalidez que hace valer el actor son, en síntesis, los siguientes:

a) Con la reforma a los artículos 58 y 66 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, se altera, sustancialmente, el régimen de pensiones previsto en los artículos 1, 8, 24, fracción XV, 43, fracciones V y XIII, 45, fracciones III, IV y XV, párrafo primero, e inciso c), 54, fracción VII, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67 y 68 de la propia ley, al imponerse requisitos adicionales: los porcentajes y montos de las pensiones se calcularán tomando como base el último salario percibido por el trabajador; para el caso de las pensiones por jubilación y cesantía en edad avanzada, cuando el último salario mensual sea superior al equivalente a seiscientos salarios mínimos vigentes en la entidad, deberán acreditar haber desempeñado, cuando menos, cinco años el cargo por el cual solicitan pensionarse; de no cumplirse este tiempo, el monto de la pensión se calculará tomando como tope los referidos seiscientos salarios mínimos vigentes en la entidad, de acuerdo a los porcentajes que establece la ley; la cuantía de las pensiones se incrementará de acuerdo con el aumento porcentual al salario mínimo general del área correspondiente al Estado de Morelos; las pensiones se integrarán por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo; el trabajador no podrá gozar al mismo tiempo de dos pensiones a cargo del gobierno o Municipio; en tal caso, el Congreso del Estado lo deberá requerir para que, dentro de un plazo de treinta días naturales, opte por uno de ellos; si el trabajador no determina la pensión que debe continuar vigente, el Congreso concederá la que signifique mayores beneficios para el trabajador.

Por su parte, los artículos 56, párrafo primero y 57, párrafo último, en relación con el artículo 66, párrafo último, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos vulneran la hacienda municipal y el principio de libre administración hacendaria, establecidos en el artículo 115 de la Constitución Federal, al autorizar una intromisión del Congreso del Estado en las decisiones del Ayuntamiento, para el efecto de fijar los casos en que proceda otorgar el pago de pensiones a los trabajadores municipales, así como su cuantía e, incluso, determinar, en algunos casos, el otorgamiento de la pensión -estatal o municipal- que les signifiquen mayores beneficios, disponiendo del patrimonio municipal para el pago de las mismas, sin intervención de la autoridad edilicia.

De conformidad con los artículos 115, fracciones IV, párrafos primero, penúltimo y último, y VIII, párrafo segundo, y 123, apartado B, fracción XI, inciso a), de la Constitución Federal, las Legislaturas de los Estados deben consignar en las leyes laborales locales los procedimientos necesarios para que sus trabajadores puedan gozar de prestaciones de seguridad social, observándose de esta forma lo dispuesto por el artículo 127, fracción IV, de la propia Constitución, que establece que las jubilaciones, pensiones o haberes de retiro podrán ser asignados, además de en la ley, en decreto legislativo, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo; sin que esto signifique que sean los órganos legislativos los que las otorguen.

Lo anterior se confirma con lo resuelto por esa Suprema Corte en las controversias constitucionales 55/2005, 89/2008, 90/2008, 91/2008 y 92/2008, en el sentido de que se transgrede el principio de autonomía en la gestión de la hacienda municipal, si el Congreso Local, sin la intervención de alguna otra autoridad y atendiendo sólo a la solicitud del interesado, decreta alguna de las pensiones previstas en la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, determinando el monto correspondiente.

En este sentido, no obstante que la ley debe contemplar y regular las pensiones de los trabajadores estatales y municipales, la forma de proceder que autorizan las normas impugnadas contraviene el principio de autonomía en la gestión de la hacienda municipal, pues no se entiende por qué si los trabajadores mantuvieron la relación de trabajo con el Municipio, es una autoridad ajena, como el Congreso del Estado, la que evalúa el cumplimiento de los requisitos exigidos para que los trabajadores municipales se vean beneficiados con alguna de las prestaciones de seguridad social establecidas en ley, con cargo a la hacienda pública del Municipio, al que compete fijar el destino de sus recursos conforme lo considere conveniente y sin injerencia de alguna otra autoridad.

Asimismo, corresponde a los Ayuntamientos diseñar el régimen presupuestal de egresos de los Municipios, con base en los recursos disponibles, los cuales se prevén en las Leyes de Ingresos respectivas que, si bien deben ser aprobadas por las Legislaturas Locales, no pueden determinar de qué forma habrán de utilizarse los recursos; debiendo destacarse a este respecto que el Municipio de Jojutla no cuenta con una partida presupuestal en materia de pensiones, ni puede constituir una que, de manera integral, anticipada y planificada, prevea el número aproximado de pensiones o jubilaciones que, en el corto, mediano o largo plazo, deberá cubrir exclusivamente con motivo de las relaciones con sus trabajadores, pues no sólo se toman en cuenta, para efectos de su cálculo, los servicios que éstos hayan prestado al Municipio.

Resultan aplicables la jurisprudencia y tesis aislada identificadas con los rubros: "MUNÍCIPES. LA LEGISLATURA ESTATAL CARECE DE FACULTADES PARA APROBAR SUS REMUNERACIONES (ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, ADICIONADO POR DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 23 DE DICIEMBRE DE 1999)." y "HACIENDA MUNICIPAL. PRINCIPIOS, DERECHOS Y FACULTADES EN ESA MATERIA, PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS."

b) En el Decreto Número 142, se establece que el diecinueve de septiembre de dos mil doce César Bahena Valle presentó al Congreso del Estado solicitud de pensión por jubilación, en términos del artículo 58, fracción I, inciso c), de la Ley del Servicio Civil estatal, que contempla como pensión el noventa por ciento de la percepción salarial, por la prestación de veintiocho años de servicio; asimismo, que dicha persona acompañó la documentación requerida por el artículo 57, apartado A, fracciones I, II y III, de la citada ley, dentro de la que se incluye la hoja de servicios del trabajador.

No obstante, para sustentar su solicitud, César Bahena Valle exhibió una certificación expedida el veinte de agosto de dos mil doce por la titular de la Dirección de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Jojutla, en la que se hace constar falsamente que, como secretario municipal, percibía un sueldo mensual de sesenta y dos mil quinientos pesos, cuando de los recibos de pago de la Tesorería del Municipio se advierte que durante diciembre de dos mil doce, en ejercicio de dicho cargo, percibió un sueldo neto mensual de cuarenta y ocho mil ochocientos trece pesos con cuarenta centavos.

Aunado a lo anterior, el decreto impugnado acusa los siguientes vicios:

1. Refiere que el solicitante de la pensión acreditó haberse desempeñado como secretario municipal hasta el treinta de agosto de dos mil doce, cuando de las constancias que obran en los archivos del Ayuntamiento, se desprende que dicha persona laboró hasta el último día de dicho año.

2. Acumula el tiempo en que el solicitante de la pensión prestó supuestamente sus servicios en el Ayuntamiento de Zacatepec, en el Poder Ejecutivo, en la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata y en el Ayuntamiento de Jojutla, todos del Estado de Morelos, teniendo por acreditada una antigüedad de veintiocho años, cuatro meses y ocho días, e imponiendo al Ayuntamiento la obligación de pagar una pensión por jubilación equivalente al noventa por ciento del sueldo mensual referido por el trabajador.

Esta determinación resulta ilegal, pues la pensión que se otorga a los trabajadores burocráticos atiende, entre otras circunstancias, a la prestación de servicios dentro del gobierno que corresponda, por lo que los años de vida productiva que el trabajador haya desempeñado en otros órdenes de gobierno, no pueden ser acumulados, a efecto de imponer al último contratante la carga de cubrir el monto de la pensión otorgada.

3. Alude, de manera imprecisa, a los supuestos cargos desempeñados por el solicitante de la pensión en el servicio público estatal y municipal, pues resulta inverosímil que dicha persona haya nacido el ocho de noviembre de mil novecientos sesenta y dos, y que el primero de junio de mil novecientos setenta y nueve, a la edad de dieciséis años, haya comenzado a prestar sus servicios como "mensajero de la presidencia".

De igual forma, al mencionar los cargos de "fiscal de Obras Públicas", "fiscal de Licencias y Reglamentos" y "coordinador de eventos", no señala el lugar en que se prestaron los servicios, y aun considerando la suma del tiempo en que intermitentemente la persona dijo haber trabajado, no se acredita una antigüedad de veintiocho años, cuatro meses y ocho días de "servicio efectivo".

Asimismo, indica, por un lado, que la persona se desempeñó como secretario municipal del Ayuntamiento de Zacatepec "del 04 de noviembre de 2006 al 31 de diciembre de 2007" y, por otro, que (i) el servicio prestado en dicho Ayuntamiento fue el de mensajero de la presidencia "del 01 de junio de 1979 al 31 de mayo de 1982"; que (ii) en dos mil seis laboró únicamente y hasta el tres de noviembre, como profesor de asignatura en la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata; y que (iii) a partir del cuatro de noviembre de dicho año, ejerció el cargo de secretario municipal del Ayuntamiento de Tlaltizapán; sin que sobre decir que, en dos mil siete, de acuerdo con lo narrado por el propio Congreso, la persona no prestó servicios en ninguna institución pública.

Finalmente, se afirma que la persona trabajó en la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata "del 02 de noviembre de 2003 al 31 de marzo de 2006", cuando, de acuerdo con lo narrado por el propio Congreso, fue a partir del cuatro de septiembre de dos mil, que dicha persona comenzó a prestar sus servicios en la referida universidad, como profesor de asignatura, y en dos mil tres, no prestó servicios en ninguna institución pública.

4. Contraviene lo dispuesto por el artículo 66 de la Ley del Servicio Civil del Estado, pues el cargo de secretario municipal, que el solicitante de la pensión desempeñó en el Ayuntamiento de Jojutla, no fue por cinco años, debiendo observarse, en este sentido, el límite máximo establecido en el citado artículo; además de que el sueldo mensual rebasa el tope legal que, en dos mil doce, conforme al salario mínimo aplicable a la zona económica a la que pertenece el Estado de Morelos, arroja la cantidad de treinta y cinco mil cuatrocientos cuarenta y ocho pesos, y en dos mil trece, la de treinta y seis mil ochocientos veintiocho pesos.

5. Durante el procedimiento no se dio intervención al Municipio de Jojutla, violando su derecho de audiencia, aun cuando le fue impuesta una carga presupuestal basada en actuaciones ilegales.

En este sentido, resulta evidente la invalidez por vicios propios del Decreto Número 142 combatido, por violentar las atribuciones que al Municipio corresponden para decidir sobre su hacienda e intervenir en un procedimiento en el que se afectan sus recursos, al imponérsele una carga por todo el tiempo que dure la pensión por jubilación del referido trabajador, que merma su capacidad económica para hacer frente a la prestación de los servicios públicos a su cargo y las demás obligaciones que debe subvencionar.

TERCERO. El actor considera violados en su perjuicio los artículos 14, 16, 115, fracciones II, IV y VIII, párrafo segundo, y 123, apartado B, fracción XI, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

CUARTO. Por acuerdo de ocho de marzo de dos mil trece, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, a la que correspondió el número 54/2013 y, por razón de turno, se designó como instructor al Ministro Sergio A. Valls Hernández.

Mediante proveído de once de marzo siguiente, el Ministro instructor admitió la demanda de controversia constitucional; tuvo como demandados a los Poderes Legislativo y Ejecutivo, así como al secretario de Gobierno, todos del Estado de Morelos, a los que ordenó emplazar para que formularan sus respectivas contestaciones; y mandó dar vista al procurador general de la República para que manifestara lo que a su representación correspondiera.

QUINTO. El titular del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, al formular su contestación, señaló lo siguiente:

a) Se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción VII del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, al impugnarse de manera extemporánea la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos.

Por su parte, el decreto que se combate se funda en normas generales aplicadas con anterioridad al Municipio actor, no siendo posible desvincularlo de las mismas, a efecto de analizarlo de forma abstracta.

b) Se opone la falta de legitimación ad causam del Municipio actor, al no ser titular del derecho que pretende hacer valer mediante la presente controversia constitucional. Correlativamente, se opone la falta de legitimación pasiva del Poder Ejecutivo del Estado, al no haber realizado acto alguno que afecte o invada la esfera competencial del demandante.

c) El Municipio actor atribuye únicamente al Poder Ejecutivo del Estado, la promulgación y publicación del decreto que impugna. Al respecto, debe señalarse que tales actos se realizaron de conformidad con lo dispuesto por el artículo 70, fracción XVII, de la Constitución Estatal, además de que el demandante no los combate por vicios propios.

d) Deben declararse inatendibles e inoperantes, de modo general, los conceptos de invalidez formulados por el actor, pues lo expuesto en su demanda resulta ambiguo y superficial, y se concreta en descalificaciones aisladas, dado que no plantea razonamiento alguno que pueda ser analizado o del que se desprenda, al menos, la causa de pedir, al no referirse al fundamento, argumentos o razones decisorias, o al porqué de su reclamo.

e) En todo caso, resulta infundado lo alegado por el actor, en cuanto a la vulneración de su hacienda y la libre administración de ésta, pues, en términos del último párrafo del artículo 115 de la Constitución Federal, se ha dispuesto en la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, que sea el Congreso Local el facultado para emitir los decretos de pensión de los servidores públicos.

Todos los Municipios prevén en sus presupuestos de egresos el rubro de pensiones, por lo que los decretos de pensión únicamente constituyen actos declarativos que emite la Legislatura Estatal conforme al derecho de los trabajadores a la seguridad social y de acuerdo con las hipótesis y porcentajes respectivos, enmarcados dentro de los principios de libertad de configuración de los Estados, división de poderes y hacienda municipal que rigen en un Estado social de derecho.

La Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos establece prerrogativas para los trabajadores en el desempeño de su labor como servidores públicos, entre las que se encuentran la jubilación y los seguros de invalidez, vejez, vida, cesación involuntaria del trabajo, enfermedades y accidentes, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 123, apartados A, fracción XXIX, y B de la Constitución Federal.

Por su parte, el decreto impugnado no resulta en sí mismo inconstitucional, dado que las partidas del presupuesto de egresos municipal para el pago de las prestaciones de seguridad social no pueden considerarse dentro del ámbito de la libre administración hacendaria, previsto en el artículo 115, fracción IV, constitucional, al tener que destinarse a cubrir una obligación impuesta en la fracción VIII del propio precepto, en relación con el diverso 123 de la Norma Fundamental.

En efecto, la libre administración hacendaria permite a los Municipios integrar sus presupuestos de egresos y decidir el destino que tendrán los ingresos disponibles provenientes de las fuentes enumeradas en la fracción IV del citado artículo 115; sin embargo, en aquellos casos en que la Constitución imponga el pago de una obligación dineraria, no podrá operar a plenitud dicha libertad en el manejo y aplicación de recursos, porque no pueden dejar de cumplirla.

En este sentido, puede afirmarse que la hacienda municipal se compone de un sinnúmero de ingresos provenientes de distintas fuentes, pero sólo quedan comprendidos dentro de la libertad de elección en su destino y aplicación los que deriven de actividades públicas y privadas desarrolladas por los Municipios, así como los que se incluyan en esa categoría de libre administración hacendaria -participaciones-, pues existen ciertos ingresos que, aunque forman parte de la hacienda municipal, tienen una aplicación específica que los Ayuntamientos no pueden variar, porque no se integran a la autonomía en el gasto público -aportaciones-, y otros que, aun integrándose a esta autonomía, ven limitada su libre aplicación, al tener que destinarse al cumplimiento de una obligación pecuniaria establecida por la Constitución Federal -pago de contribuciones, de deuda o de prestaciones laborales y de seguridad social-, debiendo constituir una partida especial en sus presupuestos para cubrir estas obligaciones, por encima de los programas que pretendieran llevar a cabo con tales ingresos.

Al respecto, debe señalarse que a las Legislaturas Locales se les facultó para regular las relaciones laborales de los Estados y los Municipios con sus trabajadores, observando los lineamientos establecidos en el artículo 123 constitucional, entre ellos, la protección al salario (fracciones VI, VIII, X y XXVII, incisos b) y f) del apartado A, y correlativos del apartado B) y la seguridad social (fracción XXIX del apartado A y fracción XI del apartado B) que, como se ha señalado, comprende la jubilación y los seguros de invalidez, vejez y muerte.

De este modo, el marco establecido en la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos para el otorgamiento de la pensión por jubilación, no vulnera la libertad de administración hacendaria del Municipio actor, pues a dicha prestación económica está obligado, por disposición expresa de la Constitución Federal, debiendo cubrirla por sí o por medio de la institución respectiva, a través de las aportaciones de seguridad social que se contemplen en la partida presupuestal correspondiente.

Aunado a lo anterior, los artículos 56 y 57 de la citada ley, sólo prevén que el Congreso Local será el órgano facultado para otorgar la pensión y la fecha en que deberá expedirse el decreto respectivo, por lo que, por sí solos, no trascienden al ámbito de la libre administración hacendaria municipal; resultando aplicables las consideraciones sostenidas en la sentencia dictada en la controversia constitucional 80/2011, en las que se reconoció que el referido órgano legislativo es el competente para determinar las prestaciones sociales en la entidad.

f) Así también, resulta infundado lo alegado por el actor, en cuanto a la vulneración de su hacienda y la libre administración de ésta, pues ni la norma ni el acto impugnado contemplan alguna exención respecto de las contribuciones que le corresponden, por lo que, en modo alguno, se afecta su facultad para recaudar recursos y administrarlos libremente.

Conforme a lo dispuesto por los artículos 115 de la Constitución Política y 20 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, ambas del Estado de Morelos, los Ayuntamientos, en sus respectivos presupuestos de egresos, deben contemplar las partidas necesarias para el pago de las obligaciones que tienen a su cargo, lo cual no vulnera el libre manejo de la hacienda municipal, pues el artículo 115, fracción VIII, párrafo segundo, de la Constitución Federal establece que los Municipios deberán regir las relaciones laborales con sus trabajadores, en términos de las leyes que expidan las Legislaturas Locales, con apoyo en lo previsto por el artículo 123 de la propia Constitución y sus disposiciones reglamentarias.

De esta forma, la libertad de administración de la hacienda municipal no es ilimitada o absoluta, pues su ejercicio debe ajustarse a lo dispuesto por la Constitución y las leyes, resultando aplicable a este respecto la tesis P. LXXXIII/99, de rubro: "MUNICIPIOS. EL ARTÍCULO 9o. DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTADO, MUNICIPIOS E INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE BAJA CALIFORNIA, NO TRANSGREDE LA LIBRE ADMINISTRACIÓN HACENDARIA DE AQUÉLLOS."

Finalmente, resulta incorrecto lo expuesto por el Municipio actor respecto de la seguridad social, pues el artículo 123, apartado B, fracción XI, de la Constitución Federal, sólo establece las bases conforme a las cuales ésta debe organizarse, mas no determina formas, procedimientos o modalidades para tal objetivo, ya que deja que las leyes secundarias sean las que regulen estas cuestiones, de ahí que la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos se encuentre apegada a lo dispuesto por el citado artículo.

SEXTO. En su oficio de contestación a la demanda, el secretario de Gobierno del Estado de Morelos manifestó lo siguiente:

a) Se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción VII del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, al impugnarse de manera extemporánea la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos.

b) Se opone la falta de legitimación ad causam del Municipio actor, al no ser titular del derecho que pretende hacer valer mediante la presente controversia constitucional. Correlativamente, se opone la falta de legitimación pasiva del secretario de Gobierno, al no haber realizado acto alguno que afecte o invada la esfera competencial del demandante.

c) El Municipio actor atribuye únicamente al secretario de Gobierno el refrendo y publicación del decreto que impugna. Al respecto, debe señalarse que tales actos se realizaron de conformidad con lo dispuesto por el artículo 76 de la Constitución Estatal, además de que el demandante no los combate por vicios propios.

d) Deben declararse inatendibles e inoperantes, de modo general, los conceptos de invalidez formulados por el actor, pues lo expuesto en su demanda resulta ambiguo y superficial y se concreta en descalificaciones aisladas, dado que no plantea razonamiento alguno que pueda ser analizado o del que se desprenda, al menos, la causa de pedir, al no referirse al fundamento, argumentos o razones decisorias, o al porqué de su reclamo.

e) Por lo demás, se adhiere a los razonamientos expuestos por el Poder Ejecutivo del Estado en su contestación de demanda.

SÉPTIMO. El Poder Legislativo del Estado de Morelos, al dar contestación a la demanda, apuntó lo siguiente:

El decreto impugnado fue emitido conforme a lo dispuesto por la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, la cual establece el procedimiento para que los trabajadores al servicio de los Poderes del Estado y los Municipios puedan obtener su pensión, la naturaleza jurídica de los derechos adquiridos por dichos trabajadores y los sujetos obligados al cumplimiento de prestaciones sociales.

En el caso, el peticionario cumplió con todos los requisitos establecidos en la ley, tal como se desprende del expediente formado con motivo del decreto impugnado, por lo que no existía motivo para que el Congreso Local se negara a emitirlo, al encontrarse no sólo facultado, sino obligado a hacerlo, en términos del artículo 40 de la Constitución Política y la Ley del Servicio Civil, ambas del Estado de Morelos.

Particularmente, debe señalarse que, de las constancias que obran en el referido expediente, se advierte que César Bahena Valle prestó sus servicios en la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata, como profesor de asignatura, del cuatro de septiembre de dos mil al treinta y uno de diciembre de dos mil siete, y del cuatro de noviembre de dos mil seis al treinta de octubre de dos mil ocho, se desempeñó como secretario del Ayuntamiento de Zacatepec. Al haber ejercido ambos cargos a la vez durante cierto tiempo, únicamente se computó la antigüedad generada en uno de ellos, para efectos de la pensión solicitada, de conformidad con la citada Ley del Servicio Civil del Estado.

En lo subsecuente, se reiteran los argumentos expuestos por el Poder Ejecutivo Estatal en su contestación de demanda, resumidos a partir del último párrafo de la foja once y hasta el segundo párrafo, primera parte, de la foja trece de esta sentencia.

De la lectura del artículo segundo del decreto impugnado, se advierte que el Congreso Estatal hizo uso de la facultad que le otorga el artículo 56 de la Ley del Servicio Civil del Estado, aunque pudo omitir referirse a los demás aspectos destacados en este precepto, pues, conforme al artículo 45, fracción XV, de dicha ley, los Municipios deben cubrir las aportaciones que fijen las leyes correspondientes, entre otras, para el pago de pensiones, por lo que deben incluir en sus presupuestos de egresos una partida destinada a este concepto.

De esta forma, el Congreso del Estado no ordena la creación de esta partida, sino que los Ayuntamientos, en su calidad de patrones, deben contemplarla, al elaborar sus presupuestos de egresos, de acuerdo con el artículo 115, fracción IV, penúltimo párrafo, de la Constitución Federal, para garantizar el esquema de prestaciones de seguridad social que se establece en el artículo 123 de la propia Constitución.

OCTAVO. Mediante oficio recibido el seis de junio de dos mil trece en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Municipio actor amplió su demanda e impugnó el mismo Decreto Número 142, por vicios propios, pues considera que las constancias que sirvieron de base a su emisión carecen de sustento legal.

Al respecto, hizo valer las siguientes cuestiones:

a) En el decreto impugnado, se señala que César Bahena Valle trabajó en el Ayuntamiento de Tlaltizapán, del cuatro de noviembre de dos mil seis al treinta de octubre de dos mil ocho. Al dar contestación a la demanda, el Congreso del Estado aclara que, en el mismo periodo, aquél se desempeñó como secretario municipal en Zacatepec.

¿Cómo es posible que la Legislatura Local ahora precise que la antigüedad generada del cuatro de noviembre de dos mil seis al treinta y uno de diciembre de dos mil siete fue considerada en aquella devengada como secretario municipal en Zacatepec, del cuatro de noviembre de dos mil seis al treinta de octubre de dos mil ocho?

Aun cuando el trabajador hubiese prestado sus servicios en el Municipio de Zacatepec en el referido periodo, no se llega a la antigüedad de veintiocho años, cuatro meses y ocho días que, de manera inconstitucional, determinó el Congreso Estatal en el decreto que se impugna.

Del oficio número UTEZ/DAF/264/2012, emitido por el director de Administración y Finanzas de la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de Morelos, se advierte que César Bahena Valle estuvo adscrito a dicha universidad y ocupó el puesto de profesor de asignatura del cuatro de septiembre de dos mil al treinta y uno de diciembre de dos mil siete; sin embargo, en el decreto combatido, se consigna un periodo diferente al señalado en este oficio.

De este modo, aunque se haya aclarado que la antigüedad generada del cuatro de noviembre de dos mil seis al treinta y uno de diciembre de dos mil siete fue considerada en aquella devengada como secretario municipal de Zacatepec, del decreto impugnado se advierte que, en el periodo comprendido del cuatro de noviembre de dos mil seis al treinta de octubre de dos mil ocho, el trabajador se desempeñó además como secretario munic

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24807-331dcb88/controversia-constitucional-debe-sobreseerse-en-el-juicio-respecto · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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