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Modo: Corpus Pro

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO RESPECTO DE NORMAS GENERALES CUYA CONSTITUCIONALIDAD NO SE RECLAME CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN Y LA IMPUGNACIÓN RESULTE EXTEMPORÁNEA EN RAZÓN DE LA FECHA DE SU PUBLICACIÓN, AL ACTUALIZARSE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 19, FRACCIÓN VII, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. LIBRE ADMINISTRACIÓN HACENDARIA Y AUTONOMÍA DE LOS AYUNTAMIENTOS EN LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS MUNICIPALES. LOS DECRETOS MEDIANTE LOS CUALES EL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE MORELOS DETERMINA CONCEDER PENSIONES CON CARGO AL GASTO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE ESE ESTADO, VIOLAN EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 113/2013. · Registro digital (IUS): 25404
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2015-01-09
Promovente: MUNICIPIO DE JOJUTLA DE JUÁREZ, ESTADO DE MORELOS.
Localización: Décima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 14, Enero de 2015, Tomo I, Pág. 781.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 113/2013. MUNICIPIO DE JOJUTLA DE JUÁREZ, ESTADO DE MORELOS. 30 DE ABRIL DE 2014. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA, OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS Y JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. PONENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. SECRETARIOS: LAURA PATRICIA ROJAS ZAMUDIO Y RAÚL MANUEL MEJÍA GARZA.

México, Distrito Federal. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día treinta de abril de dos mil catorce, en el que emite la siguiente:

Sentencia

Mediante la que se resuelve la controversia constitucional 113/2013 en la que Manuel Valentín Juárez Policarpo, quien se ostentó como síndico del Municipio de Jojutla de Juárez del Estado de Morelos y en representación de éste demandó la invalidez de:

a) Los artículos 59 y 66 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, reformados mediante Decreto Número Doscientos Dieciocho, publicado en el número cinco mil cincuenta y ocho del Periódico Oficial del Estado de Morelos el dieciséis de enero de dos mil trece.

b) Los artículos 1, 8, 24, fracción XV; 43, fracciones V y XIII; 45, fracciones III, IV y XV, esta última fracción en su párrafo primero e inciso c); 54, fracción VII; 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67 y 68 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. Señala que estos preceptos los impugna por extensión de los efectos de los preceptos señalados en el inciso precedente, al modificar el sistema normativo que rige el sistema de pensiones para los trabajadores al servicio del Gobierno Municipal de esa entidad federativa.

c) El Decreto Número Novecientos Cuarenta y Cuatro, publicado en el número cinco mil ciento treinta y dos del Periódico Oficial del Estado de Morelos el veintitrés de octubre de dos mil trece, a través del cual se concedió, con cargo al gasto público del Municipio actor, pensión por cesantía en edad avanzada en favor de ********** quien prestó sus servicios a dicho Municipio. Este decreto se señala como el primer acto de aplicación de las normas impugnadas y también se impugna su validez por vicios propios.

Autoridades demandadas. Se señalaron como autoridades demandadas a las siguientes:

a) Congreso del Estado de Morelos.

b) Gobernador del Estado de Morelos.

c) Secretario de Gobierno del Estado de Morelos.

I. Antecedentes y planteamientos de la demanda

1. Antecedentes. En la demanda se señalaron como antecedentes del caso los siguientes:

a) En las controversias constitucionales 55/2005, 89/2008, 90/2008, 91/2008 y 92/2008, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró por mayoría de ocho votos, la inconstitucionalidad de diversas porciones normativas de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, así como de sus respectivos actos de aplicación, a través de los cuales el Congreso del Estado de Morelos invadió la competencia del Municipio actor al decretar pensiones con cargo a su hacienda municipal.

b) El veintitrés de octubre de dos mil trece se publicó en el Periódico Oficial de esa entidad el Decreto Número Novecientos Cuarenta y Cuatro, a través del cual, el Congreso Local concedió una pensión por cesantía en edad avanzada a favor de ********* equivalente al setenta y cinco por ciento de su último salario percibido y con cargo al gasto público del Municipio actor, por haber prestado sus servicios a dicho Ayuntamiento.

2. Conceptos de invalidez. Los conceptos de invalidez hechos valer en la demanda son, en síntesis, los siguientes:

a) Con la reforma a los artículos 59 y 66 impugnados se violan, en perjuicio del Municipio actor, los principios de fundamentación y motivación (artículos 14 y 16 constitucionales), así como el de congruencia entre los ingresos y egresos municipales, correspondiéndole exclusivamente al Ayuntamiento, la planeación, programación y diseño del gasto público a través de su presupuesto de egresos (artículo 115, fracción IV, párrafos primero, penúltimo y último de la Constitución Federal). Los gobiernos municipales tienen la potestad para administrar los recursos municipales y controlar las relaciones laborales con sus trabajadores con base en leyes locales (artículos 115, fracción VIII, párrafo segundo y 123, apartado B, constitucionales), que finalmente determinan que los trabajadores burocráticos -como lo son aquéllos al servicio de los Municipios-, tienen derecho a que el patrón -Ayuntamiento-, les reconozca y otorgue, como parte de sus prestaciones, la pensión o jubilación.

b) El decreto señalado como primer acto de aplicación, transgrede la autonomía municipal al violentar el principio de libre administración hacendaria y disposición de recursos, pues el Congreso Local se entromete inconstitucionalmente en las relaciones laborales del Municipio actor con sus trabajadores, disponiendo de manera arbitraria y anárquica del gasto público municipal, al imponerle, fuera de toda previsión o planificación gubernamental y sin autorización e intervención, el pago de pensiones. Con esto también se lesiona el principio de congruencia entre ingresos y egresos, ya que arbitrariamente, el Congreso Local, impone este tipo de gastos al Municipio -pago de pensiones-, sin que existan recursos económicos para el pago de dichas pensiones.

c) Además, el Congreso Local decreta la acumulación de la antigüedad de los servicios que un trabajador prestó en los demás Municipios o en cualquiera de los Poderes Estatales o sus organismos, para finalmente imponer el pago de la pensión o jubilación al último orden de gobierno en el que el trabajador haya prestado sus servicios.

d) La inconstitucionalidad planteada de los artículos 59 y 66 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, que se reformaron mediante el Decreto Número Doscientos Dieciocho publicado en el Periódico Oficial de la entidad el dieciséis de enero de dos mil trece, es oportuna, así como también la invalidez del resto de los artículos impugnados por extensión y efectos, ya que se modificó sustancialmente el sistema de pensiones contenido en la Ley del Servicio Civil del Estado. Sirve de apoyo la tesis de jurisprudencia P./J. 32/2006, de rubro: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EXTENSIÓN DE LOS EFECTOS DE LA DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DE UNA NORMA GENERAL A OTRAS QUE, AUNQUE NO HAYAN SIDO IMPUGNADAS, SEAN DEPENDIENTES DE AQUÉLLA."

e) Dichas modificaciones alteran sustancialmente el cuerpo normativo que rige el sistema de pensiones en el Estado, ya que, tal y como lo indica el último párrafo del artículo 59, ahora las pensiones que sean determinadas por la Legislatura Local, deberán cumplir con los requisitos consignados en el artículo 66 referido, siendo que este precepto contiene ahora requisitos adicionales que no se encontraban contemplados en el sistema anterior.

f) El primer párrafo del artículo 56 y el último párrafo del numeral 57, en relación con el último párrafo del artículo 66, todos de la Ley del Servicio Civil Local, resultan contrarios al principio de libre administración hacendaria, ya que otorgan al legislativo local la atribución de fijar los casos en que procede otorgar el pago de pensiones a los trabajadores municipales, así como la cuantía a la que deberán ascender éstas, afectando así el patrimonio municipal sin ninguna intervención de la autoridad edilicia.

g) Los artículos 24, fracción XV, 54, fracción VII, 55 y 56 de la Ley del Servicio Civil Local, igualmente son violatorios de las competencias municipales, ya que ratifican la facultad del Congreso Local para decretar pensiones tratándose de asalariados municipales y la correlativa obligación de los Municipios de erogarlas con cargo a su hacienda, como ocurrió en el caso, al haber determinado dicha Legislatura el pago de pensión por cesantía en edad avanzada a ********** por haber desempeñado como último cargo el de velador adscrito al Departamento de Mercados del Municipio actor, hasta por el setenta y cinco por ciento de su último salario.

h) Compete a las Legislaturas Locales emitir las leyes necesarias para regular las relaciones de trabajo entre los Municipios y sus trabajadores, y tienen la obligación de consignar en sus leyes laborales locales, los procedimientos necesarios para que sus trabajadores y los beneficiarios de éstos puedan gozar de tal prestación, sin que esto signifique que sean los órganos legislativos los encargados de otorgar las pensiones o haberes de retiro, mediante un decreto legislativo.

i) El Congreso del Estado de Morelos es competente para expedir la Ley del Servicio Civil Estatal, pero ello no significa que pueda determinar libremente los casos en que proceda otorgar esas prestaciones cuando nacen de las relaciones de trabajo entre los Municipios y los servidores públicos a su cargo, pues son los Ayuntamientos los facultados para ejercer en forma directa los recursos de la hacienda municipal.

j) El Decreto Número Novecientos Cuarenta y Cuatro, a través del cual el Congreso Local concedió una pensión por cesantía en edad avanzada, con cargo al gasto público del Municipio actor, viola los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, ya que corresponde al Ayuntamiento el manejo de su patrimonio, la administración libre de su hacienda y la autorización de su presupuesto de egresos, además de que al Municipio actor no se le dio intervención en el procedimiento por el que se decretó la pensión correspondiente, lo que lesiona su derecho de audiencia.

k) El titular del Poder Ejecutivo y el secretario de Gobierno, ambos del Estado de Morelos, vulneraron también la autonomía del Municipio al promulgar y refrendar, respectivamente, el citado decreto de concesión de pensión pese a que están obligados a verificar la constitucionalidad y legalidad de las resoluciones del Poder Legislativo. Lo anterior, ya que los actos de promulgación y refrendo no son actuaciones de mero trámite sino que constituyen un contrapeso para evitar los abusos o desviaciones al Estado de derecho.

3. Artículos constitucionales señalados como violados. El Municipio actor señaló como violados los artículos 14, 16, 115, fracciones IV, párrafos primero, penúltimo y último, VIII, párrafo segundo, así como 123, apartado B, fracción XI, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

II. Trámite de la controversia constitucional

4. Radicación y trámite. La demanda de controversia se presentó en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cuatro de diciembre de dos mil trece.(1)

5. El presidente de este Alto Tribunal ordenó formar y registrar el expediente con el número 113/2013 y, de conformidad con la certificación respectiva, lo turnó al Ministro José Ramón Cossío Díaz para que fungiera como instructor.(2)

6. El Ministro instructor admitió a trámite la demanda y tuvo como autoridades demandadas a los Poderes Legislativo y Ejecutivo, así como al secretario de Gobierno, todos del Estado de Morelos, a quienes requirió para que dentro del plazo de treinta días hábiles rindieran su contestación a la demanda. En el mismo auto, se requirió al Congreso Local para que al dar contestación a la demanda, enviara a este Alto Tribunal copia certificada de los antecedentes del Decreto Número Novecientos Cuarenta y Cuatro, así como de los antecedentes legislativos de las normas impugnadas.(3)

7. Contestación del Poder Legislativo.(4) El presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos, en representación de ese poder, contestó la demanda exponiendo en síntesis que:

a) Se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VIII, de la ley reglamentaria de la materia, ya que el Municipio actor no cuenta con un interés legítimo para acudir a esta vía, al no resentir afectación alguna en su esfera de atribuciones, además de que con las reformas a los artículos 58, último párrafo y 66 de la Ley de Servicio Civil Local, a que hace referencia el Municipio actor, y con el decreto de concesión de pensión impugnado no se pretende de forma alguna ejercer de manera directa los recursos que integran la hacienda pública municipal.

b) Se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VII, de la ley reglamentaria de la materia respecto de la impugnación de los artículos 55, 56 y 57 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, ya que la impugnación es extemporánea en atención a su fecha de publicación, además de que el decreto impugnado no constituye su primer acto de aplicación. Ejemplo de lo anterior es el Decreto Número Ciento Cuarenta y Dos, en el que se otorgó una pensión por jubilación a un diverso trabajador que prestó sus servicios en el Municipio actor, mismo que fue impugnado en la controversia constitucional 54/2013.

c) Es infundado el concepto de invalidez relativo a la vulneración a los principios de fundamentación y motivación, ya que es obligación constitucional de los Municipios tener una partida en su cuenta pública para el pago de pensiones, sin que el Municipio actor pueda considerar como parte de su autonomía municipal la decisión de contar o no con dicha partida en su presupuesto de egresos.

d) La modificación a los ordenamientos legales impugnados mediante el Decreto Número Doscientos Dieciocho impugnado, consiste en que en los casos de pensiones por jubilación y cesantía en edad avanzada, aquellos solicitantes con salario mensual superior o equivalente a seiscientos salarios mínimos vigentes en la entidad, deberán acreditar haber desempeñado cuando menos cinco años en el cargo por el cual solicitan la pensión, circunstancia que no se actualiza en el caso.

e) Dicha reforma tiene como finalidad regular las altas pensiones de algunos funcionarios, así como establecer un candado en cuanto a la temporalidad en la permanencia en dichos cargos de al menos cinco años para ser merecedor de una pensión con el sueldo del cargo que hasta ese momento se ostenta, por lo que de no atenderse a dichas medidas se pondría en riesgo el suministro de una gran mayoría que recibe pensiones mínimas.

f) El referido decreto no tiene relación con el diverso novecientos cuarenta y cuatro impugnado, a través del cual se concedió pensión por «cesantía en» edad avanzada a un trabajador municipal, ya que tanto el contenido como el fundamento de ambos decretos es distinto y el segundo no puede considerarse un acto de aplicación expresa ni implícita del primero, por tanto, su impugnación debió realizarse a través de una controversia constitucional diversa.

g) De conformidad con la legislación laboral aplicable y con los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Municipio actor es el primer obligado en cubrir sus obligaciones de seguridad social con sus trabajadores y subordinados, circunstancia de la que no puede excluirse y en la que no opera a plenitud la libertad municipal.

h) El decreto de concesión de pensión impugnado fue dictado con base en la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, la cual establece el procedimiento para que los trabajadores de los poderes de dicha entidad federativa o los Municipios, así como los beneficiarios de dichos trabajadores, puedan obtener la pensión correspondiente, por lo que una vez que la solicitante de la pensión cumplió con los requisitos previstos por la ley para solicitar la pensión por invalidez, no existía razón alguna para que el Congreso Estatal se negara a cumplir la obligación de emitir el decreto respectivo.

8. Contestación del gobernador(5) y del secretario de Gobierno del Estado.(6) Ambas autoridades del Estado de Morelos fueron esencialmente coincidentes en sus respectivas contestaciones de demanda, sosteniendo en síntesis que:

a) Se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción VII del artículo 19 de la ley reglamentaria en la materia, ya que el Municipio actor carece de legitimación ad causam al no ser titular del derecho que pretende hacer valer; además, ambas autoridades carecen de legitimación pasiva en el asunto ya que no han realizado acto alguno que invada la competencia municipal.

b) Por cuanto hace a lo señalado respecto de la obligación que tienen de verificar la constitucionalidad y legalidad de las resoluciones del Poder Legislativo del Estado de Morelos, los actos realizados por ambas autoridades se encuentran debidamente fundados y motivados ya que se emitieron actuando en todo momento en estricto apego a las facultades constitucionales con que cuentan, conforme a lo dispuesto en el artículo 76 de la Constitución Política Local.

c) Ambas autoridades fueron llamadas a este juicio únicamente para su adecuada tramitación y resolución, cumpliendo con el requisito formal de tener por demandados a los órganos que hubiesen expedido, promulgado, refrendado o publicado la norma general impugnada, por lo que es falso que hayan violentado en perjuicio del Municipio actor las disposiciones constitucionales que invocó en sus conceptos de invalidez.

d) El decreto legislativo de concesión de pensión impugnado no es inconstitucional, ya que las partidas del presupuesto de egresos municipal para el pago de las prestaciones de seguridad social no pueden ser concebidas en el ámbito de la libre administración hacendaria previsto en el artículo 115, fracción IV, de la Constitución Federal, si se toma en cuenta que son destinadas para cubrir una obligación dineraria impuesta en la fracción VIII del mismo precepto, en relación con el diverso 123 de la Ley Fundamental.

e) Si bien los Municipios tienen autonomía para determinar la aplicación de los recursos públicos, también deben observar las normas constitucionales y federales relativas, además de las que expidan las Legislaturas Locales concernientes a la administración pública municipal. En tal virtud, es innegable que el marco legal establecido en la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos para el otorgamiento de la pensión por cesantía en edad avanzada no vulnera la libre administración del Municipio, pues dicha prestación está a su cargo, por mandato expreso de la Constitución Federal.

f) Es aplicable el criterio sostenido en la controversia constitucional 80/2011, promovida por el Poder Ejecutivo en contra del Poder Legislativo, ambos del Estado de Morelos, en la que se decidió que el Congreso de la entidad tiene atribuciones para conocer, estudiar y dictaminar de todos los asuntos referentes a las pensiones de los trabajadores al servicio del Estado y los Municipios.

g) Asimismo, son aplicables los criterios jurisprudenciales de rubros: "HACIENDA MUNICIPAL Y LIBRE ADMINISTRACIÓN HACENDARIA. SUS DIFERENCIAS (ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL)." y "MUNICIPIOS. EL ARTÍCULO 9o. DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTADO, MUNICIPIOS E INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE BAJA CALIFORNIA, NO TRANSGREDE LA LIBRE ADMINISTRACIÓN HACENDARIA DE AQUÉLLOS."

9. Opinión del procurador general de la República. El procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, se abstuvo de emitir su opinión respecto de la presente controversia constitucional, no obstante que fue debidamente notificado del auto de admisión.

10. Audiencia. Sustanciado el procedimiento en la presente controversia constitucional, se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se tuvieron por exhibidas y admitidas las pruebas ofrecidas, por presentados los alegatos y se puso el expediente en estado de resolución.

III. Competencia

11. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o. de la ley reglamentaria de las fracciones I y II de dicho precepto; 10, fracción I y 11, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como con el punto tercero, en relación con el punto segundo, fracción I, ambos del Acuerdo General Número 5/2013, emitido por el Tribunal Pleno el trece de mayo de dos mil trece.

IV. Oportunidad

12. Para analizar la oportunidad de la demanda, conviene tener en cuenta que se promovió en contra de los siguientes actos y normas generales:

a) Los artículos 59 y 66 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos reformados mediante Decreto Número Doscientos Dieciocho, publicado en el número cinco mil cincuenta y ocho del Periódico Oficial del Estado de Morelos el dieciséis de enero de dos mil trece.

b) Los artículos 1, 8, 24, fracción XV; 43, fracciones V y XIII; 45, fracciones III, IV y XV, esta última fracción en su párrafo primero e inciso c); 54, fracción VII; 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67 y 68 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. Estos preceptos los impugna por extensión de los efectos de los preceptos señalados en el inciso precedente.

c) El Decreto Número Novecientos Cuarenta y Cuatro, publicado en el número cinco mil ciento treinta y dos del Periódico Oficial del Estado de Morelos el veintitrés de octubre de dos mil trece, a través del cual se concedió, con cargo al gasto público del Municipio actor, pensión por cesantía en edad avanzada.

13. El artículo 21 de la ley reglamentaria de la materia establece en sus fracciones I y II el plazo de treinta días para promover una controversia constitucional cuando se impugnen actos o normas generales, el que se computará de la siguiente forma.(7)

14. Tratándose de actos:

a) A partir del día siguiente al en que conforme a la ley del propio acto surta efecto la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame;

b) A partir del día siguiente al en que el actor haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; y,

c) A partir del día siguiente al en que el actor se ostente sabedor de los mismos.

15. En el caso de normas generales:(8)

a) A partir del día siguiente a la fecha de su publicación; y,

b) A partir del día siguiente al en que se produzca el primer acto de aplicación de la norma que dé lugar a la controversia.

16. En primer lugar, deberá analizarse la oportunidad de la demanda respecto del Decreto Número Novecientos Cuarenta y Cuatro, ya que éste fue señalado como el primer acto de aplicación de las normas impugnadas. En este sentido, el cómputo debe realizarse tomando en cuenta el día en que el Municipio actor se ostentó sabedor del mismo, esto es, el veintitrés de octubre de dos mil trece, fecha que además de ser aquella en la que este decreto se publicó en el Periódico Oficial de la entidad, es la que manifestó el Municipio actor en el apartado VI de su demanda, como un hecho que le consta.(9)

17. Tomando esa fecha como referente, se concluye que la demanda se interpuso de manera oportuna respecto del citado decreto, ya que el plazo de treinta días previsto en la fracción I del artículo 21 de la ley reglamentaria de la materia culminó el seis de diciembre siguiente,(10) siendo que la demanda fue presentada en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal el cuatro de diciembre de dos mil trece por lo que se encuentra dentro del plazo legal referido.

18. Ahora, por lo que hace a la oportunidad de la impugnación respecto de las normas generales señaladas como inconstitucionales, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos, hizo valer la causa de improcedencia prevista en la fracción VII del artículo 19 de la ley reglamentaria de la materia, sustentándola en el hecho de que el decreto que se impugna no constituye el primer acto de aplicación de los artículos 55, 56 y 57 impugnados, además de que se está en presencia de una impugnación extemporánea atendiendo a la fecha de su publicación.

19. Para determinar si en el caso se actualiza o no esta causa de improcedencia respecto de dichas normas y respecto de los demás preceptos impugnados por extensión, esta Primera Sala revisará si fueron o no aplicados en el Decreto Número Novecientos Cuarenta y Cuatro impugnado, pues sólo de este modo el cómputo para la presentación de la demanda de controversia constitucional puede hacerse de conformidad con la segunda hipótesis prevista por la fracción II del artículo 21 de la ley reglamentaria de la materia, ya que de lo contrario el cómputo debe realizarse a partir del día siguiente a la fecha de la publicación de las normas generales impugnadas.

20. Al respecto, recordemos que el Municipio actor reclamó la constitucionalidad de los artículos 59 y 66 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, reformados mediante Decreto Número Doscientos Dieciocho, publicado en el Periódico Oficial de la entidad de dieciséis de enero de dos mil trece; asimismo, impugnó por extensión de sus efectos los diversos artículos 1, 8, 24, fracción XV; 43, fracciones V y XIII; 45, fracciones III, IV y XV, esta última fracción en su párrafo primero e inciso c); 54, fracción VII; 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67 y 68 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos.

21. Es necesario traer a cuenta el contenido del decreto impugnado, para analizar si en él se aplicaron tales normas:

"Página 8. Periódico Oficial. 23 de octubre de 2013.

"Al margen izquierdo un Escudo del Estado de Morelos que dice: ‘Tierra y Libertad’. La tierra volverá a quienes la trabajan con sus manos. Poder Legislativo. LII Legislatura. 2012-2015.

"Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Morelos a sus habitantes sabed:

"Que el H. Congreso del Estado se ha servido enviarme para su promulgación lo siguiente:

"La Quincuagésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos, en ejercicio de la facultad que le otorga la fracción II del artículo 40 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, y al tenor de los siguientes:

"Considerandos:

"1. Mediante escrito presentado en fecha 06 de junio del 2013, ante este Congreso del Estado, el C. ********** por su propio derecho, solicitó de esta Soberanía le sea otorgada pensión por cesantía en edad avanzada, acompañando a su solicitud los documentos a que se refiere el artículo 57, apartado A), fracciones I, II y III, de la Ley del Servicio Civil del Estado, como lo son: Acta de nacimiento, hoja de servicios y carta de certificación de salario expedidas por el H. Ayuntamiento de Jojutla, Morelos.

"II. Que al tenor del artículo 56 de la Ley del Servicio Civil vigente en la entidad, la pensión por cesantía en edad avanzada se generará a partir de la fecha en que entre en vigencia el decreto respectivo. Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la vigencia del decreto cesarán los efectos de su nombramiento. El trabajador que se hubiere separado justificada o injustificadamente de su fuente de empleo, antes de la fecha de vigencia del decreto que la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del siguiente día de su separación. Y con fundamento en el artículo 59 de la Ley del Servicio Civil, la pensión por cesantía en edad avanzada se otorgará al trabajador que habiendo cumplido cuando menos cincuenta y cinco años de edad y un mínimo de diez años de servicio, se ubique en el supuesto correspondiente, el monto será de acuerdo a su último salario y al porcentaje que, por los años de servicio le corresponda, según lo establece el artículo de referencia.

"III. En el caso que se estudia, el C. ********** ha prestado sus servicios en el H. Ayuntamiento de Jojutla, Morelos, desempeñando el cargo de velador, adscrito al Departamento de Mercados, del 22 de febrero de 1996 al 20 de mayo de 2013, fecha en la que fue expedida la constancia de referencia.

"Una vez realizado el procedimiento de investigación que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad del trabajador y se acreditan 18 (sic) años, 02 meses, 28 días de antigüedad de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido y 72 años de edad, ya que nació el 05 de agosto de 1940, en consecuencia, se estima que se encuentran plenamente satisfechos los requisitos previstos en el artículo 59, inciso f), del marco jurídico antes invocado.

"Por lo anteriormente expuesto, esta Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente:

"Decreto Número Novecientos Cuarenta y Cuatro

"Artículo 1o. Se concede pensión por cesantía en edad avanzada al C. ********** quien ha prestados sus servicios en el H. Ayuntamiento de Jojutla, Morelos, desempeñando como último cargo el de: velador, adscrito al Departamento de Mercados.

"Artículo 2o. La pensión decretada deberá cubrirse al 75% del último salario del solicitante, de conformidad con el inciso f) del artículo 59 de la Ley del Servicio Civil del Estado y será cubierta a partir del día siguiente a aquél en que el trabajador se separe de sus labores por el H. Ayuntamiento de Jojutla, Morelos. Dependencia que realizará el pago de forma mensual con cargo a la partida destinada para pensiones, cumpliendo con lo que disponen los artículos 55, 56 y 59 de la Ley del Servicio Civil del Estado.

"Artículo 3o. La pensión concedida deberá incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual al salario mínimo general del área correspondiente al Estado de Morelos, integrándose por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de conformidad con lo establecido por el artículo 66 de la Ley del Servicio Civil del Estado.

"TRANSITORIOS

"Artículo primero. Remítase el presente decreto al titular del Poder Ejecutivo del Estado, para su promulgación y publicación respectiva de conformidad con los artículos 44 y 70, fracción XVII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.

"Artículo segundo. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial ‘Tierr

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25404-a395e1b9/controversia-constitucional-debe-sobreseerse-en-el-juicio-respecto · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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