CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO RESPECTO DE NORMAS GENERALES CUYA CONSTITUCIONALIDAD NO SE RECLAME CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN Y LA IMPUGNACIÓN RESULTE EXTEMPORÁNEA EN RAZÓN DE LA FECHA DE SU PUBLICACIÓN, CONFORME A LOS ARTÍCULOS 19, FRACCIÓN VII, Y 20, FRACCIÓN II, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. LIBRE ADMINISTRACIÓN HACENDARIA Y AUTONOMÍA DE LOS AYUNTAMIENTOS EN LA GESTIÓN DE SUS RECURSOS. EL DECRETO NÚMERO CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS, PUBLICADO EL 15 DE MAYO DE 2013 EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE MORELOS, MEDIANTE EL CUAL EL PODER LEGISLATIVO LOCAL DETERMINÓ CONCEDER PENSIÓN POR CESANTÍA EN EDAD AVANZADA CON CARGO AL GASTO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE JOJUTLA, A UN EMPLEADO DE ESE AYUNTAMIENTO, VIOLA EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 84/2013. MUNICIPIO DE JOJUTLA, ESTADO DE MORELOS. 6 DE NOVIEMBRE DE 2013. PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS. SECRETARIO: ALFREDO VILLEDA AYALA.
México, Distrito Federal. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día seis de noviembre de dos mil trece.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Presentación. Por escrito recibido el veinticinco de junio de dos mil trece en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Manuel Valentín Juárez Policarpo, en su carácter de síndico del Ayuntamiento del Municipio de Jojutla de Juárez, Estado de Morelos, promovió controversia constitucional en contra de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, así como del secretario de Gobierno de dicha entidad federativa, en la que impugnó lo siguiente:
"a) Se demanda la invalidez de los artículos 59 y 66 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, reformados mediante Decreto Número 218, publicado en el Periódico Oficial ‘Tierra y Libertad’ número 5058, de fecha 16 de enero de 2013, y por extensión de sus efectos al modificar el sistema normativo que rige el sistema de pensiones para los trabajadores al servicio del gobierno municipal, se reclama también la invalidez de las siguientes porciones normativas: 1, 8, 24, fracción XV, 43, fracciones V y XIII, 45, fracciones III, IV y XV, esta última fracción en su párrafo primero e inciso c), 54, fracción VII, 55, 56, 57 al 68 de la misma Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos.
"Preceptos que se impugnan en virtud de su primer acto de aplicación, a través del Decreto Número 496, publicado en el Periódico Oficial ‘Tierra y Libertad’ número 5089, de fecha 15 de mayo de 2013, a través del cual, el Poder Legislativo del Gobierno del Estado de Morelos determina inconstitucionalmente otorgar pensión por cesantía en edad avanzada con cargo al gasto público del Municipio actor.
"b) Ad cautelam, se demanda la invalidez por vicios propios del mismo Decreto Número 496, publicado en el Periódico Oficial ‘Tierra y Libertad’ número 5089, de fecha 15 de mayo de 2013. ..."
SEGUNDO. Antecedentes. En la demanda se señalaron como antecedentes los siguientes:
"1. A manera de antecedente informo que, en los veredictos pronunciados en las controversias constitucionales números 55/2005, 89/2008, 90/2008, 91/2008 y 92/2008, resueltas por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación por mayoría de ocho votos en diversas fechas, se resolvió declarar la inconstitucionalidad de diversas porciones normativas de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos y sus respectivos actos de aplicación, por medio de los cuales el Congreso de Morelos invadiendo la esfera de competencia del Municipio actor, decretó pensiones con cargo a las finanzas municipales.
"2. Ahora bien, con fecha 15 de mayo del año 2013, fue publicado en el Periódico Oficial ‘Tierra y Libertad’ número 5089, el Decreto Número Cuatrocientos Noventa y Seis, emitido por la Quincuagésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, fechado el día quince de mayo del año dos mil trece, por el que se concede pensión por cesantía en edad avanzada a José Antonio Hurtado Gómez, por haber prestado sus servicios al Ayuntamiento de Jojutla, Morelos, decretando por concepto de pensión, el 65% del último salario del solicitante, el cual señala lo siguiente:" (se transcribe).
TERCERO. Preceptos constitucionales que se estiman violados y conceptos de invalidez. La parte actora señaló como preceptos violados los artículos 14, 16, 115, fracción IV y 123, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y expuso los conceptos de invalidez que enseguida se sintetizan:
Primero. Los artículos 59 y 66 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, así como los ordinales 1, 8, 24, fracción XV, 43, fracciones V y XIII, 45, fracciones III, IV y XV, párrafo primero e inciso c), 54, fracción VII, 55, 56, 57 al 68 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos son violatorios de los principios de fundamentación y motivación que exigen los artículos 14 y 16 constitucionales y, en consecuencia, del principio de congruencia entre los ingresos y egresos municipales, previsto en el artículo 115, fracción IV, párrafos primero, penúltimo y último, de la Constitución Federal.
• Dichos artículos son impugnados, en virtud del primer acto de aplicación en perjuicio del Municipio actor, que se traduce en el Decreto Número 496, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 5089, de fecha quince de mayo de dos mil trece, en el que el Congreso del Estado de Morelos determinó otorgar pensión por cesantía en edad avanzada con cargo a su hacienda.
• El Poder Legislativo del Estado de Morelos al emitir el decreto impugnado transgredió la autonomía del Municipio actor al infringir el principio de libre administración hacendaria, y la disposición de sus recursos previstos en el artículo 115 de la Constitución Federal, pues se entrometió en las relaciones laborales del Municipio actor y sus trabajadores.
• Lo anterior, en virtud de que no se señaló con qué documentos el solicitante acreditó o no la prestación laboral que requirió; con lo que dispuso del gasto público municipal, al imponer al Municipio actor el pago de pensiones, incluso indicando, que éste (aun las de invalidez) operarán "una vez que el trabajador se separe de sus labores, inclusive erigiéndose como resolutor cuando el trabajador goce de dos o más pensiones".
• De igual manera, la emisión del decreto impugnado vulneró el principio de congruencia entre ingresos y egresos establecido en la fracción IV del artículo 115 constitucional, ya que la Legislatura Local impuso una serie de gastos que no estaban previstos en el presupuesto de egresos para el año de dos mil trece, sin que existan recursos económicos para el pago de las pensiones decretadas por el Congreso del Estado.
• Con una interpretación ajena a la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, el Poder Legislativo Local decreta la acumulación de la antigüedad de los servicios prestados por un trabajador aun cuando haya trabajado en los demás Municipios o en cualesquiera de los poderes estatales o sus organismos, para luego imponer el pago de la pensión al último orden de gobierno en que el trabajador prestó sus servicios, de manera que el Municipio actor no puede constituir partida presupuestal de manera integral, anticipada y planificada en la que contemple el número aproximado de pensiones o jubilaciones que en el plazo inmediato, mediato o a largo plazo correspondan a sus arcas.
• Tales circunstancias han generado incluso la existencia de pensiones o jubilaciones ajenas a la legalidad, ya que permiten que los interesados exhiban constancias de varias dependencias u organismos estatales incluso de varios Municipios, para acreditar años de servicio burocrático que no se dieron; todo ello ante la evidente resistencia de la Legislatura Local de normar el sistema de pensiones y jubilaciones de los Ayuntamientos, pese al análisis realizado en la controversia constitucional número 55/2005.
• La reforma a los artículos 59 y 66 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos alteró el sistema de pensiones contenido en los artículos 1, 8, 24, fracción XV, 43, fracciones V y XIII, 45, fracciones III, IV y XV, esta última fracción en su párrafo primero e inciso c), 54, fracción VII, 55, 56, 57 y 60 al 65, 67 y 68 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, en virtud de que como lo refiere el último párrafo del artículo 59 de la norma antes invocada, las pensiones decretadas por la Legislatura Local deberán cumplir con los requisitos previstos en el numeral 66 de la citada ley.
• El primer párrafo del artículo 56 y el último párrafo del numeral 57, en relación con el último párrafo del ordinal 66 del ordenamiento en cita, resultan contrarios al principio de la libre administración hacendaria previsto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
• Los artículos 24, fracción XV, 54, fracción VII, 55 y 56 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos establecen la facultad del Congreso Estatal para determinar los casos en que procede otorgar una pensión a los servidores municipales, e incluso determinar su cuantía, atendiendo a la reforma del artículo 66 de la citada ley, como ocurrió en el caso concreto, en el que dicha legislatura decretó el pago de la pensión por jubilación a José Antonio Hurtado Gómez, por haber desempeñado como último cargo el de oficial del Registro Civil, la cual deberá ser cubierta con recursos de la hacienda municipal de este Ayuntamiento actor hasta por el 65% del último salario del referido trabajador, y conforme a los porcentajes establecidos en el numeral 58, fracción I, de la misma ley.
• Conforme a los artículos 115 y 123 de la Constitución Federal se deduce que a las Legislaturas Locales les compete emitir las leyes necesarias para regular las relaciones de trabajo entre los Municipios y sus trabajadores, con base en los principios que recoge el artículo 123 de la propia Norma Fundamental, entre los cuales se encuentra la seguridad social en las que se cubrirá una pensión por jubilación, entre otras.
• Si bien en el artículo 127 de la propia Norma Fundamental, se reconoce que las jubilaciones, pensiones o haberes de retiro podrán estar asignadas además de la ley, en decreto legislativo, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo (fracción IV); lo anterior no significa que sean los órganos legislativos los encargados de otorgarlas.
• Lo anterior, se reafirma en lo resuelto en las controversias constitucionales 55/2005, 89/2008, 90/2008, 91/2008 y 92/2008, en las cuales el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió como una transgresión al principio de autonomía en la gestión de la hacienda municipal, que el Congreso Local, sin la intervención de cualquier otra autoridad, y atendiendo exclusivamente a la solicitud del interesado, pueda decretar alguna de las pensiones determinadas en la Ley del Servicio Civil Estatal, determinando el monto correspondiente.
• El régimen de pensiones debe necesariamente considerarse en la Ley del Servicio Civil Estatal, la cual desde luego debe ser expedida por el Congreso del Estado de Morelos, sin que esto implique que, a través de las mismas la Legislatura Local pueda determinar libremente los casos en que proceda otorgar esas prestaciones cuando nacen de las relaciones de trabajo entre los Municipios y los servidores públicos a su cargo, pues no debe perderse de vista que la propia Constitución Federal facultó a los Ayuntamientos para ejercer en forma directa los recursos de la hacienda municipal, esto es, sin intermediarios, situación que no consideró el primer párrafo del artículo 56 y último párrafo del numeral 57 en relación con el último párrafo del ordinal 66, todos de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, asimismo por extensión de sus efectos los demás ordinales impugnados.
• Corresponde a los Ayuntamientos diseñar el régimen presupuestal de egresos del Municipio, con base en los recursos disponibles, los cuales han sido previstos en las leyes de ingresos respectivas y si bien, su aprobación queda a cargo de las Legislaturas Locales, no por ello, estas se encuentran autorizadas para también determinar de qué forma han de invertirse los recursos respectivos.
• Apoya sus razonamientos en las tesis de rubros: "MUNÍCIPES. LA LEGISLATURA ESTATAL CARECE DE FACULTADES PARA APROBAR SUS REMUNERACIONES (ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, ADICIONADO POR DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 23 DE DICIEMBRE DE 1999)." y "HACIENDA MUNICIPAL. PRINCIPIOS, DERECHOS Y FACULTADES EN ESA MATERIA, PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS."
• A la luz de los criterios jurisdiccionales mencionados debe declararse la invalidez del primer párrafo del artículo 56 y último párrafo del numeral 57, en relación con el último párrafo del ordinal 66 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, por resultar contrario al artículo 115, fracción IV, párrafos primero, penúltimo y último, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como su acto de aplicación contenido en el Decreto Número 496, publicado el quince de mayo de dos mil trece en el Periódico Oficial del Estado de Morelos, por el que se concedió pensión por jubilación a José Antonio Hurtado Gómez.
Segundo. El decreto impugnado es violatorio de los principios de fundamentación y motivación previstos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el diverso 115, fracciones II y IV, de la propia Carta Magna, en virtud de que el Congreso del Estado de Morelos expidió el Decreto Número 496, en cuyos artículos uno a tres, otorgó a favor del señor José Antonio Hurtado Gómez, pensión por cesantía en edad avanzada con cargo a las finanzas del Ayuntamiento de Jojutla, Morelos, por la cantidad equivalente al 65% del último salario de dicha persona como oficial del Registro Civil en el Ayuntamiento de Jojutla.
• El Congreso del Estado de Morelos admitió y resolvió la solicitud de pensión por cesantía en edad avanzada hecha por José Antonio Hurtado Gómez, sin dar intervención al Municipio actor, lo que lesionó su derecho de audiencia, habida cuenta de que a partir de dicho procedimiento se le ha impuesto una carga presupuestal, basada en actuaciones ilegales.
CUARTO. Trámite. Mediante proveído de presidencia de veinticinco de junio de dos mil trece (foja 152) se ordenó formar y registrar el asunto bajo el número 84/2013 y se designó a la señora Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos para que fungiera como instructora en el procedimiento.
Mediante proveído de veintisiete de junio de dos mil trece, la Ministra instructora tuvo al promovente por presentado con la personalidad que ostenta, en su carácter de síndico del Municipio de Jojutla de Juárez, Estado de Morelos, al que respectivamente representa, admitió la demanda y ordenó emplazar a las autoridades demandadas; así como dar vista al procurador general de la República (fojas 154 y 155).
QUINTO. Contestaciones a la demanda. Por escritos depositados en la Oficina de Correos de la Administración de la Ciudad de Cuernavaca el doce y veintiocho de agosto de dos mil trece, los cuales se recibieron ante este Alto Tribunal los días quince y treinta de agosto siguientes, respectivamente, el consejero jurídico del Estado de Morelos en representación del titular del Ejecutivo de esa entidad, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso Estatal y el secretario de gobierno de dicha entidad federativa dieron contestación a la demanda y al respecto adujeron, en síntesis, lo siguiente:
I. Poder Ejecutivo y el secretario de gobierno, ambos del Estado de Morelos; estas autoridades fueron coincidentes en su respectiva contestación de demanda, en la que adujeron lo siguiente:
1. Dichas autoridades afirman que el Municipio actor carece de legitimación ad causam, ya que no es titular del derecho que pretende hacer valer; además, aseveran que no han realizado acto alguno que invada la competencia municipal.
2. Los actos que se les reclaman consistentes en la promulgación, publicación y refrendo respectivamente, del decreto combatido, fueron realizados con apego a la facultad prevista en la Constitución Local; además, el Municipio actor no expresó conceptos de invalidez en los que planteara los vicios que supuestamente atribuye a esos actos, por lo que deben calificarse de constitucionales.
3. El decreto de pensión combatido no atenta contra la autonomía y libre administración hacendaria, ya que es un acto declarativo emitido con fundamento en la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, ordenamiento que establece las medidas y prerrogativas para los trabajadores que estén en el supuesto de obtener una pensión por jubilación, por lo que si en el caso, los extremos para atender la solicitud que antecedió al decreto cuestionado, quedaron cumplidos con base en ese ordenamiento, es evidente que ese acto no viola la libre administración hacendaria.
4. Agrega, que las partidas del presupuesto de egresos municipal para el pago de las prestaciones de seguridad social no pueden ser concebidas en el ámbito de la libre administración hacendaria prevista en el artículo 115, fracción IV, de la Constitución Federal, si se toma en cuenta que son destinadas para cubrir una obligación dineraria impuesta en la fracción VIII del mismo precepto, en relación con el diverso 123 de esa Ley Fundamental.
5. Los Municipios tienen autonomía para determinar la aplicación de los recursos públicos pero también deben observar las normas constitucionales y federales relativas, además de las que expidan las Legislaturas Locales concernientes a la administración pública municipal. En tal virtud, es innegable que el marco legal establecido en la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, para el otorgamiento de la pensión cuestionada, no vulnera la libre administración del Municipio, porque dicha prestación está a su cargo por mandato expreso de la Constitución Federal.
6. El artículo 57, último párrafo, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, por sí solo no trasciende a la libre administración hacendaria municipal, si se tiene en cuenta que sólo señala la fecha en que podrá expedirse el decreto que otorga a los beneficiarios de un trabajador su pensión correspondiente, cuya partida presupuestal de aportación de seguridad social se supone que fue fijada por el Ayuntamiento, por lo que no se da la afectación a la libertad en el manejo de los ingresos públicos.
7. Apoya sus argumentos con los criterios jurisprudenciales de rubros: "HACIENDA MUNICIPAL Y LIBRE ADMINISTRACIÓN HACENDARIA. SUS DIFERENCIAS (ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL)." y "MUNICIPIOS. EL ARTÍCULO 9o. DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTADO, MUNICIPIOS E INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE BAJA CALIFORNIA, NO TRANSGREDE LA LIBRE ADMINISTRACIÓN HACENDARIA DE AQUÉLLOS."
8. Es infundado el segundo concepto de invalidez, puesto que no es verdad que se vulnere en perjuicio del Municipio actor el artículo 115, fracción VIII, último párrafo, en relación con el artículo 123 de la propia Carta Magna, ya que en dicho concepto de invalidez no se establece la consecuencia directa que genere la procedencia de su pretensión.
II. Poder Legislativo del Estado de Morelos
1. Se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción VIII del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque el Municipio actor no cuenta con un interés legítimo para acudir a esta vía, ya que para la existencia de éste, se requiere una afectación que resienta en su esfera de atribuciones y, en el caso, con los Decretos Números Doscientos Dieciocho y Cuatrocientos Noventa y Seis impugnados, no se pretende de forma alguna ejercer los recursos que integran la hacienda municipal, ya que la programación y aprobación del presupuesto de egresos del Municipio es facultad exclusiva de éste.
Además, en la expedición de tales decretos el Congreso del Estado, se apegó a los artículos 123, apartado B, constitucional, 40, fracciones I y XX, de la Constitución Política Local y los artículos 54, fracción VII, 56 al 68 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, en los que se establece que aquél cuenta, entre otras facultades, con la de otorgar pensión a los trabajadores del Gobierno Estatal y de los Municipios de la entidad; en consecuencia, al no causársele perjuicio alguno al Municipio actor éste carece de interés legítimo para promover la presente controversia constitucional, por lo que deberá decretarse el sobreseimiento.
2. Por lo que hace al primer concepto de invalidez señaló que es obligación constitucional de los Municipios tener una partida en su cuenta pública para el pago de pensiones, por lo que el Municipio actor no puede aducir que debido a su autonomía cuenta con la facultad de decidir si prevé o no dicha partida en su presupuesto de egresos, ya que al recibir un trabajo subordinado, aquél se encuentra obligado a cubrir salarios y demás prestaciones a que se refiere el artículo 123 constitucional, en sus dos apartados, además las fracciones IV y VI del artículo 127 de la Carta Magna, explican, respecto de los trabajadores al servicio del Estado, que habrán de estipularse tales jubilaciones.
En ese sentido, si bien el Municipio cuenta con autonomía, ésta no la excluye de la responsabilidad que tiene con sus trabajadores, ya que dicha autonomía tiene límites y se rige por el principio de subordinación jerárquica.
3. Por otra parte, señala que el Municipio actor no advierte que los artículos 154, 156 y 158 de la Ley Federal del Trabajo, establecen que para conformar la antigüedad de un trabajador, deben tomarse en cuenta todos los años efectivamente laborados para un patrón, sin importar las interrupciones en el servicio. Es decir, admiten el reconocimiento de antigüedad, tanto a los trabajadores de planta como a aquellos que laboraron de manera eventual en una empresa, supliendo vacantes temporales o por obra determinada, de donde claramente se infiere, que para el reconocimiento de la antigüedad genérica, no siempre es necesario que la antigüedad sea ininterrumpida, derivada de un mismo contrato o relación laboral, sino que admite casos en que pueden existir diversos periodos en los que se preste el servicio, pero el derecho de la antigüedad no se pierde y se va acumulando por ese tiempo laborado por el trabajador.
Agrega, que la antigüedad genérica es la que se crea de manera acumulativa, por lo cual es válido inferir que para el cómputo de la misma deben tomarse en cuenta los diferentes periodos que la integran, aunque sean discontinuos, para efectos de pago de las pensiones previstas en la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, lo anterior derivado de un mismo vínculo laboral, entendiendo como tal, aquel proveniente de las distintas dependencias públicas que pertenecen al Gobierno del Estado de Morelos, es decir, la antigüedad que debe acumularse para tales efectos es la derivada del trabajo prestado a tales dependencias, en apoyo a lo anterior, cita la tesis de jurisprudencia 2a./J. 194/2008, de rubro: "ANTIGÜEDAD GENÉRICA. EN SU CÓMPUTO PARA EL OTORGAMIENTO DE LAS PENSIONES PREVISTAS EN LA LEY DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE SINALOA, DEBE ACUMULARSE EL TIEMPO TOTAL QUE EL EMPLEADO PRESTÓ SUS SERVICIOS DERIVADOS DE UN MISMO VÍNCULO LABORAL, AUNQUE LO HUBIERA HECHO EN PERIODOS DISCONTINUOS."
4. El decreto impugnado fue dictado con base en la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, la cual establece el procedimiento para que los trabajadores de los poderes de dicha entidad federativa o los Municipios, puedan obtener su pensión, por lo que una vez que el trabajador cumplió con los requisitos previstos en la ley para solicitar ese beneficio, no existe razón alguna para que el Congreso Estatal se niegue a cumplir la obligación de emitir el decreto respectivo.
5. Respecto del segundo concepto de invalidez, indicó que no se infringen los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, porque de conformidad con el artículo 40, fracciones II y XX, incisos a) y k), de la Constitución del Estado de Morelos, en tratándose del decreto de pensión hasta el momento en que se discute y en su caso se aprueba, es cuando se ejerce la facultad legislativa, y en el caso del decreto impugnado, una vez que el solicitante de la pensión acreditó la antigüedad exigida en la Ley del Servicio Civil del Estado, el Congreso Estatal resolvió que era procedente otorgar la pensión por cesantía en edad avanzada; asimismo, destacó que será el Municipio actor quien deberá realizar ese pago en forma mensual con cargo a la partida destinada para pensiones.
6. También argumentó que las partidas del presupuesto de egresos municipal para el pago de las prestaciones de seguridad social, no pueden ser concebidas en el ámbito de la libre administración hacendaria prevista en el artículo 115, fracción IV, de la Constitución Federal, porque éstas como su nombre lo indica, están necesariamente referidas a dar cumplimiento a las obligaciones de seguridad social propias de todo patrón, las que además, están protegidas por el diverso 123 constitucional, que obliga a los Estados a emitir legislación que regule las relaciones de trabajo entre las autoridades municipales y sus servidores públicos y, en ella, los aspectos relativos a la seguridad social, concretamente, a las pensiones propias de esa relación laboral.
7. En cuanto a la libertad de administración hacendaria, debe decirse que es una facultad constitucional concedida a los Municipios para integrar su presupuesto de egresos, en virtud de que ésta consiste en la libre elección del destino y monto de los ingresos disponibles provenientes de las fuentes enumeradas en el artículo 115, fracción IV, de la Constitución Federal, salvo que sea en este último ordenamiento en el que se prevea cumplir una obligación dineraria, caso como el que nos ocupa, en el que no opera a plenitud la libertad municipal hacendaria.
8. Por otro lado, aduce, que se debe tener en cuenta que de conformidad con lo previsto en el artículo 105 de la Constitución Federal, no todo acto podrá ser materia de impugnación en una controversia constitucional, ya que dicho medio de control por regla general sólo es procedente con motivo de conflictos suscitados entre dos o más niveles de gobierno, cuando la cuestión de fondo debatida se refiera a la distribución o invasión de competencias que a cada uno corresponda, o a la irregularidad en el ejercicio de sus atribuciones; por lo que si en el caso, se impugnó el Decreto Número Cuatrocientos Noventa y Seis, por el cual el Congreso del Estado ejerció facultades administrativas para el otorgamiento de una pensión a un trabajador que laboraba para un Municipio, no puede considerarse que este medio de control constitucional sea el idóneo para someter a revisión los derechos de los trabajadores en materia de seguridad social.
SEXTO. Opinión del procurador general de la República. Mediante oficio PGR/561/2013, emitió opinión en el sentido de que el presente asunto podría resolverse con base en diversos precedentes emitidos por este Alto Tribunal.
SÉPTIMO. Cierre de instrucción. Sustanciado el procedimiento en la presente controversia constitucional, el dieciocho de septiembre de dos mil trece, se llevó a cabo la audiencia prevista en los artículos 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la que, en términos del artículo 34 del mismo ordenamiento legal se hizo relación de los autos, se tuvieron por exhibidas y admitidas las pruebas ofrecidas, por presentados los alegatos y se puso el expediente en estado de resolución.
OCTAVO. Radicación. Previo dictamen mediante proveído de veintitrés de octubre de dos mil trece, el presidente de la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Nación determinó que esta Sala se avocaba al conocimiento del presente asunto.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;(1) 10, fracción I(2) y 11, fracción V,(3) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero y segundo, fracción I, del Acuerdo General Número 5/2013 del Tribunal Pleno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, en virtud de que se plantea un conflicto entre el Estado de Morelos por conducto de sus Poderes Legislativo y Ejecutivo y el Municipio de Jojutla de Juárez de esa entidad, en el que es innecesaria la intervención del Tribunal en Pleno.
Lo anterior encuentra apoyo por identidad de razón, en el criterio sustentado por esta Segunda Sala, en la tesis 2a. XXV/2012 (10a.),(4) cuyos rubro y texto son:
"CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. COMPETENCIA DE LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PARA CONOCER DE ELLAS, CONFORME AL ACUERDO GENERAL PLENARIO 5/2001, REFORMADO POR EL DIVERSO 3/2008. El punto tercero, fracción I, del Acuerdo General 5/2001 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, reformado mediante el diverso Acuerdo General Plenario Número 3/2008, autoriza a las Salas de este Alto Tribunal a resolver las controversias constitucionales en las que deba sobreseerse y en las que no se impugnen normas de carácter general. En este sentido, aun cuando en una controversia constitucional se impugnen normas de carácter general, si se sobresee respecto de éstas y subsiste únicamente el análisis constitucional de actos, también se surte la competencia de las Salas para conocer del asunto."
SEGUNDO. Precisión de la litis. En el resultando primero de esta ejecutoria se indicó que el Municipio actor conforme al capítulo correspondiente de su escrito de demanda, impugnó lo siguiente:
I. La invalidez de los artículos 59 y 66 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, reformados mediante "Decreto Número 218, publicado en el Periódico Oficial ‘Tierra y Libertad’ número 5058, de fecha 16 de enero de 2013".
II. Por extensión, la invalidez de los artículos 1, 8, 24, fracción XV, 43, fracciones V y XIII, 45, fracciones III, IV y XV, esta última fracción en su párrafo primero e inciso c), 54, fracción VII, 55, 56, 57 al 68 de la misma Ley del Servicio Civil del
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24809-c125d4ab/controversia-constitucional-debe-sobreseerse-en-el-juicio-respecto · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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