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Modo: Corpus Pro

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO RESPECTO DE NORMAS GENERALES CUYA CONSTITUCIONALIDAD NO SE RECLAME CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN Y LA IMPUGNACIÓN RESULTE EXTEMPORÁNEA EN RAZÓN DE LA FECHA DE SU PUBLICACIÓN, AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 19, FRACCIÓN VII, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. LIBRE ADMINISTRACIÓN HACENDARIA Y AUTONOMÍA DE LOS AYUNTAMIENTOS EN LA GESTIÓN DE SUS RECURSOS. LOS DECRETOS NÚMEROS DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE, TRESCIENTOS VEINTIDÓS Y TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE, PUBLICADOS EL 27 DE MARZO DE 2013 EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE MORELOS, MEDIANTE LOS CUALES EL PODER LEGISLATIVO LOCAL DETERMINA OTORGAR PENSIONES POR JUBILACIÓN Y POR CESANTÍA EN EDAD AVANZADA, RESPECTIVAMENTE, CON CARGO AL GASTO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN, A DIVERSOS EMPLEADOS DE ESE AYUNTAMIENTO, VIOLA EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 63/2013. · Registro digital (IUS): 24937
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2014-03-21
Promovente: MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN, ESTADO DE MORELOS.
Localización: Décima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 4, Marzo de 2014, Tomo I, Pág. 620.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 63/2013. MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN, ESTADO DE MORELOS. 15 DE ENERO DE 2014. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, ALFREDO GUITÉRREZ ORTIZ MENA, OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS Y JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. PONENTE: ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. SECRETARIO: MIGUEL ANTONIO NÚÑEZ VALADEZ.

México, Distrito Federal. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día quince de enero de dos mil catorce, por el que se emite la siguiente:

Sentencia

Mediante la que se resuelve la controversia constitucional 63/2013, promovida por el representante del Municipio de Tlaltizapán, Estado de Morelos, en contra del Poder Ejecutivo y Legislativo de la misma entidad federativa.

I. Antecedentes y trámite del asunto

1. Presentación de la demanda. El quince de abril de dos mil trece, **********, en su carácter de síndico municipal del Ayuntamiento Constitucional de Tlaltizapán, Estado de Morelos, por escrito presentado en tal fecha en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, promovió una demanda de controversia constitucional en representación del citado Ayuntamiento (de ahora en adelante el "Municipio actor").

2. En tal demanda se impugnó la constitucionalidad de los artículos 1, 8, 24, fracción XV, 43, fracciones V, XIII, XIV y XV, 45, fracciones III, IV y XV, esta última fracción en su párrafo primero, e incisos a), b), c) y d), 54, fracciones I, VI y VII, y 55 a 68 de la Ley del Servicio Civil; 67, fracción I, de la Ley Orgánica para el Congreso y 109 del Reglamento para el Congreso Local, todos del Estado de Morelos. Asimismo, se objetó, como actos de aplicación de las referidas normas, los Decretos Número Doscientos Setenta y Siete, Trescientos Veintidós y Trescientos Treinta y Siete, publicados el veintisiete de marzo de dos mil trece en el Número Cinco Mil Ochenta del Periódico Oficial del Estado "Tierra y Libertad", por medio de los cuales el Congreso del Estado de Morelos concedió a **********, ********** y ********** pensiones por jubilación, al primero, y por cesantía en edad avanzada, a los dos últimos, a cargo del presupuesto del Municipio actor, así como los efectos y consecuencias de dichos actos de ejecución.(1)

3. En el escrito inicial se señalaron como autoridades demandadas al Poder Legislativo, al Poder Ejecutivo, al secretario general de Gobierno y al director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad", todos del Estado de Morelos, y se tuvo como preceptos violados los artículos 14, 16, 17, 115, fracciones I, II y IV, y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (de ahora en adelante la "Constitución Federal").

4. De igual manera, se relataron como hechos relevantes, por un lado, que las autoridades demandadas aprobaron, promulgaron y publicaron los decretos mencionados como actos de aplicación de las citadas normas legales, modificando los artículos cuya invalidez se demanda y, por otro lado, que debía tomarse en cuenta que el Municipio actor promovió las controversias constitucionales 5/2013 y 20/2013, en las que se reclamaron los Decretos 246 y 143, en los que también se impuso al Municipio actor el pago de ciertas pensiones.

5. Trámite de la demanda. El quince de abril de dos mil trece, el Ministro presidente de la Suprema Corte tuvo por recibida la demanda, ordenó formar y registrar el expediente como 63/2013 y, por razón de turnó, designó como instructor del procedimiento al Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.

6. Consecuentemente, el Ministro instructor, por acuerdo de diecisiete de abril siguiente, dio cuenta del escrito del Municipio actor y admitió la demanda por lo que hace a las citadas normas y decretos, determinando el carácter de autoridades demandadas únicamente a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Morelos, a fin de que dieran contestación a la demanda, y ordenando dar vista del asunto al procurador general de la República para que manifestara lo que a su interés conviniera, formando el cuaderno incidental respectivo para el trámite de la solicitud de suspensión del acto impugnado.

7. Ese mismo día, el Ministro instructor emitió otro acuerdo en el que resolvió que no procedía la suspensión solicitada, pues de concederse se afectarían instituciones fundamentales del orden jurídico mexicano, tales como las prestaciones de seguridad social relativas a la jubilación, invalidez, vejez y muerte, entre otras, de conformidad con el artículo 123, apartado B, fracción XI, inciso a), de la Constitución Federal.(2)

8. En contra del acuerdo recién referido, el veinticinco de abril siguiente el Municipio actor presentó un recurso de reclamación, mismo que fue admitido y registrado bajo el número de expediente ***********. Seguido el trámite correspondiente, en sesión de veintiocho de agosto del mismo año, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió por unanimidad de votos que era infundado el recurso, pues la negativa para otorgar la suspensión resultó apegada a derecho, conforme al artículo 15 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (de ahora en adelante la "ley reglamentaria de la materia").

9. Cuestiones previas y conceptos de invalidez. En su escrito de demanda, el Municipio actor sostuvo los siguientes argumentos:

a) Los artículos cuya invalidez se solicita y sus actos concretos de aplicación contravienen los principios de autonomía municipal y de libre disposición del patrimonio municipal, ya que invaden atribuciones exclusivas del Ayuntamiento de Tlaltizapán, al imponerle la carga financiera de pagar una pensión a ex servidores públicos que no cumplen con los años de servicio prestados en dicho nivel de gobierno.

b) Si bien el artículo 115 constitucional reconoce a los Ayuntamientos la potestad gubernativa de regir las relaciones laborales con sus trabajadores, en particular, el otorgamiento de pensiones o jubilaciones y, consecuentemente, también los dota de autonomía para definir el gasto público a través de su presupuesto de egresos, en el que puedan incluir de manera planificada y programada el pago de dichas prestaciones laborales, sin injerencia de ninguna autoridad estatal.

c) Por tal motivo, al emitirse por la Legislatura Local los decretos impugnados sin intervención del Municipio actor, se produce una intromisión inconstitucional en las relaciones laborales del Municipio y sus trabajadores, al imponerle fuera de toda planificación gubernamental el pago de dichas pensiones.

d) Asimismo, se señala que la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, de manera inconstitucional, autoriza acumular la antigüedad de los servicios que un trabajador preste en los demás Municipios o en los Poderes Estatales o sus organismos, para finalmente imponer el pago de la pensión o jubilación al último orden de gobierno en que el trabajador haya laborado; de manera que el Municipio no puede constituir ninguna partida presupuestal de manera planificada, pues no tiene elementos que le permitan suponer el número aproximado de pensiones o jubilaciones que a mediano o largo plazo deberá cubrir. Lo anterior, en contravención de las consideraciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación vertidas en las controversias constitucionales 55/2005, 89/2008, 90/2008, 91/2008 y 92/2008.

e) Por otro lado, se sostiene que las normas cuya invalidez se demanda son inconstitucionales, al vulnerar los artículos 14, 115, fracción IV, párrafos primero, penúltimo y último, así como la fracción VIII, párrafo segundo, y el numeral 123 de la Constitución Federal.

f) En primer lugar, debido a que en los decretos reclamados, en los que se aplican los artículos 55, 56, 57, apartado A, fracciones I, II y III, 58, fracción I, inciso k), y 66 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, imponen al Municipio actor la obligación de cubrir pensiones con cargo a la hacienda pública municipal, cuando por mandato constitucional los riesgos de seguridad social deben socializarse.

g) Además, el contenido de las normas impugnadas impide al Municipio realizar una planeación financiera efectiva para cumplir con dichas prestaciones laborales y al mismo tiempo prever los recursos para la dotación de los servicios y la realización de las obras que requiere la comunidad.

h) De la misma forma, las normas y decretos objetados, por un lado, merman los recursos municipales, al disponer que algunas prestaciones se cubran con cargo a la hacienda municipal y de manera duplicada y, por otro lado, autorizan la intromisión de la Legislatura Local para calificar las relaciones laborales entre los trabajadores y el Municipio actor, además de imponer de manera unilateral, exclusiva y arbitraria todo tipo de pensiones a cargo de la hacienda municipal.

i) Por tanto, se autoriza la intromisión de la Legislatura Local para calificar las relaciones laborales entre los trabajadores y el Municipio actor, además de imponer de manera unilateral, exclusiva y arbitraria todo tipo de pensiones a cargo de la hacienda municipal.

j) Por otra parte, en los artículos impugnados no se establece un marco normativo que prevea el sistema bajo el cual se proporcionen las prestaciones sociales a los trabajadores, ni se ha constituido el organismo a quien corresponda administrar los fondos y proporcionar dichos servicios. Lo anterior genera que el Municipio se encuentre obligado a autorizar de manera directa y a cargo de su presupuesto los gastos de seguridad social de sus trabajadores, pues aunque el Municipio puede optar por la celebración de un convenio con cualquiera de los organismos de seguridad social del Gobierno Federal, ello también genera a cargo de las arcas públicas municipales y de manera duplicada, el otorgamiento de pensiones.

k) En ese sentido, la opción de celebrar convenios con las instituciones federales de seguridad social para la atención de los trabajadores municipales, no satisface los mandamientos previstos en los artículos 115, último párrafo y 123 de la Constitución Federal, en cuanto a la obligación de definir la forma y los procedimientos para otorgar seguridad social a los trabajadores burocráticos, toda vez que no existe el organismo que se encargue de administrar los recursos y prestar los servicios.

l) Adicionalmente, se dice que el sistema estatal es inconstitucional, pues existe una duplicidad en el pago de pensiones respecto de un mismo trabajador, ya que se faculta al Congreso Local para requerir al trabajador que elija cuál pensión disfrutará, cuando tiene al mismo tiempo la posibilidad de recibir una pensión por el Gobierno Local o por uno de sus Municipios.

m) Por lo demás, se argumenta que también es inconstitucional, que se autorice a sumar la antigüedad o años de servicio que el trabajador haya prestado en los Poderes Locales o de otros Municipios, quedando a cargo del presupuesto del último Municipio en el que prestó sus servicios el pago absoluto de la pensión decretada. Lo anterior, sin que se haya considerado integralmente la prestación de todos los servicios que en materia de seguridad social correspondan a los trabajadores municipales, ni se hayan fijado de manera proporcional las aportaciones que correspondan a los trabajadores.

n) En el mismo concepto de invalidez, el Municipio actor destaca que, si bien de acuerdo a los artículos 115 y 123 de la Constitución Federal, los servidores públicos deben de gozar de prestaciones de seguridad social, y las Legislaturas Locales están facultadas para emitir las leyes necesarias para regular las relaciones de trabajo entre los Municipios y sus trabajadores, lo cierto es que no se justifica por qué el sistema previsto en la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos autoriza al Congreso del Estado a evaluar el tiempo de servicio público, el salario percibido, la edad y demás requisitos para que una persona goce de una pensión, cuando dicho trabajador mantuvo una relación laboral únicamente con el Municipio y es éste a quien a final de cuentas se le impone el cargo de la pensión sobre el erario municipal.

o) El Congreso del Estado no puede determinar libremente los casos en que proceda otorgar prestaciones de jubilación que incidan sobre la autonomía patrimonial del Municipio. Por tanto, se sostiene que no se estima inconstitucional la existencia y regulación de los derechos de pensión de los trabajadores, sino que la Legislatura Local sea la única encargada de decidir lo correspondiente a la concesión y pago de ciertas prestaciones de seguridad social de los trabajadores del orden municipal a cargo del propio presupuesto del Ayuntamiento. Se citaron como precedentes aplicables las controversias constitucionales 55/2005, 91/2008, 50/2010, 53/2010 y 55/2010.

p) Por último, se señala recurrentemente que la intromisión del Poder Legislativo en cuanto al ejercicio de las funciones del Ayuntamiento, constituye una merca en la autonomía e independencia del demandante que vulnera el principio de división de poderes, la libertad, autonomía e independencia municipal y el principio de supremacía constitucional.

10. Contestación de la demanda por parte del Poder Ejecutivo. Seguido el trámite previsto en ley, el siete de junio de dos mil trece, el consejero jurídico como representante del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos presentó ante esta Suprema Corte la contestación de la demanda, en la cual expuso, en síntesis, los siguientes razonamientos:

a) Se actualizan las causas de improcedencia previstas en las fracciones III y VII del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (de ahora en adelante "ley reglamentaria de la materia"), en virtud de que el Municipio actor debió haber ampliado la demanda en la diversa controversia constitucional 5/2013, y no promover la diversa 20/2013, por la estrecha vinculación que guardan; además, de que el decreto impugnado no es el primero que se expide con fundamento en los artículos cuya invalidez se solicita. Se expone una lista exhaustiva de los decretos de pensiones en los que han sido aplicadas las normas impugnadas.

b) Por lo que hace al interés jurídico oponible, se señala que el Municipio actor carece de legitimación ad causam, ya que no es titular del derecho que pretende hacer valer, y que el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos no ha realizado acto alguno que invada la esfera de competencia municipal.

c) En cuanto a los conceptos de invalidez, se aduce que los actos que se le reclaman al Poder Ejecutivo, consistentes en la promulgación y publicación de los decretos combatidos fueron realizados con apego a la facultad prevista en la Constitución Local, y que la parte actora no expresó conceptos de invalidez en los que planteara los vicios propios que supuestamente atribuye a dichos actos. En esa tónica, los conceptos de invalidez deben calificarse de inatendibles e inoperantes ante la inexistencia de argumentos susceptibles de ser analizados, de causa de pedir y de razones suficientes para sostener la razón de lo pretendido en oposición al principio de presunción de validez que tienen los actos de autoridad.

d) Respecto a los argumentos de fondo, se sostiene que resulta infundado el concepto de invalidez, consistente en que se viola en perjuicio de la parte actora lo dispuesto por los artículos 14, 16 y 115 de la Constitución Federal, en virtud de que el decreto combatido no atenta contra la autonomía y libre administración hacendaria, ya que el mismo es un acto declarativo emitido con fundamento en la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, ordenamiento que establece las medidas y prerrogativas para los trabajadores que estén en el supuesto de obtener una pensión, por lo que si en el caso, los extremos para atender la solicitud que antecedió al decreto cuestionado quedaron cumplidos con base en ese ordenamiento, es evidente que el acto impugnado no viola la libre administración hacendaria.

e) Sobre tal punto, se aclara que las partidas del presupuesto de egresos municipal para el pago de las prestaciones de seguridad social no pueden ser concebidas en el ámbito de la libre administración hacendaria previsto en el artículo 115, fracción IV, de la Constitución Federal, si se toma en cuenta que son destinadas para cubrir una obligación dineraria impuesta en la fracción VIII del mismo precepto, en relación con el diverso 123 del propio Texto Constitucional.

f) Así, los Municipios tienen autonomía para determinar la aplicación de los recursos públicos, pero también deben observar las normas constitucionales y federales relativas, así como las que expidan las Legislaturas Locales concernientes a la administración pública municipal. En tal virtud, se alude que es innegable que el marco legal establecido en la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, para el otorgamiento de las pensiones cuestionadas, no vulnera la libre administración del Municipio, porque dicha prestación está a su cargo por mandato expreso de la Constitución Federal.

g) Si se aceptara, por ejemplo, que los Municipios puedan dejar de pagar las contribuciones que fijara el Congreso bajo pretexto de que se afecta su libre administración hacendaria, se tornarían en unidades políticas independientes regidas por sus propios principios y convicciones, sin apego a ningún marco legal o constitucional.

h) La Ley del Servicio Civil del Estado se expidió con fundamento y base en el artículo 115, fracción VIII, constitucional, el cual faculta a las Legislaturas Locales a regular las relaciones laborales suscitadas entre los trabajadores al servicio del Estado como entre los Municipios y sus trabajadores.

i) En esa tónica, se argumenta que el artículo 57, último párrafo, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, por sí solo no trasciende a la libre administración hacendaria municipal, si se toma en cuenta que únicamente señala la fecha en que podrá expedirse el decreto que otorga a los beneficiarios de un trabajador su pensión correspondiente.

j) Finalmente, se señala que los decretos y normas impugnados se encuentran apegados al orden constitucional, pues si bien es cierto involucran al Ayuntamiento del Municipio de Tlaltizapán, Estado de Morelos, ello no vulnera de manera alguna su libertad de administración hacendaria, al estar obligados conforme al artículo 20 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado a contemplar y autorizar las partidas necesarias y suficientes para cubrir el pago de obligaciones a su cargo, como lo son las pensiones.

11. Contestación de la demanda por parte del Poder Legislativo. El presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos, por escrito recibido en esta Suprema Corte el siete de junio de dos mil trece, contestó la demanda exponiendo, en síntesis, los argumentos que siguen:

a) Se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción VIII del artículo 19 de la ley reglamentaria de la materia, en relación con el artículo 21 del mismo ordenamiento, toda vez que los decretos y normas reclamados no causan afectación a la autonomía y hacienda del Municipio actor y, por ende, se carece de interés legítimo para acudir a la controversia. A juicio del Poder Legislativo, el Texto Constitucional impone a los Municipios la obligación de tener una partida en su cuenta pública para el pago de pensiones.

b) Por lo que hace a los conceptos de invalidez, se considera que éstos deben calificarse como infundados, al no existir una violación a los artículos 14, 16 y 115 de la Constitución Federal. Los decretos objetados fueron dictados con base en la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, la cual establece el procedimiento para que los trabajadores de los poderes de dicha entidad federativa o los Municipios puedan obtener su pensión, por lo que una vez que el trabajador cumplió con tales requisitos, no existe razón alguna para que el Congreso Estatal se niegue a cumplir la obligación para aprobar la pensión y emitir el decreto correspondiente.

c) Las normas reclamadas de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, en específico, el artículo 57, son constitucionales, debido a que las partidas del presupuesto de egresos municipal para el pago de las prestaciones de seguridad social no pueden ser admitidas en el ámbito de la libre administración hacendaria previsto en el artículo 115, fracción IV, de la Constitución Federal, si se valora que son destinadas a cubrir una obligación impuesta en el numeral 123, fracción VIII, del propio Texto Constitucional.

d) Tras explicar cómo se conforma la hacienda municipal y en qué consisten las facultades para regular el sistema de relaciones laborales entre el Estado/Municipios y sus trabajadores (artículo 115, fracción VIII), se sostuvo que la libertad de administración hacendaria es una facultad constitucional concedida a los Municipios para integrar su presupuesto de egresos, en virtud de que dicha facultad consiste en la libre elección del destino y monto de los ingresos disponibles provenientes de las fuentes enumeradas en el artículo 115, fracción IV, de la Constitución Federal, salvo que sea en este último ordenamiento en el que se prevea cumplir una obligación dineraria, caso como el que nos ocupa, en el que no opera a plenitud la libertad municipal hacendaria.

e) Dicho de otra manera, el decreto impugnado es acorde a derecho, pues no puede aceptarse que bajo el esquema de la libre administración hacendaria, los Municipios soslayen el pago de prestaciones dinerarias que impone la Constitución Federal. Si se consintiera tal situación, se tornarían en unidades políticas independientes regidas por sus propios principios y convicciones, sin apego a ningún marco legal. En consecuencia, con fundamento en el artículo 115, fracción VIII, constitucional, se facultó a las Legislaturas Locales para regular las relaciones laborales suscitadas tanto entre los trabajadores al servicio de la entidad federativa como entre los Municipios y sus propios trabajadores, con la única limitante de respetar los principios establecidos en el artículo 123 constitucional, en especial, la protección al salario y la seguridad social.

f) En cuanto a la libertad de administración hacendaria, se afirmó que es una facultad constitucional concedida a los Municipios para integrar su presupuesto de egresos, la cual consiste en la libre elección del destino y monto de los ingresos disponibles provenientes de las fuentes enumeradas en el artículo 115, fracción IV, de la Constitución Federal, con excepción de las obligaciones previstas en la propia Constitución, caso como el presente, en el que no opera a plenitud la libertad municipal hacendaria.

g) Por tanto, la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, en lo que respecta al otorgamiento de la pensión, no vulnera la libre administración hacendaria del Municipio actor, pues dicha prestación está a su cargo por mandato expreso de la Constitución Federal, de modo que tiene que cubrirla por sí o por medio de la institución de seguridad social respectiva. El Congreso del Estado sólo tiene facultades para otorgarla, al igual como lo hacen otros institutos de seguridad social federales, situación que en nada afecta el libre manejo y aplicación de los ingresos públicos.

h) Bajo esa óptica, se insistió, el artículo 57, último párrafo, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, no trasciende a la libre administración hacendaria municipal, si se tiene en cuenta que sólo señala la fecha en que podrá expedirse el decreto que otorga a un trabajador su pensión correspondiente, cuya partida presupuestal de aportación de seguridad social se presupone que fue fijada por el Ayuntamiento para cumplir con una obligación constitucional.

i) En el último apartado de la contestación de la demanda se manifestó que debe tenerse en cuenta que, de conformidad con lo previsto en el artículo 105 de la Constitución Federal, no todo acto podrá ser materia de impugnación en una controversia constitucional, pues dicho medio de control de la constitucionalidad, por regla general, sólo es procedente con motivo de conflictos suscitados entre dos o más niveles de gobierno, cuando la cuestión de fondo debatida se refiera a la distribución o invasión de competencias que a cada uno corresponda o a la irregularidad en el ejercicio de sus atribuciones.

j) De tal forma, si en la demanda se reclamaron varios decretos de pensiones emitidos por el Congreso del Estado actuando con funciones eminentemente administrativas, no puede considerarse que la controversia sea la vía idónea para someter a revisión los derechos de los trabajadores en materia de seguridad social.

12. Referencia a la opinión del procurador general de la República. El procurador general de la República se abstuvo de formular pedimento o alegato alguno, según se desprende de las constancias del expediente y del acuerdo emitido en la audiencia de ofrecimiento y desahogo de pruebas y alegatos.

13. Cierre de la instrucción. Sustanciado el procedimiento en la presente controversia constitucional, el seis de agosto de dos mil trece se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la ley reglamentaria de la materia, se tuvieron por exhibidas y admitidas las pruebas ofrecidas, por presentados los alegatos y se puso el expediente en estado de resolución.

14. Radicación. En atención a la solicitud formulada por el Ministro ponente al presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, se acordó el once de noviembre de dos mil trece, remitir el expediente a la Primera Sala de esta Suprema Corte para su radicación y resolución, misma que se avocó a su estudio por auto de catorce de noviembre siguiente.

II. Competencia

15. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Federal; 10, fracción I y 11, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo, fracción I y tercero del Acuerdo General Número 5/2013, del Tribunal Pleno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, en virtud de que se plantea un conflicto entre el Estado de Morelos, por conducto de sus Poderes Legislativo y Ejecutivo, y el Municipio de Tlaltizapán de esa entidad, en el que es innecesaria la intervención del Tribunal en Pleno, al tratarse únicamente del estudio de fondo de actos y no de normas.

III. Fijación de la litis

16. De un análisis de la demanda, se concluye que en la presente controversia constitucional debe tenerse como normas reclamadas los artículos 1, 8, 24, fracción XV, 43, fracciones V, XIII, XIV y XV, 45, fracciones III, IV y XV, esta última fracción en su párrafo primero, e incisos a), b), c) y d), 54, fracciones I, VI y VII, 55, 55 A, 55 B, 55 C, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 y 68 de la Ley del Servicio Civil; 67, fracción I, de la Ley Orgánica para el Congreso y 109 del Reglamento para el Congreso Local, todos del Estado de Morelos.

17. Cabe destacar que respecto a las normas reclamadas de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Morelos y de su reglamento, éstas no han sido modificadas desde la publicación de la ley y el reglamento el nueve de mayo y veinticinco de julio de dos mil siete, respectivamente; mientras que por lo que hace a los artículos de la Ley del Servicio Civil de la misma entidad federativa, se advierte que sólo algunos de ellos han sido reformados y adicionados desde la publicación de tal ordenamiento legal el seis de septiembre de dos mil; entre los que destacan, los artículos 5, 8, 21, 23, 43 (se reformó su primer párrafo y se adicionó un último párrafo), 45 (en su fracción XIV) y 52 (en su primer párrafo), modificados el veintiséis de diciembre de dos mil doce, y los numerales 58 (se adicionó un último párrafo), 59 (se adicionó un último párrafo) y 66 (en su primer párrafo), reformados el dieciséis de enero de dos mil trece.

18. Ahora bien, los citados artículos se impugnaron por el Municipio actor, en virtud de su primer acto de aplicación, consistentes en los Decretos Número Doscientos Setenta y Siete, Trescientos Veintidós y Trescientos Treinta y Siete, publicados el veintisiete de marzo de dos mil trece, en el Número Cinco Mil Ochenta del Periódico Oficial del Estado "Tierra y Libertad", mediante los cuales el Congreso Local concedió, respectivamente, a **********, una pensión por jubilación, y a ********** y **********, pensiones por cesantía en edad avanzada, todas pagaderas por el Municipio actor. Asimismo, debe destacarse que los decretos se reclamaron a su vez por vicios propios de constitucionalidad.

19. A continuación, se transcribirá el texto de los tres decretos impugnados (negritas nuestras):

Decreto Doscientos Setenta y Siete

"Al margen izquierdo un Escudo del Estado de Morelos que dice: ‘Tierra y Libertad’.-La tierra volverá a quienes la trabajan con sus manos.-Poder Legislativo.-LII Legislatura. 2012-2015.

"Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Morelos a sus habitantes sabed:

"Que el H. Congreso del Estado se ha servido enviarme para su promulgación lo siguiente:

"La Quincuagésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos, en ejercicio de la facultad que le otorga la fracción II, del artículo 40 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, y al tenor de los siguientes:

"Considerandos

"I. En fecha 14 de septiembre del 2012, el C. **********, por su propio derecho, presentó ante este Congreso solicitud de pensión por jubilación de conformidad con la hipótesis contemplada en el artículo 58, fracción I, inciso d),

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24937-0fd57cf3/controversia-constitucional-debe-sobreseerse-en-el-juicio-respecto · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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