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Modo: Corpus Pro

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO RESPECTO DE NORMAS GENERALES CUYA CONSTITUCIONALIDAD NO SE RECLAME CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN Y LA IMPUGNACIÓN RESULTE EXTEMPORÁNEA EN RAZÓN DE LA FECHA DE SU PUBLICACIÓN, AL ACTUALIZARSE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 19, FRACCIÓN VII, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. LIBRE ADMINISTRACIÓN HACENDARIA Y AUTONOMÍA DE LOS AYUNTAMIENTOS EN LA GESTIÓN DE SUS RECURSOS. EL DECRETO NÚMERO MIL CINCUENTA Y TRES, PUBLICADO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2013 EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE MORELOS, MEDIANTE EL CUAL EL PODER LEGISLATIVO LOCAL DETERMINÓ OTORGAR UNA PENSIÓN POR JUBILACIÓN CON CARGO AL GASTO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE JOJUTLA DE JUÁREZ, A UN EMPLEADO DE ESE AYUNTAMIENTO, VIOLA EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 4/2014. · Registro digital (IUS): 25263
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2014-10-03
Promovente: MUNICIPIO DE JOJUTLA DE JUÁREZ, ESTADO DE MORELOS.
Localización: Décima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 11, Octubre de 2014, Tomo I, Pág. 665.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 4/2014. MUNICIPIO DE JOJUTLA DE JUÁREZ, ESTADO DE MORELOS. 13 DE AGOSTO DE 2014. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA, OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS Y JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. PONENTE: ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. SECRETARIO: MIGUEL ANTONIO NÚÑEZ VALADEZ.

México, Distrito Federal. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al trece de agosto de dos mil catorce, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la que se resuelve la controversia constitucional 4/2014, promovida por el síndico del Municipio de Jojutla de Juárez, Estado de Morelos, en contra del Poder Ejecutivo y Legislativo y del secretario de Gobierno, todos de la misma entidad federativa.

I. ANTECEDENTES DEL CASO

1. Presentación de la demanda. El diecisiete de enero de dos mil catorce, Manuel Valentín Juárez Policarpo, quien se ostentó como síndico municipal del Ayuntamiento de Jojutla de Juárez, Estado de Morelos, por escrito presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, promovió una demanda de controversia constitucional en representación del citado Ayuntamiento (de ahora en adelante el "Municipio actor").

2. En tal demanda, por un lado, se impugnó la constitucionalidad de los artículos 58 y 66 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, reformados mediante el Decreto Número Doscientos Dieciocho, publicado en el número cinco mil cincuenta y ocho del Periódico Oficial del Estado de Morelos el dieciséis de enero de dos mil trece. Asimismo, por extensión de los efectos de las citadas disposiciones legales al modificar el sistema normativo que rige el sistema de pensiones para los trabajadores al servicio del Gobierno municipal, se reclamó a su vez la constitucionalidad de los artículos 1o., 8o., 24, fracción XV, 43, fracciones V y XIII, 45, fracciones III, IV y XV, esta última fracción en su párrafo primero e inciso c), 54, fracción VII, 55, 56, 57, 64 y 65 al 68 de la misma Ley del Servicio Civil.(1)

3. Lo anterior, con motivo de su primer acto de aplicación, consistente en el Decreto Número Mil Cincuenta y Tres, publicado el once de diciembre de dos mil trece en el número cinco mil ciento cuarenta y seis del Periódico Oficial del Estado de Morelos, por medio del cual el Congreso del Estado concedió a Gregorio Peña Gutiérrez pensión por jubilación a cargo del presupuesto del Municipio actor. Este decreto también se objetó por vicios propios.

4. Por su parte, en el escrito inicial, se señalaron como autoridades demandadas al Poder Legislativo, al Poder Ejecutivo y al secretario general de Gobierno, todos del Estado de Morelos, y se tuvo como preceptos violados a los artículos 14, 16, 115, fracción IV, y 123, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (de ahora en adelante la "Constitución Federal").

5. De igual manera, se relataron como hechos relevantes la fecha de publicación del decreto reclamado y la existencia de varias sentencias en las controversias constitucionales 55/2005, 89/2008, 90/2008, 91/2008 y 92/2008, resueltas a favor de los Municipios por el Tribunal Pleno.

6. Trámite de la demanda. El diecisiete de enero de dos mil catorce, el Ministro presidente de la Suprema Corte tuvo por recibida la demanda, ordenó formar y registrar el expediente como 4/2014 y, por razón de turnó, designó como instructor del procedimiento al Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.

7. En consecuencia, el Ministro instructor, por acuerdo de veinte de enero siguiente, dio cuenta del escrito del Municipio actor y admitió la demanda por lo que hace a las citadas normas y al decreto, determinando el carácter de autoridades demandadas a los Poderes Legislativo y Ejecutivo, así como al secretario de Gobierno, todos del Estado de Morelos, a fin de que dieran contestación a la demanda; asimismo ordenó dar vista del asunto al procurador general de la República para que manifestara lo que a su interés conviniera y mandó formar el cuaderno incidental respectivo para el trámite de la solicitud de suspensión del acto impugnado.

8. Ese mismo día, el Ministro instructor emitió otro acuerdo en el que resolvió que no procedía la suspensión solicitada, pues de concederse, se afectarían instituciones fundamentales del orden jurídico mexicano, tales como las prestaciones de seguridad social relativas a la jubilación, invalidez, vejez y muerte, entre otras, de conformidad con el artículo 123, apartado B, fracción XI, inciso a), de la Constitución Federal.(2)

9. Cuestiones previas y conceptos de invalidez. En su escrito de demanda, el Municipio actor sostuvo los siguientes argumentos:

a) Con la reforma a los artículos 58 y 66 impugnados se violan, en perjuicio del Municipio actor, los principios de fundamentación y motivación (artículos 14 y 16 constitucionales), así como el de congruencia entre los ingresos y egresos municipales, correspondiéndole exclusivamente al Ayuntamiento, la planeación, programación y diseño del gasto público a través de su presupuesto de egresos (artículo 115, fracción IV, párrafos primero, penúltimo y último, de la Constitución Federal). Los Gobiernos municipales tienen la potestad para administrar los recursos municipales y controlar las relaciones laborales con sus trabajadores con base en leyes locales (artículos 115, fracción VIII, párrafo segundo y 123, apartado B, constitucionales), que finalmente determinan que los trabajadores burocráticos -como lo son aquellos al servicio de los Municipios-, tienen derecho a que el patrón -Ayuntamiento-, les reconozca y otorgue, como parte de sus prestaciones, la pensión o jubilación.

b) En concreto, los artículos cuya invalidez se solicita y su acto concreto de aplicación contravienen el principio de autonomía municipal y de libre disposición del patrimonio municipal, ya que invaden atribuciones exclusivas del Ayuntamiento de Jojutla, al imponerle la carga financiera de pagar una pensión a Gregorio Peña Gutiérrez por haber desempeñado como último cargo el de policía, adscrito a la dirección de Seguridad Pública Municipal hasta por el 55% de su último salario. Lo anterior, en contravención de las consideraciones de la Suprema Corte vertidas en las controversias constitucionales 55/2005, 89/2008, 90/2008, 91/2008 y 92/2008.

c) Se explica que el artículo 115 constitucional reconoce a los Ayuntamientos la potestad gubernativa de regir las relaciones laborales con sus trabajadores, en particular, el otorgamiento de pensiones o jubilaciones y, consecuentemente, también los dota de autonomía para definir el gasto público a través de su presupuesto de egresos, en el que puedan incluir de manera planificada y programada el pago de dichas prestaciones laborales, sin injerencia de ninguna autoridad estatal.

d) Por tal motivo, al emitirse por la Legislatura Local el decreto impugnado sin intervención del Municipio actor, se produce una intromisión inconstitucional en las relaciones laborales del Municipio y sus trabajadores, al imponerle fuera de toda planificación gubernamental el pago de dichas pensiones.

e) Asimismo, se señala que la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos de manera inconstitucional autoriza acumular la antigüedad de los servicios que un trabajador preste en los demás Municipios o en los Poderes Estatales o sus organismos, para finalmente imponer el pago de la pensión o jubilación al último orden de gobierno en que el trabajador haya laborado; de manera que el Municipio no puede constituir ninguna partida presupuestal de forma planificada, pues no tiene elementos que le permitan suponer el número aproximado de pensiones o jubilaciones que a mediano o largo plazo deberá cubrir. Lo anterior, en contravención de las consideraciones de la Suprema Corte vertidas en la controversia constitucional 55/2005.

f) Por otro lado, se sostiene que las normas cuya invalidez se demanda son inconstitucionales al vulnerar los artículos 115, fracción IV, párrafos primero, penúltimo y último y, así como la fracción VIII, párrafo segundo, y el numeral 123, apartado B, de la Constitución Federal.

g) En primer lugar, debido a que en el decreto reclamado, en el que se aplican los artículos 1o., 8o., 24, fracción XV, 43, fracciones V y XIII, 45, fracciones III, IV y XV, esta última fracción en su párrafo primero e inciso c), 54, fracción VII, 55, 56 y 57 al 68 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos,(3) imponen al Municipio actor la obligación de cubrir pensiones con cargo a la hacienda pública municipal y, aunque por mandato del precepto 127 constitucional al Poder Legislativo le corresponde determinar los procedimientos necesarios para que los trabajadores gocen de tal prestación, vulneran la autonomía municipal al señalar que la Legislatura Local fijará los casos en que proceda otorgar el pago de pensiones de los trabajadores municipales, así como la cuantía a la que deberán ascender aquéllas e incluso que, en caso de que el trabajador no determine la pensión que debe continuar vigente, será la misma legislatura quien le concederá la que signifique mayores beneficios para el trabajador sin ninguna intervención del Municipio.

h) Así, las normas y decreto objetado, por una parte, merman los recursos municipales al disponer que algunas prestaciones se cubran con cargo a la hacienda municipal y de manera duplicada y, por otra parte, autorizan la intromisión de la Legislatura Local para calificar las relaciones laborales entre los trabajadores y el Municipio actor, además de imponer de manera unilateral, exclusiva y arbitraria todo tipo de pensiones a cargo de la hacienda municipal.

i) Adicionalmente, se dice que el sistema estatal es inconstitucional pues existe una duplicidad en el pago de pensiones respecto de un mismo trabajador, ya que se faculta al Congreso Local para requerir al trabajador que elija cuál pensión disfrutará, cuando tiene al mismo tiempo la posibilidad de recibir una pensión por el Gobierno Local o por uno de sus Municipios.

j) Por lo demás, el Municipio actor destaca que si bien de acuerdo a los artículos 115 y 123 de la Constitución Federal, los servidores públicos deben gozar de prestaciones de seguridad social y las Legislaturas Locales están facultadas para emitir las leyes necesarias para regular las relaciones de trabajo entre los Municipios y sus trabajadores, lo cierto es que no se justifica porque el sistema previsto en la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos autoriza al Congreso del Estado a evaluar el tiempo de servicio público, el salario percibido, la edad y demás requisitos para que una persona goce de una pensión, cuando dicho trabajador mantuvo una relación laboral únicamente con el Municipio y es éste a quien a final de cuentas se le impone el cargo de la pensión sobre el erario municipal.

k) A su juicio, el Congreso del Estado no puede determinar libremente los casos en que proceda otorgar prestaciones de jubilación que incidan sobre la autonomía patrimonial del Municipio. Consecuentemente, se sostiene que no se estima inconstitucional la existencia y regulación de los derechos de pensión de los trabajadores, sino que la Legislatura Local sea la única encargada de decidir lo correspondiente a la concesión y pago de ciertas prestaciones de seguridad social de los trabajadores del orden municipal a cargo del propio presupuesto del Ayuntamiento. Se citaron como precedentes aplicables las controversias constitucionales 55/2005, 89/2008, 90/2008, 91/2008 y 92/2008.

l) Por último, se señala ad cautélam que el decreto reclamado, a través del cual el Congreso Local concedió una pensión por jubilación con cargo al gasto público del Municipio actor, viola los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, ya que corresponde al Ayuntamiento el manejo de su patrimonio, la administración libre de su hacienda y la autorización de su presupuesto de egresos, además de que al Municipio actor no se le dio intervención en el procedimiento por el que se decretó la pensión correspondiente, lo que lesiona su derecho de audiencia.

m) Por ende, se dice que el titular del Poder Ejecutivo y el secretario de Gobierno, ambos del Estado de Morelos, vulneraron también la autonomía del Municipio al promulgar y refrendar, respectivamente, el citado decreto de concesión de pensión pese a que están obligados a verificar la constitucionalidad y legalidad de las resoluciones del Poder Legislativo. Lo anterior, ya que los actos de promulgación y refrendo no son actuaciones de mero trámite, sino que constituyen un contrapeso para evitar los abusos o desviaciones al Estado de derecho.

10. Contestación de la demanda por parte del Poder Ejecutivo y del secretario de Gobierno. Seguido el trámite previsto en ley, por escritos presentados el veinticuatro de marzo de dos mil catorce en la oficina de correos de la localidad, tanto el consejero jurídico representando al Poder Ejecutivo como el secretario de Gobierno, ambos del Estado de Morelos, presentaron ante esta Suprema Corte sus respectivas contestaciones de demanda, exponiendo en síntesis y en los mismos términos,(4) los siguientes razonamientos:

a) Por lo que hace al interés jurídico oponible, manifestaron que el Municipio actor carece de legitimación ad causam, ya que no es titular del derecho que pretende hacer valer; además, ambas autoridades afirman carecer de legitimación pasiva en el asunto al no haber realizado acto alguno que invada la esfera de competencia municipal.

b) Por cuanto hace a lo señalado respecto de la obligación que tienen de verificar la constitucionalidad y legalidad de las resoluciones del Poder Legislativo del Estado de Morelos, adujeron que los actos realizados por ambas autoridades se encuentran debidamente fundados y motivados ya que se emitieron actuando en todo momento en estricto apego a las facultades constitucionales con que cuentan, conforme a lo dispuesto en el artículo 76 de la Constitución Política Local.

c) Sostuvieron que resulta infundado el concepto de invalidez consistente en que se viola en perjuicio de la parte actora lo dispuesto por los artículos 14, 16 y 115 de la Constitución Federal, en virtud de que el decreto combatido no atenta contra la autonomía y libre administración hacendaria, ya que el mismo es un acto declarativo emitido con fundamento en la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, ordenamiento que establece las medidas y prerrogativas para los trabajadores que estén en el supuesto de obtener una pensión, por lo que si en el caso, los extremos para atender la solicitud que antecedió al decreto cuestionado quedaron cumplidos con base en ese ordenamiento, es evidente que el acto impugnado no viola la libre administración hacendaria.

d) Sobre tal punto, se aclara que las partidas del presupuesto de egresos municipal para el pago de las prestaciones de seguridad social no pueden ser concebidas en el ámbito de la libre administración hacendaria previsto en el artículo 115, fracción IV, de la Constitución Federal, si se toma en cuenta que son destinadas para cubrir una obligación dineraria impuesta en la fracción VIII del mismo precepto, en relación con el diverso 123 del propio Texto Constitucional.

e) Así, afirmaron que los Municipios tienen autonomía para determinar la aplicación de los recursos públicos, pero también deben observar las normas constitucionales y federales relativas, así como las que expidan las Legislaturas Locales concernientes a la administración pública municipal. En tal virtud, se alude que es innegable que el marco legal establecido en la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos para el otorgamiento de las pensiones cuestionadas no vulnera la libre administración del Municipio, porque dicha prestación está a su cargo por mandato expreso de la Constitución Federal.

f) Si se aceptara, por ejemplo, que los Municipios puedan dejar de pagar las contribuciones que fijara el Congreso bajo pretexto de que se afecta su libre administración hacendaria, se tornarían en unidades políticas independientes regidas por sus propios principios y convicciones, sin apego a ningún marco legal o constitucional.

g) La Ley del Servicio Civil del Estado se expidió con fundamento y base en el artículo 115, fracción VIII, constitucional, el cual faculta a las Legislaturas Locales a regular las relaciones laborales suscitadas entre los trabajadores al servicio del Estado como entre los Municipios y sus trabajadores.

h) En esa tónica, argumentaron que el artículo 57, último párrafo, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, por sí solo no trasciende a la libre administración hacendaria municipal, si se toma en cuenta que únicamente señala la fecha en que podrá expedirse el decreto que otorga a los beneficiarios de un trabajador su pensión correspondiente.

i) Finalmente, señalaron que el decreto y normas impugnadas se encuentran apegadas al orden constitucional, pues si bien es cierto, involucran al Ayuntamiento del Municipio de Jojutla, Estado de Morelos, ello no vulnera de manera alguna su libertad de administración hacendaria al estar obligados conforme al artículo 20 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado a contemplar y autorizar las partidas necesarias y suficientes para cubrir el pago de obligaciones a su cargo, como lo son las pensiones.

11. Contestación de la demanda por parte del Poder Legislativo. El presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos, por escrito recibido en esta Suprema Corte el veintiocho de marzo de dos mil catorce, contestó la demanda manifestando, en síntesis, los razonamientos que siguen:

a) Se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción VIII del artículo 19 de la ley reglamentaria de la materia, toda vez que el decreto y normas reclamadas no causan afectación a la autonomía y hacienda del Municipio actor; además de que con las reformas a los artículos 58, último párrafo y 66 de la Ley del Servicio Civil Local, a que hace referencia el Municipio actor, y con el decreto de concesión de pensión impugnado no se pretende de forma alguna ejercer de manera directa los recursos que integran la hacienda pública municipal.

b) En relación con el concepto de invalidez relativo a la vulneración a los principios de fundamentación y motivación, señala que es infundado ya que es obligación constitucional de los Municipios tener una partida en su cuenta pública para el pago de pensiones, sin que el Municipio actor pueda considerar como parte de su autonomía municipal la decisión de contar o no con dicha partida en su presupuesto de egresos.

c) La modificación a los ordenamientos legales impugnados realizada mediante el Decreto Número Dieciocho, consiste en que en los casos de pensiones por jubilación y cesantía en edad avanzada, aquellos solicitantes con salario mensual superior o equivalente a seiscientos salarios mínimos vigentes en la entidad, deberán acreditar haber desempeñado cuando menos cinco años en el cargo por el cual solicitan la pensión, circunstancia que no se actualiza en el caso.

d) Dicha reforma tiene como finalidad regular las altas pensiones de algunos funcionarios, así como establecer un candado en cuanto a la temporalidad en la permanencia en dichos cargos de al menos cinco años para ser merecedor de una pensión con el sueldo del cargo que hasta ese momento se ostenta, por lo que de no atenderse a dichas medidas se pondría en riesgo el suministro de una gran mayoría que recibe pensiones mínimas.

e) Por tanto, se afirma que el referido Decreto Número Dieciocho no tiene relación con el diverso Mil Cincuenta y Tres reclamado, a través del cual se concedió pensión por jubilación a un trabajador municipal, toda vez que tanto el contenido como el fundamento de ambos decretos es distinto y el segundo no puede considerarse un acto de aplicación expresa ni implícita del primero, consecuentemente, su impugnación debió realizarse a través de una controversia constitucional diversa.

f) Por otro lado, afirma que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VII, de la ley reglamentaria de la materia respecto de la impugnación de los artículos 55, 56 y 57 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, ya que la impugnación es extemporánea en atención a su fecha de publicación, además de que el decreto impugnado no constituye su primer acto de aplicación

g) Posteriormente, explica que de conformidad con la legislación laboral aplicable y con los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Municipio actor es el primer obligado a cubrir sus obligaciones de seguridad social con sus trabajadores y subordinados, circunstancia de la que no puede excluirse y en la que no opera a plenitud la libertad municipal.

h) Así, señala que los conceptos de invalidez deben calificarse como infundados al no existir una violación a los artículos 14, 16 y 115 de la Constitución Federal. El decreto impugnado fue dictado con base en la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, la cual establece el procedimiento para que los trabajadores de los poderes de dicha entidad federativa o los Municipios puedan obtener su pensión, por lo que una vez que el trabajador cumplió con tales requisitos, no existe razón alguna para que el Congreso Estatal se niegue a cumplir la obligación para aprobar la pensión y emitir el decreto correspondiente.

i) Al respecto, se explica exhaustivamente el procedimiento para otorgar una pensión conforme a las reglas correspondientes y añade que el peticionario de la pensión cumplió con todos los requisitos legales, por lo que era una obligación conceder al trabajador el beneficio solicitado.

j) En concordancia a lo anterior, afirma que al no verificarse una invasión a la esfera de competencias del Municipio actor, no se vulnera su autonomía municipal y, por tanto, debe sobreseerse en la controversia con fundamento en el artículo 20, fracción II, en relación con el 19, fracción VII, de la ley reglamentaria de la materia.

k) Finalmente, en cuanto al segundo concepto de invalidez, en el que se aduce una violación a los artículos 14 y 16 constitucionales, se abunda sobre el régimen de pensiones federal y estatal y el significado de los principios de autonomía y libre administración hacendaria de un Municipio, para concluir que en el caso no se está en presencia de una violación a la Constitución Federal, pues el otorgamiento de la pensión deriva de una obligación constitucional y en la creación de la partida presupuestal para su pago no interviene en ningún aspecto el Poder Legislativo Local, al ser una facultad de los Ayuntamientos.

12. Referencia a la opinión del procurador general de la República. El procurador general de la República se abstuvo de formular pedimento o alegato alguno, según se desprende de las constancias del expediente y del acuerdo emitido en la audiencia de ofrecimiento y desahogo de pruebas y alegatos.

13. Cierre de la instrucción. Sustanciado el procedimiento en la presente controversia constitucional, el trece de mayo de dos mil catorce, se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la ley reglamentaria de la materia, se tuvieron por exhibidas y admitidas las pruebas ofrecidas, por presentados los alegatos y se puso el expediente en estado de resolución.

14. Radicación. En atención a la solicitud formulada por el Ministro ponente al presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, se acordó el cinco de junio de dos mil catorce remitir el expediente a la Primera Sala de esta Suprema Corte, para su radicación y resolución, misma que se avocó a su estudio por auto de once de junio siguiente.

II. COMPETENCIA

15. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Federal; 10, fracción I y 11, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo, fracción I y tercero del Acuerdo General Número 5/2013 del Tribunal Pleno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, en virtud de que se plantea un conflicto entre el Estado de Morelos por conducto de sus Poderes Legislativo y Ejecutivo y el Municipio de Jojutla de esa entidad, en el que es innecesaria la intervención del Tribunal Pleno.

III. FIJACIÓN DE LA LITIS

16. De un análisis de la demanda, se concluye que en la presente controversia constitucional debe tenerse como normas reclamadas los artículos 1o., 8o., 24, fracción XV, 43, fracciones V y XIII, 45, fracciones III, IV y XV, esta última fracción, en su párrafo primero, e inciso c), 54, fracción VII, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 y 68 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos.

17. Si bien en el apartado de normas impugnadas de la demanda se hizo alusión sólo a los artículos descritos en el párrafo 2 de la presente ejecutoria, de un estudio sistemático del escrito se puede apreciar que en varias partes de la demanda el Municipio actor señaló que también tenían vicios de inconstitucionalidad los artículos 57 al 68 del mismo ordenamiento.(5) Por tanto, esta Primera Sala considera como objetados las disposiciones legales referidas en el párrafo anterior.(6)

18. Ahora bien, los citados artículos se impugnaron por el Municipio actor en virtud de supuestamente ser su primer acto de aplicación consistente en el Decreto Número Mil Cincuenta y Tres, publicado el once de diciembre de dos mil trece en el número cinco mil ciento cuarenta y seis del Periódico Oficial del Estado "Tierra y Libertad", mediante el cual el Congreso Local concedió a Gregorio Peña Gutiérrez una pensión por jubilación pagadera por el Municipio actor.

19. Asimismo, debe destacarse que el decreto se reclamó a su vez por vicios propios de constitucionalidad. A continuación, se transcribirá el texto del acto objetado (negritas nuestras):

Decreto Número Mil Cincuenta y Tres

"Al margen izquierdo un Escudo del Estado de Morelos que dice: ‘Tierra y Libertad’. La tierra volverá a quienes la trabajan con sus manos. Poder Legislativo. LII Legislatura 2012-2015.

"Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Morelos a sus habitantes sabed:

"Que el H. Congreso del Estado se ha servido enviarme para su promulgación lo siguiente:

"La Quincuagésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos, en ejercicio de la facultad que le otorga la fracción II del artículo 40 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, y al tenor de los siguientes:

"Considerandos:

"I. En fecha 10 de julio del 2012, el C. Gregorio Peña Gutiérrez, por su propio derecho, presentó ante este Congreso solicitud de pensión por jubilación de conformidad con la hipótesis contemplada en el artículo 58, fracción I, inciso j), de la Ley del Servicio Civil del Estado, acompañando a su petición la documentación exigida por el artículo 57, apartado A), fracciones I, II y III, del marco legal antes mencionado, consistentes en: Acta de nacimiento, hoja de servicios y carta de certificación de salario expedidas por el H. Ayuntamiento de Jojutla, Morelos.

"II. Que al tenor del artículo 56 de la Ley del Servicio Civil vigente en la entidad, la pensión por jubilación se generará a partir de la fecha en que entre en vigencia el decreto respectivo. Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la vigencia del decreto cesarán los efectos de su nombramiento. El trabajador que se hubiere separado justificada o injustificadamente de su fuente de empleo, antes de la fecha de vigencia del decreto que la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del siguiente día de su separación. Y de conformidad con el artículo 58, del mismo ordenamiento, la pensión por jubilación, se otorgará al trabajador que conforme a su antigüedad se ubique en el supuesto correspondiente.

"III. Del análisis practicado a la documentación antes relacionada y una vez realizado el procedimiento de investigación que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad del C. Gregorio Peña Gutiérrez, por lo que se acreditan a la fecha de su solicitud 21 años, 1 mes, 19 días, de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado sus servicios en el H. Ayuntamiento de Jojutla, Morelos, desempeñando los cargos siguientes: Oficial de guardia, adscrito al Área de Seguridad Pública Municipal, del 15 de mayo de 1992, al 30 de junio de 1994; policía municipal, adscrito al Área de Seguridad Pública Municipal, del 01 de julio de 1994, al 31 de octubre de 1997; jefe de grupo, adscrito al Área de Seguridad Pública Municipal, del 01 de noviembre de 1997, al 31 de mayo de 2000; comandante de grupo, adscrito al Área de Seguridad Pública Municipal, del 01 de junio de 2000, al 31 de octubre de 2006; jefe de grupo, adscrito al Área de Seguridad Pública Municipal, del 01 de noviembre de 2006, al 15 de noviembre de 2010; policía, adscrito al Área de Seguridad Pública Municipal, del 16 de noviembre de 2010, al 04 de julio de 2013, fecha en la que fue expedida la constancia de referencia. De lo anterior se desprende que la jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción I, inciso j), del cuerpo normativo antes aludido, por lo que al quedar colmados los requisitos de la ley, lo conducente es conceder al trabajador en referencia el beneficio solicitado.

"Por lo anteriormente expuesto, esta legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente:

"Decreto Número Mil Cincuenta y Tres

"Artículo 1o. Se concede pensión por jubilación al C. Gregorio Peña Gutiérrez, quien ha prestado sus servicios en el H. Ayuntamiento de Jojutla, Morelos, desempeñando

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25263-227be0c4/controversia-constitucional-debe-sobreseerse-en-el-juicio-respecto · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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