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Modo: Corpus Pro

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO RESPECTO DE NORMAS GENERALES CUYA CONSTITUCIONALIDAD NO SE RECLAME CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN Y LA IMPUGNACIÓN RESULTE EXTEMPORÁNEA EN RAZÓN DE LA FECHA DE SU PUBLICACIÓN, AL ACTUALIZARSE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 19, FRACCIÓN VII, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. LIBRE ADMINISTRACIÓN HACENDARIA Y AUTONOMÍA DE LOS AYUNTAMIENTOS EN LA GESTIÓN DE SUS RECURSOS. EL DECRETO NÚMERO NOVECIENTOS CINCUENTA, PUBLICADO EL 23 DE OCTUBRE DE 2013 EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE MORELOS, MEDIANTE EL CUAL EL PODER LEGISLATIVO LOCAL DETERMINÓ OTORGAR UNA PENSIÓN POR JUBILACIÓN CON CARGO AL GASTO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE JOJUTLA DE JUÁREZ, A UN EMPLEADO DE ESE AYUNTAMIENTO, VIOLA EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 111/2013. · Registro digital (IUS): 25278
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2014-10-10
Promovente: MUNICIPIO DE JOJUTLA DE JUÁREZ, ESTADO DE MORELOS.
Localización: Décima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 11, Octubre de 2014, Tomo I, Pág. 623.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 111/2013. MUNICIPIO DE JOJUTLA DE JUÁREZ, ESTADO DE MORELOS. 13 DE AGOSTO DE 2014. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA, OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS Y JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. PONENTE: ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. SECRETARIO: MIGUEL ANTONIO NÚÑEZ VALADEZ.

México, Distrito Federal. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al trece de agosto de dos mil catorce, emite la siguiente:

Sentencia

Mediante la que se resuelve la controversia constitucional 111/2013, promovida por el síndico del Municipio de Jojutla de Juárez, Estado de Morelos, en contra del Poder Ejecutivo y Legislativo y del secretario de Gobierno, todos de la misma entidad federativa.

I. Antecedentes y trámite del asunto

1. Presentación de la demanda. El cuatro de diciembre de dos mil trece, Manuel Valentín Juárez Policarpo, quien se ostentó como síndico municipal del Ayuntamiento de Jojutla de Juárez, Estado de Morelos, por escrito presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, promovió una demanda de controversia constitucional en representación del citado Ayuntamiento (de ahora en adelante el "Municipio actor").

2. En tal demanda, por un lado, se impugnó la constitucionalidad de los artículos 59 y 66 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, reformados mediante el Decreto Doscientos Dieciocho, publicado en el Número Cinco Mil Cincuenta y Ocho del Periódico Oficial del Estado de Morelos el dieciséis de enero de dos mil trece. Asimismo, por extensión de los efectos de las citadas disposiciones legales al modificar el sistema normativo que rige el sistema de pensiones para los trabajadores al servicio del gobierno municipal, se reclamó a su vez la constitucionalidad de los artículos 1, 8, 24, fracción XV, 43, fracciones V y XIII, 45, fracciones III, IV y XV, esta última fracción en su párrafo primero e inciso c), 54, fracción VII, 55, 56 y 57 al 68 de la misma Ley del Servicio Civil.

3. Lo anterior, con motivo de su primer acto de aplicación, consistente en el Decreto Novecientos Cincuenta, publicado el veintitrés de octubre de dos mil trece en el Número Cinco Mil Ciento Treinta y Dos del Periódico Oficial del Estado de Morelos, por medio del cual, el Congreso del Estado concedió a Pablo Martínez Amaro pensión por jubilación a cargo del presupuesto del Municipio actor. Este decreto también se objetó por vicios propios.(1)

4. Por su parte, en el escrito inicial, se señalaron como autoridades demandadas al Poder Legislativo, al Poder Ejecutivo y al secretario general de Gobierno, todos del Estado de Morelos, y se tuvo como preceptos violados a los artículos 14, 16, 115, fracción IV y 123, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (de ahora en adelante la "Constitución Federal").

5. De igual manera, se relataron como hechos relevantes la fecha de publicación del decreto reclamado y la existencia de varias sentencias en las controversias constitucionales 55/2005, 89/2008, 90/2008, 91/2008 y 92/2008, resueltas a favor de los Municipios por el Tribunal Pleno.

6. Trámite de la demanda. El cinco de diciembre de dos mil trece, el Ministro presidente de la Suprema Corte tuvo por recibida la demanda, ordenó formar y registrar el expediente como 111/2013 y, por razón de turnó, designó como instructor del procedimiento al Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.

7. En consecuencia, el Ministro instructor, por acuerdo de seis de diciembre siguiente, dio cuenta del escrito del Municipio actor y admitió la demanda por lo que hace a las citadas normas y decreto, determinando el carácter de autoridades demandadas a los Poderes Legislativo, Ejecutivo y al secretario de Gobierno, todos del Estado de Morelos, a fin de que dieran contestación a la demanda; asimismo, ordenó dar vista del asunto al procurador general de la República para que manifestara lo que a su interés conviniera y mandó formar el cuaderno incidental respectivo para el trámite de la solicitud de suspensión del acto impugnado.

8. Ese mismo día, el Ministro instructor emitió otro acuerdo en el que resolvió que no procedía la suspensión solicitada, pues de concederse se afectarían instituciones fundamentales del orden jurídico mexicano, tales como las prestaciones de seguridad social relativas a la jubilación, invalidez, vejez y muerte, entre otras, de conformidad con el artículo 123, apartado B, fracción XI, inciso a), de la Constitución Federal.(2)

9. Conceptos de invalidez. En su escrito de demanda, el Municipio actor sostuvo los siguientes argumentos:

a) Con la reforma a los artículos 59 y 66 impugnados se violan, en perjuicio del Municipio actor, los principios de fundamentación y motivación (artículos 14 y 16 constitucionales), así como el de congruencia entre los ingresos y egresos municipales, correspondiéndole exclusivamente al Ayuntamiento, la planeación, programación y diseño del gasto público a través de su presupuesto de egresos (artículo 115, fracción IV, párrafos primero, penúltimo y último de la Constitución Federal). Los gobiernos municipales tienen la potestad para administrar los recursos municipales y controlar las relaciones laborales con sus trabajadores con base en leyes locales (artículos 115, fracción VIII, párrafo segundo y 123, apartado B constitucionales), que finalmente determinan que los trabajadores burocráticos -como lo son aquellos al servicio de los Municipios-, tienen derecho a que el patrón -Ayuntamiento-, les reconozca y otorgue, como parte de sus prestaciones, la pensión o jubilación.

b) En concreto, los artículos cuya invalidez se solicita y su acto concreto de aplicación contravienen los principios de autonomía municipal y de libre disposición del patrimonio municipal, ya que invaden atribuciones exclusivas del Ayuntamiento de Jojutla de Juárez al imponerle la carga financiera de pagar una pensión a ex servidor público que no cumple con los años de servicio prestados en dicho nivel de gobierno.

c) Se explica que el artículo 115 constitucional reconoce a los Ayuntamientos la potestad gubernativa de regir las relaciones laborales con sus trabajadores, en particular, el otorgamiento de pensiones o jubilaciones y, consecuentemente, también los dota de autonomía para definir el gasto público a través de su presupuesto de egresos, en el que puedan incluir de manera planificada y programada el pago de dichas prestaciones laborales, sin injerencia de ninguna autoridad estatal.

d) Por tal motivo, al emitirse por la Legislatura Local el decreto impugnado sin intervención del Municipio actor, se produce una intromisión inconstitucional en las relaciones laborales del Municipio y sus trabajadores, al imponerle fuera de toda planificación gubernamental el pago de dichas pensiones.

e) Asimismo, se señala que la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos de manera inconstitucional autoriza acumular la antigüedad de los servicios que un trabajador preste en los demás Municipios o en los poderes estatales o sus organismos, para finalmente imponer el pago de la pensión o jubilación al último orden de gobierno en que el trabajador haya laborado; de manera que el Municipio no puede constituir ninguna partida presupuestal de manera planificada, pues no tiene elementos que le permitan suponer el número aproximado de pensiones o jubilaciones que a mediano o largo plazo deberá cubrir. Lo anterior en contravención de las consideraciones de la Suprema Corte vertidas en la controversia constitucional 55/2005.

f) Por otro lado, se insiste en que las normas cuya invalidez se demanda son inconstitucionales al vulnerar los artículos 14, 115, fracciones II y IV, párrafo segundo, y el numeral 123 de la Constitución Federal.

g) En primer lugar, debido a que el contenido de las normas impugnadas impide al Municipio realizar una planeación financiera efectiva para cumplir con dichas prestaciones laborales, y al mismo tiempo prever los recursos para la dotación de los servicios y la realización de las obras que requiere la comunidad.

h) Así, las normas y decreto objetado, por una parte, merman los recursos municipales al disponer que algunas prestaciones se cubran con cargo a la hacienda municipal y de manera duplicada y, por otra parte, autorizan la intromisión de la Legislatura Local para calificar las relaciones laborales entre los trabajadores y el Municipio actor, además de imponer de manera unilateral, exclusiva y arbitraria todo tipo de pensiones a cargo de la hacienda municipal.

i) Adicionalmente, se dice que el sistema estatal es inconstitucional pues existe una duplicidad en el pago de pensiones respecto de un mismo trabajador, ya que se faculta al Congreso Local para requerir al trabajador que elija cuál pensión disfrutará, cuando tiene al mismo tiempo la posibilidad de recibir una pensión por el gobierno local o por uno de sus Municipios.

j) Por lo demás, el Municipio actor destaca que si bien de acuerdo a los artículos 115 y 123 de la Constitución Federal, los servidores públicos deben de gozar de prestaciones de seguridad social y las Legislaturas Locales están facultadas para emitir las leyes necesarias para regular las relaciones de trabajo entre los Municipios y sus trabajadores, lo cierto es que no se justifica por qué el sistema previsto en la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos autoriza al Congreso del Estado a evaluar el tiempo de servicio público, el salario percibido, la edad y demás requisitos para que una persona goce de una pensión, cuando dicho trabajador mantuvo una relación laboral únicamente con el Municipio y es éste a quien a final de cuentas se le impone el cargo de la pensión sobre el erario municipal.

k) A su juicio, el Congreso del Estado no puede determinar libremente los casos en que proceda otorgar prestaciones de jubilación que incidan sobre la autonomía patrimonial del Municipio. Consecuentemente, se sostiene que no se estiman inconstitucionales la existencia y regulación de los derechos de pensión de los trabajadores, sino que la Legislatura Local sea la única encargada de decidir lo correspondiente a la concesión y pago de ciertas prestaciones de seguridad social de los trabajadores del orden municipal a cargo del propio presupuesto del Ayuntamiento. Se citaron como precedentes aplicables las controversias constitucionales 55/2005, 89/2008, 90/2008, 91/2008, y 92/2008.

l) Por último, se señala ad cautélam que el decreto reclamado, a través del cual el Congreso Local concedió una pensión por jubilación con cargo al gasto público del Municipio actor, viola los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, ya que corresponde al Ayuntamiento el manejo de su patrimonio, la administración libre de su hacienda y la autorización de su presupuesto de egresos, además de que al Municipio actor no se le dio intervención en el procedimiento por el que se decretó la pensión correspondiente, lo que lesiona su derecho de audiencia.

m) Por ende, se dice que el titular del Poder Ejecutivo y el secretario de Gobierno, ambos del Estado de Morelos, vulneraron también la autonomía del Municipio al promulgar y refrendar, respectivamente, el citado decreto de concesión de pensión pese a que están obligados a verificar la constitucionalidad y legalidad de las resoluciones del Poder Legislativo. Lo anterior, ya que los actos de promulgación y refrendo no son actuaciones de mero trámite sino que constituyen un contrapeso para evitar los abusos o desviaciones al estado de derecho.

10. Contestación de la demanda por parte del Poder Legislativo. El presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos, por escrito recibido en esta Suprema Corte el treinta de enero de dos mil catorce, el cual fue enviado por servicio postal ese mismo día, contestó la demanda exponiendo, en síntesis, los razonamientos que siguen:

a) Se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción VIII del artículo 19 de la ley reglamentaria de la materia, toda vez que el decreto y normas reclamadas no causan afectación a la autonomía y hacienda del Municipio actor; además de que con las reformas a los artículos 58, último párrafo y 66 de la Ley de Servicio Civil local, a que hace referencia el Municipio actor, y con el decreto de concesión de pensión impugnado no se pretende de forma alguna ejercer de manera directa los recursos que integran la hacienda pública municipal.

b) En relación con el concepto de invalidez relativo a la vulneración a los principios de fundamentación y motivación, señala que es infundado, ya que es obligación constitucional de los Municipios tener una partida en su cuenta pública para el pago de pensiones, sin que el Municipio actor pueda considerar como parte de su autonomía municipal la decisión de contar o no con dicha partida en su presupuesto de egresos.

c) La modificación a los ordenamientos legales impugnados realizada mediante el Decreto Dieciocho, consiste en que en los casos de pensiones por jubilación y cesantía en edad avanzada, aquellos solicitantes con salario mensual superior o equivalente a seiscientos salarios mínimos vigentes en la entidad, deberán acreditar haber desempeñado cuando menos cinco años en el cargo por el cual solicitan la pensión, circunstancia que no se actualiza en el caso.

d) Dicha reforma tiene como finalidad regular las altas pensiones de algunos funcionarios, así como establecer un candado en cuanto a la temporalidad en la permanencia en dichos cargos de al menos cinco años para ser merecedor de una pensión con el sueldo del cargo que hasta ese momento se ostenta, por lo que de no atenderse a dichas medidas se pondría en riesgo el suministro de una gran mayoría que recibe pensiones mínimas.

e) Por tanto, se afirma que el referido Decreto Dieciocho no tiene relación con el diverso Novecientos Cincuenta reclamado, a través del cual, se concedió pensión por jubilación a un trabajador municipal, toda vez que tanto el contenido como el fundamento de ambos decretos es distinto y el segundo no puede considerarse un acto de aplicación expresa ni implícita del primero, consecuentemente, su impugnación debió realizarse a través de una controversia constitucional diversa.

f) Por otro lado, afirma que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VII, de la ley reglamentaria de la materia, respecto de la impugnación de los artículos 55, 56 y 57 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, ya que la impugnación es extemporánea en atención a su fecha de publicación, además de que el decreto impugnado no constituye su primer acto de aplicación.

g) Posteriormente, explica que de conformidad con la legislación laboral aplicable y con los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Municipio actor es el primer obligado en cubrir sus obligaciones de seguridad social con sus trabajadores y subordinados, circunstancia de la que no puede excluirse y en la que no opera a plenitud la libertad municipal.

h) Así, señala que los conceptos de invalidez deben calificarse como infundados al no existir una violación a los artículos 14, 16 y 115 de la Constitución Federal. El decreto impugnado fue dictado con base en la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, la cual establece el procedimiento para que los trabajadores de los poderes de dicha entidad federativa o los Municipios puedan obtener su pensión, por lo que una vez que el trabajador cumplió con tales requisitos, no existe razón alguna para que el Congreso Estatal se niegue a cumplir la obligación para aprobar la pensión y emitir el decreto correspondiente.

i) Al respecto, se explica exhaustivamente el procedimiento para otorgar una pensión conforme a las reglas correspondientes y añade que el peticionario de la pensión cumplió con todos los requisitos legales, por lo que era una obligación conceder al trabajador el beneficio solicitado.

j) En concordancia a lo anterior, afirma que al no verificarse una invasión a la esfera de competencias del Municipio actor, no se vulnera su autonomía municipal y, por tanto, debe sobreseerse en la controversia, con fundamento en el artículo 20, fracción II, en relación con el 19, fracción VII, de la ley reglamentaria de la materia.

k) Finalmente, en cuanto al segundo concepto de invalidez, en el que se aduce una violación a los artículos 14 y 16 constitucionales, se abunda sobre el régimen de pensiones federal y estatal, y el significado de los principios de autonomía y libre administración hacendaria de un Municipio, para concluir que en el caso no se está en presencia de una violación a la Constitución Federal, pues el otorgamiento de la pensión deriva de una obligación constitucional y en la creación de la partida presupuestal para su pago no interviene en ningún aspecto el Poder Legislativo Local, al ser una facultad de los Ayuntamientos.

11. Contestación de la demanda por parte del Poder Ejecutivo y del secretario de Gobierno. El consejero jurídico y el secretario de Gobierno, por escritos depositados el doce de febrero de este año en la oficina de Correos de su localidad, contestaron la demanda exponiendo coincidentemente, en síntesis, los argumentos que siguen:

a) Por lo que hace al interés jurídico oponible, manifestaron que el Municipio actor carece de legitimación ad causam, ya que no es titular del derecho que pretende hacer valer; además ambas autoridades afirman carecer de legitimación pasiva en el asunto al no haber realizado acto alguno que invada la esfera de competencia municipal.

b) Por cuanto hace a lo señalado respecto de la obligación que tienen de verificar la constitucionalidad y legalidad de las resoluciones del Poder Legislativo del Estado de Morelos, adujeron que los actos realizados por ambas autoridades se encuentran debidamente fundados y motivados ya que se emitieron actuando en todo momento en estricto apego a las facultades constitucionales con que cuentan, conforme a lo dispuesto en el artículo 76 de la Constitución Política Local.

c) Sostuvieron que resulta infundado el concepto de invalidez consistente en que se viola en perjuicio de la parte actora lo dispuesto por los artículos 14, 16 y 115 de la Constitución Federal, en virtud de que el decreto combatido no atenta contra la autonomía y libre administración hacendaria, ya que el mismo es un acto declarativo emitido con fundamento en la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, ordenamiento que establece las medidas y prerrogativas para los trabajadores que estén en el supuesto de obtener una pensión, por lo que si en el caso, los extremos para atender la solicitud que antecedió al decreto cuestionado quedaron cumplidos con base en ese ordenamiento, es evidente que el acto impugnado no viola la libre administración hacendaria.

d) Sobre tal punto, se aclara que las partidas del presupuesto de egresos municipal para el pago de las prestaciones de seguridad social no pueden ser concebidas en el ámbito de la libre administración hacendaria previsto en el artículo 115, fracción IV, de la Constitución Federal, si se toma en cuenta que son destinadas para cubrir una obligación dineraria impuesta en la fracción VIII del mismo precepto, en relación con el diverso 123 del propio Texto Constitucional.

e) Así, afirmaron que los Municipios tienen autonomía para determinar la aplicación de los recursos públicos, pero también deben observar las normas constitucionales y federales relativas, así como las que expidan las Legislaturas Locales concernientes a la administración pública municipal. En tal virtud, se alude que es innegable que el marco legal establecido en la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos para el otorgamiento de las pensiones cuestionadas no vulnera la libre administración del Municipio, porque dicha prestación está a su cargo por mandato expreso de la Constitución Federal.

f) Si se aceptara, por ejemplo, que los Municipios puedan dejar de pagar las contribuciones que fijara el Congreso bajo pretexto de que se afecta su libre administración hacendaria, se tornarían en unidades políticas independientes regidas por sus propios principios y convicciones, sin apego a ningún marco legal o constitucional.

g) La Ley del Servicio Civil del Estado se expidió con fundamento y base en el artículo 115, fracción VIII, constitucional, el cual faculta a las Legislaturas Locales a regular las relaciones laborales suscitadas entre los trabajadores al servicio del Estado como entre los Municipios y sus trabajadores.

h) En esa tónica, argumentaron que el artículo 57, último párrafo, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, por sí solo no trasciende a la libre administración hacendaria municipal, si se toma en cuenta que únicamente señala la fecha en que podrá expedirse el decreto que otorga a los beneficiarios de un trabajador su pensión correspondiente.

i)Finalmente, señalaron que el decreto y normas impugnadas se encuentran apegadas al orden constitucional, pues si bien es cierto involucran al Ayuntamiento del Municipio de Jojutla, Estado de Morelos, ello no vulnera de manera alguna su libertad de administración hacendaria al estar obligados conforme al artículo 20 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado, a contemplar y autorizar las partidas necesarias y suficientes para cubrir el pago de obligaciones a su cargo, como lo son las pensiones.

12. Referencia a la opinión del procurador general de la República. El procurador general de la República se abstuvo de formular pedimento o alegato alguno, según se desprende de las constancias del expediente y del acuerdo emitido en la audiencia de ofrecimiento y desahogo de pruebas y alegatos.

13. Cierre de la instrucción. Sustanciado el procedimiento en la presente controversia constitucional, el primero de abril de dos mil catorce, se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la ley reglamentaria de la materia, se tuvieron por exhibidas y admitidas las pruebas ofrecidas, por presentados los alegatos y se puso el expediente en estado de resolución.

14. Radicación. En atención a la solicitud formulada por el Ministro ponente al presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, se acordó el cinco de junio de dos mil catorce remitir el expediente a la Primera Sala de esta Suprema Corte, para su radicación y resolución, misma que se avocó a su estudio por auto de once de junio siguiente.

II. Competencia

15. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Federal; 10, fracción I y 11, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo, fracción I y tercero del Acuerdo General Número 5/2013 del Tribunal Pleno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, en virtud de que se plantea un conflicto entre el Estado de Morelos por conducto de sus Poderes Legislativo y Ejecutivo y el Municipio de Jojutla de esa entidad, en el que es innecesaria la intervención del Tribunal Pleno.

III. Fijación de la litis

16. De un análisis de la demanda, se concluye que en la presente controversia constitucional debe tenerse como normas reclamadas los artículos 1, 8, 24, fracción XV, 43, fracciones V y XIII, 45, fracciones III, IV y XV, esta última fracción en su párrafo primero e inciso c), 54, fracción VII, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 y 68 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos.

17. Cabe destacar que varios de estos artículos reclamados de la Ley del Servicio Civil han sido reformados y adicionados desde la publicación de tal ordenamiento legal el seis de septiembre de dos mil; entre estas modificaciones destacan las de los artículos 8, 43 (se reformó su primer párrafo y se adicionó un último párrafo) y 45 (en su fracción XIV), modificados el veintiséis de diciembre de dos mil doce, y los numerales 58 (se adicionó un último párrafo), 59 (se adicionó un último párrafo) y 66 (en su primer párrafo), reformados el dieciséis de enero de dos mil trece.

18. Ahora bien, los citados artículos se impugnaron por el Municipio actor por virtud de supuestamente ser su primer acto de aplicación consistente en el Decreto Novecientos Cincuenta, publicado el veintitrés de octubre de dos mil trece en el número cinco mil ciento treinta y dos del Periódico Oficial del Estado "Tierra y Libertad", mediante el cual el Congreso Local concedió a Pablo Martínez Amaro una pensión por jubilación pagadera por el Municipio actor.

19. Asimismo, debe destacarse que el decreto se reclamó a su vez por vicios propios de constitucionalidad. A continuación, se transcribirá el texto del acto objetado (negritas nuestras):

Decreto Novecientos Cincuenta

"Al margen izquierdo un Escudo del Estado de Morelos que dice: ‘Tierra y Libertad’. La tierra volverá a quienes trabajan con sus manos. Poder Legislativo. LII Legislatura. 2012-2015.

"GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, A SUS HABITANTES SABED:

"Que el H. Congreso del Estado se ha servido enviarme para su promulgación lo siguiente:

"LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN II, DEL ARTÍCULO 40, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES:

"Considerandos:

"I. En fecha 09 de julio del 2013, el C. Pablo Martínez Amaro, por su propio derecho, presentó ante este Congreso, solicitud de pensión por jubilación de conformidad con la hipótesis contemplada en el artículo 58, fracción I, inciso f), de la Ley del Servicio Civil del Estado, acompañando a su petición la documentación exigida por el artículo 57, apartado A), fracciones I, II y III, del marco legal antes mencionado, consistentes en: Acta de nacimiento, hoja de servicios y carta de certificación de salario expedidas por el H. Ayuntamiento de Jojutla Morelos.

"II. Que al tenor del artículo 56, de la Ley del Servicio Civil vigente en la entidad, la pensión por jubilación se generará a partir de la fecha en que entre en vigencia el decreto respectivo. Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la vigencia del decreto cesarán los efectos de su nombramiento. El trabajador que se hubiere separado justificada o injustificadamente de su fuente de empleo, antes de la fecha de vigencia del decreto que la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del siguiente día de su separación. Y de conformidad con el artículo 58, del mismo ordenamiento, la pensión por jubilación, se otorga al trabajador que conforme a su antigüedad se ubique en el supuesto correspondiente.

"III. Del análisis practicado a la documentación antes relacionada y una vez realizado el procedimiento de investigación que establece el artículo 67, de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad del C. Pablo Martínez Amaro, por lo que se acreditan a la fecha de su solicitud 25 años, 09 días, de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado sus servicios en el H. Ayuntamiento de Jojutla, Morelos, desempeñando el cargo de: chofer, adscrito al Departamento de Servicio de Limpia, del 01 de junio de 1988, al 10 de junio del 2013, fecha en la que fue expedida la constancia de referencia. De lo anterior se desprende que la jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción I, inciso f), del cuerpo normativo antes aludido, por lo que al quedar colmados los requisitos de la ley, lo conducente es conceder al trabajador en referencia el beneficio solicitado.

"Por lo anteriormente expuesto, esta legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente:

""DECRETO NÚMERO NOVECIENTOS CINCUENTA.

"‘Artículo 1o. Se concede pensión por jubilación al C. Pablo Martínez Amaro, quien ha prestado sus servicios en el H. Ayuntamiento de Jojutla, Morelos, desempeñando como último cargo el de: chofer, adscrito al Departamento de Servicios de Limpia.’

"‘Artículo 2o. La pensión decretada deberá cubrirse al 75% del último salario del solicitante, a partir del día siguiente a aquél en que el trabajador se separe de sus labores y será cubierta por el H. Ayuntamiento de Jojutla, Morelos. Dependencia que deberá realizar el pago en forma mensual, con cargo a la partida presupuestal destinada para pensiones, cumpliendo con lo que disponen los artículos 55, 56 y 58, de la Ley del Servicio Civil del Estado.’

"‘Artículo 3o. El monto de la pensión se calculará tomando como base el último salario percibido por el trabajador, incrementándose la cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al salario mínimo general del área correspondiente al Estado de Morelos, integrándose la misma por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la misma ley.’

"TRANSITORIOS

"‘ARTÍCULO PRIMERO. Remítase el presente decreto al titular del Poder Ejecutivo del Estado, para su promulgación y publicación respectiva de conformidad con los artículos 44 y 70, fracción XVII, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.

"‘ARTÍCULO SEGUNDO. El presente decreto, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial «Tierra y Libertad», órgano de difusión del Gobierno del Estado de Morelos.’

"‘Recinto Legislativo a los dieciséis días del mes de octubre de dos mil trece.

"‘Atentamente. «Sufragio efectivo. No reelección». Los CC. Diputados integrantes de la Mesa Directiva del Congreso de Estado. Dip. Juan Ángel Flores Bustamante. Presidente. Dip. Erika Hernández Gordillo. Secretaria. Dip. Antonio Rodríguez Rodríguez. Secretario. Rúbricas.’

"Por tanto, mando

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25278-4b914656/controversia-constitucional-debe-sobreseerse-en-el-juicio-respecto · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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