Corpus
Modo: Corpus Pro

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO RESPECTO DE NORMAS GENERALES CUYA CONSTITUCIONALIDAD NO SE RECLAME CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN Y LA IMPUGNACIÓN RESULTE EXTEMPORÁNEA EN RAZÓN DE LA FECHA DE SU PUBLICACIÓN, AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 19, FRACCIÓN VII, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. LIBRE ADMINISTRACIÓN HACENDARIA Y AUTONOMÍA DE LOS AYUNTAMIENTOS EN LA GESTIÓN DE SUS RECURSOS. EL DECRETO NÚMERO CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO, PUBLICADO EL 24 DE ABRIL DE 2013 EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE MORELOS, MEDIANTE EL CUAL EL PODER LEGISLATIVO LOCAL DETERMINÓ OTORGAR PENSIÓN POR CESANTÍA EN EDAD AVANZADA CON CARGO AL GASTO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA, A UN EMPLEADO DE ESE AYUNTAMIENTO, VIOLA EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 77/2013. · Registro digital (IUS): 24923
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2014-03-14
Promovente: MUNICIPIO DE CUERNAVACA, ESTADO DE MORELOS.
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 4, Marzo de 2014, Tomo I, Pág. 1118.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 77/2013. MUNICIPIO DE CUERNAVACA, ESTADO DE MORELOS. 27 DE NOVIEMBRE DE 2013. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS LUIS MARÍA AGUILAR MORALES, ALBERTO PÉREZ DAYÁN, MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS Y SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ; MARGARITA BEATRI LUNA RAMOS VOTÓ EN CONTRA DE CONSIDERACIONES. DISIDENTE Y PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. SECRETARIO: JUAN PABLO GÓMEZ FIERRO.

México, Distrito Federal. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día veintisiete de noviembre de dos mil trece.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO.-Por escrito presentado el quince de mayo de dos mil trece en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, **********, en su carácter de síndico municipal del Ayuntamiento Constitucional de Cuernavaca, Morelos, promovió controversia constitucional en contra del Congreso; de la Comisión de Trabajo, Previsión Social y Fomento Cooperativo del Congreso; de la Mesa Directiva del Congreso y del Gobernador Constitucional, todos del Estado de Morelos, por los actos que a continuación se señalan:

"1. De la Comisión de Trabajo, Previsión Social y Fomento Cooperativo del Congreso del Estado de Morelos. Reclamo la invalidez del proyecto del decreto condenatorio de fecha 23 de abril de 2013, que presentó a los integrantes de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos mediante el cual, la autoridad señalada anteriormente determina someterlo a discusión a efecto de que se apruebe: A) Conceder pensión por cesantía en edad avanzada al C. **********, quien se desempeña como coordinador general en la presidencia del H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos.-B) La pensión decretada deberá cubrirse al 75% del último salario del solicitante, de conformidad con el inciso f) del artículo 59 de la Ley del Servicio Civil del Estado y será cubierta a partir del día siguiente a aquel en que el trabajador se separe de sus labores por el H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, dependencia que realizará el pago en forma mensual con cargo a la partida destinada para pensiones.-C) La pensión concedida deberá incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual al salario mínimo general del área correspondiente al Estado de Morelos, integrándose por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de conformidad con lo establecido por el artículo 66 de la Ley del servicio Civil del Estado (sic).-2. De la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos. Reclamo la invalidez de la aprobación del Decreto condenatorio Número Cuatrocientos Ochenta y Cinco de fecha veintitrés de abril de dos mil trece; publicado en el Periódico Oficial ‘Tierra y Libertad’; del Gobierno del Estado, número 5085, con fecha 24 de abril del 2013; así como todos sus efectos y consecuencias en tanto que ocasionarán a mi representada y le ocasionarán perjuicios constitucionales irreparables como se describe en el escrito de esta demanda ... (sic).-3. Del H. Congreso del Estado de Morelos. Reclamo la invalidez de; la expedición del Decreto condenatorio sin previa audiencia Número Cuatrocientos Ochenta y Cinco de fecha veintitrés de abril de dos mil trece; publicado en el Periódico Oficial ‘Tierra y Libertad’; del Gobierno del Estado, Número 5085 con fecha 24 de abril del 2013; así como todos sus efectos y consecuencias en tanto que ocasionarán a mi representada y le ocasionarán perjuicios constitucionales irreparables como se describe en el escrito de esta demanda ... (sic).-4. Del Gobernador Constitucional del Estado de Morelos reclamo la expedición del Decreto condenatorio sin previa audiencia Número Cuatrocientos Ochenta y Cinco de fecha veintitrés de abril de dos mil trece; publicado en el Periódico Oficial ‘Tierra y Libertad’; del Gobierno del Estado, Número 5085 con fecha 24 de abril del 2013; así como todos sus efectos y consecuencias en tanto que ocasionarán a mi representada y le ocasionarán perjuicios constitucionales irreparables como se describe en el escrito de esta demanda ... (sic) ..."

SEGUNDO.-Como antecedentes de los actos cuya invalidez se reclama, el Municipio actor narró los siguientes:

"Primero. Con fecha 25 de noviembre de 2011, el C. ********** ingresó a prestar sus servicios para mi representada en su carácter de coordinador general en presidencia, desempeñando sus servicios hasta el día 01 de enero del 2013, fecha en la cual fue expedida la constancia de trabajo; Segundo. Es el caso de que con fecha 26 de abril del 2013, se presentó ante mi representada el C. **********, a efecto de hacer de nuestro conocimiento que mediante Decreto Número Cuatrocientos Ochenta y Cinco de fecha veintitrés de abril del dos mil trece, publicado en el Periódico Oficial ‘Tierra y Libertad’; del Gobierno del Estado, Número 5085 con fecha 24 de abril del 2013, se había dictado resolución en contra de mi representada en donde condenaba a ésta a: A) Determina en su (sic) conceder pensión por cesantía en edad avanzada al C. **********, quien desempeña como coordinador general en presidencia. B) La pensión decretada deberá cubrirse al 75% del último salario del solicitante, de conformidad con el inciso f) del artículo 59 de la Ley del Servicio Civil del Estado y será cubierta a partir del día siguiente a aquel en que el trabajador se separe de sus labores por el H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, dependencia que realizará el pago en forma mensual con cargo a la partida destinada para pensiones. C) La pensión concedida deberá incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual al salario mínimo general del área correspondiente al Estado de Morelos, integrándose por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de conformidad con lo establecido por el artículo 66 de la Ley del Servicio Civil del Estado. Situación que se acredita en términos de «la» copia simple del decreto señalado anteriormente en donde consta la firma autógrafa, del acuse de recibo correspondiente; Tercero. En el escrito de fecha 26 de abril de dos mil trece solicita a mi representada se dé cumplimiento al decreto en los términos que establece mediante el pago de la pensión con efectos a partir del primero de enero de 2013, decreto que se transcribe a continuación: (se transcribe) ..."

TERCERO.-La parte actora señaló como preceptos violados los artículos 14, 16, 17, 115, 116 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

CUARTO.-Los conceptos de invalidez que hace valer el Municipio actor son, en síntesis, los siguientes:

a) El decreto impugnado viola la autonomía municipal, pues compromete el patrimonio del Municipio, sin haber sido éste oído y vencido en un procedimiento previo en el que se hubiesen cumplido las formalidades esenciales relacionadas con el derecho de audiencia y defensa, el cual hubiese permitido al actor conocer el expediente, ofrecer y desahogar pruebas y alegar en su favor, a fin de advertir los elementos que pudiesen motivar una afectación en su hacienda.

De conformidad con el artículo 106, fracción IV, del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Morelos, los dictámenes emitidos por la Comisión de Trabajo, Previsión Social y Fomento Cooperativo deben contener el análisis de las observaciones formuladas por los Ayuntamientos, lo cual no aconteció en la especie, pues la referida comisión presentó al Pleno del Congreso el dictamen respectivo para su aprobación, sin haber dado intervención al Municipio actor durante el procedimiento.

b) El artículo 57, último párrafo, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, establece que el Congreso Local deberá expedir el decreto de pensión correspondiente a partir de la fecha en que tenga por recibida la documentación necesaria para su tramitación, lo cual es inconstitucional, pues, además de ser esto competencia exclusiva del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, implica una intromisión del Poder Legislativo del Estado en la autonomía que tiene el Municipio para gobernarse y definir el destino de sus recursos, lo cual, acarrea graves perjuicios al actor, al desequilibrar presupuestos que sólo a éste compete administrar.

El Congreso del Estado se arroga facultades de resolutor laboral, en contravención a lo dispuesto por los artículos 116 y 123 de la Constitución Federal que, respectivamente, facultan a las Legislaturas Locales para expedir leyes que regulen las relaciones entre el Estado y los Municipios y sus trabajadores y, determinan las autoridades encargadas de la impartición de justicia en materia laboral, razón por la cual, el decreto impugnado vulnera, asimismo, los artículos 14 y 16 constitucionales, al carecer de la debida fundamentación y motivación.

c) El artículo 57, último párrafo, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, transgrede lo dispuesto por el artículo 113 de la Constitución Estatal, pues otorga al Congreso Local una atribución que lesiona, no sólo la hacienda municipal, sino también la autonomía de gestión en el manejo de recursos por parte del Municipio, al prever que la legislatura determinará los casos en que proceda otorgar pensión a un trabajador municipal, así como la cuantía a que ésta ascenderá, al grado de afectar el patrimonio municipal para el pago de la misma.

Esta forma de proceder que autoriza la norma impugnada, se aparta del principio de libre administración hacendaria municipal, que consagra el artículo 115 de la Constitución Federal, pues no se explica por qué si los trabajadores mantuvieron la relación de trabajo con el Municipio, corresponde a una autoridad ajena, como el Congreso Local, verificar que se cumpla con todos los requisitos exigidos para que el trabajador municipal se vea beneficiado con alguna de las diferentes pensiones que establece la ley, con cargo a la hacienda pública del Municipio, el cual deberá modificar sus previsiones presupuestales, no obstante que la Constitución dispone que sólo a éste compete graduar el destino de sus recursos, conforme lo estime conveniente y sin injerencia de alguna otra autoridad, salvo en el caso de los recursos federales que se le asignen y que previamente hayan sido etiquetados para un fin específico.

De esta forma el artículo 57, último párrafo, impugnado, resulta contrario al artículo 115 constitucional, pues autoriza que el Congreso Estatal determine las pensiones que deben recibir los trabajadores municipales, imponiendo al Municipio la carga de erogar recursos de su hacienda a fin de solventar tales obligaciones, lo cual, constituye una forma de disposición y aplicación de los recursos municipales, sin intervención del Ayuntamiento.

En términos similares se pronunció el Tribunal Pleno de esa Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver las controversias constitucionales 55/2005, 89/2008, 90/2008, 91/2008 y 92/2008.

QUINTO.-Por acuerdo de quince de mayo de dos mil trece, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ordenó formar y registrar el expediente relativo a la controversia constitucional 77/2013 y, por razón de turno, se designó al Ministro José Fernando Franco González Salas como instructor del procedimiento.

Mediante proveído de diecisiete de mayo de dos mil trece, el Ministro instructor admitió la demanda de controversia constitucional, tuvo como demandados a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Morelos, y no así, a la Mesa Directiva ni a la Comisión de Trabajo, Previsión Social y Fomento Cooperativo, ambos del Congreso de Morelos; asimismo, ordenó emplazar a los poderes demandados para que formularan su contestación, así como formar el cuaderno relativo con motivo del incidente de suspensión solicitado por la parte actora.(1)

SEXTO.-Contestación a la demanda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. Mediante escrito de uno de julio de dos mil trece, recibido el ocho de julio siguiente, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, a través de su consejero jurídico y representante legal, dio contestación a la demanda, señalando en síntesis lo siguiente:

a) Se actualizan las causales de improcedencia previstas en las fracciones III y VII del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que el Municipio actor debió haber ampliado la demanda en la controversia constitucional 76/2013 y no haber promovido la diversa 77/2013.

b) Se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción VII del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, al impugnarse de manera extemporánea la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos.

Por su parte, el decreto que se combate se funda en normas generales aplicadas con anterioridad al Municipio actor, no siendo posible desvincularlo de las mismas, a efecto de analizarlo de forma abstracta.

c) Se opone la falta de legitimación ad causam del Municipio actor, al no ser titular del derecho que pretende hacer valer mediante la presente controversia constitucional. Correlativamente, se opone la falta de legitimación pasiva del Poder Ejecutivo del Estado, al no haber realizado acto alguno que afecte o invada la esfera competencial del demandante.

d) El Municipio actor atribuye únicamente al Poder Ejecutivo del Estado, la promulgación y publicación del decreto que impugna. Al respecto, debe señalarse que tales actos se realizaron de conformidad con lo dispuesto por el artículo 70, fracción XVII, de la Constitución Estatal, además de que el demandante no los combate por vicios propios.

e) Deben declararse inatendibles e inoperantes, de modo general, los conceptos de invalidez formulados por el actor, pues lo expuesto en su demanda resulta ambiguo y superficial y, se concreta en descalificaciones aisladas, dado que no plantea razonamiento alguno que pueda ser analizado o del que se desprenda, al menos, la causa de pedir, al no referirse al fundamento, argumentos o razones decisorias o al porqué de su reclamo.

f) En todo caso, resulta infundado lo alegado por el actor, en cuanto a la vulneración de su hacienda y la libre administración de ésta, pues, en términos del último párrafo del artículo 115 de la Constitución Federal, se ha dispuesto en la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, que sea el Congreso Local el facultado para emitir los decretos de pensión de los servidores públicos.

Todos los Municipios prevén en sus presupuestos de egresos el rubro de pensiones, por lo que los decretos de pensión únicamente constituyen actos declarativos que emite la Legislatura Estatal conforme al derecho de los trabajadores a la seguridad social y, de acuerdo con las hipótesis y porcentajes respectivos, enmarcados dentro de los principios de libertad de configuración de los Estados, división de poderes y hacienda municipal, que rigen en un Estado social de derecho.

La Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos establece prerrogativas para los trabajadores en el desempeño de su labor como servidores públicos, entre las que se encuentran la jubilación y los seguros de invalidez, vejez, vida, cesación involuntaria del trabajo, enfermedades y accidentes, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 123, apartados A, fracción XXIX y B de la Constitución Federal.

Por su parte, el decreto impugnado no resulta en sí mismo inconstitucional, dado que las partidas del presupuesto de egresos municipal para el pago de las prestaciones de seguridad social, no pueden considerarse dentro del ámbito de la libre administración hacendaria, previsto en el artículo 115, fracción IV, constitucional, al tener que destinarse a cubrir una obligación impuesta en la fracción VIII del propio precepto, en relación con el diverso 123 de la Norma Fundamental.

En efecto, la libre administración hacendaria permite a los Municipios integrar sus presupuestos de egresos y decidir el destino que tendrán los ingresos disponibles provenientes de las fuentes enumeradas en la fracción IV del citado artículo 115; sin embargo, en aquellos casos en que la Constitución imponga el pago de una obligación dineraria, no podrá operar a plenitud dicha libertad en el manejo y aplicación de recursos, porque no pueden dejar de cumplirla.

En este sentido, puede afirmarse que la hacienda municipal se compone de un sinnúmero de ingresos provenientes de distintas fuentes, pero sólo quedan comprendidos dentro de la libertad de elección en su destino y aplicación, los que deriven de actividades públicas y privadas desarrolladas por los Municipios, así como los que se incluyan en esa categoría de libre administración hacendaria -participaciones-, pues existen ciertos ingresos que, aunque forman parte de la hacienda municipal, tienen una aplicación específica que los Ayuntamientos no pueden variar, porque no se integran a la autonomía en el gasto público -aportaciones- y otros que, aun integrándose a esta autonomía, ven limitada su libre aplicación, al tener que destinarse al cumplimiento de una obligación pecuniaria establecida por la Constitución Federal -pago de contribuciones, de deuda o de prestaciones laborales y de seguridad social-, debiendo constituir una partida especial en sus presupuestos para cubrir estas obligaciones, por encima de los programas que pretendieran llevar a cabo con tales ingresos.

Al respecto, debe señalarse que a las Legislaturas Locales se les facultó para regular las relaciones laborales de los Estados y los Municipios con sus trabajadores, observando los lineamientos establecidos en el artículo 123 constitucional, entre ellos, la protección al salario [fracciones VI, VIII, X y XXVII, incisos b) y f) del apartado A y correlativos del apartado B] y la seguridad social (fracción XXIX del apartado A y fracción XI del apartado B) que, como se ha señalado, comprende la jubilación y los seguros de invalidez, vejez y muerte.

De este modo, el marco establecido en la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos para el otorgamiento de la pensión por cesantía en edad avanzada, no vulnera la libertad de administración hacendaria del Municipio actor, pues a dicha prestación económica está obligado, por disposición expresa de la Constitución Federal, debiendo cubrirla por sí o por medio de la institución respectiva, a través de las aportaciones de seguridad social que se contemplen en la partida presupuestal correspondiente.

Aunado a lo anterior, los artículos 56 y 57 de la citada ley, sólo prevén que el Congreso Local será el órgano facultado para otorgar la pensión y la fecha en que deberá expedirse el decreto respectivo, por lo que, por sí solos, no trascienden al ámbito de la libre administración hacendaria municipal; resultando aplicables las consideraciones sostenidas en la sentencia dictada en la controversia constitucional 80/2011, en las que se reconoció que el referido órgano legislativo es el competente para determinar las prestaciones sociales en la entidad.

g) Así también, resulta infundado lo alegado por el actor, en cuanto a la vulneración de su hacienda y la libre administración de ésta, pues ni la norma ni el acto impugnado contemplan alguna exención respecto de las contribuciones que le corresponden, por lo que, en modo alguno, se afecta su facultad para recaudar recursos y administrarlos libremente.

Conforme a lo dispuesto por los artículos 115 de la Constitución Política y 20 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, ambas del Estado de Morelos, los Ayuntamientos en sus respectivos presupuestos de egresos, deben contemplar las partidas necesarias para el pago de las obligaciones que tienen a su cargo, lo cual no vulnera el libre manejo de la hacienda municipal, pues el artículo 115, fracción VIII, párrafo segundo, de la Constitución Federal, establece que los Municipios deberán regir las relaciones laborales con sus trabajadores, en términos de las leyes que expidan las Legislaturas Locales, con apoyo en lo previsto por el artículo 123 de la propia Constitución y sus disposiciones reglamentarias.

De esta forma, la libertad de administración de la hacienda municipal no es ilimitada o absoluta, pues su ejercicio debe ajustarse a lo dispuesto por la Constitución y las leyes; resultando aplicable a este respecto, la tesis P. LXXXIII/99, de rubro: "MUNICIPIOS. EL ARTÍCULO 9o. DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTADO, MUNICIPIOS E INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE BAJA CALIFORNIA, NO TRANSGREDE LA LIBRE ADMINISTRACIÓN HACENDARIA DE AQUÉLLOS."

Finalmente, resulta incorrecto lo expuesto por el Municipio actor respecto de la seguridad social, pues el artículo 123, apartado B, fracción XI, de la Constitución Federal, sólo establece las bases conforme a las cuales ésta debe organizarse, mas no determina formas, procedimientos o modalidades para tal objetivo, ya que deja que las leyes secundarias sean las que regulen estas cuestiones, de ahí que la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos se encuentre apegada a lo dispuesto por el citado artículo.

SÉPTIMO.-Contestación a la demanda del Poder Legislativo del Estado de Morelos. Mediante escrito de ocho de julio de dos mil trece, recibido el once de julio siguiente, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, el Poder Legislativo del Estado de Morelos, a través del presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos, dio contestación a la demanda, manifestando esencialmente lo siguiente:

a) Se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción VIII del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, al no contar el actor con interés legítimo para promover la presente controversia.

Con la expedición del decreto impugnado, el Congreso del Estado no pretende, en modo alguno, ejercer de manera directa los recursos que integran la hacienda municipal. Los artículos 123, apartado B, de la Constitución Federal, 40, fracción XX, de la Constitución Local; y, 54, fracción VII y 56 a 68 de la Ley del Servicio Civil Estatal, lo facultan para expedir los decretos que otorguen a los trabajadores del Gobierno y los Municipios del Estado, pensiones por cesantía en edad avanzada, jubilación, viudez, orfandad, etcétera, por lo que, en ningún momento, invade la esfera competencial del actor, prevista en el artículo 115, fracción IV, de la propia Constitución Federal.

Es obligación de los Municipios prever una partida en sus presupuestos para el pago de pensiones, por lo que el actor no puede válidamente aducir que, dada su autonomía, a él corresponde decidir si contempla o no dicha partida. El artículo 123 de la Constitución Federal establece los derechos de los trabajadores y las obligaciones de los patrones; específicamente, en su apartado B y, en relación con el artículo 127 del propio ordenamiento, aquellos relacionados con los trabajadores al servicio del Estado, dejando en claro la forma como habrán de determinarse, entre otros, las pensiones.

De este modo, el Municipio actor no puede, so pretexto de su autonomía, excluirse de la responsabilidad que, como patrón laboral y en materia de seguridad social, tiene respecto de sus trabajadores.

b) Se actualiza asimismo, la causal de improcedencia antes referida, al no ser la controversia constitucional la vía idónea para combatir el decreto impugnado, ya que éste fue emitido por el Congreso del Estado, en ejercicio de una función meramente administrativa y conforme a las facultades que le confiere la Ley del Servicio Civil Estatal, por lo que someter a revisión constitucional este tipo de conflictos, haría de la controversia un recurso para dirimir cuestiones relacionadas con derechos de los trabajadores en materia de seguridad social, que deben ser resueltas a través de los medios de defensa previstos en las leyes procesales respectivas.

c) El decreto impugnado fue emitido conforme a lo dispuesto por la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, la cual establece, en sus artículos 43, 45, 54, 55, 56, 57, 58, 65 y 66, el procedimiento para que los trabajadores al servicio de los Poderes del Estado y los Municipios puedan obtener su pensión, la naturaleza jurídica de los derechos adquiridos por dichos trabajadores y los sujetos obligados al cumplimiento de prestaciones sociales.

En el caso, el peticionario cumplió con todos los requisitos establecidos en la ley, tal como se desprende del expediente formado con motivo del decreto impugnado, por lo que no existía motivo para que el Congreso Local se negara a emitirlo, al encontrarse, no sólo facultado, sino obligado a hacerlo, en términos de los artículos 40 de la Constitución Política y 57 de la Ley del Servicio Civil, ambas del Estado de Morelos.

El Municipio actor no precisa qué parte del decreto carece de validez y, no combate, en modo alguno, su parte considerativa, razón por la cual, es improcedente la reclamación planteada por el demandante.

Al efecto, se reiteran los argumentos expuestos por el Poder Ejecutivo del Estado en su contestación a la demanda, resumidos a partir del último párrafo de la foja siete y hasta el último párrafo, primera parte, de la foja nueve de esta sentencia.

De la lectura del artículo segundo del decreto impugnado, se advierte que el Congreso Estatal hizo uso de la facultad que le otorga el artículo 56 de la Ley del Servicio Civil, aunque pudo omitir referirse a los demás aspectos destacados en este precepto, pues, conforme al artículo 45, fracción XV, de dicha ley, los Municipios deben cubrir las aportaciones que fijen las leyes correspondientes, entre otras, para el pago de pensiones, por lo que deben incluir en sus presupuestos de egresos una partida destinada a este concepto.

De esta forma, el Congreso del Estado no ordena la creación de esta partida, sino que los Ayuntamientos, en su calidad de patrones, deben contemplarla, al elaborar sus presupuestos de egresos, de acuerdo con el artículo 115, fracción IV, penúltimo párrafo, de la Constitución Federal, para garantizar el esquema de prestaciones de seguridad social que se establece en el artículo 123 de la propia Constitución.

OCTAVO.-Sustanciado el procedimiento en la presente controversia constitucional, el uno de octubre de dos mil trece, se llevó a cabo la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la que, con fundamento en los artículos 10, 11, párrafos primero y segundo, 31 y 32, párrafo primero, de la citada ley reglamentaria, se tuvieron por admitidas las pruebas ofrecidas por las partes y, una vez cerrado el periodo de ofrecimiento y admisión de pruebas, se puso el expediente en estado de resolución.

NOVENO.-Previo dictamen del Ministro instructor, el presidente de la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Nación, determinó que ésta se avocara al conocimiento del presente asunto; y,

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(2) 1o. de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II de dicho precepto,(3) 10, fracción I,(4) y 11, fracción V,(5) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo, fracción I,(6) y tercero,(7) del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, por tratarse de un conflicto entre el Municipio de Cuernavaca, Estado de Morelos y los Poderes Legislativo y Ejecutivo de dicho Estado, en el que se impugnan actos y normas generales, pero respecto de estas últimas se sobresee.

SEGUNDO.-Previamente a analizar los aspectos procesales de oportunidad y legitimación, es necesario fijar de manera precisa los actos cuya invalidez demanda el Municipio actor, de conformidad con la jurisprudencia P./J. 98/2009, sustentada por el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. REGLAS A LAS QUE DEBE ATENDER LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PARA LA FIJACIÓN DE LA NORMA GENERAL O ACTO CUYA INVALIDEZ SE DEMANDA EN EL DICTADO DE LA SENTENCIA."(8)

De acuerdo con la citada jurisprudencia, para fijar los actos o normas impugnados en una controversia constitucional, este Alto Tribunal debe armonizar los datos de la demanda con la totalidad de la información que se desprenda de las constancias de autos, de manera que se advierta la intención del promovente y se resuelva la litis constitucional efectivamente planteada.

Así, en el resultando primero de esta ejecutoria se transcribieron los actos impugnados por el Municipio en su escrito de demanda, del que se desprende que el acto efectivamente impugnado consiste en el Decreto Número 485, mediante el cual se concedió pensión por cesantía en edad avanzada a **********; decreto que fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de Morelos el veinticuatro «de abril» de dos mil trece.

Asimismo, del análisis integral de la demanda, se desprende que el Municipio actor plantea la inconstitucionalidad del artículo 57, último párrafo, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, por contravenir el artículo 115, fracción IV, constitucional; en virtud de que el decreto reclamado constituye su primer acto de aplicación.

En consecuencia, el acto y norma general impugnados en esta controversia constitucional, son el Decreto Número 485, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Morelos de veinticuatro de abril de dos mil trece y el artículo 57, último párrafo, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos.

TERCERO.-Procede analizar si la demanda de controv

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24923-326a8c39/controversia-constitucional-debe-sobreseerse-en-el-juicio-respecto · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.