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Modo: Corpus Pro

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DEBE SOBRESEERSE RESPECTO DE NORMAS GENERALES CUYA CONSTITUCIONALIDAD NO SE RECLAME CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN Y LA IMPUGNACIÓN RESULTE EXTEMPORÁNEA POR LA FECHA DE SU PUBLICACIÓN, CONFORME AL ARTÍCULO 19, FRACCIÓN VII, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. LIBRE ADMINISTRACIÓN HACENDARIA Y AUTONOMÍA DE LOS AYUNTAMIENTOS EN LA GESTIÓN DE RECURSOS. EL DECRETO NÚMERO OCHENTA Y CINCO, PUBLICADO EL 5 DE DICIEMBRE DE 2012 EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE MORELOS, MEDIANTE EL CUAL EL PODER LEGISLATIVO LOCAL DETERMINA OTORGAR PENSIÓN POR CESANTÍA EN EDAD AVANZADA CON CARGO AL GASTO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE YAUTEPEC, A UN EMPLEADO DE ESE AYUNTAMIENTO, VIOLA EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 4/2013. · Registro digital (IUS): 24627
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: MUNICIPIO DE YAUTEPEC, ESTADO DE MORELOS.
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIV, Septiembre de 2013, Tomo 3, Pág. 1975.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 4/2013. MUNICIPIO DE YAUTEPEC, ESTADO DE MORELOS. 26 DE JUNIO DE 2013. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS. DISIDENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. PONENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIAS: GUADALUPE DE LA PAZ VARELA DOMÍNGUEZ Y KATYA CISNEROS GONZÁLEZ.

México, Distrito Federal. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día veintiséis de junio de dos mil trece.

VISTOS Y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Demanda. Por escrito presentado el veinticuatro de enero de dos mil trece, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Raymundo Brito Salgado, en su carácter de síndico del Municipio de Yautepec, Estado de Morelos, promovió controversia constitucional en contra de los Poderes Ejecutivo y Legislativo de dicha entidad federativa, en la que impugnó el Decreto Número Ochenta y Cinco, publicado en el Periódico Oficial Tierra y Libertad, Número "5048", de fecha cinco de diciembre de dos mil doce, por medio del cual se concedió pensión por cesantía en edad avanzada a **********.

SEGUNDO. Antecedentes. En la demanda se señalaron como antecedentes los siguientes:

"Primero. Con fecha tres de febrero de mil novecientos noventa y siete, el C. **********, ingresó a presentar sus servicios para el H. Ayuntamiento Constitucional de Yautepec, Morelos, con la categoría de **********.

"Segundo. Mediante exhibición de la copia simple del Periódico Oficial ‘Tierra y Libertad’, que publica el Gobierno del Estado de Morelos, presentada ante la Oficialía Mayor del Ayuntamiento de Yautepec, Morelos, de fecha once de diciembre del año dos mil doce, por el C. **********, por medio del cual hace del conocimiento de esta entidad que represento, que había obtenido su pensión por cesantía en edad avanzada, mediante Decreto Número 85 de fecha cinco de diciembre del año dos mil doce, publicado en el Periódico Oficial ‘Tierra y Libertad’, del Gobierno del Estado, Número 5048, se había dictado resolución en contra del H. Ayuntamiento constitucional de Yautepec, Morelos, en donde condena a éste a:

"Decreto Número Ochenta y Cinco

"‘Artículo 1.’ (se transcribe)

"‘Artículo 2.’ (se transcribe)

"‘Artículo 3.’ (se transcribe)

"Situación que se acredita en términos de la copia simple del decreto señalado anteriormente, y que se exhibe como prueba documental, para justificar la fecha en que mi representado tuvo conocimiento del acto, en términos del artículo 21, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política Mexicana (sic), señalando aquéllo textualmente:

"‘Artículo 21.’ (se transcribe)

"No es óbice lo anterior, para hacer del conocimiento de su excelentísimo, que la administración municipal actual comenzó en funciones a partir del día primero de enero del año 2013, y fue hasta que se hizo la entrega recepción, de la administración municipal anterior, en que se tuvo conocimiento de la fecha en que el C. **********, presentó ante la oficina de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Yautepec, con fecha once de diciembre del año dos mil doce, del decreto ya citado."

TERCERO. Preceptos constitucionales que se estiman violados y conceptos de invalidez. La parte actora señaló como preceptos violados los artículos 14, 16, 17, 115, fracciones I, II y IV, y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y expuso los conceptos de invalidez que enseguida se transcriben:

"VII. Conceptos de invalidez. Primero. Es indudable que se violentan normas que garantizan la seguridad y legalidad jurídica tutelados por la Constitución Política Mexicana (sic), en favor de mi representada, y que deberán invalidarse al tratarse de un decreto.

"Fuente del concepto de violación y/o invalidez. Lo constituye indudablemente el Decreto Número 85 de fecha cinco de diciembre del año dos mil doce, publicado en el Periódico Oficial ‘Tierra y Libertad’, del Gobierno del Estado, Número 5048, así como todos sus efectos y consecuencias en cuanto a que ocasionan y ocasionarán perjuicios constitucionales irreparables, a mi representada.

"Preceptos violados. Artículos 14, 16, 17, 115, fracciones I, II y IV, y 123 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, así como el título sexto, capítulo I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; artículo 59 de la Ley del Servicio Civil en el Estado de Morelos; artículo 123, fracción III, del Reglamento Interior para el Congreso del Estado de Morelos.

"Argumento del concepto de violación y/o invalidez. El acto impugnado viola en perjuicio del H. Ayuntamiento constitucional de Yautepec, Morelos, que represento, los artículos 14, 16, 17, 115, fracciones I, II y IV, y 123 de la Constitución Federal, al implicar la intromisión del Poder Legislativo del Estado en la vida interna del Ayuntamiento citado, dado que en el decreto ya referido y especificado se exige el cumplimiento y pago de la pensión por cesantía en edad avanzada a favor de ********** y que si bien es cierto, el pago de las pensiones por cesantía edad avanzada, se encuentra contemplado en el título sexto, capítulo único, de la Ley del Servicio Civil para el Estado de Morelos, se resalta a esta Superioridad que se viola en perjuicio de mi representado una invasión a su esfera competencial que le atribuye el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por la entidad demandada, Poder Legislativo del Estado de Morelos, indebidamente estableció en la Ley del Servicio Civil para el Estado de Morelos en su artículo 57, último párrafo, que: (se transcribe).

"Sin embargo, esto es competencia exclusiva del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, ya que los Municipios a través de sus órganos de gobierno que son los Ayuntamientos, gozan de plena autonomía para dirigir los destinos políticos, administrativos y patrimoniales en su circunscripción municipal, disfrutando de facultades para autogobernarse y sólo por excepción en los casos de suspensión y desaparición de Ayuntamientos y suspensión o revocación del mandato de los integrantes del Ayuntamiento, podrán intervenir las Legislaturas Estatales, por lo que si en el caso no se actualiza ninguna de las causas de excepción en el Poder Legislativo Local tiene atribuciones constitucionales para intervenir, su proceder conculca la autonomía constitucional consagrada en el artículo 115 de la Carta Magna y su actuar carece de sustento jurídico, porque ni la Constitución Federal, ni la estatal, ni alguna ley local le concede facultades para dictar un acuerdo en el sentido del ahora impugnado, arrogándose facultades de resolutor laboral en contravención también, del artículo 123 constitucional que establece a las autoridades encargadas de la impartición de justicia laboral, así como del numeral 116 de la Carta Magna, que faculta a las Legislaturas de los Estados a expedir las leyes laborales que regulen las relaciones entre el Estado y Municipios con sus trabajadores, y que sin embargo al pretender aplicar el artículo 57 de la Ley del Servicio Civil citada, se transgrede la autonomía municipal al hacer uso de facultades que no le corresponden, lo que implica también la vulneración a los numerales 14 y 16 de la Carta Magna, porque el decreto impugnado carece de fundamentación y motivación.

"Si bien es cierto, se realizaron las gestiones pertinentes ante mi representada para allegarse de los elementos por parte del Congreso para emitir los decretos, eso no significa que tuvo conocimiento mi representada en forma directa, completa y exacta, de los efectos del decreto que se impugna, que en su momento causan perjuicio a mi representada, porque no se le permitió formular observaciones al dictamen de la comisión legislativa encargada de elaborarlo; por lo que debe ser por conducto del procedimiento de dictámenes que opera en dicha institución, quien determinara la procedencia a la jubilación por antigüedad, edad avanzada o cesantía, que en su caso solicitó el C. ********** y que dicha manifestación se podría difundir hasta que se conociera, como ya se dijo, de forma exacta, directa y completa, el dictamen emitido por la Comisión Legislativa correspondiente.

"Bajo esta tesitura, es indudable que, no corresponde a la legislatura actual del Estado de Morelos decidir a quién favorece con decretarle una pensión, y cuando no es llamado el tercero en contra de quien generar la carga que le impone el pago de una suma de dinero, puesto que ésta es sustituida por organismo diverso.

"En este orden de ideas, se aprecia, que por la manera en que está diseñado el sistema de pensiones en la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, el cual no contempla la existencia de un organismo al que corresponda decidir sobre el otorgamiento de pensiones con cargo a su patrimonio propio, ni tampoco prevé que sean el IMSS o el ISSSTE los encargados de cubrir tales prestaciones, lo que la convierte en una situación inconstitucional, y en tal sentido, inclusive se podría estar ante la presencia de que el artículo 57, último párrafo, de Ley del Servicio Civil, vigente para el Estado de Morelos, deviene de inconstitucional.

"Segundo. Fuente del concepto de violación y/o invalidez. Lo constituye el Artículo 57, último párrafo, de la Ley del Servicio Civil, vigente para el Estado de Morelos. Mismo que fue aplicado en perjuicio de la entidad y/o poder que represento, al expedirse el Decreto Número 85, publicado en el periódico Oficial ‘Tierra y Libertad’ Número 5048, de fecha 5 de diciembre del año dos mil doce, que establece el pago de la pensión por cesantía en edad avanzada, a favor de **********.

"Preceptos violados. Artículos 14, 16, 17, 115, fracciones I, II y IV, y 123 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, así como el título sexto, capítulo I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; artículo 59 de la Ley del Servicio Civil en el Estado de Morelos; artículo 123, fracción III, del Reglamento Interior para el Congreso del Estado de Morelos.

"Argumento del concepto de violación y/o invalidez. Los artículos 14 y 16 constitucionales otorgan la garantía de seguridad jurídica a los gobernados. Por otra parte, el artículo 113 de la Constitución Política del Estado de Morelos establece:

"‘Artículo 113.’ (se transcribe)

"Derivado de lo anterior, se establece que de acuerdo a lo resuelto por el decreto que se ataca, los demandados violan flagrantemente la autonomía municipal al dictar un decreto que compromete el patrimonio municipal, sin que haya sido oída y vencida mi representada en un procedimiento previo y con las formalidades esenciales del procedimiento, toda vez que como se puede observar de los resolutivos que dictan los demandados resuelven indebidamente:

"Decreto Número Ochenta y Cinco

"‘Artículo 1o.’ (se transcribe)

"‘Artículo 2o.’ (se transcribe)

"‘Artículo 3o.’ (se transcribe)

"Por lo anterior, es que indebidamente se violaron las garantías consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales de mi representada al no haber sido llamada a juicio por parte de los demandados, ya que como era su obligación y en términos de lo dispuesto por el artículo 123 del Reglamento Interior del Congreso de Morelos, los proyectos de dictamen deberían contener, entre otras, (sic) el análisis de las observaciones hechas por los Ayuntamientos y los poderes ejecutivo o judicial en su caso; tal y como se aprecia del citado artículo que se transcribe textualmente:

"‘Artículo 123.’ (se transcribe)

"Sin embargo, esto no aconteció así, pues la entidad demandada Poder Legislativo, a través de la Comisión de Trabajo, Previsión Social y Fomento Cooperativo del Congreso del Estado de Morelos turnó a la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos su dictamen para su aprobación correspondiente, mismo que como se desprende del Periódico Oficial ‘Tierra y Libertad’ de fecha 05 de diciembre del 2012 Número 5048, fue aprobado dicho dictamen mediante Decreto Número Ochenta y Cinco; por lo anterior y toda vez que se violaron en perjuicio las garantías de seguridad jurídica consagradas en nuestra Carta Magna, ya que las entidades demandadas debieron otorgar a mi representada el derecho de audiencia y defensa, el cual debe considerarse como aquel en que se concede a los interesados el conocimiento del trámite, la oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas, así como la de alegar en su favor, conociendo de los elementos que pudieran motivar la afectación en su patrimonio, que como acontece en el caso concreto, al otorgarse una pensión por cesantía en edad avanzada a un particular y de acuerdo a los términos ya mencionados; pero sin audiencia de quien le afectara dicha determinación (decreto para el otorgamiento del pago de pensión), conculca gravemente las garantías consagradas en favor de mi representado.

"Se considera que son procedentes los conceptos de invalidez antes señalados, toda vez que el precepto atacado, otorga al Poder Legislativo una atribución que lesiona la hacienda municipal de mi representada y, en consecuencia, su autonomía en la gestión de sus recursos, al prever que la Legislatura Local fijará los casos en que proceda otorgar el pago de pensiones de los empleados municipales, así como la cuantía a la que deberán ascender aquéllas y con una amplitud tal, que la misma norma le permite afectar los recursos municipales para el pago de las mismas.

"Ahora bien, el artículo 1o. de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos dispone que dicha ley ‘... es de observancia general y obligatoria para el Gobierno Estatal y los Municipios del Estado de Morelos y tiene por objeto determinar los derechos y obligaciones de los trabajadores a su servicio’, lo cual permite estimar, en primer lugar, que la misma cobra aplicación tratándose de los trabajadores municipales que están en condiciones de solicitar el pago de una pensión por sus servicios prestados.

"Por otra parte, los artículos 54, fracción VII, 55 y 56 de la misma ley reafirman la obligación de los Municipios de pagar dichas pensiones en los siguientes términos:

"‘Artículo 54.’ (se transcribe)

"‘Artículo 55.’ (se transcribe)

"‘Artículo 56.’ (se transcribe)

"Esto significa, que el Congreso del Estado de Morelos sí se encuentra expresamente facultado por la ley local para determinar los casos en que proceda otorgar una pensión a los trabajadores municipales, e incluso a determinar su cuantía, como ocurrió en el caso, por cesantía en edad avanzada, conforme a la tabla prevista en el artículo 59 de la misma ley que prevé:

"‘Artículo 59.’ (se transcribe)

"Por su parte, el artículo 115, fracción IV, párrafos primero, penúltimo y último, y VIII, párrafo segundo, y el artículo 123, Apartado B, fracción XI, inciso a), de la Constitución Federal, disponen:

"‘Artículo 115.’ (se transcribe)

"‘Artículo 123.’ (se transcribe)

"De este conjunto de normas se deduce que las Legislaturas Locales están facultadas para emitir las leyes necesarias para regular las relaciones de trabajo entre los Municipios y sus trabajadores, con base en los principios que recoge el artículo 123 de la propia Norma Fundamental, entre los cuales se encuentra el derecho de los empleados a disfrutar de una pensión por jubilación, vejez o invalidez, en su caso, y aún sus beneficiarios por causa de muerte.

"Este mandato constitucional revela que las Legislaturas Locales tienen la obligación de consignar en sus leyes laborales estatales, el mecanismo legal para que sus trabajadores accedan a dichas prestaciones, pues si ese derecho está previsto en la propia Constitución Federal, su regulación debe ser atendida puntualmente, y sólo debe verificarse en esta controversia constitucional si al hacerlo no se lesionó alguna facultad municipal.

"Con este propósito se encuentra que en el Estado de Morelos no son ni los Ayuntamientos de los Municipios, ni alguna institución de seguridad social, los encargados de establecer los casos en que procede otorgar alguna de las pensiones previstas en el artículo 54, fracción VII, de la Ley del Servicio Civil, de manera que el Congreso Local, sin la intervención de cualquier otra autoridad, y atendiendo exclusivamente a la solicitud que le formule el interesado, puede determinar la procedencia de alguna de esas prestaciones, señalando el monto a que ascenderá, no obstante que la relación de trabajo no haya subsistido con el gobierno estatal, sino con uno municipal o con ambos.

"Ahora, pese a que existe la obligación de que la ley contemple y regule las pensiones de los trabajadores estatales y municipales, esta forma de proceder que autoriza la disposición legal reclamada se aparta del principio de autonomía en la gestión de la hacienda municipal que otorga a ese nivel de gobierno el artículo 115 constitucional, pues no se explica por qué si los trabajadores mantuvieron la relación de trabajo con las municipalidades, es una autoridad ajena, como es el Congreso Local, a quien se le confió la atribución de evaluar el tiempo de servicios, el salario percibido, la edad del servidor público, y todos los demás requisitos para verse favorecidos con una pensión con cargo al erario municipal administrado por un Ayuntamiento, quien en este aspecto, se ve obligado a modificar sus previsiones presupuestales, no obstante que constitucionalmente sólo a él le compete graduar el destino de sus recursos disponibles, conforme lo considere conveniente, y sin injerencia de alguna otra autoridad, salvo el caso claro está, de los recursos federales previamente etiquetados para un fin específico.

"Es verdad que el régimen de pensiones debe necesariamente considerarse en las leyes laborales que expidan las Legislaturas Locales, pero esto tampoco implica que a través de las mismas el Congreso pueda determinar libremente los casos en que proceda otorgar esas prestaciones cuando nacen de las relaciones de trabajo entre los Municipios y quienes fungieron como servidores públicos a su cargo, pues no deben perderse de vista, que la propia Constitución Federal facultó a los Ayuntamientos para ejercer en forma directa los recursos de la hacienda municipal, esto es, sin intermediarios, situación que no consideró el último párrafo del artículo 57 de la Ley del Servicio Civil del Estado.

"Atendiendo a esto, los dos párrafos finales de la fracción IV del artículo 115 constitucional establecen:

"‘Artículo 115.’ (se transcribe)

"De lo anterior, claramente se advierte que el régimen presupuestal municipal corresponde diseñarlo en exclusiva a los Ayuntamientos de los Municipios, con base en los recursos disponibles previstos en las leyes de ingresos respectivas, las cuales si bien quedan a cargo de las Legislaturas Locales, no por ello, están autorizadas para también determinar cómo han de invertirse las partidas respectivas.

"A la luz de lo precedente, no es constitucionalmente admisible que la Legislatura Local sea quien decida la procedencia del otorgamiento de las pensiones de jubilación, viudez, entre otras, sin la mínima intervención del Municipio que figuró como su último empleador, pero sobre todo, afectando el presupuesto municipal para que en él se incorpore una partida dirigida al pago de un fin específico no contemplado al comenzar el ejercicio fiscal correspondiente por el Ayuntamiento.

"Así, resulta necesario destacar que en el caso concreto no se estima inconstitucional la existencia y necesaria regulación de los derechos de pensión de los trabajadores, sino que lo que se estima incompatible con el artículo 115 de la Constitución Federal, es que el nivel de gobierno estatal decida lo correspondiente a los trabajadores del orden de gobierno municipal para que éste erogue los recursos de su presupuesto a fin de solventar las obligaciones en esa materia.

"En efecto, el decreto combatido es contrario al principio de libre administración hacendaria, en virtud de que la disposición por parte del Congreso Local de recursos ajenos a los del gobierno estatal para enfrentar el pago de pensiones, sin dar participación a quien deberá hacer la provisión económica respectiva, es decir, a la autoridad municipal, lesiona la autonomía en la gestión de la hacienda municipal.

"En este tenor, si no es constitucionalmente admisible que las Legislaturas decidan qué emolumentos deben percibir los servidores públicos de los Ayuntamientos, o el destino de lo recaudado con concepto de impuestos y derechos, tampoco puede aceptarse que en la determinación de las pensiones de empleados municipales, el Congreso Local sea quien decida en qué casos procede el otorgamiento de esta prestación, a través de actos específicos, sin la mínima intervención del Municipio, quien figuró como su último empleador, pero sobre todo, afectando el presupuesto municipal para que en él se incorpore una partida dirigida al pago de un fin específico no contemplado al comenzar el ejercicio por el Ayuntamiento respectivo, tal como acontece en la especie, por lo que, procede decretar la invalidez del decreto aquí combatido.

"Ahora bien, con fundamento en el artículo 105, fracción I, penúltimo y último párrafos, dicha declaración de invalidez surtirá efectos sólo entre las partes y una vez que se notifique la presente ejecutoria a los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Morelos que figuraron como demandados.

"La lesión a la autonomía en la gestión de la hacienda municipal, de la que adolece mi representada, se hace patente, si se considera que el otorgamiento de la pensión al C. **********, en las condiciones previstas en la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, constituye una forma de dirigir el destino de una parte del presupuesto de las municipalidades sin la intervención del Ayuntamiento Constitucional de Yautepec, Morelos, de tal suerte que, es exclusivamente el Congreso Local quien dispone de recursos ajenos a los del gobierno estatal para enfrentar el pago de dichas prestaciones, sin dar participación a quien deberá hacer la provisión económica respectiva, es decir, a mi representada (Ayuntamiento del Municipio de Yautepec, Morelos).

"En mérito de lo anteriormente señalado, se considera que además de decretarse la invalidez del decreto atacado, deberá declararse la invalidez del último párrafo, del artículo 57 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, por resultar contrario a los artículos (sic) 115, fracción IV, párrafos primero, penúltimo y último, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como su acto de aplicación contenido en el Decreto Número 85, publicado el cinco de diciembre del año dos mil doce en el Periódico Oficial del Estado de Morelos, ‘Por el que se concede pensión por cesantía en edad avanzada al C. **********’.

"No es óbice todo lo anteriormente manifestado, para permitirme dejar de manifiesto, que al respecto se han pronunciado favorablemente el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las controversias constitucionales Números 55/2005, promovida por el Ayuntamiento Constitucional de Xochitepec, Morelos; 91/2008 promovida por el Ayuntamiento Constitucional de Jiutepec, Morelos; 50/2010 promovida por el Ayuntamiento Constitucional de Tlayacapan, Morelos; 53/2010 promovida por el Ayuntamiento Constitucional de Coatlán del Río, Morelos, y 55/2010 promovida por el Ayuntamiento Constitucional de Ayala, Morelos, por citar algunas."

CUARTO. Trámite. Por acuerdo de veinticinco de enero de dos mil trece, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, ordenó formar y registrar el expediente relativo a la controversia constitucional 4/2013; y, por razón de turno, designó como instructor al Ministro Alberto Pérez Dayán, quien por acuerdo de once de febrero siguiente, previo requerimiento formulado al Municipio actor, admitió a trámite la demanda y determinó el carácter de demandados a los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Morelos para que dieran contestación a la demanda; asimismo, ordenó dar vista al procurador general de la República, para que manifestara lo que a su representación correspondiera.

La prevención formulada por el Ministro instructor consistió en que el Municipio actor manifestara bajo protesta de decir verdad, si el decreto impugnado constituye el primer acto de aplicación del último párrafo, del artículo 57 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, cuya inconstitucionalidad plantea en los conceptos de invalidez y, en su caso, precisara si atribuye a las autoridades demandadas la expedición, promulgación y publicación de esa disposición.

QUINTO. Contestación a la demanda. Por escritos depositados en la Oficina de Correos de la Administración de la ciudad de Cuernavaca, el cinco y ocho de abril de dos mil trece, respectivamente, el consejero jurídico del Estado de Morelos en representación del titular del Ejecutivo de esa entidad y el presidente de la Mesa Directiva del Congreso Estatal, dieron contestación a la demanda; y, al respecto, adujeron en síntesis, lo siguiente:

I. Poder Ejecutivo del Estado de Morelos

1. Que se actualizan las causas de improcedencia previstas en las fracciones III y VII, del artículo 19, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que el Municipio actor debió haber ampliado la demanda en la diversa controversia constitucional 3/2013 y no promover una diversa, por la estrecha vinculación indivisible que existe entre ambas. Además, el decreto impugnado no es el primero que se expide con fundamento en el artículo 57 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos; y para demostrar lo anterior, hace referencia a diversos decretos de concesión de pensiones a trabajadores del Ayuntamiento actor, publicados desde el mes de marzo de dos mil diez en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", del Estado de Morelos, fecha que evidentemente es anterior a diciembre de dos mil doce, en que se publicó el decreto ahora impugnado; de ahí que éste no es el primer acto de aplicación del artículo cuestionado y, por ende, debe sobreseerse en la controversia.

2. En cuanto al fondo del asunto, la autoridad afirma que el Municipio actor carece de legitimación ad causam, ya que no es titular del derecho que pretende hacer valer; además, el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, no ha realizado acto alguno que invada la competencia municipal.

3. Los actos que se le reclaman consistentes en la promulgación y publicación del decreto combatido, fueron realizados con apego a la facultad prevista en la Constitución Local; máxime que la parte actora no expresó conceptos de invalidez en los que planteara los vicios que supuestamente atribuye a esos actos, por lo que deben calificarse de constitucionales.

4. Que resulta infundado el concepto de invalidez consistente en que se viola en perjuicio de la parte actora lo dispuesto por los artículos 14, 16 y 115 de la Constitución Federal, en virtud de que el decreto combatido no atenta contra la autonomía y libre administración hacendaria, ya que el decreto combatido es un acto declarativo emitido con fundamento en la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, ordenamiento que establece las medidas y prerrogativas para los trabajadores que estén en el supuesto de obtener una pensión por jubilación, por lo que si en el caso, los extremos para atender la solicitud que antecedió al decreto cuestionado, quedaron cumplidos con base en ese ordenamiento, es evidente que el acto impugnado no viola la libre administración hacendaria.

Agrega, que las partidas del presupuesto de egresos municipal para el pago de las prestaciones de seguridad social no pueden ser concebidas en el ámbito de la libre administración hacendaria prevista en el artículo 115, fracción IV, de la Constitución Federal, si se toma en cuenta que son destinadas para cubrir una obligación dineraria impuesta en la fracción VIII del mismo precepto, en relación con el diverso 123 de esa Ley Fundamental.

Asimismo señala, que los Municipios tienen autonomía para determinar la aplicación de los recursos públicos pero también deben observar las normas constitucionales y federales relativas, además de las que expidan las Legislaturas Locales concernientes a la administración pública municipal. En tal virtud, es innegable que el marco legal establecido en la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, para el otorgamiento de la pensión por jubilación, no vulnera la libre administración del Municipio, porque dicha prestación está a su cargo por mandato expreso de la Constitución Federal.

Asimismo, el artículo 57, último párrafo, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, por sí solo no trasciende a la libre administración hacendaria municipal, si se toma en cuenta que sólo señala la fecha en que podrá expedirse el decreto que otorga a los beneficiarios de un trabajador su pensión correspondiente.

5. Apoya sus argumentos con los criterios jurisprudenciales de rubro: "HACIENDA MUNICIPAL Y LIBRE ADMINISTRACIÓN HACENDARIA. SUS DIFERENCIAS (ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL)." y "MUNICIPIOS. EL ARTÍCULO 9o. DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTADO, MUNICIPIOS E INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE BAJA CALIFORNIA, NO TRANSGREDE LA LIBRE ADMINISTRACIÓN HACENDARIA DE AQUÉLLOS."

II. Poder Legislativo del Estado de Morelos

1. Que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción VII del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque el Municipio actor tuvo conocimiento del otorgamiento de la pensión que ahora impugna, en la fecha en que se publicó en el Periódico Oficial de la entidad, en el Decreto Número Ochenta y Cinco, esto es, el cinco de diciembre de dos mil doce y no en la fecha en que las autoridades municipales recibieron la administración del Municipio, p

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24627-1a870cc9/controversia-constitucional-debe-sobreseerse-respecto-de-normas-generales · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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