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Modo: Corpus Pro

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO RESPECTO DE NORMAS GENERALES CUYA CONSTITUCIONALIDAD NO SE RECLAME CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN Y LA IMPUGNACIÓN RESULTE EXTEMPORÁNEA EN RAZÓN DE LA FECHA DE SU PUBLICACIÓN, CONFORME A LOS ARTÍCULOS 19, FRACCIÓN VII Y 20, FRACCIÓN II, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. LIBRE ADMINISTRACIÓN HACENDARIA Y AUTONOMÍA DE LOS AYUNTAMIENTOS EN LA GESTIÓN DE SUS RECURSOS. EL DECRETO NÚMERO QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES, PUBLICADO EL 12 DE JUNIO DE 2013 EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE MORELOS, MEDIANTE EL CUAL EL PODER LEGISLATIVO LOCAL DETERMINÓ OTORGAR PENSIÓN POR CESANTÍA EN EDAD AVANZADA CON CARGO AL GASTO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE YAUTEPEC, A UN EMPLEADO DE ESE AYUNTAMIENTO, VIOLA EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 86/2013. · Registro digital (IUS): 24810
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2014-01-31
Promovente: MUNICIPIO DE YAUTEPEC, ESTADO DE MORELOS.
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 2, Enero de 2014, Tomo II, Pág. 1813.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 86/2013. MUNICIPIO DE YAUTEPEC, ESTADO DE MORELOS. 6 DE NOVIEMBRE DE 2013. PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. SECRETARIA: MAURA ANGÉLICA SANABRIA MARTÍNEZ.

México, Distrito Federal. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día seis de noviembre de dos mil trece.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Demanda. Por escrito presentado el veinticinco de junio de dos mil trece en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Raymundo Brito Salgado, en su carácter de síndico municipal propietario del Ayuntamiento Constitucional de Yautepec, Estado de Morelos, promovió controversia constitucional en contra del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y del secretario general de Gobierno, todos del Estado de Morelos, por los actos que a continuación se señalan:

1) Decreto Número 553, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", Número 5095, de fecha doce de junio del año dos mil trece, que concede pensión por cesantía en edad avanzada a **********.

2) Como consecuencia, la edición y publicación del decreto a través del Periódico Oficial denominado "Tierra y Libertad", órgano del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos.

SEGUNDO. Antecedentes. Como antecedentes de los actos, cuya invalidez se reclama, el Municipio actor narró los siguientes:

"Primero. El C. **********, mediante escrito presentado en fecha 20 de febrero de 2013, ante este Congreso del Estado, por su propio derecho, solicitó de esta soberanía le sea otorgada pensión por cesantía en edad avanzada, acompañando a su solicitud los documentos a que se refiere el artículo 57, apartado A), fracciones I, II y III, de la Ley del Servicio Civil del Estado, como lo son: acta de nacimiento, hoja de servicios y carta de certificación del salario expedidas por H. Ayuntamiento de Yautepec, Morelos. El C. **********, ha prestado sus servicios en el H. Ayuntamiento de Yautepec, Morelos, desempeñado el cargo siguiente: subdirector del Departamento de Bienestar Social, del 01 de noviembre de 2000 al 31 de marzo de 2003; director del Departamento de Bienestar Social, del 01 de abril al 15 de noviembre de 2003; coordinador del 16 de noviembre de 2003 al 31 de octubre del 2009; auxiliar administrativo, adscrito al Departamento de Patrimonio Municipal, del 01 de noviembre de 2009 al 30 de enero de 2013, fecha en que causó baja.

"Segundo. Mediante exhibición de la copia simple del Periódico Oficial ‘Tierra y Libertad’, que publica el Gobierno del Estado de Morelos, presentada ante la Oficialía de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Yautepec, Morelos, de fecha catorce de junio del año en curso, por el C. **********, por medio del cual hace del conocimiento de esta entidad que represento, que había obtenido su pensión por cesantía en edad avanzada, mediante Decreto Número 553 de fecha doce de junio del año dos mil trece, publicado en el Periódico Oficial ‘Tierra y Libertad’, del Gobierno del Estado, Número 5095, se había dictado resolución en contra del H. Ayuntamiento Constitucional de Yautepec, Morelos, en donde condena a éste a: (se transcribe)."

TERCERO. Preceptos constitucionales que se estiman violados y conceptos de invalidez. La parte actora señaló como preceptos violados los artículos 14, 16, 17, 115, fracciones I, II y IV y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y formuló los conceptos de invalidez que enseguida se transcriben:

"Primero. Es indudable que se violentan normas que garantizan la seguridad y legalidad jurídica tutelados por la Constitución Política Mexicana en favor de mi representada, y que deberán invalidarse, al tratarse de un decreto.

"Fuente del concepto de violación y/o invalidez. Lo constituye indudablemente el Decreto Número 553, publicado en el Periódico Oficial ‘Tierra y Libertad’, del Gobierno del Estado, de fecha doce de junio del año dos mil trece, número 5095, así como todos sus efectos y consecuencias, en cuanto a que ocasionan y ocasionarán perjuicios constitucionales irreparables a mi representada.

"Preceptos violados. Artículos 14, 16, 17, 115, fracciones I, II y IV y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el título sexto, capítulo I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, artículo 59 de la Ley del Servicio Civil en el Estado de Morelos y artículo 123, fracción II, del Reglamento Interior para el Congreso del Estado de Morelos.

"Argumento del concepto de violación y/o invalidez. El acto impugnado viola en perjuicio del H. Ayuntamiento Constitucional de Yautepec, Morelos, que presentó, los artículos 14, 16, 17, 115, fracciones I, II y IV, y 123 de la Constitución Federal, al implicar la intromisión del Poder Legislativo del Estado en la vida interna del Ayuntamiento citado, dado que en el decreto ya referido y especificado se exige el cumplimiento y pago de la pensión por cesantía en edad avanzada a favor del C. ********** y que si bien es cierto que el pago de las pensiones por cesantía en edad avanzada se encuentra contemplado en el título sexto, capítulo único, de la Ley del Servicio Civil para el Estado de Morelos, se resalta a esta superioridad que se viola en perjuicio de mi representada una invasión a su esfera competencial que le atribuye el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque la entidad demandada, Poder Legislativo del Estado de Morelos, indebidamente estableció en la Ley del Servicio Civil para el Estado de Morelos en su artículo 57, último párrafo, que: (se transcribe).

"Sin embargo, esto es competencia exclusiva del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, ya que los Municipios, a través de sus órganos de gobierno que son los Ayuntamientos, gozan de plena autonomía para dirigir los destinos políticos, administrativos y patrimoniales en su circunscripción municipal, disfrutando de facultades para autogobernarse y sólo por excepción en los casos de suspensión o desaparición de Ayuntamientos y suspensión o revocación del mandato de los integrantes del Ayuntamiento, podrán intervenir las Legislaturas Estatales, por lo que si, en el caso, no se actualiza ninguna de las causas de excepción en que el Poder Legislativo Local tiene atribuciones constitucionales para intervenir su proceder, conculca la autonomía constitucional consagrada en el artículo 115 de la Carta Magna y su actuar carece de sustento jurídico, porque ni la Constitución Federal ni la Estatal, ni alguna ley local le concede facultades para dictar un acuerdo en el sentido del impugnado, otorgándose facultades de resolutor laboral en contradicción también del artículo 123 constitucional, que establece a las autoridades encargadas de la impartición de justicia laboral, así como del numeral 116 de la Carta Magna, que faculta a las Legislaturas de los Estados a expedir las leyes laborales que regulen las relaciones entre el Estado y Municipios con sus trabajadores, y que, sin embargo, al pretender aplicar el artículo 57 de la Ley del Servicio Civil citada, se transgrede la autonomía municipal, al hacer uso de facultades que no le corresponden, lo que implica también la vulneración a los numerales 14 y 16 de la Carta Magna, porque el decreto impugnado carece de fundamentación y motivación.

"Si bien es cierto, se realizaron las gestiones pertinentes ante mi representada para allegarse de los elementos por parte del Congreso, para emitir los decretos, eso no significa que tuvo conocimiento mi representada en forma directa, completa y exacta, de los efectos del decreto que se impugna, que en su momento causan perjuicio a mi representada, porque no se le permitió formular observaciones al dictamen de la comisión legislativa encargada de elaborarlo; por lo que debe ser por conducto del procedimiento de dictámenes que opera en dicha institución, quien determinará la procedencia a la jubilación por antigüedad, edad avanzada o cesantía o invalidez, que en su caso, solicitó el C. ********** y que dicha manifestación se podría difundir hasta que se conociera como ya se dijo de forma exacta, directa y completa, el dictamen emitido por la comisión legislativa correspondiente.

"Bajo esta tesitura, es indudable que no corresponde a la Legislatura actual del Estado de Morelos decidir a quién favorece con decretarle una pensión, y cuando no es llamado el tercero en contra de quien generar la carga que le impone el pago de una suma de dinero, puesto que ésta es sustituida por organismo diverso.

"En este orden de ideas, se aprecia que por la manera en que está diseñado el sistema de pensiones en la Ley del Servicio Civil del Estado Morelos, el cual no contempla la existencia de un organismo al que corresponda decidir sobre el otorgamiento de pensiones con cargo a su patrimonio propio, ni tampoco prevé que sean el IMSS o el ISSSTE los encargados de cubrir tales prestaciones, lo que la convierte en una situación inconstitucional, y en tal sentido, inclusive, se podría estar ante la presencia de que el artículo 57, último párrafo, de la Ley del Servicio Civil, vigente para el Estado de Morelos deviene de inconstitucional.

"Segundo. Fuente del concepto de violación y/o invalidez. Lo constituye el artículo 57, último párrafo, de la Ley del Servicio Civil vigente para el Estado de Morelos, mismo que fue aplicado en perjuicio de la entidad y/o poder que represento, al expedirse el Decreto Número 553, publicado en el Periódico Oficial Tierra y Libertad Número 5095, de fecha 12 de junio del año dos mil trece, que establece el pago por cesantía en edad avanzada, a favor del C. **********.

"Preceptos violados. Artículos 14, 16, 17, 115, fracciones I, II y IV y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el título sexto, capítulo I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; artículo 59 de la Ley del Servicio Civil en el Estado de Morelos; artículo 123, fracción III, del Reglamento Interior para el Congreso del Estado de Morelos.

"Argumento del concepto de violación y/o invalidez. Los artículos 14 y 16 constitucionales otorgan la garantía de seguridad jurídica a los gobernados. Por otra parte, el artículo 113 de la Constitución Política del Estado de Morelos establece: (se transcribe).

"Derivado de lo anterior, se establece que, de acuerdo a lo resuelto por el decreto que se ataca, los demandados violan flagrantemente la autonomía municipal al dictar un decreto que compromete el patrimonio municipal, sin que haya sido oída y vencida mi representada en un procedimiento previo y con las formalidades esenciales del procedimiento, toda vez que como se puede observar de los resolutivos que dictan los demandados resuelven indebidamente: (se transcribe).

"Por lo anterior es que indebidamente se violaron las garantías consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales de mi representada, al no haber sido llamada a juicio por parte de los demandados, ya que como era su obligación, y en términos de los dispuesto por el artículo 123 del Reglamento Interior del Congreso de Morelos, los proyectos de dictamen deberían contener, entre otras, (sic) el análisis de las observaciones hechas por los Ayuntamientos y los Poderes Ejecutivo o Judicial, en su caso; tal y como se aprecia del citado artículo que se transcribe textualmente: (se transcribe).

"Sin embargo, esto no aconteció así, pues la entidad demandada, Poder Legislativo, a través de la Comisión de Trabajo, Previsión Social y Fomento Cooperativo del Congreso del Estado de Morelos turnó a la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos su dictamen para su aprobación correspondiente, mismo que, como se desprende del Periódico Oficial ‘Tierra y Libertad’ de fecha 12 de junio del 2013 Número 5095, fue aprobado dicho dictamen mediante Decreto Número Trescientos Dieciséis; por lo anterior y toda vez de que se violaron en perjuicio las garantías de seguridad jurídica consagradas en nuestra Carta Magna, ya que las entidades demandadas debieron otorgar a mi representada el derecho de audiencia y defensa, el cual debe considerarse como aquel en que se concede a los interesados el conocimiento del trámite, la oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas, así como la de alegar en su favor, conociendo de los elementos que pudieran motivar la afectación en su patrimonio que, como acontece en el caso concreto, al otorgarse una pensión por cesantía en edad avanzada a un particular y de acuerdo a los términos ya mencionados, pero sin audiencia de quien le afectara dicha determinación (decreto para el otorgamiento del pago de pensión), conculca gravemente las garantías consagradas en favor de mi representado.

"Se considera que son procedentes los conceptos de invalidez antes señalados, toda vez que el precepto atacado otorga al Poder Legislativo una atribución que lesiona la hacienda municipal de mi representada y, en consecuencia, su autonomía en la gestión de sus recursos, al prever que la Legislatura Local fijará los casos en que proceda otorgar el pago de pensiones de los empleados municipales, así como la cuantía a la que deberán ascender aquéllas, y con una amplitud tal, que la misma norma le permite afectar los recursos municipales para el pago de las mismas.

"Ahora bien, el artículo 1o. de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos dispone que dicha ley ‘... es de observancia general y obligatoria para el Gobierno Estatal y los Municipios del Estado de Morelos y tiene por objeto determinar los derechos y obligaciones de los trabajadores a su servicio.’, lo cual permite estimar, en primer lugar, que la misma cobra aplicación tratándose de los trabajadores municipales que están en condiciones de solicitar el pago de una pensión por sus servicios prestados.

"Por otra parte, los artículos 54, fracción VII, 55 y 56 de la misma ley reafirman la obligación de los Municipios de pagar dichas pensiones en los siguientes términos: (se transcriben).

"Esto significa que el Congreso del Estado de Morelos sí se encuentra expresamente facultado por la ley local para determinar los casos en que proceda otorgar una pensión a los trabajadores municipales e, incluso, a determinar su cuantía, como ocurrió en el caso, por cesantía en edad avanzada, conforme a la tabla prevista en el artículo 59 de la misma ley, que prevé: (se transcribe).

"Por su parte, el artículo 115, fracción IV, párrafos primero, penúltimo y último, y VIII, párrafo segundo, y el artículo 123, apartado B, fracción XI, inciso a), de la Constitución Federal disponen: (se transcriben).

"De este conjunto de normas se deduce que las Legislaturas Locales están facultadas para emitir las leyes necesarias para regular las relaciones de trabajo entre los Municipios y sus trabajadores, con base en los principios que recoge el artículo 123 de la propia Norma Fundamental, entre los cuales se encuentra el derecho de los empleados a disfrutar de una pensión por jubilación, vejez o invalidez, en su caso, y aun sus beneficiarios por causa de muerte.

"Este mandato constitucional revela que las Legislaturas Locales tienen la obligación de consignar en sus leyes laborales estatales, el mecanismo legal para que sus trabajadores accedan a dichas prestaciones, pues si ese derecho está previsto en la propia Constitución Federal, su regulación debe ser atendida puntualmente, y sólo debe verificarse en esta controversia constitucional si, al hacerlo, no se lesionó alguna facultad municipal.

"Con este propósito se encuentra que en el Estado de Morelos no son ni los Ayuntamientos de los Municipios ni alguna institución de seguridad social, los encargados de establecer los casos en que procede otorgar alguna de las pensiones previstas en el artículo 54, fracción VII, de la Ley del Servicio Civil; de manera que el Congreso Local, sin la intervención de cualquiera otra autoridad, y atendiendo exclusivamente a la solicitud que le formule el interesado, puede determinar la procedencia de alguna de esas prestaciones, señalando el monto a que ascenderá, no obstante que la relación de trabajo no haya subsistido con el Gobierno Estatal, sino con uno municipal o con ambos.

"Ahora, pese a que existe la obligación de que la ley contemple y regule las pensiones de los trabajadores estatales y municipales, esta forma de proceder que autoriza la disposición legal reclamada se aparta del principio de autonomía en la gestión de la hacienda municipal que otorga a ese nivel de gobierno el artículo 115 constitucional, pues no se explica por qué si los trabajadores mantuvieron la relación de trabajo con las municipalidades, es una autoridad ajena, como es el Congreso Local, a quien se le confió la atribución de evaluar el tiempo de servicios, el salario percibido, la edad del servidor público y todos los demás requisitos para verse favorecidos con una pensión con cargo al erario municipal administrado por un Ayuntamiento, quien en este aspecto se ve obligado a modificar sus previsiones presupuestales, no obstante que constitucionalmente sólo a él le compete graduar el destino de sus recursos disponibles, conforme lo considere conveniente, y sin injerencia de alguna otra autoridad, salvo el caso, claro está, de los recursos federales previamente etiquetados para un fin específico.

"Es verdad que el régimen de pensiones debe necesariamente considerarse en las leyes laborales que expidan las Legislaturas Locales, pero esto tampoco implica que a través de las mismas el Congreso pueda determinar libremente los casos en que proceda otorgar esas prestaciones cuando nacen de las relaciones de trabajo entre los Municipios y quienes fungieron como servidores públicos a su cargo, pues no debe perderse de vista que la propia Constitución Federal facultó a los Ayuntamientos para ejercer en forma directa los recursos de la hacienda municipal, esto es, sin intermediarios, situación que no consideró el último párrafo del artículo 57 de la Ley del Servicio Civil del Estado.

"Atendiendo a esto, los dos párrafos finales de la fracción IV del artículo 115 constitucional establecen: (se transcriben)

"De lo anterior claramente se advierte que el régimen presupuestal municipal corresponde diseñarlo en exclusiva a los Ayuntamientos de los Municipios, con base en los recursos disponibles previstos en las leyes de ingresos respectivas, las cuales, si bien quedan a cargo de las Legislaturas Locales, no por ello están autorizadas para también determinar cómo han de invertirse las partidas respectivas.

"A la luz de lo precedente, no es constitucionalmente admisible que la Legislatura Local sea quien decida la procedencia del otorgamiento de las pensiones de jubilación, viudez, entre otras, sin la mínima intervención del Municipio que figuró como su último empleador, pero sobre todo, afectando el presupuesto municipal para que en él se incorpore una partida dirigida al pago de un fin específico no contemplado, al comenzar el ejercicio fiscal correspondiente por el Ayuntamiento.

"Así, resulta necesario destacar que en el caso concreto no se estima inconstitucional la existencia y necesaria regulación de los derechos de pensión de los trabajadores, sino que lo que se estima incompatible con el artículo 115 de la Constitución Federal es que el nivel de Gobierno Estatal decida lo correspondiente a los trabajadores del orden de Gobierno Municipal para que éste erogue los recursos de su presupuesto, a fin de solventar las obligaciones en esa materia.

"En efecto, el decreto combatido es contrario al principio de libre administración hacendaria, en virtud de que la disposición por parte del Congreso Local de recursos ajenos a los del Gobierno Estatal para enfrentar el pago de pensiones, sin dar participación a quien deberá hacer la provisión económica respectiva, es decir, a la autoridad municipal, lesiona la autonomía en la gestión de la hacienda municipal.

"En este tenor, si no es constitucionalmente admisible que las legislaturas decidan qué emolumentos deben percibir los servidores públicos de los Ayuntamientos, o el destino de lo recaudado por concepto de impuestos y derechos, tampoco puede aceptarse que en la determinación de las pensiones de empleados municipales, el Congreso Local sea quien decida en qué casos procede el otorgamiento de esta prestación, a través de actos específicos, sin la mínima intervención del Municipio, quien figuró como su último empleador, pero sobre todo, afectando el presupuesto municipal para que en él se incorpore una partida dirigida al pago de un fin específico no contemplado, al comenzar el ejercicio por el Ayuntamiento respectivo, tal como acontece en la especie, por lo que procede decretar la invalidez del decreto aquí combatido.

"Ahora bien, con fundamento en el artículo 105, fracción I, penúltimo y último párrafos, dicha declaración de invalidez surtirá efectos sólo entre las partes y una vez que se notifique la presente ejecutoria a los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Morelos que figuraron como demandados.

"La lesión a la autonomía en la gestión de la hacienda municipal, de la que se adolece mi representada, se hace patente si se considera que el otorgamiento de la pensión al C. **********, en las condiciones previstas en la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos constituye una forma de dirigir el destino de una parte del presupuesto de las municipalidades sin la intervención del Ayuntamiento Constitucional de Yautepec, Morelos; de tal suerte que es exclusivamente el Congreso Local quien dispone de recursos ajenos a los del Gobierno Estatal para enfrentar el pago de dichas prestaciones, sin dar participación a quien deberá hacer la provisión económica respectiva, es decir, a mi representada, Ayuntamiento del Municipio de Yautepec, Morelos.

"En mérito de lo anteriormente señalado, se considera que, además de decretarse la invalidez del decreto atacado, deberá declararse la invalidez del último párrafo del artículo 57 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, por resultar contrario al artículo 115, fracción IV, párrafos primero, penúltimo y último, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como su acto de aplicación contenido en el Decreto Número 553, publicado el doce de junio del año dos mil trece en el Periódico Oficial del Estado de Morelos, ‘Por el que se concede pensión por cesantía en edad avanzada al C. **********’.

"Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, señalo bajo protesta de decir verdad que el decreto legislativo impugnado (Número 553), publicado en el Periódico Oficial ‘Tierra y Libertad’ del Estado de Morelos, el día doce de junio del año en curso, constituye el primer acto de aplicación en contra de mi representada, conforme a lo establecido en el último párrafo del artículo 57 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, que por este decreto se emite y afecta a mi representada, por lo que se atribuye al Poder Legislativo y Ejecutivo del Estado de Morelos la expedición, promulgación, publicación y/o aplicación del último párrafo del artículo 57 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos.

"No es óbice lo anterior para permitirme señalar que nos encontramos frente a una ley que emana para su cumplimiento en forma heteroaplicativamente, ya que su sola expedición no causó agravio en forma directa y personal al Ayuntamiento que represento, sino que la lesión nació cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que imponen la ley requirió para actualizar el perjuicio, de un acto diverso, que precisamente fue la promulgación del decreto que ahora se combate, que se caracteriza, como ya se mencionó, por ser un acto de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, que ahora se combate (último párrafo del artículo 57 de la Ley del Servicio Civil), se halla sometida a la realización de ese evento.

"Al respecto tiene aplicación, por encuadrar en forma análoga, la siguiente tesis de jurisprudencia, y en su parte conducente: ‘LEYES HETEROAPLICATIVAS. NO HAY CESACIÓN DE EFECTOS AUN CUANDO SE HAYA DECLARADO SU INVALIDEZ EN UNA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD.’ (se transcribe)

"No obstante lo anterior, solicito la suplencia de la queja, en términos de lo establecido por los artículos 39 y 40 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política Mexicana.

"No es óbice todo lo anteriormente manifestado, para permitirme dejar de manifiesto que, al respecto, se han pronunciado favorablemente el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las controversias constitucionales números 55/2005, promovida por el Ayuntamiento Constitucional de Xochitepec, Morelos, 91/2008, promovida por el Ayuntamiento Constitucional de Jiutepec, Morelos, 50/2010 promovida por el Ayuntamiento Constitucional de Tlayacapan, Morelos, 53/2010, promovida por el Ayuntamiento Constitucional de Coatlán del Río, Morelos, y 55/2010, promovida por el Ayuntamiento Constitucional de Ayala, Morelos, por citar algunas."

CUARTO. Trámite. Por acuerdo de veinticinco de junio de dos mil trece, el Ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, a la que le correspondió el número 86/2013 y, por razón de turno, se designó al Ministro José Fernando Franco González Salas como instructor del procedimiento.

Mediante proveído de veintisiete de junio de dos mil trece, el Ministro instructor tuvo por admitida la demanda de controversia constitucional, ordenó emplazar a los Poderes Legislativo y Ejecutivo, así como al secretario de Gobierno, todos del Estado de Morelos, para que formularan su contestación, y ordenó formar el cuaderno relativo con motivo del incidente de suspensión solicitado por la parte actora.(1)

QUINTO. Contestación a la demanda del Poder Legislativo. Mediante oficio LII/SSLP/1776/2013, recibido el quince de agosto de dos mil trece en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos dio contestación a la demanda, señalando, en síntesis, lo siguiente:

1. Que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VIII, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que el Municipio de Yautepec no cuenta con interés legítimo, ya que el Congreso Local está facultado para expedir los decretos que otorguen a los trabajadores del Gobierno Estatal y de los Municipios alguna pensión, sin que, con ello, se cause perjuicio alguno a la autonomía municipal.

2. Que la controversia constitucional es improcedente, respecto de los artículos 54, fracción VII, 55, 56 y 57 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, en virtud de que el Decreto Número 553 no constituye el primer acto de aplicación, pues con anterioridad se emitieron otros en los que se otorgaron pensiones a cargo del Municipio actor, en los cuales se aplicaron los artículos impugnados; de ahí que deba calificarse como extemporánea la controversia constitucional, pues el escrito respectivo se presentó fuera del plazo previsto en la fracción II del artículo 21 de la ley de la materia.

3. Que el artículo 57 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos no es inconstitucional, en virtud de que las partidas del presupuesto de egresos municipal para el pago de las prestaciones de seguridad social no pueden ser concebidas en el ámbito de la libre administración hacendaria, toda vez que se encuentran destinadas a cubrir una obligación impuesta por la fracción VIII del artículo 115, en relación con el diverso 123, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

4. Que si bien la libre administración hacendaria es una facultad constitucional concedida a los Ayuntamientos municipales para decidir el manejo y aplicación de los ingresos, existen determinados recursos públicos respecto de los cuales se acota su libre aplicación, pues es menester satisfacer o garantizar una exigencia pecuniaria que señala la propia Constitución Federal.

5. Que el Municipio no podrá dejar de cubrir las prestaciones laborales o de seguridad social respecto de sus trabajadores, por lo que si bien no pierde la facultad para administrar libremente la hacienda, sí se restringe en la medida en que tiene que formar una partida especial en el presupuesto, por así disponerlo la fracción VIII del artículo 115 constitucional.

6. Que el marco legal establecido en la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos para el otorgamiento de la pensión por jubilación no vulnera la libre administración hacendaria del Municipio de Yautepec, ya que el Congreso del Estado de Morelos solamente tiene facultades para otorgar la prestación señalada, al igual que lo hacen los institutos de seguridad social federales.

7. Que el artículo 57, último párrafo, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, por sí solo no trasciende a la libre administración hacendaria municipal, pues únicamente señala la fecha en que podrá expedirse el decreto que otorga a un trabajador una pensión, cuya partida presupuestal de aportación de seguridad social se presupone fue fijada por el Ayuntamiento, por lo que no se dimensiona la afectación a la libertad en el manejo de ingresos públicos.

8. Que el acto que se reclama no se encuentra previsto en la enumeración que establece el artículo 105, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que la controversia constitucional no es la vía idónea para combatir dicho acto, sino, en todo caso, deberá hacerse con base en los medios de defensa que para tal efecto prevean las leyes procesales de la materia; en ese sentido, el presente juicio resulta improcedente.

SEXTO. Contestación a la demanda del Poder Ejecutivo y

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24810-de3bc298/controversia-constitucional-debe-sobreseerse-en-el-juicio-respecto · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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