CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO RESPECTO DE NORMAS GENERALES CUYA CONSTITUCIONALIDAD NO SE RECLAME CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN Y LA IMPUGNACIÓN RESULTE EXTEMPORÁNEA EN RAZÓN DE LA FECHA DE SU PUBLICACIÓN, AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 19, FRACCIÓN VII, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. LIBRE ADMINISTRACIÓN HACENDARIA Y AUTONOMÍA DE LOS AYUNTAMIENTOS EN LA GESTIÓN DE SUS RECURSOS. EL DECRETO NÚMERO CUATROCIENTOS SIETE, PUBLICADO EL 10 DE ABRIL DE 2013 EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE MORELOS, MEDIANTE EL CUAL EL PODER LEGISLATIVO LOCAL DETERMINÓ OTORGAR PENSIÓN POR JUBILACIÓN CON CARGO AL GASTO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN, A UN EMPLEADO DE ESE AYUNTAMIENTO, VIOLA EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 71/2013. MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN, ESTADO DE MORELOS. 27 DE NOVIEMBRE DE 2013. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS. PONENTE: ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA. SECRETARIA: MAKAWI STAINES DÍAZ.
México, Distrito Federal. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al veintisiete de noviembre de dos mil trece.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Presentación de la demanda, autoridades demandadas y actos impugnados. Por oficio recibido el siete de mayo de dos mil trece en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Felipe Sánchez Solís, quien se ostentó como síndico del Municipio de Tlaltizapán, Estado de Morelos, promovió controversia constitucional en la que demandó la invalidez de los actos que más adelante se precisan, emitidos por las autoridades que a continuación se señalan:
1. Autoridades demandadas:
a) El Poder Legislativo del Estado de Morelos.
b) El Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.
c) El secretario de Gobierno del Estado de Morelos.
d) El director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad" del Estado de Morelos.
2. Actos cuya invalidez se reclama:
a) Los artículos 1, 8, 24, fracción XV, 43, fracciones V, XIII, XIV y XV, 45, fracciones III, IV y XV, párrafo primero, e incisos a), b), c) y d), 54, fracciones I, VI y VII, y 55 a 68 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos.
b) El artículo 67, fracción I, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Morelos.
c) El artículo 109 del Reglamento del Congreso del Estado de Morelos.
d) Como acto de aplicación de dichos preceptos, el Decreto 407, publicado en el Periódico Oficial de la entidad el diez de abril de dos mil trece, así como los efectos y consecuencias de los actos concretos de ejecución.
SEGUNDO. Antecedentes. En la demanda se señalaron los siguientes:
Las autoridades demandadas aprobaron, promulgaron y publicaron decretos por los que se modificaron los artículos cuya invalidez se demanda. Como acto concreto de aplicación, expidieron el Decreto 407, por el que se concedió pensión jubilatoria a **********, el cual fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de Morelos el diez de abril de dos mil trece.
Asimismo, el Municipio actor señala que promovió diversas controversias constitucionales(1) en las que se impugnaron las mismas normas jurídicas que en la presente controversia, así como los diversos Decretos 246, 143, 277, 322 y 337.
TERCERO. Conceptos de invalidez. La parte actora esgrimió, en síntesis:
Los artículos cuya invalidez se solicita y el acto concreto de aplicación, contravienen los principios de autonomía municipal y el de libre disposición del patrimonio municipal, ya que invaden atribuciones exclusivas del Ayuntamiento de Tlaltizapán, al imponerle la carga financiera de pagar una pensión a un ex servidor público que no cumple con los años de servicio prestados en dicho nivel de gobierno, pues de acuerdo con el decreto impugnado se advierte que laboró en diversas instancias gubernamentales.
El artículo 115 constitucional reconoce a los Ayuntamientos la potestad gubernativa de regir las relaciones laborales con sus trabajadores, en particular, el otorgamiento de pensiones o jubilaciones y, consecuentemente, también los dota de autonomía para definir el gasto público a través de su presupuesto de egresos, en el que puedan incluir, de manera planificada y programada, el pago de dichas prestaciones laborales, sin injerencia de ninguna autoridad estatal.
Lo que fue transgredido por la Legislatura Local al emitir sin intervención del Municipio actor el mencionado decreto, entrometiéndose inconstitucionalmente en las relaciones laborales del Municipio y sus trabajadores, al imponerle fuera de toda planificación gubernamental el pago de dichas pensiones.
Asimismo, señala que la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, de manera inconstitucional, autoriza acumular la antigüedad de los servicios que un trabajador preste en los demás Municipios o en los Poderes Estatales o sus organismos, para finalmente imponer el pago de la pensión o jubilación al último orden de gobierno en que el trabajador haya laborado; de manera que el Municipio no puede constituir ninguna partida presupuestal de manera planificada, pues no tiene elementos que le permitan suponer el número aproximado de pensiones o jubilaciones que, a mediano o largo plazo, deberá cubrir.
Lo anterior en contra de las consideraciones de la Suprema Corte vertidas en las controversias constitucionales 55/2005, 89/2008, 90/2008, 91/2008 y 92/2008.
Los artículos 55, 56, 57, apartado A, fracciones I, II y III, 58, fracción I, inciso k), y 66 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos son inconstitucionales, en cuanto le imponen al Municipio actor la obligación de cubrir pensiones con cargo a la hacienda pública municipal, cuando por mandato del artículo 123, apartado B, fracción XI, inciso a), constitucional, los riesgos de seguridad social deben socializarse.
Asimismo, el contenido de las normas impugnadas impide al Municipio realizar una planeación financiera efectiva para cumplir con dichas prestaciones laborales y, al mismo tiempo, prever los recursos para la dotación de los servicios y la realización de las obras que requiere la comunidad.
Se merman los recursos municipales al disponer que algunas prestaciones se cubran con cargo a la hacienda municipal y de manera duplicada. Lo mismo sucede cuando se le ordena que cubra el cien por ciento de una pensión aun cuando el trabajador se haya encontrado la mayor parte de su actividad productiva al servicio de los Poderes Estatales o de otros Municipios.
Se autoriza la intromisión de la Legislatura Local para calificar las relaciones laborales entre los trabajadores y el Municipio actor, además de imponer de manera unilateral, exclusiva y arbitraria todo tipo de pensiones a cargo de la hacienda municipal.
Por otra parte, en los artículos impugnados no se establece un marco normativo que prevea el sistema bajo el cual se proporcionen las prestaciones sociales a los trabajadores, ni se ha constituido el organismo a quien corresponda administrar los fondos y proporcionar dichos servicios. Lo que genera que el Municipio se encuentre obligado a autorizar de manera directa y a cargo de su presupuesto los gastos de seguridad social de sus trabajadores, pues aunque el Municipio puede optar por la celebración de un convenio con cualquiera de los organismos de seguridad social del Gobierno Federal, ello también genera a cargo de las arcas públicas municipales, y de manera duplicada, el otorgamiento de pensiones.
En ese sentido, la opción de celebrar convenios con las instituciones federales de seguridad social para la atención de los trabajadores municipales, no satisface los mandamientos previstos en los artículos 115, último párrafo, y 123 de la Constitución Federal, en cuanto a la obligación de definir la forma y los procedimientos para otorgar seguridad social a los trabajadores burocráticos, ya que no existe el organismo que se encargue de administrar los recursos y prestar los servicios.
Adicionalmente, el sistema estatal es inconstitucional, pues existe una duplicidad en el pago de pensiones respecto de un mismo trabajador, ya que, de conformidad con el cuarto párrafo del artículo 66 impugnado, es una facultad del Congreso Local requerir al trabajador que elija cuál pensión disfrutará cuando tenga, al mismo tiempo, la posibilidad de recibir una pensión por el Gobierno Local o por uno de sus Municipios.
Siendo también inconstitucional el que se autorice a sumar la antigüedad o años de servicio que el trabajador haya prestado en los Poderes Locales o de otros Municipios, quedando a cargo del presupuesto del último Municipio en el que prestó sus servicios el pago absoluto de la pensión decretada. Lo anterior, sin que se haya considerado integralmente la prestación de todos los servicios que en materia de seguridad social correspondan a los trabajadores municipales, ni se hayan fijado de manera proporcional las aportaciones que correspondan a los trabajadores.
De acuerdo con lo anterior, debe declararse la invalidez de los artículos impugnados, así como del Decreto 407, puesto que en éste el Congreso Estatal determinó de manera unilateral y arbitraria una pensión con cargo a las arcas municipales, calificando previamente las relaciones entre el trabajador y el Municipio actor, sin tomar en cuenta que no todos los años de servicio los prestó en el Municipio de Tlaltilzapán.
CUARTO. Artículos constitucionales que se aducen violados. Los preceptos que se estiman infringidos son: 1o., 14, 16, 49, 115, fracciones II y IV, párrafos primero, penúltimo y último, fracción VIII, párrafo segundo, 123, apartado B, fracción XI, inciso a), y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
QUINTO. Admisión y trámite. Por acuerdo de siete de mayo de dos mil trece, el Ministro presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, a la que correspondió el número 71/2013.
Asimismo, mediante certificación se ordenó remitir el expediente al Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien por razón de turno fue designado como ponente para formular el proyecto de resolución respectivo.
En el proveído de diez de mayo de dos mil trece, el Ministro instructor admitió la demanda, ordenó emplazar a las autoridades demandadas a fin de que formularan su contestación y dio vista al procurador general de la República para que manifestara lo que a su representación correspondiera.
Cabe mencionar que en dicho proveído no se reconoció el carácter de autoridad demandada al director del Periódico Oficial del Estado de Morelos, por tratarse de un órgano subordinado del Poder Ejecutivo Local.
SEXTO. Contestación del Poder Ejecutivo. En síntesis, manifestó:
Que se actualizan las causas de improcedencia previstas en las fracciones III y VII del artículo 19 de la ley reglamentaria de la materia, en virtud de que el Municipio actor debió haber ampliado la demanda en las controversias constitucionales 5/2013, 20/2013 y 63/2013, y no promover la que ahora nos ocupa.
La causal prevista en la fracción VII se surte, en virtud de que el decreto y las normas fueron impugnados de manera extemporánea, pues el decreto no es el primer acto de aplicación y por lo que hace a las normas, con motivo de su publicación excede por mucho el tiempo para promover el juicio.
Resulta evidente que no se trata del primer acto de aplicación, pues las normas impugnadas le fueron aplicadas en diversos decretos publicados en el Periódico Oficial de Morelos: 407, el veintiséis de mayo de dos mil diez; 469, el siete de julio de dos mil diez; 596, el seis de mayo de dos mil diez; 627, el seis de octubre de dos mil once; 1277 y 1337, el doce de octubre de dos mil once; y 1430, el catorce de diciembre de dos mil diez.
Asimismo, señala que el Municipio actor carece de legitimación ad causam, por no ser titular del derecho que pretende hacer valer, puesto que las autoridades demandadas no han realizado acto alguno que invada la competencia municipal.
Como planteamiento previo, señala que al Poder Ejecutivo únicamente se le atribuyen la promulgación y publicación del decreto impugnado; sin embargo, éstos se realizaron en apego de sus facultades, en términos del artículo 70, fracción XVII, de la Constitución de Morelos.
Asimismo, aduce que los actos de autoridad gozan de presunción de validez, por lo que los conceptos de invalidez deben calificarse de inatendibles e inoperantes ante la inexistencia de argumentos técnico jurídicos que justifiquen su petición.
En cuanto al fondo, señala que los actos impugnados no son inconstitucionales, ya que las partidas del presupuesto de egresos municipal para el pago de las prestaciones de seguridad social no pueden ser concebidas en el ámbito de la libre administración hacendaria, previsto en el artículo 115, fracción IV, de la Constitución General, si se toma en cuenta que son destinadas para cubrir una obligación dineraria impuesta en la fracción VIII del mismo precepto, en relación con el diverso 123 de la Ley Fundamental.
Si bien los Municipios tienen autonomía para determinar la aplicación de los recursos públicos, también deben observar las normas constitucionales y federales relativas, además de las que expidan las Legislaturas Locales concernientes a la administración pública municipal.
En tal virtud, el marco legal establecido en la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos para el otorgamiento de la pensión por "cesantía en edad avanzada", no vulnera la libre administración del Municipio, pues dicha prestación está a su cargo por mandato expreso constitucional.
Asimismo, el artículo 57, último párrafo, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, no afecta a la libre hacienda municipal si se tiene en cuenta que sólo señala la fecha en que podrá expedirse el decreto que otorga a los beneficiarios de un trabajador la pensión correspondiente.
Apoya sus argumentos con los criterios jurisprudenciales de rubros: "HACIENDA MUNICIPAL Y LIBRE ADMINISTRACIÓN HACENDARIA. SUS DIFERENCIAS (ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL)." y "MUNICIPIOS. EL ARTÍCULO 9o. DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTADO, MUNICIPIOS E INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE BAJA CALIFORNIA, NO TRANSGREDE LA LIBRE ADMINISTRACIÓN HACENDARIA DE AQUÉLLOS."
Cabe señalar que en dicha contestación en todo momento se hace referencia al Decreto 143, publicado en el Periódico Oficial el veintitrés de enero de dos mil trece; sin embargo, al haberse presentado en la presente controversia constitucional, se estima que sus argumentos van dirigidos a defender la validez del Decreto 407 impugnado en este juicio.
SÉPTIMO. Contestación del secretario de Gobierno. En síntesis, manifestó:
Que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción VII de la ley reglamentaria de la materia, en virtud de que la impugnación de las diversas disposiciones de la Ley del Servicio Civil es extemporánea, pues excede el plazo de treinta días hábiles previstos para promover la controversia constitucional.
Asimismo, señala que el Municipio actor carece de legitimación ad causam, por no ser titular del derecho que pretende hacer valer, puesto que las autoridades demandadas no han realizado acto alguno que invada su competencia.
En cuanto al fondo, manifiesta que su participación en el refrendo y publicación del decreto y de las normas impugnadas, se encuentran debidamente fundados y motivados, al haberse realizado en apego a las facultades previstas en el artículo 76 de la Constitución morelense.
Finalmente, se adhiere a los argumentos expuestos en la contestación de demanda del Poder Ejecutivo Local.
OCTAVO. Contestación del Poder Legislativo. En su escrito señaló, sustancialmente, lo siguiente:
Se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VIII, de la ley reglamentaria de la materia, ya que el Municipio actor carece de interés legítimo para acudir en esta vía, ante la inexistencia de afectación en su esfera de competencias y autonomía.
El acto impugnado es constitucional, ya que, de conformidad con el artículo 123 de la Constitución General, los Municipios tienen la obligación constitucional de tener una partida en su cuenta pública para el pago de pensiones a quienes fungieron como sus trabajadores, circunstancia de la que no puede excluirse el Municipio actor.
Por lo que hace a los conceptos de invalidez, el Decreto Legislativo 407, fue dictado con base en la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, la cual establece el procedimiento para que los trabajadores de los poderes o de los Municipios de dicha entidad federativa puedan obtener su pensión, por lo que una vez que el trabajador cumplió con los requisitos previstos por la ley para solicitar la pensión por jubilación, no existía razón alguna para que el Congreso Estatal se negara a cumplir la obligación de emitir el decreto respectivo.
Asimismo, las partidas del presupuesto de egresos municipal para el pago de las prestaciones de seguridad social, no pueden ser concebidas en el ámbito de la libre administración hacendaria prevista en el artículo 115, fracción IV, constitucional, porque éstas tienen como finalidad dar cumplimiento a las obligaciones de seguridad social propias de todo patrón, las cuales están protegidas por el diverso 123 constitucional, que obliga a los Estados a emitir legislación que regule las relaciones de trabajo entre las autoridades municipales y sus servidores públicos, así como los aspectos relativos a la seguridad social, concretamente, a las pensiones propias de esa relación laboral.
En cuanto a la libertad de administración hacendaria, es una facultad constitucional concedida a los Municipios para integrar su presupuesto de egresos, la cual consiste en la libre elección del destino y monto de los ingresos disponibles provenientes de las fuentes enumeradas en el artículo 115, fracción IV, de la Constitución Federal, con excepción de las obligaciones previstas en dicha norma, como ocurre en el caso, en el que no opera a plenitud la libertad municipal hacendaria.
Por otro lado, debe tenerse en cuenta que, de conformidad con lo previsto en el artículo 105 de la Constitución General, no todo acto podrá ser materia de impugnación en una controversia constitucional, ya que dicho medio de control de la constitucionalidad, por regla general, sólo es procedente con motivo de conflictos suscitados entre dos o más niveles de gobierno, cuando la cuestión de fondo debatida se refiera a la distribución o invasión de competencias que a cada uno corresponda o a la irregularidad en el ejercicio de sus atribuciones.
De tal forma, si en la demanda se impugna el Decreto 407, al que se ha hecho referencia, se trata del ejercicio de las facultades administrativas del Congreso del Estado, por lo que no puede considerarse que ésta sea la vía idónea para someter a revisión los derechos de los trabajadores en materia de seguridad social.
NOVENO. Opinión del procurador general de la República. El procurador al formular su opinión manifestó, en síntesis:
Esta Suprema Corte es competente para conocer de la presente controversia constitucional y el síndico municipal que la promovió goza de legitimación procesal activa para ello, lo cual acreditó en términos del artículo 11 de la ley de la materia, con el Periódico Oficial 4999, de once de julio de dos mil doce, y con la copia certificada de la primera sesión de Cabildo del Ayuntamiento de Tlaltizapán, que contiene la conformación del cuerpo edilicio.
En relación con la oportunidad de los actos impugnados señaló que, respecto de los artículos 1, 8, 24, fracción XV, 45, fracciones III, IV y XV, 45, fracciones III, IV y XV, párrafo primero, incisos a), b), c) y d), 54, fracciones I, VI y VII, y 55 a 68 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos; 67, fracción I, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Morelos; 109 del Reglamento del Congreso del Estado de Morelos, impugnados con motivo del Decreto 407, se advierte que no fueron aplicados en él, y la impugnación de dichas normas con motivo de su publicación resulta extemporánea, por lo que debe sobreseerse.
Por lo que hace a los preceptos 55, 56 y 58 de la Ley del Servicio Civil; y 67, fracción I, de la Ley Orgánica del Congreso, ambas del Estado de Morelos, sí fueron aplicados en el Decreto 407, por el que se concedió una pensión por jubilación; no obstante, el mismo no puede considerarse el primer acto de aplicación de esos artículos, pues el Congreso Local emitió previamente los Decretos 246 y 143, de jubilación con cargo al Municipio actor, los cuales fueron publicados el veintiséis de diciembre de dos mil doce y veintitrés de enero de dos mil trece, respectivamente. De igual forma, resulta extemporánea su impugnación con motivo de su publicación, por lo que también ha lugar a sobreseer.
En relación con el Decreto 407, mediante el cual se otorgó pensión por jubilación con cargo al gasto público del Municipio actor, la controversia es oportuna, en tanto que dicho ente se ostenta sabedor con motivo de su publicación, lo que ocurrió el diez de abril de dos mil trece, por lo que el cómputo para su impugnación inició el once de abril y concluyó el veintitrés de mayo de dos mil trece; y la demanda se presentó el siete de mayo de ese mismo año.
En relación con la causal de improcedencia consistente en la extemporaneidad en la impugnación de las normas, solicitó se tuviera por reproducido lo expuesto en el apartado sobre la oportunidad.
Por lo que hace a la diversa causa consistente en que el Municipio actor debió ampliar las demandas de controversias constitucionales 5/2013, 20/2013 y 63/2013, considera que la misma es infundada, porque en cada una de ellas se impugnan decretos distintos.
En cuanto a los conceptos de invalidez manifiesta que no desconoce los diversos precedentes en los que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado sobre la inconstitucionalidad del artículo 57, último párrafo, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, e incluso, el contenido de la jurisprudencia P./J. 13/2013 (10a.), que derivó de lo resuelto en la controversia constitucional 50/2010.
No obstante, considera que existen razonamientos jurídicos que pueden conducir a una nueva reflexión sobre la constitucionalidad de las normas impugnadas, pues si bien es cierto que el sistema contemplado en diversos artículos de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos compromete recursos de la hacienda municipal de los Ayuntamientos, tal como se sostiene en la jurisprudencia antes referida, sería conveniente analizar si la limitación al libre manejo de la hacienda municipal es razonable a la luz de las obligaciones constitucionales que tiene el Ayuntamiento con sus trabajadores en su carácter de empleador, puesto que en el país existen diversos esquemas para garantizar el acceso a la seguridad social, que incluye el derecho a una pensión bajo ciertas circunstancias.
Señala que del análisis sistemático de los artículos 116, fracción VI, 115, fracción VIII y 123, apartado B, fracción XI, constitucionales, se tiene que las Legislaturas Federativas tienen la facultad de expedir las leyes burocráticas que regulen las relaciones laborales en las entidades federativas, lo que incluye las relaciones de los Municipios con sus trabajadores. Disposiciones que deben respetar los derechos laborales establecidos en el citado artículo 123, que establece como un derecho de los trabajadores el de seguridad social, la cual debe cubrir ciertos conceptos mínimos, entre ellos, la jubilación, invalidez, vejez y muerte.
Asimismo, debe considerarse que el artículo 127, fracción IV, de la Constitución General establece que el derecho al pago de jubilaciones o pensiones de los trabajadores -entre los cuales se encuentran los municipales-, debe encontrarse asignado en ley, decreto legislativo, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo.
Por lo anterior, estima necesario analizar no sólo si los artículos impugnados vulneran el principio de libertad de hacienda municipal consagrado en el artículo 115, fracción IV, constitucional, sino ponderar si dicha limitación es razonable, tomando en cuenta las diversas obligaciones constitucionales que los Municipios tienen en su calidad de empleadores.
Adicionalmente, de acuerdo con el artículo 1o., párrafo tercero, de la Constitución General, todas las autoridades se encuentran obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, conforme a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Municipio debe garantizar los derechos de sus habitantes, pero también tiene obligaciones como empleador (pago de pensiones), las cuales no puede desatender bajo el argumento de afectación a su libertad hacendaria.
DÉCIMO. Cierre de instrucción. Agotado el trámite respectivo, se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del mismo ordenamiento, se hizo relación de las constancias de autos, se tuvieron por exhibidas las pruebas ofrecidas por las partes, por presentados los alegatos y se puso el expediente en estado de resolución.
DÉCIMO PRIMERO. Remisión a la Sala. Una vez integrado el expediente, se ordenó remitirlo al Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, para que formulara el proyecto de resolución, así como a la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación para su radicación y resolución.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con lo dispuesto en el punto segundo, fracción I, a contrario sensu, y punto tercero del Acuerdo 5/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, por tratarse de un conflicto entre el Municipio de Tlaltizapán, Estado de Morelos, y los Poderes Legislativo y Ejecutivo de dicha entidad federativa, sin que sea necesaria la intervención del Tribunal Pleno.
SEGUNDO. Oportunidad. Procede analizar si la controversia constitucional fue promovida oportunamente, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente.
El Municipio actor impugnó:
a) Los artículos 1, 8, 24, fracción XV, 43, fracciones V, XIII, XIV y XV, 45, fracciones III, IV y XV, párrafo primero, e incisos a), b), c) y d), 54, fracciones I, VI y VII, y 55 a 68 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos.
b) El artículo 67, fracción I, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Morelos.
c) El artículo 109 del Reglamento del Congreso del Estado de Morelos.
d) Como acto de aplicación de dichos preceptos, el Decreto 407, emitido el veintiuno de marzo de dos mil trece y publicado en el Periódico Oficial de la entidad el diez de abril de ese mismo año, así como sus efectos y consecuencias.
En primer lugar, se analizará la oportunidad en la impugnación del Decreto 407.
Al respecto, el artículo 21 de la ley reglamentaria de la materia(2) establece que el plazo para promover una controversia constitucional cuando se impugnen actos, será de treinta días a partir del siguiente al en que conforme a la ley del propio acto surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame, al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que el actor se ostente sabedor de los mismos.
En relación con el decreto mencionado, se tomará como fecha de conocimiento el de su publicación en el Periódico Oficial, en virtud de que el Municipio actor no manifestó haber tenido conocimiento del mismo en fecha diversa.
El decreto impugnado fue publicado en el Periódico Oficial de Morelos el diez de abril de dos mil trece, por tanto, el plazo de treinta días para presentar la demanda transcurrió del jueves once de abril al jueves veintitrés de mayo de dos mil trece, debiendo descontarse del cómputo los días trece, catorce, veinte, veintiuno, veintisiete y veintiocho de abril; cuatro, cinco, once, doce, dieciocho y diecinueve de mayo, todos de dos mil trece; por ser sábados y domingos; así como el primero de mayo por ser inhábil, de conformidad con los artículos 2o. y 3o. de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 3o. y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y del Acuerdo Plenario Número 2/2006.
En estas condiciones, si la presentación de la demanda se hizo el siete de mayo de dos mil trece, es indudable que resulta oportuna.
Por lo que hace a la oportunidad en la impugnación de las normas generales, el gobernador y el secretario de Gobierno, ambos del Estado de Morelos, así como el procurador general de la República hicieron valer la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VII, de la ley reglamentaria, consistente en la extemporaneidad en la presentación de la demanda, por considerar que el Decreto 407, no constituye su primer acto de aplicación.
A fin de verificar lo anterior, y toda vez que en el escrito de demanda se impugnan las normas con motivo de su aplicación en el Decreto 407, en términos de lo previsto en el artículo 21, fracción II, de la ley reglamentaria de la materia, en primer lugar, debe analizarse si dicho acto constituye un acto de aplicación y, en segundo lugar, si se trata del primero, pues de lo contrario, el cómputo de la oportunidad debe hacerse a partir de la publicación de las normas.
El Municipio impugnó los siguientes artículos:
a) 1, 8, 24, fracción XV, 43, fracciones V, XIII, XIV y XV, 45, fracciones III, IV y XV, párrafo primero, e incisos a), b), c) y d), 54, fracciones I, VI y VII, y 55 a 68 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos.
b) 67, fracción I, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Morelos.
c) 109 del Reglamento del Congreso del Estado de Morelos.
A efecto de verificar la aplicación de los preceptos referidos, se transcribe el decreto impugnado:
10 de abril de 2013. Periódico Oficial. Página 23. "Al margen izquierdo un Escudo del Estado de Morelos que dice: ‘Tierra y Libertad’. La tierra volverá a quienes la trabajan con sus manos. Poder Legislativo. LI Legislatura. 2012-2015.
"Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Sob
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24852-042a4417/controversia-constitucional-debe-sobreseerse-en-el-juicio-respecto · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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