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Modo: Corpus Pro

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DEBE SOBRESEERSE RESPECTO DE NORMAS GENERALES CUYA CONSTITUCIONALIDAD NO SE RECLAME CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN Y LA IMPUGNACIÓN RESULTE EXTEMPORÁNEA EN RAZÓN DE LA FECHA DE SU PUBLICACIÓN, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 19, FRACCIÓN VII, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. LIBRE ADMINISTRACIÓN HACENDARIA Y AUTONOMÍA DE LOS AYUNTAMIENTOS EN LA GESTIÓN DE SUS RECURSOS. EL DECRETO NÚMERO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES, PUBLICADO EL 13 DE JUNIO DE 2012 EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE MORELOS, MEDIANTE EL CUAL EL PODER LEGISLATIVO LOCAL DETERMINA OTORGAR PENSIÓN POR CESANTÍA EN EDAD AVANZADA CON CARGO AL GASTO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE TEMIXCO, A UN EMPLEADO DE ESE AYUNTAMIENTO, VIOLA EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 62/2012. · Registro digital (IUS): 24616
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: MUNICIPIO DE TEMIXCO, ESTADO DE MORELOS.
Localización: Décima Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIV, Septiembre de 2013, Tomo 1, Pág. 999.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 62/2012. MUNICIPIO DE TEMIXCO, ESTADO DE MORELOS. 9 DE ENERO DE 2013. CINCO VOTOS. PONENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. SECRETARIOS: LAURA PATRICIA ROJAS ZAMUDIO Y RAÚL MANUEL MEJÍA GARZA.

México, Distrito Federal. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día nueve de enero de dos mil trece en el que emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la que se resuelve la controversia constitucional 62/2012 en la que la síndico municipal Yuriana Lázaro Landa, en representación del Municipio de Temixco, Morelos, demandó la invalidez de:

a) El Decreto Número Mil Ochocientos Treinta y Tres, de veintinueve de mayo de dos mil doce, publicado el trece de junio siguiente en la página ochenta y nueve del número cuatro mil novecientos ochenta y cuatro del Periódico Oficial del Estado de Morelos, mediante el que se concedió pensión por cesantía en edad avanzada al trabajador **********.

b) El Decreto Número Setecientos Ochenta y Dos, de seis de junio de dos mil ocho, publicado el día dieciocho siguiente en las páginas siete a doce del número cuatro mil seiscientos veinte del Periódico Oficial del Estado de Morelos, por lo que hace a la adición de la fracción XV al artículo 24 y la reforma al artículo 56 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos.(1)

c) Los artículos 1, 8, 24, fracción XV, 43, fracciones V, XIII, XIV y XV, 45, fracciones III, IV y XV, esta última fracción en su párrafo primero e incisos a), b), c) y d); 54 fracciones I, IV y VII; y 55 al 68 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos.(2)

d) El artículo 67, fracción I, de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, publicada en el número cuatro mil quinientos veintinueve del Periódico Oficial del Estado de Morelos el nueve de mayo de dos mil siete.

e) El artículo 109 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, publicado en el número cuatro mil quinientos cuarenta y seis del Periódico Oficial del Estado de Morelos el doce de junio de dos mil siete.(3)

Autoridades demandadas

a) El Congreso del Estado de Morelos.

b) El gobernador del Estado de Morelos.

c) El secretario general de Gobierno del Estado de Morelos.

I. Antecedentes y planteamientos de la demanda

1. Antecedentes. Resulta pertinente relatar brevemente los antecedentes del caso:(4)

2. El veinticuatro de enero de dos mil ocho, el Pleno de este Alto Tribunal resolvió la controversia constitucional 55/2005 en la que declaró la invalidez del artículo 57, último párrafo, así como del decreto a través del cual el Poder Legislativo del Estado de Morelos determinó el pago de una pensión con cargo a la hacienda municipal de Xochitepec, toda vez que se consideró que vulneraban la autonomía presupuestaria y la definición del gasto público que constitucionalmente se determina a su favor.

3. El dieciocho de junio de dos mil ocho se publicó en el número cuatro mil seiscientos veinte del Periódico Oficial Local el Decreto Setecientos Ochenta y Dos de diecisiete de junio de ese mismo año, a través del cual se reformó el artículo 56, se adicionó la fracción XV al artículo 24 y se derogaron el cuarto párrafo de la fracción II del artículo 58 y el tercer párrafo del diverso 59, todos de la Ley de Servicio Civil del Estado de Morelos.

4. En las consideraciones de dicho decreto, el Congreso Local reconoció que al emitir de manera unilateral las resoluciones relativas al otorgamiento de pensiones, con frecuencia no se produce la extinción de la relación laboral pues los trabajadores al servicio de los Municipios o de los Poderes Locales continúan prestando sus servicios y demandan con posterioridad la actualización del monto de la pensión.

5. En cuanto al caso concreto, debe tenerse en cuenta que el trece de noviembre de mil novecientos noventa y seis se publicó en el número tres mil ochocientos veintiséis del Periódico Oficial Local el Decreto Setecientos Cuarenta y Ocho en el que el Congreso del Estado de Morelos otorgó una pensión vitalicia por invalidez al trabajador **********, mismo que resultó beneficiado con pensión diversa a través del decreto impugnado en esta controversia.

6. Conceptos de invalidez. A continuación se sintetizan los conceptos de invalidez hechos valer en la demanda:

7. Si bien los artículos impugnados reconocen como derecho de los trabajadores de los Municipios diversas prestaciones entre las que destacan la atención médica integral, el otorgamiento de préstamos y el apoyo a vivienda, así como las pensiones por jubilación, cesantía en edad avanzada, invalidez, orfandad y ascendencia, tales prestaciones sólo están plasmadas a nivel teórico o retórico ya que no existe un sistema integral en la materia y no se ha constituido el organismo al que corresponda administrar los fondos de seguridad social y proporcionar dichos servicios.

8. Se impone al Municipio la obligación de cubrir dichas prestaciones de manera directa y exclusiva con cargo a la hacienda municipal, dejando de lado que los riesgos de seguridad social deben socializarse, además de que no se prevé la intervención del Ayuntamiento en su calidad de empleador.

9. El contenido de las normas impugnadas impide al Municipio realizar una planeación financiera efectiva para cumplir con dichas prestaciones laborales y al mismo tiempo prever los recursos para la dotación de los servicios y la realización de las obras que requiere la comunidad a la que sirve. Lo anterior, ya que las normas locales del Estado de Morelos impiden que se cumpla con la obligación constitucional de programar y proporcionar la dotación y pago de las prestaciones laborales.

10. Se merman los recursos municipales al disponer que algunas prestaciones se cubran con cargo a la hacienda municipal y de manera duplicada. Lo mismo sucede cuando se le ordena que cubra el cien por ciento de una pensión aun cuando el trabajador se haya encontrado la mayor parte de su actividad productiva al servicio de los Poderes Estatales o de otros Municipios.

11. Asimismo, se autoriza la intromisión de la Legislatura Local para calificar las relaciones laborales entre los trabajadores y el Municipio actor, además de imponer de manera unilateral, exclusiva y arbitraria todo tipo de pensiones a cargo de la hacienda municipal.

12. Los servicios prestados por los organismos federales son deficientes y limitan a los afiliados el disfrute de todas las prestaciones laborales a que tienen derecho, lo cual genera que aun cuando la autoridad municipal celebre convenios de colaboración con dichas entidades, se presenten erogaciones en la materia.

13. Ante la inexistencia del marco normativo local que considere el sistema bajo el cual se proporcionen las prestaciones sociales a los trabajadores, el Municipio se encuentra obligado a autorizar de manera directa y a cargo de su presupuesto préstamos en numerario a sus empleados, situación que genera que el órgano de fiscalización del Congreso Local emita "observaciones resarcitorias" por responsabilidad directa a los funcionarios municipales al no haber obtenido cada fin de año el pago íntegro de tales préstamos, circunstancia que limita constitucionalmente su potestad de gobierno y le ocasiona ser objeto de diversas acciones legales.

14. Por otro lado, la opción de celebrar convenios con las instituciones federales de seguridad social para la atención de los trabajadores municipales no satisface los mandamientos previstos en los artículos 115, último párrafo y 123 de la Constitución Federal, en cuanto a la obligación de definir la forma y los procedimientos para otorgar seguridad social a los trabajadores burocráticos, ya que no existe el organismo que se encargue de administrar los recursos y prestar los servicios en tal sentido.

15. Existe una duplicidad en el pago de pensiones respecto de un mismo trabajador ya que de conformidad con el cuarto párrafo del artículo 66 impugnado, es una facultad del Congreso Local requerir al trabajador que elija cuál pensión disfrutará cuando dicho beneficiario tenga al mismo tiempo la posibilidad de recibir una pensión por el Gobierno Local o por uno de sus Municipios.

16. Es inconstitucional también el hecho de que se autorice a sumar la antigüedad o años de servicio que el trabajador haya prestado en cualquiera de los Poderes Locales o de otros Municipios, quedando a cargo del presupuesto del último Municipio en el que prestó sus servicios el pago absoluto de la pensión decretada. Lo anterior, sin que se haya considerado integralmente la prestación de todos los servicios que en materia de seguridad social correspondan a los trabajadores municipales ni se hayan fijado de manera proporcional las aportaciones que correspondan a los trabajadores.

17. Por lo que hace al decreto setecientos ochenta y dos impugnado, en él la Legislatura Estatal reiteró su atribución inconstitucional para determinar de manera unilateral y arbitraria todo tipo de pensiones con cargo a las arcas municipales, calificando previamente las relaciones entre los trabajadores y el Municipio actor, incluso, sin tomar en cuenta la existencia anterior de otra pensión.

18. En el caso del Decreto Mil Ochocientos Treinta y Tres impugnado, a través del cual el Congreso Local decretó la concesión de una pensión por cesantía en edad avanzada a favor del trabajador **********, el Legislativo Local omitió tener en cuenta el contenido del artículo 66 de la Ley del Servicio Civil Local en el sentido de que no pueden subsistir dos pensiones a cargo del gobierno y Municipio; lo anterior, toda vez que el trece de noviembre de mil novecientos noventa y seis el Congreso del Estado de Morelos emitió el Decreto Setecientos Cuarenta y Ocho, publicado en el número tres mil ochocientos veintiséis del Periódico Oficial Local, beneficiando con una pensión vitalicia por invalidez a dicho trabajador.

19. Artículos constitucionales señalados como violados. El Municipio actor señaló como violados los artículos 14, 16, 115, y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

II. Trámite de la controversia constitucional

20. Radicación y admisión. La demanda de controversia se presentó en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el trece de julio de dos mil doce.(5)

21. La comisión de receso de esta Suprema Corte de Justicia ordenó formar y registrar el expediente con el número 62/2012, admitió a trámite la demanda y tuvo como autoridades demandadas al Poder Legislativo, al Poder Ejecutivo y al secretario de Gobierno, todos del Estado de Morelos, a quienes requirió para que dentro del plazo de treinta días hábiles rindieran su contestación a la demanda. Asimismo, determinó que una vez que iniciara el segundo periodo de sesiones del año dos mil doce se enviarían los autos a la presidencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación para que proveyera lo relativo al turno de esta controversia constitucional.(6)

22. Una vez iniciado el segundo periodo de sesiones de dos mil doce, el presidente de este Alto Tribunal ordenó que, de conformidad con la certificación respectiva, el expediente se turnara al Ministro José Ramón Cossío Díaz para que fungiera como instructor.(7)

23. Contestación del Poder Legislativo.(8) El presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos en la LII Legislatura, en representación de ese poder, contestó la demanda exponiendo en síntesis que:

24. Se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VIII, de la ley reglamentaria de la materia, ya que el Municipio actor carece de interés legítimo para acudir en esta vía ante la inexistencia de afectación en su esfera de competencias y autonomía. Lo anterior, pues el Poder Legislativo Local tiene facultades constitucionales y legales para expedir el Decreto Mil Ochocientos Treinta y Tres impugnado, además de que no se afecta la esfera de atribuciones del Municipio ni se pretenden ejercer directamente los recursos que integran su hacienda pública.

25. Asimismo, el Municipio actor hizo referencia a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la controversia constitucional 55/2005 sin tomar en cuenta que en dicha sentencia se estableció que la declaración de invalidez del artículo 57, último párrafo, surtiría efectos solamente entre las partes, por lo que no tiene consecuencias sobre el Municipio actor.

26. Por lo que hace a los conceptos de invalidez, el Decreto Legislativo Mil Ochocientos Treinta y Tres fue dictado con base en la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, la cual establece el procedimiento para que los trabajadores de los poderes de dicha entidad federativa o los Municipios puedan obtener su pensión, por lo que una vez que el trabajador cumplió con los requisitos previstos por la ley para solicitar la pensión por cesantía en edad avanzada, no existía razón alguna para que el Congreso Estatal se negara a cumplir la obligación de emitir el decreto respectivo.

27. No debe pasarse por alto que, de conformidad con el artículo 123 de la Constitución Federal, los Municipios tienen la obligación constitucional de tener una partida en su cuenta pública para el pago de pensiones a quienes fungieron como sus trabajadores, circunstancia de la que no puede excluirse el Municipio actor.

28. Es así que el decreto y las normas impugnadas no son inconstitucionales, debido a que las partidas del presupuesto de egresos municipal para el pago de las prestaciones de seguridad social no pueden ser concebidas en el ámbito de la libre administración hacendaria prevista en el artículo 115, fracción IV, de la Constitución Federal.

29. En cuanto a la libertad de administración hacendaria, debe decirse que es una facultad constitucional concedida a los Municipios para integrar su presupuesto de egresos. Dicha facultad consiste en la libre elección del destino y monto de los ingresos disponibles provenientes de las fuentes enumeradas en el artículo 115, fracción IV, de la Constitución Federal, salvo que sea en este último ordenamiento en el que se prevea cumplir una obligación dineraria, caso como el presente, en el que no opera a plenitud la libertad municipal hacendaria.

30. Por otro lado, debe tenerse en cuenta que de conformidad con lo previsto en el artículo 105 de la Constitución Federal, no todo acto podrá ser materia de impugnación en una controversia constitucional ya que dicho medio de control de la constitucionalidad por regla general, sólo es procedente con motivo de conflictos suscitados entre dos o más niveles de gobierno, cuando la cuestión de fondo debatida se refiera a la distribución o invasión de competencias que a cada uno corresponda o a la irregularidad en el ejercicio de sus atribuciones.

31. De tal forma, si en la demanda se impugna el Decreto Mil Ochocientos Treinta y Tres al que se ha hecho referencia, se trata del ejercicio de las facultades administrativas del Congreso del Estado, por lo que no puede considerarse que ésta sea la vía idónea para someter a revisión los derechos de los trabajadores en materia de seguridad social.

32. Contestación del gobernador(9) y del secretario de Gobierno del Estado.(10) Ambas autoridades del Estado de Morelos fueron coincidentes en su respectiva contestación de demanda, sosteniendo en síntesis que:

33. Se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VII, de la ley reglamentaria de la materia, en virtud de que el decreto impugnado no es el primero que se expide con fundamento en las normas que se pretende sean declaradas inválidas.

34. Complementariamente, presentan en una tabla diversos decretos de concesión de pensiones a trabajadores del Ayuntamiento actor publicados desde el mes de mayo de dos mil nueve, fecha evidentemente anterior a julio de dos mil doce, cuando se publicó el decreto impugnado.

35. El Municipio actor carece de legitimación ad causam ya que no es titular del derecho que pretende hacer valer; además, ambas autoridades carecen de legitimación pasiva en el asunto ya que no han realizado acto alguno que invada la competencia municipal.

36. Los conceptos de invalidez deben calificarse de inatendibles e inoperantes ante la inexistencia de argumentos susceptibles de ser analizados, de causa de pedir y de razones suficientes para sostener la razón de lo pretendido en oposición al principio de presunción de validez que tienen los actos de autoridad.

37. Los actos que se les reclaman fueron realizados con apego a la facultad prevista en la Constitución Política Local, además de que no se emitieron conceptos de invalidez en los que se reclamen vicios propios de los actos emitidos por cada una de ambas autoridades, por lo que son constitucionales.

38. El Decreto Legislativo Mil Ochocientos Treinta y Tres no es inconstitucional, ya que las partidas del presupuesto de egresos municipal para el pago de las prestaciones de seguridad social no pueden ser concebidas en el ámbito de la libre administración hacendaria previsto en el artículo 115, fracción IV, de la Constitución Federal, si se toma en cuenta que son destinadas para cubrir una obligación dineraria impuesta en la fracción VIII del mismo precepto, en relación con el diverso 123 de esa Ley Fundamental.

39. Se considera que los Municipios tienen autonomía para determinar la aplicación de los recursos públicos pero también deben observar las normas constitucionales y federales relativas, además de las que expidan las Legislaturas Locales concernientes a la administración pública municipal.

40. En tal virtud, es innegable que el marco legal establecido en la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos para el otorgamiento de la pensión por cesantía en edad avanzada no vulnera la libre administración del Municipio pues dicha prestación está a su cargo por mandato expreso de la Constitución Federal.

41. Asimismo, el artículo 57, último párrafo, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos no afecta a la libre hacienda municipal si se tiene en cuenta que sólo señala la fecha en que podrá expedirse el decreto que otorga a los beneficiarios de un trabajador su pensión correspondiente.

42. Apoyan sus argumentos con los criterios jurisprudenciales de rubros: "HACIENDA MUNICIPAL Y LIBRE ADMINISTRACIÓN HACENDARIA. SUS DIFERENCIAS (ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL)." y "MUNICIPIOS. EL ARTÍCULO 9o. DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTADO, MUNICIPIOS E INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE BAJA CALIFORNIA, NO TRANSGREDE LA LIBRE ADMINISTRACIÓN HACENDARIA DE AQUÉLLOS."

43. Opinión de la procuradora general de la República.(11) Esta funcionaria al rendir su opinión manifestó en síntesis que:

44. La Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional y quien la promovió goza de legitimación procesal activa para ello.

45. En cuanto a la presentación de la demanda, sólo es oportuna respecto del Decreto Mil Ochocientos Treinta y Tres impugnado, ya que los artículos 1, 8, 24, fracción XV, 43, fracciones V, XIII, XIV y XV, 45, fracciones III, IV y XV, esta última fracción en su párrafo primero e incisos a), b), c) y d), 54, fracciones I, IV y VII, 58 y 60 al 68 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos; así como 109 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos no se aplicaron en el citado decreto y resulta evidentemente extemporánea la vía constitucional propuesta con motivo de su entrada en vigor, actualizándose la causa de improcedencia prevista en la fracción VII del artículo 19 de la ley reglamentaria de la materia.

46. Lo mismo sucede respecto de los artículos 55, 56, 57, 59 y 66 de la Ley del Servicio Civil; así como 67, fracción I, de la Ley Orgánica para el Congreso, ambas del Estado de Morelos, ya que a pesar de que sí sirvieron como fundamento del decreto anteriormente mencionado, éste no puede considerarse como su primer acto de aplicación pues el Congreso Local ha emitido anteriormente diversos decretos a través de los cuales ha concedido pensiones con cargo al Municipio actor, además de que su impugnación resulta extemporánea con motivo de su publicación.

47. En cuanto a la validez del citado decreto, los numerales de la Ley del Servicio Civil local en los que se fundamenta, otorgan indebidamente al Poder Legislativo Estatal facultades y competencia para entrometerse en las decisiones de los Ayuntamientos de la entidad, al permitirle emitir decretos que establecen diversas prestaciones laborales a favor de los ex trabajadores de los Municipios.

48. La naturaleza jurídica del Congreso del Estado de Morelos es meramente legislativa, por lo que no es dable otorgarle la facultad de dictaminar y decretar cuál es la pensión por cesantía en edad avanzada que debe concedérsele a un ex trabajador municipal.

49. El decreto impugnado lesiona la hacienda de los Municipios y su autonomía respecto de la gestión de sus recursos económicos, circunstancia contraria a los artículos 115, fracciones IV, párrafos primero, penúltimo y último, y VIII, párrafo segundo, así como 123, ambos de la Constitución Federal.

50. No existe razón para justificar que si los trabajadores mantuvieron una relación de trabajo con las municipalidades, es una autoridad ajena como la Legislatura Estatal a la que se confía la atribución de evaluar el tiempo de servicios, salario percibido, edad del servidor público y todos los demás requisitos para verse favorecidos con una pensión con cargo al erario municipal, lo cual provoca que el Municipio actor se encuentre obligado a modificar sus previsiones municipales.

51. Por último, recomienda que en caso de que se declare la invalidez del decreto combatido se dejen a salvo los derechos del trabajador municipal para reclamar el pago de la pensión a que tiene derecho, ante la autoridad y en la vía que corresponda.

52. Audiencia. Sustanciado el procedimiento en la presente controversia constitucional, se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se tuvieron por exhibidas y admitidas las pruebas ofrecidas, por presentados los alegatos y se puso el expediente en estado de resolución.(12)

III. Competencia

53. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o. de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II de dicho precepto; 10, fracción I y 11, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; punto cuarto del Acuerdo 5/2001, emitido por el Tribunal Pleno, el veintiuno de junio de dos mil uno, en relación con el punto único del Acuerdo 3/2008 de diez de marzo de dos mil ocho.

IV. Oportunidad

54. Para analizar la oportunidad de la demanda, conviene tener en cuenta que se promovió en contra de los siguientes actos y normas generales:

a) El Decreto Número Mil Ochocientos Treinta y Tres, de veintinueve de mayo de dos mil doce, publicado el trece de junio siguiente en la página ochenta y nueve del número cuatro mil novecientos ochenta y cuatro del Periódico Oficial del Estado de Morelos, mediante el que se concedió pensión por cesantía en edad avanzada al trabajador **********.

b) El Decreto Número Setecientos Ochenta y Dos, de seis de junio de dos mil ocho, publicado el dieciocho de ese mismo mes y año en la página siete del número cuatro mil seiscientos veinte del Periódico Oficial del Estado de Morelos, por lo que hace a la adición de la fracción XV al artículo 24 y la reforma al artículo 56 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos.

c) Los artículos 1, 8, 24, fracción XV, 43, fracciones V, XIII, XIV y XV, 45, fracciones III, IV y XV, esta última fracción en su párrafo primero e incisos a), b), c) y d), 54, fracciones I, IV y VII, y 55 al 68 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos; 67, fracción I, de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos; y, 109 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos.

55. Al respecto, el artículo 21 de la ley reglamentaria de la materia establece en sus fracciones I y II el plazo de treinta días para promover una controversia constitucional cuando se impugnen actos o normas generales, el que se computará de la siguiente forma.(13)

56. Tratándose de actos:

a) A partir del día siguiente al en que conforme a la ley del propio acto surta efecto la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame;

b) A partir del día siguiente al en que el actor haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución;

c) A partir del día siguiente al en que el actor se ostente sabedor de los mismos.

57. En el caso de normas generales:(14)

a) A partir del día siguiente a la fecha de su publicación;

b) A partir del día siguiente al en que se produzca el primer acto de aplicación de la norma que dé lugar a la controversia.

58. Por lo que hace al Decreto Número Mil Ochocientos Treinta y Tres impugnado, el cómputo debe realizarse a partir de la fecha en que fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de Morelos, ya que el Municipio actor no expresó haber tenido conocimiento del mismo en un momento diverso.

59. Conforme a lo anterior, la demanda se interpuso de manera oportuna respecto del citado decreto, ya que fue publicado en el Periódico Oficial Local el trece de junio de dos mil doce y la demanda se presentó en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal el trece de julio siguiente, es decir, el vigésimo segundo día hábil del plazo de treinta días previsto en la fracción I del artículo 21 de la ley reglamentaria de la materia.

60. Por lo que hace al Decreto Número Setecientos Ochenta y Dos, de seis de junio de dos mil ocho, por el que se adicionó la fracción XV al artículo 24 y se reformó el artículo 56, ambos de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, si se toma como fecha para el cómputo del plazo para la presentación de la demanda el dieciocho de junio de dos mil ocho, fecha en que dicho acto fue publicado en el Periódico Oficial Local, es evidente que es extemporánea ya que el plazo previsto en la fracción I del artículo 21 de la ley reglamentaria de la materia transcurrió en exceso; sin embargo, enseguida analizaremos si la impugnación de las normas generales que se adicionaron y reformaron a través de ese decreto es oportuna o no con motivo de su aplicación.

61. En cuanto a la oportunidad del reclamo respecto de las normas generales impugnadas, tanto el gobernador constitucional y el secretario general de Gobierno, ambos del Estado de Morelos, como la procuradora general de la República hicieron valer la causa de improcedencia prevista en la fracción VII del artículo 19 de la ley reglamentaria de la materia, sustentándola en el hecho de que, atendiendo a la fecha de publicación de las normas impugnadas se está en presencia de una impugnación extemporánea, además de que el decreto que se impugna no constituye el primer acto de aplicación de éstas.

62. Como un primer paso, esta Primera Sala revisará si las normas generales impugnadas fueron o no aplicadas en el Decreto Mil Ochocientos Treinta y Tres impugnado, pues sólo de este modo el cómputo para la presentación de la demanda de controversia constitucional puede hacerse de conformidad con la segunda hipótesis prevista por la fracción II del artículo 21 de La ley reglamentaria de la materia, ya que de lo contrario el cómputo debe realizarse a partir del día siguiente a la fecha de la publicación de las normas generales impugnadas.

63. Al respecto, recordemos que el Municipio actor reclamó la constitucionalidad de los siguientes artículos:

a) 1, 8, 24, fracción XV, 43, fracciones V, XIII, XIV y XV, 45 fracciones III, IV y XV, esta última fracción en su párrafo primero e incisos a), b), c) y d), 54, fracciones I, IV y VII, y 55 al 68 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos.

b) 67, fracción I, de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos.

c) 109 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos.

64. Es necesario traer a cuenta el contenido del decreto impugnado, para analizar si en él se aplicaron tales normas:

"13 de junio de 2012. Periódico Oficial. Página 89. Al margen izquierdo un sello con el escudo del Estado de Morelos que dice: ‘Tierra y Libertad’. La tierra volverá a quienes la trabajan con sus manos. Poder Legislativo. LI Legislatura. 2009-2012.

"Mtro. Marco Antonio Adame Castillo, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Morelos a sus habitantes sabed:

"Que el Congreso del Estado se ha servido enviarme para su promulgación lo siguiente:

"La Quincuagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos, en ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 40, fracción II, de la Constitución Política Local, y considerando.

"I. Mediante escrito presentado en fecha 01 de febrero de 2012, ante este Congreso del Estado, el C. **********, por su propio derecho, solicitó de esta Soberanía le sea otorgada pensión por cesantía en edad avanzada, acompañando a su solicitud los documentos a que se refiere el artículo 57, apartado A), fracciones I, II, y III, de la Ley del Servicio Civil del Estado, como lo son: Acta de nacimiento, hoja de servicios y carta de certificación del salario expedidas por el H. Ayuntamiento de Temixco, Morelos.

"II. Que al tenor del artículo 56 de la Ley del Servicio Civil vigente en la entidad, la pensión por cesantía en edad avanzada se generará a partir de la fecha en que entre en vigencia el decreto respectivo.

"Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la vigencia del decreto cesarán los efectos de su nombramiento. El trabajador que se hubiere separado justificada o injustificadamente de su fuente

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24616-0d7f8d8b/controversia-constitucional-debe-sobreseerse-respecto-de-normas-generales · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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