CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DEBE SOBRESEERSE RESPECTO DE NORMAS GENERALES CUYA CONSTITUCIONALIDAD NO SE RECLAME CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN Y LA IMPUGNACIÓN RESULTE EXTEMPORÁNEA EN RAZÓN DE LA FECHA DE SU PUBLICACIÓN, ATENDIENDO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 19, FRACCIÓN VII, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. LIBRE ADMINISTRACIÓN HACENDARIA Y AUTONOMÍA DE LOS AYUNTAMIENTOS EN LA GESTIÓN DE SUS RECURSOS. EL DECRETO NÚMERO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE, PUBLICADO EL 18 DE ABRIL DE 2012 EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE MORELOS, MEDIANTE EL CUAL EL PODER LEGISLATIVO LOCAL DETERMINA OTORGAR PENSIÓN POR JUBILACIÓN CON CARGO AL GASTO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE MAZATEPEC, A UNA EMPLEADA DE ESE AYUNTAMIENTO, VIOLA EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 40/2012. MUNICIPIO DE MAZATEPEC, ESTADO DE MORELOS. 5 DE DICIEMBRE DE 2012. MAYORÍA DE TRES VOTOS. DISIDENTE: ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA. PONENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. SECRETARIOS: LAURA PATRICIA ROJAS ZAMUDIO Y RAÚL MANUEL MEJÍA GARZA.
México, Distrito Federal. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día cinco de diciembre de dos mil doce en el que emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la que se resuelve la controversia constitucional 40/2012 en la que el síndico Municipal David Santos Roldán, en representación del Municipio de Mazatepec, Estado de Morelos, demandó la invalidez de:
a) El Decreto condenatorio Número Mil Seiscientos Sesenta y Siete, de veintisiete de marzo de dos mil doce, publicado el dieciocho de abril de ese mismo año en la página diez del número cuatro mil novecientos sesenta y ocho del Periódico Oficial "Tierra y Libertad" del Estado de Morelos, así como todos sus efectos y consecuencias.(1)
b) Los artículos 1, 8, 24, fracción XV, 43, fracción XIII, 45, fracción XV, inciso C, 54, fracción VII, 56, 57, 58 y 66 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos.
c) El artículo 67, fracción I, de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos.
d) El artículo 109 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos.(2)
Autoridades demandadas
a) El Congreso del Estado de Morelos.
b) El gobernador del Estado de Morelos.
c) El secretario general de Gobierno del Estado de Morelos.(3)
I. Antecedentes y planteamientos de la demanda
1. Antecedentes. Resulta pertinente relatar brevemente los antecedentes del caso:(4)
2. El diecisiete de enero de dos mil siete, la trabajadora Martha Georgina Morales Robles ingresó a prestar sus servicios al Municipio actor en el cargo de jefe de Egresos Municipales, al cual renunció voluntariamente el treinta y uno de octubre de dos mil nueve.
3. El veinticuatro de abril de dos mil doce, dicha trabajadora hizo del conocimiento del Municipio actor el contenido del decreto impugnado, en virtud del cual se encuentra obligado a otorgarle una pensión por jubilación que deberá ser cubierta por dicho Ayuntamiento con cargo a la partida presupuestal destinada para pensiones, cumpliendo con lo que se dispone en los artículos 55, 56 y 58 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos.(5)
4. En el citado decreto se estableció que la pensión debe ser cubierta al cincuenta por ciento del último salario de la solicitante, a partir del día siguiente a aquel en que se separó de sus labores y tomando como base el último salario que percibió, incrementándose la cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al salario mínimo general del área correspondiente al Estado de Morelos. Asimismo se estableció que la pensión debería integrarse por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, conforme al artículo 66 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos.
5. Conceptos de invalidez. A continuación se sintetizan los conceptos de invalidez hechos valer en la demanda.
6. El decreto impugnado ocasiona perjuicios a la hacienda municipal ya que implica la intromisión del Poder Legislativo del Estado de Morelos en la vida interna del Municipio, lo cual vulnera el contenido del artículo 115 de la Constitución Federal conforme al cual los Ayuntamientos gozan de plena autonomía para dirigir los destinos políticos, administrativos y patrimoniales de su circunscripción municipal.
7. Se permite la intromisión del Poder Legislativo Local en la vida interna del Municipio pues al aplicar los artículos impugnados y exigirle el pago de una pensión por jubilación se transgrede el artículo 113 de la Constitución Política del Estado de Morelos, en el que se establece que los Municipios tienen la facultad de administrar su patrimonio conforme a las leyes respectivas.
8. No se pretende la inconstitucionalidad de la existencia y regulación de los derechos de pensión de los trabajadores, sino del hecho de que el nivel de Gobierno Estatal decida sobre la concesión de pensiones de los trabajadores del orden municipal.
9. El Ayuntamiento no tuvo la oportunidad de hacer valer sus objeciones y alegatos, de conformidad con el artículo 123 del Reglamento Interior para el Congreso de Morelos en el que se prevé que los proyectos de dictamen deben contener las observaciones hechas por los Ayuntamientos y los Poderes Ejecutivo o Judicial, en su caso, por lo que se vulneró su derecho de audiencia.
10. Es inadmisible que la Legislatura del Estado decida sobre la procedencia del otorgamiento de las pensiones sin la mínima intervención del Municipio obligado a cubrirlas, ya que se afecta el presupuesto municipal al obligarlo a incorporar una partida dirigida al pago de un fin específico no contemplado al comienzo del ejercicio fiscal.
11. Artículos constitucionales señalados como violados. El Municipio actor señaló como violados los artículos 14, 16, 17, 115, 116 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
II. Trámite de la controversia constitucional
12. Radicación y admisión. La demanda de controversia se presentó en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el veintinueve de mayo de dos mil doce.(6) Por acuerdo de ese mismo día, el presidente de este Alto Tribunal ordenó formar y registrar el expediente con el número 40/2012 y, de conformidad con la certificación respectiva, lo turnó al Ministro José Ramón Cossío Díaz para que fungiera como instructor.(7)
13. La controversia constitucional se admitió a trámite y se tuvieron como autoridades demandadas a los Poderes Legislativo, Ejecutivo y secretario de gobierno, todos del Estado de Morelos, a quienes se requirió para que dentro del plazo de treinta días hábiles rindieran su contestación a la demanda.(8)
14. Contestación del Poder Legislativo.(9) El presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos, en representación de ese poder, contestó la demanda exponiendo en síntesis que:
15. Se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VIII, de la ley reglamentaria de la materia, ya que el Municipio actor carece de interés legítimo para acudir en esta vía ante la inexistencia de afectación alguna en su esfera de competencias y autonomía. Lo anterior, pues el Poder Legislativo Local tiene facultades constitucionales y legales para expedir el decreto impugnado, además de que con dicha expedición no afecta la esfera de atribuciones del Municipio ni pretende ejercer directamente los recursos que integran la hacienda pública municipal.
16. La norma en que se fundamentó el decreto impugnado no es inconstitucional debido a que las partidas del presupuesto de egresos no pueden ser concebidas en el ámbito de la libre administración hacendaria, ya que son destinadas a cubrir una obligación constitucional respecto de los trabajadores.
17. Por otro lado, la autonomía municipal y la libertad hacendaria deben entenderse como la libre elección en el destino y monto de los recursos públicos disponibles, con la excepción que se actualiza en el caso concreto ya que existe la obligación constitucional de cubrir una obligación económica. Es así que, de conformidad con el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los trabajadores tienen derecho a una pensión, siempre que cumplan con los requisitos legales, la cual debe fijarse en una partida especial del presupuesto de egresos municipal, a diferencia de otras prestaciones que quedan sujetas a las posibilidades económicas del Municipio.
18. Es obligación de los Municipios tener una partida en su cuenta pública para el pago de pensiones, sin que en momento alguno el Congreso del Estado haya ordenado la creación de la misma, además de que el pago de la pensión se realizará de forma mensual sin que se acredite daño alguno a la autonomía o a la hacienda municipal, de tal forma que no puede eximirse la autoridad municipal del cumplimiento de las obligaciones laborales impuestas en los artículos 115, fracción VIII y 123 de la Constitución Federal.
19. El decreto impugnado fue dictado con base en la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, la cual establece el procedimiento para que los trabajadores de los poderes del Estado y los Municipios puedan obtener su pensión por jubilación, cesantía en edad avanzada, invalidez, viudez u orfandad, así como la naturaleza jurídica de los derechos adquiridos por los trabajadores y los sujetos obligados al cumplimiento de dichas obligaciones sociales. Consecuentemente, si la peticionaria de la pensión cumplió con todos los requisitos legales para que le fuera concedida la prestación social, no existía motivo para que el Congreso del Estado se negara a emitir el decreto respectivo, ya que así lo ordenan los artículos 57 de la Ley del Servicio Civil y 40 de la Constitución Política del Estado.
20. La controversia constitucional no es la vía idónea para analizar las actuaciones que realiza el Congreso del Estado en ejercicio de sus funciones eminentemente administrativas, ya que se haría de este medio de control de la constitucionalidad un recurso para someter a revisión los derechos de los trabajadores en materia de seguridad social, objetivo que no es propio de la naturaleza de este medio de control.
21. Contestación del gobernador(10) y del secretario de gobierno.(11) Ambas autoridades del Estado de Morelos fueron coincidentes en sus contestaciones de demanda, en las que señalaron, en síntesis que:
22. Se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VII, de la ley reglamentaria de la materia, en virtud de que el decreto impugnado no es el primero que se expide con fundamento en el artículo 67, fracción I, de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos. Complementariamente, presentan una tabla en la que se listan diversos decretos de concesión de pensiones a trabajadores del Ayuntamiento actor publicados desde el mes de julio de dos mil diez, fecha evidentemente anterior al mes de abril de dos mil doce, cuando se publicó el decreto impugnado.
23. El Municipio actor carece de legitimación ad causam ya que no es titular del derecho que pretende hacer valer; además, ambas autoridades carecen de legitimación pasiva en el asunto ya que no han realizado acto alguno que invada la competencia municipal, por lo que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VIII, de la ley reglamentaria de la materia.
24. Los conceptos de invalidez deben calificarse de inatendibles e inoperantes ante la inexistencia de argumentos susceptibles de ser analizados, de causa de pedir y de razones suficientes para sostener la razón de lo pretendido.
25. Los actos que se les reclaman fueron realizados con apego a la facultad prevista en la Constitución Política Local, además de que no se emitieron conceptos de invalidez en los que se reclamen vicios propios de dichos actos, por lo que son constitucionales.
26. El artículo 123 constitucional prevé la existencia de diversos principios encaminados a la protección y bienestar de los trabajadores y sus familias, mismos que encuentran su desarrollo en la Ley del Servicio Civil para los Trabajadores al Servicio del Estado de Morelos al establecerse medidas y prerrogativas que deben respetarse en beneficio de aquellos trabajadores que pretendan jubilarse.
27. El decreto impugnado no es inconstitucional ya que si bien la libre administración hacendaria municipal se compone de ingresos públicos provenientes de fuentes diversas, existen ciertos ingresos que tienen una aplicación específica que no puede ser variada por el Ayuntamiento, como es el caso de las obligaciones de seguridad social previstas en el artículo 123 constitucional.
28. Citan como apoyo a sus argumentos el criterio jurisprudencial de rubro: "MUNICIPIOS. EL ARTÍCULO 9o. DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTADO, MUNICIPIOS E INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE BAJA CALIFORNIA, NO TRANSGREDE LA LIBRE ADMINISTRACIÓN HACENDARIA DE AQUÉLLOS."(12)
29. Opinión de la procuradora general de la República.(13) Esta funcionaria al rendir su opinión manifestó en síntesis que:
30. La Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional, misma que se presentó oportunamente, además de que quien la promovió goza de legitimación procesal activa para ello.
31. En cuanto a la procedencia de la acción respecto de la invalidez de las normas impugnadas, consistentes en diversos artículos de la Ley del Servicio Civil, de la Ley Orgánica para el Congreso y de su Reglamento, todos del Estado de Morelos, el decreto impugnado no puede considerarse como su primer acto de aplicación ya que el veintiocho de julio y el veintisiete de octubre de dos mil diez, así como el cuatro de enero de dos mil doce, se notificaron al Municipio actor diversos decretos en los que se otorgaron pensiones a cargo de su gasto público. Por tanto, la impugnación de la constitucionalidad de dichas normas a partir de su entrada en vigor resulta extemporánea en exceso, actualizándose la causa de improcedencia prevista en la fracción VII del artículo 19 de la ley reglamentaria de la materia.
32. Los artículos 1, 8, 24, 43, 45, 54, 61, 64 y 68 de la Ley del Servicio Civil y 109 del reglamento para el Congreso, ambos ordenamientos del Estado de Morelos, no sirvieron de fundamento para emitir el decreto impugnado y resulta evidentemente extemporánea la vía constitucional propuesta con motivo de su entrada en vigor.
33. En cuanto a la validez del decreto impugnado, los numerales de la Ley del Servicio Civil Local en los que se fundamenta le otorgan indebidamente al Poder Legislativo Estatal facultades y competencia para entrometerse en las decisiones de los Ayuntamientos de la entidad, al permitirle emitir decretos que establecen diversas prestaciones laborales a favor de los ex trabajadores de los Municipios.
34. La naturaleza jurídica del Congreso del Estado de Morelos es meramente legislativa, por lo que no es dable otorgarle la facultad de dictaminar y decretar cuál es la pensión por jubilación que debe concedérsele a una ex trabajadora municipal.
35. El decreto impugnado lesiona la hacienda de los Municipios y su autonomía respecto de la gestión de sus recursos económicos, circunstancia contraria a los artículos 115, fracciones IV, párrafos primero, penúltimo y último y VIII, párrafo segundo, así como 123, ambos de la Constitución Federal.
36. Por último, recomienda que en caso de que se declare la invalidez del decreto combatido se dejen a salvo los derechos de la trabajadora municipal para reclamar el pago de la pensión a que tiene derecho, ante la autoridad y en la vía que corresponda.
37. Audiencia. Sustanciado el procedimiento en la presente controversia constitucional, se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la ley reglamentaria de la materia, se tuvieron por exhibidas y admitidas las pruebas ofrecidas, por presentados los alegatos y se puso el expediente en estado de resolución.(14)
III. Competencia
38. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o. de la ley reglamentaria de las fracciones I y II de dicho precepto; 10, fracción I y 11, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; punto cuarto del Acuerdo General Número 5/2001, emitido por el Tribunal Pleno, el veintiuno de junio de dos mil uno, en relación con el punto único del Acuerdo General Plenario Número 3/2008 de diez de marzo de dos mil ocho.
IV. Oportunidad
39. Para analizar la oportunidad de la demanda, conviene tener en cuenta que se promovió en contra del siguiente acto y normas generales:
a) El Decreto Número Mil Seiscientos Sesenta y Siete, de veintisiete de marzo de dos mil doce, publicado el dieciocho de abril de ese mismo año en el número cuatro mil novecientos sesenta y ocho del Periódico Oficial del Estado de Morelos.
b) Los artículos 1, 8, 24, fracción XV, 43, fracción XIII, 45, fracción XV, inciso C, 54, fracción VII, 56, 57, 58 y 66 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos; 67, fracción I, de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos; y, 109 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos.
40. Al respecto, el artículo 21 de la ley reglamentaria de la materia establece en sus fracciones I y II el plazo de treinta días para promover una controversia constitucional cuando se impugnen actos o normas generales, el que se computará de la siguiente forma:(15)
41. Tratándose de actos:
a) A partir del día siguiente al en que conforme a la ley del propio acto surta efecto la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame;
b) A partir del día siguiente al en que el actor haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución;
c) A partir del día siguiente al en que el actor se ostente sabedor de los mismos.
42. En el caso de normas generales:(16)
a) A partir del día siguiente a la fecha de su publicación;
b) A partir del día siguiente al en que se produzca el primer acto de aplicación de la norma que dé lugar a la controversia.
43. En cuanto a la oportunidad de la presentación del acto impugnado, consistente en el Decreto Número Mil Seiscientos Sesenta y Siete, de veintisiete de marzo de dos mil doce, publicado el dieciocho de abril de ese mismo año en el número cuatro mil novecientos sesenta y ocho del Periódico Oficial del Estado de Morelos, el Municipio actor manifestó en su demanda que tuvo conocimiento de la existencia de dicho decreto el veinticuatro de abril de dos mil doce, día en el que la trabajadora que resulta beneficiada con la concesión de tal pensión hizo del conocimiento del Municipio la publicación respectiva.(17)
44. Consecuentemente, el plazo para presentar la demanda respecto de dicho decreto transcurrió del miércoles veinticinco de abril al miércoles seis de junio de dos mil doce, descontando en el cómputo los días veintiocho y veintinueve de abril, cinco, seis, doce, trece, diecinueve, veinte, veintiséis y veintisiete de mayo, dos y tres de junio, todos de dos mil doce, por ser sábados y domingos, asimismo, se descuenta del cómputo el día uno de mayo de dos mil doce por ser inhábil de conformidad con el artículo 23 de la Ley de Amparo; de tal forma, si la demanda se presentó en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el veintinueve de mayo de dos mil doce, es evidente que se encuentra dentro del plazo de treinta días previsto en la fracción I del artículo 21 de la ley reglamentaria de la materia.(18)
45. Respecto a la oportunidad de la impugnación de las normas generales, tanto el gobernador constitucional y el secretario general de gobierno, ambos del Estado de Morelos, como la procuradora general de la República hicieron valer la causa de improcedencia prevista en la fracción VII del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustentándola en el hecho de que atendiendo a la fecha de publicación de las normas impugnadas se está en presencia de una impugnación extemporánea, además de que el decreto que se impugna no constituye el primer acto de aplicación de éstas.
46. Como un primer paso, se revisará si las normas generales impugnadas fueron o no aplicadas en el decreto impugnado pues sólo de este modo el cómputo para la presentación de la demanda de controversia constitucional puede hacerse de conformidad con la segunda hipótesis prevista por la fracción II del artículo 21 de la ley reglamentaria de la materia, ya que de lo contrario el cómputo debe realizarse a partir del día siguiente a la fecha de la publicación de las normas generales impugnadas.
47. Al respecto, recordemos que el Municipio actor reclamó la constitucionalidad de los siguientes artículos:
a) 1, 8, 24, fracción XV, 43, fracción XIII, 45, fracción XV, inciso C), 54, fracción VII, 56, 57, 58 y 66 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos.
b) 67, fracción I, de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos.
c) 109 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos.
48. Es necesario traer a cuenta el contenido del decreto impugnado, para analizar si en él se aplicaron tales normas:
"Página 10 Periódico Oficial 18 de abril de 2012. Al margen izquierdo un sello con el escudo del Estado de Morelos que dice: ‘Tierra y Libertad’. La tierra volverá a quienes la trabajan con sus manos. Poder Legislativo. LI Legislatura. 2009-2012.
"Mtro. Marco Antonio Adame Castillo, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Morelos a sus habitantes sabed:
"Que el Congreso del Estado se ha servido enviarme para su promulgación lo siguiente:
"La Quincuagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos, en ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 40, fracción II, de la Constitución Política Local, y
"Considerando.
"I. En fecha 26 de octubre del 2010, la C. Martha Georgina Morales Robles, por su propio derecho, presentó ante este Congreso solicitud de pensión por jubilación de conformidad con la hipótesis contemplada en el artículo 58, fracción II, inciso k), de la Ley del Servicio Civil del Estado, acompañando a su petición la documentación exigida por el artículo 57, apartado A), fracciones I, II y III, del marco legal antes mencionado, consistente en: acta de nacimiento, hoja de servicios expedida por el Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos, así como hoja de servicios y carta de certificación de salario expedidas por el H. Ayuntamiento de Mazatepec, Morelos.
"II. Que al tenor del artículo 56 de la Ley del Servicio Civil vigente en la entidad, la pensión por jubilación se generará a partir de la fecha en que entre en vigencia el decreto respectivo. Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la vigencia del decreto cesarán los efectos de su nombramiento. El trabajador que se hubiere separado justificada o injustificadamente de su fuente de empleo, antes de la fecha de vigencia del decreto que la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del siguiente día de su separación, y de conformidad con el artículo 58 del mismo ordenamiento, la pensión por jubilación, se otorgará al trabajador que conforme a su antigüedad se ubique en el supuesto correspondiente.
"III. Del análisis practicado a la documentación antes relacionada y una vez realizado el procedimiento de investigación que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad de la C. Martha Georgina Morales Robles, por lo que se acreditan a la fecha de su solicitud 18 años, 5 meses, 28 días, de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que prestó sus servicios en el Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos, habiendo desempeñado los cargos siguientes: jefe de Departamento de Contabilidad, del 01 de octubre de 1988 al 31 de mayo de 1995; tesorera, del 01 de junio de 1995 al 31 de enero de 2001; coordinadora de Tesorería, del 01 de febrero de 2001 al 15 de junio de 2004. En el H. Ayuntamiento de Mazatepec, Morelos, prestó sus servicios, habiendo desempeñado el cargo de: jefe de egresos municipales, del 17 de enero de 2007 al 31 de octubre de 2009. De lo anterior se desprende que la jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción II, inciso k), del cuerpo normativo antes aludido, por lo que al quedar colmados los requisitos de la ley, lo conducente es conceder a la trabajadora en referencia el beneficio solicitado.
"Por lo anteriormente expuesto, esta Soberanía ha tenido a bien expedir el siguiente:
"Decreto Número Mil Seiscientos Sesenta y Siete.
"Artículo 1o. Se concede pensión por Jubilación a la C. Martha Georgina Morales Robles, quien ha prestado sus servicios en el Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos, así como en el H. Ayuntamiento de Mazatepec, Morelos, desempeñando como último cargo el de: jefe de egresos municipales.
"Artículo 2o. La pensión decretada deberá cubrirse al 50% del último salario de la solicitante, a partir del día siguiente a aquél en que la trabajadora se haya separado de sus labores y será cubierta por el H. Ayuntamiento de Mazatepec, Morelos, dependencia que deberá realizar el pago en forma mensual, con cargo a la partida presupuestal destinada para pensiones, cumpliendo con lo que disponen los artículos 55, 56 y 58 de la Ley del Servicio Civil del Estado.
"Artículo 3o. El monto de la pensión se calculará tomando como base el último salario percibido por la trabajadora, incrementándose la cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al salario mínimo general del área correspondiente al Estado de Morelos, integrándose la misma por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la misma ley.
"Transitorio
"Artículo único. El presente decreto, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial ‘Tierra y Libertad’, órgano de difusión del Gobierno del Estado.
"Recinto legislativo a los veintisiete días del mes de marzo de dos mil doce.
"Atentamente. ‘Sufragio efectivo. No reelección’. Los CC. Diputados integrantes de la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Julio Espín Navarrete. Presidente. Dip. Israel Andrade Zavala. Vicepresidente. Dip. Jessica María Guadalupe Ortega de la Cruz. Secretaria. Dip. Juana Barrera Amezcua. Secretaria. Rúbricas.
"Por lo tanto mande se imprima, publique, circule y se le de el debido cumplimiento.
"Dado en la residencia del Poder Ejecutivo en la ciudad de Cuernavaca, capital del Estado de Morelos, a los diecisiete días del mes de abril de dos mil doce.
‘Sufragio efectivo. No reelección’. Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Morelos
"Mtro. Marco Antonio Adame Castillo
"Secretario de gobierno
"Dr. Óscar Sergio Hernández Benítez
"Rúbricas."
49. Esta Primera Sala advierte que los artículos 56, 57, 58 y 66 de la Ley del Servicio Civil, así como el diverso 67 de la Ley Orgánica para el Congreso, ambos ordenamientos del Estado de Morelos, fueron aplicados de manera expresa en el decreto transcrito.(19)
50. Ahora bien, con la finalidad de analizar si los demás preceptos señalados como impugnados (artículos 1, 8, 24, 43, 45 y 54 de la Ley del Servicio Civil y 109 del reglamento para el Congreso, ambos ordenamientos del Estado de Morelos) fueron aplicados indirectamente en el decreto sujeto a análisis, en virtud de formar parte del sistema integral de pensiones, deviene necesario transcribir su contenido:
Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos
"Artículo 1. La presente ley es de observancia general y obligatoria para el Gobierno Estatal y los Municipios del Estado de Morelos y tiene por objeto determinar los derechos y obligaciones de los trabajadores a su servicio."
"Artículo 8. Esta ley regirá las relaciones laborales entre los Poderes del Estado o los Municipios con sus trabajadores de base. Los empleados de confianza y los eventuales sólo tendrán los derechos que les sean aplicables de acuerdo con esta ley y la costumbre.
"Los beneficios de la seguridad social son aplicables a todos los trabajadores mencionados en el artículo 2 de este ordenamiento."
"Artículo 24. Son causas justificadas de terminación de los efectos del nombramiento sin responsabilidad del Gobierno del Estado, Municipio o entidad paraestatal o paramunicipal de que se trate, las siguientes:
"I. La renuncia voluntaria o abandono del empleo;
"II. Por la conclusión del término o de la obra para el que fue expedido el nombramiento;
"III. Por incapacidad permanente del trabajador, física o mental, que le impida el desempeño de sus labores, en cuyo caso se procederá a otorgarle la pensión que corresponda de acuerdo a la ley.
"IV. Por falta de probidad y honradez del trabajador o porque incurra en actos de violencia, amagos, injurias o malos tratos contra sus jefes, compañeros o contra los familiares de uno y otros, ya sea dentro o fuera de las horas de servicio;
"V. Cuando sin causa justificada faltare a sus labores por cuatro o más días en un periodo de treinta días naturales;
"VI. Por destruir intencionalmente edificios, obras, maquinaria, instrumentos, materias primas y demás objetos relacionados con el trabajo o utilizarlos indebidamente en su beneficio o en beneficio de otro;
"VII. Por cometer actos inmorales o ingerir bebidas alcohólicas durante el trabajo;
"VIII. Por revelar los asuntos secretos o reservados de que tuviere conocimiento con motivo del trabajo;
"IX. Por comprometer con su imprudencia, descuido o negligencia, la seguridad del taller, oficina o dependencia donde preste sus servicios o de las personas que allí se encuentren;
"X. Por no obedecer sistemática e injustificadamente las órdenes que reciba de sus superiores con motivo del servicio que presta;
"XI. Por acudir al trabajo en estado de embriaguez o bajo la influencia de algún psicotrópico o enervante;
"XII. Por falta comprobada de cumplimiento al servicio;
"XIII. Por prisión que sea resultado de una sentencia ejecutoriada;
"XIV. Por pérdida de la confianza; y (sic)
"XV. (Declarada inválida por la SCJN)
"XVI. Las que señalen otros ordenamientos jurídicos aplicables."
"Artículo 43. Los trabajadores del Gobierno del Estado y de los Municipios tendrán derecho a:
"I. Percibir el salario asignado en el presupuesto anual de egresos para el cargo que desempeñan;
"II. Conservar el empleo, el cargo o comisión de los que sean titulares, mientras no incurran en algunas de las causas de separación que señala la presente ley;
"III. Ser ascendido
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24249-90e79998/controversia-constitucional-debe-sobreseerse-respecto-de-normas-generales · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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