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Modo: Corpus Pro

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO RESPECTO DE NORMAS GENERALES, CUYA CONSTITUCIONALIDAD NO SE RECLAME CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN Y LA IMPUGNACIÓN RESULTE EXTEMPORÁNEA EN RAZÓN DE LA FECHA DE SU PUBLICACIÓN, AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 19, FRACCIÓN VII, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. (Razones aprobadas por unanimidad de nueve votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Luis María Aguilar Morales, Olga Sánchez Cordero de García Villegas, Alberto Pérez Dayán y presidente Juan N. Silva Meza. Los Ministros José Fernando Franco González Salas y Sergio A. Valls Hernández estuvieron ausentes) SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS. LA DECLARATORIA DE INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 56 Y 57, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY RELATIVA, SE HACE EXTENSIVA AL NUMERAL 24, FRACCIÓN XV, DE ESE ORDENAMIENTO, AL REITERAR LA COMPETENCIA DEL CONGRESO DEL ESTADO PARA EXPEDIR DECRETOS QUE OTORGUEN PENSIÓN POR JUBILACIÓN O CESANTÍA EN EDAD AVANZADA, RESPECTO DE TRABAJADORES MUNICIPALES. (Razones aprobadas por unanimidad de nueve votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Luis María Aguilar Morales, Olga Sánchez Cordero de García Villegas, Alberto Pérez Dayán y presidente Juan N. Silva Meza. Los Ministros José Fernando Franco González Salas y Sergio A. Valls Hernández estuvieron ausentes) SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS. LOS ARTÍCULOS 43, FRACCIÓN XIII, 54, FRACCIÓN VII, 55, 57, APARTADO A, FRACCIONES I A III, 59, PÁRRAFOS PRIMERO, SEGUNDO, INCISO F), Y TERCERO, 65, FRACCIÓN I Y 66, PÁRRAFOS PRIMERO, PRIMERA PARTE, SEGUNDO Y TERCERO, DE LA LEY RELATIVA, QUE REGULAN DIVERSOS DERECHOS Y PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS CON LAS PENSIONES DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS DE ESA ENTIDAD, SON CONSTITUCIONALES. (Razones aprobadas por unanimidad de nueve votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Luis María Aguilar Morales, Olga Sánchez Cordero de García Villegas, Alberto Pérez Dayán y presidente Juan N. Silva Meza. Los Ministros José Fernando Franco González Salas y Sergio A. Valls Hernández estuvieron ausentes) SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS. LOS ARTÍCULOS 56 Y 57, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY RELATIVA, AL PREVER, RESPECTIVAMENTE, QUE LA LEGISLATURA DE ESA ENTIDAD FIJARÁ LOS CASOS EN QUE PROCEDA OTORGAR EL PAGO DE PENSIONES DE JUBILACIÓN Y CESANTÍA POR EDAD AVANZADA DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES, Y LA FORMA EN QUE SE GENERARÁ SU PAGO, ASÍ COMO EL DECRETO NÚMERO CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO, PUBLICADO EL 15 DE MAYO DE 2013 EN EL PERIÓDICO OFICIAL LOCAL, MEDIANTE EL CUAL SE DETERMINÓ OTORGAR UNA PENSIÓN POR CESANTÍA EN EDAD AVANZADA CON CARGO AL GASTO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE TEMOAC, ESTADO DE MORELOS, A UN EMPLEADO DE ESE AYUNTAMIENTO, TRANSGREDEN EL PRINCIPIO DE LIBRE ADMINISTRACIÓN HACENDARIA CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. (Razones aprobadas por unanimidad de nueve votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Luis María Aguilar Morales, Olga Sánchez Cordero de García Villegas, Alberto Pérez Dayán y presidente Juan N. Silva Meza. Los Ministros José Fernando Franco González Salas y Sergio A. Valls Hernández estuvieron ausentes)

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 80/2013. · Registro digital (IUS): 25245
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2014-09-26
Promovente: MUNICIPIO DE TEMOAC, ESTADO DE MORELOS.
Localización: Décima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 10, Septiembre de 2014, Tomo I, Pág. 17.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 80/2013. MUNICIPIO DE TEMOAC, ESTADO DE MORELOS. 20 DE MAYO DE 2014. UNANIMIDAD DE NUEVE VOTOS DE LOS MINISTROS ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA, JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS, ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, LUIS MARÍA AGUILAR MORALES, OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS, ALBERTO PÉREZ DAYÁN Y PRESIDENTE JUAN N. SILVA MEZA. AUSENTES: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS Y SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIO: ARMANDO ARGÜELLES PAZ Y PUENTE.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día veinte de mayo de dos mil catorce.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido el diez de junio de dos mil trece, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, **********, ostentándose como síndico municipal del Municipio de Temoac, Estado de Morelos, promovió controversia constitucional, en la que demandó la invalidez de las normas generales y acto que más adelante se precisan, emitidos por las autoridades que a continuación se señalan:(1)

Autoridades demandadas:

• Poder Legislativo del Estado de Morelos.

• Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.

• El secretario de gobierno del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.

Normas generales y acto cuya invalidez se demanda:

• Los artículos 58, 59 y 66 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, reformados mediante Decreto Número 218, publicado el diecisiete de enero de dos mil trece en el Periódico Oficial de la entidad "Tierra y Libertad", y por extensión de sus efectos al modificar el sistema normativo que rige el sistema de pensiones para los trabajadores al servicio del gobierno municipal; se reclama también la invalidez de los artículos 1, 8, 24, fracción XV, 43, fracciones V y XIII, 45, fracciones III, IV, XV, párrafo primero e inciso c), 54, fracción VII, 55, 56, 57 a 68 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, mismos que se impugnan por su primer acto de aplicación a través del Decreto 494, publicado el quince de mayo de dos mil trece en el Periódico Oficial de la entidad "Tierra y Libertad".

• Ad cautélam, se demanda la invalidez por vicios propios del Decreto 494, publicado en el Periódico Oficial de la entidad "Tierra y Libertad" Número 5089, de fecha quince de mayo de dos mil trece.

SEGUNDO. Antecedentes. Los antecedentes del caso narrados en la demanda son, en síntesis, los siguientes:

1. En los veredictos pronunciados en las controversias constitucionales números 55/2005, 89/2008, 90/2008, 91/2008 y 92/2008, resueltas por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, por mayoría de ocho votos en diversas fechas, se resolvió declarar la inconstitucionalidad de diversas porciones normativas de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos y sus respectivos actos de aplicación, por medio de los cuales el Congreso de Morelos invadiendo la esfera de competencia del Municipio actor, decretó pensiones con cargo a las finanzas municipales.

2. Con fecha quince de mayo de dos mil trece fue publicado en el Periódico Oficial de la entidad "Tierra y Libertad" el Decreto Número 494, emitido por la Quincuagésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, fechado el día catorce de mayo del año dos mil trece, por el que se concede pensión por cesantía en edad avanzada al ciudadano **********, por haber prestado sus servicios al Poder Ejecutivo del Estado de Morelos y al Ayuntamiento de Temoac, Morelos, decretando por concepto de pensión, el setenta y cinco por ciento de su último salario.

Se sostiene que dicha resolución afecta el ámbito de competencia del Municipio actor, así como sus finanzas.

TERCERO. Conceptos de invalidez. A continuación se sintetizan los conceptos de invalidez hechos valer en la demanda.

En su primer concepto de invalidez, el Municipio actor sostiene que se vulneran en su perjuicio los artículos 14, 16, 115, fracción IV, párrafos primero, penúltimo y último, 123, apartado B, fracción XI, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con base en las consideraciones siguientes:

• Los artículos 14 y 16 constitucionales establecen los principios de fundamentación y motivación que exigen, tratándose de las relaciones interinstitucionales, que la actuación o determinación de una autoridad se base en una norma legal que le otorgue facultades y que la conducta de ésta acredite la existencia de los antecedentes fácticos y circunstancias de hecho que permitan colegir con claridad si procedía aplicar la norma correspondiente y consecuentemente, que justifique con plenitud el que se haya actuado en determinado sentido y no en otro.

El artículo 115, fracción IV, párrafos primero, penúltimo y último constitucional, dispone el principio de congruencia entre los ingresos y egresos municipales, correspondiendo en forma exclusiva al Ayuntamiento la planeación, programación y diseño del gasto público, a través de su presupuesto de egresos, sin injerencia externa.

Los artículos (sic) 115, fracción VIII, párrafo segundo, así como 123, apartado B, de la Constitución General, confieren potestad a los gobiernos municipales para administrar sus recursos y regir las relaciones laborales con sus trabajadores con base en las leyes locales, y que finalmente determinan que los trabajadores burocráticos, como son aquéllos al servicio de los Municipios, tienen derecho a que el patrón, como lo es el Ayuntamiento, les reconozca y otorgue como parte de sus prestaciones la pensión o jubilación.

Dichos mandatos constitucionales fueron violados en perjuicio del Municipio actor, al momento en que el Poder Legislativo del Gobierno del Estado de Morelos aprobó y expidió los artículos 58, último párrafo, 59 y 66 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, y el gobernador y el secretario de gobierno de la mencionada entidad federativa, promulgó y refrendó respectivamente, la reforma a dichos preceptos, mediante Decreto 218, publicado el diecisiete de enero de dos mil trece en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" del Estado de Morelos.

• Se reclaman de igual forma por extensión y efectos, al formar parte del mismo sistema normativo y con ello alterar el sistema de pensiones para los trabajadores burocráticos municipales, los ordinales 1, 8, 24, fracción XV, 43, fracciones V y XIII, 45, fracciones III, IV, XV, párrafo primero e inciso c), 54, fracción VII, 55, 56 y 57 a 68 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos.

• Las porciones normativas impugnadas, por virtud del primer acto de aplicación, agravian al Municipio actor, a través del Decreto Número 494, en el que el Congreso del Estado de Morelos determinó otorgar pensión con cargo a su hacienda, como se advierte de la cita del decreto que confiere inconstitucionalmente la pensión otorgada.

• El decreto aludido, entra en conflicto con los mandamientos constitucionales mencionados, mismos que le reconocen al Municipio actor la potestad gubernativa de regir las relaciones laborales con sus trabajadores, entre ellas y desde luego, para otorgar pensiones o jubilaciones y, consecuentemente, también la autonomía para definir el gasto público, a través del presupuesto de egresos en el que pueda incluir de manera planificada y programada el pago de dichas prestaciones laborales, sin injerencia de ninguna autoridad estatal.

• El referido decreto transgrede la autonomía del Municipio, al violentar el principio de libre administración hacendaria y disposición de recursos previstos en el artículo 115 de la Constitución Federal, pues el Congreso Local califica e interviene inconstitucionalmente en las relaciones laborales del Municipio de Temoac y sus trabajadores, señalando a su juicio, con qué documentos el solicitante acredita o no la prestación laboral que requiere y disponiendo de manera arbitraria y anárquica del gasto público municipal, al imponerle -fuera de toda previsión o planificación gubernamental y sin autorización e intervención- el pago de dichas pensiones, incluso indicando en todos los casos que el pago de las pensiones (aun las de invalidez) operarán una vez que el trabajador se separe de sus labores, inclusive, erigiéndose como resolutor cuando el trabajador goce de dos o más pensiones.

• Se lesiona el principio de congruencia entre ingresos y egresos establecido en la fracción IV del artículo 115 constitucional, que debe de prevalecer entre las percepciones que para un año se estiman obtener, con el consecuente gasto público que también se planifica y programa a través del presupuesto de egresos para el mismo periodo; principio de congruencia que la Legislatura Local rompe arbitrariamente al momento en que impone una serie de gastos al Municipio a través de las mencionadas pensiones que no están previstas en el presupuesto de egresos para el dos mil trece, sin que existan recursos económicos para el pago de dichas pensiones.

• El Poder Legislativo, en una interpretación ajena a la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, decreta la acumulación de la antigüedad de los servicios que un trabajador preste en los demás Municipios o en cualesquiera de los Poderes Estatales o sus organismos, para finalmente imponer el pago de la pensión o jubilación al último orden de gobierno en que el trabajador preste sus servicios, de manera que ante tal circunstancia, el Municipio actor no puede constituir ninguna partida presupuestal que de manera integral, anticipada y planificada permita suponer el número aproximado de pensiones o jubilaciones que en el plazo inmediato, mediato o a largo plazo corresponda a sus arcas, por concepto de pensiones o jubilaciones y con motivo exclusivamente de las relaciones laborales, pues para dichas prestaciones no se toman en cuenta únicamente los servicios que se hayan prestado al Municipio actor, circunstancias que han generado, incluso, la existencia de pensiones o jubilaciones ajenas a la verdad y la legalidad, al permitir que se exhiban por los interesados constancias de varias dependencias u organismos estatales y de varios Municipios, para acreditar años de servicio burocrático que no se dieron; todo ello, ante la evidente resistencia de la Legislatura Local de normar transparentemente el sistema de pensiones y jubilaciones de los Ayuntamientos, pese al análisis hecho en la controversia constitucional 55/2009, en donde se advirtió la ausencia de un sistema integral, equitativo y legal de prestaciones de seguridad social a los trabajadores burocráticos.

• La inconstitucionalidad planteada de los artículos 58, 59 y 66 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, que fueron reformados mediante el referido Decreto Número 218 resulta oportuna, así como también la invalidez de los artículos 1, 8, 24, fracción XV, 43, fracciones V y XIII, 45, fracciones III, IV, XV, párrafo primero e inciso c), 54, fracción VII, 55, 56, 57, 60 a 65, 67 y 68 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, estos últimos, por extensión y efectos al haberse modificado sustancialmente el sistema de pensiones contenido en la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, acorde al criterio jurisprudencial consultable bajo el rubro: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EXTENSIÓN DE LOS EFECTOS DE LA DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DE UNA NORMA GENERAL A OTRAS QUE, AUNQUE NO HAYAN SIDO IMPUGNADAS, SEAN DEPENDIENTES DE AQUÉLLA."(2)

• Mediante el Decreto 218, publicado el diecisiete de enero de dos mil trece en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" Número 5056, se adicionó en el último párrafo el artículo 58, (sic) 59 y se reformó el artículo 66 en su primer párrafo.

Con tales reformas se altera sustancialmente el cuerpo normativo que rige el sistema de pensiones contenido en los artículos 1, 8, 24, fracción XV, 43, fracciones V y XIII, 45, fracciones III, IV, XV, párrafo primero e inciso c), 54, fracción VII, 55, 56, 57 al 68 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, en virtud que como lo refiere el artículo 58 de la norma mencionada, ahora las pensiones que sean determinadas por la Legislatura Local deberán cumplir con los requisitos consignados en el numeral 66 de dicha ley.

La imposición de requisitos adicionales que no se encontraban contemplados en el cuerpo normativo afecta el sistema de pensiones.

• El primer párrafo del artículo 56 y el último párrafo del numeral 57, en relación con el último párrafo del ordinal 66 de la legislación en comento, resultan contrarios al principio de la libre administración hacendaria previsto en el artículo 115 de la Constitución Federal.

De los artículos 56, primer párrafo, 57, último párrafo y 66, último párrafo, especialmente en la parte que se impugna, se desprende que el Congreso Estatal será el órgano resolutor en materia de pensiones, dado que lo faculta a expedir el decreto relativo, lo cual vulnera la autonomía municipal prevista en el artículo 115 de la Carta Magna, al autorizar una intromisión del Poder Legislativo en las decisiones del Ayuntamiento, no obstante que no se presenta alguno de los supuestos excepcionales en los que la autoridad legislativa se encuentra autorizado para hacerlo.

Dichos ordinales otorgan al Congreso del Estado, una atribución que lesiona la hacienda municipal y, en consecuencia, su autonomía de gestión en el manejo de sus recursos, al prever que la Legislatura Local fijará los casos en que proceda otorgar el pago de pensiones de los trabajadores municipales, así como la cuantía a la que deberán ascender aquéllas, y además en la hipótesis que refiere, que cuando el trabajador goce al mismo tiempo de dos pensiones a cargo del gobierno o Municipio, en tal evento, será el Congreso del Estado -y no el Ayuntamiento- quien lo deberá requerir para que dentro de un plazo de treinta días naturales opte por una de ellas, y más aún, en caso de que el trabajador no determine la pensión que debe continuar vigente, será la misma legislatura quien le concederá la que signifique mayores beneficios para el trabajador. Lo anterior, hasta el grado de afectar el patrimonio municipal para el pago de las mismas, sin ninguna intervención de la autoridad edilicia.

Al respecto, el artículo 1 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, establece que la ley es de observancia general y obligatoria para el Gobierno Estatal y los Municipios del Estado de Morelos, y tiene por objeto determinar los derechos y obligaciones de los trabajadores a su servicio; de ahí que derive su aplicación tratándose de los empleados municipales que se encuentren en condiciones de solicitar el pago de una pensión por los servicios prestados.

• Por otra parte, los artículos 24, fracción XV, 54, fracción VII, 55 y 56 de la misma ley citada, ratifican la facultad del Congreso Estatal para decretar pensiones, tratándose de asalariados municipales y la correlativa obligación de los Municipios de erogarlas con cargo a su hacienda.

De los artículos señalados, se advierte la facultad expresa del Congreso del Estado de Morelos para determinar los casos en que proceda otorgar una pensión a los servidores municipales, e incluso determinar su cuantía, atendiendo a las reformas contenidas en el artículo 66 de la ley impugnada, como ocurrió en el caso, al haberse determinado por dicha legislatura el pago de la pensión por jubilación (sic) al ciudadano ********** por haber desempeñado como último cargo, el de policía, misma que deberá ser cubierta con recursos de la hacienda municipal del Ayuntamiento actor hasta por el setenta y cinco por ciento del último salario del referido trabajador, conforme a los porcentajes establecidos en el numeral 59, inciso f), de la misma ley.

Por su parte, de los artículos 115, fracción IV, párrafos primero, penúltimo y último, y párrafo segundo y 123, apartado B, fracción XI, inciso a), de la Constitución Federal, se deduce que a las Legislaturas Locales les compete emitir leyes necesarias para regular las relaciones de trabajo entre los Municipios y sus trabajadores, con base en los principios que recoge el artículo 123 de la propia Norma Fundamental, entre los cuales se encuentra la seguridad social, en las que se cubrirá la pensión por jubilación (sic), entre otras.

El mandato constitucional determina que las Legislaturas Estatales tienen obligación de consignar sus leyes laborales locales, los procedimientos necesarios para que sus trabajadores puedan gozar de tal prestación; y así se cumple con el contenido del artículo 127 constitucional, en el que incluso se reconoce que las jubilaciones, pensiones o haberes de retiro podrán estar asignadas además de la ley, en decreto legislativo, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo (fracción IV); sin que signifique, que son los órganos legislativos encargados de otorgarlas.

De acuerdo a lo anterior, se reafirma lo resuelto en las controversias constitucionales 55/2005, 89/2008, 90/2008, 91/2008 y 92/2008, en las cuales el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió como una transgresión al principio de autonomía en la gestión de la hacienda municipal, que el Congreso Local, sin la intervención de cualquier otra autoridad y atendiendo exclusivamente a la solicitud del interesado, pueda decretar alguna de las pensiones determinadas en la Ley del Servicio Civil Estatal, determinando el monto correspondiente.

• No obstante que existe la obligación de que la ley referida contemple y regule las pensiones de los trabajadores estatales y municipales, esta forma de proceder que autoriza las disposiciones legales reclamadas se apartan del principio de autonomía en la gestión de la hacienda municipal que otorga a la entidad federativa el artículo 115 constitucional, pues no se explica por qué si los trabajadores mantuvieron la relación de trabajo con el Municipio, corresponde a una autoridad ajena, como lo es el Congreso Local, evaluar que se cumplan con todos los requisitos exigidos para que el trabajador del Municipio se vea beneficiado con alguna de las distintas pensiones que menciona la ley citada, con cargo a la hacienda pública del Municipio de Temoac, el cual como se precisó, no cuenta con una partida presupuestal en materia de pensiones, no obstante que la Constitución establece que sólo le compete al órgano mencionado graduar el destino de sus recursos, conforme lo considere conveniente y sin injerencia de alguna otra autoridad.

• El régimen de pensiones necesariamente debe considerarse en la Ley del Servicio Civil Estatal, la cual, desde luego, debe ser expedida por el Congreso del Estado de Morelos, sin que esto implique que a través de las mismas, la Legislatura Local pueda determinar libremente los casos en que proceda otorgar esas prestaciones cuando nacen de las relaciones de trabajo entre los Municipios y los servidores públicos a su cargo, pues no debe perderse de vista que la propia Constitución Federal facultó a los Ayuntamientos para ejercer de forma directa los recursos de la hacienda municipal, esto es, sin intermediarios, situación que no se consideró en el primer párrafo del artículo 56 y último párrafo del numeral 57, en relación con el último párrafo del ordinal 66, todos de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, así mismo por extensión de sus efectos los demás ordinales impugnados.

• En el mismo orden de ideas, de los dos párrafos de la fracción IV del artículo 115 constitucional, se advierte que corresponde a los Ayuntamientos diseñar el régimen presupuestal de egresos del Municipio, con base en los recursos disponibles, los cuales han sido previstos en las leyes de ingresos respectivas, y sin su aprobación queda a cargo de las Legislaturas Locales, por ello éstas se encuentran autorizadas para también determinar de qué forma han de invertirse los recursos respectivos.

Resulta contrario a lo señalado en el artículo 115 constitucional, que la Legislatura del Estado de Morelos determine lo relativo a los emolumentos que por el referido concepto deban percibir los trabajadores del gobierno municipal, imponiendo al Municipio que erogue los recursos relativos de sus ingresos, a fin de solventar tales obligaciones, ello en detrimento de su autonomía y autosuficiencia económica, pues la determinación de las pensiones que actualmente se prevén en la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, constituye una forma de disposición y aplicación de los recursos municipales, incluso, sin la intervención de su Ayuntamiento, de manera tal que el Congreso Local dispone de los recursos ajenos a los del gobierno estatal, para sufragar el pago de dichas prestaciones, sin dar participación a quien deberá hacer la provisión económica respectiva y más aún, asumiéndose como resolutor en el caso de que el trabajador goce de dos o más pensiones con cargo al Estado o a los Municipios. Al respecto, resultan ilustrativas las tesis de rubro: "MUNÍCIPES. LA LEGISLATURA ESTATAL CARECE DE FACULTADES PARA APROBAR SUS REMUNERACIONES (ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, ADICIONADO POR DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 23 DE DICIEMBRE DE 1999).";(3) así como "HACIENDA MUNICIPAL. PRINCIPIOS, DERECHOS Y FACULTADES EN ESA MATERIA, PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS."(4)

En virtud de los criterios mencionados es que no resulta viable aceptar que en la determinación de las pensiones de empleados municipales, el Congreso Local sea quien decida en qué casos y en qué porcentaje procede su otorgamiento, afectando la libre disposición y aplicación de sus recursos.

• En esos términos, debe declararse la invalidez del primer párrafo del artículo 56 y último párrafo del numeral 57, en relación con el último párrafo del ordinal 66 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, por resultar contrarios a los artículos 115, fracción IV, párrafos primero, penúltimo y último de la Constitución Federal, así como su acto de aplicación contenido en el Decreto 494 publicado el quince de mayo de dos mil trece en el Periódico Oficial del Estado de Morelos, por el que se determina conceder la pensión por cesantía en edad avanzada a **********.

En su segundo concepto de invalidez, el Municipio actor plantea, ad cautélam (en caso de que se determine la validez de las normas impugnadas) lo que a continuación se sintetiza:

• Se transgredirían en su perjuicio los ordinales 14 y 16 de la Constitución Federal, pues éstos disponen los principios de fundamentación y motivación en los que, tratándose de relaciones interinstitucionales, exigen que la actuación o determinación de una autoridad se base en una norma legal que le otorgue facultades y que la conducta de ésta acredite la existencia de los antecedentes fácticos y circunstancias de hecho que permitan colegir con claridad que sí procedía aplicar la norma correspondiente y, consecuentemente, justifique con plenitud el que se haya actuado en determinado sentido y no en otro, en relación a lo establecido en el ordinal 115, fracciones II y IV, de la misma Carta Magna, que determina que sólo al Ayuntamiento corresponde el manejo de su patrimonio, administrar libremente su hacienda y, por ende, autorizar el presupuesto de egresos.

Los citados mandamientos constitucionales se vulneraron en perjuicio del Municipio actor, al momento en que el Congreso del Estado de Morelos aprobó y expidió el multicitado Decreto 494, en cuyos artículos uno a tres otorga a favor del ciudadano **********, pensión por cesantía en edad avanzada con cargo a las finanzas del Ayuntamiento de Temoac del Estado de Morelos, por la cantidad equivalente al setenta y cinco por ciento del último salario de dicha persona como policía.

• De igual forma, se violan dichos preceptos por el Poder Ejecutivo, al momento de promulgar y, a su vez, el secretario de gobierno al refrendar, ambos ordenando publicar el citado Decreto 494, pese a que dichos funcionarios están obligados a verificar la constitucionalidad y legalidad de las resoluciones del Poder Legislativo, pues los actos de promulgación y refrendo no son actuaciones de mero trámite, al instituirse como un contrapeso para evitar los abusos o desviaciones al estado de derecho.

CUARTO. Artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señalados como violados. Los artículos 14, 16, 115, fracción IV, y 123, apartado B.

QUINTO. Trámite de la controversia. Por acuerdo de diez de junio de dos mil trece, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, a la que correspondió el número 80/2013.

Por razón de turno, le correspondió conocer de la presente controversia constitucional al Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien mediante proveído de once de junio de dos mil trece, en su calidad de Ministro instructor, ordenó emplazar a las autoridades demandadas para que formularan su respectiva contestación y no así al secretario de gobierno del Estado de Morelos, por tratarse de un órgano subordinado o interno del Poder Ejecutivo; asimismo, mandó dar vista al procurador general de la República para que manifestara lo que a su representación correspondiera.(5)

SEXTO. Contestación a la demanda por parte del Poder Legislativo del Estado de Morelos. Al contestar la demanda señaló, en síntesis, lo siguiente:(6)

1. La presente controversia constitucional es improcedente en términos del artículo 19, fracción VIII, de la ley de la materia, toda vez que el Municipio de Temoac, no cuenta con interés legítimo para acudir a esta vía, ya que para la existencia del mismo se requiere de una afectación que resientan en su esfera de atribuciones las entidades poderes u órganos a que se refiere la fracción I del artículo 105 de la Constitución Federal, en razón de su especial situación frente al acto que consideren lesivo; actualizándose dicho interés, cuando la conducta de la autoridad demandada sea susceptible de causar perjuicio o privar de un beneficio a la parte que promueve, en razón de la situación de hecho en la que ésta se encuentre, la cual necesariamente deberá estar legalmente tutelada para que se pueda exigir su estricta observancia ante la Suprema Corte y, en el caso, la autonomía municipal.

Contrario a lo señalado por el Municipio actor, al expedir los decretos impugnados, el Congreso de Morelos se apegó a lo dispuesto por el artículo 123, apartado B, de la Constitución Federal, 40, fracciones I y XX de la Constitución Local, y los artículos 54, fracción VII, 56 al 68 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, por lo que se cuenta con facultades constitucionales y legales para expedir, aclarar, reformar, derogar o abrogar las leyes, decretos y acuerdos para el gobierno y administración interior del Estado; así como otorgar a los trabajadores del gobierno estatal y los Municipios del mismo, pensión por jubilación, cesantía en edad avanzada, viudez, orfandad, etcétera, de donde se concluye que la Legislatura Estatal en ninguna forma invade la esfera competencial del Municipio de Temoac, ni vulnera su autonomía municipal, consagrada en el artículo 115, fracción IV, de la Constitución General y en consecuencia, al no causarle perjuicio alguno por parte del Congreso del Estado, es evidente que dicho Municipio, carece de interés legítimo para promover la controversia constitucional, por lo que deberá decretarse el sobreseimiento, con fundamento en el artículo 20, fracción II, en relación con los artículos 19, fracción VIII, ambos de la ley reglamentaria de la materia y 105, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Adicionalmente, argumenta que se surte la citada causal, pues considera que no es la vía idónea para impugnar el Decreto 494 que se combate, ya que la enumeración que establece la fracción I, inciso i), del artículo 105 de la Constitución Federal, no abarca al acto que se reclama en la presente controversia constitucional.

Sostiene que este tipo de acciones sólo proceden con motivo de conflictos suscitados entre dos o más niveles de gobierno, en que se tilden de inconstitucionales actos o disposiciones generales emitidos por alguna entidad, poder u órgano, cuando la cuestión de fondo debatida se refiera a la distribución o invasión de competencias que a cada uno corresponda, o bien, a la irregularidad en ejercicio de sus atribuciones, lo que a su juicio se encuentra delimitado en la iniciativa correspondiente a la reforma del citado precepto constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación en diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, así como en la iniciativa relativa a la ley reglamentaria de la materia, publicada en el mismo medio de difusión oficial el once de mayo de mil novecientos noventa y cinco.

Con base en lo anterior, argumenta que la impugnación del Decreto 494 por el que se otorga pensión por cesantía en edad avanzada a **********, debe hacerse con base en los medios de defensa que para tal efecto prevean las leyes procesales de la materia, y que a través de la presente vía no puede plantearse la invalidez de tal acto, ya que fue emitido por el Congreso del Estado en funciones eminentemente administrativas y en cumplimiento al mandato de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, ya que al considerarse lo contrario, se haría de la controversia constitucional un recurso para someter a revisión los derechos de los trabajadores en materia de seguridad social, y en este caso no se dirimen conflictos entre los entes, poderes u órganos a que se refiere la fracción I del artículo 105 constitucional, sino que su objeto es salvaguardar los intereses de los gobernados, con independencia de las disposiciones legales o reglamentarias que al efecto se llegasen a aplicar.

2. Por lo que hace al primer concepto de invalidez, manifestó, en síntesis, que:

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25245-3ed690e0/controversia-constitucional-debe-sobreseerse-en-el-juicio-respecto · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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