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Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, TRATÁNDOSE DE NORMAS GENERALES, ES DE TREINTA DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL SIGUIENTE AL DE SU APLICACIÓN O AL EN QUE SE PRODUZCA SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 21, FRACCIÓN II, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN REPRESENTACIÓN DE ESE PODER (ARTÍCULO 11, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS Y APODERADA ESPECIAL DEL CONGRESO DEL ESTADO DE COAHUILA TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE DICHO PODER PARA COMPARECER EN EL JUICIO (ARTÍCULOS 48, FRACCIÓN I, DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE COAHUILA Y 10, FRACCIÓN II, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA COMPARECER EN EL JUICIO EN NOMBRE DEL PODER EJECUTIVO LOCAL (ARTÍCULOS 12, FRACCIÓN XIX, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA Y 10, FRACCIÓN II, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUALQUIERA DE LAS CÁMARAS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, POR SU CUENTA Y SIN DEPENDER DE LA OTRA, CUENTA CON LEGITIMACIÓN PASIVA PARA DEFENDER LAS FACULTADES EXCLUSIVAS QUE LA CONSTITUCIÓN GENERAL LE OTORGA. VI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA TITULAR DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE SENADORES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE ESTE ÓRGANO LEGISLATIVO. VII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA TITULAR DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE ESTE ÓRGANO LEGISLATIVO. VIII. PETRÓLEO E HIDROCARBUROS. EL DOMINIO DIRECTO DE LA NACIÓN RESPECTO DE ESTOS RECURSOS ES INALIENABLE E IMPRESCRIPTIBLE Y PARA SU EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO POR LOS PARTICULARES O POR SOCIEDADES CONSTITUIDAS CONFORME A LAS LEYES MEXICANAS, SÓLO PODRÁ REALIZARSE MEDIANTE CONCESIONES OTORGADAS POR EL EJECUTIVO FEDERAL, DE ACUERDO CON LAS REGLAS Y CONDICIONES QUE ESTABLEZCAN LAS LEYES. IX. HIDROCARBUROS. ES FACULTAD DEL CONGRESO DE LA UNIÓN EXPEDIR LA LEY DE LA MATERIA, LA CUAL TIENE POR OBJETO REGULAR, ENTRE OTRAS COSAS, EL RECONOCIMIENTO Y LA EXPLORACIÓN SUPERFICIAL Y LA EXPLORACIÓN Y EXTRACCIÓN DE AQUÉLLOS; EL TRATAMIENTO, REFINACIÓN, ENAJENACIÓN, COMERCIALIZACIÓN, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DEL PETRÓLEO; EL PROCESAMIENTO, ASÍ COMO EL TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y EXPENDIO AL PÚBLICO DE GAS NATURAL; EL TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y EXPENDIO AL PÚBLICO DE PETROLÍFEROS, ASÍ COMO EL TRANSPORTE POR DUCTO Y EL ALMACENAMIENTO VINCULADO A DUCTOS DE PETROQUÍMICOS. X. HACIENDA MUNICIPAL. SE FORMARÁ DE LOS RENDIMIENTOS DE LOS BIENES QUE LES PERTENEZCAN, ASÍ COMO DE LAS CONTRIBUCIONES Y OTROS INGRESOS QUE LAS LEGISLATURAS ESTABLEZCAN A SU FAVOR (ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL). XI. MUNICIPIOS. SUS FACULTADES EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL. XII. LICENCIAS O PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN. LOS GOBIERNOS MUNICIPALES TIENEN LA FACULTAD PARA IMPONER GRAVÁMENES A LA PROPIEDAD INMOBILIARIA A TRAVÉS DEL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS O PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN. XIII. PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE POZOS DE EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS. LAS DISPOSICIONES LOCALES QUE ESTABLEZCAN UN PAGO POR EL OTORGAMIENTO DE ÉSTOS, SE RELACIONAN DIRECTAMENTE CON LAS ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN Y EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS, EN TÉRMINOS DE LAS FRACCIONES XIV Y XV DEL ARTÍCULO 4 DE LA LEY DE HIDROCARBUROS, POR LO QUE SE TRATA DE CONTRIBUCIONES QUE RECAEN SOBRE UN ÁMBITO RESERVADO A LA FEDERACIÓN (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 21, FRACCIONES XV Y XVI, DE LA LEY DE INGRESOS DE CASTAÑOS, COAHUILA DE ZARAGOZA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE DOS MIL VEINTICUATRO). XIV. PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE POZOS DE EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS. LAS DISPOSICIONES LOCALES QUE ESTABLECEN UN PAGO POR EL OTORGAMIENTO DE ÉSTOS, SE VINCULAN CON RECURSOS QUE SE UBICAN EN YACIMIENTOS LOCALIZADOS EN EL SUBSUELO, POR LO QUE SE INVADE EL ÁMBITO DE FACULTADES RESERVADAS PARA EL PODER LEGISLATIVO FEDERAL, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XXIX, NUMERAL 2, DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 21, FRACCIONES XV Y XVI, DE LA LEY DE INGRESOS DE CASTAÑOS, COAHUILA DE ZARAGOZA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE DOS MIL VEINTICUATRO). XV. CONTROVERSIA C

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 54/2024. · Registro digital (IUS): 32852
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2024-11-22
Promovente: PODER EJECUTIVO FEDERAL.
Localización: Undécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 43, Noviembre de 2024, Tomo IV, Volumen 1, Pág.198.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 54/2024. PODER EJECUTIVO FEDERAL. 1 DE JULIO DE 2024. PONENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIO: HÉCTOR HIDALGO VICTORIA PÉREZ.

ÍNDICE TEMÁTICO

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Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al día primero de julio de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la controversia constitucional 54/2024, promovida por el Poder Ejecutivo Federal contra de los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Coahuila de Zaragoza.

La litis en este asunto se circunscribe a verificar si el Congreso del Estado invadió la esfera de competencia de la Federación al expedir el Decreto número 603 que contiene la Ley de Ingresos del Municipio de Castaños, Coahuila de Zaragoza, para el ejercicio fiscal dos mil veinticuatro, publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el veintidós de diciembre de dos mil veintitrés.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA

1. Demanda. Por escrito presentado el trece de febrero de dos mil veinticuatro en el buzón judicial de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, María Estela Ríos González, Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, promovió controversia constitucional contra los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Coahuila, en la que señaló como norma impugnada el Decreto número 603 que contiene la Ley de Ingresos del Municipio de Castaños para el ejercicio fiscal dos mil veinticuatro, específicamente, el artículo 24 (sic), publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el veintidós de diciembre de dos mil veintitrés.

2. La Consejera Jurídica señaló como preceptos violados los artículos 25, 27, 28, 73, 124 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

3. Admisión y trámite. Mediante proveído de quince de febrero de dos mil veinticuatro, la Ministra Presidenta de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo bajo el número 54/2024 y lo turnó al Ministro Alberto Pérez Dayán.

4. Posteriormente, por acuerdo de veintitrés de febrero de dos mil veinticuatro, el Ministro instructor admitió a trámite la demanda, reconoció el carácter de demandados a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Coahuila de Zaragoza; asimismo, reconoció el carácter de terceros interesados a las Cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión, así como al Municipio de Castaños, Estado de Coahuila de Zaragoza, y ordenó darles vista con la demanda y los anexos.

5. En el mismo proveído ordenó emplazar a dichas autoridades para que presentaran su contestación. Por último, ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República para que manifestara lo que a su representación correspondiera.

6. Contestación del Congreso del Estado de Coahuila. Por acuerdo de dieciséis de mayo de dos mil veinticuatro, el Ministro instructor tuvo al Poder Legislativo del Estado de Coahuila, por conducto de la Directora de Asuntos Jurídicos y Apoderada Especial de la Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado, dando contestación a la demanda. Para ello manifestó lo siguiente:

No se trata de disposiciones legales que regulan la materia de hidrocarburos como señala la parte actora, sino que las disposiciones controvertidas tienen elementos normativos claros e inconfundibles a partir de los cuales es posible concluir que su sentido normativo es única y exclusivamente el de facultar y regular a favor de los municipios la expedición de licencias de construcción.

En tal virtud, de ninguna forma puede afirmarse que las disposiciones legales impugnadas invaden la esfera competencial de la autoridad federal, pues, se insiste, no regula una materia que se encuentre conferida exclusivamente al Congreso de la Unión como son los hidrocarburos.

Para sostener lo anterior, acude al texto constitucional, específicamente, la distribución competencial prevista en el artículo 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del cual se desprende la existencia de un sistema federalista y de una cláusula residual, conforme a la cual, aquellas facultades que no estén concedidas a la federación se entienden reservadas residualmente en favor de las entidades federativas. En este orden de ideas, destaca la relevancia del artículo 73, fracción X, constitucional que establece la facultad en favor del Congreso de la Unión para legislar en toda la República sobre hidrocarburos.

A partir de lo anterior, pone de manifiesto que el artículo 115, fracción V, incisos d) y f), de la Constitución Federal, permite a los municipios autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, así como otorgar licencias y permisos para construcciones. Por ello, estima claro que la facultad de reglamentar la concesión de licencias y permisos de construcciones resulta una materia reservada a las legislaturas estatales.

En tal virtud, colige que las normas impugnadas, al referirse a una potestad municipal, no se contrapone a las facultades otorgadas a los poderes federales.

Para reforzar su argumento, trae a colación la exposición de motivos de la reforma constitucional publicada el veintitrés de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, en la cual, se puso de manifiesto que no sólo se reserva al municipio la potestad de controlar y vigilar el uso del suelo, sino también a autorizarlo.

Asimismo, invoca el contenido de las contradicciones de criterios 441/2009 y 89/2010, en las cuales, a su juicio, quedó establecido que ni la autorización para construcciones en la vía pública, ni los derechos tributarios que se cobran por dicha autorización, invaden la esfera de competencia del Congreso de la Unión o de las autoridades federales.

En conclusión, señala que las normas impugnadas no abordan ni hacen referencia a la explotación de hidrocarburos, sino que se vincula con las facultades concedidas a los municipios en términos del artículo 96 de la Ley de Hidrocarburos.

7. Contestación del Poder Ejecutivo de Coahuila. Por acuerdo de veintidós de mayo de dos mil veinticuatro, el Ministro instructor tuvo por contestada la demanda en representación del Poder Ejecutivo del Estado de Coahuila.

8. Al respecto, dicha representación señaló como ciertos los actos que se le atribuyeron. Asimismo, precisó que dicho poder no intervino en el dictamen, discusión, votación y aprobación de las normas combatidas, sino que se limitó a su publicación y promulgación.

9. En tal virtud, tomando en consideración que no se le atribuye de forma directa algún acto violatorio o concepto de invalidez en cuanto a la promulgación de las normas, coligió que es dable sostener la validez constitucional de las disposiciones legales, por lo que hace al Ejecutivo local.

10. Terceros interesados. La Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores compareció a formular manifestaciones en relación con la demanda de la controversia constitucional, lo mismo hizo la Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. No compareció el Municipio de Castaños del Estado de Coahuila de Zaragoza.

11. En sus comparecencias, ambas Cámaras del Congreso de la Unión sostuvieron que los conceptos de invalidez del Poder Ejecutivo Federal resultan fundados, al considerar que establecer el cobro de tarifas por la expedición de permisos para la construcción de pozos de extracción de hidrocarburos colisiona con las facultades concedidas por la Constitución Federal al Poder Legislativo Federal en materia de hidrocarburos. En tal orden de ideas, estimaron vulnerados los artículos 28, 73, fracción X y XXIX, así como 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

12. Opinión de la Fiscalía General de la República. La Fiscalía General de la República se abstuvo de formular pedimento y de expresar manifestación alguna.

13. Audiencia y cierre de instrucción. Sustanciado el procedimiento en la controversia constitucional, el doce de junio de dos mil veinticuatro se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la que, en términos del diverso 34 de la propia ley, se hizo constar que la comparecencia de los delegados de la Cámara de Diputados y del Poder Ejecutivo Federal, se relacionaron las constancias de autos, se tuvieron por exhibidas y admitidas las pruebas ofrecidas, y se asentó que las indicadas partes formularon alegatos.

14. Finalmente, mediante acuerdo de trece de junio de dos mil veinticuatro, el Ministro instructor decretó el cierre de la instrucción.

I. COMPETENCIA

15. Este Tribunal Pleno es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105, fracción I, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 10, fracción I,(1) y 21, fracción IX,(2) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo, fracción I, párrafo primero, del Acuerdo General Número 1/2023,(3) publicado en el Diario Oficial de la Federación el tres de febrero de dos mil veintitrés y modificado mediante instrumento normativo aprobado el diez de abril siguiente, en virtud de que se plantea un conflicto suscitado entre la federación y los poderes de una entidad federativa en relación con un decreto legislativo.

II. PRECISIÓN DE LA NORMA IMPUGNADA

16. Previo a precisar la norma impugnada, es pertinente poner de manifiesto que del apartado respectivo de la demanda se advierte que la accionante señala como disposición específicamente combatida el artículo 24 de la Ley de Ingresos del Municipio de Castaños, Coahuila de Zaragoza, para el ejercicio fiscal dos mil veinticuatro.

17. Sin embargo, al transcribir la norma que estima inconstitucional, citó el artículo 21, fracciones XV y XVI, de la referida legislación. Asimismo, se advierte que los conceptos de invalidez hechos valer por la accionante, efectivamente, se encuentran encaminados a controvertir la constitucionalidad de esta última disposición.

18. En tal orden de ideas, se colige que la materia de estudio de la presente controversia constitucional, lo es el Decreto número 603 mediante el cual se expide la Ley de Ingresos del Municipio de Castaños, Coahuila de Zaragoza, para el ejercicio fiscal de dos mil veinticuatro, específicamente, el artículo 21, fracciones XV y XVI, publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el veintidós de diciembre de dos mil veintitrés.

19. Por último, de conformidad con lo dispuesto en la fracción I del artículo 41 de la Ley Reglamentaria, se satisface la existencia de las normas generales. Esto, pues se encuentra acreditado, mediante copia certificada del Decreto 603 publicado en la Periódico Oficial del Estado el veintidós de diciembre de dos mil veintitrés.

III. OPORTUNIDAD

20. El artículo 21, fracción II, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que el plazo para la presentación de la demanda de la controversia constitucional será: "Tratándose de normas generales, de treinta días contados a partir del día siguiente a la fecha de su publicación, o del día siguiente al en que se produzca el primer acto de aplicación de la norma que dé lugar a la controversia"; mientras que el artículo 3, fracción II, del mismo ordenamiento legal indica que en el cómputo de los plazos "se contarán sólo los días hábiles"; lo que revela que el plazo para promover una controversia constitucional contra una disposición de observancia general es de treinta días hábiles contados a partir del día siguiente a aquél en que haya sido publicada.

21. En el caso, el decreto impugnado fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza el veintidós de diciembre de dos mil veintitrés, por lo que el plazo para promover la presente controversia constitucional transcurrió del dos de enero al trece de febrero siguientes.

22. Por tanto, si la demanda en cuestión se depositó en el buzón judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el trece de febrero de dos mil veinticuatro, es dable concluir que la presente controversia constitucional se promovió dentro del plazo legal previsto para ello.

Ver plazo legal

IV. LEGITIMACIÓN ACTIVA

23. Se cumple con el requisito de legitimación activa.

24. Al respecto, los artículos 10, fracción I, y 11, primer párrafo, de la Ley Reglamentaria(5) señalan que tendrá el carácter de actor la entidad, poder u órgano que promueva la demanda, quien deberá comparecer al juicio por conducto del funcionario que, en términos de la norma que lo rige, esté facultado para representarlo.

25. En el caso, la demanda fue presentada por María Estela Ríos González, en su carácter de Consejera Jurídica del Poder Ejecutivo Federal, en representación del Presidente de la República. En ese tenor, se estima que el Poder Ejecutivo Federal puede plantear una controversia contra los poderes de otra entidad federativa y que la demanda fue suscrita por una servidora pública con amplias facultades de representación, en términos del artículo 11, último párrafo, de la Ley Reglamentaria,(6) así como el Acuerdo Presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de enero de dos mil uno. Dicha personalidad se acreditó con la copia certificada de su nombramiento.

V. LEGITIMACIÓN PASIVA

26. El artículo 10, fracción II, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que tendrán el carácter de parte demandada en las controversias constitucionales la entidad, poder u órgano que hubiere emitido y promulgado la norma general o pronunciado el acto que sea objeto de la controversia.

V.1 El Poder Legislativo del Estado de Coahuila

27. Compareció a juicio por conducto de Joseline Zaharay González Gutiérrez, en su carácter de Directora de Asuntos Jurídicos y Apoderada Especial del Congreso del Estado de Coahuila, lo que acredita con la copia certificada del Acuerdo de nueve de enero de dos mil veinticuatro, en donde consta que fue designada con tal carácter.

28. De acuerdo con el artículo 48,(7) fracción I, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Coahuila, la representación del Poder Legislativo del Estado de Coahuila, corresponde al Presidente de la Mesa Directiva, por lo que éste se encuentra legitimado para comparecer en esta controversia constitucional en representación de dicho Poder, o bien, delegar dicha potestad en los órganos técnicos del Congreso. Asimismo, de conformidad con el artículo 10, fracción II,(8) de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dicho Poder tiene legitimación para comparecer en esta controversia, al haber emitido la norma impugnada.

V.2 El Poder Ejecutivo del Estado de Coahuila

29. Compareció a juicio por conducto de Valeriano Valdés Cabello, en su carácter de Consejero Jurídico del Gobierno del Estado de Coahuila, lo que acredita con la copia certificada de su nombramiento, expedido el uno de diciembre de dos mil veintitrés.

30. De acuerdo con el artículo 19, fracción XXI, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza, en relación con el diverso numeral 25, fracción VIII, del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno del Estado en comento,(9) la representación del Gobernador del Estado de Coahuila, como Titular del Poder Ejecutivo Estatal, en las controversias constitucionales, corresponde al Consejero Jurídico. Asimismo, de conformidad con el artículo 10, fracción II, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dicho poder tiene legitimación para comparecer en la controversia constitucional, al haber promulgado la norma impugnada.

V.3 De los tercero interesados

31. Se estima que las Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión cuentan con la legitimación para participar en este procedimiento.

32. De acuerdo con lo que disponen los artículos 10, fracción III, y artículo 11(10) de la Ley de la materia el actor, el demandado y, en su caso, el tercero interesado deberá comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos. El tercero interesado es aquel poder, entidad u órgano que, sin ser actor o demandado, pudiera resultar afectado por la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

33. Por lo que hace a la representación de la Cámara de Senadores, compareció al presente procedimiento Ana Lilia Rivera Rivera, quien se ostentó como Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores; mientras que, por la Cámara de Diputados, compareció Marcela Guerra Castillo, con el carácter de Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, ambas de la Sexagésima Quinta Legislatura. Dicho carácter lo acreditaron con las actas correspondientes, en términos de lo dispuesto por los artículos 22,(11) primer párrafo, y 67,(12) primer párrafo, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

VI. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO

34. Las partes no hicieron valer alguna causal de improcedencia ni motivo de sobreseimiento. Este Pleno tampoco advierte de oficio que se actualice alguna, por lo que procede realizar el estudio de fondo.

VII. ESTUDIO DE FONDO

35. La Consejería accionante reclama la invalidez del artículo 21, fracciones XV y XVI, de la Ley de Ingresos del Municipio de Castaños, Coahuila de Zaragoza, para el ejercicio fiscal del año dos mil veinticuatro. Para ello expuso los conceptos de invalidez siguientes:

36. Refiere que el artículo 21, fracciones XV y XVI, de la Ley de Ingresos del Municipio de Castaños para el ejercicio fiscal dos mil veinticuatro prevé el cobro de derechos por la expedición de un permiso de construcción y remodelación de pozos por la extracción de cualquier hidrocarburo, por ende, al establecer una regulación aplicable al ámbito de hidrocarburos y el aprovechamiento de bienes del dominio de la Nación, considera que la entidad federativa invade atribuciones exclusivas de la Federación.

37. Para sustentar lo anterior, pone de manifiesto que la disposición impugnada permite a cualquier persona, a través de un permiso expedido por el municipio, extraer cualquier hidrocarburo. En otras palabras, se aduce que el vicio de inconstitucionalidad radica en el hecho de que la norma conlleva enterar a la hacienda municipal montos para obtener permisos que amparen la explotación y extracción de hidrocarburos, por tal motivo, se relacionan directamente con dicha materia.

38. Lo anterior, a su juicio, se contrapone con el artículo 25, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues dicho precepto señala que "[e]l Estado planeará, conducirá, coordinará y orientara la actividad económica nacional, y llevará a cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés general en el marco de libertades que otorga esta Constitución".

39. Además, destaca que de acuerdo con el precepto antes señalado "la exploración y extracción de petróleo y demás hidrocarburos, la Nación llevará a cabo dichas actividades en términos de lo dispuesto por los párrafos sexto y séptimo del artículo 27 de esta Constitución".

40. Con base en lo anterior, pone de manifiesto que conforme al artículo 27 constitucional, es inalienable el dominio de la Nación sobre la explotación, el uso o el aprovechamiento de los recursos, lo cual podrán llevar a cabo los particulares o las sociedades constituidas mediante concesiones otorgadas por el Ejecutivo Federal, de acuerdo con las reglas y condiciones que establezcan las leyes. 41. En particular, pone de relieve que dicho precepto precisa que "[t]ratándose del petróleo y de los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos, en el subsuelo, la propiedad de la Nación es inalienable e imprescriptible y no se otorgarán concesiones"; el mismo precepto agrega que "[c]on el propósito de obtener ingresos para el Estado que contribuyan al desarrollo de largo plazo de la Nación, ésta llevará a cabo las actividades de exploración y extracción del petróleo y demás hidrocarburos mediante asignaciones a empresas productivas del Estado".

42. Añade que, conforme al artículo 73, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la facultad para legislar en toda la República sobre hidrocarburos se encuentra reservada al Congreso de la Unión.

43. Del artículo 4, fracciones XIV y XV, de la Ley de Hidrocarburos, retoma las definiciones de exploración y extracción que establece dicha legislación, poniendo énfasis en el que hecho de que ambas actividades incluyen la perforación de pozos de producción.

44. A partir de lo anterior, estima que se actualiza una invasión a su esfera competencial por el hecho de que la autoridad demandada no puede fijar derechos por permisos de construcción y remodelación de pozos construidos con la finalidad de extraer hidrocarburos, pues con ello invade la esfera competencial de la Federación y el Poder Ejecutivo Federal, quien ostenta facultades en materia de hidrocarburos.

45. Lo cual estima corroborado a partir del texto del artículo 115, fracción V, de la Constitución Federal, el cual señala que los bienes inmuebles de la Federación ubicados en los municipios están exclusivamente bajo la jurisdicción de los poderes federales.

46. Máxime que, en el caso concreto, conforme al artículo 11 de la Ley de Hidrocarburos,(13) se colige que el Ejecutivo Federal, por conducto de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía, son las dependencias facultadas para expedir licencias, permisos y contratos de construcción referentes al sector de hidrocarburos, por lo cual, el decreto impugnado afecta la competencia de la federación al legislar y establecer contribuciones en materia de hidrocarburos.

47. Este Tribunal Pleno estima fundado el planteamiento de la accionante, en el sentido de que el legislador local carece de competencia para regular la expedición de permisos de construcción en materia de hidrocarburos.

48. En efecto, el artículo 25 de la Constitución Federal señala que corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable. Con miras a ello, el párrafo cuarto de dicho artículo establece que el sector público tendrá a su cargo, de manera exclusiva, las áreas estratégicas que se señalan en el artículo 28, párrafo cuarto, de la Constitución, manteniendo siempre el Gobierno Federal la propiedad y el control sobre los organismos y empresas productivas del Estado que en su caso se establezcan. Asimismo, precisa que tratándose de la planeación y el control de la exploración y extracción del petróleo y demás hidrocarburos, la Nación llevará dichas actividades en términos de lo dispuesto en el párrafo sexto y séptimo del artículo 27 de la Constitución.

49. Además, conforme al artículo 27, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde a la Nación el dominio directo de fondos de todos los recursos naturales, tales como los combustibles minerales sólidos, entre ellos, el petróleo.

50. El párrafo sexto del referido artículo 27 prevé que, respecto de estos recursos, el dominio de la Nación es inalienable e imprescriptible y la explotación, el uso o aprovechamiento de los recursos de que se trata, por los particulares o por sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, no podrá realizarse sino mediante concesiones otorgadas por el Ejecutivo Federal, de acuerdo con las reglas y condiciones que establezcan las leyes.

51. Por su parte, el artículo 28 constitucional contempla que no constituyen monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en áreas estratégicas tales como la exploración y extracción del petróleo y de los demás hidrocarburos. El párrafo octavo pone de manifiesto que el Poder Ejecutivo contará con los órganos reguladores coordinados en materia energética, denominados Comisión Nacional de Hidrocarburos y Comisión Reguladora de Energía, en los términos que determine la ley.

52. En relación con la facultad de legislar en materia de hidrocarburos, sobresale que la fracción X del artículo 73 del Texto Fundamental señala que el Congreso de la Unión tiene facultad para legislar en toda la República, entre otros ámbitos, sobre hidrocarburos.

53. En efecto, del análisis integral de los referidos preceptos de la Constitución Federal se advierte que recursos naturales, tales como los hidrocarburos, resultan bienes del dominio de la Nación. Para realizar la explotación de dicho recurso, se encomienda al Estado su rectoría económica, para lo cual, en términos de la propia Constitución, se prevé que el Gobierno Federal mantendrá la propiedad y el control sobre los organismos y empresas productivas del Estado que en su caso se establezcan.

54. Conforme a lo anterior es de concluirse que en todo momento el Estado mantiene el dominio originario, inalienable e imprescriptible sobre la exploración y extracción de hidrocarburos. Por su parte, si bien las normas constitucionales dejan entrever que existe la posibilidad de otorgar autorizaciones para que particulares o sociedades constituidas realicen el uso o aprovechamiento de ciertos recursos naturales, como los hidrocarburos, dicha actividad se llevará a cabo bajo la supervisión del Estado. Para ejercer esa vigilancia, las normas constitucionales señalan que el Estado contará con órganos reguladores coordinados en materia energética, tal como la Comisión Nacional de Hidrocarburos.

55. Lo anterior es desarrollado por la legislación secundaria, a saber, el artículo 6 de la Ley de Hidrocarburos, de cuyo texto se desprende que el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Energía, podrá otorgar y modificar a Petróleos Mexicanos o a cualquier otra empresa productiva del Estado, de manera excepcional, asignaciones para realizar la exploración y extracción de hidrocarburos.(14)

56. Por otra parte, el artículo 115, fracción IV, de la Constitución Federal, establece que los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor y en todo caso:

a. Percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan los Estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora así como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles.

Los municipios podrán celebrar convenios con el Estado para que éste se haga cargo de algunas de las funciones relacionadas con la administración de esas contribuciones.

b. Las participaciones federales, que serán cubiertas por la Federación a los Municipios con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se determinen por las Legislaturas de los Estados.

c. Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo.

57. Asimismo, la norma constitucional dispone que los ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, propondrán a las legislaturas estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria.

58. En ese sentido, la fracción V, del citado artículo 115 señala que los municipios, en los términos de las leyes federales y estatales relativas, estarán facultados para:

a. Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal, así como los planes en materia de movilidad y seguridad vial.

b. Participar en la creación y administración de sus reservas territoriales.

c. Participar en la formulación de planes de desarrollo regional, los cuales deberán estar en concordancia con los planes generales de la materia. Cuando la Federación o los Estados elaboren proyectos de desarrollo regional deberán asegurar la participación de los municipios.

d. Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus jurisdicciones territoriales.

e. Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana.

f. Otorgar licencias y permisos para construcciones.

g. Participar en la creación y administración de zonas de reservas ecológicas y en la elaboración y aplicación de programas de ordenamiento en esta materia.

h. Intervenir en la formulación y aplicación de programas de transporte público de pasajeros cuando aquellos afecten su ámbito territorial.

i. Celebrar convenios para la administración y custodia de las zonas federales.

59. Además, de acuerdo con el último párrafo de la fracción V del artículo 115 constitucional, en lo conducente y de conformidad a los fines señalados en el párrafo tercero del artículo 27 de la Constitución Federal, los municipios expedirán los reglamentos y disposiciones administrativas que fueren necesarios. De igual forma, los bienes inmuebles de la Federación ubicados en los municipios estarán exclusivamente bajo la jurisdicción de los poderes federales, sin perjuicio de los convenios que puedan celebrar en términos del inciso i), antes transcrito.

60. Sentado lo anterior, queda analizar la norma impugnada a la luz del marco constitucional expuesto. Para ello, resulta necesario transcribir el precepto impugnado:

Ver precepto impugnado

61. Del artículo transcrito se observa que el legislador local dispuso cobros por el otorgamiento de permisos ya sea para construcción o la remodelación de pozos -incluyendo aquell

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32852-c702b88c/i-controversia-constitucional-el-plazo-para-la-presentacion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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