I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, TRATÁNDOSE DE NORMAS GENERALES, ES DE TREINTA DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL SIGUIENTE AL DE SU PUBLICACIÓN O AL EN QUE SE PRODUZCA SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 21, FRACCIÓN II, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN REPRESENTACIÓN DE ESE PODER (ARTÍCULO 11, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA TITULAR DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE OAXACA TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE DICHO PODER PARA COMPARECER EN EL JUICIO (ARTÍCULOS 49, FRACCIÓN III, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA Y 10, FRACCIÓN II, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL ESTADO DE OAXACA TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA COMPARECER EN EL JUICIO EN NOMBRE DEL PODER EJECUTIVO LOCAL (ARTÍCULOS 49, PÁRRAFO PRIMERO, FRACCIONES I Y VI, Y 10, FRACCIÓN II, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). V. PETRÓLEO E HIDROCARBUROS. EL DOMINIO DIRECTO DE LA NACIÓN RESPECTO DE ESTOS RECURSOS ES INALIENABLE E IMPRESCRIPTIBLE Y PARA SU EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO POR LOS PARTICULARES O POR SOCIEDADES CONSTITUIDAS CONFORME A LAS LEYES MEXICANAS, SÓLO PODRÁ REALIZARSE MEDIANTE CONCESIONES OTORGADAS POR EL EJECUTIVO FEDERAL, DE ACUERDO CON LAS REGLAS Y CONDICIONES QUE ESTABLEZCAN LAS LEYES. VI. HIDROCARBUROS. EL CONGRESO DE LA UNIÓN TIENE LA FACULTAD PARA LEGISLAR SOBRE DICHA MATERIA. VII. HACIENDA MUNICIPAL. SE FORMARÁ DE LOS RENDIMIENTOS DE LOS BIENES QUE LES PERTENEZCAN, ASÍ COMO DE LAS CONTRIBUCIONES Y OTROS INGRESOS QUE LAS LEGISLATURAS ESTABLEZCAN A SU FAVOR (ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL). VIII. MUNICIPIOS. SUS FACULTADES EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN V, DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL. IX. LICENCIAS Y PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN. LOS GOBIERNOS MUNICIPALES TIENEN LA FACULTAD PARA IMPONER GRAVÁMENES A LA PROPIEDAD INMOBILIARIA A TRAVÉS DEL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS O PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN. X. PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE POZOS DE EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS. LAS DISPOSICIONES LOCALES QUE ESTABLEZCAN UN PAGO POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MODIFICACIÓN, REGULARIZACIÓN, REPARACIÓN O DEMOLICIÓN DE UNA EDIFICACIÓN O INSTALACIÓN DE SUS PREDIOS PARA OBRAS DE EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN DE BUTANO, ALMACÉN DE HIDROCARBUROS, SE RELACIONAN DIRECTAMENTE CON LAS ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN Y EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS, POR LO QUE SE TRATA DE CONTRIBUCIONES QUE RECAEN SOBRE UN ÁMBITO RESERVADO A LA FEDERACIÓN [INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 93, FRACCIÓN I, INCISO C), NUMERAL 4, INCISO 4.7, SUBINCISO 4.7.1, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE VILLA DE ETLA, DISTRITO DE ETLA, OAXACA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024]. XI. PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE POZOS DE EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS. EL HECHO DE QUE LA NORMA IMPUGNADA PREVEA UN PAGO POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MODIFICACIÓN, REGULARIZACIÓN, REPARACIÓN O DEMOLICIÓN DE UNA EDIFICACIÓN O INSTALACIÓN DE SUS PREDIOS PARA OBRAS DE EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN DE BUTANO, IMPLICA UNA INVASIÓN A LA ESFERA COMPETENCIAL DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, YA QUE EN LA HACIENDA MUNICIPAL SE ENTERARÁN MONTOS CON MOTIVO DE LA EXPEDICIÓN DE ESTAS AUTORIZACIONES POR CUALQUIERA DE LOS SUPUESTOS DESCRITOS, LO CUAL SE RELACIONA DIRECTAMENTE CON LA REGULACIÓN DE HIDROCARBUROS, PETROLÍFEROS Y PETROQUÍMICOS [INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 93, FRACCIÓN I, INCISO C), NUMERAL 4, INCISO 4.7, SUBINCISO 4.7.1, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE VILLA DE ETLA, DISTRITO DE ETLA, OAXACA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024]. XII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS AL CONGRESO DEL ESTADO DE OAXACA [INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 93, FRACCIÓN I, INCISO C), NUMERAL 4, INCISO 4.7, SUBINCISO 4.7.1, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE VILLA DE ETLA, DISTRITO DE ETLA, OAXACA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024].
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 187/2024. PODER EJECUTIVO FEDERAL. 25 DE NOVIEMBRE DE 2024 PONENTE: MINISTRO JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIA: BRENDA MONTESINOS SOLANO.
Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veinticinco de noviembre de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la controversia constitucional 187/2024, promovida por el Poder Ejecutivo Federal en contra de los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Oaxaca.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA
1. Presentación de la demanda, poderes demandados y norma impugnada. Por oficio presentado el catorce de junio de dos mil veinticuatro, en el buzón judicial de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación y recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia el diecisiete siguiente, María Estela Ríos González, ostentándose como Consejera Jurídica del Poder Ejecutivo Federal, promovió controversia constitucional, en la que demanda la invalidez de la norma que más adelante se precisa, emitida y promulgada por las autoridades que a continuación se señalan:
Entidad, poder u órganos demandados:
• Poder Legislativo del Estado de Oaxaca.
• Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca.
Norma general cuya invalidez se demanda:
Ver norma general
2. Antecedentes. La parte actora señaló como hechos relevantes que el cuatro de mayo de dos mil veinticuatro, se publicó en Periódico Oficial del Estado de Oaxaca, el Decreto impugnado, el cual establece, en su artículo 93, el pago de derechos por la expedición de licencias de construcción de obras de equipamiento para distribución de gas butano, almacén de hidrocarburos.
3. Preceptos constitucionales que se consideran vulnerados. Artículos 25, párrafos tercero y quinto; 27, párrafos quinto, sexto y séptimo; 28, párrafo cuarto; 73, fracciones X y XXIX; 124 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
4. Conceptos de invalidez. En su único concepto de invalidez, el Poder actor expresó, en síntesis, los argumentos siguientes:
– Sostiene que los órganos ejecutivo y legislativo del Estado de Oaxaca, al expedir y promulgar el Decreto impugnado, invaden la competencia exclusiva de la Federación para regular, aprovechar y explotar los bienes del dominio de la Nación.
– Manifiesta que el artículo 93 del Decreto impugnado prevé el pago de derecho con una cuota de $300,000.00 por unidad, por la expedición de licencias de construcción de obras de equipamiento para distribución de gas butano, almacén de hidrocarburos, lo que invade facultades exclusivas del Congreso de la Unión para legislar en toda la República sobre hidrocarburos, así como imponer contribuciones en dicha materia.
– Sostiene que si el artículo 73, fracción X, de la Constitución Federal establece, que es facultad exclusiva de la Federación, a través del Congreso de la Unión, legislar en toda la República sobre hidrocarburos, los congresos de las Entidades Federativas no tienen competencia para ello.
– Refiere que, por otra parte, el artículo impugnado al imponer contribuciones sobre el aprovechamiento y explotación de los recursos naturales exclusivos de la Federación invade la competencia del Congreso de la Unión establecidas en el artículo 73, fracción XXIX, numeral 2o., de la Constitución Federal.
– Manifiesta que si bien la norma impugnada no dispone de manera literal el cobro por el otorgamiento de una concesión de hidrocarburos, sí prevé un derecho por licencias o permisos de construcción para obras de equipamiento para distribución de gas butano, almacén de hidrocarburos, circunstancia que implica que, la hacienda municipal obtendrá ingresos adicionales con motivo de la expedición de las licencias, los cuales se relacionan directamente con la regulación de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos. Lo anterior, aunado al hecho de que no se puede realizar una doble tributación en dicha materia por medio de una ley de ingresos municipal.
– Arguye que el artículo 1o. de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, establece el régimen de ingresos que recibirá el Estado Mexicano derivados de las actividades de Explotación y Extracción de Hidrocarburos que se realicen a través de las asignaciones y contratos a que se refieren el artículo 27, párrafo séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Hidrocarburos, así como las contraprestaciones que se establecerán en los contratos.
– Aduce que por su parte, el artículo 2, fracción II, en relación con el artículo 44, de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, establece el régimen de los ingresos que recibirá el Estado Mexicano derivados de las actividades de explotación y extracción de hidrocarburos que se realicen a través de las asignaciones y contratos a que se refiere el artículo 27, párrafo séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Hidrocarburos, así como las contraprestaciones que se establecerán en los contratos.
– Asimismo, aduce que es claro que la regulación establecida en el artículo 93 del Decreto impugnado, invade la competencia de la Federación para establecer contribuciones sobre el aprovechamiento y explotación -entre otros recursos naturales- del petróleo y todos los hidrocarburos sólidos, líquidos y gaseosos, contemplada en el artículo 73, fracción XXIX, numeral 2o.
– Señala que, por mandato constitucional, corresponde al Congreso de la Unión legislar en materia de hidrocarburos y a la Secretaría de Energía otorgar las asignaciones en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos; a cambio de ello, tiene derecho de percibir una contraprestación económica.
– Precisa que de una interpretación sistemática de los artículos 25, párrafo cuarto; 27, párrafo séptimo y 28, párrafo cuarto, y 73, fracciones X y XXIX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Congreso de la Unión tiene la facultad exclusiva de legislar en toda la República sobre hidrocarburos, así como establecer contribuciones en dicha materia.
– Manifiesta que de esa forma lo resolvió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la controversia constitucional 119/2020.
– Por otra parte, manifiesta que el decreto impugnado, al permitir al municipio otorgar licencias de construcción en materia de distribución de gas butano, almacén de hidrocarburos, invade las facultades del Poder Ejecutivo Federal.
– Señala que el artículo 93 del Decreto impugnado es inconstitucional, ya que permite al municipio otorgar licencia para obras de equipamiento de construcción para distribución de gas butano, almacén de hidrocarburos y dicha materia no se encuentra reservada a las entidades federativas, invade la esfera competencial de la Federación, y causa una afectación a las facultades del Poder Ejecutivo Federal.
– Aduce que conforme al artículo 28, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el sector público tiene a su cargo, de manera exclusiva las áreas estratégicas, así como la exploración y extracción de petróleo y demás hidrocarburos.
– Señala que el Congreso de la Unión en ejercicio de la facultad que le otorgó el Poder Constituyente, emitió la Ley de Hidrocarburos, reglamentaria de los artículos 25, tercer párrafo, 27, párrafo séptimo y 28, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual establece que corresponde a la Nación la propiedad directa, inalienable e imprescriptible de todos los hidrocarburos que se encuentren en el subsuelo del territorio nacional, por lo que le corresponde a la Federación regularlo.
– Aduce que el Congreso de la Unión, facultó a un órgano de la Administración Pública Federal centralizada, en este caso, a la Secretaría de Energía, para establecer, conducir y coordinar la política pública en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos, por lo que es patente que su actuación corresponde con lo determinado a su esfera de competencia y al ejercicio de sus atribuciones establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
– Manifiesta, que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de ninguna manera permite a las entidades federativas legislar en materia de hidrocarburos, ni mucho menos establecer el cobro para ello.
– Además, aduce que el Poder Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía son las dependencias y entidades facultadas para expedir las licencias, permisos y contratos de construcción referentes al sector de hidrocarburos, por lo cual, el Decreto impugnado afecta la competencia del Poder Ejecutivo Federal al otorgar licencias de construcción en la materia.
– En conclusión, refiere que los artículos 25, tercer párrafo; 27, séptimo párrafo; 28, párrafo cuarto y 73, fracción XVII, 124 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, otorgan a la Federación la facultad exclusiva de regular en materia de hidrocarburos, por lo que permitir al congreso local que a través de la Ley de Ingresos del Municipio de Villa de Etla, Distrito de Etla, Oaxaca, para el Ejercicio Fiscal 2024, contemple el pago de derechos por la expedición de licencias de construcción de obras de equipamiento en materia de hidrocarburos, invade la esfera competencial de la Federación.
5. Radicación y turno. Por proveído de diecisiete de junio de dos mil veinticuatro, la Ministra Presidenta de este Alto Tribunal acordó formar y registrar la presente controversia constitucional bajo el expediente 187/2024, y ordenó se turnara al Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, como instructor del procedimiento, al existir conexidad con la acción de inconstitucionalidad 119/2024, en la cual se combate el mismo Decreto legislativo.
6. Admisión y trámite. Mediante auto de veintiuno de junio del presente año, el Ministro instructor admitió a trámite la demanda, tuvo como demandados a los Poderes Legislativo y Ejecutivo, ambos del Estado de Oaxaca, ordenando su emplazamiento para que formularan la contestación correspondiente.
7. Por otra parte, señaló que no resultaba necesario requerir a Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Oaxaca, para que, al dar contestación a la demanda, enviaran copia certificada de los antecedentes legislativos del decreto combatido y exhibieran un ejemplar en original o copia certificada del Periódico Oficial del Estado donde conste su publicación, toda vez que ya fueron requeridas en el expediente de la acción de inconstitucionalidad 119/2024, que tiene conexidad con este medio de control constitucional y constituye un hecho notorio para esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles.
8. Finalmente, tuvo como terceros interesados al Congreso de la Unión, por conducto de sus Cámaras, y al Municipio de Villa de Etla, Estado de Oaxaca, a las que dio vista a efecto de que manifestaran lo que a su derecho conviniera. Asimismo, ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República para que, en su caso, manifestara lo que a su representación correspondiera.
9. Manifestaciones de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Por escrito recibido el veintisiete de agosto de dos mil veinticuatro en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Marcela Guerra Castillo, quien se ostentó como Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, manifestó, en esencia, lo siguiente:
• Precisa que de conformidad con el artículo 124 de la Constitución Federal en el Sistema Jurídico Mexicano existen competencias expresas a favor de la Federación y residuales tratándose de los Estados, y conforme al numeral 73, fracciones X y XXIX, de la Norma Fundamental corresponde a la Federación legislar en materia de impuestos sobre hidrocarburos, minería, sustancias químicas, explosivos pirotecnia, industria cinematográfica, comercio, juegos con apuestas y sorteos, intermediación y servicios financieros, energía eléctrica y nuclear y para expedir las leyes del trabajo, reglamentarias del artículo 123; así como para establecer contribuciones en relación a aprovechamiento y explotación de recursos naturales propiedad de la Nación, así como para establecer contribuciones en relación al aprovechamiento y explotación de recursos naturales propiedad de la Nación, así como de aquellos derivados del petróleo.
• En ese sentido, señala que la litis constitucional se centrará en determinar si la norma impugnada resulta contraria a los artículos 25, 27, 28, 73, 124 y 133 de la Constitución General, así como si dicha norma invade facultades de la Federación, en relación con la regulación de contribuciones en materia de hidrocarburos, por lo que estará al tanto de la resolución.
10. Manifestaciones de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión. Mediante oficio recibido el dos de agosto de dos mil veinticuatro en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, a través de Buzón Judicial, Ana Lilia Rivera Rivera, ostentándose como Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, manifestó, en síntesis, lo siguiente:
• Precisa que en términos del artículo 124 de la Constitución Federal las entidades federativas cuentan con las facultades que por exclusión no se encuentren concedidas expresamente a los funcionarios federales, siendo que el artículo 73, fracción X, constitucional faculta al Congreso de la Unión para legislar sobre la materia de hidrocarburos; facultad exclusiva de referencia que de igual manera se advierte del artículo 27 del mismo ordenamiento, al establecer que la explotación, uso o aprovechamiento de los recursos naturales ahí plasmados son del dominio directo de la Nación, el cual es inalienable de imprescriptible.
• Además, refiere que el artículo 28 de la Constitución General establece que no constituyen monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las áreas estratégicas, entre las cuales se encuentra la exploración y extracción de hidrocarburos. En ese sentido, el Congreso de la Unión expidió la Ley de Hidrocarburos.
• En consecuencia, concluye que la norma impugnada invade la facultad expresa del Congreso Federal, de conformidad con el artículo 73, fracción X y XXIX, numeral 2, de la Constitución Federal, al establecer el cobro de un derecho por el otorgamiento de licencias de construcción de obras de equipamiento para distribución de gas butano y almacén de hidrocarburos, es decir, el pago de un bien cuya explotación y regulación es reservada exclusivamente a la Federación.
11. Contestación del Poder Legislativo del Estado de Oaxaca. Por escrito depositado en la oficina de correos de la localidad el seis de agosto de dos mil veinticuatro, y recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el doce de agosto siguiente, Sergio López Sánchez, quien se ostentó como Presidente de la Junta de Coordinación Política de la Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado de Oaxaca, dio contestación a la demanda en los términos siguientes:
• Aduce que no es cierto que el Poder Legislativo del Estado de Oaxaca al expedir el decreto impugnado invada la competencia exclusiva de la Federación, para regular, aprovechar y explotar los bienes dominio de la Nación.
• Sostiene que del contexto de la norma se desprende que el cobro de los derechos por la expedición de licencias y permisos de construcción, es totalmente acorde a las facultades concedidas al Municipio en el artículo 115 de la Constitución Federal, es decir los ayuntamientos tienen la facultad de aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal expedidas por las Legislaturas de los Estados, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal y regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia, entre ellos, los relativos al ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y al desarrollo urbano de los centros de población. Esto es, los Municipios deben intervenir en actos de planeación, ordenación, regulación, control, vigilancia y fomento del ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y de desarrollo urbano de los centros de población en la entidad a la que pertenezcan, en el ámbito de sus respectivas jurisdiccionales, a afecto de ejercer las funciones y prestar los servicios públicos de su competencia, de ahí que surge la necesidad que el Municipio de Villa de Etla, plasme la posibilidad de un cobro por expedición de licencias o permisos para la construcción de obras para la distribución de gas butano o para almacenar hidrocarburos.
• Además, asegura que este Poder Legislativo no pretende legislar en materia de hidrocarburos, sino que únicamente cumpliendo con sus facultades constitucionales aprobó la Ley de Ingresos del Municipio de Villa de Etla, Distrito de Etla, Oaxaca, para el ejercicio fiscal 2024, sin embargo, contrario a lo que sostiene la actora, los actos legislativos que culminaron con la expedición del artículo ahora impugnado, están debidamente fundados y motivados, ya que ese Congreso actúo dentro de los límites de las atribuciones de la Constitución Local y Federal le confiere, resultando ser autoridad competente para legislar sobre los ramos que sean de competencia del Estado.
• Argumenta que el inciso b) de la fracción II, del artículo 115 Constitucional, establece que: "Los Municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la ley ..." misma que se encuentra armonizada en el mismo precepto normativo en su fracción IV, inciso c), párrafos segundo y tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
12. Contestación del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca. Mediante oficio depositado en la oficina de correos de la localidad el dos de agosto de dos mil veinticuatro, y recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal el ocho de agosto siguiente, Geovany Vásquez Sagrero, quien se ostentó como Consejero Jurídico del Gobierno del Estado de Oaxaca, dio contestación a la demanda, aduciendo, en esencia, lo siguiente:
• Refiere que el artículo 73, fracción X, de la Constitución Federal, por sí sola, no permite considerar jurídicamente que, con fundamento en esa facultad para legislar en materia de hidrocarburos también le corresponde de manera exclusiva a la Federación establecer las contribuciones que se lleguen a relacionar de cierta manera con esa materia, pues para tal efecto se cuentan con leyes reglamentarias.
• Señala que los planteamientos del accionante son infundados, ya que las normas impugnadas fueron expedidas en ejercicio de facultades con que cuentan las Entidades Federativas para establecer a favor de los municipios contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria.
• Manifiesta que, conforme a la doctrina general tributaria, existe una regla general de que tanto la federación como las Entidades Federativas, incluida la Ciudad de México, concurren en sus facultades, en el respectivo ámbito de sus competencias, para el establecimiento de contribuciones en términos del artículo 73, fracción VII y 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la excepción de las facultades concretas y exclusivas para gravas por parte de la Federación, así como las prohibiciones expresas para las Entidades Federativas.
• La controversia constitucional es infundada, porque respecto al Poder Ejecutivo no se le atribuyó de forma directa algún acto violatorio o concepto de invalidez en cuanto a la promulgación de la norma impugnada. • Refiere que, si bien el Poder Ejecutivo local realizó la promulgación y publicación de la ley impugnada, lo cierto es que ello fue así por ser un deber previsto en la propia Constitución de la entidad, sin que se interviniera en el dictamen, discusión, votación y aprobación de la norma controvertida.
• Asegura que atento al artículo 73, fracción XXIX, de la Constitución Federal, el Congreso de la Unión tiene la facultad exclusiva para establecer contribuciones sobre el comercio exterior; sobre el aprovechamiento y explotación de los recursos naturales comprendidos en los párrafos cuarto y quinto del artículo 27; sobre servicios públicos concesionados o explotados directamente por la Federación; y especiales sobre; energía eléctrica; producción y consumo de tabacos labrados; gasolina y otros productos derivados del petróleo; cerillos y fósforos; aguamiel y productos de su fermentación; explotación forestal; y producción y consumo de cerveza.
• Precisa que del artículo 73, fracción XXIX, de la Constitución Federal se desprende que el Constituyente confirió de manera exclusiva a la Federación la competencia para establecer las contribuciones sobre el aprovechamiento y explotación de los recursos naturales comprendidos en los párrafos 4o. y 5o. del artículo 27 de la propia Constitución Federal.
• Aduce que no debe perderse de vista que la Ley de Ingresos del Municipio de Villa de Etla, del Estado de Oaxaca, para el ejercicio fiscal de 2024, contempla esta contribución como especial dentro de lo que abarca la propiedad inmobiliaria.
• Sostiene que es la autoridad municipal la facultada para percibir dichas contribuciones en términos del artículo 115, fracción IV, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
• Precisa que del artículo 115, fracción IV, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se puede advertir que el municipio, no prevé un cobro por otorgamiento de una concesión de hidrocarburos, pues el propio artículo 93 de la Ley de Ingresos de la Villa de Etla, del Estado de Oaxaca, para el ejercicio fiscal de 2024, establece que se trata de un pago de derecho por otorgamiento de las licencias o permisos referidos, relacionados con la propiedad inmobiliaria.
• Así, manifiesta que contrario a lo señalado por la Consejería Jurídica Federal, no se actualiza la hipótesis de que el ayuntamiento obtenga ingresos adicionales con motivo de la expedición de licencias relacionadas directamente con la regulación de hidrocarburos petrolíferos y petroquímicos, pues estas percepciones previstas en el decreto impugnado se relacionan de manera directa con la propiedad inmobiliaria, cuestión que es de competencia municipal.
• Lo anterior, aunado a que lo dispuesto en el artículo 115, fracción IV, inciso a), párrafo quinto de la Constitución Federal, respecto a que las leyes federales no limitarán la facultad de los Estados para establecer las contribuciones a que se refieren los incisos a) (referente a la propiedad inmobiliaria).
• Reitera que el municipio de la Villa de Etla, del Estado de Oaxaca, se encuentra en pleno ejercicio de las facultades otorgadas por el artículo 73, fracción VII, 115, fracción IV, Inciso a) y 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos, pues dicho apartado de la Ley de Ingresos municipal establece contribuciones meramente en materia de propiedad inmobiliaria.
• Sin embargo, dice, que el hecho de que los artículos 25, tercer párrafo, 27, séptimo párrafo, 28, párrafo cuarto y 73, fracción XVII, 124 y 133, de la Constitución Federal, otorguen a la Federación la facultad de regular y legislar en materia de hidrocarburos, ello impide que el municipio en uso de sus facultades establezca contribuciones en materia de propiedad inmobiliaria a los inmuebles que tengan diversos usos, entre ellos de almacenamiento de hidrocarburos.
13. Mediante acuerdo de diecinueve de agosto de dos mil veinticuatro, el Ministro instructor tuvo a la Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, por presentada con la personalidad que ostentan, realizando manifestaciones en su carácter de tercero interesado.
14. Asimismo, se tuvo al Consejero Jurídico del Gobierno y al Presidente de la Junta de Coordinación Política de la Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso, ambos del Estado de Oaxaca, contestando la demanda de la controversia constitucional en que se actúa en representación de los Poderes Ejecutivo y Legislativo de la referida entidad federativa.
15. Por acuerdo de tres de septiembre de dos mil veinticuatro, el Ministro instructor tuvo a la Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, por presentada con la personalidad que ostentan, realizando manifestaciones en su carácter de tercero interesado, luego, determinó que había transcurrido el plazo otorgado al Municipio de Villa de Etla, Distrito de Etla, Estado de Oaxaca, a fin de que manifestara lo que a su derecho conviniera, y señaló hora y fecha para que tuviera verificativo la audiencia de ofrecimiento y desahogo de pruebas y alegatos.
16. Opinión del Fiscal General de la República. El Fiscal General de la República se abstuvo de formular pedimento.
17. Audiencia. El nueve de octubre de dos mil veinticuatro, tuvo verificativo la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de la materia, en la que se relacionaron las pruebas que obran en autos y los alegatos formulados por las Cámaras de Senadores y de Diputados del Congreso de la Unión, así como del Poder Ejecutivo Federal.
18. Cierre de instrucción. Mediante proveído de quince de octubre de dos mil veinticuatro, el Ministro instructor ordenó integrar a los autos el acta de la audiencia, y tuvo por desahogadas las pruebas ofrecidas por su propia y especial naturaleza, así como los alegatos formulados. Finalmente, acordó el cierre de instrucción a efecto de elaborar el proyecto de resolución correspondiente.
CONSIDERANDO
19. PRIMERO. Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso a),(1) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1(2) de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, y 10, fracción I,(3) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto Segundo, fracción I,(4) del Acuerdo General número 1/2023, de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, del Pleno de este Alto Tribunal, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito;(5) en virtud de que se plantea un conflicto entre el Poder Ejecutivo Federal y una entidad federativa, en el que se solicita se declare la invalidez de normas generales.
20. SEGUNDO. Precisión de las normas impugnadas. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 41, fracción I,(6) de la Ley Reglamentaria de la materia, se procede a precisar las normas que son objeto de la controversia constitucional.
21. Del análisis integral de la demanda y sus anexos, se desprende que la norma efectivamente impugnada es el artículo 93, fracción I, numeral 4, inciso 4.7, subinciso 4.7.1, de la Ley de Ingresos del Municipio de Villa de Etla, Distrito de Etla, Estado de Oaxaca, para el ejercicio fiscal de dos mil veinticuatro, contenido en el Decreto 2198, publicado en el Periódico Oficial de la Entidad el cuatro de mayo de dos mil veinticuatro.
22. Ahora bien, este Tribunal Pleno considera necesario precisar el contenido del artículo y fracciones controvertidas:
Ver contenido
23. TERCERO. Oportunidad. Procede examinar si la demanda de la controversia constitucional se presentó dentro del plazo legal, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente.
24. El artículo 21, fracción II,(7) de la Ley Reglamentaria de la materia, dispone que el plazo para la interposición de la demanda será, tratándose de normas generales, de treinta días contados a partir del día siguiente a la fecha de su publicación, o del día siguiente al en que se produzca el primer acto de aplicación de la norma que dé lugar a la controversia.
25. En el caso, el Decreto 2198, mediante el cual se expide la Ley de Ingresos del Municipio de Villa de Etla, para el ejercicio fiscal de dos mil veinticuatro, fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de Oaxaca el cuatro de mayo de dos mil veinticuatro, por lo que el plazo aludido transcurrió del seis de mayo al catorce de junio de dos mil veinticuatro,(8) por lo que si la demanda de controversia constitucional fue presentada en el buzón judicial de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el catorce de junio de dos mil veinticuatro, se concluye que su presentación fue oportuna.
26. CUARTO. Legitimación activa. Por cuanto hace a la legitimación activa, debe tenerse presente que el artículo 105, fracción I, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé, literalmente, lo siguiente:
"Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:
I. De las controversias constitucionales que, sobre la constitucionalidad de las normas generales, actos u omisiones, con excepción de las que se refieran a la materia electoral, se susciten entre:
a) La Federación y una entidad federativa; (...)"
27. Por su parte, los artículos 10, fracción I,(9) y 11, párrafos primero y tercero,(10) de la Ley Reglamentaria de la materia, señalan que tendrá el carácter de actor, la entidad, poder, u órgano que la promueva, la que deberá comparecer al juicio por conducto del funcionario que, en términos de la norma que lo rige, esté facultado para representarlo; siendo que, respecto al titular del Poder Ejecutivo Federal, puede
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33646-f92bfb60/i-controversia-constitucional-el-plazo-para-la-presentacion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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