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I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS DE LA NORMA IMPUGNADA, AL HABER CONCLUIDO SU VIGENCIA (ARTÍCULO 60, FRACCIÓN I, NUMERAL 4.7.1, RELACIONADO CON LA CUOTA PARA EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS O PERMISOS PARA LA "DISTRIBUCIÓN DE GAS BUTANO, ALMACÉN DE HIDROCARBUROS" DEL DECRETO 2273, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO, EJUTLA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE OAXACA EL UNO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTICUATRO).

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 209/2024. · Registro digital (IUS): 201009
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: LA FEDERACIÓN, POR CONDUCTO DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL.
Localización: Undécima Época. Segunda Sala. Sistema de Precedentes en Controversias Constitucionales y en Acciones de Inconstitucionalidad

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 209/2024. LA FEDERACIÓN, POR CONDUCTO DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL. 5 DE MARZO DE 2025. CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS YASMÍN ESQUIVEL MOSSA, ALBERTO PÉREZ DAYÁN, LENIA BATRES GUADARRAMA Y JAVIER LAYNEZ POTISEK. PONENTE: YASMÍN ESQUIVEL MOSSA. SECRETARIO: MAURICIO TAPIA MALTOS.

Acto impugnado: El Decreto 2273, por el que se expide la Ley de Ingresos del Municipio de Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo, Ejutla, Estado de Oaxaca, para el Ejercicio Fiscal 2024, publicado en el Periódico Oficial local el uno de junio de dos mil veinticuatro, específicamente su artículo 60, fracción I, numeral 4.7.1, relacionado con la presunta invasión a la competencia exclusiva de la Federación para regular, aprovechar y explotar los bienes del dominio público de la Nación, en concreto, la cuota para el otorgamiento de licencias o permisos para la “Distribución de gas butano, almacén de hidrocarburos”.

Problema jurídico por resolver: ¿Debe sobreseerse en la controversia constitucional por cesación de efectos de la norma impugnada?

ÍNDICE TEMÁTICO

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Ciudad de México. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al cinco de marzo de dos mil veinticinco, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la controversia constitucional 209/2024, promovida por la Federación, por conducto del Poder Ejecutivo Federal, en contra del Decreto 2273, por el que se expide la Ley de Ingresos del Municipio de Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo, Ejutla, Estado de Oaxaca, para el Ejercicio Fiscal 2024, publicado en el Periódico Oficial local el uno de junio de dos mil veinticuatro.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA

1. Presentación de la demanda. Por oficio presentado el nueve de julio de dos mil veinticuatro a través del buzón judicial y recibido el día siguiente en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación,(1) María Estela Ríos González, en su carácter de Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, promovió demanda de controversia constitucional en la que solicitó la invalidez de lo siguiente:

Ver solicitud de invalidez

2. Preceptos constitucionales que se estiman violados. La Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal señala que la norma que combate es contraria a los artículos 25, párrafos tercero y quinto; 27, párrafos quinto sexto y séptimo; 28, párrafo cuarto; 73, fracciones X y XXIX; 124 y 133, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

3. Conceptos de invalidez. El Ejecutivo Federal formula, en síntesis, lo siguiente:

• ÚNICO. Los órganos ejecutivo y legislativo del Estado de Oaxaca, al expedir y promulgar el Decreto impugnado, invaden la competencia exclusiva de la Federación para regular, aprovechar y explotar los bienes del dominio público de la Nación.

A. La norma impugnada que prevé el pago de derecho con una cuota de $15,000.00 (quince mil pesos 00/100 M.N.) por unidad, por la expedición de licencias de construcción, ampliación y modificación de obras de equipamiento urbano para distribución de gas butano, almacén de hidrocarburos, invade las facultades exclusivas del Congreso de la Unión para legislar en toda la República sobre hidrocarburos, así como imponer contribuciones en dicha materia, previstas en los artículos 25, párrafos tercero y quinto, 27, párrafos sexto y séptimo, y 73, fracciones X y XXIX de la Constitución Federal.

Si bien la norma no dispone de manera literal el cobro por el otorgamiento de una concesión de hidrocarburos, sí prevé un pago de derechos por licencias o permisos de construcción, ampliación y modificación para obras de equipamiento urbano para distribución de gas butano y almacén de hidrocarburos, circunstancia que implica que la hacienda municipal obtendrá ingresos adicionales con motivo de ello, lo que se relaciona directamente con la regulación de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos.

Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio del Pleno de ese Alto Tribunal en la acción de inconstitucionalidad 3/2023 y sus acumuladas, en la cual se resolvió que, si la norma tiene como consecuencia el cobro a los contribuyentes por parte del Municipio de un servicio de explotación y regulación exclusivas por parte de la Federación, es claro que el legislador invadió las facultades de ésta, por lo que la norma resulta inconstitucional.

B. El Decreto impugnado, al permitir al Municipio otorgar licencias de construcción, ampliación y modificación en la materia de distribución de gas butano y almacén de hidrocarburos, invade las facultades del Ejecutivo Federal, pues ello no se encuentra reservado a las entidades federativas, conforme a los artículos 25, párrafo cuarto, 27, párrafo séptimo y 28, párrafo cuarto, en relación con el 124 y el diverso 133, todos de la Constitución Federal.

De acuerdo con los artículos 2, 5 y 6 de la Ley de Hidrocarburos, el Congreso de la Unión facultó a un órgano de la administración pública federal centralizada, en este caso, a la Secretaría de Energía, para establecer, conducir y coordinar la política pública en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos, por lo que es patente que su actuación corresponde con lo determinado a su esfera de competencia y al ejercicio de atribuciones establecidas en el texto constitucional.

4. Registro del expediente y turno del asunto. Mediante proveído de diez de julio de dos mil veinticuatro, la Ministra Presidenta de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional con el número 209/2024, y turnó el asunto al Ministro Luis María Aguilar Morales como instructor del procedimiento, de acuerdo con el registro que al efecto se lleva en la Subsecretaría General de Acuerdos de este Alto Tribunal.

5. Admisión de la demanda. Por acuerdo de seis de agosto de dos mil veinticuatro, el Ministro instructor admitió a trámite la demanda de la controversia constitucional, tuvo como autoridades demandadas a los Poderes Legislativo y Ejecutivo, ambos del Estado de Oaxaca, a los cuales emplazó para que formularan su contestación dentro del plazo legal de treinta días hábiles; requirió al órgano ejecutivo un ejemplar o copia certificada del Periódico Oficial local en el que conste la publicación del Decreto impugnado; tuvo como terceros interesados a las Cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión y, finalmente, ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República para que antes del cierre de instrucción, formulara el pedimento que le corresponde.

6. Manifestación de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión en su carácter de tercero interesado. Mediante oficio recibido el veintisiete de agosto de dos mil veinticuatro en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal,(2) Ana Lilia Rivera Rivera, en su carácter de Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, realizó manifestaciones en su carácter de tercero interesado en este asunto, las cuales fueron agregadas a los autos mediante proveído de la misma fecha.

7. Contestación del Poder Legislativo del Estado de Oaxaca. Mediante oficio recibido el dieciséis de octubre de dos mil veinticuatro en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal,(3) Sergio López Sánchez, en su carácter de Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de Oaxaca, presentó la contestación solicitada, en la que expuso, en esencia, lo siguiente:

• No es cierto que el Poder Legislativo del Estado de Oaxaca haya invadido la competencia exclusiva de la Federación al expedir el Decreto impugnado, pues lo cierto es que se establecen los cobros por derechos derivados de la prestación de servicios, esto es, por la expedición de licencias y permisos de construcción, lo que es acorde con las facultades municipales previstas en el artículo 115 de la Constitución Federal, es decir, los Ayuntamientos tienen la facultad de aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal expedidas por la legislatura del Estado, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal y regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia, entre ellos, los relativos al ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y el desarrollo urbano de los centros de publicación.

• De ahí que surge la necesidad de que el Municipio plasme la posibilidad de un cobro por la expedición de licencias o permisos para la construcción de obras para la distribución de gas o bien para almacenar hidrocarburos, es decir, lo que la norma busca es que la contribución de dicha clase de obra de construcción esté revestida de seguridad, dado que almacenarán y distribuirán sustancias que representan un riesgo para los habitantes de la comunidad.

• Este órgano legislativo no pretende legislar en materia de hidrocarburos, sino únicamente cumpliendo con sus facultades constitucionales aprobó la ley de ingresos municipal impugnada; sin embargo, contrario a lo que sostiene la actora, los actos legislativos están debidamente fundados y motivados, pues el Congreso actuó dentro de los límites de su competencia constitucional.

8. Contestación del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca. Mediante oficio recibido el diecisiete de octubre de dos mil veinticuatro en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal,(4) Geovany Vásquez Sagrero, en su carácter de Consejero Jurídico del Gobierno del Estado de Oaxaca, presentó la contestación solicitada, en la que manifestó, en síntesis, lo siguiente:

• Contrario a lo señalado por el Ejecutivo Federal, no se actualiza la hipótesis de que el Ayuntamiento obtenga ingresos adicionales con motivo de la expedición de licencias relacionadas directamente con la regulación de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos, pues estas percepciones previstas en el Decreto impugnado se relacionan de manera directa con la propiedad inmobiliaria, cuestión que es de competencia municipal, conforme al artículo 115, fracción IV, inciso a), párrafo quinto de la Constitución Federal, atento al cual las leyes federales no limitarán la facultad de los Estados para establecer las contribuciones a que se refieren el inciso a), entre otros, referente a la propiedad inmobiliaria.

• El hecho de que los artículos 25, tercer párrafo, 27, séptimo párrafo, 28, cuarto párrafo y 73, fracción XVII, 124 y 133, de la Constitución Federal, otorguen a la Federación la facultad de regular y legislar en materia de hidrocarburos, no impide que el Municipio en cuestión, en uso de su competencia, establezca contribuciones en materia de propiedad inmobiliaria a los inmuebles que tengan diversos usos, entre ellos, las de almacenamiento de hidrocarburos.

• Debe sobreseerse en esta controversia porque no existe el acto impugnado, conforme al artículo 20, fracción III, de la Ley Reglamentaria de la materia, porque la norma cuestionada no prevé el cobro por el otorgamiento de una concesión de hidrocarburos, sino el pago de un derecho por el otorgamiento de licencias y permisos de construcción en materia de propiedad inmobiliaria.

9. Manifestación de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión en su carácter de tercero interesado. Mediante oficio recibido el diecisiete de octubre de dos mil veinticuatro en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal,(5) Sergio Carlos Gutiérrez Luna, en su carácter de Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, realizó manifestaciones en su carácter de tercero interesado en este asunto.

10. Acuerdo que tiene por presentadas las contestaciones de demanda y las manifestaciones de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Por acuerdo de treinta y uno de octubre de dos mil veinticuatro, el Ministro instructor agregó a los autos las contestaciones de demanda de los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Oaxaca, así como las manifestaciones de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión; asimismo, señaló día y hora para la celebración de la audiencia de ley.

11. Returno. Mediante proveído de Presidencia de once de diciembre de dos mil veinticuatro, atento a lo acordado por el Tribunal Pleno en sesión privada de tres de diciembre anterior, se ordenó returnar este asunto a la Ministra Yasmín Esquivel Mossa.

12. Pedimento de la Fiscalía General de la República. La referida dependencia no formuló manifestación alguna o pedimento concreto.

13. Audiencia y cierre de instrucción. El once de diciembre de dos mil veinticuatro tuvo verificativo la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 de ese ordenamiento legal, se hizo relación de las constancias de autos y se tuvieron por exhibidas las pruebas documentales ofrecidas por las partes; y por auto de nueve de enero de dos mil veinticinco, se declaró cerrada la instrucción de este asunto para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.

14. Remisión del asunto a esta Segunda Sala. En atención a la solicitud formulada por la Ministra Ponente a la Presidenta de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, por auto de doce de febrero de dos mil veinticinco, se acordó remitir el expediente a la Segunda Sala para su radicación y resolución, por resultar innecesaria la intervención del Tribunal Pleno y, posteriormente, mediante proveído de veintiuno de febrero siguiente, la Segunda Sala se avocó al conocimiento del asunto.

I. COMPETENCIA

15. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente controversia constitucional de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso a),(6) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal,(7) y 10, fracción I, de la abrogada Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(8) en relación con el Puntos Segundo, fracción I, a contrario sensu y Tercero del Acuerdo General Plenario 1/2023,(9) de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, publicado en el Diario Oficial de la Federación el tres de febrero siguiente, modificado mediante instrumento normativo del diez de abril del mismo año, en virtud de que se plantea un conflicto entre la Federación, por conducto del Poder Ejecutivo Federal, con los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Oaxaca, sin que sea necesaria la intervención del Tribunal Pleno, por no poder llevarse a cabo un estudio de fondo del asunto.

16. Lo anterior, conforme a lo previsto en el artículo Tercero Transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente a partir del veintiuno de diciembre de dos mil veinticuatro,(10) en relación con el Octavo y Décimo Segundo Transitorios del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reforma al Poder Judicial de la Federación, publicado el quince de septiembre de dos mil veinticuatro.(11)

II. SOBRESEIMIENTO

17. Resulta innecesario pronunciarse sobre la oportunidad y la legitimación de las partes, pues independientemente de que la demanda estuviera en tiempo, o que se hubiesen presentado por un ente legitimado, lo cierto es que en el caso se actualiza una causa de improcedencia.

18. En el caso, el Poder Ejecutivo Federal solicita la invalidez del Decreto 2273, por el que se expide la Ley de Ingresos del Municipio de Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo, Ejutla, Estado de Oaxaca, para el Ejercicio Fiscal 2024, publicado en el Periódico Oficial local el uno de junio de dos mil veinticuatro, específicamente su artículo 60, fracción I, numeral 4.7.1, el cual establece lo siguiente:

Ver artículo 60, fracción I, numeral 4.7.1

19. Lo anterior, por considerar que la norma impugnada invade la competencia exclusiva de la Federación para regular, aprovechar y explotar los bienes del dominio público de la Nación, en concreto, la cuota para el otorgamiento de licencias o permisos para la “Distribución de gas butano, almacén de hidrocarburos”.

20. Esta Segunda Sala de oficio advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción V, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(12) pues ha sobrevenido la cesación de efectos de la norma impugnada.

21. Sirve de apoyo, en lo conducente, el criterio del Tribunal Pleno plasmado en la jurisprudencia P./J. 54/2001(13) de rubro: “CESACIÓN DE EFECTOS EN MATERIAS DE AMPARO Y DE CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SUS DIFERENCIAS”.

22. En efecto, la causal de improcedencia invocada se actualiza por lo siguiente:

23. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido en sus precedentes(14) que a diferencia del resto de las normas (cuya vigencia no se agota con su aplicación y sus efectos se prolongan en el tiempo, siempre y cuando no sean reformadas, derogadas o abrogadas a través del mismo procedimiento llevado a cabo para su creación), las normas contenidas en las leyes de ingresos y presupuestos de egresos están sujetas al principio de anualidad, de acuerdo con el cual su vigencia concluye con el ejercicio fiscal que regulan.

24. Este principio se desprende del artículo 74, fracción IV, segundo párrafo,(15) de la Constitución Federal, de acuerdo al cual es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, a más tardar el quince del mes de noviembre de cada año; por otro lado, también establece que el titular del Poder Ejecutivo Federal hará llegar a la Cámara de Diputados la iniciativa de Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el ocho de septiembre de cada año.

25. De esta manera, es obligación del Congreso de la Unión aprobar el “Paquete Económico” que regirá anualmente, previo al inicio del ejercicio fiscal, el cual es coincidente con el año calendario.

26. Este principio es igualmente aplicable a las leyes de ingresos y a los presupuestos de egresos de las entidades federativas, incluidas las leyes de ingresos municipales, de conformidad con el artículo 115, fracción IV, penúltimo párrafo, de la Constitución Federal.(16)

27. Atento a ello, en el presente caso, el artículo 1 de la ley de ingresos municipal que se combate, determina expresamente que tiene “por objeto establecer los ingresos que percibirá la Hacienda Pública Municipal durante el Ejercicio Fiscal 2024 por los conceptos que esta misma previene.”.

28. De esta forma, resulta evidente para esta Segunda Sala que los efectos de la norma impugnada, al ser aplicables exclusivamente para el Ejercicio Fiscal 2024, cesaron cuando concluyó la vigencia de las leyes en las que están contenidas, esto es, el treinta y uno de diciembre de la anualidad referida.

29. Dicha temporalidad, si bien constituye un carácter distintivo frente al resto de las disposiciones legales, encuentra su principal razón en mantener un control hacendario por parte del Poder Legislativo, en tanto que la aprobación presupuestaria otorgada por éste se constriñe a un período determinado.

30. Si bien no pasa inadvertido para esta Segunda Sala que excepcionalmente puede extenderse la vigencia de dichos ordenamientos, lo cierto es que ello, sólo puede acontecer mediante una autorización expresa por parte del Poder Legislativo, lo cual no acontece en la especie, pues ni de las disposiciones transitorias de la ley de ingresos municipal impugnada(17) ni de la Constitución Política del Estado de Oaxaca, se advierte una anuencia que permita prorrogar su vigencia para el ejercicio fiscal posterior.

31. Similar consideración fue plasmada por esta Segunda Sala al sobreseer la acción de inconstitucionalidad 35/2022,(18) en sesión de quince de febrero de dos mil veintitrés.

32. Aunado a ello, es de resaltar que constituye un hecho notorio, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable por supletoriedad conforme al artículo 1o. de la Ley Reglamentaria que rige a las controversias constitucionales,(19) que el dieciocho de enero de dos mil veinticinco se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca, Tomo CVII, Número 3, el Decreto Núm. 45, mediante el cual se aprueba la Ley de Ingresos del Municipio de Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo, Ejutla, Oaxaca, para el Ejercicio Fiscal 2025, lo que hace evidente y refuerza que la ley de ingresos del ejercicio fiscal anterior, materia de este asunto, ha cesado en sus efectos, pues ya no se encuentra vigente.(20)

33. Resulta aplicable la jurisprudencia P./J. 74/2006,(21) de rubro: “HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS GENERAL Y JURÍDICO.”

34. En estas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción V, de la Ley Reglamentaria que rige a la materia, debe sobreseerse en la controversia constitucional a que se refiere este expediente, tal y como lo autoriza el artículo 20, fracción II, de ese mismo ordenamiento.(22)

35. Cobra aplicación, en lo conducente, la jurisprudencia P./J. 9/2004,(23) sustentada por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro siguiente: “ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. PROCEDE SOBRESEER EN EL JUICIO SI CONCLUYÓ LA VIGENCIA ANUAL DE LA LEY DE INGRESOS Y DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN IMPUGNADOS Y, POR ENDE, CESARON SUS EFECTOS”.

36. Similares consideraciones han sido sustentadas por esta Segunda Sala al sobreseer la acción de inconstitucionalidad 118/2024 y su acumulada 122/2024,(24) en sesión de veintinueve de enero de dos mil veinticinco, por cesación de efectos de las normas impugnadas, consistentes en disposiciones contenidas en Leyes de Ingresos de diversos Municipios del Estado de Oaxaca, para el Ejercicio Fiscal 2024, publicadas en el Periódico Oficial local el cuatro de mayo de dos mil veinticuatro.

III. DECISIÓN

Por lo antes expuesto y fundado, se resuelve:

ÚNICO. Se sobresee en la controversia constitucional.

Notifíquese; mediante oficio a las partes, devuélvase el expediente a la Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y de Acciones de Inconstitucionalidad y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.

Así lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cuatro votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa (ponente), Alberto Pérez Dayán, Lenia Batres Guadarrama y Presidente Javier Laynez Potisek.

Firman el Ministro Presidente de la Segunda Sala y la Ministra Ponente, con la Secretaria de Acuerdos, que autoriza y da fe.

PRESIDENTE

MINISTRO JAVIER LAYNEZ POTISEK

PONENTE

MINISTRA YASMÍN ESQUIVEL MOSSA

SECRETARIA DE ACUERDOS

JAZMÍN BONILLA GARCÍA

________________

1. Páginas 1 y 14 de la versión digitalizada del escrito de demanda del Ejecutivo Federal.

2. Página 13 de la versión digitalizada del escrito presentado por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión.

3. Página 8 de la versión digitalizada de la contestación del Poder Legislativo del Estado de Oaxaca.

4. Página 14 de la versión digitalizada de la contestación del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca.

5. Página 7 de la versión digitalizada del escrito presentado por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

6. Constitución Federal.

“Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes: [...]

I. De las controversias constitucionales que, sobre la constitucionalidad de las normas generales, actos u omisiones, con excepción de las que se refieran a la materia electoral, se susciten entre: [...]

a) La Federación y una entidad federativa; [...]”

7. Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal.

“Artículo 1. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá y resolverá con base en las disposiciones del presente Título, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad a que se refieren las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A falta de disposición expresa, se estará a las prevenciones del Código Federal de Procedimientos Civiles.”

8. Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

“Artículo 10. La Suprema Corte de Justicia conocerá funcionando en Pleno:

I. De las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad a que se refieren las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.”

9. Acuerdo General Plenario 1/2023.

“SEGUNDO. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación conservará para su resolución:

I. Las controversias constitucionales, salvo en las que deba sobreseerse y aquéllas en las que no se impugnen normas de carácter general, así como los recursos interpuestos en éstas en los que sea necesaria su intervención.

Una vez resuelto el problema relacionado con la impugnación de normas generales, el Pleno podrá reservar jurisdicción a las Salas para examinar los conceptos de invalidez restantes, cuando así lo estime conveniente;

[...]

TERCERO. Las Salas resolverán los asuntos de su competencia originaria y los de la competencia del Pleno que no se ubiquen en los supuestos señalados en el Punto precedente, siempre y cuando unos y otros no deban ser remitidos a los Plenos Regionales o a los Tribunales Colegiados de Circuito.”

10. Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

“Tercero. Hasta en tanto las Ministras y Ministros electos tomen protesta de su encargo ante el Senado de la República el 1o. de septiembre de 2025, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se regirá para todos los efectos por las atribuciones, competencias, obligaciones, reglas de votación, faltas, licencias y demás disposiciones contenidas en la Ley Orgánica del Poder Judicial la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de junio de 2021; con excepción de la materia electoral tal como está previsto en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. En consecuencia, hasta la fecha señalada en el enunciado anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación seguirá funcionando en Pleno o en Salas.”

11. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

“Octavo. El Congreso de la Unión tendrá un plazo de noventa días naturales a partir de la entrada en vigor del presente Decreto para realizar las adecuaciones a las leyes federales que correspondan para dar cumplimiento al mismo. Entre tanto, se aplicarán en lo conducente de manera directa las disposiciones constitucionales en la materia y, supletoriamente, las leyes en materia electoral en todo lo que no se contraponga al presente Decreto.

(...).

Décimo Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.”

12. Ley Reglamentaria de la materia.

“Artículo 19. Las controversias constitucionales son improcedentes: [...]

V. Cuando hayan cesado los efectos de la norma general o acto materia de la controversia; [...].”

13. Jurisprudencia P./J. 54/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, Abril de 2001, página 882, registro 190021.

14. Sentencia recaída a la Controversia Constitucional 24/2020, Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ponente: Ministra Ana Margarita Ríos Farjat, por unanimidad de cinco votos, 3 de febrero de 2021, párrafos 16-22.

Sentencia recaída a la Acción de Inconstitucionalidad 13/2020, Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ponente: Ana Margarita Ríos Farjat, por unanimidad de cinco votos, 3 de febrero de 2021, párrafos 11-17.

Sentencia recaída a la Controversia Constitucional 16/2020, Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ponente: Ana Margarita Ríos Farjat, por unanimidad de cinco votos, 10 de febrero de 2021, párrafos 31-37.

Sentencia recaída a la Controversia Constitucional 19/2020, Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ponente: Ana Margarita Ríos Farjat, por unanimidad de cinco votos, 17 de febrero de 2021, párrafos 18-24.

Sentencia recaída a la Acción de Inconstitucionalidad 9/2020, Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ponente: Ana Margarita Ríos Farjat, por unanimidad de cinco votos, 17 de febrero de 2021, párrafos 14-20.

Sentencia recaída a la Acción de Inconstitucionalidad 161/2021, Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo, por unanimidad de cuatro votos, 20 de abril de 2022, párrafos 11-17.

15. Constitución Federal.

“Artículo 74.- Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados: [...]

(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 7 DE MAYO DE 2008)

IV.- Aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, previo examen, discusión y, en su caso, modificación del Proyecto enviado por el Ejecutivo Federal, una vez aprobadas las contribuciones que, a su juicio, deben decretarse para cubrirlo. Asimismo, podrá autorizar en dicho Presupuesto las erogaciones plurianuales para aquellos proyectos de inversión en infraestructura que se determinen conforme a lo dispuesto en la ley reglamentaria; las erogaciones correspondientes deberán incluirse en los subsecuentes Presupuestos de Egresos.

(REFORMADO, D.O.F. 30 DE JULIO DE 2004)

El Ejecutivo Federal hará llegar a la Cámara la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación a

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/201009-e36ee79f/i-controversia-constitucional-sobreseimiento-por-cesacion-de-efectos · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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