Corpus
Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS DE LA NORMA IMPUGNADA, AL HABER CONCLUIDO SU VIGENCIA [ARTÍCULO 44, FRACCIÓN II, INCISOS A), B) Y C), DEL DECRETO 2043, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ PAPALUTLA, OAXACA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE DOS MIL VEINTICUATRO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE OAXACA EL VEINTE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTICUATRO].

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 166/2024. · Registro digital (IUS): 201046
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: PODER EJECUTIVO FEDERAL.
Localización: Duodécima Época. Segunda Sala. Sistema de Precedentes en Controversias Constitucionales y en Acciones de Inconstitucionalidad

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 166/2024. PODER EJECUTIVO FEDERAL. 30 DE ABRIL DE 2025.  PONENTE: MINISTRA LENIA BATRES GUADARRAMA. SECRETARIA: MARTHA NAYELI NÚÑEZ COSIO.

SÍNTESIS

El estudio consiste en resolver la presente controversia constitucional promovida por María Estela Ríos González, Consejera Jurídica del Poder Ejecutivo Federal en representación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en contra del Poder Legislativo y Ejecutivo del estado de Oaxaca, en la que impugna el Decreto 2043, mediante el cual se expide la Ley de Ingresos del Municipio de Santa Cruz Papalutla, Tlacolula, Oaxaca, para el ejercicio fiscal dos mil veinticuatro.

ÍNDICE TEMÁTICO

Ver índice temático

Ciudad de México. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en sesión correspondiente al treinta de abril de dos mil veinticinco, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la controversia constitucional 166/2024, promovida por el Poder Ejecutivo Federal en contra de los Poderes Legislativo y Ejecutivo del estado de Oaxaca.

El problema jurídico a resolver por esta Segunda Sala de la SCJN consiste en determinar si el Decreto 2043, que establece en su artículo 44 el pago de derechos por la expedición de licencias para la instalación de estructuras y/o mástil para la colocación de antenas de empresas de telecomunicaciones, antenas de telefonía celular, radio comunicación, TV por cable, es válido.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA

1. Presentación de la demanda. Por escrito recibido el veintiocho de mayo de dos mil veinticuatro, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta SCJN, María Estela Ríos González, Consejera Jurídica del Poder Ejecutivo Federal en representación del entonces presidente de los Estados Unidos Mexicanos, promovió la presente controversia constitucional en contra del Poder Legislativo y Ejecutivo del estado de Oaxaca, en la que impugna el Decreto 2043, por el cual se expide la Ley de Ingresos del Municipio de Santa Cruz Papalutla, Tlacolula, Oaxaca, para el ejercicio fiscal de dos mil veinticuatro, publicado en el Periódico Oficial del estado de Oaxaca, el veinte de abril de dos mil veinticuatro, mediante el cual establece en su artículo 44, fracción II, el pago de derechos por la expedición de licencias para la instalación de estructuras y/o mástil para la colocación de antenas de empresas de telecomunicaciones, antenas de telefonía celular, radio comunicación y TV por cable.

2. Preceptos constitucionales que se estiman violados. La Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal señala que la norma que combate es contraria a los artículos 6o. apartado B, fracción II; 25, tercer párrafo; 27, séptimo párrafo, 73, fracción XVII, 124 y 133 todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM).

3. Conceptos de invalidez. En su escrito de demanda, la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo Federal expuso como único concepto de invalidez, lo que a continuación se sintetiza:

• Los órganos Legislativo y Ejecutivo demandados, al imponer un cobro relativo al otorgamiento de licencias para la instalación de estructuras y/o mástil para la colocación de antenas de empresas de telecomunicaciones, antenas de telefonía celular, radio comunicación, TV por cable, invaden la competencia exclusiva de la Federación.

• El artículo 44, fracción II, del decreto impugnado, permite a la autoridad municipal realizar un cobro para otorgar una licencia de obras para la instalación de estructuras para la colocación de antenas de empresas de telecomunicaciones.

• El dictar leyes sobre vías generales de comunicación, tecnologías de la información y la comunicación, radiodifusión, telecomunicaciones, incluida la banda ancha e internet, es facultad exclusiva de la Federación.

• Los artículos 6o. apartado B, fracción II; 25, tercer párrafo; 27, sexto párrafo 73, fracción XVII, 124 y 133 de la CPEUM, otorgan a la federación la facultad exclusiva de dictar y regular sobre vías generales de comunicación, tecnologías de la información y telecomunicaciones, por lo que al permitir a los congresos estatales que, a través de sus leyes de ingresos se tributen derechos por la prestación de dichos servicios, se invade la esfera competencial de la Federación.

• En uso de la facultad que le otorgó el Poder Constituyente, el Congreso de la Unión emitió la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTyR), la cual regula el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, redes públicas de telecomunicaciones, acceso a la infraestructura, recursos orbitales, comunicación vía satélite y la prestación de servicios públicos de interés general de telecomunicaciones.

• De conformidad con los artículos 4o. y 5o. de la LFTyR que disponen en esencia qué son las vías generales de telecomunicación y, además, son de jurisdicción federal.

• Por tanto, la LFTyR de ninguna manera permite a las entidades federativas regular el cobro por expedición de licencia para la instalación de estructuras y/o mástil para la colocación de antenas de empresas de telecomunicaciones; al hacerlo el congreso local, invade la competencia de la Federación.

• La norma impugnada no dispone de manera literal el cobro por el otorgamiento de una concesión de telecomunicaciones, pero sí prevé una contribución por la licencia para la instalación de estructuras y/o mástil para la colocación de antenas de empresas de telecomunicaciones, circunstancia que implica que a la Hacienda Municipal se entregarán montos con motivo de la expedición de las licencias por cualquiera de los supuestos descritos, los cuales se relacionan directamente con la regulación de las telecomunicaciones.

• En consecuencia, solicita la invalidez del artículo 44, fracción II, incisos a, b y c, de la Ley de Ingresos del Municipio de Santa Cruz Papalutla, Tlacolula, Oaxaca para el ejercicio fiscal dos mil veinticuatro, debido a que al regular respecto de las telecomunicaciones afecta a la esfera competencial de la Federación.

4. Radicación. La Ministra Presidenta de la SCJN, por acuerdo de veintinueve de mayo de dos mil veinticuatro, ordenó formar y registrar el expediente relativo a la controversia constitucional 166/2024 y, por razón de turno, se designó a la Ministra Lenia Batres Guadarrama como instructora del procedimiento.

5. Admisión y trámite. La Ministra Lenia Batres Guadarrama por proveído de treinta y uno de mayo de dos mil veinticuatro, admitió a trámite la demanda; tuvo como demandados a los Poderes Legislativo y Ejecutivo, ambos del estado de Oaxaca, a quienes se solicitó emplazar a efecto de que formularan su contestación; requirió al órgano ejecutivo un ejemplar o copia certificada del Periódico Oficial del Estado en el que se haya publicado la norma cuya invalidez se reclama. Asimismo, se ordenó el emplazamiento de las autoridades terceras interesadas; esto es, a la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, así como al Municipio de Santa Cruz Papalutla, Tlacolula, Oaxaca, para que, manifestaran lo que a su derecho conviniera y finalmente, se dio vista a la Fiscalía General de la República, para que, hasta antes de la celebración de la audiencia de ley, manifestara lo que a su representación corresponda.

6. Manifestaciones de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión en su carácter de tercero interesado. Por oficio LXV/DAyCC/042.01.CC/2024 recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta SCJN el quince de agosto de dos mil veinticuatro, Ana Lilia Rivera Rivera, Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, realizó manifestaciones en su calidad de autoridad tercera interesada y argumentó, en esencia, lo siguiente:

• La Cámara de Senadores estima que el concepto de invalidez hecho valer por la parte actora resulta esencialmente fundado y motivado.

• Del artículo 73, fracción XVII de la CPEUM se advierte que es facultad del Congreso de la Unión dictar leyes sobre vías generales de comunicación, tecnologías de la información y la comunicación, radiodifusión, telecomunicaciones, incluida la banda ancha e internet.

• Los numerales 6, apartado B, fracción II, 25, 27 y 28 de la CPEUM, se desprende que concierne al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) la regulación, promoción y supervisión del uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes, la prestación de los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, acceso a la infraestructura activa, pasiva y otros insumos esenciales. Asimismo, es la autoridad en materia de competencia económica de los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones, y le corresponde el otorgamiento, la revocación, así como la autorización de cesiones o cambios de control accionario, titularidad u operación de sociedades relacionadas con concesiones en materia de radiodifusión y telecomunicaciones.

• Dichas concesiones se otorgan mediante licitaciones públicas, y deberán atender a lo previsto en el artículo 134 de la CPEUM, lo cual le permite al órgano constitucional autónomo fijar el monto de las contraprestaciones correspondientes; ya que, a través del otorgamiento de ellas, se confiere a los particulares el derecho a usar, aprovechar o explotar los bienes del dominio de la nación como lo es el espectro radioeléctrico necesario para la prestación del servicio de radiodifusión.

• Concluye que en todo momento el Estado mantiene el dominio originario, inalienable e imprescriptible sobre el espectro radioeléctrico, y solo a través del IFT permite el uso, aprovechamiento y explotación de éste.

• La entidad federativa demandada, invadió las esferas competenciales de la Federación, al establecer el cobro de un derecho por el permiso para la instalación de antenas de telecomunicaciones, es decir, el pago de un bien cuya explotación y regulación es reservada exclusivamente a la Federación; razón por la cual es inconstitucional el Decreto 2043 mediante el que se expide la Ley de Ingresos del Municipio de Santa Cruz Papalutla, Tlacolula, Oaxaca; para el ejercicio fiscal dos mil veinticuatro, publicado en el periódico oficial del estado, el veinte de abril de dos mil veinticuatro, específicamente el artículo 44, fracción II, invade las facultades expresas que tiene el Congreso de la Unión en el artículo 73, fracción XVII de la CPEUM, por tal razón, en su oportunidad deberá declararse su invalidez.

7. Manifestaciones de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión en su carácter de tercero interesado. Por escrito recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta SCJN, el once de septiembre de dos mil veinticuatro, Ifigenia Martha Martínez y Hernández, Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, realizó manifestaciones en su calidad de autoridad tercera interesada.

8. Manifestaciones del Municipio de Santa Cruz Papalutla, Tlacolula, estado de Oaxaca en su carácter de tercero interesado. No formuló manifestación alguna.

9. Contestación de demanda del Poder Ejecutivo del estado de Oaxaca. Por oficio CJALGE/SC/1193/2024 recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta SCJN, el veintisiete de septiembre de dos mil veinticuatro, Geovany Vásquez Sagrero, en su carácter de Consejero Jurídico del Gobierno del estado de Oaxaca, presentó la contestación solicitada, en la que manifestó, en síntesis, lo siguiente:

• Esta representación del Titular del Ejecutivo Estatal sostiene la constitucionalidad de la norma general cuya invalidez se demanda.

• Es preciso señalar que los planteamientos del accionante son infundados, ya que la porción normativa impugnada fue expedida en ejercicio de las facultades con que cuentan las entidades federativas para establecer a favor de los municipios contribuciones sobre sus propiedades, además, el Municipio de Santa Cruz Papalutla, Tlacolula, Oaxaca, es un municipio que se rige bajo su propio sistema normativo indígena; por tal motivo, sus decisiones son tomados a través de sus Asambleas Generales; es por ello que tomaron la decisión de cobrar licencias de instalación a empresas quienes deseen instalar estructuras y/o mástil para la coloración de antenas de empresas de telecomunicaciones, antenas de telefonía, celular, radio, comunicación, TV por cable, y así resarcir un poco el daño que esto les puede ocasionar a sus tierras.

• No debe perderse de vista que la Ley de Ingresos del Municipio de Santa Cruz Papalutla, Distrito de Tlacolula, Oaxaca, para el ejercicio fiscal dos mil veinticuatro, contempla esta contribución con el fin de satisfacer las necesidades básicas de la comunidad, sin invadir competencias que son facultades exclusivas de la federación. En ese sentido, la autoridad municipal está facultada para percibir dichas contribuciones en términos del artículo 115, fracción IV, inciso a, de la CPEUM.

• Se puede advertir que la citada municipalidad, no prevé un cobro por otorgamiento de una concesión en materia de telecomunicaciones, pues el propio artículo 44 de la Ley de Ingresos del Municipio de Santa Cruz Papalutla, Tlacolula, Oaxaca, para el ejercicio fiscal dos mil veinticuatro, establece que se trata de un pago de derecho por otorgamiento de las licencias o permisos referidos, más no para el otorgamiento de una concesión, es importante precisar que concesión y permiso y/o licencia son cuestiones distintas.

• El hecho de que los artículos 6o., apartado B, fracción II, 25, tercer párrafo; 27, séptimo párrafo y 73, fracción XVII, 124 y 133, de la CPEUM, otorguen a la Federación la facultad de regular y legislar en materia de telecomunicaciones, ello no impide que se puedan diseñar las condiciones para que los pueblos y las comunidades indígenas puedan adquirir, operar y administrar medios de comunicación, así el legislador está obligado a reglamentar instrumentos para que las minorías defiendan su identidad y reclamen reconocimiento.

10. Contestación de demanda del Poder Legislativo del estado de Oaxaca. Mediante escrito recibido el tres de octubre de dos mil veinticuatro en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta SCJN, Sergio López Sánchez, en su carácter de Presidente de la Junta de Coordinación Política de la Sexagésima Quinta Legislatura Constitucional del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca, presentó la contestación respectiva, en la que expuso, en esencia, lo siguiente:

• No es cierto que este Poder Legislativo del estado de Oaxaca al expedir el Decreto 2043 relativo a la Ley de Ingresos del Municipio de Santa Cruz Papalutla, Tlacolula, Oaxaca, para el ejercicio fiscal dos mil veinticuatro, invada la competencia exclusiva de la Federación.

• El cobro de los derechos por la expedición de licencias y permisos es totalmente acorde a las facultades concedidas al Municipio en el artículo 115 de la CPEUM, esto es, los ayuntamientos tienen la facultad de aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal expedidas por las Legislaturas de los Estados, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general.

• De ahí surge la necesidad de que el municipio plasme en su Ley de Ingresos la posibilidad de un cobro por expedición de licencias para la instalación de estructuras y/o mástil para la colocación de antenas de empresas de telecomunicaciones, antenas de telefonía celular radio comunicación, TV por cable; lo cual no significa que esté legislando sobre la prestación de un servicio en materia de telecomunicaciones; sino más bien la citada disposición está regulando el uso de suelo, que constitucionalmente le corresponden a los municipios.

11. Manifestaciones de la Fiscalía General de la República. La referida dependencia no formuló manifestación alguna o pedimento concreto.

12. Alegatos. Mediante oficio 114.CJEF.CACCC.DGCC.01272.2025 recibido el veinte de enero de dos mil veinticinco, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta SCJN, Odilón Bautista Santiago, delegado de la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, formuló alegatos, reiterando todas y cada una de las razones jurídicas expuestas en el escrito de demanda.

13. Audiencia y cierre de instrucción. El veintidós de enero de dos mil veinticinco, tuvo verificativo la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la CPEUM, en la que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 de ese ordenamiento legal, se hizo relación de las constancias de autos y se tuvieron por exhibidas las pruebas documentales ofrecidas por las partes; y por auto de veinticuatro de febrero de dos mil veinticinco, se declaró cerrada la instrucción de este asunto para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.

14. Avocamiento. En atención a la solicitud formulada por la Ministra Ponente a la Presidencia de esta SCJN, por auto de tres de marzo de dos mil veinticinco, se acordó remitir el expediente a la Segunda Sala para su radicación y resolución, por resultar innecesaria la intervención del Tribunal Pleno y, posteriormente, mediante proveído de dieciocho de marzo de dos mil veinticinco, la Segunda Sala se avocó al conocimiento del asunto.

I. COMPETENCIA

15. Esta Segunda Sala de la SCJN es competente para resolver la presente controversia constitucional de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso a,(1) de la CPEUM, y 10, fracción I, de la abrogada Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (LOPJF),(2) en relación con el Punto Segundo, fracción II, del Acuerdo General 1/2023, de veintiséis de enero de dos mil veintitrés,(3) publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el tres de febrero siguiente, modificado mediante instrumento normativo del diez de abril del mismo año, en virtud de que se plantea un conflicto entre la Federación, por conducto del Poder Ejecutivo Federal, con los Poderes Legislativo y Ejecutivo del estado de Oaxaca, sin que sea necesaria la intervención del Tribunal Pleno, por no poder llevarse a cabo un estudio de fondo del asunto.

16. Lo anterior, conforme a lo previsto en el artículo Tercero Transitorio de la LOPJF vigente a partir del veintiuno de diciembre de dos mil veinticuatro,(4) en relación con el Octavo y Décimo Segundo Transitorios del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la CPEUM en materia de reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF), publicado el quince de septiembre de dos mil veinticuatro.(5)

II. SOBRESEIMIENTO

17. Resulta innecesario pronunciarse sobre la oportunidad y la legitimación de las partes, pues independientemente de que la demanda estuviera en tiempo, o que se hubiese presentado por un ente legitimado, lo cierto es que en el caso se actualiza una causa de improcedencia.

18. En el caso, el Poder Ejecutivo Federal solicita la invalidez del Decreto 2043, por el que se expide la Ley de Ingresos del Municipio de Santa Cruz Papalutla, Tlacolula, Oaxaca, para el ejercicio fiscal dos mil veinticuatro, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Oaxaca, el veinte de abril de dos mil veinticuatro, específicamente su artículo 44, fracción II, incisos a, b y c, el cual establece lo siguiente:

Sección Cuarta. Licencias y Permisos

Ver artículo 44

19. Lo anterior, por considerar que la norma impugnada invade la competencia exclusiva de la Federación para dictar y regular sobre vías generales de comunicación, tecnologías de la información y telecomunicaciones.

20. Esta Segunda Sala de oficio advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción V, de la de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la CPEUM,(6) pues ha sobrevenido la cesación de efectos de la norma impugnada.

21. Sirve de apoyo, en lo conducente, el criterio del Tribunal Pleno plasmado en la jurisprudencia P./J. 54/2001(7) de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN MATERIAS DE AMPARO Y DE CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SUS DIFERENCIAS."

22. En efecto, la causal de improcedencia invocada se actualiza por lo siguiente:

23. Esta SCJN ha sostenido en sus precedentes(8) que, a diferencia del resto de las normas (cuya vigencia no se agota con su aplicación y sus efectos se prolongan en el tiempo, siempre y cuando no sean reformadas, derogadas o abrogadas a través del mismo procedimiento llevado a cabo para su creación), las normas contenidas en las leyes de ingresos y presupuestos de egresos están sujetas al principio de anualidad, de acuerdo con el cual su vigencia concluye con el ejercicio fiscal que regulan.

24. Este principio se desprende del artículo 74, fracción IV, segundo párrafo,(9) de la CPEUM, de acuerdo al cual es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, a más tardar el quince del mes de noviembre; por otro lado, también establece que el titular del Poder Ejecutivo Federal hará llegar a la Cámara de Diputados la iniciativa de Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el ocho de septiembre de cada año.

25. De esta manera, es obligación del Congreso de la Unión aprobar el "Paquete Económico" que regirá anualmente, previo al inicio del ejercicio fiscal, el cual es coincidente con el año calendario.

26. Este principio es igualmente aplicable a las leyes de ingresos y a los presupuestos de egresos de las entidades federativas, incluidas las leyes de ingresos municipales, de conformidad con el artículo 115, fracción IV, penúltimo párrafo, de la CPEUM.(10)

27. Atento a ello, en el presente caso, el artículo 1o. de la Ley de Ingresos Municipal que se combate, determina expresamente que tiene "por objeto establecer los ingresos que percibirá la Hacienda Pública Municipal durante el Ejercicio Fiscal dos mil veinticuatro por los conceptos que esta misma previene".

28. De esta forma, resulta evidente para esta Segunda Sala que los efectos de la norma impugnada, al ser aplicables exclusivamente para el ejercicio fiscal dos mil veinticuatro, cesaron cuando concluyó la vigencia de las leyes en las que están contenidas, esto es, el treinta y uno de diciembre de dos mil veinticuatro del caso en concreto.

29. Dicha temporalidad, si bien constituye un carácter distintivo frente al resto de las disposiciones legales, encuentra su principal razón en mantener un control hacendario por parte del Poder Legislativo, en tanto que la aprobación presupuestaria otorgada por éste se constriñe a un período determinado.

30. Si bien no pasa inadvertido para esta Segunda Sala que excepcionalmente puede extenderse la vigencia de dichos ordenamientos, lo cierto es que ello sólo puede acontecer mediante una autorización expresa por parte del Poder Legislativo, lo cual no se actualiza en la especie, pues ni de las disposiciones transitorias de la ley de ingresos municipal impugnada(11) ni de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, se advierte una anuencia que permita prorrogar su vigencia para el ejercicio fiscal posterior.

31. Similar consideración fue plasmada por esta Segunda Sala al sobreseer la acción de inconstitucionalidad 35/2022,(12) en sesión de quince de febrero de dos mil veintitrés.

32. Aunado a ello, es de resaltar que constituye un hecho notorio, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable por supletoriedad conforme al artículo 1o. de la Ley Reglamentaria que rige a las controversias constitucionales,(13) que el cinco de febrero de dos mil veinticinco se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del estado de Oaxaca, el Decreto 217, mediante el cual se aprueba la Ley de Ingresos Municipal para el Ejercicio Fiscal 2025, del Municipio de Santa Cruz Papalutla, Distrito Tlacolula, Oaxaca, lo que hace evidente y refuerza que la ley de ingresos del ejercicio fiscal anterior, materia de este asunto, ha cesado en sus efectos, pues ya no se encuentra vigente.(14)

33. Resulta aplicable la jurisprudencia P./J. 74/2006,(15) de rubro: "HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS GENERAL Y JURÍDICO."

34. En estas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción V, de la Ley Reglamentaria que rige a la materia, debe sobreseerse en la controversia constitucional a que se refiere este expediente, tal y como lo autoriza el artículo 20, fracción II, de ese mismo ordenamiento.(16)

35. Cobra aplicación, en lo conducente, la jurisprudencia P./J. 9/2004,(17) sustentada por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro siguiente: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. PROCEDE SOBRESEER EN EL JUICIO SI CONCLUYÓ LA VIGENCIA ANUAL DE LA LEY DE INGRESOS Y DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN IMPUGNADOS Y, POR ENDE, CESARON SUS EFECTOS."

36. Similares consideraciones han sido sustentadas por esta Segunda Sala al sobreseer la controversia constitucional 209/2024 y la acción de inconstitucionalidad 118/2024 y su acumulada 122/2024,(18) en sesión de cinco de marzo y veintinueve de enero de dos mil veinticinco respectivamente, por cesación de efectos de las normas impugnadas, consistentes en disposiciones contenidas en Leyes de Ingresos de diversos Municipios del estado de Oaxaca, para el Ejercicio Fiscal dos mil veinticuatro, publicadas en el Periódico Oficial del Estado el primero de junio y el cuatro de mayo de dos mil veinticuatro, respectivamente.

III. DECISIÓN

Por todo lo expuesto y fundado, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve:

ÚNICO. Se sobresee en la controversia constitucional.

Notifíquese; mediante oficio a las partes, devuélvase el expediente a la Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y de Acciones de Inconstitucionalidad y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.

Así lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por unanimidad de cuatro votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa, Alberto Pérez Dayán, Lenia Batres Guadarrama (ponente) y Presidente Javier Laynez Potisek.

Firman el Ministro Presidente de la Segunda Sala y la Ministra Ponente, con la Secretaria de Acuerdos, que autoriza y da fe.

PRESIDENTE

MINISTRO JAVIER LAYNEZ POTISEK

PONENTE

MINISTRA LENIA BATRES GUADARRAMA

SECRETARIA DE ACUERDOS

JAZMÍN BONILLA GARCÍA

Esta hoja corresponde a la controversia constitucional 166/2024, fallada en sesión de treinta de abril de dos mil veinticinco. CONSTE.

________________

1. "Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes: (...)

I. De las controversias constitucionales que, sobre la constitucionalidad de las normas generales, actos u omisiones, con excepción de las que se refieran a la materia electoral, se susciten entre: (...)

a) La Federación y una entidad federativa; (...)"

2. "Artículo 10. La Suprema Corte de Justicia conocerá funcionando en Pleno:

I. De las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad a que se refieren las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."

3. "SEGUNDO. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación conservará para su resolución: (...)

II. Las acciones de inconstitucionalidad, salvo en las que deba sobreseerse, así como los recursos interpuestos en éstas en los que sea necesaria su intervención; (...)"

4. "Tercero. Hasta en tanto las Ministras y Ministros electos tomen protesta de su encargo ante el Senado de la República el 1o. de septiembre de 2025, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se regirá para todos los efectos por las atribuciones, competencias, obligaciones, reglas de votación, faltas, licencias y demás disposiciones contenidas en la Ley Orgánica del Poder Judicial la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de junio de 2021; con excepción de la materia electoral tal como está previsto en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. En consecuencia, hasta la fecha señalada en el enunciado anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación seguirá funcionando en Pleno o en Salas."

5. "Octavo. El Congreso de la Unión tendrá un plazo de noventa días naturales a partir de la entrada en vigor del presente Decreto para realizar las adecuaciones a las leyes federales que correspondan para dar cumplimiento al mismo. Entre tanto, se aplicarán en lo conducente de manera directa las disposiciones constitucionales en la materia y, supletoriamente, las leyes en materia electoral en todo lo que no se contraponga al presente Decreto. (...)

Décimo Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto."

6. "Artículo 19. Las controversias constitucionales son improcedentes: (...)

V. Cuando hayan cesado los efectos de la norma general o acto materia de la controversia; (...)."

7. Jurisprudencia P./J. 54/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 882, registro digital 190021. Materia: Constitucional.

8. Sentencia recaída a la Controversia Constitucional 24/2020, Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cinco votos de las Señoras y Señores Ministros: Norma Lucía Piña Hernández, Ana Margarita Ríos Farjat (Ponente), Juan Luis González Alcántara Carrancá, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, 3 de febrero de 2021, párrafos 16-22.

Sentencia recaída a la Acción de Inconstitucionalidad 13/2020, Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cinco votos de las Señoras y Señores Ministros: Norma Lucía Piña Hernández, Ana Margarita Ríos Farjat (Ponente), Juan Luis González Alcántara Carrancá, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, 3 de febrero de 2021, párrafos 11-17.

Sentencia recaída a la

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/201046-2687639f/i-controversia-constitucional-sobreseimiento-por-cesacion-de-efectos · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.