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Modo: Corpus Pro

I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS AL CONCLUIR LA VIGENCIA ANUAL DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA (DIVERSOS ARTÍCULOS DE DISTINTAS LEYES DE INGRESOS MUNICIPALES, TODAS DEL ESTADO DE OAXACA PARA EL EJERCICIO FISCAL DE DOS MIL VEINTITRÉS, PUBLICADAS EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL CUATRO DE MAYO DE DOS MIL VEINTICUATRO).

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 118/2024 Y SU ACUMULADA 122/2024. · Registro digital (IUS): 200983
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: PODER EJECUTIVO FEDERAL Y COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.
Localización: Undécima Época. Segunda Sala. Sistema de Precedentes en Controversias Constitucionales y en Acciones de Inconstitucionalidad

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 118/2024 Y SU ACUMULADA 122/2024. PODER EJECUTIVO FEDERAL Y COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 29 DE ENERO DE 2025. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS DE LAS MINISTRAS Y LOS MINISTROS YASMÍN ESQUIVEL MOSSA, ALBERTO PÉREZ DAYÁN, LENIA BATRES GUADARRAMA Y JAVIER LAYNEZ POTISEK; JAVIER LAYNEZ POTISEK EMITIÓ SU VOTO CON RESERVAS. PONENTE: MINISTRA YASMÍN ESQUIVEL MOSSA. SECRETARIO: MAURICIO TAPIA MALTOS.

Hechos: El Poder Ejecutivo Federal y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos solicitan la invalidez de disposiciones contenidas en leyes de ingresos de diversos Municipios del Estado de Oaxaca, para el Ejercicio Fiscal 2024, publicadas en el Periódico Oficial local el cuatro de mayo de dos mil veinticuatro, relacionadas con los temas que se precisan a continuación:

1. Multas por insultar a la autoridad, causar escándalo en la vía pública, e injuriar a las personas (Ejecutivo Federal);

2. Cobro de derechos para realizar eventos sociales (Ejecutivo Federal);

3. Cobros injustificados y desproporcionados por la búsqueda de información, así como por la expedición de documentos en copias, certificaciones e impresiones, no relacionados con acceso a la información (CNDH);

4. Infracciones por realizar escándalo en la vía pública, así como conductas que contravengan la moral; faltas de respeto, insultos o agresiones verbales a cualquier autoridad o personas, así como injuriar a cualquier persona que asista a un espectáculo o diversión, con palabras, actitudes o gestos; exhibir cartelones, anuncios, revistas o folletos con figuras o inscripciones que ofendan la moral; y practicar cualquier clase de deporte o juego en la vía pública (CNDH); y

5. Multas por la celebración de todo tipo de actividades sociales en espacios públicos y por organizar bailes públicos que carezcan del permiso de la autoridad municipal correspondiente (CNDH).

Problema jurídico por resolver: ¿Debe sobreseerse en las acciones de inconstitucionalidad acumuladas por cesación de efectos de las normas impugnadas?

INDICE TEMÁTICO

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Ciudad de México. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veintinueve de enero de dos mil veinticinco, emite la siguiente:

S E N T E N C I A

Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 118/2024 y su acumulada 122/2024, promovidas, respectivamente, por el Poder Ejecutivo Federal, a través de su Consejera Jurídica y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (en adelante “CNDH”) en contra de disposiciones contenidas en Leyes de Ingresos de diversos Municipios del Estado de Oaxaca, para el Ejercicio Fiscal 2024, publicadas en el Periódico Oficial local el cuatro de mayo de dos mil veinticuatro.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA

A. Acción 118/2024, promovida por el Poder Ejecutivo Federal.

1. A.1. Presentación de la demanda. Por oficio presentado el treinta y uno de mayo de dos mil veinticuatro en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación,(1) María Estela Ríos González, en su carácter de Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, promovió demanda de acción de inconstitucionalidad en la que solicitó la invalidez de las normas contenidas en las Leyes de Ingresos de diversos Municipios del Estado de Oaxaca, para el Ejercicio Fiscal 2024, publicadas en el Periódico Oficial local el cuatro de mayo de dos mil veinticuatro, en concreto, las disposiciones siguientes:

A. Cobro de derechos por realizar evento social en vía pública.

1. Artículo 55, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de San Juan Diuxi, Distrito de Nochixtlán.

B. Multas por insultar a la autoridad.

1. Artículo 64, fracción II, de la Ley de Ingresos del Municipio de San Juan Diuxi, Distrito de Nochixtlán.

2. Artículo 56, fracción IV, de la Ley de Ingresos del Municipio de Santa María Guelacé, Distrito de Tlacolula.

3. Artículo 53, fracción VI, de la Ley de Ingresos del Municipio de San Juan Teposcolula, Distrito de Teposcolula.

4. Artículo 101, fracción VII, de la Ley de Ingresos del Municipio de San Pedro y San Pablo Teposcolula, Distrito de Teposcolula.

5. Artículo 155, inciso A), numeral V081, de la Ley de Ingresos del Municipio de San Pedro Mixtepec, Distrito de Juquila.

C. Multas por causar escándalo en la vía pública.

1. Artículo 60, inciso e), de la Ley de Ingresos del Municipio de Magdalena Zahuatlán, Distrito de Nochixtlán.

2. Artículo 64, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de San Juan Diuxi, Distrito de Nochixtlán.

3. Artículo 53, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de San Juan Teposcolula, Distrito de Teposcolula.

4. Artículo 101, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de San Pedro y San Pablo Teposcolula, Distrito de Teposcolula.

D. Multas por injuriar a las personas, proferir palabras o ejecutar actos irrespetuosos.

1. Artículo 153, fracción XII, inciso d), numeral 3, de la Ley de Ingresos del Municipio de San Pedro Mixtepec, Distrito de Juquila.

2. A.2. Preceptos constitucionales y convencionales que se estiman violados. La Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal señala que las normas que combate son contrarias a los artículos 1o., 9, 15 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

3. A.3. Conceptos de invalidez del Poder Ejecutivo Federal. El Ejecutivo Federal formula, en síntesis, lo siguiente:

• PRIMERO. Los artículos impugnados que establecen el cobro de multas por insultar a la autoridad, causar escándalo en la vía pública, e injuriar a las personas, son imprecisas, en violación a los principios de legalidad y seguridad jurídica, en su vertiente de taxatividad tutelados por los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal.

Las multas combatidas violan el principio de legalidad, porque es obligación de los Congresos locales establecer los elementos necesarios para que la actuación de la autoridad encargada de su aplicación se encuentre acotada al momento de imponer infracciones, las cuales invariablemente deben tener sentido objetivo y de ninguna manera arbitrario.

Al permitir que la autoridad pueda calificar discrecionalmente y de manera subjetiva la imposición de una sanción administrativa, permiten un margen de aplicación amplio e injustificado que autoriza bajo categorías ambiguas y subjetivas, cualquier acto de expresión de ideas o manifestación sea susceptible de una sanción administrativa por cuestiones meramente subjetivas de quien aplica la norma, lo que vulnera la seguridad jurídica.

• SEGUNDO. El cobro de derechos para realizar eventos sociales vulnera la libertad de reunión prevista en el artículo 9 de la Constitución Federal.

El legislador local establece multas por la celebración de reuniones o aglomeraciones sociales, sin especificar el lugar donde se llevarán a cabo, lo que restringe injustificadamente el derecho fundamental en comento, ya que se no se puede condicionar el derecho de reunión, por tratarse de actividades que la Constitución Federal garantiza a todos los ciudadanos sin pago alguno.

La sanción impugnada implica la imposición de una restricción injustificada al ejercicio de un derecho fundamental como lo es la libertad de reunión, en virtud de que el precepto impugnado no establece lugares específicos para la celebración de reuniones, festejos o aglomeraciones sin ser sancionados.

4. A.4. Registro del expediente y turno del asunto. Mediante proveído de catorce de junio de dos mil veinticuatro, la Ministra Presidenta de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente acción de inconstitucionalidad con el número 118/2024, y turnó el asunto al Ministro Luis María Aguilar Morales como instructor del procedimiento, de acuerdo con el registro que al efecto se lleva en la Subsecretaría General de Acuerdos de este Alto Tribunal.

5. A.5 Admisión de la demanda del Poder Ejecutivo Federal. Por acuerdo de diecisiete de junio de dos mil veinticuatro, el Ministro instructor admitió a trámite la demanda de la acción de inconstitucionalidad promovida por el Ejecutivo Federal, en el cual ordenó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo, ambos del Estado de Oaxaca para que rindieran sus respectivos informes; asimismo, requirió al órgano legislativo para que remitiera copia certificada del proceso legislativo de las normas impugnadas y al órgano ejecutivo para que exhibiera copia certificada o un ejemplar del Periódico Oficial local en el que conste su publicación; finalmente, ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República para que antes del cierre de instrucción, formulara el pedimento que le corresponde.

B. Acción 122/2024, promovida por la CNDH.

6. B.1. Presentación de la demanda. Por oficio depositado en el buzón judicial el tres de junio de dos mil veinticuatro y recibido el día siguiente en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación,(2) la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (“CNDH”), por conducto de su Presidenta, María del Rosario Piedra Ibarra, promovió demanda de acción de inconstitucionalidad en la que solicitó la invalidez de normas contenidas en Leyes de Ingresos de diversos Municipios del Estado de Oaxaca, para el Ejercicio Fiscal 2024, publicadas en el Periódico Oficial local el cuatro de mayo de dos mil veinticuatro, en concreto, las normas siguientes:

A. Cobros desproporcionados por reproducción de información, no relacionada con el derecho de acceso a la información.

1. Artículo 50, fracción II, de la Ley de Ingresos del Municipio de San Ildefonso Villa Alta, Distrito de Villa Alta.

2. Artículo 60, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de San Antonino Monte Verde, Distrito de Teposcolula.

3. Artículo 57, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de San Juan Bautista Cuicatlán, Distrito de Cuicatlán.

4. Artículo 70, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de San Antonino Castillo Velasco, Distrito de Ocotlán.

5. Artículo 60, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de Cosolapa, Distrito de Tuxtepec.

6. Artículo 35, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de Teotongo, Distrito de Teposcolula.

7. Artículo 42, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de Santo Domingo Ingenio, Distrito de Juchitán.

8. Artículo 39, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de San Cristóbal Lachirioag, Distrito de Villa Alta.

9. Artículo 61, fracciones I y II, de la Ley de Ingresos del Municipio de San Francisco Lachigoló, Distrito de Tlacolula.

10. Artículo 24, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de San Juan Comaltepec, Distrito de Choápam.

11. Artículo 52, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de Santiago Jamiltepec, Distrito de Jamiltepec.

12. Artículo 47, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de Magdalena Peñasco, Distrito de Tlaxiaco.

13. Artículo 53, fracción III, de la Ley de Ingresos del Municipio de Zapotitlán Palmas, Distrito de Huajuapan.

14. Artículo 58, fracción VI, de la Ley de Ingresos del Municipio de San Pedro y San Pablo Teposcolula, Distrito de Teposcolula.

15. Artículo 48, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de Santiago Choápam, Distrito de Choápam.

16. Artículo 45, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de San Sebastián Coatlán, Distrito de Miahuatlán.

17. Artículo 70, fracción II, de la Ley de Ingresos del Municipio de San Juan Guichicovi, Distrito de Juchitán.

18. Artículo 43, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de Santo Domingo Nuxaá, Distrito de Nochixtlán.

19. Artículo 47, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de San Dionisio Ocotepec, Distrito de Tlacolula.

20. Artículo 46 de la Ley de Ingresos del Municipio de Santa Cruz Itundujia, Distrito de Putla.

21. Artículo 33, fracción II, de la Ley de Ingresos del Municipio de Santa María Yavesía, Distrito de Ixtlán de Juárez.

22. Artículo 25, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de Santo Domingo Teojomulco, Distrito de Sola de Vega.

23. Artículo 31, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de Santo Domingo Tepuxtepec, Distrito Mixe.

24. Artículo 57, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de Santa Gertrudis, Distrito de Zimatlán.

25. Artículo 54, fracción III, de la Ley de Ingresos del Municipio de Santo Domingo de Morelos, Distrito de Pochutla.

26. Artículo 42, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de Santa María Tepantlali, Distrito Mixe.

27. Artículo 32, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de Yaxe, Distrito de Ocotlán.

28. Artículo 48, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de San Juan Coatzóspam, Distrito de Teotitlán.

29. Artículo 54, fracciones I y VI, de la Ley de Ingresos del Municipio de Santiago Huajolotitlán, Distrito de Huajuapan.

30. Artículo 51, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de San Martín Toxpalan, Distrito de Teotitlán.

31. Artículo 60, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de San Juan Cacahuatepec, Distrito de Jamiltepec.

B. Infracciones que causan inseguridad jurídica.

1. Artículo 119, numerales 3, fracción X, 4, fracciones II, VII y X, en la porción normativa “escándalo o”, 6, fracciones II, IV, de la Ley de Ingresos del Municipio de San Juan Bautista Cuicatlán, Distrito de Cuicatlán.

2. Artículo 60, inciso e), de Ley de Ingresos del Municipio de Magdalena Zahuatlán, Distrito de Nochixtlán.

3. Artículo 64, fracciones I y II, de la Ley de Ingresos del Municipio de San Juan Diuxi, Distrito de Nochixtlán.

4. Artículo 56, fracción IV, de la Ley de Ingresos del Municipio de Santa María Guelacé, Distrito de Tlacolula.

5. Artículo 53, fracciones I y VI, de la Ley de Ingresos del Municipio de San Juan Teposcolula, Distrito de Teposcolula.

6. Artículo 93, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de Santiago Jamiltepec, Distrito de Jamiltepec.

7. Artículo 101, fracción II, de la Ley de Ingresos del Municipio de San Pedro y San Pablo Teposcolula, Distrito de Teposcolula.

8. Artículo 153, fracción XII, inciso d), numeral 3, de la Ley de Ingresos del Municipio de San Pedro Mixtepec, Distrito de Juquila.

9. Artículo 65, fracciones I y III, Ley de Ingresos del Municipio de Santa Magdalena Jicotlán, Distrito de Coixtlahuaca.

C. Establecimiento de infracciones que limitan la libertad de reunión.

1. Artículo 81, fracción VI, de la Ley de Ingresos del Municipio de Ciénega de Zimatlán, Distrito de Zimatlán.

2. Artículo 119, numeral 4, fracción IX, de la Ley de Ingresos del Municipio de San Juan Bautista Cuicatlán, Distrito de Cuicatlán.

7. B.2. Preceptos constitucionales y convencionales que se estiman violados. La CNDH considera que las normas que combate son contrarias a los artículos 1o., 9, 14, 16 y 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2 y 15 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y 2 y 21 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos.

8. B.3. Conceptos de invalidez de la CNDH. La CNDH hace valer, en síntesis, lo siguiente:

• PRIMERO. Los artículos impugnados que prevén cobros injustificados y desproporcionados por la simple búsqueda de información, así como por la expedición de documentos en copias, certificaciones e impresiones (no relacionados con acceso a la información) resultan inconstitucionales, debido a que no atienden a los costos que verdaderamente le representó al Estado la prestación de esos servicios; además, algunas disposiciones no son claras para los sujetos a los que se dirigen, por tanto vulneran la seguridad jurídica y los principios de legalidad y proporcionalidad tributaria reconocidos en la Constitución Federal.

• SEGUNDO. Los artículos impugnados que establecen infracciones por realizar escándalo en la vía pública así como conductas que contravengan la moral; faltas de respeto, insultos o agresiones verbales a cualquier autoridad o personas, así como injuriar a cualquier persona que asista a un espectáculo o diversión, con palabras, actitudes o gestos; exhibir cartelones, anuncios, revistas o folletos con figuras o inscripciones que ofendan la moral; y practicar cualquier clase de deporte o juego en la vía pública, se estima que resultan demasiado amplias y ambiguas, lo que da pauta a que la autoridad administrativa determine arbitrariamente cuándo se actualiza el supuesto y, por ende, la imposición de una sanción, lo que viola la seguridad jurídica reconocida en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal.

• TERCERO. Los artículos impugnados que prevén multas por la celebración de todo tipo de actividades sociales en espacios públicos y por organizar bailes públicos que carezcan del permiso de la autoridad municipal correspondiente, resultan inconstitucionales, porque condicionan el derecho a la libertad de reunión de las personas garantizado por el artículo 9 de la Constitución Federal.

9. B.4. Registro, turno y acumulación. Mediante proveído de diecisiete de junio de dos mil veinticuatro, la Ministra Presidenta de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad promovida por la CNDH con el número 122/2024, y turnó el asunto al Ministro Luis María Aguilar Morales como instructor del procedimiento, por existir identidad de decretos legislativos impugnados respecto a la diversa acción de inconstitucionalidad 118/2024 y ordenó su acumulación con dicho expediente.

10. B.5 Admisión de la demanda de la CNDH. Por acuerdo de veintiuno de junio de dos mil veinticuatro, el Ministro instructor admitió a trámite la demanda de la acción de inconstitucionalidad promovida por la CNDH, en el cual ordenó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo, ambos del Estado de Oaxaca para que rindieran sus respectivos informes; requirió al órgano legislativo para que remitiera copia certificada del proceso legislativo de las normas impugnadas y al órgano ejecutivo para que exhibiera copia certificada o un ejemplar del Periódico Oficial local en el que conste su publicación; y ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República para que antes del cierre de instrucción, formulara el pedimento que le corresponde.

11. Informe del Poder Legislativo de Estado de Oaxaca en la acción de inconstitucionalidad 118/2024, promovida por el Poder Ejecutivo Federal. Mediante oficio recibido el treinta y uno de julio de dos mil veinticuatro en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal,(3) Sergio López Sánchez, en su carácter de Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de Oaxaca, rindió el informe solicitado, en el cual manifestó, en esencia, lo siguiente:

• En cuanto a que las leyes impugnadas establezcan los conceptos “insultar a la autoridad”, “causar escándalo en la vía pública” e “injuriar a las personas que asistan a un espectáculo” sin que se encuentren definidos de manera expresa, ello no funda la inconstitucionalidad del ordenamiento impugnado, pues de un análisis de la Constitución Federal no se advierte como requisito para el legislador ordinario, que defina los vocablos o locuciones utilizados.

• En cuanto al cobro de derechos por realizar eventos sociales en la vía pública, la norma impugnada de ninguna manera vulnera el derecho a la libertad de reunión que tutela el artículo 9 constitucional, porque está más relacionado a reuniones políticas, asambleas, etc., y por otro lado, porque no se están prohibiendo las reuniones, sino que las autoridades municipales consideran permisos para llevarlas a cabo como una forma de mantener el orden y la seguridad jurídica de los habitantes, lo que persigue un fin legítimo.

12. Informe del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca en la acción de inconstitucionalidad 118/2024, promovida por el Poder Ejecutivo Federal. Mediante oficio recibido el uno de agosto de dos mil veinticuatro en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal,(4) Geovany Vásquez Sagrero, en su carácter de Consejero Jurídico del Gobierno del Estado de Oaxaca, compareció a rendir el informe solicitado, en el que expone, esencialmente, lo siguiente: • En cuanto a la promulgación y publicación de las normas impugnadas, el Ejecutivo local solo ejerció sus facultades constitucionales y legales, sin que ello contravenga en forma alguna la Constitución Federal.

• En cuanto al cobro de multas por insultar a la autoridad, causar escándalo en la vía pública e injuriar a las personas, el Poder Ejecutivo Federal omite considerar que las normas impugnadas forman parte de un sistema integral normativo y reglamentario, de modo que dichas conductas no responden a criterios discrecionales, sino que su aplicación conlleva al desahogo de procedimientos ante jueces municipales donde se respeta la garantía de audiencia del presunto infractor.

• En cuanto al cobro de derechos por realizar eventos sociales, no se vulnera el derecho a la libertad de reunión prevista en el artículo 9 constitucional, porque se pasa por alto que lo que busca la autoridad municipal es establecer parámetros necesarios para el correcto ejercicio del derecho, siendo que el permiso solicitado da como resultado la acreditación del derecho de reunión de manera pacífica.

• Causal de improcedencia. Se actualiza la contenida en el artículo 19, fracción VIII, de la Ley Reglamentaria de la materia, en relación con el 65, primer párrafo, de ese ordenamiento legal, porque la accionante no aduce ni existen las violaciones aludidas a la Constitución Federal, por lo que se solicita el sobreseimiento de la acción promovida por el Poder Ejecutivo Federal.

13. Acuerdo que tiene por rendidos los informes de las autoridades emisora y promulgadora, respecto de la demanda de la acción de inconstitucionalidad 118/2024. Por acuerdo de dos de agosto de dos mil veinticuatro, el Ministro instructor tuvo por rendidos los informes solicitados a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Oaxaca, respectivamente, a los cuales tuvo dando cumplimiento a los requerimientos ordenados en autos.

14. Informe del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca en la acción de inconstitucionalidad 122/2024, promovida por la CNDH. Mediante oficio recibido el ocho de agosto de dos mil veinticuatro en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal,(5) Geovany Vásquez Sagrero, en su carácter de Consejero Jurídico del Gobierno del Estado de Oaxaca, compareció a rendir el informe solicitado, en el que expone, esencialmente, lo siguiente:

• En cuanto a la promulgación y publicación de las normas impugnadas, el Ejecutivo local solo ejerció sus facultades constitucionales y legales, sin que ello contravenga en forma alguna la Constitución Federal.

• En cuanto a los cobros desproporcionados por reproducción de información, no relacionada con el derecho de acceso a la información, la accionante parte de una premisa equivocada, porque los costos de los insumos en cada demarcación territorial son variables, es decir, el costo de un paquete de hojas blancas no es el mismo en los diferentes entes municipales, pues tanto el precio es variable entre proveedores establecidos en lugares más lejanos, tomando en cuenta costos de transporte y almacenamiento, reparaciones, mantenimiento preventivo y correctivo, entre otros.

• En cuanto a las infracciones que causan inseguridad jurídica, se debe recordar que el artículo 21, párrafo noveno, de la Constitución Federal dispone que la seguridad pública es una función del Estado a cargo, entre otros, de los Municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, libertades, integridad y patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y paz social, lo que comprende, entonces, la sanción de infracciones administrativas.

• En cuanto al establecimiento de infracciones que limitan la libertad de reunión, es constitucional que el Congreso local pueda en determinado grado, regular ciertas actividades que aglomeren grupos grandes de personas con propósitos de actividades sociales y bailes populares, pues se realizan en un sentido extenso en pro de la colectividad.

15. Acuerdo que tiene por rendido el informe del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, respecto de la demanda de la acción de inconstitucionalidad 122/2024. Por acuerdo de nueve de agosto de dos mil veinticuatro, el Ministro instructor tuvo por rendido el informe solicitado al Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, al que tuvo dando cumplimiento al requerimiento ordenado en autos.

16. Acuerdo que tiene por omitido el informe del Poder Legislativo del Estado de Oaxaca, respecto de la demanda de la acción de inconstitucionalidad 122/2024 y otorgamiento de plazo para alegatos. Por acuerdo de veintisiete de septiembre de dos mil veinticuatro, el Ministro instructor hizo constar que al haber transcurrido el plazo de quince días hábiles al Poder Legislativo del Estado de Oaxaca para que rindiera su informe en la acción promovida por la CNDH, sin que hasta esa fecha lo hiciere, no obstante encontrarse debidamente notificado en autos, puso los autos a la vista de las partes durante cinco días hábiles para que formularan por escrito sus alegatos.

17. Pedimento de la Fiscalía General de la República. La referida dependencia no formuló manifestación alguna o pedimento concreto.

18. Cierre de instrucción. Por acuerdo de siete de noviembre de dos mil veinticuatro, el Ministro instructor cerró la instrucción del asunto a efecto de elaborar el proyecto de resolución correspondiente.

19. Returno. Mediante proveído de Presidencia de once de diciembre de dos mil veinticuatro, atento a lo acordado por el Tribunal Pleno en sesión privada de tres de diciembre anterior, se ordenó returnar este asunto a la Ministra Yasmín Esquivel Mossa.

20. Remisión del asunto a esta Segunda Sala. En atención a la solicitud formulada por la Ministra Ponente a la Presidenta de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, por auto de dieciséis de enero de dos mil veinticinco, se acordó remitir el expediente a la Segunda Sala para su radicación y resolución, por resultar innecesaria la intervención del Tribunal Pleno y, posteriormente, mediante proveído de veintiuno de enero siguiente, la Segunda Sala se avocó al conocimiento del asunto.

I. COMPETENCIA

21. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, incisos c) y g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(6) y 10, fracción I, de la abrogada Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(7) en relación con el Punto Segundo, fracción II, del Acuerdo General 1/2023, de veintiséis de enero de dos mil veintitrés,(8) publicado en el Diario Oficial de la Federación el tres de febrero siguiente, modificado mediante instrumento normativo del diez de abril del mismo año, toda vez que el Ejecutivo Federal, por conducto de su Consejería Jurídica, y la CNDH, promueven su respectiva demanda contra normas generales al considerar que su contenido es inconstitucional, sin que sea necesaria la intervención del Tribunal Pleno, por no poder llevarse a cabo un estudio de fondo del asunto.

22. Lo anterior, conforme a lo previsto en el artículo Tercero Transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente a partir del veintiuno de diciembre de dos mil veinticuatro,(9) en relación con el Octavo y Décimo Segundo Transitorios del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reforma al Poder Judicial de la Federación, publicado el quince de septiembre de dos mil veinticuatro.(10)

II. SOBRESEIMIENTO

23. Resulta innecesario pronunciarse sobre la oportunidad y la legitimación de las partes, pues independientemente de que las demandas acumuladas estuvieran en tiempo, o que se hubiesen presentado por un ente legitimado para promover acciones de inconstitucionalidad, lo cierto es que en el caso se actualiza una causa de improcedencia.

24. Esta Segunda Sala de oficio advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción V, de la de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(11) aplicable en acciones de inconstitucionalidad en virtud de lo dispuesto en los artículos 59(12) y 65 de ese mismo ordenamiento,(13) pues ha sobrevenido la cesación de efectos de las normas impugnadas.

25. Sirve de apoyo, en lo conducente, el criterio del Tribunal Pleno plasmado en la jurisprudencia P./J. 54/2001(14) de rubro: “CESACIÓN DE EFECTOS EN MATERIAS DE AMPARO Y DE CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SUS DIFERENCIAS”.

26. En efecto, la causal de improcedencia invocada se actualiza por lo siguiente:

27. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido en sus precedentes(15) que a diferencia del resto de las normas (cuya vigencia no se agota con su aplicación y sus efectos se prolongan en el tiempo, siempre y cuando no sean reformadas, derogadas o abrogadas a través del mismo procedimiento llevado a cabo para su creación), las normas contenidas en las leyes de ingresos y presupuestos de egresos están sujetas al principio de anualidad, de acuerdo con el cual su vigencia concluye con el ejercicio fiscal que regulan.

28. Este principio se desprende del artículo 74, fracción IV, segundo párrafo,(16) de la Constitución Federal, de acuerdo al cual es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, a más tardar el quince del mes de noviembre; por otro lado, también establece que el titular del Poder Ejecutivo Federal hará llegar a la Cámara de Diputados la iniciativa de Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación a más tar

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/200983-353aa83d/i-accion-de-inconstitucionalidad-sobreseimiento-por-cesacion-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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