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Modo: Corpus Pro

I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL PODER EJECUTIVO FEDERAL TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL DE CARÁCTER FEDERAL Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS VIOLA DERECHOS HUMANOS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, INCISO C), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL EJECUTIVO FEDERAL TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN REPRESENTACIÓN DE LA PRESIDENCIA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (ARTÍCULOS 43, FRACCIÓN X, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL Y 1 Y 10, FRACCIÓN XIII, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL EJECUTIVO FEDERAL). III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDA LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA (ARTÍCULOS 15 FRACCIONES I Y XI, DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y 18 DE SU REGLAMENTO). IV. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS AL CONCLUIR LA VIGENCIA ANUAL DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA (DIVERSOS PRECEPTOS CONTENIDOS EN LAS LEYES DE INGRESOS DE DIVERSOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE OAXACA PARA EL EJERCICIO FISCAL DE DOS MIL VEINTICUATRO, PUBLICADAS EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE ESA ENTIDAD EL ONCE DE MAYO DE DOS MIL VEINTICUATRO).

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 123/2024 Y SU ACUMULADA 124/2024. · Registro digital (IUS): 201049
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: PODER EJECUTIVO FEDERAL Y LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.
Localización: Duodécima Época. Primera Sala. Sistema de Precedentes en Controversias Constitucionales y en Acciones de Inconstitucionalidad

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 123/2024 Y SU ACUMULADA 124/2024. PODER EJECUTIVO FEDERAL Y LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 25 DE JUNIO DE 2025. UNANIMIDAD DE VOTOS DE LAS MINISTRAS Y LOS MINISTROS JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, ANA MARGARITA RÍOS FARJAT, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y LORETTA ORTIZ AHLF. PONENTE: ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. SECRETARIO: ALEJANDRO CASTAÑEDA BONFIL.

ÍNDICE TEMÁTICO

Normas impugnadas: Se impugnan diversos artículos de distintas leyes de ingresos municipales, todos del Estado de Oaxaca para el ejercicio fiscal de dos mil veinticuatro, publicadas en el Periódico Oficial del gobierno del referido Estado.

Ver índice temático

Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veinticinco de junio de dos mil veinticinco, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 123/2024 y su acumulada 124/2024, promovida por el Poder Ejecutivo Federal y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra de preceptos contenidos en Leyes de Ingresos de diversos Municipios del Estado de Oaxaca, para el Ejercicio Fiscal 2024, publicadas en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el once de mayo de dos mil veinticuatro.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA

1. Presentación de la demanda del Poder Ejecutivo Federal (acción de inconstitucionalidad 123/2024). María Estela Ríos González, ostentándose como Consejera Jurídica del Poder Ejecutivo Federal, promovió demanda de acción de inconstitucionalidad,(1) en contra de diversas disposiciones contenidas en leyes de ingresos municipales para el ejercicio fiscal dos mil veinticuatro, del Estado de Oaxaca.

2. Preceptos constitucionales que se consideran vulnerados. Artículos 1°, párrafo quinto, 4°, 9°, 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en lo sucesivo Constitución Federal).

3. Conceptos de invalidez. En sus tres conceptos de invalidez, el Poder actor expresó, en síntesis, los argumentos siguientes:

• Primero. Los artículos impugnados que establecen el cobro de multas por insultar a la autoridad; causar escándalo en la vía pública; causar molestias y turbar la tranquilidad, son imprecisos, por lo que violan los principios de seguridad jurídica y legalidad, en su vertiente de taxatividad tutelados por los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal.

Las porciones normativas impugnadas constituyen fracciones ambiguas, abiertas e imprecisas, que permiten a la autoridad administrativa actuar de manera discrecional y subjetiva; además impiden a los gobernados conocer con certeza y anticipación a los hechos las posibles conductas tipificadas como infracciones.

El cobro de multas por causar “escandalo” en la vía pública no determinan la acción y permite sancionar de manera discrecional a las personas que realicen un acto que resulta impreciso y que pudiera no considerarse lo suficientemente grave como para ser reprochable. En esa medida, el grado de afectación puede variar entre cada persona, bien sea por la determinación de su carácter, su entorno o los diferentes ámbitos en los que se desarrolla como el social, familiar e incluso educativo, que definirán cuando algún tipo de expresión o acción pudiera resultar “escandalosa”, mientras que para otros no.

El cobre de multas por turbar la tranquilidad de las personas con gritos, música o ruidos contiene diversos conceptos indefinidos, pues no cuenta con los elementos que integran la infracción de forma clara y precisa, pues, depende de la perspectiva social y apreciación subjetiva del operador de la norma.

El cobro de multas por insultar a la autoridad resulta inconstitucional, pues, se trata de normas cuya redacción evidencia un amplio margen de apreciación para que la autoridad determine de manera discrecional, qué tipo de actos causan ofensa, así como qué agresiones, molestias, insultos, faltas, palabras altisonantes, encuadran en alguno de los supuestos para que el presunto infractor sea acreedor a una sanción.

El cobro de multa por “realizar reuniones que pongan en riesgo la salud de la población”, concede un margen de aplicación muy amplio e injustificado que permite a la autoridad municipal actuar con arbitrariedad, en la medida que pueden establecer sanciones de acuerdo con el contenido de la norma impugnada, sin que condicione a la existencia de una declaratoria previa emitida por autoridades competentes en materia de salud.

Se indica que al resolver la acciones de inconstitucionalidad 47/2019 y su acumulada 49/2019, así como las diversas 94/2020, 76/2023 y su acumuladas 80/2023 y 83/2023 y la 104/2023 y su acumulada 105/2023, este Alto Tribunal estableció que son inconstitucionales las normas cuya redacción evidencia un amplio margen de apreciación por parte de la autoridad, por lo que al no establecer parámetros objetivos para determinar qué tipo de actitudes causan ofensa, así como qué agresiones, molestias, insultos, faltas o palabras altisonantes, encuadrarían en el supuesto para que el presunto infractor sea acreedor a una sanción, los artículos impugnados son contrarios al principio de taxatividad.

• Segundo. Los artículos impugnados que establecen el cobro de multa por organizar bailes y reuniones o aglomeraciones vulneran el derecho a la libertad de reunión previsto en el artículo 9° de la Constitución Federal.

La sanción impugnada implica la imposición de una restricción injustificada al ejercicio de un derecho fundamental como lo es la libertad de reunión, en virtud de que el precepto impugnado no establece lugares específicos para la celebración de las reuniones, festejos o aglomeraciones, sin ser sancionados.

Al resolver la acción de inconstitucionalidad 52/2023, este Alto Tribunal determinó declarar la invalidez de diversas disposiciones normativas de las leyes de ingresos de diversos municipios del estado de Aguascalientes, que establecían el cobro de permisos por realizar eventos sociales, por las mismas razones expuestas.

Así, los preceptos impugnados limitan de forma injustificada el ejercicio de derecho de reunión de los habitantes de los municipios de San Andrés Cabecera Nueva, Putla y Tlacolula de Matamoros, Tlacolula, ambos del estado de Oaxaca, por lo que resultan violatorios del artículo 9° de la Constitución Federal.

• Tercero. El artículo impugnado que establece el cobro de multas por organizar o jugar en espacio públicos vulnera el derecho de acceso al deporte y los principios del libre desarrollo de la personalidad, así como lo principios de seguridad jurídica y legalidad, en su vertiente de taxatividad, previsto en los artículos 1°, párrafo quinto, 4°, párrafo trece, 14 y 16 de la Constitución Federal.

La porción normativa impugnada infringe la posibilidad de las personas (incluidos los menores de edad) a desarrollar libremente su personalidad, ya que la elección de las actividades recreativas es una decisión que pertenece exclusivamente a los gobernados, es decir, forma parte de la autonomía personal protegida por la Constitución Federal, por lo que el legislador local está obligado a protegerlo y no a disminuir ni restringir ese derecho.

4. Radicación y turno. La Ministra Presidenta de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación acordó formar y registrar la presente acción de inconstitucionalidad bajo el expediente 123/2024,(2) y ordenó turnarlo al Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, como instructor del procedimiento.

5. Presentación de la demanda de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (acción de inconstitucionalidad 124/2024). María del Rosario Piedra Ibarra ostentándose como Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, promovió demanda de acción de inconstitucionalidad,(3) en contra de diversas disposiciones contenidas en leyes de ingresos municipales para el ejercicio fiscal dos mil veinticuatro, del Estado de Oaxaca.

6. Preceptos constitucionales que se consideran vulnerados. Artículos 1°, 4°, 9°, 6°, 14, 16, y 31 fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en lo sucesivo Constitución Federal); 1, 2, 3, 15 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 2, 16, 21, y 26 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos; 1, 4, 5, 8, 12, 14, 17 y 19 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad; II y III de la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, en relación con los derechos a la seguridad jurídica, igualdad y no discriminación, libertad de reunión, principio de taxatividad aplicable a la materia administrativa sancionadora, proporcionalidad tributaria y legalidad.

7. Conceptos de invalidez. En sus cuatro conceptos de invalidez, la Comisión accionante expresó, en síntesis, los argumentos siguientes:

• Primero. Los artículos contenidos en 9 leyes de ingresos municipales del estado de Oaxaca para el ejercicio fiscal 2024, prevén cobros injustificados y desproporcionados por la expedición de documentos en copias y certificaciones (no relacionados con acceso a la información pública), debido a que no atienden a los costos que verdaderamente le representó al Estado la prestación de esos servicios; además, algunas disposiciones no son claras para los sujetos a los que se dirigen. Por lo tanto, vulneran el derecho de seguridad jurídica, así como los principios de proporcionalidad tributaria y legalidad, reconocidos en la Constitución Federal.

Las normas impugnadas vulneran el principio de proporcionalidad tributaria, pues establecen cobros por la expedición de copias y certificaciones que soliciten las y los gobernados a las autoridades del orden municipal, tarifas que no son acordes a las erogaciones que realmente le representa la prestación de tales servicios.

Por copias, o copias simples:

• Por hoja, en algunos casos se exige el pago de $5.00 pesos mexicanos.

• En otros supuestos, no especifican si la tarifa es por una hoja o por la integridad de un expediente, la cuota oscila entre $3.00 y $5.00 pesos mexicanos.

Por la expedición de fotocopias certificadas o certificaciones de documentos:

• Por hoja, el costo es de $15.00 o $30.00 pesos mexicanos.

• No especifican si la tarifa es por una hoja o por la integridad de un expediente, la tarifa es de $5.00 pesos mexicanos.

Las disposiciones normativas controvertidas establecen contribuciones que se enmarcan en la categoría de derechos por servicios, es decir, que les corresponden contraprestaciones por los mismos, ello significa que para la determinación de las cuotas por ese concepto ha de tenerse en cuenta el costo que le cause al estado su ejecución o prestación, por lo cual, la cuota que se establezca deberá ser fija e igual para todas las personas que reciban servicios de la misma índole.

En suma, las normas impugnadas transgreden el principio de proporcionalidad tributaria porque los costos por la reproducción de documentos o información en copias y certificaciones -que no derivan del ejercicio del derecho humano de acceso a la información pública- no son acordes ni proporcionales al monto erogado por los municipios derivados de los servicios prestados no guardan una relación razonable con los costos de los materiales utilizados, ni con el que implica certificar un documento.

• Segundo. Las cuatro leyes de ingresos impugnadas, que establecen las infracciones siguientes: a) realizar escándalo en la vía pública; b) faltas de respeto, insultos o agresiones verbales a cualquier autoridad; c) expresarse con palabras altisonantes y señas obscenas en lugares públicos; y d) participar en cualquier clase de juegos en la vía pública, siempre que afecten el libre tránsito de las personas y vehículos o que molesten a las personas.

Las conductas descritas resultan demasiado amplias y ambiguas, lo que da pauta a que la autoridad administrativa determine arbitrariamente cuándo se actualiza el supuesto y, por ende, la imposición de una sanción, por lo que genera incertidumbre.

Las conductas sancionadas no son lo suficientemente inteligibles para que las y los gobernados conozcan con claridad cuándo actualizarán los supuestos jurídicos, sino que se deja un amplio margen de apreciación en favor de la autoridad aplicadora, quien estará habilitada para determinar si son o no acreedores a las referidas sanciones de manera arbitraria.

Las conductas permiten un margen de aplicación muy amplio e injustificado que autoriza que, bajo categorías ambiguas y subjetivas, cualquier acto o expresión de ideas sea susceptible de una sanción administrativa.

Las normas combatidas permiten que para su determinación la autoridad que califique las conductas se base en los componentes éticos, morales, religiosos, de condición social, preferencia sexual o una idea preconcebida sobre lo que es el orden, entre otros; se trata de aspectos subjetivos sobre los cuales se valorará si existe o no una conducta ilícita.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha declarado la invalidez de normas idénticas a las ahora controvertidas, por ejemplo, al resolver la acción de inconstitucionalidad 81/2023; así como en las diversas 70/2019, 62/2023, 76/2023 y sus acumuladas 80/2023 y 83/2023, 104/2023 y su acumulada 105/2023, 106/2023, 131/2023, 135/2023 entre otras.

En suma, se estima que las disposiciones impugnadas, generan un amplio margen de apreciación a favor de las personas encargadas de aplicar las sanciones.

• Tercero. El artículo 83, letra D, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de San Andrés Cabecera Nueva, Distrito de Putla, Oaxaca, para el ejercicio fiscal 2024, prevé una multa por la organización de bailes para cualquier tipo que carezcan del permiso de la autoridad municipal, la cual resulta inconstitucional, pues condiciona el ejercicio del derecho de reunión de los habitantes a la autorización respectiva.

La disposición combatida establece una multa, cuyo importe es de $1,500.00 pesos mexicanos, cuando se “organicen bailes cualquier tipo sin el correspondiente permiso de la autoridad municipal”, lo cual transgrede la libertad de reunión, pues sujeta a una previa autorización municipal la conglomeración se sujetos con fines sociales o de esparcimiento.

Se obliga a las personas a solicitar un permiso ante la autoridad para poder reunirse con motivos de índole social, incluso sin que se señale de manera expresa la utilización de vías públicas u otros bienes de uso común, que se aprovechen especialmente o que justificarán de algún modo la cuota, lo que confirma la inconstitucionalidad de la contribución.

La exigencia de la anuencia de la autoridad municipal para organizar y realizar cualquier tipo de bailes, ya sean públicos o particulares (sin especificar sea en espacios públicos o privados), con el fin de que no se imponga la sanción pecuniaria prevista en la norma impugnada transgrede el derecho de reunión, pues condiciona su ejercicio en áreas privadas y públicas a la obtención de una autorización, la cual carece de fundamento constitucional y convencional.

En similares términos se resolvieron las acciones de inconstitucionalidad 95/2020, 13/2021, 27/2021 y su acumulada 30/2021, 31/2021, 179/2021 y su acumulada 183/2021, 3/2023 y sus acumuladas 4/2023, 5/2023, 6/2023, 7/2023, 8/2023, 9/2023, 10/2023, 12/2023, 13/2023, 14/2023, 21/2023, 24/2023, 48/2023 y 57/2023, 7/2022, 11/2022, 62/2023 y 105/2023, entre otras.

• Cuarto. Las disposiciones impugnadas de las leyes de ingresos de los municipios oaxaqueños de Tlacolula de Matamoros, Distrito de Tlacolula; y San Juan Bautista Valle Nacional, Distrito de Tuxtepec, Oaxaca, para el ejercicio fiscal 2024, al establecer una sanción pecuniaria a los establecimientos autorizados para venta de bebidas alcohólicas, expendan bebidas alcohólicas a personas “con deficiencias mentales”.

Si bien las normas combatidas tienen una apariencia neutra, constituyen una regulación discriminatoria en contra de las personas con discapacidad mental, que impide el reconocimiento de su dignidad humana, personalidad y capacidad jurídica.

Las disposiciones se encuentran relacionadas con las personas con discapacidad mental, las cuales permitan se siga perpetuando una visión de que dicho sector de la población no cuenta con capacidad para solicitar por sí mismos bienes y servicios, es decir, no se les ve como consumidoras, obstaculizando una igualdad sustantiva.

En específico, las normas controvertidas prevén la imposición de las siguientes multas: 100 UMA, equivalente a $10,857.00 pesos mexicanos, para el caso del Municipio de Tlacolula de Matamoros, Distrito de Tlacolula; mientras que en la municipalidad de San Juan Bautista Valle Nacional, Distrito de Tuxtepec la infracción podrá ser desde $8,000.00 a $12,000.00 pesos mexicanos, cuando un establecimiento autorizado para la venta de bebidas alcohólicas expenda bebidas alcohólicas a una “persona con deficiencias mentales”.

Las disposiciones impugnadas constituyen una medida discriminatoria en contra de las personas que viven con discapacidad mental y/o intelectual, pues le impiden que tengan una vida digna, autónoma e independiente dentro de la sociedad, afectando el reconocimiento de su personalidad jurídica como titulares plenos de derechos fundamentales, aunado a que refuerza los estereotipos, estigmas y prejuicios en torno a dicho sector de la población que han predominado históricamente.

Si bien el vicio de inconstitucionalidad, no se circunscribe únicamente al empleo del vocablo “con deficiencias mentales”, el diseño normativo de los preceptos reclamados se encuentra permeado de estigmas y prejuicios relacionados con las personas que viven con discapacidad mental y/o intelectual, lo cual impide la consolidación de una igualdad sustantiva.

8. Radicación y turno. La Ministra Presidenta de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación acordó formar y registrar la acción de inconstitucionalidad hecha valer por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con el expediente 124/2024,(4) y ordenó turnarlo al Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, como instructor del procedimiento, toda vez que existe identidad de decretos legislativos impugnados y lo controvertido en la diversa Acción de Inconstitucionalidad 123/2024, promovida por el Poder Ejecutivo Federal, por lo tanto, se ordenó la acumulación del expediente.

9. Admisión y trámite. Luego, el Ministro instructor admitió a trámite la demanda, tuvo como demandados a los Poderes Legislativo y Ejecutivo, ambos del Estado de Oaxaca, a los cuales, se requirió, para que rindieran sus respectivos informes.(5)

10. Finalmente, se ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República para efectos de que formulara pedimento si lo consideraba necesario.

11. Informe del Poder Legislativo de Estado de Oaxaca. Sergio López Sánchez, en su carácter de Diputado y Presidente de la Junta de Coordinación Política de la Sexagésima Quinta Legislatura Constitucional del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca, rindió el informe solicitado,(6) en el cual manifestó, en esencia, lo siguiente:

• No es cierto que los artículos de las leyes impugnadas contravengan las disposiciones constitucionales y convencionales a que hacen referencia la parte promovente.

• Respecto a la competencia alega que la vía intentada por los promoventes, no es la adecuada, pues los artículos de las leyes de ingresos impugnados no contravienen ninguna disposición de la Constitución Federal.

• Si bien se expidieron las leyes impugnadas, contrario a lo expuesto, esas disposiciones se encuentran fundadas y motivadas, pues el Congreso local actuó dentro de los límites de las atribuciones que la Constitución Federal y local le confiere.

• El hecho de que en algunas disposiciones no se encuentren definidos de manera expresa cada uno de los términos impugnados, ello no atribuye la inconstitucionalidad de los artículos reclamados, aunado a que no genera incertidumbre e indeterminación. • Los artículos impugnados no vulneran los principios de proporcionalidad tributaria y legalidad, pues, están acordes con la capacidad contributiva de los ciudadanos de cada uno de los municipios.

• Contario a lo expuesto no se prohíben las reuniones, pues las autoridades municipales consideran los permisos para llevarlas a cabo como una forma de mantener el orden y la seguridad jurídica de los demás habitantes, lo cual tampoco vulnera el principio de igualdad, prohibición, ni discriminación.

• Lo que se buscó por parte del legislador fue la de atender al principio de vinculación al gasto público para “contribuir para los gastos públicos”.

12. Informe del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca. Geovany Vásquez Sagrero, en su carácter de Consejero Jurídico del Gobierno del Estado de Oaxaca, en representación de dicho Poder, compareció a rendir el informe solicitado,(7) en el que expone, esencialmente, lo siguiente:

• En lo que interesa, se indicó que contrario a lo alegado, los artículos impugnados son constitucionales.

• Inexistencia de violaciones a la Constitución Federal. Como causa de improcedencia, alegó que se actualiza la prevista en el artículo 19, fracción VIII de la Ley Reglamentaria de la materia, en relación con el diverso 65, primer párrafo del referido ordenamiento, pues no existe violación a los artículos 1, 14, 16 y 31, fracción IV, de la Constitución Federal.

• Aunado al motivo de improcedencia hecho valer, los conceptos de invalidez hechos valer son infundados, pues dentro de su argumentación se ciñe a citar violaciones a los principios de proporcionalidad y equidad tributaria, así como al principio de taxatividad y a los derechos humanos de igualdad y no discriminación, sin que se advierta violación alguna por parte del Congreso y Poder Ejecutivo local.

• Por último, refiere que se debe sobreseer en la acción de inconstitucionalidad, pues, se actualiza una causa de improcedencia establecida en el artículo 19 de la Ley Reglamentaria de la materia, por lo que el Ministro instructor deberá determinar el sobreseimiento, de conformidad con el artículo 20, fracciones II y III, de la Ley Reglamentaria de la materia.

13. Luego, el Ministro instructor tuvo al Presidente de la Junta de Coordinación Política de la Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso y al Consejero Jurídico del Gobierno, ambos del Estado de Oaxaca, rindiendo los informes solicitados.(8) También, se apertura el plazo para formular alegatos.

14. Opinión del Fiscal General de la República. El Fiscal General de la República se abstuvo de formular pedimento.

15. Cierre de instrucción. Por último, se dio cuenta al Ministro instructor con el oficio presentado por la delegada del Poder Ejecutivo Federal, mediante el cual formuló alegatos. Por último, se acordó el cierre de instrucción(9) a efecto de elaborar el proyecto de resolución correspondiente.(10)

16. Avocamiento. Finalmente, el Ministro instructor previo dictamen solicitó remitir el expediente a la Primera Sala de este Alto Tribunal para su radicación y resolución.(11) Luego, la Ministra presidenta de la Primera Sala se avocó al conocimiento del asunto y remitió los autos al Ministro instructor para la elaboración del proyecto de resolución respectivo.(12)

I. COMPETENCIA

17. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad (y su acumulada), en términos de lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, incisos c) y g), de la Constitución Federal(13) y 10, fracción I,(14) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintiuno,(15) en relación con el punto Segundo, fracción II, y Tercero del Acuerdo General 1/2023 del Tribunal Pleno,(16) toda vez que el Ejecutivo Federal, por conducto de su Consejera Jurídica y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por conducto de su Presidenta, promueven su respectiva demanda contra normas generales al considerar que su contenido es inconstitucional. Por otra parte, se considera que en el asunto resulta innecesaria la intervención del Tribunal Pleno dado el sentido de la resolución.

II. PRECISIÓN DE LAS NORMAS IMPUGNADAS

18. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 41, fracción I,(17) de la Ley Reglamentaria de la materia, se procede a precisar las normas que son objeto de la controversia constitucional.

19. La Consejera Jurídica del Poder Ejecutivo Federal (acción de inconstitucionalidad 123/2024) promueve su demanda para combatir diversas disposiciones contenidas en las Leyes de Ingresos de diversos Municipios del Estado de Oaxaca, para el Ejercicio Fiscal 2024, publicadas en el Periódico Oficial local el once de mayo de dos mil veinticuatro, cuyas impugnaciones divide en tres temas concretos: A) cobro de multas por insultar a la autoridad; causar escándalo en la vía pública; causar molestias y turbar la tranquilidad; B) cobros de multa por organizar bailes y reuniones o aglomeraciones; y C) cobros de multa por organizar o jugar en espacios públicos.

20. Atento a ello, las normas que específicamente combate la accionante son las siguientes:

A) Cobros de multa por insultar a la autoridad; causar escándalo en la vía pública; causar molestias y turbar la tranquilidad.

Los artículos 64, 65, 38, 50, 170, de las leyes de ingresos de los municipios de San Miguel Peras, Zaachila; San Francisco Jaltepetongo, Nochixtlán; Santa María Ecatepec, Yautepec; Santa María del Rosario Tlaxiaco; Tlacolula de Matamoros, Tlacolula todas del Estado de Oaxaca, para el ejercicio fiscal 2024.

B) Cobros de multa por organizar bailes y reuniones o aglomeraciones.

El artículo 83 de la ley de ingresos del municipio de San Andrés, Cabecera Nueva, Putla, del Estado de Oaxaca, para el ejercicio fiscal 2024.

C) Cobros de multa por organizar o jugar en espacio públicos.

El artículo 172 de la ley de ingresos del municipio de Tlacolula de Matamoros, Tlacolula, del Estado de Oaxaca, para el ejercicio fiscal 2024.

21. Por otro lado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (acción de inconstitucionalidad 124/2024), de igual forma, promueve su demanda para combatir diversas disposiciones contenidas en las Leyes de Ingresos de diversos Municipios del Estado de Oaxaca, para el Ejercicio Fiscal 2024, publicadas en el Periódico Oficial local el once de mayo de dos mil veinticuatro, cuyas impugnaciones divide en tres temas concretos: A) cobros desproporcionados por reproducción de información, no relacionada con el derecho de acceso a la información; B) cobros por establecimiento de infracciones que causan inseguridad jurídica; C) cobros por establecimiento de infracciones que limitan la libertad de reunión; y D) cobros por infracciones discriminatorias en perjuicio de las personas que viven con discapacidad

22. Atento a ello, las normas que específicamente combate la accionante son las siguientes:

A) Cobros desproporcionados por reproducción de información, no relacionada con el derecho de acceso a la información.

1. Artículo 28, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de Santa María Ecatepec, Distrito de Yautepec, Oaxaca, para el Ejercicio Fiscal 2024.

2. Artículo 32, fracción III, de la Ley de Ingresos del Municipio de Reforma de Pineda, Distrito de Juchitán en el Estado de Oaxaca, para el Ejercicio Fiscal 2024.

3. Artículo 44, fracciones I y II, de la Ley de Ingresos del Municipio de Santa Ana del Valle, Distrito de Tlacolula, Oaxaca, para el Ejercicio Fiscal 2024.

4. Artículo 31, fracción II, de la Ley de Ingresos del Municipio de San Pablo Macuiltianguis, Benemérito Distrito de Ixtlán de Juárez, Oaxaca, para el Ejercicio Fiscal 2024.

5. Artículo 60, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de San Pablo Etla, Distrito de Etla, Oaxaca, para el Ejercicio Fiscal 2024.

6. Artículo 24, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de San Antonio Huitepec, Distrito de Zaachila, Oaxaca, para el Ejercicio Fiscal 2024.

7. Artículo 31, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de Santa María Tlahuitoltepec, Distrito Mixe, Oaxaca, para el Ejercicio Fiscal 2024.

8. Artículo 40, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de Santiago Ayuquililla, Distrito de Huajuapan, Oaxaca, para el Ejercicio Fiscal 2024.

9. Artículo 35, fracciones II y III, de la Ley de Ingresos del Municipio de San Martín Huamelúlpam, Distrito de Tlaxiaco, Oaxaca, para el Ejercicio Fiscal 2024.

B) Cobros por establecimiento de infracciones que causan inseguridad jurídica.

1. Artículo 170, incisos c) y g), Ley de Ingresos del Municipio de Tlacolula de Matamoros, Distrito de Tlacolula, Oaxaca, para el Ejercicio Fiscal 2024.

2. Artículo 65, fracción II, de la Ley de Ingresos del Municipio de Santa María del Rosario, Distrito de Tlaxiaco, Oaxaca, para el Ejercicio Fiscal 2024.

3. Artículo 50, fracción IV, de la Ley de Ingresos del Municipio de Santa María Ecatepec, Distrito de Yautepec, Oaxaca, para el Ejercicio Fiscal 2024.

4. Artículo 64, fracciones I y IV, de la Ley de Ingresos del Municipio de San Miguel Peras, Distrito de Zaachila, Oaxaca, para el Ejercicio Fiscal 2024.

C) Cobros por establecimiento de infracciones que limitan la libertad de reunión.

1. Artículo 83, letra D, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de San Andrés Cabecera Nueva, Distrito de Putla, Oaxaca, para el Ejercicio Fiscal 2024.

D) Cobros por establecimiento de infracciones discriminatorias en perjuicio de las personas que viven con discapacidad.

1. Artículo 172, fracción XVI, inciso c), en la porción normativa ‘o a personas con deficiencias mentales’, de la Ley de Ingresos del Municipio de Tlacolula de Matamoros, Distrito de Tlacolula, Oaxaca, para el Ejercicio Fiscal 2024.

2. Artículo 118, fracción IX, inciso d), en la porción normativa ‘o a personas con deficiencias mentales’, Ley de Ingresos del Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional, Distrito de Tux

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/201049-6ecc1948/i-accion-de-inconstitucionalidad-el-poder-ejecutivo-federal · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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