I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL PODER EJECUTIVO FEDERAL TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL DE CARÁCTER FEDERAL Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS VIOLA DERECHOS HUMANOS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, INCISO C), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL EJECUTIVO FEDERAL TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN REPRESENTACIÓN DE LA PRESIDENCIA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (ARTÍCULOS 43, FRACCIÓN X, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL Y 10, FRACCIÓN XIII, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL EJECUTIVO FEDERAL). III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDA LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA (ARTÍCULO 15, FRACCIONES I Y XI, DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS). IV. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS AL CONCLUIR LA VIGENCIA ANUAL DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA (DIVERSAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN ARTÍCULOS DE DISTINTAS LEYES DE INGRESOS MUNICIPALES, TODAS DEL ESTADO DE HIDALGO, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE DOS MIL VEINTICUATRO).
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 46/2024 Y SU ACUMULADA 52/2024. PODER EJECUTIVO FEDERAL Y COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 26 DE MARZO DE 2025. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS DE LAS SEÑORAS MINISTRAS Y DE LOS SEÑORES MINISTROS: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, ANA MARGARITA RÍOS FARJAT, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y LORETTA ORTIZ AHLF. AUSENTE: JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. PONENTE: MINISTRO ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. SECRETARIO: ALEJANDRO CASTAÑEDA BONFIL.
ÍNDICE TEMÁTICO
Normas impugnadas: Se impugnan diversos artículos de distintas leyes de ingresos municipales, todos del Estado de Hidalgo para el ejercicio fiscal de dos mil veinticuatro, publicadas en el Periódico Oficial del gobierno del referido Estado.
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Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veintiséis de marzo de dos mil veinticinco, emite la siguiente:
S E N T E N C I A
Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 46/2024 y su acumulada 52/2024, promovida por el Poder Ejecutivo Federal y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra de diversos artículos de leyes de ingresos municipales, todos del Estado de Hidalgo para el ejercicio fiscal de dos mil veinticuatro, publicadas en el Periódico Oficial del gobierno de la referida entidad federativa.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE DEL ASUNTO
1. Presentación de la demanda del Poder Ejecutivo Federal (acción de inconstitucionalidad 46/2024). María Estela Ríos González, ostentándose como Consejera Jurídica del Poder Ejecutivo Federal, promovió demanda de acción de inconstitucionalidad,(1) en contra de diversas disposiciones contenidas en leyes de ingresos municipales para el ejercicio fiscal de dos mil veinticuatro, del Estado de Hidalgo.
2. Conceptos de invalidez. En sus tres conceptos de invalidez, el Poder actor expresó, en síntesis, los argumentos siguientes:
• Primero. Las leyes de ingresos impugnadas (artículo 10) de diversos municipios del Estado de Hidalgo, que establecen cobros de derecho por alumbrado público vulneran los principios de seguridad jurídica, así como de proporcionalidad en las contribuciones tutelados por los artículos 16 y 31, fracción IV, de la Constitución Federal.
• El Congreso local no desglosó los conceptos que representan los costos del servicio de alumbrado público, por lo que no es posible determinar las cantidades que se gastaron en cada concepto, para establecer una tarifa proporcional para todos los contribuyentes, de ahí que devenga su inconstitucionalidad, pues se establecieron tarifas fijas para el cobro de servicio, sin especificar cuánto se gastaron por la instalación y mantenimiento de las luminarias.
• Las normas impugnadas establecen diversas tarifas para el cobro de servicio de alumbrado público, a saber: i) uso doméstico 5.0%; ii) uso comercial 5.0 % y iii) uso industrial 1.5%, lo anterior, sin ningún parámetro razonable, lo que no encuentra justificación, pues de ninguna forma se puede comprobar que ese sea el costo real que representa el servicio, ya que no se cuenta con las cantidades que erogó el municipio para arribar a la tarifa establecida por el legislador local.
• Segundo. Las leyes de ingresos impugnadas (artículo 16) de diversos municipios del Estado de Hidalgo, que establecen el cobro por registro de reconocimiento de hijos ante el registro civil, vulneran los principios de interdependencia e indivisibilidad, derecho a la identidad y principio de gratuidad, previsto en los artículos 1 y 4 de la Constitución Federal; 3 y 18 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos; 24 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como 7 y 8 de la Convención sobre los Derechos del Niño.
A) Principios de interdependencia, indivisibilidad y progresividad
El legislador del Estado incumplió con su obligación de promover, respetar, reconocer, proteger y garantizar el derecho a la identidad, toda vez que estableció un cobro por registro de reconocimiento de hijos ante el registro civil, lo que vulnera el artículo 4 de la Constitución Federal.
B) Derecho a la identidad
Las leyes impugnadas al establecer cobros indebidos por registro de reconocimiento de hijos ante el registro civil, constituye un factor de exclusión y discriminación para las personas, lo que afecta en mayor medida a las niñas y niños que pertenezcan a una población más marginada, ya que obstaculizan el registro universal, gratuito y oportuno, geográfico, económico o cultural; lo que contraviene el artículo 24 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el cual refiere que todo niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y deberá tener un nombre propio y, lo mismo debe prevalecer para los casos de ser reconocidos ante la autoridad correspondiente, ya que la Constitución no establece un tiempo definido para cumplir con esta obligación y mucho menos establece un cobro para la expedición de su primera acta de nacimiento, cuando se trate de un registro de reconocimiento de hijos.
• Tercero. Las leyes de ingresos impugnadas (artículo 17) de diversos municipios del Estado de Hidalgo, que establecen el cobro por concepto de certificación y expedición de copias, vulneran los principios de gratuidad en materia de acceso a la información y proporcionalidad tributaria, previstos en los artículos 6 Apartado A, fracción III y 31, fracción IV de la Constitución Federal.
A) Principio de gratuidad en materia de acceso a la información
Los artículos impugnados establecen un pago de derechos por concepto de certificación y expedición de copias, lo que contraviene el artículo 6 de la Constitución y, en específico, el principio de gratuidad, al prever una tarifa para localizar la información solicitada sin importar la modalidad de entrega de la misma.
B) Principio de proporcionalidad tributaria
Los preceptos señalados de inconstitucionales violan el principio de proporcionalidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución, toda vez que no existe una relación razonable entre la tarifa establecida y el costo del servicio que proporcionan efectivamente los municipios del Estado de Hidalgo.
Las disposiciones impugnadas establecen un pago que va de los $15.00 (quince pesos 00/100 M.N.), hasta los $267.10 (doscientos sesenta y siete pesos 10/100 M.N.) con motivo de la expedición de certificaciones y copias simples, es decir, se trata de un cobro excesivo, dado que la cuota determinada no encuentra justificación, pues de ninguna forma puede considerarse que ese sea el costo de los materiales utilizados para la reproducción fotostática o certificada.
3. Radicación y turno. La Ministra Presidenta de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación acordó formar y registrar la presente acción de inconstitucionalidad bajo el expediente 46/2024,(2) y ordenó turnarlo al Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, como instructor del procedimiento.
4. Presentación de la demanda de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (acción de inconstitucionalidad 52/2024). María del Rosario Piedra Ibarra ostentándose como Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, promovió demanda de acción de inconstitucionalidad,(3) en contra de diversas disposiciones contenidas en leyes de ingresos municipales para el ejercicio fiscal dos mil veinticuatro, del Estado de Hidalgo.
5. Conceptos de invalidez. En sus tres conceptos de invalidez, la Comisión accionante expresó, en síntesis, los argumentos siguientes:
• Primero. Las leyes de ingresos impugnadas (artículo 10) de diversos municipios del Estado de Hidalgo, que establecen cobros por la certificación y expedición de copias a cargo de distintas autoridades municipales, así como de constancias que obren en los archivos municipales, los cuales no atienden a los costos reales del servicio prestado por los municipios; además de que en algunos casos, los montos se encuentran diferenciados sin justificación alguna, a pesar de que se trata del mismo concepto, vulneran los principios de justicia tributaria, reconocido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal.
Las normas impugnadas vulneran el principio de proporcionalidad en las contribuciones, así como de seguridad jurídica y legalidad, pues las cuotas no atienden al costo real del servicio presentado por los municipios, además de que los supuestos normativos no dan claridad respecto de si la cuota prevista es por legajo o expediente o por una sola copia simple o certificada, lo cual genera inseguridad jurídica a las personas, pues no sabrán cuál será el cobro por el servicio que soliciten.
• Segundo. Las leyes de ingresos impugnadas (artículo 35) de diversos municipios del Estado de Hidalgo, que establecen cuotas injustificadas por la entrega de información pública solicitada en ejercicio del derecho de acceso a la información pública, vulneran el derecho de acceso a la información, de gratuidad, reconocidos en los artículo 6° apartado A, fracción III, de la Constitución Federal 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
El Congreso del Estado de Hidalgo estableció diferentes cuotas para la reproducción de información en ejercicio del derecho de acceso a la información pública:
• En hoja simple $2.40 a $46.70 pesos mexicanos.
• En copia certificada de $8.30 a $91.50 pesos mexicanos.
• En disco compacto de $16.20 a $269.70 pesos mexicanos.
• En USB, $268.13 pesos, únicamente en el Municipio de Atotonilco el Grande.
Los materiales que adquieran los municipios para la reproducción de información derivada del derecho de acceso a la información pública deben hacerse a las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad. Además, la obtención de las mejores condiciones tiene como fin que los montos permitan o faciliten el ejercicio del derecho de acceso a la información como lo dispone el artículo 141 de Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
• Tercero. Las leyes de ingresos impugnadas (artículo 10) de diversos municipios del Estado de Hidalgo, que establecen el cobro por el servicio de alumbrado público, transgrede el derecho de seguridad jurídica y los principios de legalidad, reserva de ley y justicia tributaria.
Por un lado, se delega la facultad de determinar elementos de la contribución en una entidad descentralizada a través de un convenio, lo que propicia la arbitrariedad y la incertidumbre, respecto de las cuotas que las personas deben pagar por el servicio respectivo; por el otro, cuando no se haya celebrado el convenio respectivo, el monto a pagar dependerá de un porcentaje sobre el consumo de energía eléctrica de los contribuyentes, lo cual escapa de las atribuciones del legislador local.
6. Radicación y turno. La Ministra Presidenta de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación acordó formar y registrar la acción de inconstitucionalidad hecha valer por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con el expediente 52/2024,(4) y ordenó turnarlo al Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, como instructor del procedimiento, toda vez que existe identidad de decretos legislativos impugnados y lo controvertido en la diversa Acción de Inconstitucionalidad 46/2024, promovida por el Poder Ejecutivo Federal, por lo tanto, se ordenó la acumulación del expediente.
7. Admisión y trámite. Luego, el Ministro instructor admitió a trámite la demanda, tuvo como demandados a los Poderes Legislativo y Ejecutivo, ambos del Estado de Hidalgo, a los cuales, se requirió, para que rindieran sus respectivos informes.(5)
8. Finalmente, se ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República para efectos de que formulara pedimento si lo consideraba necesario.
9. Informe del Poder Legislativo de Estado de Hidalgo. Elvia Yanet Sierra Vite, en su carácter de Diputada y Presidenta del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, rindió el informe solicitado,(6) en el cual manifestó, en esencia, lo siguiente:
• Respecto al primer concepto de invalidez hecho valer por la Consejería General Jurídica del Ejecutivo Federal y tercero de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, respecto al cobro por derecho de alumbrado público, lo alegado resulta inoperante, pues, en términos del artículo 115, fracciones III, inciso b) y IV inciso c) de la Constitución Federal, los municipios tienen libre administración de su hacienda y control de los servicios públicos municipales, entre ellos, proporcionar el servicio de alumbrado público.
• Agrega que se justifica la remuneración por el concepto impugnado, pues, al quedar fijada la base imponible para calcular la contribución conforme al costo global generado por la prestación del servicio otorgado por el ente público (Municipio), se trata de un derecho y no de un impuesto.
• Respecto al segundo concepto de invalidez hecho valer por la Consejería General Jurídica del Ejecutivo Federal, respecto al cobro por registro de reconocimiento de hijos, contrario a lo aducido, los numerales impugnados, se sujetan al respeto de los derechos humanos reconocidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales reconocidos por el Estado Mexicano.
• Por último, respecto al tercer concepto de invalidez hecho valer por la Consejería General Jurídica del Ejecutivo Federal, así como primero y segundo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, relativos a la certificación y expedición de copias, expedición de constancias de documentos que obren en archivos municipales y copia simple de documento digitalizado, así como expedición de hojas simples por cada hoja y disco compacto, contrario a lo aducido, se satisfacen los requisitos de proporcionalidad, pues, al fijar los derechos de que se trata, es decir, con el costo del servicio que presta el Municipio -dentro de sus funciones- se apega al principio de acceso a la información pública y de gratuidad de la información.
• Es válido que el legislador varié cuotas y tarifas distintas, de manera excepcional, cuando la prestación del referido servicio requiere de una compleja conjunción de actos materiales para poder prestar el servicio.
• En suma, las normas impugnadas no transgreden la Constitución Federal, sino que atienden a establecer las cuotas que se deberán considerar para cobrar el servicio público municipal de alumbrado público o faciliten el derecho de acceso a la información, en respeto de la autonomía hacendaria de los municipios, para establecer cuotas para el cobro de derechos.
10. Informe del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo. Raúl Serret Lara, en su carácter de Coordinador General Jurídico de la Secretaría de Gobierno del Estado de Hidalgo, en representación de dicho Poder, compareció a rendir el informe solicitado,(7) en el que expone, esencialmente, lo siguiente:
• En lo que interesa, se indicó que en términos de los artículos 51 y 71, fracción I, de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, el Gobernador Constitucional del Estado de Hidalgo tuvo a bien promulgar y ordenar la impresión, publicación y circulación para su exacta observancia y debido cumplimiento de los Decretos por medio de los cuales se expidieron las leyes de ingresos de los municipios materia de impugnación.
11. Luego, el Ministro instructor tuvo a la Presidenta de la Directiva del Congreso y al Coordinador General Jurídico del Poder Ejecutivo, ambos del Estado de Hidalgo, rindiendo los informes solicitados.(8) Se precisó que no pasaba desapercibido que el Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo rindió su informe de manera extemporánea.(9) También, se apertura el plazo para formular alegatos.
12. Opinión del Fiscal General de la República. El Fiscal General de la República se abstuvo de formular pedimento.
13. Cierre de instrucción. Por último, se dio cuenta al Ministro instructor con el cumplimiento al requerimiento formulado por el Director General de la Coordinación de Asesoría y representante legal del Congreso del Estado de Hidalgo, así como con el oficio presentado por el delegado del Poder Ejecutivo Federal, mediante el cual formuló alegatos. Por último, se acordó el cierre de instrucción(10) a efecto de elaborar el proyecto de resolución correspondiente.(11)
14. Avocamiento. Finalmente, el Ministro instructor previo dictamen solicitó remitir el expediente a la Primera Sala de este Alto Tribunal para su radicación y resolución.(12) Luego, la Ministra presidenta de la Primera Sala se avocó al conocimiento del asunto y remitió los autos al Ministro instructor para la elaboración del proyecto de resolución respectivo.(13)
I. COMPETENCIA
15. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad (y su acumulada), en términos de lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, incisos c) y g), de la Constitución Federal(14) y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(15) en relación con el punto Segundo, fracción II, y Tercero del Acuerdo General 1/2023 del Tribunal Pleno,(16) toda vez que el Ejecutivo Federal, por conducto de su Consejera Jurídica y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por conducto de su Presidenta, promueven su respectiva demanda contra normas generales al considerar que su contenido es inconstitucional. Por otra parte, se considera que en el asunto resulta innecesaria la intervención del Tribunal Pleno dado el sentido de la resolución.
II. PRECISIÓN DE LAS NORMAS IMPUGNADAS
16. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 41, fracción I,(17) de la Ley Reglamentaria de la materia, se procede a precisar las normas que son objeto de la controversia constitucional.
17. La Consejera Jurídica del Poder Ejecutivo Federal (acción de inconstitucionalidad 46/2024) promueve su demanda para combatir diversas disposiciones contenidas en la Leyes de Ingresos de diversos Municipios del Estado de Hidalgo, para el Ejercicio Fiscal 2024, publicadas en el Periódico Oficial local el veintinueve de diciembre de dos mil veintitrés, cuyas impugnaciones divide en tres temas concretos: A) Cobros por servicio de alumbrado público; B) Cobros por registro de reconocimiento de hijos ante el registro civil; y C) Cobros por concepto de certificación y expedición de copias, no relacionados con acceso a la información. Las normas que específicamente combate la accionante son:
A) Cobros por servicio de alumbrado público.
• Los artículos 10 de las leyes de ingresos de los municipios de Atitalaquia, Atotonilco el Grande, Tenango de Doria, Tepehuacán de Guerrero, Huehuetla, Huichapan, Villa de Tezontepec, Xochicoatlán, Tlanchinol, Ajacuba, Acatlán, Nopala, Molango de Escamilla, Mixquiahuala de Juárez, Pacula, Francisco I. Madero, Eloxochitlán, Singuilucan, Chapantongo, San Salvador, Mineral del Monte, La Misión, Tlahuiltepa, Tlanalapa, San Agustín Metzquititlán, Nicolás Flores, Cuautepec de Hinojosa, Cardonal, Calnali, Atotonilco de Tula, Santiago de Anaya, San Felipe Orizatlán, San Bartolo Tutotepec, San Agustín Tlaxiaca, Atlapexco, Alfajayucan, Progreso de Obregón, Pachuca de Soto, Agua Blanca de Iturbide, Actopan, Acaxochitlán, Tepeapulco, Tlahuelilpan, Tizayuca, Tianguistengo, Huejutla de Reyes, Tezontepec de Aldama, Tetepango, Tepetitlán, Tepeji del Río Ocampo, El Arenal, Chilcuautla, Chapulhuacán, Emiliano Zapata, Xochiatipan, Tula de Allende, Tlaxcoapan, Huautla, Epazoyucan, Tasquillo, Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero, Almoloya, Omitlán de Juárez, Pisaflores, Ixmiquilpan, Jacala de Ledezma, Jaltocán, Juárez de Hidalgo, Zimapán, Zempoala, Zacualtipán de Ángeles, Yahualica, Mineral del Chico, Metztitlán, Metepec, Lolotla, Tolcayuca y Mineral de la Reforma, todas del Estado de Hidalgo, para el ejercicio fiscal 2024.
B) Cobros por registro de reconocimiento de hijos ante el registro civil. • Los artículos 16 de las leyes de ingresos de los municipios de Atitalaquia, Atotonilco el Grande, Tenango de Doria, Tepehuacán de Guerrero, Huehuetla, Huichapan, Villa de Tezontepec, Xochicoatlán, Tlanchinol, Ajacuba, Acatlán, Nopala, Molango de Escamilla, Mixquiahuala de Juárez, Pacula, Francisco I. Madero, Eloxochitlán, Singuilucan, Chapantongo, San Salvador, Mineral del Monte, La Misión, Tlahuiltepa, Tlanalapa, San Agustín Metzquititlán, Nicolás Flores, Cuautepec de Hinojosa, Cardonal, Calnali, Atotonilco de Tula, Santiago de Anaya, San Felipe Orizatlán, San Bartolo Tutotepec, San Agustín Tlaxiaca, Atlapexco, Alfajayucan, Progreso de Obregón, Pachuca de Soto, Agua Blanca de Iturbide, Actopan, Acaxochitlán, Tepeapulco, Tlahuelilpan, Tizayuca, Tianguistengo, Huejutla de Reyes, Tezontepec de Aldama, Tetepango, Tepetitlán, Tepeji del Río Ocampo, El Arenal, Chilcuautla, Chapulhuacán, Emiliano Zapata, Xochiatipan, Tula de Allende, Tlaxcoapan, Huautla, Epazoyucan, Tasquillo, Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero, Almoloya, Omitlán de Juárez, Pisaflores, Ixmiquilpan, Jacala de Ledezma, Jaltocán, Juárez de Hidalgo, Zimapán, Zempoala, Zacualtipán de Ángeles, Yahualica, Mineral del Chico, Metztitlán, Metepec, Lolotla, Tolcayuca y Mineral de la Reforma, todas del Estado de Hidalgo, para el ejercicio fiscal 2024.
C) Cobros por concepto de certificación y expedición de copias, no relacionados con acceso a la información.
• Los artículos 17 de las leyes de ingresos de los municipios de Atitalaquia, Atotonilco el Grande, Tenango de Doria, Tepehuacán de Guerrero, Huehuetla, Huichapan, Villa de Tezontepec, Xochicoatlán, Tlanchinol, Ajacuba, Acatlán, Nopala, Molango de Escamilla, Mixquiahuala de Juárez, Pacula, Francisco I. Madero, Eloxochitlán, Singuilucan, Chapantongo, San Salvador, Mineral del Monte, La Misión, Tlahuiltepa, Tlanalapa, San Agustín Metzquititlán, Nicolás Flores, Cuautepec de Hinojosa, Cardonal, Calnali, Atotonilco de Tula, Santiago de Anaya, San Felipe Orizatlán, San Bartolo Tutotepec, San Agustín Tlaxiaca, Atlapexco, Alfajayucan, Progreso de Obregón, Pachuca de Soto, Agua Blanca de Iturbide, Actopan, Acaxochitlán, Tepeapulco, Tlahuelilpan, Tizayuca, Tianguistengo, Huejutla de Reyes, Tezontepec de Aldama, Tetepango, Tepetitlán, Tepeji del Río Ocampo, El Arenal, Chilcuautla, Chapulhuacán, Emiliano Zapata, Xochiatipan, Tula de Allende, Tlaxcoapan, Huautla, Epazoyucan, Tasquillo, Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero, Almoloya, Omitlán de Juárez, Pisaflores, Ixmiquilpan, Jacala de Ledezma, Jaltocán, Juárez de Hidalgo, Zimapán, Zempoala, Zacualtipán de Ángeles, Yahualica, Mineral del Chico, Metztitlán, Metepec, Lolotla, Tolcayuca y Mineral de la Reforma, todas del Estado de Hidalgo, para el ejercicio fiscal 2024.
18. Por otro lado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (acción de inconstitucionalidad 52/2024), de igual forma, promueve su demanda para combatir diversas disposiciones contenidas en las Leyes de Ingresos de diversos Municipios del Estado de Hidalgo, para el Ejercicio Fiscal 2024, publicadas en el Periódico Oficial local el veintinueve de diciembre de dos mil veintitrés, cuyas impugnaciones divide en tres temas concretos: A) Cobros por servicios de reproducción de información, no relacionados con el derecho de acceso a la información (certificación y expedición de copias, expedición de constancias y documentos que obren en los archivos municipales y copia simple de documento digitalizado); B) Cobros por servicios de reproducción de información, relacionados con el derecho de acceso a la información; y C) Cobros por servicio de alumbrado público.
19. Las normas que específicamente combate la accionante son las siguientes:
A) Cobros por servicios de reproducción de información, no relacionados con el derecho de acceso a la información (certificación y expedición de copias, expedición de constancias y documentos que obren en los archivos municipales y copia simple de documento digitalizado).
• Los artículos 17 de las leyes de ingresos de los municipios de: Acatlán, Acaxochitlán, Actopan, Agua Blanca de Iturbide, Ajacuba, Mixquiahuala de Juárez, Molango de Escamilla, Nicolás Flores, Nopala de Villagrán, Omitlán de Juárez, Pacula, Alfajayucan, Almoloya, Apan, Atitalaquia, Atlapexco, Atotonilco el Grande, Atotonilco de Tula, Calnali, Cardonal, Cuautepec de Hinojosa y Chapantongo, todas del Estado de Hidalgo, para el ejercicio fiscal 2024.
B) Cobros por servicios de reproducción de información, relacionados con el derecho de acceso a la información.
• Los artículos 35 de las leyes de ingresos de los municipios(18) de: Acatlán, Acaxochitlán, Actopan, Agua Blanca de Iturbide, Ajacuba, Mixquiahuala de Juárez, Molango de Escamilla, Nicolás Flores, Nopala de Villagrán, Omitlán de Juárez, Pacula, Alfajayucan, Almoloya, Apan, Atitalaquia, Atlapexco, Atotonilco el Grande, Atotonilco de Tula, Calnali, Cardonal y Chapantongo, todas del Estado de Hidalgo, para el ejercicio fiscal 2024.
C) Cobros por servicio de alumbrado público.
Los artículos 10 de las leyes de ingresos de los municipios de: Acatlán, Acaxochitlán, Actopan, Agua Blanca de Iturbide, Ajacuba, Mixquiahuala de Juárez, Molango de Escamilla, Nicolás Flores, Nopala de Villagrán, Omitlán de Juárez, Pacula, Alfajayucan, Almoloya, Apan, Atitalaquia, Atlapexco, Atotonilco el Grande, Atotonilco de Tula, Calnali, Cardonal, Cuautepec de Hinojosa y Chapantongo, todas del Estado de Hidalgo, para el ejercicio fiscal 2024.
III. OPORTUNIDAD
20. De la lectura de las constancias se advierte que el presente medio de control constitucional resulta oportuno.(19)
IV. LEGITIMACIÓN
21. Acción de Inconstitucionalidad 46/2024. De acuerdo con el artículo 105, fracción II, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(20) el Ejecutivo Federal, por conducto de su consejera Jurídica es un ente legitimado para promover el presente medio de control constitucional; por otra parte, el primer párrafo del artículo 11 de la Ley Reglamentaria de la materia(21) señala que los promoventes deben comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que legalmente estén facultados para ello.
22. En el caso, el Poder Ejecutivo Federal comparece a través de María Estela Ríos González, en su carácter de consejera Jurídica quien acreditó su personalidad en términos de la copia certificada del acuerdo presidencial de dos de septiembre de dos mil veintiuno relativo a su nombramiento; por tanto, se reconoce su legitimación.
23. Luego, si en el caso se promovió la presente acción de inconstitucionalidad en contra de preceptos contenidos en la Ley de Ingresos de diversos Municipios del Estado de Hidalgo, para el Ejercicio Fiscal de 2024, cuenta con legitimación para impugnarlos.
24. Acción de inconstitucionalidad 52/2024. La demanda de la acción acumulada 52/2024 fue suscrita por María del Rosario Piedra Ibarra, en su carácter de Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quien exhibió copia certificada del acuerdo de su designación por el Senado de la República de doce de noviembre de dos mil diecinueve y acorde con las fracciones I y XI del artículo 15 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos,(22) ejerce la representación legal de ese órgano autónomo y cuenta con la facultad para promover acciones de inconstitucionalidad.
25. Del escrito de demanda se desprende que la promovente reclama la invalidez de preceptos contenidos en la Ley de Ingresos de diversos Municipios del Estado de Hidalgo, para el Ejercicio Fiscal de 2024, pues estima que son contrarios a diversos principios y derechos de rango constitucional y convencional.
V. SOBRESEIMIENTO
26. Esta Primera Sala considera que en el caso debe sobreseerse en la presente acción de inconstitucionalidad y su acumulada al haber sobrevenido su improcedencia por cesación de efectos de las normas impugnadas.
27. Ahora bien, el artículo 19, fracción V, aplicable a las acciones de inconstitucionalidad en términos de los artículos 59 y 65, todos de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(23) textualmente dispone:
“ARTÍCULO 19. Las controversias constitucionales son improcedentes:
(...)
V. Cuando hayan cesado los efectos de la norma general o acto materia de la controversia;
(...).”
28. Del artículo antes transcrito se desprende que las controversias constitucionales son improcedentes cuando han cesado los efectos de la norma general o el acto impugnado, esto es, cuando hayan dejado de surtir efectos jurídicos. Tratándose de acciones de inconstitucionalidad, es posible afirmar que la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción V, antes citado, se actualiza cuando dejan de producirse los efectos de la norma general cuya invalidez se demanda, al constituir ésta el único objeto de análisis en este medio de control constitucional.
29. A diferencia del resto de las normas, cuya vigencia no se agota con su aplicación y sus efectos se prolongan en el tiempo, siempre y cuando no sean reformadas, derogadas o abrogadas a través del mismo procedimiento llevado a cabo para su creación, las normas contenidas en las leyes de ingresos y de egresos están sujetas al principio de anualidad, de acuerdo con el cual su vigencia concluye con el ejercicio fiscal que regulan.
30. Este principio se desprende del artículo 74 de la Constitución Federal, de acuerdo con el cual es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, a más tardar el quince del mes de noviembre. Por otro lado, también establece que el titular del Poder Ejecutivo Federal hará llegar a la Cámara de Diputados la iniciativa de Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el ocho de septiembre de cada año.
31. De esta manera, es obligación del Congreso de la Unión aprobar el “Paquete Económico” que regirá anualmente, previo al inicio del ejercicio fiscal, el cual es coincidente con el año calendario.
32. Este principio es aplicable a las le
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/201036-518a1185/i-accion-de-inconstitucionalidad-el-poder-ejecutivo-federal · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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