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Modo: Corpus Pro

I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL PODER EJECUTIVO FEDERAL TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL DE CARÁCTER FEDERAL Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS VIOLA DERECHOS HUMANOS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, INCISO C), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL EJECUTIVO FEDERAL TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN REPRESENTACIÓN DE LA PRESIDENCIA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (ARTÍCULOS 43, FRACCIÓN X, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL Y 1 Y 10, FRACCIÓN XIII, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL EJECUTIVO FEDERAL). III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL DE CARÁCTER FEDERAL Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS VIOLA DERECHOS HUMANOS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, INCISO G), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. IV. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDA LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA (ARTÍCULOS 15, FRACCIONES I Y XI, DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y 18 DE SU REGLAMENTO). V. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS AL CONCLUIR LA VIGENCIA ANUAL DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA (DIVERSAS LEYES DE INGRESOS MUNICIPALES DEL ESTADO DE JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL DE DOS MIL VEINTICUATRO).

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 17/2024 Y SU ACUMULADA 31/2024. · Registro digital (IUS): 201048
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: PODER EJECUTIVO FEDERAL Y LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.
Localización: Duodécima Época. Segunda Sala. Sistema de Precedentes en Controversias Constitucionales y en Acciones de Inconstitucionalidad

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 17/2024 Y SU ACUMULADA 31/2024. PODER EJECUTIVO FEDERAL Y LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 6 DE AGOSTO DE 2025. CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS YASMÍN ESQUIVEL MOSSA, ALBERTO PÉREZ DAYÁN, LENIA BATRES GUADARRAMA Y PRESIDENTE JAVIER LAYNEZ POTISEK. PONENTE: LENIA BATRES GUADARRAMA. SECRETARIO: JULIÁN AGUIRRE GAONA.

SÍNTESIS

El Poder Ejecutivo Federal y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), promovieron acciones de inconstitucionalidad en las que solicitaron que se declare la invalidez de un cúmulo de disposiciones normativas contenidas en leyes de ingresos municipales del estado de Jalisco para el ejercicio fiscal dos mil veinticuatro, las cuales prevén el pago de derechos por concepto de búsqueda de antecedentes, licencias, recibos oficiales, actas del registro civil, por certificaciones catastrales, por búsqueda y expedición de archivo o expediente, por información en disco compacto CD o DVD, por expedición de copias simples, por la prestación del servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento que dependerá de la extensión de los predios; así como por sanciones del orden administrativo por realizar bailes y eventos en domicilios particulares, por causar escándalos que molesten a los vecinos en lugares públicos o privados derivado de prácticas musicales después de las 22:00 horas, por exhibir cartulinas o posters que ofendan al pudor o la moral, por realizar en plazas y jardines actividades que constituyan un peligro para la comunidad o colocar sin la autorización correspondiente tiendas, cobertizos, techos o vehículos que obstruyan el libre tránsito de los peatones, por practicar juegos en las vialidades o lugares que representen algún peligro para la vida o integridad corporal propia o de terceros, por usar prendas u objetos que por su naturaleza denoten peligrosidad, actos contra la moral y las buenas costumbres, por incumplimiento de ordenamientos de carácter municipal, por realizar actividades distintas a las autorizadas en la licencia o permiso municipal, por molestar o causar daño a las personas de manera individual o en grupo, por participar en riñas, actos de exhibicionismo, por proferir palabras altisonantes en lugares públicos o privados y por usar artículos u objetos que causen molestias a las personas, propiedades o animales.

ÍNDICE TEMÁTICO

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Ciudad de México. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en sesión correspondiente al seis de agosto de dos mil veinticinco, emite la siguiente:

SENTENCIA

El Poder Ejecutivo Federal y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, promovieron diversas acciones de inconstitucionalidad en las que solicitan se declare la invalidez de un cúmulo de disposiciones normativas contenidas en leyes de ingresos municipales del estado de Jalisco para el ejercicio fiscal dos mil veinticuatro, que prevén el pago de derechos por concepto de búsqueda de antecedentes, licencias, recibos oficiales, actas del registro civil, por certificaciones catastrales, por búsqueda y expedición de archivo o expediente, por información en disco compacto CD o DVD, por expedición de copias simples por la prestación del servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento que dependerá de la extensión de los predios; así como por sanciones del orden administrativo por realizar bailes y eventos en domicilios particulares, por causar escándalos que molesten a los vecinos en lugares públicos o privados derivado de prácticas musicales después de las 22:00 horas, por exhibir cartulinas o posters que ofendan al pudor o la moral, por realizar en plazas y jardines actividades que constituyan un peligro para la comunidad o colocar sin la autorización correspondiente tiendas, cobertizos, techos o vehículos que obstruyan el libre tránsito de los peatones, por practicar juegos en las vialidades o lugares que representen peligro para la vida o integridad corporal propia o de terceros, por usar prendas u objetos que por su naturaleza denoten peligrosidad, actos contra la moral y las buenas costumbres, por incumplimiento a ordenamientos de carácter municipal, por realizar actividades distintas a las autorizadas en la licencia o permiso municipal, por molestar o causar daño a las personas de manera individual o en grupo, por participar en riñas, actos de exhibicionismo, por proferir palabras altisonantes en lugares públicos o privados y por usar artículos u objetos que causen molestias a las personas, propiedades o animales.

El problema jurídico para resolver por esta Segunda Sala de la SCJN consiste en determinar si se debe sobreseer la acción de inconstitucionalidad y su acumulada por la cesación de los efectos de las normas impugnadas.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LAS DEMANDAS

1. Presentación de escritos iniciales. María Estela Ríos González, en su carácter de consejera jurídica del Ejecutivo Federal, en representación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos(1) y María del Rosario Piedra Ibarra, como Presidenta de la CNDH,(2) presentaron acciones de inconstitucionalidad mediante buzón Judicial de la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta SCJN, solicitando la invalidez de diversos artículos de la Ley de Ingresos de diversos municipios del estado de Jalisco, para el ejercicio fiscal dos mil veinticuatro, publicadas en el Periódico Oficial de la Entidad los días diecinueve y veintiuno de diciembre de dos mil veintitrés.

2. Conceptos de invalidez. Las promoventes en sus conceptos de invalidez manifestaron, esencialmente lo siguiente:

a) Acción de inconstitucionalidad 17/2024. En el escrito inicial de la demanda la consejería jurídica del Ejecutivo Federal solicitó la invalidez de diversas normas y expusieron en síntesis los siguientes conceptos de invalidez:

Primero. Los artículos 63, fracción V, de Guachinango; 80, fracciones IV y V, de Atengo; 62, fracción VI y 64, fracción II, inciso a, de Juanacatlán; 56, fracción V, de Cañadas de Obregón; 73, fracción II, incisos a, b, c y d, de Casimiro Castillo; 89, fracción VI, inciso a, de Ixtlahuacán de los Membrillos; 81, inciso d, numeral 1, de La Manzanilla de la Paz; 130, fracción XII, numeral 1, de Jocotepec; 61, fracción V, de Totatiche; 93, fracción XV y 94, fracción II, incisos a, b y c, de Zapopan, Violan el principio de gratuidad en materia de acceso a la información y proporcionalidad tributaria, con motivo del cobro por búsqueda información transgrede los artículos, 6o, apartado A, fracción III y 31, fracción IV de la CPEUM.

Vulneración al derecho de acceso a la información y al principio de gratuidad. Mencionó que los artículos impugnados del estado de Jalisco establecen una tarifa por la búsqueda de información en archivos públicos municipales, lo cual contradice el principio de gratuidad reconocido en el artículo 6o. constitucional y en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP), esta tarifa representa un requisito adicional no contemplado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), que limita injustificadamente el derecho de acceso a la información pública. La imposición de dicho cobro afecta negativamente el ejercicio de este derecho en sus dos dimensiones: individual y colectiva, lo cual se vuelve discriminatorio ya que excluye a quienes no tienen recursos económicos para pagar por la simple localización de la información. Por tanto, dicha medida resulta inconstitucional al vulnerar la accesibilidad universal que debe garantizarse en el ejercicio de los derechos fundamentales.

Vulneración al principio de proporcionalidad tributaria. Argumentó que los preceptos señalados como inconstitucionales, los cuales establecen cobros por búsqueda y expedición de copias simples de información pública, vulneran el principio de proporcionalidad tributaria, ya que las tarifas, que oscilan entre $33.81 (treinta y tres pesos 81/100 M.N.) hasta los $343.20 pesos (trescientos cuarenta y tres pesos 20/100 M.N.), carecen de justificación objetiva, ya que no guardan relación razonable con los costos reales de búsqueda o reproducción de información.

Además, los criterios jurisprudenciales de esta SCJN confirman que las cuotas deben corresponder con el costo efectivo del servicio público y no deben ser utilizadas como medio de recaudación desproporcionada.

Arguyó que el cobro por copias simples antes de las primeras 20 fojas, como ocurre en municipios como Jocotepec y La Manzanilla de la Paz, infringe directamente el principio de gratuidad establecido en el artículo 141 de la LGTAIP. Por tanto, las normas impugnadas de ingresos municipales para el ejercicio fiscal dos mil veinticuatro son inconstitucionales al imponer tarifas excesivas y arbitrarias que violan derechos fundamentales reconocidos en la CPEUM, afectando injustamente a quienes solicitan información pública.

Segundo. Los artículos 111, fracción VII, numeral 12, de Ixtlahuacán de los Membrillos; 140, fracción XI, numeral 6, de Jocotepec; 91, fracción XIX, numeral 13, de Etzatlán; 94, fracción IV, inciso f, de Tonalá, que prevén cobros por bailes o eventos particulares de las leyes de ingresos de diversos municipios del estado de Jalisco, para el ejercicio fiscal dos mil veinticuatro, vulneran el derecho a la libertad de reunión, así como los principios de seguridad jurídica, legalidad y proporcionalidad, previstos en los artículos 9, 14, 16 y 31, fracción IV, de la CPEUM.

Vulneración al principio de seguridad jurídica y legalidad. Argumentó que la norma que pretende imponer multas por realizar "bailes en domicilios particulares" carece de definición clara, lo que genera incertidumbre jurídica para los gobernados, tampoco se explicita qué tipo de eventos se sancionan, cuáles son los elementos que configuran la infracción, ni en qué momento se genera la obligación de pago. Al no establecer con precisión las condiciones de aplicación de dicha multa, ni justificar por qué debe pagarse sin autorización municipal, la regulación resulta ambigua, arbitraria y contraria al derecho de los ciudadanos de conocer con certeza jurídica el alcance de las normas que les afectan.

Vulneración al principio de proporcionalidad. Señaló que este principio exige que las contribuciones correspondan de forma justa y razonable a la capacidad económica del contribuyente y estén vinculadas a una manifestación de riqueza, en el caso planteado, los eventos no generan utilidad ni beneficio económico, por lo que no puede justificarse el cobro de multas que van desde $868.56 (ochocientos sesenta y ocho pesos 56/100 M.N.), hasta $15,641.00 pesos (quince mil seiscientos cuarenta y un pesos 00/100 M.N.). La imposición de estos pagos, sin base objetiva, desnaturaliza el sentido de las contribuciones y se convierte en una medida arbitraria que viola el equilibrio fiscal exigido por la CPEUM.

Vulneración al derecho de libertad de reunión. Refirió que los artículos impugnados vulneran el derecho fundamental de libertad de reunión previsto en el artículo 9o. de la CPEUM, así como en instrumentos internacionales como el artículo 11 y 15 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) y 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), al imponer multas por realizar "bailes en domicilios particulares" sin autorización previa y sin definir claramente el alcance, lugar o condiciones de la sanción, los municipios establecen restricciones injustificadas al ejercicio libre de reuniones pacíficas y lícitas sin fines de lucro, esta regulación arbitraria desvirtúa una garantía constitucional que no puede estar sujeta a permisos administrativos, ni condicionamientos económicos.

Además, la propia SCJN, al resolver la acción de inconstitucionalidad 52/2023, determinó que imponer pagos por eventos sociales vulnera el derecho de reunión. Por tanto, los preceptos impugnados en el estado de Jalisco deben considerarse inconstitucionales, al reproducir una afectación similar a la antes mencionada sin justificación razonable.

Tercero. Los artículos 111, fracción VII, numeral 25, de Ixtlahuacán de los Membrillos; 140, fracción XI, numerales 2, 3, 7 y 45, de Jocotepec; 93 fracción VI, numeral 19,20, 38, 39 y 62, de Mazamitla; 91, fracción IV, numeral 14, de Etzatlán; 99, fracción VI, inciso a, numerales 3 y 5, de Arandas; 79, fracción VI, inciso a, numerales 2, 4 y 5, de Atemajac; 132, inciso h, de Ocotlán; 128, apartado E, numerales 1, 2, 3, 9 y 36, de Zapopan; 94, fracción IV, inciso a y e, y 94, fracción IV, inciso a y e, de Tonalá, relativas a la imposición de multas previstas en las leyes de ingresos de diversos municipios del estado de Jalisco, para el ejercicio fiscal dos mil veinticuatro, vulneran los principios de seguridad jurídica y legalidad, en su vertiente de taxatividad, previstos en los artículos 14 y 16 de la CPEUM.

Vulneración al principio de seguridad jurídica y legalidad en su vertiente de taxatividad. Argumentó que las normas impugnadas utilizan términos vagos e imprecisos como "escándalo, palabras altisonantes o gritos discriminatorios", "ruidos o sonidos de duración constante", por participar en espectáculos públicos o realizar conductas que atenten contra la moral y las buenas costumbres", "prácticas discriminatorias", "alterar el orden público", "actos obscenos o de exhibicionismo" y "provocar disturbios que atenten contra la tranquilidad o realizar prácticas musicales", sin establecer parámetros claros ni elementos objetivos que permitan determinar cuándo se actualiza una infracción, esta ambigüedad permite la aplicación discrecional de sanciones por parte de las autoridades, ya que las conductas sancionadas dependen del juicio subjetivo de quien interpreta la norma.

Además, el uso de expresiones como "usar prendas que denoten peligrosidad y atenten contra la seguridad pública" o "exhibir cartulinas que ofendan el pudor o la moral pública", "por atentar contra la buena imagen de un lugar", "por causar molestias", y "realizar cualquier acto que contravenga los artículos 6o. y 9o. de la CPEUM", el texto normativo, al no definir con precisión los supuestos sancionables, impide que las personas comprendan claramente qué conductas pueden ser consideradas ilícitas, lo que contraviene el deber del legislador de emitir normas claras, precisas y accesibles, como exige el principio de legalidad. Por ello, dichas disposiciones deben considerarse inconstitucionales.

Cuarto. Los artículos 93, fracción VI, numeral 2, de Mazamitla y 128, apartado E, numeral 12, de Zapopan, que establecen multas por participar en juegos y deportes en la vía pública, de las leyes de ingresos del estado de Jalisco, para el ejercicio fiscal dos mil veinte cuatro, vulneran el derecho de acceso al deporte y los principios del libre desarrollo de la personalidad, así como los de seguridad jurídica y legalidad, en su vertiente de taxatividad, previstos en el artículo 1o., párrafo quinto, 40., párrafo trece, 14 y 16 de la CPEUM.

Vulneración al principio de libre desarrollo de la personalidad. Manifestó que las disposiciones impugnadas de los municipios de Mazamitla y Zapopan, al establecer multas por la práctica de juegos y deportes en vía pública, vulneran derechos fundamentales como el libre desarrollo de la personalidad y el acceso a la cultura física, reconocidos en el artículo 4o. constitucional, estas sanciones obstaculizan injustificadamente el ejercicio de actividades recreativas que forman parte de la autonomía individual, particularmente cuando no existe un fin lucrativo ni alternativas garantizadas por el Estado para realizar dichas prácticas. Además, arguyó que los preceptos carecen de definición clara respecto a qué juegos generan "molestias", lo que deja al operador jurídico un margen amplio de discrecionalidad, violando el principio de legalidad en su vertiente de taxatividad.

Quinto. Los artículos 86, fracción I, de Jesús María y 91, fracción I, inciso f, de Tonalá, que establecen multas por registro de nacimiento extemporáneo ante el registro civil, de las leyes de ingresos del estado de Jalisco, para el ejercicio fiscal dos mil veinticuatro, vulnera los principios de interdependencia e indivisibilidad, derecho a la identidad y principio de gratuidad, previsto en los artículos 1 y 4 de la CPEUM; 3 y 18 de la CADH; 24 del PIDCP, así como 7 y 8 de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN).

Vulneración al principio de interdependencia e indivisibilidad. Indicó que el cobro que establece el estado de Jalisco por el registro extemporáneo de nacimiento viola el derecho constitucional a la identidad reconocido en el artículo 4o. de la CPEUM, este derecho implica que toda persona debe ser registrada de manera inmediata al nacer, sin obstáculos económicos que restrinjan su ejercicio, al imponer una tarifa, el legislador interfiere injustificadamente con el libre desarrollo de la personalidad y contraviene los principios de indivisibilidad e interdependencia establecidos en el artículo 1o. constitucional, ya que esta afectación tiene impacto en otros derechos relacionados como el acceso a servicios, inclusión legal y reconocimiento jurídico.

Vulneración al derecho de identidad. Argumentó que los municipios de Jesús María y Tonalá, Jalisco, que establecen cobros por el registro de nacimiento extemporáneo, vulneran el derecho a la identidad reconocido en el artículo 4o.de la CPEUM y en diversos instrumentos internacionales como el PIDCP, la CADH y la CDN, al imponer una tarifa por dicho registro, se generan barreras económicas que afectan especialmente a niñas, niños y poblaciones marginadas, que enfrentan obstáculos para ejercer su derecho de manera universal, gratuita y oportuna. Además, estas disposiciones contravienen el principio de gratuidad previsto constitucionalmente para la inscripción en el registro civil y la expedición de la primera copia certificada del acta de nacimiento. Esta Suprema Corte ha establecido que estos derechos no deben estar condicionados por plazos ni estar sujetos a cobro en ningún caso.

b) Acción de inconstitucionalidad 31/2024. En el escrito inicial de demanda la CNDH solicitó la invalidez de diversas normas y expuso en síntesis los siguientes conceptos de invalidez:

Primero: El artículo 90, apartado A, fracción XIV, inciso a), de la Ley de Ingresos del Municipio de Zapopan, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 2024, prevé las tarifas fijas a pagar por la prestación del servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento, las cuales dependerán de la extensión de los predios.

Señala que el Congreso local tomó en consideración elementos ajenos al costo real de ese servicio, lo que transgrede los principios de justicia tributaria, reconocidos en el artículo 31, fracción IV, de la CPEUM.

Refiere que el diverso 90, apartado A, fracción XIV, inciso a, de la Ley de Ingresos del Municipio de Zapopan, Jalisco, para el ejercicio fiscal de dos mil veinticuatro, transgrede los principios de justicia tributaria al prever que el cobro por el servicio de agua potable se calculará atendiendo a la extensión de los predios baldíos.

Naturaleza de los derechos por servicios

Señala que la CPEUM establece en su artículo 31, fracción IV, que todos los mexicanos tienen la obligación de contribuir para los gastos públicos de la Federación, como el Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes.

Aduce que las contribuciones previstas en el texto constitucional pueden ser de distinta naturaleza, atendiendo a su configuración estructural compuesta por sus elementos esenciales, los que, por un lado, permiten, mediante su análisis integral y armónico, determinar su naturaleza y, por el otro, constituyen el punto de partida para el análisis de su adecuación al marco jurídico constitucional que los regula.

Que los derechos constituyen un tributo impuesto por el Estado a los gobernados que utilizan los servicios públicos y están comprendidos en la fracción IV del artículo 31 constitucional, que establece como obligación de los mexicanos contribuir para los gastos públicos de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes y, por tanto, tales servicios se han de cubrir con los gravámenes correspondientes (derecho). Que esta SCJN ha sostenido que los derechos son contribuciones establecidas por los servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, por lo tanto, subsiste la correlación entre el costo del servicio público prestado y el monto de la cuota, ya que entre ellos continúa existiendo una íntima relación, al grado que resultan interdependientes, pues dicha contribución encuentra su hecho generador en la prestación del servicio. En otras palabras, debe existir un razonable equilibrio entre la cuota y la prestación del servicio, debiendo otorgarse el mismo trato fiscal a los que reciben igual servicio.

De modo que, los derechos por servicios son contribuciones, ello significa que también deben respetar los principios tributarios de proporcionalidad y equidad contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la CPEUM, como se explicará a continuación.

Principios de justicia tributaria aplicables a derechos por servicios

Que, por regla general el monto de las cuotas debe guardar congruencia con el costo que para el Estado tenga la realización del servicio, sin que este costo sea el exacto, sino aproximado.

Las cuotas deben ser fijas e iguales para los que reciban un idéntico servicio, porque el objeto real de la actividad pública se traduce generalmente en la realización de actividades que, por regla general, exigen de la administración un esfuerzo uniforme, a través del cual puede satisfacer todas las necesidades que se presenten, sin un aumento apreciable en el costo del servicio.

Que, acorde con los criterios de la SCJN para analizar la proporcionalidad y equidad de una disposición normativa que establece un derecho, debe tomarse en cuenta la actividad del Estado que genera su pago, el cual permitirá decidir si el parámetro de medición seleccionado para cuantificar la respectiva base gravable resulta congruente con el costo que representa para la autoridad el servicio relativo, en la que la cuota no puede contener elementos ajenos al servicio prestado, porque daría lugar a que por un mismo servicio se contribuya en cantidades diversas.

Inconstitucionalidad de la norma impugnada

Que, a juicio de esa Comisión el artículo impugnado que establece un cobro fijo por el servicio de agua potable y alcantarillado, pero cuya base gravable se determina –entre otros elementos– por la extensión de los predios baldíos vulnera los principios de justicia tributaria.

Señala que la legislatura jalisciense estableció en la norma impugnada que las personas propietarias o poseedoras de inmuebles en el Municipio de Zapopan, Jalisco que se beneficien directa o indirectamente de los servicios de agua y alcantarillado que el Ayuntamiento proporcione, bien porque reciban ambos o alguno de ellos o porque al frente de los inmuebles que posean pase alguna de estas redes, cubrirán los derechos correspondientes.

Que las tarifas previstas en el precepto controvertido corresponden a una cuota fija por dicho servicio, la cual responderá a las características del predio registrado en el padrón de usuarios, específicamente de aquellos que son baldíos.

Refiere que el Congreso local estableció que en el caso de los predios baldíos que cuenten con tomas instaladas se deberá pagar mensualmente la tarifa que corresponda a la extensión del mismo, por ejemplo señalado, cada metro cuadrado tiene una cuota distinta, pues por los primeros 250 m², cada metro tiene un valor de $0.172 centavos, mientras que cada metro cuadrado de 251 a 1,000 m², tendrá un valor de $2.00 pesos; y finalmente, cada metro excedente de 1,000 m² tendrá un valor de $0.25 centavos.

En ese sentido, se vislumbró que la legislatura local estableció en la norma controvertida tarifas diferenciadas, propiciando que aquellas personas propietarias de predios con superficies mayores a 1,000 m² paguen por cada metro cuadrado una menor cuota.

Advirtió que el Congreso jalisciense consideró como componente determinante para fijar la tarifa de la contribución la extensión de los predios baldíos propiedad de los sujetos pasivos, empleando un parámetro de mayor o menor extensión de los inmuebles baldíos.

Que, el precepto impugnado establece una contribución por la prestación de un servicio público para las y los habitantes del Municipio de Zapopan a la que otorga la naturaleza jurídica de derecho, –cuyo objeto o hecho imponible lo constituye el servicio de agua potable– sin embargo, su base gravable la determina la extensión del predio del inmueble de las personas contribuyentes, lo que transgrede el principio de equidad tributaria.

Señala que el precepto en combate es contrario a los principios de proporcionalidad y equidad tributarios. En principio, porque el Congreso local consideró elementos ajenos a la naturaleza de la contribución para determinar la base gravable de la cuota a pagar por el referido servicio, toda vez que no se ajusta al consumo o aprovechamiento de los servicios de agua potable y alcantarillado.

SEGUNDO. Los artículos 93, fracciones I, incisos a), b) y c), XXIII; y 94, fracción II, inciso c), de la Ley de Ingresos del Municipio de Zapopan, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 2024, señalados en el inciso b) del apartado III de la presente demanda, prevén cobros injustificados y desproporcionados por la expedición de copias certificadas, no relacionados con el derecho de acceso a la información pública.

Refiere que se establecen tarifas que no atienden a los costos del servicio que le representó al Estado la reproducción y entrega de la información, por lo tanto, vulneran el principio de proporcionalidad en las contribuciones, reconocido en el artículo 31, fracción IV, de la CPEUM.

Que las disposiciones impugnadas de la Ley de Ingresos del Municipio de Zapopan, Jalisco, para el ejercicio fiscal veinte veinticuatro, transgreden el principio de proporcionalidad tributaria, toda vez que prevén costos que no atienden al costo real del servicio prestado por el municipio.

Transgresión al principio de proporcionalidad tributaria por las disposiciones normativas combatidas

Considera que los artículos 93, fracciones I, incisos a, b y c, XXIII; y 94, fracción II, inciso c, de la Ley de Ingresos del Municipio de Zapopan, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal veinte veinticuatro, vulneran el principio de proporcionalidad tributaria al establecer el cobro de derechos por los servicios que presta el Municipio de Zapopan por la expedición de copias certificadas, el Congreso local debió establecer tarifas acordes a las erogaciones que realmente les representan al Ayuntamiento la prestación de tales servicios.

Que las cuotas, en caso de que el otorgamiento de la información tuviera algún costo, dada la forma de reproducción y entrega solicitadas, deberían ser acordes con el costo del servicio prestado e iguales para los solicitantes, atendiendo a los principios de proporcionalidad y equidad tributaria, lo que quiere decir que el Estado no debe lucrar con las cuotas, sino que las mismas deben fijarse de acuerdo con una base objetiva y razonable de los materiales utilizados y de sus costos.

Que en atención a lo sostenido por esta SCJN, el cobro por los servicios de reproducción de información debe atender a las erogaciones que le causó al Estado el mencionado servicio, de modo que las cuotas previstas en artículos 93, fracciones I, incisos a, b y c, XXIII; y 94, fracción II, inciso e, de la Ley de Ingresos del Municipio de Zapopan, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal dos mil veinticuatro, resultan desproporcionadas, al no guardar una relación razonable con el costo de los materiales utilizados para la prestación del servicio, con el que implica certificar un documento.

Reitera que, para que las cuotas cuestionadas sean constitucionalmente válidas es necesario que sean acordes con el costo del servicio prestado, atendiendo al principio de proporcionalidad tributaria, por lo que el Estado no debe lucrar con las tarifas por dichos servicios, circunstancia que no acontece en las normas impugnadas.

TERCERO. Los diversos 110, 111 y 112 de la Ley de Ingresos del Municipio de Zapopan, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 2024, facultan a la Junta de Gobierno del Consejo Municipal del Deporte de Zapopan, para fijar las tarifas de los derechos que deben pagar las personas por los servicios de uso de instalaciones deportivas municipales, el trámite y expedición de documentos, así como la participación de personal de dicho organismo en determinados eventos deportivos.

Que, en términos generales las normas impugnadas coinciden en establecer que las tarifas por los servicios que preste el Consejo Municipal del Deporte de Zapopan serán establecidas por la propia Junta de Gobierno de dicho organismo, por lo tanto, la legislatura local habilitó a mencionada autoridad administrativa, ajena del Poder Legislativo, para determinar y aprobar el elemento relativo a la tarifa de las mencionadas contribuciones.

Que las normas impugnadas resultan contrarias al bloque de constitucionalidad, pues la previsión de que las cuotas por los servicios que preste el Consejo Municipal del Deporte de Zapopan sean determinadas por un ente de naturaleza administrativa, esto es, que ese elemento de la contribución sea fijado en instrumentos infra legales emitidos por dicha autoridad.

Derecho humano de seguridad jurídica y principio de legalidad

Que la CPEUM reconoce en sus artículos 14 y 16 el derecho a la seguridad jurídica y el principio de legalidad, los cuales constituyen prerrogativas fundamentales por virtud de las cuales toda persona se encuentra protegida frente al arbitrio de la autoridad estatal.

Que no es permisible la afectación a la esfera jurídica de una persona a través de actos de autoridades que no cuenten con un marco normativo que los

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/201048-c8e43b71/i-accion-de-inconstitucionalidad-el-poder-ejecutivo-federal · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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