I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL PODER EJECUTIVO FEDERAL, LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE PUEBLA, TIENEN LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDEREN QUE UNA LEY DE CARÁCTER ESTATAL VIOLA DERECHOS HUMANOS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, INCISO G), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDA LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE PUEBLA, TIENE LA LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA (ARTÍCULO 15, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE PUEBLA). III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDA LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA (ARTÍCULOS 15, FRACCIONES I Y XI, DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS; ASÍ COMO 18 DE SU REGLAMENTO INTERNO). IV. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL EJECUTIVO FEDERAL TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN REPRESENTACIÓN DE LA PRESIDENCIA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS [ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, INCISO C), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS]. V. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS AL CONCLUIR LA VIGENCIA ANUAL DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA (DIVERSAS LEYES DE INGRESOS DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE PUEBLA, TODAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL DE DOS MIL VEINTICUATRO).
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 14/2024 Y SUS ACUMULADAS 15/2024, 16/2024, 18/2024, 22/2024, 30/2024, 37/2024 y 50/2024. COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE PUEBLA, COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y PODER EJECUTIVO FEDERAL. 14 DE MAYO DE 2025. PONENTE MINISTRA: LENIA BATRES GUADARRAMA. SECRETARIO: NETZAÍ SANDOVAL BALLESTEROS.
SÍNTESIS
La Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, promovieron diversas acciones de inconstitucionalidad en las que solicitan se declare la invalidez de un cúmulo de disposiciones normativas contenidas en leyes de ingresos municipales del Estado de Puebla para el ejercicio fiscal dos mil veinticuatro, que prevén el pago de derechos por concepto de ocupación de la vía pública para estacionamiento de vehículos, por el servicio de reproducción de información no relacionada con el derecho de acceso a la información pública, por expedición de certificaciones de datos o documentos relacionados con el acceso a la información pública y de pago de derechos por alumbrado público.
ÍNDICE TEMÁTICO
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Ciudad de México. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al catorce de mayo de dos mil veinticinco, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 14/2024 y sus acumuladas 15/2024, 16/2024, 18/2024, 22/2024, 30/2024, 37/2024 y 50/2024, promovidas por la Comisión de Derechos Humanos de Puebla (CDH Puebla), la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF) representante del Poder Ejecutivo Federal respectivamente, en contra de diversas leyes de ingresos municipales del estado de Puebla, para el ejercicio fiscal dos mil veinticuatro, los cuales establecen el pago de derechos por concepto de ocupación de la vía pública para estacionamiento de vehículos, por el servicio de reproducción de información no relacionada con el derecho de acceso a la información pública, por expedición de certificaciones de datos o documentos relacionados con el acceso a la información pública y de pago de derechos por alumbrado público.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LAS DEMANDAS
1. Demandas. José Félix Cerezo Vélez, en su carácter de Presidente de la CDH Puebla,(1) María del Rosario Piedra Ibarra, como Presidenta de la CNDH,(2) y María Estela Ríos González, Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal en representación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos,(3) el diecisiete, dieciocho, diecinueve, veintidós, veinticinco y veintinueve de enero dos mil veinticuatro, presentaron acción de inconstitucionalidad en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de Nación (SCJN), solicitando la invalidez de diversos artículos de la Ley de Ingresos de diversos municipios del estado Puebla, para el ejercicio fiscal dos mil veinticuatro, publicadas en el Periódico Oficial de la Entidad los días dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós, veintiséis, veintisiete y veintiocho de diciembre de dos mil veintitrés.
2. Preceptos constitucionales que se estiman violados. Los accionantes consideran que se vulneran diversos artículos, en las acciones de inconstitucionalidad presentadas, por lo que se alegan diversas violaciones a derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).
3. En la acción de inconstitucionalidad 14/2024 promovida por la Comisión de Derechos Humanos de Puebla (CDH Puebla), se considera que se vulneran los artículos 1°, 14, 16, 21 párrafos cuarto y noveno, 31 fracción IV, y 115 fracciones II y III inciso h) de la CPEUM, así como los artículos 1 y 2 de la CADH y el artículo 12 del PIDCP.
4. En las acciones de inconstitucionalidad 15/2024, 18/2024, 22/2024, 30/2024, 37/2024 y 50/2024, todas interpuestas por la CNDH, se argumenta que se violan los artículos 1°, 6° y 31, fracción IV de la CPEUM, los artículos 1, 2 y 13 de la CADH, así como los artículos 2 y 19 del PIDCP.
5. Por último, en la acción de inconstitucionalidad 16/2024, presentada por el Poder Ejecutivo Federal, se señala que se transgreden los artículos 1°, 14, 16 y 31, fracción IV de la CPEUM, en relación con los principios de seguridad jurídica, gratuidad en materia de acceso a la información y de proporcionalidad tributaria.
6. Conceptos de invalidez. Los promoventes en sus conceptos de invalidez manifestaron, esencialmente lo siguiente:
a) Acción de inconstitucionalidad 14/2024 (CDH Puebla). La Acción de Inconstitucionalidad 14/2024 fue promovida por el Presidente y el Director de Seguimiento de Recomendaciones, Conciliaciones y Asuntos Jurídicos de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH Puebla), quienes solicitan la invalidez de varias disposiciones contenidas en las Leyes de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2024, emitidas por el Congreso del Estado de Puebla para diversos municipios, en el que se argumenta que dichas normas vulneran derechos como la seguridad jurídica, así como los principios de legalidad, proporcionalidad y equidad tributaria.
En relación con el artículo 58, fracción XI de la Ley de Ingreso del Municipio de Puebla, el que establece que, por el uso de cada espacio delimitado por trazas para el estacionamiento temporal de vehículos, cuyo cobro se realice a través de dispositivos digitales y se pague por cada hora o fracción, se plantea los siguientes conceptos de invalidez:
Primero. El artículo 58 fracción XI de la Ley de Ingresos del Municipio de Puebla, vulnera el derecho a la seguridad jurídica, el principio de legalidad tributaria y la generalidad de la ley, en virtud de que el principio de legalidad, en el derecho tributario, se puede y se deben definir todos los elementos de la obligación tributaria por la norma con carácter de ley. Esto incluye la definición precisa del hecho imponible, los sujetos obligados, el sistema o la base para determinar el hecho imponible, los plazos y formas de pago, así como los costos para la administración pública municipal relacionados con los servicios que dan lugar al cobro del derecho. También deben especificarse las infracciones, sanciones, exenciones y el órgano competente para recibir los pagos de los tributos.
Por ello, de la lectura del artículo 58 fracción XI, el derecho relacionado con la ocupación de espacios para estacionamiento no cumple con los requisitos básicos o elementos constitutivos de las contribuciones, como el sistema o la base para determinar el hecho imponible, la fecha de pago, las infracciones, el costo de los servicios prestados por la administración pública municipal, las sanciones, las exenciones y el órgano autorizado para recibir el pago, el cual no puede ser una empresa de cobro digital ni una tienda privada.
Por consiguiente, el estacionamiento en vía pública no representa un gasto público cubierto por el Ayuntamiento de Puebla, ya que, según el artículo 31, fracción IV, de la CPEUM, los mexicanos deben contribuir a los gastos públicos, pero estacionarse en la vía pública no genera una carga económica para la autoridad municipal. Aunque la autoridad justifica esta medida como una acción de ordenamiento vehicular, en realidad, se trata de una medida recaudatoria inconstitucional, ya que existen otras formas de regular el flujo vehicular sin recurrir al cobro de un derecho claramente inconstitucional.
También es importante mencionar que el artículo impugnado 58 fracción XI, vulnera el principio de generalidad de la ley y las características que debe tener una norma jurídica, debido a que no cuenta con las características de una norma jurídica emitida por el poder legislativo, pues no se establece la base del derecho, sobre la cual se determina la tarifa a pagar por el servicio de estacionamiento público.
Segundo. Se plantea la vulneración al principio de proporcionalidad y equidad tributaria, dado que, al revisar la fracción XI del artículo 58 de la ley de ingresos, se observa que el legislador, fija una cuota de $5.00 (cinco pesos 00/100 m.n.), pero omite explicar cómo se calcula la base para justificar que el costo es equitativo y proporcional por hora.
Además, se omite mencionar porque el estacionamiento es temporal, dado que en la realidad el ayuntamiento limita el tiempo, por lo que no permite que un vehículo se estacione más de 5 horas. Así mismo, se omite justificar porque cobra solo en ciertas horas y días y en otras no, lo que sugiere que la decisión de imponer dicho tributo depende solo de la discreción de la autoridad administrativa, sin un respaldo jurídico que sustente la fijación de dicha tarifa. Es decir que el artículo 58 fracción XI viola el principio de proporcionalidad tributaria, pues no establece cuál es la base que tomó en cuenta el legislador para establecer la tarifa de $5.00 (Cinco pesos 00/100 m.n.).
Por lo que, la norma impugnada infringe los artículos 22, 31 y 115 de la CPEUM, al establecer una tarifa fija por hora o fracción de hora. Esto no tiene en cuenta que no es lo mismo estacionarse durante diez minutos que durante una hora completa. Es decir, limita la capacidad del usuario de decidir y pagar solo por el tiempo exacto que permanezca estacionado, obligándolo a pagar por intervalos más amplios, lo que da lugar a una tarifa que carece de justificación y resulta desproporcionada o irracional, similar a una tarifa fija.
Tercero. Que la norma infringe los artículos 22, 31 y 115 de la CPEUM al imponer una tarifa fija por hora o fracción de hora, ya que no se considera que no es lo mismo estacionarse por diez minutos que por una hora completa. Esto impide que el usuario tenga la opción de pagar solo por el tiempo exacto que permanezca estacionado, obligándolo a abonar por períodos completos o amplios. Esta práctica da lugar a una tarifa que carece de justificación, resultando en una tarifa desproporcionada o irrazonable, similar a una tarifa fija.
Además, al no definir claramente los elementos esenciales que sustentan el cobro por el servicio de estacionamiento, las autoridades del H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla incurren en actos inconstitucionales que violan el derecho a la seguridad jurídica y la legalidad en razón a lo siguiente:
El Ayuntamiento del Municipio de Puebla, a través de su cabildo, estableció normas para el cobro de un derecho por estacionamiento en vía pública sin tener atribuciones legislativas, violando la CPEUM. Estas reglas fueron definidas en el Código Reglamentario y en las Reglas de Operación del Estacionamiento Rotativo, ambos documentos impugnados como inconstitucionales. Además, incluyen medidas como el retiro de placas, la colocación de inmovilizadores y el arrastre de vehículos, lo que se considera una violación al principio de legalidad tributaria y derechos de los ciudadanos.
Ahora bien, en lo que respecta a los diversos municipios (Acatlán, artículo 33 fracción VII; Atlixco, artículo 31 fracción XII; Huauchinango, artículo 37 fracción VII; Chignahuapan, artículo 31 fracción XI; San Pedro Cholula, artículo 72 fracción III; Tecamachalco, artículo 32 fracción XIII; Tepeaca, artículo 32 fracción III; Teziutlán, artículo 52 fracción XI; Xicotepec, artículo 38 fracción VII; Tlatlauquitepec, artículo 33 fracción VI; Zacapoaxtla, artículo 37 fracción IV; Zacatlán, artículo 33 fracción IV; Chalchicomula de Sesma, artículo 35 fracción VII; Huejotzingo, artículo 37 fracción XI; Amozoc, artículo 36 fracción V; Chignautla, artículo 37 fracción V; Ocoyucan, artículo 38 fracción IV; San Andrés Cholula, artículo 37 fracción XII; y San Martín Texmelucan, artículo 41 fracción XIII), se impugnan varios artículos por considerar que vulneran el derecho a la seguridad jurídica, el principio de legalidad tributaria y la generalidad de la ley, argumentando lo siguiente:
Primero. Se solicita la declaración de invalidez de diversos artículos de las Leyes de Ingresos de diversos municipios, publicados en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el dieciocho, diecinueve, veinte, veintidós y veintiséis de diciembre de dos mil veintitrés, en los que se consideran que trasgreden los principios de legalidad tributaria, generalidad de la ley y seguridad jurídica, pues no establecen si las cuotas señaladas y el estacionamiento en vía pública es temporal, permanente, rotativo, diario y en que horarios es aplicable, debido a que no cumplen con los requisitos básicos o elementos constitutivos de las contribuciones (hecho imponible, sujetos obligados, base para determinar el hecho imponible, fecha de pago, infracciones, sanciones y exenciones, así como el órgano legalizado para recibir el pago de los tributos).
Cada autoridad municipal fijó subjetivamente el monto a pagar, lo que viola el principio de legalidad tributaria. Este principio exige que la carga impositiva esté claramente establecida por la ley, para evitar que la determinación del derecho dependa de la arbitrariedad de las autoridades, el cobro de un derecho imprevisible o particular, y garantizar que el ciudadano siempre pueda conocer la cuota a pagar por el servicio.
En las normas cuestionadas no se indica si las cuotas establecidas corresponden a un día específico o a otro periodo de tiempo determinado; en otras palabras, no se define la base del derecho sobre la cual se calculará la tarifa para el servicio de estacionamiento público.
Segundo. El concepto de invalidez planteado de los diversos artículos en las diferentes leyes de ingresos, publicadas el dieciocho, diecinueve, veinte, veintidós y veintiséis de diciembre de dos mil veintitrés en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, infringen los principios de proporcionalidad y equidad tributaria. Esto se argumenta con base en las siguientes consideraciones.
Las normas impugnadas violan los artículos 22, 31 y 115 de la CPEUM, al establecer una tarifa fija por hora o fracción de hora. Esto resulta injusto, ya que no es lo mismo estacionarse por diez minutos que por una hora completa. Al obligar al usuario a pagar por cada hora o por períodos amplios de tiempo, se le impide pagar solo por el tiempo real de estacionamiento, lo que genera una tarifa desproporcionada e irrazonable, similar a una tarifa fija.
Las normas impugnadas violan el principio de proporcionalidad tributaria, ya que no especifican cuál fue la base utilizada por el legislador para determinar la tarifa. Además, existe una completa indefinición en la forma en que se calcula el tributo, lo que deja abierta la posibilidad de que las autoridades administrativas ajusten arbitrariamente la tarifa. Esto podría generar que se exijan pagos de montos distintos a los establecidos legalmente.
Tercero. En este concepto de violación, se argumenta que el legislador no incluyó en las normas impugnadas los elementos esenciales para el cobro del derecho por estacionamiento, lo que genera actos inconstitucionales por parte de las autoridades administrativas.
Esto constituye una violación al derecho de seguridad jurídica y legalidad, ya que la falta de claridad y certeza en las normas permite prácticas inconstitucionales, como el retiro de placas, la colocación de inmovilizadores (arañas) y el arrastre de vehículos como medidas para asegurar el pago de multas.
b) Acción de inconstitucionalidad 16/2024 (Poder Ejecutivo Federal). Fue promovida por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal representante del Poder Ejecutivo Federal, quien solicitó la invalidez de diversas disposiciones en la Ley de Ingresos del Estado de Puebla y de varios municipios para el Ejercicio Fiscal 2024, de diversos artículos por ser violatorias del derecho a la seguridad jurídica, el principio de legalidad tributaria, el principio de proporcionalidad tributaria y el principio de equidad tributaria, los conceptos de invalidez son esencialmente los siguientes:
Primer concepto de invalidez. Diversas Leyes de ingresos de municipios del Estado de Puebla vulneran los principios de gratuidad en materia de acceso a la información y proporcionalidad tributaria, previstos en los artículos 6o., apartado A, fracción IlI, y 31, fracción IV, de la CPEUM.
A) Principio de gratuidad en materia de acceso a la información
Los artículos impugnados establecen un pago de derechos por concepto de búsqueda de información que se lleva a cabo en los archivos de diversos municipios, del estado de Puebla; lo que contraviene el artículo 6o., de la CPEUM y, en específico, el principio de gratuidad, al prever una tarifa para localizar la información solicitada sin importar la modalidad de entrega de la misma.
La tarifa que establece el legislador local en las disposiciones impugnadas es inconstitucional, pues restringe de forma injustificada el ejercicio del derecho de acceso a la información, ya que no pueden imponer mayores requisitos de los previstos en la CPEUM y en la LGTAIP.
B) Principio de proporcionalidad tributaria
El legislador tampoco estableció razón alguna a efecto de justificar la diferencia entre las tarifas establecidas en los preceptos impugnados y el valor comercial de los insumos necesarios para proporcionar la información.
Así, en las leyes impugnadas el congreso estatal no justificó el cobro por la búsqueda de información, mediante una base objetiva cuya razonabilidad pudiera ser estudiada por la SCJN, sino que lo determinó de forma arbitraria, lo cual transgrede el principio de gratuidad del derecho de acceso a la información pública contenido en el artículo 6o., de la CPEUM y, por ende, la prohibición de discriminar en razón de la condición económica.
Segundo concepto de invalidez. Diversos artículos de Leyes de ingresos de municipios del Estado de Puebla vulneran los principios de seguridad jurídica, así como de proporcionalidad en las contribuciones tutelados por los artículos 16 y 31, fracción IV, de la CPEUM.
La consejería refiere que la SCJN debe declarar la invalidez de las disposiciones impugnadas, toda vez que vulneran el principio de proporcionalidad consagrado en el artículo 31, fracción IV, de la CPEUM.
Argumenta que aun y cuando el congreso local haya desglosado los conceptos que representan los costos del servicio de alumbrado público, estos no contienen las cantidades que gastaron en cada concepto, por lo que no es posible determinar una tarifa si no se cuenta con los costos que erogo el municipio para suministrar el referido servicio, de ahí que devenga su inconstitucionalidad, ya que establecieron tarifas fijas para el cobro de servicio, sin especificar cuanto se gastaron por la instalación y mantenimiento de las luminarias.
Añade que el congreso local fijó el cobro del servicio de alumbrado público sin atender al costo que representa para el municipio la prestación del mismo, lo que contraviene el principio de proporcionalidad, al no contemplar un parámetro razonable propio de un cobro de derechos.
c) Acción de inconstitucionalidad 15/2024 (CNDH). La Acción fue promovida por la Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quien impugna la Ley de Ingresos del Estado de Puebla y de las Leyes de Ingresos de varios municipios para el ejercicio fiscal 2024, por considerarlas inconstitucionales.
En particular, cuestiona los cobros excesivos y desproporcionados por servicios de reproducción de información, no relacionados con el derecho de acceso a la información pública, así como los cobros injustificados por este acceso. Los conceptos de invalidez son:
PRIMERO. Los preceptos impugnados de las diversas leyes de ingresos del Estado de Puebla, para el ejercicio fiscal 2024, establecen cobros por la búsqueda y reproducción de documentos, por la entrega de información en copias simples, certificadas, en disco compacto y otras modalidades, así como por la digitalización de documentos (no relacionadas con el derecho de acceso información pública), que no atienden a los costos reales del servicio prestado por el ente estatal y, en algunas casos, los montos se encuentran diferenciados sin justificación alguna a pesar de que se trata del mismo concepto, por lo tanto, vulneran los principios de justicia tributaria, reconocidos en el artículo 31, fracción IV, de la CPEUM. Se argumenta que los preceptos impugnados trasgreden los principios de proporcionalidad y equidad en las contribuciones, al establecer cuotas que no atienden el costo real del servicio, y en algunos casos, tarifas diferenciadas sin justificación, a pesar de que el servicio prestado es el mismo.
SEGUNDO. Las disposiciones normativas de diversas las leyes de ingresos de 23 municipios del estado de Puebla, para el ejercicio fiscal 2024, establecen cuotas injustificadas por la entrega de la información pública solicitada en disco compacto y en copias certificadas, así como por su digitalización.
La autoridad indica que vulneran el derecho de acceso a la información, así como el principio de gratuidad que lo rige, reconocidos en los artículos 6°, apartado A, fracción III, de la CPEUM, 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
d) Acción de inconstitucionalidad 18/2024 (CNDH). La acción fue promovida por la Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). En ella, se solicita la invalidez de ciertos artículos de las Leyes de Ingresos de varios municipios del estado de Puebla para el Ejercicio Fiscal 2024.
Los artículos que se cuestionan se refieren a cobros excesivos y desproporcionados relacionados con los servicios de reproducción de información y el acceso a la información pública. La demanda incluye las Leyes de Ingresos de municipios como Acajete, Acateno, Amozoc, etcétera, que fueron publicados en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Puebla.
La acción de inconstitucionalidad busca invalidar los cobros considerados como injustificados, solicitando que se respeten los derechos de acceso a la información pública sin imposiciones económicas desmedidas, los conceptos de invalidez que se señalan son:
PRIMERO. Los preceptos impugnados de las 30 leyes de ingresos municipales del Estado de Puebla, para el ejercicio fiscal 2024, establecen cobros por la certificación de datos o documentos por hoja y por expedientes, así como por la entrega de copias simples y, en un caso, se prevé una cuota por la búsqueda de información, los cuales no atienden a los costos reales del servicio prestado por los municipios, además de que en algunos casos, los montos se encuentran diferenciados sin justificación alguna a pesar de que se trata del mismo concepto, por lo tanto, vulneran los principios de justicia tributaria, reconocidos en el artículo 31, fracción IV, de la CPEUM.
Se argumenta que los preceptos impugnados vulneran los principios de proporcionalidad, equidad en las contribuciones, seguridad jurídica y legalidad, al fijar cuotas que no atienden al costo real del servicio. Además, ciertos ordenamientos establecen tarifas diferenciadas sin justificación, a pesar de prestar el mismo servicio, y otros carecen de claridad respecto a si la cuota prevista es por legajo o por una copia simple, lo que genera inseguridad jurídica para los usuarios.
SEGUNDO. Las disposiciones normativas de las leyes de ingresos de 30 municipios del estado de Puebla, para el ejercicio fiscal 2024, señaladas en el inciso b) del apartado III de la presente demanda, establecen cuotas injustificadas por la entrega de la información pública solicitada en copias certificadas.
Por lo tanto, señala la comisión, vulneran el derecho de acceso a la información, así como el principio de gratuidad que lo rige, reconocidos en los artículos 6°, apartado A, fracción III, de la Constitución Federal, 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
A su vez, la autoridad promovente, refiere que el Congreso de Puebla estableció en las leyes impugnadas cobros de $23.00 pesos por la expedición de copias certificadas, por lo que, dichas cuotas son contrarias a la orden constitucional, pues de un ejercicio de contraste entre ellas y lo dispuesto por la CPEUM en relación con el principio que rige el derecho de acceso a la información, su contenido normativo se aleja del principio de gratuidad que rige el ejercicio de este derecho.
e) Acción de inconstitucionalidad 22/2024 (CNDH). Fue promovida por la Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En esta acción, se impugnan cobros excesivos y desproporcionados por servicios de reproducción de información y por acceso a la información en diversas leyes de ingresos de municipios del estado de Puebla para el ejercicio fiscal dos mil veinticuatro.
Las normas que se reclaman inválidas incluyen artículos de la Ley de Ingresos de municipios como Coatzingo, Cohetzala, Coronango, y otros, relacionados con tarifas de reproducción de información no vinculada al derecho de acceso a la información, así como cobros excesivos por este derecho.
La CNDH argumenta la inconstitucionalidad de las 29 leyes de ingreso municipales del estado de Puebla, basándose esencialmente en los siguientes conceptos de invalidez:
PRIMERO. Los artículos impugnados de las 29 leyes de ingresos municipales del Estado de Puebla, para el ejercicio fiscal 2024, en enlistados en el inciso a) del apartado III de la presente demanda, establecen cobros por la certificación de datos o documentos por hoja y por legajo, así como por la entrega de copias simples de archivos, los cuales no atienden a los costos reales del servicio prestado por los municipios; además de que en algunos casos, los montos se encuentran diferenciados sin justificación alguna a pesar de que se trata del mismo concepto, por lo tanto, vulneran los principios de justicia tributaria, reconocidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal.
Se argumentará que los preceptos tildados de inconstitucionales transgreden los principios de proporcionalidad y equidad en las contribuciones, así como el derecho a la seguridad jurídica y legalidad, toda vez que prevén cuotas que no atienden al costo real del servicio prestado por los municipios; además, en algunos ordenamientos se prevén tarifas diferenciadas sin justificación, pues se usan esencialmente los mismos materiales, mientras que en otros, los supuestos normativos no dan claridad respecto de si la cuota prevista es por legajo o expediente o por una sola copia simple o certificada, según corresponda, lo que genera inseguridad jurídica a las personas, pues no sabrán cuál será el cobro por el servicio que soliciten.
SEGUNDO. Las disposiciones normativas de las leyes de ingresos de 29 municipios del estado-de Puebla, para el ejercicio fiscal 2024, señaladas en el inciso b) del apartado III de la presente demanda, establecen cuotas injustificadas por la entrega de la información pública solicitada en copias certificadas y en disco compacto.
El Congreso de Puebla estableció en las leyes impugnadas cobros de $22.00 y $23.00 pesos por la expedición de copias certificadas, y en un ordenamiento, el costo de $17.00 por la entrega de la información en disco compacto.
Por lo que a consideración de la CNDH dichas cuotas son contrarias al orden constitucional; pues de un ejercicio de contraste entre ellas y lo dispuesto por la Ley Fundamental, su contenido normativo se aleja del principio de gratuidad que rige el eje o del derecho de acceso a la información.
f) Acción de inconstitucionalidad 30/2024 (CNDH). Fue promovida por la Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con el fin de impugnar diversos artículos de las Leyes de Ingresos de varios municipios del Estado de Puebla para el Ejercicio Fiscal 2024. En particular, se cuestionan dos tipos de cobros:
Cobros excesivos y desproporcionados por servicios de reproducción de información, que no están relacionados con el derecho de acceso a la información pública. Se refieren a los artículos específicos de las Leyes de Ingresos de 40 municipios, donde se establecen tarifas para la reproducción de información pública.
Cobros excesivos, desproporcionados e injustificados por el acceso a la información pública, que también se refieren a artículos de las mismas Leyes de Ingresos en los mismos municipios.
La Comisión de Nacional de los Derechos Humanos argumenta la inconstitucionalidad de las 40 leyes de ingreso municipales del estado de Puebla, basándose esencialmente en los siguientes conceptos de invalidez:
PRIMERO. Las disposiciones impugnadas de 40 leyes de ingresos del Estado de Puebla, para el ejercicio fiscal 2024, enlistadas en el inciso a) del apartado III de la presente demanda, establecen cobros por la búsqueda de documentos en los archivos municipales, por la entrega de información en copias simples, certificadas, y disco compacto y otras modalidades, así como por la digitalización de documentos (no relacionados con el derecho de acceso a la información pública), que no atienden a los costos reales del servicio prestado por los municipios; además de que en algunos casos, los montos se encuentran diferenciados sin justificación alguna, a pesar de que se trata del mismo concepto, por lo tanto, vulneran los principios de justicia tributaria, reconocidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal.
Se argumenta que los preceptos impugnados vulneran los principios de proporcionalidad, equidad en las contribuciones, seguridad jurídica y legalidad, al establecer cuotas que no atienden el costo real del servicio. Además, algunos ordenamientos establecen tarifas diferenciadas sin justificación, y otros no aclaran si la cuota es por legajo o expediente o por copia simple o certificada, lo que genera inseguridad jurídica para los usuarios, pues no sabrán cuál será el cobro por el servicio que soliciten.
SEGUNDO. Al establecer cuotas injustificadas
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/201037-c7c56475/i-accion-de-inconstitucionalidad-el-poder-ejecutivo-federal · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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