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I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE PUEBLA TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CONTRA LEYES EXPEDIDAS POR LA LEGISLATURA DE DICHA ENTIDAD, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, INCISO G), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDE LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DE PUEBLA TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA. III. DERECHO A LA CONSULTA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. CONSTITUYE UN MANDATO CONVENCIONAL EN LA ELABORACIÓN DE LEYES Y OTROS PROCESOS DE ADOPCIÓN DE DECISIONES SOBRE CUESTIONES RELACIONADAS CON LA CONDICIÓN DE AQUÉLLAS. IV. CONSULTA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD. CONSTITUYE UNA FORMALIDAD ESENCIAL DEL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. V. DERECHO DE CONSULTA A GRUPOS VULNERABLES. EN EL SUPUESTO DE QUE UNA NORMA O UN ORDENAMIENTO GENERAL NO ESTÉ ESPECÍFICAMENTE RELACIONADO CON LOS GRUPOS QUE DEBEN SER OBJETO DE UNA CONSULTA, LAS NORMAS POR INVALIDAR SERÁN LAS QUE LES ATAÑEN, PERO SIN ALCANZAR A INVALIDAR TODA LA LEY. VI. CONSULTA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD. LA NORMA QUE PREVÉ EL COBRO DE UN DERECHO POR EL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PÚBLICO DE VEHÍCULOS, NO REQUIERE DE UNA CONSULTA PREVIA A DICHO GRUPO VULNERABLE, YA QUE NO ATAÑE NI GUARDA RELACIÓN DIRECTA E INMEDIATA CON LOS DERECHOS QUE ASISTEN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE MANERA ESPECIAL Y DIFERENCIADA FRENTE AL RESTO DE LA POBLACIÓN (ARTÍCULO 57, FRACCIÓN XI, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL VEINTITRÉS). VII. PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA. CONSISTE EN QUE LOS ELEMENTOS ESENCIALES DE LOS TRIBUTOS SE ENCUENTREN ESTABLECIDOS MEDIANTE UN ACTO FORMAL Y MATERIALMENTE LEGISLATIVO CON LA FINALIDAD DE PROPORCIONAR SEGURIDAD JURÍDICA AL CONTRIBUYENTE. VIII. CONTRIBUCIONES MUNICIPALES. LA PREVISIÓN LEGAL QUE ESTABLECE QUE LOS DERECHOS POR LA OCUPACIÓN DE ESPACIOS PARA ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS, REALIZADO MEDIANTE DISPOSITIVOS DIGITALES (PARQUÍMETROS), SE SUJETARÁN A LOS LINEAMIENTOS EMITIDOS POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL, VULNERA LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD TRIBUTARIA Y SEGURIDAD JURÍDICA DE LOS CONTRIBUYENTES, PUES NO ESTABLECE SI LAS CUOTAS SE COBRARÁN DE MANERA DIARIA O POR CADA HORA DE ESTACIONAMIENTO (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 57, FRACCIÓN XI, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL VEINTITRÉS). IX. DERECHO POR LA OCUPACIÓN DE ESPACIOS PARA ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS. CUANDO NO SE ESTABLECE LA BASE DEL DERECHO SOBRE LA CUAL SE DETERMINARÁ LA TARIFA A PAGAR POR EL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PÚBLICO, SE VULNERA EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 57, FRACCIÓN XI, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL VEINTITRÉS). X. DERECHO POR LA OCUPACIÓN DE ESPACIOS PARA ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS. ES INCONSTITUCIONAL DEJAR AL ARBITRIO DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA MUNICIPAL FIJAR LA FORMA EN QUE SE DETERMINARÁN Y APLICARÁN DICHAS TARIFAS (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 57, FRACCIÓN XI, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL VEINTITRÉS). XI. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS AL CONGRESO LOCAL (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 57, FRACCIÓN XI, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL VEINTITRÉS). XII. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE EXHORTA AL CONGRESO LOCAL PARA QUE, EN LO FUTURO, NO INCURRA EN EL MISMO VICIO DE INCONSTITUCIONALIDAD DETECTADO (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 57, FRACCIÓN XI, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023).

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 22/2023. · Registro digital (IUS): 32367
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2024-04-19
Promovente: COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE PUEBLA.
Localización: Undécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 36, Abril de 2024, Tomo I, Pág.406.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 22/2023. COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE PUEBLA. 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIA: BRENDA MONTESINOS SOLANO.

Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al día once de septiembre de dos mil veintitrés emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 22/2023, promovida por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, por medio de su Presidente y representante legal.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA

1. Presentación de la acción. La acción de inconstitucionalidad se presentó el diecinueve de enero de dos mil veintitrés en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia, de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.

2. Órganos que emitieron y promulgaron la norma general que se impugna: Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Puebla.

3. Conceptos de invalidez. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla hizo valer los siguientes conceptos de invalidez:

Primero.

• El artículo 57, fracción XI, del Decreto por el que se expide la Ley de Ingresos del Municipio de Puebla, para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés, viola el derecho a la seguridad jurídica, el principio de legalidad tributaria y la generalidad de la ley, pues el derecho planteado en dicho Decreto por ocupación de espacios para estacionamiento, no cumple con los requisitos básicos o elementos constitutivos de las contribuciones (hecho imponible, sujetos obligados, base para determinar el hecho imponible, fecha de pago, infracciones, sanciones y exenciones, así como el órgano legalizado para recibir el pago de los tributos).

• Asimismo, dicho numeral viola el principio de generalidad de la ley, ya que la norma no contiene las características de una norma jurídica emitida por el Poder Legislativo, como lo son el supuesto de hecho y la consecuencia jurídica.

Segundo.

• Refiere que la legislación impugnada transgrede el principio de proporcionalidad tributaria y legalidad, pues el precepto fija una cuota de $10.00 (diez pesos 00/100 M.N.) por la ocupación de espacios para estacionamiento de vehículos cuyo cobro se realice mediante dispositivos digitales en lugares permitidos en la vía pública en general, pero omite mencionar si esa cuota es diaria o por cada hora de estacionamiento; indefinición que deja abierta la posibilidad de que sean las autoridades administrativas las que generen la configuración de los tributos.

Tercero.

• Por otra parte, se duele de que el Decreto impugnado incumple con la obligación prevista en el artículo 4.3 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, relativa a llevar a cabo una consulta estrecha y promover la colaboración activa de dicho sector de la población, pues el pago de un derecho por el estacionamiento público, la prohibición de estacionarse cerca del lugar al que se dirigen, la colocación de espacios exclusivos para su uso, la creación de una aplicación electrónica como método de registro y pago que no está diseñada para personas con discapacidad, el tener que trasladarse para el pago de multas; todo ello, impacta directamente en el ejercicio efectivo de su accesibilidad, movilidad y tránsito en igualdad de condiciones.

• En esas condiciones, del análisis del proceso legislativo del Decreto impugnado, se advierte que el Congreso del Estado de Puebla no llevó a cabo la consulta de dicho sector de la población, transgrediendo su derecho a ser consultados.

Cuarto.

• Agrega que el Decreto impugnado tampoco contempló los elementos fundamentales que sirven de base para el cobro del derecho por estacionamiento, provocando actos inconstitucionales realizados por las autoridades administrativas.

• Sostiene que, si bien el Código Reglamentario para el Municipio de Puebla y las Reglas de Operación del Estacionamiento Rotativo –ambos documentos emitidos por el Ayuntamiento del Municipio de Puebla– no son Leyes, las normas deben quedar invalidadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como consecuencia indirecta de la inconstitucionalidad del artículo 57, fracción XI, de la Ley de Ingresos del Municipio de Puebla, para el ejercicio dos mil veintitrés; ello, pues en dichas normas se otorgan facultades a los agentes de tránsito para retener documentos a los conductores que cometen una infracción, privarle de sus placas, tarjeta de circulación o licencia de conducir, sin que previamente se siga en su contra un procedimiento en el que se le permita ser escuchado.

4. Admisión y trámite. Mediante proveído de dos de febrero de dos mil veintitrés, la Ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó:

• Formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad promovida por José Félix Cerezo Vélez y Jorge Arroyo Martínez, quienes se ostentan como Presidente y Director de Seguimiento de Recomendaciones, Conciliaciones y Asuntos Jurídicos, ambos de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, con el número 22/2023.

• Por razón de turno, designar al Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo como instructor en el procedimiento.

5. Por su parte, mediante acuerdo emitido el tres de marzo de dos mil veintitrés, el Ministro Instructor determinó:

• Tener por presentada la acción de inconstitucionalidad y admitirla a trámite.

• Tener por designado al delegado, señalando domicilio para oír y recibir notificaciones y ofrecidas como pruebas las documentales que indica.

• Dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo ambos del Estado de Puebla, órganos que, respectivamente, emitieron y promulgaron las normas impugnadas, a fin de que rindieran sus correspondientes informes.

• Requerir al Poder Legislativo del Estado, por conducto de quien legalmente la representa, para que al rendir el informe solicitado envíe a este Alto Tribunal copia certificada de todos los antecedentes legislativos del decreto impugnado.

• Requerir al Poder Ejecutivo del Estado que al rendir el informe solicitado envíe a este Alto Tribunal un ejemplar o copia certificada del Periódico Oficial de esa entidad en el que se publicó el decreto controvertido.

• Dar vista a la Fiscalía General de la República para que formule pedimento, con la finalidad de que, si considera que la materia de la presente acción de inconstitucionalidad trasciende a sus funciones constitucionales, manifieste lo que a su representación corresponda, hasta antes del cierre de instrucción.

6. Informe del Poder Legislativo del Estado de Puebla. El Poder Legislativo del Estado de Puebla, a través del Director General de Asuntos Jurídicos, de Estudios y Proyectos Legislativos del Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, presentó el informe respectivo en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia, de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el catorce de abril de dos mi veintitrés.

7. Informe del Poder Ejecutivo del Estado de Puebla. El Poder Ejecutivo del Estado de Puebla, a través del Subconsejero Jurídico Contencioso y de Análisis Estratégico de la Consejería Jurídica del Estado de Puebla, rindió su respectivo informe el cuatro de abril de dos mil veintitrés, en el que precisó que son ciertos los actos que se le atribuye al Poder Ejecutivo y que el citado poder cumplió con el mandato constitucional al emitir los actos impugnados.

8. Cierre de instrucción. Una vez recibidos los informes y transcurrido el plazo legal concedido a las partes para formular alegatos, mediante proveído del Ministro Instructor de dieciséis de mayo de dos mil veintitrés, se decretó el cierre de la instrucción a efecto de elaborar el proyecto de resolución respectivo.

I. COMPETENCIA

9. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(1) y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(2) en relación con el Punto Segundo, fracción II, del Acuerdo General 1/2023(3) de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, toda vez que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, por medio de su Presidente y representante legal, promueve el presente medio de control constitucional contra normas generales al considerar que su contenido es inconstitucional.

II. OPORTUNIDAD

10. El artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que el plazo para la presentación de la acción de inconstitucionalidad será de treinta días naturales y el cómputo respectivo deberá hacerse a partir del día siguiente al que se hubiere publicado la norma impugnada en el correspondiente medio oficial. Asimismo, señala que, si el último día del plazo fuere inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente.

11. Como se precisó en el considerando anterior, en la acción de inconstitucionalidad 22/2023 se impugna el artículo 57, fracción XI, del Decreto por el que se expide la Ley de Ingresos del Municipio de Puebla, para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés, publicado el veintiuno de diciembre de dos mil veintidós.

12. Por consiguiente, el plazo de treinta días naturales para promover la presente acción de inconstitucionalidad inició el veintidós de diciembre de dos mil veintidós y concluyó el veinte de enero de dos mil veintitrés.

13. Consecuentemente, como la demanda de acción de inconstitucionalidad fue entregada el diecinueve de enero de dos mil veintitrés, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, debe estimarse que resulta oportuna.

III. LEGITIMACIÓN

14. A continuación, se procede a analizar la legitimación del promovente, por ser un presupuesto indispensable para el ejercicio de la acción.

15. De acuerdo con el artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos o los organismos de protección de los derechos humanos equivalentes en las entidades federativas, son entes legitimados para promover el presente medio de control constitucional; por otro lado, el artículo 15 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla señala que el Presidente de dicha Comisión será el representante legal de la misma.

16. En el caso, el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla acredita su personalidad con la copia certificada de su nombramiento, y presenta la demanda en contra del artículo 57, fracción XI, del Decreto por el que se expide la Ley de Ingresos del Municipio de Puebla, para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés; de manera que cuenta con legitimación para impugnarlo.

IV. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO

17. El Poder Ejecutivo del Estado de Puebla señala que la presente acción de inconstitucionalidad debe sobreseerse, al actualizarse la causal de improcedencia contenida en el artículo 19, fracción VIII, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105, constitucional.

18. Sostiene que de modo alguno se advierte que la actora hubiere realizado verdaderamente un concepto de invalidez tendente a demostrar la inconstitucionalidad o inconvencionalidad del artículo 57, fracción XI, de la Ley de Ingresos del Municipio de Puebla, para el ejercicio dos mil veintitrés, pues solamente se limitó a realizar manifestaciones generales abstractas que, de ninguna manera, demuestran la pretendida irregularidad constitucional de la referida porción normativa.

19. Lo anterior deviene infundado.

20. Tal y como se precisó en las líneas que preceden, la Comisión accionante reclamó el artículo 57, fracción XI, de la Ley de Ingresos del Municipio de Puebla, señalando que el texto del mismo violenta el derecho a la seguridad jurídica, el principio de legalidad tributaria y la generalidad de la ley, pues el derecho planteado contempla los elementos constitutivos de las contribuciones; que la legislación impugnada transgrede el principio de proporcionalidad tributaria y legalidad, toda vez que el precepto fija una cuota por la ocupación de espacios para estacionamiento de vehículos cuyo cobro se realice mediante dispositivos digitales en lugares permitidos en la vía pública en general, pero omite mencionar si esa cuota es diaria o por cada hora de estacionamiento, lo que deja abierta la posibilidad de que sean las autoridades administrativas las que generen la configuración de los tributos; y que el Congreso del Estado de Puebla incumplió con su obligación de llevar a cabo una consulta ante las personas con discapacidad para conocer el verdadero impacto en su accesibilidad que representan las cuotas establecidas y las dinámicas para el pago de las mismas.

21. En ese sentido, contrario a lo expuesto por el Poder Ejecutivo del Estado de Puebla, la accionante sí expone razones por las cuales, a su juicio, el artículo impugnado debe ser invalidado, al violentar el texto constitucional.

V. PRECISIÓN DE LAS NORMAS RECLAMADAS

22. A fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, de conformidad de conformidad con los artículos 39, 40 y 41, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 constitucional,(4) resulta procedente hacer la siguiente precisión que deriva de la lectura integral de la demanda.

23. Del análisis al escrito de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, se advierte que se duele del artículo 57, fracción XI, de la Ley de Ingresos del Municipio de Puebla, para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés.

24. Ahora bien, este Tribunal Pleno considera necesario precisar el contenido de la norma efectivamente impugnada que será analizada en la presente acción de inconstitucionalidad:

"ARTÍCULO 57. Los derechos a que se refiere este Capítulo se causarán y pagarán conforme a las siguientes cuotas:

"...

"XI. Por la ocupación de espacios para estacionamiento de vehículos, cuyo cobro se realice mediante dispositivos digitales se pagará:

"a) En lugares permitidos de la vía pública en general: $10.00

"b) En mercados y en equipamientos urbanos: $3.00

"Las tarifas establecidas en esta fracción se sujetarán a los lineamientos emitidos por la Autoridad Municipal."

25. En ese sentido, se tiene como norma cuya invalidez se demanda únicamente la porción normativa antes precisada.

VI. ESTUDIO DE FONDO

26. Por cuestión metodológica, en principio se analizarán los argumentos relativos a la violación al proceso legislativo, reclamada por la accionante.

Violación al proceso legislativo del Decreto por el que se expide la Ley de Ingresos del Municipio de Puebla, para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés

27. En su tercer concepto de invalidez, la accionante señala que, el Decreto impugnado incumple con la obligación prevista en el artículo 4.3 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, relativa a llevar a cabo una consulta estrecha y promover la colaboración activa de dicho sector de la población, siendo que el pago de un derecho por el estacionamiento público, la prohibición de estacionarse cerca del lugar al que se dirigen, la colocación de espacios exclusivos para su uso, la creación de una aplicación electrónica como método de registro y pago que no está diseñada para personas con discapacidad, el tener que trasladarse para el pago de multas; impacta directamente en el ejercicio efectivo de su accesibilidad, movilidad y tránsito en igualdad de condiciones.

28. Para dar respuesta a lo anterior, cabe resaltar que la adopción en el dos mil seis, de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad ("Convención sobre Discapacidad", en adelante) significó un cambio en relación con la percepción y reconocimiento de las personas con discapacidad, toda vez que se superaron los modelos de prescindencia y médico-rehabilitador, para adoptar el modelo social de inclusión donde la persona con discapacidad es identificada como un sujeto y actor de derechos con plena autonomía y dignidad humana.(5)

29. En efecto, el artículo 4.3 de la Convención sobre Discapacidad prevé el derecho de las personas con discapacidad a ser consultadas, el cual tiene rango constitucional.(6)

"Artículo 4. Obligaciones generales

"...

"3. En la elaboración y aplicación de legislación y políticas para hacer efectiva la presente Convención, y en otros procesos de adopción de decisiones sobre cuestiones relacionadas con las personas con discapacidad, los Estados Partes celebrarán consultas estrechas y colaborarán activamente con las personas con discapacidad, incluidos los niños y las niñas con discapacidad, a través de las organizaciones que las representan."

30. En primer lugar, la razón que subyace a la exigencia de consultar a las personas con discapacidad consiste en que se supere un modelo rehabilitador de la discapacidad –donde las personas con estas condiciones son sujetos pasivos a la ayuda que se les brinda– favoreciendo un "modelo social" en el que la causa de la discapacidad es el contexto que la genera; es decir, las deficiencias de la sociedad en la que estas personas se encuentran para generar servicios adecuados, una vez consideradas sus necesidades particulares. Dicho de otro modo, una ausencia de consulta en cuestiones relacionadas con las personas con discapacidad significaría no considerarlas en la definición de sus propias necesidades, volviendo de alguna manera a un modelo rehabilitador o asistencialista.(7)

31. En segundo lugar, el derecho a la consulta de las personas con discapacidad está estrechamente relacionado con los principios generales de autonomía e independencia que rigen la Convención sobre Discapacidad (artículo 3.a), su derecho de igualdad ante la ley (artículo 12) y su derecho a la participación (artículos 3.c y 29) que se plasmó en el lema del movimiento de personas con discapacidad: "nada de nosotros sin nosotros".

32. Finalmente, el derecho a la consulta es uno de los pilares de la Convención sobre Discapacidad, puesto que el proceso de creación de dicho tratado fue justamente uno de participación genuina y efectiva, colaboración y consulta estrecha con las personas con discapacidad. La Convención sobre Discapacidad fue resultado de todas las opiniones ahí vertidas. Ello aseguró la calidad de dicho instrumento y su pertinencia para esas personas.(8)

33. Por lo tanto, el derecho a la consulta de las personas con discapacidad en la legislación y políticas públicas nacionales es un requisito ineludible para asegurar la pertinencia y calidad de todas las acciones encaminadas a asegurar el pleno goce de los derechos de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con los demás. Dicho de otro modo, la consulta es lo que asegura que las medidas dirigidas a las personas con discapacidad sean una respuesta a sus necesidades reales.

34. Por otra parte, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas ("Comité sobre Discapacidad", en adelante), previsto en la Convención sobre Discapacidad para monitorear el cumplimiento de ésta por los Estados parte como México,(9) recomendó al Estado Mexicano "que establezca mecanismos regulares para convocar consultas con las organizaciones de personas con discapacidad, asegurando que sus opiniones reciban la consideración adecuada".(10)

35. Si bien no existe un mecanismo previsto en una ley general del Congreso de la Unión que regule los parámetros y requisitos para cumplir con la obligación prevista en el artículo 4.3 de la Convención sobre Discapacidad,(11) el Comité sobre Discapacidad determinó en su Observación General número 7 (2018) lo siguiente en relación con el deber de realizar consultas por parte de los poderes legislativos: "8. A fin de cumplir las obligaciones dimanantes del artículo 4, párrafo 3, los Estados parte deberían incluir la obligación de celebrar consultas estrechas e integrar activamente a las personas con discapacidad, a través de sus propias organizaciones, en los marcos jurídicos y reglamentarios y los procedimientos en todos los niveles y sectores del Gobierno. Los Estados partes deberían considerar las consultas y la integración de las personas con discapacidad como medida obligatoria antes de aprobar leyes, reglamentos y políticas, ya sean de carácter general o relativos a la discapacidad. Por lo tanto, las consultas deberían comenzar en las fases iniciales y contribuir al resultado final en todos los procesos de adopción de decisiones.

"Las consultas deberían comprender a las organizaciones que representan a la amplia diversidad de personas con discapacidad a nivel local, nacional, regional e internacional."(12) (énfasis añadido)

Ver Observación General número 7 (2018) con énfasis

36. Asimismo, el Comité sobre Discapacidad señaló que la expresión "cuestiones relacionadas con las personas con discapacidad", que figura en artículo 4, párrafo 3, abarca toda la gama de medidas legislativas, administrativas y de otra índole que puedan afectar de forma directa o indirecta a los derechos de las personas con discapacidad. La interpretación amplia de las cuestiones relacionadas con las personas con discapacidad permite a los Estados parte tener en cuenta la discapacidad mediante políticas inclusivas, garantizando que las personas con discapacidad sean consideradas en igualdad de condiciones con las demás.(13)

37. Sin embargo, el Comité Sobre Discapacidad también reconoció que en caso de controversia sobre los efectos directos o indirectos de las medidas de que se trate, corresponde a las autoridades públicas de los Estados parte demostrar que la cuestión examinada no tendría un efecto desproporcionado sobre las personas con discapacidad y, en consecuencia, que no se requiere la celebración de consultas.

38. Por otra parte, respecto al requisito de que las consultas sean "estrechas" y exista una "colaboración activa", el Comité sobre Discapacidad determinó lo siguiente:

"21. La "celebración de consultas estrechas y la colaboración activa" con las personas con discapacidad a través de las organizaciones que las representan es una obligación dimanante del derecho internacional de los derechos humanos que exige el reconocimiento de la capacidad jurídica de todas las personas para participar en los procesos de adopción de decisiones sobre la base de su autonomía personal y libre determinación. La consulta y colaboración en los procesos de adopción de decisiones para aplicar la Convención, así como en otros procesos de adopción de decisiones, deberían incluir a todas las personas con discapacidad y, cuando sea necesario, regímenes de apoyo para la adopción de decisiones.

"22. Los Estados deberían contactar, consultar y colaborar sistemática y abiertamente, de forma sustantiva y oportuna, con las organizaciones de personas con discapacidad. Ello requiere acceso a toda la información pertinente, incluidos los sitios web de los órganos públicos, mediante formatos digitales accesibles y ajustes razonables cuando se requiera, como la interpretación en lengua de señas, los textos en lectura fácil y lenguaje claro, el braille y la comunicación táctil. Las consultas abiertas dan a las personas con discapacidad acceso a todos los espacios de adopción de decisiones en el ámbito público en igualdad de condiciones con las demás, lo cual incluye los fondos nacionales y todos los órganos públicos de adopción de decisiones competentes para la aplicación y el seguimiento de la Convención.

"23. Las autoridades públicas deberían considerar, con la debida atención y prioridad, las opiniones y perspectivas de las organizaciones de personas con discapacidad cuando examinen cuestiones relacionadas directamente con esas personas. Las autoridades públicas que dirijan procesos de adopción de decisiones tienen el deber de informar a las organizaciones de personas con discapacidad de los resultados de esos procesos, en particular proporcionando una explicación clara, en un formato comprensible, de las conclusiones, las consideraciones y los razonamientos de las decisiones sobre el modo en que se tuvieron en cuenta sus opiniones y por qué."(14) (énfasis añadido)

Ver determinación del Comité con énfasis

39. Ahora bien, este Tribunal Pleno sostuvo al resolver la acción de inconstitucionalidad 33/2015,(15) que la consulta previa en materia de derechos de personas con discapacidad es una formalidad esencial del procedimiento legislativo, cuya exigibilidad se actualiza cuando las acciones estatales objeto de la propuesta afecten los intereses y/o derechos de esos grupos.

40. Asimismo, al fallar la acción de inconstitucionalidad 80/2017 y su acumulada 81/2017,(16) el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la invalidez de la Ley de Asistencia Social para el Estado y Municipios de San Luis Potosí, expedida mediante Decreto 0661 y, por extensión, la de los Decretos 0609 y 0611; lo anterior, sobre la base de que los numerales cuestionados tenían un impacto específico en las personas con discapacidad, al regular el tipo, la forma y el modo en que los entes públicos correspondientes atenderían las distintas necesidades de estas personas en materia de seguridad, salud y rehabilitación. Por lo que se consideró que el desahogo de una consulta a personas con discapacidad era indispensable.

41. De igual forma, al resolver la acción de inconstitucionalidad 109/2016,(17) este Tribunal Pleno declaró la invalidez del Decreto No. 1447/2016 XX P.E., mediante el cual se reformaron diversas normas del Código Civil del Estado de Chihuahua, ante la falta de consulta a las personas con discapacidad. Lo anterior, por tratarse de un decreto que, si bien reformó el Código Civil del Estado, de manera exclusiva regulaba cuestiones relacionadas con los derechos de las personas con discapacidad, de tal manera que se consideró que la consulta previa resultaba necesaria para cumplir con los lineamientos a los que se ha comprometido el Estado Mexicano frente a distintos tratados internacionales que le son vinculantes.

42. Finalmente, se advierte que, a partir de la acción de inconstitucionalidad 212/2020, este Tribunal Pleno ha sostenido que en los casos de leyes que no son exclusivas o específicas en regular los intereses y/o derechos de personas con discapacidad, la falta de consulta previa no implicaba la invalidez de todo el procedimiento legislativo, sino únicamente de los preceptos que debían ser consultados y respecto de los cuales el legislador fue omiso en llevar a cabo la consulta previa conforme a los estándares adoptados por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este criterio ha sido reiterado, por ejemplo, en las diversas acciones de inconstitucionalidad 193/2020, 179/2020, 214/2020, 131/2020 y su acumulada 186/2020, 121/2019, 18/2021 y 239/2020.

43. Por tanto, la decisión de si el vicio de ausencia de consulta tiene el potencial de invalidar toda la ley o solamente determinados preceptos legales, dependerá de si las normas que regulan a las personas con discapacidad las tienen como objeto específico de su regulación en su integridad.

44. De igual forma, esta determinación que constituye una evolución en el criterio de este Alto Tribunal, precisa que en el supuesto de que una norma o un ordenamiento general no esté específicamente relacionado con los grupos vulnerables que deben ser privilegiados con una consulta, esto es, que no se refieran única y exclusivamente a ellos, sino al contexto general donde están incorporadas; las normas por invalidar serán precisamente las que les atañen, pero sin alcanzar a invalidar toda la ley. Por el contrario, cuando las leyes se dirijan específicamente a estos grupos vulnerables, la falta de consulta invalidará todo ese ordenamiento.

45. En el presente caso, como se advierte del escrito de la accionante, ésta señala que, del análisis del proceso legislativo del Decreto impugnado, se advierte que el Congreso del Estado de Puebla no llevó a cabo la consulta a las personas con discapacidad, siendo que la norma impacta directamente en el ejercicio efectivo de su accesibilidad, movilidad y tránsito.

46. Sin embargo, como se ha señalado previamente, en el artículo que hoy se combate se establece un derecho por el pago de un servicio, a saber:

"ARTÍCULO 57. Los derechos a que se refiere este Capítulo, se causarán y pagarán conforme a las siguientes cuotas:

"...

"XI. Por la ocupación de espacios para estacionamiento de vehículos, cuyo cobro se realice mediante dispositivos digitales se pagará:

"a) En lugares permitidos de la vía pública en general: $10.00

"b) En mercados y en equipamientos urbanos: $3.00

"Las tarifas establecidas en esta fracción se sujetarán a los lineamientos emitidos por la Autoridad Municipal."

47. Es decir, conforme a los estándares descritos con antelación, no se requería consulta previa para la aprobación de la norma impugnada, pues no atañe ni guarda relación directa e inmediata con los derechos que asisten a las personas con discapacidad de manera especial y diferenciada frente al resto de la población.

48. Ello, pues únicamente se establece el cobro de un derecho por el servicio de estacionamiento público de vehículos, sin que se prevea regulación y mucho menos limitante alguna a la movilidad o tránsito de personas con discapacidad.

49. Consecuentemente, contrariamente a lo que aduce la promovente, el Poder Legislativo no estaba obligado a realizar la consulta antes aludida. En ese sentido, el argumento de la accionante deviene infundado.

50. Ahora bien, respecto del resto de los conceptos de invalidez planteados, cabe resaltar que, conforme a la jurisprudencia P./J. 77/99,(18) el examen del derecho a la legalidad tributaria es previo a los demás de justicia fiscal, dado que, de no respetarse, no es

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32367-cdf6aec2/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-comision-estatal-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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