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I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS [ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, INCISO G), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS]. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA [ARTÍCULO 15, FRACCIÓN XI, DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS]. III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DEBE DESESTIMARSE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL PODER EJECUTIVO LOCAL EN QUE ADUCE QUE AL PROMULGAR Y PUBLICAR LA NORMA IMPUGNADA SÓLO ACTUÓ EN CUMPLIMIENTO DE SUS FACULTADES. IV. GARANTÍA DE EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY EN MATERIA PENAL. SU CONTENIDO Y ALCANCE ABARCA TAMBIÉN A LA LEY MISMA. V. EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY PENAL. LA GARANTÍA CONTENIDA EN EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 14 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, TAMBIÉN OBLIGA AL LEGISLADOR. VI. PRINCIPIO DE LEGALIDAD PENAL EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD. ANÁLISIS DEL CONTEXTO EN EL CUAL SE DESENVUELVEN LAS NORMAS PENALES, ASÍ COMO DE SUS POSIBLES DESTINATARIOS. VII. PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD. SÓLO OBLIGA AL LEGISLADOR A UNA DETERMINACIÓN SUFICIENTE DE LOS CONCEPTOS CONTENIDOS EN LAS NORMAS PENALES Y NO A LA MAYOR PRECISIÓN IMAGINABLE. VIII. TAXATIVIDAD EN MATERIA PENAL. LA DESCRIPCIÓN TÍPICA NO DEBE SER VAGA, IMPRECISA, ABIERTA O AMPLIA, AL GRADO DE PERMITIR LA ARBITRARIEDAD EN SU APLICACIÓN. IX. DELITO DE RESPONSABILIDADES PENALES DE LAS PERSONAS JURÍDICAS EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS. LA POSIBILIDAD DE ATENUAR LAS SANCIONES A TRAVÉS DE LA REMISIÓN AL ARTÍCULO 422 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, SIN INDICAR LOS PARÁMETROS MÍNIMOS Y MÁXIMOS PARA GRADUARLAS, VIOLA EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD, PUES LAS PERSONAS DESTINATARIAS DE LA NORMA Y LAS PERSONAS OPERADORAS JURÍDICAS NO PUEDEN CONOCER LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS EN LAS QUE SERÁ APLICABLE EL CRITERIO DE ATENUACIÓN, ESTO ES, LAS PREVISTAS EN LA NORMA LOCAL O LAS CONTENIDAS EN LA CODIFICACIÓN NACIONAL (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 59, PÁRRAFO ÚLTIMO, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "EN TODOS LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 422 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES", DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS). X. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DE UNA NORMA PENAL CON EFECTOS RETROACTIVOS AL MOMENTO DE SU ENTRADA EN VIGOR (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 59, PÁRRAFO ÚLTIMO, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "EN TODOS LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 422 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES", DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS). XI. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS CON MOTIVO DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 59, PÁRRAFO ÚLTIMO, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "EN TODOS LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 422 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES", DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS).

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 221/2023. · Registro digital (IUS): 32753
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2024-10-04
Promovente: COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.
Localización: Undécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 42, Octubre de 2024, Tomo I, Volumen 1, Pág.49.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 221/2023. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 17 DE JUNIO DE 2024. PONENTE: JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. SECRETARIO: OMAR CRUZ CAMACHO.

ÍNDICE TEMÁTICO

Hechos: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos impugna el artículo 59, último párrafo, en la porción normativa "En todos los supuestos previstos en el artículo 422 del Código Nacional de Procedimientos Penales", del Código Penal para el Estado de Tamaulipas, reformado mediante Decreto No. 65-664, publicado el veinticinco de octubre de dos mil veintitrés en el Periódico Oficial de esa entidad.

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Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al día diecisiete de junio de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 221/2023, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en contra del artículo 59, último párrafo, en la porción normativa "En todos los supuestos previstos en el artículo 422 del Código Nacional de Procedimientos Penales", del Código Penal para el Estado de Tamaulipas, reformado mediante Decreto No. 65-664, publicado el veinticinco de octubre de dos mil veintitrés en el Periódico Oficial de esa entidad.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA

1. Presentación del escrito inicial. El veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés, la Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (en adelante, "CNDH") presentó demanda de acción de inconstitucionalidad ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal.

2. Autoridades emisora y promulgadora. El Congreso del Estado de Tamaulipas y el Gobernador Constitucional de dicha entidad federativa.

3. Norma general impugnada. El artículo 59, último párrafo, en la porción normativa "En todos los supuestos previstos en el artículo 422 del Código Nacional de Procedimientos Penales", del Código Penal para el Estado de Tamaulipas, reformado mediante Decreto No. 65-664, publicado el veinticinco de octubre de dos mil veintitrés en el Periódico Oficial de esa entidad.

4. Preceptos constitucionales y convencionales que se estiman violados. La promovente argumenta que la norma impugnada es contraria a los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Federal; 1, 2 y 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 2 y 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

5. Concepto de invalidez único. En síntesis, la CNDH señaló en su escrito de demanda lo siguiente:

• La porción impugnada es violatoria del derecho a la seguridad jurídica y legalidad en su vertiente de taxatividad que exige que los textos contengan normas sancionadoras perfectamente claras que describan las conductas que regulan y las sanciones penales que se puedan aplicar. En esa línea, señala que la norma no brinda certeza sobre las consecuencias jurídicas tratándose de personas jurídicas responsables de un delito.

• El último párrafo del artículo 59 del Código Penal para el Estado de Tamaulipas impugnado establece que, en todos los supuestos previstos en el artículo 422 del Código Nacional de Procedimientos Penales, las sanciones podrán atenuarse hasta en una cuarta parte, si con anterioridad al hecho que se les imputa, las personas jurídicas contaban con un órgano de control permanente, encargado de verificar el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables para darle seguimiento a las políticas internas de prevención delictiva y que hayan realizado antes o después del hecho que se les imputa, la disminución del daño provocado por el hecho típico. Sin embargo, la accionante señala que existe imposibilidad jurídica para llevar a cabo dicha atenuación en todos los supuestos referidos del artículo 422 del código nacional.

Lo anterior, porque el Código Nacional de Procedimientos Penales al hacer referencia a los diferentes tipos de sanciones que se pueden aplicar a las personas jurídicas cuando se acredite su responsabilidad penal, éstas no contienen los parámetros mínimos ni máximos de la duración de la pena que se deberán considerar al momento de individualizar la sanción, ya que ello es materia sustantiva penal. Además, por la propia naturaleza de algunas sanciones ahí previstas es imposible llevar a cabo una atenuación en los términos planteados por el artículo impugnado.

Al menos en las sanciones consistentes en el decomiso de instrumentos o productos de delito, publicación de la sentencia, disolución y amonestación pública, no es posible disminuirla en una cuarta parte, pues son consecuencias jurídicas cuyo cumplimiento es instantáneo o de un solo acto, de ahí la imposibilidad de que sean fraccionadas para poder ser atenuadas. Por lo que dicha cuestión genera un estado de incertidumbre en perjuicio de sus destinatarios, pues el órgano jurisdiccional que decida imponer algunas de esas sanciones, actualizándose dicha atenuación, estaría imposibilitado jurídicamente.

No se podrán disminuir las sanciones en una cuarta parte, a pesar de que el artículo impugnado establezca el mandato de que "En todos los supuestos previstos en el artículo 422 del Código Nacional de Procedimientos Penales" las sanciones deberán atenuarse hasta en una cuarta parte.

• El artículo 422 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé las consecuencias jurídicas de i) sanción pecuniaria o multa, ii) decomiso de objetos o productos del delito, iii) publicación de sentencias, iv) disolución y v) amonestación pública, las cuales no fueron reguladas por el Código Penal para el Estado de Tamaulipas. Sin embargo, la CNDH señala que estas penas no pueden atenuarse en una cuarta parte, porque la codificación nacional no establece parámetros mínimos y máximos para su individualización, además de que algunas de ellas, por su propia naturaleza, no pueden ser disminuidas.

• Insiste en que las penas a las personas jurídicas son imprecisas, pues la atenuación de la pena solo será admisible en los supuestos previstos en el artículo 59 del Código Penal para el Estado de Tamaulipas, mas no con lo previsto en el artículo 422 del Código Nacional de Procedimientos Penales, toda vez que en el primer ordenamiento mencionado si contiene una temporalidad susceptible de ser graduada por el juzgador, mientras que en el segundo no. En ese sentido, la remisión a la norma nacional carece de sentido normativo.

• En esa línea señala que la porción impugnada genera inseguridad jurídica pues, por un lado, prevé la posibilidad de disminuir las sanciones a favor de personas jurídicas en determinado supuesto, pero por la otra, derivado de su generalidad, impide que en más de un supuesto establecido en el código nacional se pueda llevar a cabo la reducción de la pena, a pesar de prever la obligación de atenuar las penas en todos los supuestos establecidos en el artículo 422 del código nacional. Por lo que -estima- el artículo impugnado vulnera el derecho a la seguridad jurídica y legalidad en su vertiente de taxatividad, en el que se prevé la obligación del legislador de establecer las descripciones típicas y las sanciones con suficiente claridad que no permita su aplicación discrecional o que cause confusión para sus destinatarios.

6. Admisión y trámite. El veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés, la Ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente con el número 221/2023 y lo turnó al Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá para que instruyera el procedimiento y formulara el proyecto de resolución respectivo.

7. Por medio del auto emitido el seis de diciembre de dos mil veintitrés, el Ministro instructor admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad. Asimismo, ordenó que se diera vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Tamaulipas para que rindieran sus informes respectivos, así como para que el Poder Legislativo local enviara copia certificada de los antecedentes legislativos de la norma impugnada y al Poder Ejecutivo local un ejemplar o copia certificada del Periódico Oficial del Estado. Por último, dio vista a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal para que estuvieran en posibilidad de formular manifestaciones.

8. Informe del Poder Ejecutivo del Estado de Tamaulipas.(1) En su informe, el Poder Ejecutivo local sostiene la validez de la norma impugnada. Esgrime, en síntesis, los siguientes argumentos:

• Señala que es cierto el acto impugnado, ya que promulgó y ordenó la publicación del artículo combatido con estricto apego a lo que dispone la Constitución local. Sin embargo, refiere que no fue impugnado por vicios propios.

• Después de hacer una breve referencia a la doctrina de la colisión de derechos, señala que dicho precepto establece límites de punibilidad para las consecuencias de las personas jurídicas, es decir, sí establecen los umbrales mínimos y máximos que puedan imponerse por la comisión de determinados delitos, por lo que no quebranta los principios de seguridad jurídica y legalidad.

• Refiere que dicha reforma trae consigo un beneficio directo a la sociedad, por lo que al contemplarla en el código penal local le da certeza a la sociedad tamaulipeca, al traer una norma destinada a facilitar la operatividad del Código Nacional de Procedimientos Penales.

9. Informe del Poder Legislativo del Estado de Tamaulipas.(2) En su informe, el Poder Legislativo local coincide con la invalidez de la norma impugnada. En síntesis, señala lo siguiente:

• Coincide con el hecho de que no es posible llevar a cabo la atenuación de la sanción hasta en una cuarta parte en todos los supuestos previstos en el artículo 422 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ello, porque no se establecen parámetros medibles de mínimos y máximos (decomisos de productos del delito, publicación de la sentencia, disolución y la amonestación pública) para efecto de atenuar las sanciones de las personas jurídicas en términos del artículo 59 del Código Penal para el Estado de Tamaulipas. Por tanto, señala que dicho artículo impugnado genera incertidumbre a sus destinatarios.

• Refiere que, si se atiende a las sanciones previstas en el artículo 422 del código nacional, se hace evidente la limitación para la aplicación del criterio atenuante establecido en el artículo impugnado, por lo que es factible perfeccionar la norma para generar una mayor certeza jurídica a los destinatarios de ésta. Por lo que se concede la posibilidad de que dicha porción normativa impugnada pueda ser sujeta a revisión constitucional, sin demérito de una reforma previa bajo los principios constitucionales.

10. Opinión de la Fiscalía General de la República y de la Consejería Jurídica del Gobierno Federal. No formularon opinión en relación con el presente asunto.

11. Alegatos. En acuerdo de siete de marzo de dos mil veinticuatro, el Ministro instructor tuvo por formulados los alegatos de la CNDH.

12. Cierre de instrucción. Una vez cerrada la instrucción en este asunto se envió el expediente al Ministro instructor para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.

I. COMPETENCIA

13. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(3) 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(4) y el punto segundo, fracción II, del Acuerdo General 1/2023 de este Tribunal Pleno.(5) Esto, dado que se planteó la posible contradicción entre una porción normativa del último párrafo del artículo 59 del Código Penal para el Estado de Tamaulipas y la Constitución Federal.

II. PRECISIÓN DE LA NORMA IMPUGNADA

14. De la lectura integral de la demanda se advierte que la accionante impugna el artículo 59, último párrafo, en la porción normativa "En todos los supuestos previstos en el artículo 422 del Código Nacional de Procedimientos Penales", del Código Penal para el Estado de Tamaulipas, reformado mediante Decreto No. 65-664, publicado el veinticinco de octubre de dos mil veintitrés en el Periódico Oficial de esa entidad.

III. OPORTUNIDAD

15. El plazo para promover una acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales contados a partir del día siguiente a la fecha en que se haya publicado en el correspondiente medio oficial la norma general o tratado internacional impugnado.(6)

16. El artículo 59 del Código Penal para el Estado de Tamaulipas fue reformado mediante Decreto No. 65-664, publicado el veinticinco de octubre de dos mil veintitrés en el Periódico Oficial de esa entidad. En ese sentido, el plazo para su impugnación transcurrió del jueves veintiséis de octubre al viernes veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés.

17. En el caso, la demanda de la CNDH se recibió vía buzón judicial en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal el veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. Por lo tanto, cabe concluir que resulta oportuna.

IV. LEGITIMACIÓN

18. El artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Federal faculta a la CNDH para promover acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes federales y de las entidades federativas o de tratados internacionales por vulnerar los derechos humanos reconocidos en la Constitución Federal, así como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.

19. Dado que en la demanda la CNDH impugna una norma del Código Penal para el Estado de Tamaulipas por estimar que vulnera los derechos a la seguridad jurídica y legalidad, en su vertiente de taxatividad, debe concluirse que cuenta con legitimación para promover la presente acción de inconstitucionalidad.

20. Ahora bien, el artículo 11, en relación con el 59, ambos de la Ley Reglamentaria en la materia,(7) establecen que el promovente debe acudir al procedimiento a través de los funcionarios que, en términos de las normas que lo rigen, están facultados para representarlo. Asimismo, se presumirá que la persona que acude goza de la representación legal, salvo prueba en contrario.

21. Suscribe la demanda María del Rosario Piedra Ibarra, en su carácter de Presidenta de la CNDH, lo que acredita con copia certificada del acuerdo de designación emitido por el Senado de la República. El artículo 15, fracción XI, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos faculta a su Presidenta a promover las acciones de inconstitucionalidad que correspondan.(8) Por lo tanto, debe concluirse que esta funcionaria cuenta con la representación del órgano legitimado para presentar la demanda.

V. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA

22. Si bien la autoridad no planteó este argumento como una causa de improcedencia, conviene pronunciarse respecto a lo señalado por el Poder Ejecutivo local en su informe. Señala que se limitó a dar cumplimiento a sus facultades constitucionales y que el decreto no se impugnó por vicios propios. Sin embargo, ello no hace improcedente la acción de inconstitucionalidad por lo que hace a dicha autoridad, dado que es criterio de este Alto Tribunal que, al tener injerencia en el proceso legislativo de las normas generales para otorgarle plena validez y eficacia, el Poder Ejecutivo local se encuentra invariablemente implicado en la emisión de la norma impugnada en la acción de inconstitucionalidad, por lo que debe responder por la conformidad de sus actos frente a la Constitución Federal.(9)

23. Al advertirse que las partes no hicieron valer causa de improcedencia alguna, ni este Tribunal advierte alguna oficiosamente, lo procedente es abordar el estudio de fondo del asunto.

VI. ESTUDIO DE FONDO

24. La CNDH considera que la porción normativa impugnada del artículo 59, último párrafo, del Código Penal para el Estado de Tamaulipas es inválida porque vulnera el derecho a la seguridad jurídica y legalidad, en su vertiente de taxatividad, ya que no es posible llevar a cabo la atenuación de las sanciones hasta en una cuarta en todos los supuestos previstos en el artículo 422 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es decir, que existe imposibilidad jurídica para llevar a cabo la atenuación de todas las penas a las personas jurídicas en todos los casos previstos en la codificación nacional a la que remite el artículo impugnado. Ello, tras establecer el artículo combatido el mandato de que "en todos los supuestos previstos en el artículo 422 del Código Nacional de Procedimientos Penales" las sanciones deberán atenuarse hasta en una cuarta parte.

25. La promovente precisa que el Código Nacional de Procedimientos Penales refiere los tipos de sanciones que se pueden aplicar a las personas jurídicas cuando se acredite su responsabilidad penal. Sin embargo, en algunos casos, éstos no contienen los parámetros mínimos ni máximos de la duración de las penas que se deberán considerar al momento de individualizar la sanción. Además de que por la propia naturaleza de algunas sanciones ahí previstas no es posible llevar a cabo alguna atenuación en los términos del artículo impugnado.

26. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación estima que es fundado el concepto de invalidez hecho valer por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos porque, efectivamente, no se pueden llevar a cabo las atenuantes en todos los supuestos previstos en el artículo 422 del Código Nacional, vulnerando así el principio de legalidad, en su vertiente de taxatividad. Para explicar a detalle esta conclusión, se expondrá el parámetro de regularidad constitucional (A) y, posteriormente, se analizará la norma impugnada (B).

A. Parámetro de regularidad constitucional

27. En primer lugar, debe tenerse en cuenta que el principio de taxatividad rige en la formulación legislativa de las normas de carácter penal y se encuentra consagrado tanto en el artículo 14 de la Constitución Federal(10) como en el 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.(11) Este Tribunal Pleno ha interpretado tales preceptos conforme a los siguientes razonamientos.(12)

28. En el tercer párrafo del artículo 14 se encuentra de manera explícita la garantía de exacta aplicación de la ley en materia penal, la cual no se circunscribe a los meros actos de aplicación, sino que abarca también al contenido de la ley. Ésta debe estar redactada de tal forma que los términos mediante los cuales se especifiquen los elementos del tipo penal sean claros, precisos y exactos.

29. Ello, pues, por un lado, la autoridad legislativa no puede sustraerse del deber de consignar leyes con expresiones y conceptos claros, precisos y exactos al prever las penas y describir las conductas que señala como típicas; por otro lado, las leyes deben incluir todos sus elementos, características, condiciones, términos y plazos, para evitar confusiones en su aplicación o demérito en la defensa del procesado.(13)

30. Entre otros precedentes, al resolver la acción de inconstitucionalidad 29/2011,(14) este Tribunal Pleno sostuvo que las normas jurídicas son expresadas mediante enunciados lingüísticos denominados disposiciones, las cuales, en materia penal, contienen una exigencia de racionalidad lingüística que es conocida precisamente como principio de taxatividad.

31. Así, este principio constituye un importante límite al legislador en un Estado democrático de derecho en el que subyacen dos valores fundamentales: la certeza jurídica y la imparcialidad en la aplicación del derecho. Estos valores se traducen en un auténtico deber constitucional del legislador para formular, en términos precisos, los supuestos de hecho de las normas penales. En otros términos, el principio de taxatividad puede definirse como la exigencia de que los textos en los que se recogen las normas sancionadoras describan con suficiente precisión cuáles conductas están prohibidas y qué sanciones se impondrán a quienes incurran en ellas. 32. Asimismo, en dicho precedente se destacó que esta Suprema Corte de Justicia ha entendido el principio de taxatividad como una de las tres formulaciones del principio de legalidad, junto con los principios de no retroactividad y reserva de ley.

33. Adicionalmente, se dijo que la precisión de las disposiciones es una cuestión de grado; por ello, lo que se busca con este tipo de análisis no es validar las normas si y sólo si se detecta la certeza absoluta de los mensajes del legislador, ya que ello es lógicamente imposible. Más bien lo que se pretende es que el grado de imprecisión sea razonable, es decir, que el precepto sea lo suficientemente claro como para reconocer su validez, en tanto se considera que el mensaje legislativo cumplió esencialmente su cometido dirigiéndose al núcleo esencial de casos regulados por la norma.(15)

34. Sin embargo, el otro extremo sería la imprecisión excesiva o irrazonable, es decir, un grado de indeterminación tal que provoque en los destinatarios confusión o incertidumbre por no saber cómo actuar ante la norma jurídica; la certeza jurídica y la imparcialidad en la aplicación del derecho —se insiste— son los valores subyacentes al principio de taxatividad.

35. En este sentido, es claro que en el derecho humano de exacta aplicación de la ley en materia penal se puede advertir una vertiente que consiste en un mandato de taxatividad; lo que significa que los textos que contengan normas sancionadoras deben describir de manera clara las conductas que están regulando y las sanciones penales que se puedan aplicar a quienes las realicen.(16)

36. Se reitera, el mandato de taxatividad sólo obliga al legislador penal a una determinación suficiente y no a la mayor precisión imaginable; ese es el grado de exigencia. Desde esta perspectiva, la taxatividad tiene un matiz consistente en que los textos legales que contienen las normas penales únicamente deben describir con suficiente precisión cuáles conductas están prohibidas y qué sanciones se impondrán a quienes incurran en ellas. La exigencia en cuanto a la claridad y precisión es gradual.

37. Así, se puede esclarecer una cierta tensión estructural en el mandato de la taxatividad: alcanzar el punto adecuado entre precisión (claridad) y flexibilidad de una disposición normativa para que, en una sana colaboración con las autoridades judiciales, dichas disposiciones puedan ser interpretadas para adquirir mejores contornos de determinación, es decir, como la legislación penal no puede renunciar a la utilización de expresiones, conceptos jurídicos, términos técnicos, vocablos propios de un sector o profesión (y por ello necesitados de concreción) entonces el legislador y las autoridades judiciales se reparten el trabajo para alcanzar, de inicio, una suficiente determinación y, posteriormente, una mayor concreción.

38. Además, este Tribunal Pleno ha determinado que la tipicidad es un presupuesto indispensable del acreditamiento del injusto penal y constituye la base fundamental del principio de legalidad que rige, con todas sus derivaciones, como pilar de un sistema de derecho penal en un Estado democrático de Derecho.(17)

39. La descripción típica no debe ser vaga, imprecisa, abierta o amplia, al grado de permitir la arbitrariedad en su aplicación, para garantizar la exacta aplicación de la ley penal y la prohibición de imposiciones de penas por analogía o mayoría de razón. La descripción debe ser exacta y clara dado que, al cumplir con una función inhibidora de las conductas punibles, se puede evitar solamente aquello que se tiene posibilidad de conocer con certeza.

40. En consecuencia, la formulación de taxatividad supone la exigencia de que el grado de determinación de la conducta típica sea tal que, lo que es objeto de prohibición, las conductas sancionables y las penas puedan ser conocidas sin problemas por el destinatario de la norma.

B. Análisis de la norma impugnada

41. El artículo 59, último párrafo, del Código Penal para el Estado de Tamaulipas impugnado tuvo su origen en la iniciativa de ley con proyecto de Decreto por el que se reformaron los artículos 58 y 59, así como la derogación de los artículos 61 y 62, todos del Código Penal Local, que se presentó el nueve de agosto de dos mil veintitrés ante el Congreso de la entidad federativa. En la exposición de motivos se señala que estas disposiciones se enmarcan en el contexto de considerar la responsabilidad penal de las personas jurídicas, ya que anteriormente se decía que las personas morales no podían cometer delitos, y fue hasta el cinco de marzo de dos mil catorce cuando se previó en el Código Nacional de Procedimientos Penales la figura de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. En respuesta a lo anterior, se propuso reformar el Código Penal local para ajustarlo a lo previsto en el Código Nacional y generar las condiciones necesarias para que la Fiscalía del Estado pueda perseguir los delitos cometidos por las personas jurídicas. A continuación, se transcribe un fragmento relevante de dicha exposición de motivos:

"La responsabilidad penal de las personas morales, personas jurídicas o las empresas reguladas por la ley, es hoy en día ya un tema de interés para todos, pues anteriormente se decía que las personas morales no podían cometer delitos, y fue hasta el día 5 de marzo del año 2014 que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Código Nacional de Procedimientos Penales, donde se añade la figura de la responsabilidad penal a las personas jurídicas en el artículo 421. Siendo así posteriormente reformado el Código Penal Federal, donde en sus artículos 11 y 11 bis se detallan las consecuencias jurídicas y delitos de las personas jurídicas.

(...)

Así pues, como puede observarse, la legislación penal del Estado de Tamaulipas no ha avanzado al nivel de la legislación federal y de otras entidades federativas para definir puntualmente la responsabilidad penal de las personas jurídicas, pues de la lectura de nuestro actual artículo 58 del Código Penal, se desprende que la responsabilidad penal sigue siendo de la persona física, aunque se impongan sanciones a la persona moral.

(...)

Así, es necesario que la legislación estatal reconozca la responsabilidad penal de las personas jurídicas en las condiciones que demandan nuestros compromisos internacionales y en la forma en que se ha venido resolviendo el tema en la legislación nacional.

Por ello, proponemos reformar el artículo 58 para ajustarlo a la previsión del Código Nacional de Procedimientos Penales y generar las condiciones jurídicas necesarias para que la Fiscalía General del Estado pueda perseguir eficazmente los delitos cometidos con (sic) las empresas".

42. El texto del artículo 59, último párrafo, del Código Penal para el Estado de Tamaulipas impugnado es el siguiente [se transcribe todo el contenido para mayor claridad en la exposición y únicamente se subraya la parte impugnada]:

"ARTÍCULO 59.- Para los efectos del artículo 422 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se estará a los siguientes límites de punibilidad para las consecuencias jurídicas de las personas jurídicas:

a).- Suspensión de actividades, por un plazo de entre seis meses a seis años;

b).- Clausura de locales y establecimientos, por un plazo de entre seis meses a seis años;

c).- Prohibición de realizar en el futuro las actividades en cuyo ejercicio se haya cometido o participado en su comisión, por un plazo de entre seis meses a diez años;

d).- Inhabilitación temporal consistente en la suspensión de derechos para participar de manera directa o por interpósita persona en procedimientos de contratación o celebrar contratos regulados por la Ley de Adquisiciones para la Administración Pública del Estado de Tamaulipas y sus Municipios, así como por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de Tamaulipas, por un plazo de entre seis meses a seis años; y

e).- Intervención judicial para salvaguardar los derechos de los trabajadores o de los acreedores en un plazo de entre seis meses a seis años.

La intervención judicial podrá afectar a la totalidad de la organización o limitarse a alguna de sus instalaciones, secciones o unidades de negocio. Se determinará exactamente el alcance de la intervención y quién se hará cargo de la misma, así como los plazos en que deberán realizarse los informes de seguimiento para el órgano judicial. La intervención judicial se podrá modificar o suspender en todo momento previo informe del interventor y del Ministerio Público. El interventor tendrá derecho a acceder a todas las instalaciones y locales de la empresa o persona jurídica, así como a recibir cuanta información estime necesaria para el ejercicio de sus funciones. La legislación aplicable determinará los aspectos relacionados con las funciones del interventor y su retribución respectiva.

En todos los supuestos previstos en el artículo 422 del Código Nacional de Procedimientos Penales, las sanciones podrán atenuarse hasta en una cuarta parte, si con anterioridad al hecho que se les imputa, las personas jurídicas contaban con un órgano de control permanente, encargado de verificar el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables para darle seguimiento a las políticas internas de prevención delictiva y que hayan realizado antes o después del hecho que se les imputa, la disminución del daño provocado por el hecho típico".

43. Como se advierte, en el contexto de las responsabilidades penales de las personas jurídicas, el artículo 59 prevé cinco supuestos por los que se pueden sancionar a las personas jurídicas, estableciéndose en cada supuesto los plazos mínimos y máximos que durarán las sanciones. Esto se aprecia de mejor manera en la siguiente tabla descriptiva:

Ver tabla descriptiva

44. Asimismo, el artículo 59, precisamente en el último párrafo, que es el impugnado en este medio de regularidad constitucional, prevé que "En todos los supuestos previstos en el artículo

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32753-bd73b6ac/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-comision-nacional-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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