I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN CONTRA DE LAS LEYES EXPEDIDAS POR LAS LEGISLATURAS LOCALES QUE VULNERAN DERECHOS HUMANOS RECONOCIDOS POR LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PAÍS Y POR LOS TRATADOS INTERNACIONALES DE LOS QUE EL ESTADO MEXICANO ES PARTE. II. PENA INUSITADA. EN SU ACEPCIÓN CONSTITUCIONAL DEBE ENTENDERSE COMO AQUELLA QUE HA SIDO ABOLIDA POR INHUMANA, CRUEL, INFAMANTE Y EXCESIVA, O PORQUE NO CORRESPONDE A LOS FINES QUE PERSIGUE LA PENALIDAD. III. PENA INUSITADA. NO LA CONSTITUYE LA PENA DE SUSPENSIÓN EN EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN POR EL TÉRMINO DE CINCO AÑOS, YA QUE NO SE TRATA DE UNA PENA QUE HAYA SIDO ABOLIDA POR INHUMANA O CRUEL (ARTÍCULO 277, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS, REFORMADO MEDIANTE EL DECRETO NÚMERO 65-828, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA, EL DOS DE ABRIL DE DOS MIL VEINTICUATRO). IV. SUSPENSIÓN EN EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN. LA SUSPENSIÓN POR EL TÉRMINO DE CINCO AÑOS RESULTA CONTRARIA A LOS ARTÍCULOS 14 Y 22 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, AL ESTABLECER UNA PENA FIJA, QUE NO SEÑALA BASES SUFICIENTES PARA QUE LA AUTORIDAD JUDICIAL PUEDA TENER ELEMENTOS PARA INDIVIDUALIZARLA (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 277, FRACCIÓN II, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "O SUSPENDIDO POR EL TÉRMINO DE CINCO AÑOS EN EL EJERCICIO DE DICHA PROFESIÓN", DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS, REFORMADO MEDIANTE EL DECRETO NÚMERO 65-828, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA, EL DOS DE ABRIL DE DOS MIL VEINTICUATRO). V. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DE UNA NORMA CON EFECTOS RETROACTIVOS AL MOMENTO DE SU ENTRADA EN VIGOR (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 277, FRACCIÓN II, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "O SUSPENDIDO POR EL TÉRMINO DE CINCO AÑOS EN EL EJERCICIO DE DICHA PROFESIÓN", DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS, REFORMADO MEDIANTE EL DECRETO NÚMERO 65-828, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA, EL DOS DE ABRIL DE DOS MIL VEINTICUATRO). VI. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS CON MOTIVO DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS AL CONGRESO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 277, FRACCIÓN II, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "O SUSPENDIDO POR EL TÉRMINO DE CINCO AÑOS EN EL EJERCICIO DE DICHA PROFESIÓN", DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS, REFORMADO MEDIANTE EL DECRETO NÚMERO 65-828, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA, EL DOS DE ABRIL DE DOS MIL VEINTICUATRO).
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 95/2024. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 8 DE ABRIL DE 2025. PONENTE: MINISTRO JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIO: HÉCTOR VARGAS BECERRA.
ÍNDICE TEMÁTICO
Hechos: La acción de inconstitucionalidad se presentó por la Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y reclamó la porción normativa “o suspendido por el término de cinco años en el ejercicio de dicha profesión”, prevista en la fracción II, del artículo 277 del Código Penal para el Estado de Tamaulipas, que se expidió en Decreto número 65-828, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el dos de abril de dos mil veinticuatro; ello en confronta directa con los artículos 14 y 22 de la Constitución Federal, al estimar que establece una pena fija.
Ver índice temático
Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al ocho de abril de dos mil veinticinco, emite la siguiente:
S E N T E N C I A
A través de la cual, se resuelve la Acción de Inconstitucionalidad 95/2024, que promovió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra de la fracción II, del artículo 277 del Código Penal para el Estado de Tamaulipas, en su porción normativa “o suspendido por el término de cinco años en el ejercicio de dicha profesión”; que se expidió en Decreto número 65-828, que se publicó en el Periódico Oficial del Estado, el dos de abril de dos mil veinticuatro.
TRÁMITE DE LA DEMANDA
1. En escrito que se presentó el dos de mayo de dos mil veinticuatro, a través del Buzón Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,(1) María del Rosario Piedra Ibarra, en su carácter de Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, promovió acción de inconstitucionalidad, en la que solicitó la invalidez de la porción normativa “o suspendido por el término de cinco años en el ejercicio de dicha profesión”, inserta en la fracción II, del artículo 277 del Código Penal para el Estado de Tamaulipas.
2. Señaló como preceptos constitucionales vulnerados, los artículos 14 y 22 de la Constitución Federal; y en su único concepto de invalidez, argumentó:
• La porción normativa impugnada, transgrede el principio de proporcionalidad de las penas, así como la prohibición de penas inusitadas.
• Establece una sanción fija de cinco años de suspensión para ejercer determinada profesión; lo que constituye una sanción absoluta que no permite un margen de apreciación para que los operadores jurídicos la puedan individualizar de manera casuística, atendiendo la gravedad del ilícito y al grado de culpabilidad del sujeto activo.
A. Principio de proporcionalidad de las penas y prohibición de penas inusitadas.
Están previstos en el artículo 22 constitucional; es obligación del legislador, establecer sanciones razonables, en atención al bien jurídico afectado, al grado de culpabilidad del sujeto activo, y a las agravantes y atenuantes previstas en la normativa jurídica.
Así, una sanción penal no debe ser genérica, absoluta y aplicable a todos los casos, sino atendiendo al caso particular, los operadores jurídicos deben tener la facultad de individualizar la pena, tomando en consideración factores como la capacidad económica del infractor, la reincidencia, y cualquier otro factor para evidenciar el grado de gravedad de la falta.
Del mismo precepto constitucional, también se desprende la prohibición de penas inusitadas. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte, ha sostenido que una pena inusitada se debe entender como aquella que ha sido abolida por inhumana, cruel, infamante y excesiva, o porque no corresponde a los fines que persigue la penalidad; ello, de acuerdo con la jurisprudencia de rubro: “PENA INUSITADA. SU ACEPCIÓN CONSTITUCIONAL”.
El principio de proporcionalidad de las penas, se erige como un límite al ius puniendi, al ser una prohibición de exceso de la injerencia del Estado al momento de establecer las penas, que se deben de ajustar al grado de afectación al bien jurídico tutelado; aplica tanto para el legislador, al momento de crear las normas, como para el operador jurídico, al momento de su aplicación, e incluso, al momento de su ejecución.
No se soslaya que el legislador en materia penal, tiene amplia libertad para diseñar el rumbo de la política criminal; sin embargo, al configurar las leyes punitivas, debe respetar el contenido de diversos principios constitucionales, como el de proporcionalidad de las penas y razonabilidad jurídica.
El legislador, tiene la obligación de crear un marco normativo que posibilite el respeto al principio de proporcionalidad de las penas, en aras de permitir a los operadores jurídicos que las individualicen de manera adecuada, por ser quienes determinan el nivel de la sanción que se debe aplicar en cada caso concreto.
La pena, para que se encuentre en proporción con el daño causado, debe corresponder con la gravedad del delito y el grado de culpabilidad; de no ser así, se estaría en presencia de sanciones fijas e invariables, aplicables a todos los casos, lo que resulta en una pena excesiva que se pueda considerar como inusitada, al no señalar un margen para su aplicación por parte del operador jurídico.
La pena es excesiva, cuando la ley no señala bases suficientes para que la autoridad jurisdiccional pueda tener elementos para individualizarla; especialmente, cuando la ley no permite establecer su cuantía con relación a la responsabilidad del sujeto activo.
Así, mediante un sistema normativo de imposición de sanciones que no permiten ser graduadas, no es factible la individualización de la pena, porque cualquiera que sea la conducta reprochable y las circunstancias del hecho acaecidas, el lapso de la sanción será siempre, para todos los casos, invariable, con lo que se cierra la posibilidad de justificar adecuadamente la determinación de la pena, respecto de la culpabilidad del sujeto activo y las circunstancias en que se produjo la conducta típica.
B. Inconstitucionalidad de la norma.
El artículo 277 del Código Penal para el Estado de Tamaulipas, dispone:
Artículo 277.- Las penas previstas en los Artículos 268, 271, 274 y 275 se aumentarán hasta la mitad en su mínimo y máximo de la sanción impuesta, cuando:
I.- El delito fuere cometido por un ascendiente contra su descendiente, éste contra aquél, el hermano contra su colateral, el tutor contra su pupilo, el amasio o concubino contra los descendientes de su amasia o concubina. Además de la pena de prisión el culpable perderá el derecho de la patria potestad o de tutela que ejerciere sobre la víctima;
II.- El delito fuere cometido por quien desempeñe un cargo o empleo público o ejerce su profesión, utilizando los medios o circunstancias que ello le proporcione. Además de las penas de prisión el sentenciado será destituido del cargo o empleo o suspendido por el término de cinco años en el ejercicio de dicha profesión;
III.- El delito fuere cometido por la persona que tiene al ofendido para su custodia, guarda o educación, o aproveche la confianza en él depositada;
IV.- El delito fuere cometido con intervención directa o inmediata de dos o más personas; y
V.- El delito fuere cometido previa suministración de estupefacientes o psicotrópicos a la víctima, en contra de su voluntad o sin su conocimiento.
Así, se prevén cinco supuestos, que de actualizarse, agravan la pena cuando el delito básico, sea:
- Abuso sexual de personas menores de edad o que no tengan la capacidad de comprender el significado del hecho (artículo 268).
- Estupro, cuando el sujeto pasivo tuviera entre quince y menos de dieciocho años de edad (artículo 271).
- Violación (artículo 274).
- Violación equiparada (artículo 275).
La fracción II, que se reclama, prevé que cuando alguno de los delitos enunciados sea ejecutado por quien desempeñe un cargo o empleo público o ejerce profesión, utilizando los medios o circunstancias que ello le proporcione, además de las penas de prisión, el sentenciado será destituido del cargo o empleo, “o suspendido por el término de cinco años en el ejercicio de dicha profesión”.
Exige una calidad específica para el sujeto activo, y en los casos previstos, será sancionado en los términos siguientes:
- El aumento hasta la mitad del mínimo y máximo de la sanción que corresponda al delito cometido.
- Destitución del cargo o empleo o suspensión, por un plazo de cinco años en el ejercicio de su profesión.
El legislador, al describir el plazo de la suspensión del ejercicio de la profesión, inobservó el parámetro de regularidad constitucional, porque al prever invariablemente cinco años para todos los casos, no permite que la persona juzgadora lleve a cabo su adecuada individualización; lo que contraviene el artículo 22 constitucional; en concreto, lo relativo a la proporcionalidad de las penas y la prohibición de penas inusitadas.
La porción normativa impugnada, constituye una pena invariable, al no establecer límites mínimos y máximos para su aplicación, lo que acarrea como consecuencia, que al momento de la configuración del tipo penal, el juzgador esté imposibilitado para individualizarla, tomando en cuenta el daño al bien jurídico tutelado y el grado de reprochabilidad del sujeto activo, entre otros elementos o factores a considerar para la imposición de la consecuencia normativa.
La disposición impugnada, impide realizar una valoración de diversos factores que permitan determinar su quantum, tomando en cuenta las particularidades del caso; de ahí que transgrede directamente el principio de proporcionalidad de las penas.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha determinado que las normas que establezcan penas que no señalen las bases suficientes para que la autoridad judicial las individualice al caso concreto, son inconstitucionales; específicamente, porque no permiten fijar su determinación, con relación a la responsabilidad del infractor.
En apoyo a esos argumentos, se invocó la jurisprudencia de rubro: “INHABILITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. LOS ARTÍCULOS 129, 131, 133, 136 Y 259 DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE MÉXICO QUE ESTABLECEN DICHA PENA POR UN TÉRMINO DE VEINTE AÑOS SIN SEÑALAR LÍMITES MÍNIMO Y MÁXIMO DE APLICACIÓN, VIOLAN LOS ARTÍCULOS 14 Y 22 (ESTE ÚLTIMO VIGENTE HASTA ANTES DE LA REFORMA DE 2008) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”.
Las normas que prevén una pena invariable, sin posibilidad de que sean graduadas de acuerdo con las particularidades del caso, como lo es la previsión de la suspensión para ejercer una profesión por un plazo de cinco años, provoca inflexibilidad, lo que impide que exista proporcionalidad y razonabilidad suficientes entre su imposición y la gravedad del delito cometido.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha sustentado que la pena debe ser individualizada según las características del delito, la participación del acusado y su grado de culpabilidad.
3. La Ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en auto de seis de mayo siguiente, ordenó formar y registrar el expediente relativo a la Acción de Inconstitucionalidad 95/2024, y designó como instructor del procedimiento, al Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo.
4. El Ministro instructor, en auto de ocho de mayo posterior, admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad, tuvo por presentada a la promovente con la personalidad que se ostentó, y por designadas a las personas autorizadas y delegados, así como por exhibidas las documentales presentadas; ordenó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Tamaulipas, para que rindieran sus respectivos informes; además, requirió al primero para que enviara copia certificada de los antecedentes legislativos de la norma impugnada; y al segundo, para que remitiera un ejemplar o copia certificada del Periódico Oficial de la entidad, en el que se hubiera publicado la norma controvertida. Por último, ordenó dar vista al Fiscal General de la República, para los efectos legales conducentes.
5. En escrito que se presentó el catorce de junio subsecuente, el Subsecretario de Legalidad y Servicios Gubernamentales de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Tamaulipas, en representación del Poder Ejecutivo del Estado, rindió informe, en el que esencialmente señaló:
• Son ciertos los actos reclamados, pues el Gobernador del Estado, conforme al artículo 91, fracción V, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, promulgó y ordenó la publicación del Decreto expedido por el Congreso Local.
Con relación al concepto de invalidez, expresó:
• La accionante precisó que la fracción II, del artículo 277 del Código Penal para el Estado de Tamaulipas, contiene un vicio de inconstitucionalidad, pues cuando alguno de los delitos a los que se hace referencia en ese precepto, se ejecute por quien despeñe un cargo o empleo público o ejerce su profesión, utilizando los medios o circunstancias que ello le proporciones, además de las penas de prisión, el sentenciado será destituido del cargo o empleo o suspendido por el término de cinco años en el ejercicio de su profesión.
Lo que no contiene vicios de inconstitucionalidad. Por regla general, toda norma que imponga una sanción, debe establecer un rango mínimo y máximo, y la persona juzgadora, al imponerla, debe considerar el valor del bien jurídico y su grado de afectación; la naturaleza dolosa o culposa de la conducta; los medios empleados; las circunstancias de tiempo, modo, lugar u ocasión del hecho; y la forma de intervención del sentenciado.
• La norma impugnada no es inconstitucional, ya que el bien jurídico tutelado es la libertad sexual de las personas, por lo que el Congreso Local, al reformar el artículo, actuó en defensa de los intereses de la sociedad.
• Por ello, estimó necesario adecuar el texto normativo, a efecto de que las leyes locales concuerden en su contenido y dirección con la Constitución Federal, con el objetivo de cumplir con el principio de exacta aplicación de la ley penal, con relación a las garantías de legalidad y seguridad jurídica, contenidas en los artículos 14 y 16 constitucionales.
• En consecuencia, el Legislador ponderó debidamente la proporcionalidad de la pena, en atención al bien jurídico tutelado; y por tanto, no existe violación a la Constitución Federal.
6. El Poder Legislativo del Estado de Tamaulipas, por conducto del Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, en escrito que presentó el catorce de junio de la citada anualidad, rindió su informe, en el que argumentó:
• La fracción II, del artículo 277 del Código Penal para el Estado de Tamaulipas, no transgrede el principio de proporcionalidad de las penas, ni la prohibición de penas inusitadas.
• Conforme a diversos criterios sustentados por el Alto Tribunal, no se trataba de una pena inusitada o trascendental.
• Ello, porque la penalidad adicional agravada que se establece para los profesionistas en el supuesto de los delitos previstos en los artículos 268, 271, 274 y 275 del Código Penal de la entidad, no constituye una pena inusitada, ya que integra una pena de prisión, consistente en el aumento hasta la mitad en su mínimo y máximo de la sanción impuesta; por lo que la pena establecida para la agravante, contiene una sanción distinta de las que han sido abolidas por inhumanas, crueles, infamantes, excesivas, o aquellas que no corresponden a los fines que persigue la penalidad, pues es una sanción acorde con un régimen de derecho penal mínimo.
• La agravante tildada de inconstitucional, tampoco tiene naturaleza trascendental, porque no afecta la esfera jurídica de terceros ajenos al delito, o al menos no les afecta en una medida o por un motivo no justificado constitucionalmente.
• Como se advierte de la porción normativa impugnada, el legislador local enunció una hipótesis que agravaba la conducta principal -abuso sexual, estupro, violación y su equiparado, y violación a menores o incapaces-, derivada de la calidad del sujeto activo -profesionista-, lo que determina que el reproche jurídico sea mayor, y por tanto, se agrave la pena aplicable, sin que se desprenda de la descripción legislativa que la agravante impugnada afecte o trascienda a la esfera jurídica de personas ajenas al delito.
• Cuando el sujeto activo del delito es profesionista, la sanción es mayor, pues obedece al incremento de la pena aplicable hasta la mitad en su mínimo y máximo de la sanción impuesta, más por la calidad especifica del sujeto activo, al que se le atribuye una sanción adicional; pena que se establece en la fracción II, del artículo 277 del Código Penal para el Estado de Tamaulipas, que a su vez es similar a la entonces establecida en la fracción III, del artículo 266 Bis, del Código Penal Federal, que la agravaba al duplicarse la sanción en el caso de que se desempeñen en atención o servicio de niñas, niños y adolescentes.
• La intensión superior en la iniciativa, era tutelar al máximo los derechos e integridad física de los infantes, y a su vez, establecer una diferenciación al momento de sancionar los delitos citados, dependiendo de si el sujeto activo es un servidor público o un profesionista, lo que le imprime gravedad a la conducta; de ahí que al agravarse la pena cuando el delito lo comete un profesionista, obedece a la necesidad de proteger la integridad de los menores de toda forma de perjuicio o abuso físico, mental, incluido el abuso sexual, así como al interés legítimo de la sociedad, de que los servidores públicos y profesionistas se conduzcan con probidad, honradez y en el marco de la legalidad.
• Considerando la importancia del bien jurídico protegido, la calidad de los sujetos involucrados y el grado de responsabilidad del agente, es relevante imponer una sanción agravada, cuando aumenta el grado de reproche de la conducta en cuestión, por la calidad del sujeto activo, lo que no constituye una pena inusitada ni trascendental, a que se refiere el artículo 22 constitucional.
• La porción normativa impugnada, no contempla una sanción absoluta de la conducta, sino la previsión de acciones concretas y la gradualidad del reproche en torno a las circunstancias que confluyen en su realización, como lo es la calidad de quien la comete. Por tanto, al prever una sanción más severa para los profesionistas que participen en su comisión y de actualizarse la hipótesis que previene, no vulnera el principio de proporcionalidad de las penas, previsto en el artículo 22 constitucional.
7. El Fiscal General de la República, no formuló pedimento.
8. En auto de primero de agosto de dos mil veinticuatro, se cerró la instrucción del asunto, y el expediente se envió al Ministro instructor para la elaboración del proyecto de resolución.
I. COMPETENCIA
9. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 10, fracción I, de la abrogada Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación(2) —aplicable en términos del artículo tercero de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinte de diciembre de dos mil veinticuatro—(3), y el punto Segundo, fracción II, del Acuerdo General número 1/2023, de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.(4) Lo anterior, porque se planteó la posible contravención de una norma prevista en el Código Penal del Estado de Tamaulipas y la Constitución Federal.
II. OPORTUNIDAD
10. Al respecto, se advierte que previo a la presentación de la Acción de Inconstitucionalidad, la porción normativa impugnada ya se encontraba prevista en el orden jurídico del Estado de Tamaulipas; e incluso, en estricto sentido, no fue objeto de modificación en sí misma en el Decreto que es materia de impugnación en esta vía. 11. En ese orden de ideas, es necesario tener presente el criterio de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, con relación a la posibilidad de impugnar reformas legales con motivo de un nuevo acto legislativo.
12. El Tribunal Pleno, ha estudiado la figura de “nuevo acto legislativo” desde dos dimensiones:
a) Para verificar la oportunidad de la demanda; y,
b) Para constatar si una reforma legal posterior, modifica el contenido normativo de un precepto; y por tanto, genera que la acción haya quedado sin materia.
13. En su primera dimensión –desde la óptica de la oportunidad– la Suprema Corte ha analizado si una norma reformada, fue modificada en su contenido normativo, o si únicamente sufrió alguna modificación formal o de puntuación o numeración.
14. En esos casos, cuando esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha advertido la existencia de un nuevo acto legislativo —a partir de una modificación en el contenido normativo— se ha entendido que esos enunciados jurídicos pueden impugnarse en acción de inconstitucionalidad, dentro de los treinta días siguientes a su publicación en el periódico oficial; y por el contrario, cuando se considera que el precepto reformado no constituye un nuevo acto legislativo por no haberse modificado su contenido normativo, el Pleno ha entendido que los artículos reformados no pueden volver a impugnarse en la vía abstracta, pues la oportunidad de combatirlas, se surtió desde que las normas se publicaron originalmente —incluso en su redacción anterior—.
15. En su segunda dimensión —desde la óptica de cesación de efectos— este Alto Tribunal ha estudiado los casos en los que una reforma legal que modifica el contenido de una norma jurídica impugnada en acción de inconstitucionalidad, tiene como resultado la cesación de efectos, y por tanto, el sobreseimiento en el juicio.
16. En la presente acción de inconstitucionalidad, se actualiza el primer supuesto; es decir, se debe analizar si la impugnada fracción II, del artículo 277 del Código Penal para el Estado de Tamaulipas —en su reforma que se publicó el dos de abril de dos mil veinticuatro—, podía ser cuestionada en esta vía, por tratarse de un nuevo acto legislativo; o si por el contrario, se trata de un caso en el que el precepto vigente con anterioridad, no había sido modificado en su contenido normativo.
17. Este Tribunal Constitucional, ha considerado, a partir de lo sustentado en la jurisprudencia P./J. 25/2016 (10a.), de rubro: “ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LINEAMIENTOS MÍNIMOS REQUERIDOS PARA CONSIDERAR QUE LA NUEVA NORMA GENERAL IMPUGNADA CONSTITUYE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO”,(5) que existe un nuevo acto legislativo que permite la nueva impugnación de una norma a través de la acción de inconstitucionalidad, cuando se actualicen los siguientes aspectos:
a) Que se haya llevado a cabo un procedimiento legislativo (criterio formal); y,
b) Que la modificación normativa sea sustantiva o material.(6)
18. El primer aspecto, se refiere a que la norma impugnada haya sido objeto del desahogo y agotamiento de las diferentes fases o etapas del procedimiento legislativo; esto es: iniciativa, dictamen, discusión, aprobación, promulgación y publicación.
19. Este último paso resulta relevante, pues es a partir de la publicación que se puede ejercer la acción de inconstitucionalidad o controversia constitucional, por conducto de los entes legitimados.
20. El segundo requisito, significa que la modificación a la norma debe ser sustantiva o material; es decir, que exista un cambio que modifique la trascendencia, el contenido o el alcance del precepto (cambio de sentido normativo).
21. Una modificación al sentido normativo, será considerada un nuevo acto legislativo. Esto no acontece, como regla general, por ejemplo, cuando se reproduce un artículo exactamente con el mismo contenido que el reformado. Tampoco cuando solo se varíen las fracciones o párrafos de un precepto, y que por cuestiones de técnica legislativa se deban recorrer, siempre y cuando las nuevas inserciones no impliquen una modificación en el sistema normativo al que fueron adheridas.
22. En este sentido, no basta la sola publicación de la norma para que se considere un nuevo acto legislativo, ni que se reproduzca íntegramente; sino que la modificación debe impactar el alcance de ésta, con elementos novedosos que la hagan distinta a la que se encontraba regulada. Por lo que la modificación debe producir un efecto normativo en el texto de la disposición al que pertenece el propio sistema. El ajuste de la norma general, debe producir un efecto normativo distinto en ese sistema, aunque sea tenue.
23. Conforme a esta definición de un nuevo acto legislativo, no cualquier modificación justifica la procedencia —o el sobreseimiento en el juicio, en el caso de la cesación de efectos de la norma impugnada—, sino que una vez agotadas las fases del procedimiento legislativo, la modificación necesariamente debe producir un impacto en el mundo jurídico. En ese sentido, también quedarían excluidas aquellas reformas de tipo metodológico que derivan propiamente de la técnica legislativa, en la que por cuestiones formales se deba ajustar la ubicación de los textos, o en su defecto, los cambios de nombres de ciertos entes, dependencias y organismos.
24. Lo que este Tribunal Pleno busca con este entendimiento sobre el nuevo acto legislativo, es controlar o verificar cambios normativos reales, y no sólo cambios de palabras o cuestiones menores, propias de la técnica legislativa; esto es, cambios que afecten la esencia de la institución jurídica que se regula, que deriven precisamente del producto del poder legislativo.
25. Ahora bien, han sido múltiples las reflexiones realizadas en torno al concepto de nuevo acto legislativo, en sus criterios formal y material, como consecuencia de diversos factores. Así, el criterio de este Alto Tribunal, se ha matizado con el objeto de evidenciar con mayor claridad los casos en que se actualiza un nuevo acto legislativo.
26. De esta forma, el criterio que actualmente rige para este Tribunal Pleno, consiste en que para considerar que se está frente a un nuevo acto legislativo debe existir un cambio en el sentido normativo de la norma impugnada. Es decir, es imperioso que existan verdaderos cambios normativos que modifiquen la trascendencia, el contenido o alcance del precepto de que se trata.
27. En la presente Acción de Inconstitucionalidad, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, impugnó la fracción II, del artículo 277 del Código Penal para el Estado de Tamaulipas, que se reformó en Decreto número 65-828, que se publicó en el Periódico Oficial del Estado, el dos de abril de dos mil veinticuatro.
28. En principio, desde una apreciación estrictamente de comparación literal o textual, acotada a la fracción II impugnada, se observa que su texto ya existía de manera anterior a la reforma destacada, pues lo único que se modificó de la fracción de referencia, fue que se suprimió la conjunción copulativa “y”, como enseguida se demuestra:
Ver artículos
29. Sin embargo, es especialmente relevante el contexto en que dicha reforma tuvo lugar, porque la fracción en cuestión, forma parte de un precepto que sí presentó un cambio de sentido normativo; pues previamente se establecía que las penas previstas en los artículos 268, 271, 274 y 275, se aumentarían hasta la mitad de la sanción impuesta; en tanto que el precepto reformado alude, con relación a las penas, que se aumentarán hasta la mitad en su mínimo y máximo de la sanción impuesta.
30. Lo que pone en evidencia que efectivamente se está en presencia de un nuevo acto legislativo, susceptible de ser impugnado a partir de su publicación.
31. En términos similares, este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió la Acción de Inconstitucionalidad 111/2023.(8)
32. En ese orden de ideas, se tiene que el artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(9) establece que el plazo para la presentación de la acción de inconstitucionalidad, es de treinta días naturales, contados a partir del día siguiente al que se publicó la norma impugnada en el correspondiente medio oficial.
33. El Decreto Número 65-828, a través del cual se reformó el artículo 277, del Código Penal para el Estado de Tamaulipas, se publicó en el Periódico Oficial de la entidad, el martes dos de abril de dos mil veinticuatro; por tanto, el plazo de treinta días naturales para su impugnación, transcurrió del miércoles tres de abril, al jueves dos de mayo de dos mil veinticuatro.
34. Luego, si la acción de inconstitucionalidad se presentó en el Buzón Judicial de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación,(10) en esta última fecha, queda de manifiesto que se promovió de manera oportuna.
III. LEGITIMACIÓN
35. De conformidad con el artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, entre otros supuestos, puede ejercer la acción de inconstitucionalidad en contra de leyes estatales.
36. Y en términos de los artículos 15, fracciones I y XI, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y 18 de su Reglamento Interno, corresponde a su Presidencia la representación legal de esa institución. El escrito inicial de la Acción de Inconstitucionalidad, lo suscribió María del Rosario Piedra Ibarra, en su carácter de Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, lo que acreditó con la copia certificada del nombramiento que le otorgó el Senado de la República, el doce de noviembre de dos mil diecinueve.
37. En consecuencia, al ser la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, un órgano legitimado para ejercer la acción de inconstitucionalidad en el supuesto destacado; y al haber sido promovida por quien cuenta con facultades para representar a dicho órgano, procede reconocer su legitimación activa en
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33764-3ac28f47/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-comision-nacional-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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