I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN CONTRA DE LAS LEYES EXPEDIDAS POR LAS LEGISLATURAS LOCALES QUE VULNERAN DERECHOS HUMANOS RECONOCIDOS POR LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PAÍS Y LOS TRATADOS INTERNACIONALES DE LOS QUE EL ESTADO MEXICANO ES PARTE. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDA LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA (ARTÍCULOS 15, FRACCIONES I Y XI, DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y 18 DE SU REGLAMENTO INTERNO). III. PRINCIPIO DE MÍNIMA INTERVENCIÓN, IMPLICA QUE EL DERECHO PENAL DEBE SER EL ÚLTIMO INSTRUMENTO AL QUE EL ESTADO RECURRE PARA PROTEGER DETERMINADOS BIENES JURÍDICOS, SIEMPRE Y CUANDO NO HAYA OTRAS FORMAS DE CONTROL MENOS LESIVAS, FORMALES O INFORMALES. IV. DELITO DE MALTRATO ANIMAL O CRUELDAD EN CONTRA DE ANIMALES DOMÉSTICOS. LA PREVISIÓN LEGAL QUE SANCIONA CON SEIS MESES A CUATRO AÑOS DE PRISIÓN Y DE TRESCIENTOS A MIL DÍAS MULTA A QUIEN COMETA ESTE ILÍCITO, VIOLA EL PRINCIPIO DE MÍNIMA INTERVENCIÓN DEL DERECHO PENAL (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 327, FRACCIÓN XVI, DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE MORELOS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 1707, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL VEINTIOCHO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTICUATRO). V. GARANTÍA DE EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY PENAL. LA CONTENIDA EN EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 14 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, TAMBIÉN OBLIGA AL LEGISLADOR. VI. GARANTÍA DE EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY EN MATERIA PENAL. SU CONTENIDO Y ALCANCE ABARCA TAMBIÉN A LA LEY MISMA. VII. PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN MATERIA PENAL. SE INTEGRA POR LOS PRINCIPIOS DE TAXATIVIDAD, DE NO RETROACTIVIDAD, DE RESERVA DE LEY Y DE EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY. VIII. TAXATIVIDAD EN MATERIA PENAL. LA DESCRIPCIÓN TÍPICA NO DEBE SER VAGA, IMPRECISA, ABIERTA O AMPLIA, AL GRADO DE PERMITIR LA ARBITRARIEDAD EN SU APLICACIÓN. IX. TAXATIVIDAD EN MATERIA PENAL. SUPONE LA EXIGENCIA DE QUE EL GRADO DE DETERMINACIÓN DE LA CONDUCTA TÍPICA SEA TAL, QUE LO ES QUE ES OBJETO DE PROHIBICIÓN PUEDA SER CONOCIDO SIN PROBLEMAS POR EL DESTINATARIO DE LA NORMA. X. PRINCIPIOS DE LEGALIDAD EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD. EXIGENCIA DE QUE LOS TEXTOS EN LOS QUE SE RECOGEN LAS NORMAS SANCIONADORAS DESCRIBAN CON SUFICIENTE PRECISIÓN QUÉ CONDUCTAS ESTÁN PROHIBIDAS Y QUÉ SANCIONES SE IMPONDRÁN A QUIENES INCURRAN EN ELLAS. XI. TAXATIVIDAD EN MATERIA PENAL. SÓLO OBLIGA AL LEGISLADOR A UNA DETERMINACIÓN SUFICIENTE DE LOS CONCEPTOS CONTENIDOS EN LAS NORMAS PENALES Y NO A LA MAYOR PRECISIÓN IMAGINABLE. XII. DELITO DE MALTRATO ANIMAL O CRUELDAD EN CONTRA DE ANIMALES DOMÉSTICOS. LA NORMA QUE LO SANCIONA VULNERA EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD, AL NO ESTABLECER UN ESTÁNDAR OBJETIVO QUE PERMITA A LA CIUDADANÍA CONOCER DE MANERA CONCRETA SUS OBLIGACIONES O PROHIBICIONES EN RELACIÓN CON EL CUIDADO DE ANIMALES DOMÉSTICOS, LO QUE IMPLICA QUE LOS OPERADORES JURÍDICOS INTERPRETEN SU APLICACIÓN DE MANERA DISCRECIONAL Y RESULTEN SANCIONES DESPROPORCIONADAS O INJUSTAS (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 327, FRACCIÓN XVI, DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE MORELOS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 1707, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL VEINTIOCHO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTICUATRO). XIII. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DE UNA NORMA CON EFECTOS RETROACTIVOS AL MOMENTO DE SU ENTRADA EN VIGOR (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 327, FRACCIÓN XVI, DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE MORELOS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 1707, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL VEINTIOCHO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTICUATRO). XIV. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS CON MOTIVO DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS AL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 327, FRACCIÓN XVI, DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE MORELOS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 1707, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL VEINTIOCHO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTICUATRO.
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 79/2024. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 13 DE MAYO DE 2025. PONENTE: YASMÍN ESQUIVEL MOSSA. SECRETARIO: ALEJANDRO FÉLIX GONZÁLEZ PÉREZ.
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Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al trece de mayo de dos mil veinticinco, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 79/2024, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos contra el artículo 327, fracción XVI, del Código Penal para el Estado de Morelos, reformado mediante Decreto número 1707, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, de esa entidad federativa, el veintiocho de febrero de dos mil veinticuatro.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA
1. Presentación del escrito inicial. Mediante escrito depositado el uno de abril de dos mil veinticuatro en el Buzón Judicial y registrado el dos de abril siguiente en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por conducto de su Presidenta, promovió acción de inconstitucionalidad en contra del artículo 327, fracción XVI, del Código Penal para el Estado de Morelos, reformado mediante Decreto número 1707, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” de la entidad federativa el veintiocho de febrero de dos mil veinticuatro.
2. Preceptos constitucionales y convencionales que se estiman violados. La accionante estima violentados los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los numerales 1, 2 y 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
3. Conceptos de invalidez. En su único concepto de invalidez, la Comisión accionante expuso lo siguiente:
• La fracción XVI, del artículo 327, del Código Penal para el Estado de Morelos, transgrede el derecho a la seguridad jurídica y el principio de legalidad en su vertiente de taxatividad en materia penal.
• Al respecto, señala que para la efectividad del derecho a la seguridad jurídica y el principio de legalidad, las autoridades legislativas están obligadas a establecer leyes que brinden certeza a los gobernados, pues de otro modo no existirían las bases normativas para limitar el actuar de las autoridades y defender los derechos humanos reconocidos por el orden constitucional.
• Asimismo, argumenta que aquellas disposiciones penales que contienen una imprecisión excesiva o irrazonable, es decir, un grado de indeterminación tal que provoque en los destinatarios confusión o incertidumbre por no saber cómo actuar ante la norma jurídica, contravienen el principio de legalidad en su vertiente de taxatividad.
• Por ende, la fracción impugnada del Código Penal para el Estado de Morelos, al describir lo que debe entenderse por actos de maltrato o crueldad, contiene términos que no son lo suficientemente claros en cuanto a los elementos que integran el tipo penal, en virtud que el legislador se apoyó de locuciones demasiado amplias y ambiguas.
• Argumenta que las frases “en la medida de lo posible”, “contacto social con otros animales”, “interacciones apropiadas con seres humanos”, “entorno estimulante que satisfaga sus necesidades cognitivas y sensoriales”, “estímulos naturales”, así como “comportamientos instintivos y naturales”; no son claras ni precisas, lo que impide que las personas destinatarias tengan certeza de cuándo su actuación será sancionada penalmente.
• Particularmente, indica que la expresión “en la medida de lo posible”, tiene un valor condicional que puede significar “hasta donde se pueda” o “siempre que se pueda”. De ahí que no contenga la claridad suficiente que exige el principio de taxatividad en materia penal, pues no tiene un significado único que permita conocer sus alcances, ya que depende del contexto en el que esté siendo utilizada.
• Asimismo, refiere que la expresión “contacto social con otros animales de su especie” es altamente impreciso, ya que no es posible determinar cómo es que dos especies animales pueden tener contacto social. Aunado a que “lo social” alude a la sociedad, es decir, a aquel conjunto de personas, pueblos o naciones que conviven bajo normas comunes.
• Finalmente, sostiene que no existe certeza de: 1) cuáles son las interacciones apropiadas con los humanos; 2) qué se debe entender como entorno estimulante u cuáles son las necesidades cognitivas y sensoriales de cada animal; 3) qué debe entenderse por estímulos naturales y, 4) cuáles son los comportamientos instintivos y naturales de los animales. Bajo el entendido que en todas esas expresiones existe un amplio margen de apreciación y de aplicación de la norma, que no permite conocer claramente en qué momento se actualiza la conducta efectivamente prohibida.
4. Registro. Mediante proveído de tres de abril de dos mil veinticuatro, la Ministra Presidenta de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, ordenó formar y registrar el expediente de la presente acción de inconstitucionalidad con el número 79/2024. En este mismo acuerdo turnó el expediente a la Ministra Yasmín Esquivel Mossa para su trámite y elaboración del proyecto correspondiente.
5. Admisión. Por acuerdo de dos de mayo de dos mil veinticuatro, la Ministra Instructora admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad, ordenó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Morelos para que rindieran sus respectivos informes; asimismo, requirió al órgano ejecutivo para que exhibiera copia certificada del Periódico Oficial estatal en el que conste su publicación. De igual forma, ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal para que, antes del cierre de instrucción, manifestaran lo que a su respectiva representación correspondiera.
6. Informe del Poder Legislativo del Estado de Morelos. Por escrito recibido el catorce de agosto de dos mil veinticuatro en la Oficina de Certificación Judicial y de Correspondencia de este Alto Tribunal; Francisco Erik Sánchez Zavala, en su calidad de Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos, rindió el informe solicitado, en los siguientes términos:
• Es infundado el concepto de invalidez porque la norma combatida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos alcanza el grado de claridad y precisión que exige el principio de taxatividad, en virtud que no sólo atiende al interés de diversos individuos y grupos de la sociedad civil que preocupados por la alarmante situación de crueldad, maltrato y violencia que se vive en el Estado de Morelos y el país en general, demandan una mayor protección a los animales; sino que tiene como finalidad determinar en el Código Penal para el Estado de Morelos, de manera clara y precisa aquellas conductas que se consideran actos de crueldad y actos de maltrato contra los animales.
• La norma se compone de dos capítulos, en el primero se establecen los actos de crueldad, mientras que en el segundo los actos de maltrato; dotando así de mayor claridad legal al Código en cuanto a los delitos cometidos en contra de animales domésticos.
• Finalmente, argumenta que la norma brinda las siguientes ventajas: a) permite encuadrar con mayor facilidad la conducta delictiva con el tipo legal para poder penalizar y combatir eficazmente el maltrato y la violencia animal; b) reconoce y valora el bienestar animal, promoviendo el respeto hacia su integridad y creando conciencia sobre una tenencia responsable y; c) previene y desincentiva otras conductas violentas, resultado de la correlación entre la violencia a animales y hacia los seres humanos. Al grado que puede servir como modelo preventivo y herramienta de atención integral de la seguridad pública.
7. Informe del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. El dieciséis de agosto de dos mil veinticuatro, la Ministra Instructora tuvo por recibido el escrito de Santiago Núñez Flores, en su calidad de Consejero Jurídico y representante del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, quien rindió el correspondiente informe, en los siguientes términos:
• El Poder Ejecutivo del Estado de Morelos cuenta con las facultades para publicar y hacer cumplir las leyes o Decretos del Congreso del Estado, con fundamento en los artículos 70, fracción XVII, incisos a) y c), de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; así como el artículo 22, fracción XXVIII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado Libre y Soberano de Morelos.
• En ese sentido, el Poder Ejecutivo no incurrió en violación a los dispositivos constitucionales que señala la accionante, sino que únicamente publicó la ley impugnada conforme al orden constitucional; por tanto, resulta notoriamente improcedente la acción de inconstitucionalidad.
8. Pedimento de la Fiscalía General de la República. Mediante oficio presentado el seis de septiembre de dos mil veinticuatro, Carmen Lucía Sustaita Figueroa, titular de la Unidad Especializada en Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General de la República, manifestó que el tipo penal previsto en la fracción XVI, del artículo 327 del Código Penal para el Estado de Morelos, no alcanza el grado de claridad y precisión que exige el principio de taxatividad.
9. Lo anterior, porque lejos de emplear expresiones y conceptos claros, precisos y exactos, utilizó términos amplios y ambiguos que no permiten tener certeza sobre los delitos cometidos por actos de maltrato o crueldad en contra de animales domésticos.
10. Finalmente, el titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal no formuló manifestación alguna.
11. Cierre de instrucción. Mediante proveído de ocho de octubre de dos mil veinticuatro, la Ministra instructora decretó el cierre de instrucción en la acción de inconstitucionalidad, a efecto de elaborar el proyecto de resolución correspondiente.
I. COMPETENCIA
12. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, en términos de lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso g) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(1) y 10, fracción I, de la abrogada Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(2) en relación con el Punto Segundo, fracción I, del Acuerdo General Plenario 1/2023,(3) de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, publicado en el Diario Oficial de la Federación el tres de febrero siguiente, y modificado mediante instrumento normativo de diez de abril del mismo año, toda vez que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos plantea la posible contradicción entre una disposición del Código Penal para el Estado de Morelos y la Constitución Federal.
13. Lo anterior, conforme a lo previsto en el artículo Tercero Transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente a partir del veintiuno de diciembre de dos mil veinticuatro,(4) en relación con el Octavo y Décimo Segundo Transitorios del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reforma al Poder Judicial de la Federación, publicado el quince de septiembre de dos mil veinticuatro.(5)
II. OPORTUNIDAD
14. El artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(6) establece que el plazo para la presentación de la acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales contados a partir del día siguiente al que se publicó la norma impugnada.
15. En el caso, el artículo impugnado se expidió mediante el Decreto Número 1707, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” del Estado de Morelos, el veintiocho de febrero de dos mil veinticuatro; por tanto, conforme a lo establecido en el párrafo anterior, el plazo legal para promover la presente acción de inconstitucionalidad transcurrió del jueves veintinueve de febrero al viernes veintinueve de marzo de dos mil veinticuatro.
16. Ahora bien, si el último día del plazo fuese inhábil, el escrito inicial podrá presentarse el primer día hábil siguiente; en consecuencia, si el escrito de demanda del presente medio de control constitucional fue depositado en el Buzón Judicial de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el uno de abril de dos mil veinticuatro, debe concluirse que su presentación resulta oportuna.(7)
III. LEGITIMACIÓN
17. La acción de inconstitucionalidad fue presentada por parte legítima.
18. Legitimación en la causa. El artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Federal dispone que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá de las acciones de inconstitucionalidad ejercitadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en contra de leyes de carácter federal y local, así como tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.
19. La demanda de esta acción de inconstitucionalidad es promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en contra de una disposición del Código Penal para el Estado de Morelos, por considerarlo violatorio del derecho de seguridad jurídica y del principio de legalidad, en su vertiente de taxatividad; por lo que, en términos del artículo señalado en el párrafo que precede, se encuentra facultada para tal efecto.
20. Legitimación en el proceso. Los artículos 15, fracciones I y XI, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos(8) y 18 de su Reglamento Interno,(9) otorgan a la persona en que recaiga la Presidencia la representación legal de dicho órgano, así como la facultad para promover el presente medio de control constitucional.
21. En ese sentido, obra en autos copia certificada del Acuerdo de doce de noviembre de dos mil diecinueve emitido por la Mesa Directiva del Senado de la República, mediante el cual se hace constar que, en sesión de siete de noviembre del mismo año, se designó como Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a María del Rosario Piedra Ibarra, por un periodo de cinco años, comprendido del dos mil diecinueve al dos mil veinticuatro, por lo que se colige que dicha servidora pública tiene legitimación en el proceso.
IV. PRECISIÓN DE LAS NORMAS RECLAMADAS
22. La norma impugnada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene el contenido siguiente:
“Código Penal para el Estado de Morelos.
ARTÍCULO 327.- Al que cometa actos de maltrato o crueldad en contra de cualquier especie animal doméstico, se le impondrán de seis meses a cuatro años de prisión y multa de trescientos a mil días multa.
Para efectos del presente código se entenderá, como animal doméstico lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley Estatal de Fauna vigente en el Estado de Morelos y por actos de maltrato o crueldad los siguientes:
[...]
XVI. En la medida de lo posible no permitir a un animal doméstico del contacto social con otros animales de su especie o de interacciones apropiadas con seres humanos, cuando estas sean esenciales para su bienestar emocional y comportamental; privarlo de un entorno estimulante que satisfaga sus necesidades cognitivas y sensoriales, incluyendo la falta de acceso a actividades físicas y a estímulos naturales; o impedirle expresar comportamientos propios de su especie, como correr, saltar, hacer ruido y otros comportamientos instintivos y naturales, sin afectación a terceras personas.“
V. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO
23. Las cuestiones relativas a la procedencia de la acción de inconstitucionalidad son de estudio preferente, por lo que se deben analizar las que sean formuladas por las partes, así como aquellas que este Alto Tribunal advierta de oficio.
24. En el caso, el Poder Ejecutivo de Morelos sostiene que la acción de inconstitucionalidad es improcedente, toda vez que cuenta con las facultades para publicar y hacer cumplir las leyes o Decretos del Congreso del Estado, en términos de los artículos 70, fracción XVII, incisos a) y c), de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; así como el artículo 22, fracción XXVIII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado Libre y Soberano de Morelos.
25. Al respecto, dicho argumento se desestima toda vez que en el proceso legislativo de las normas impugnadas se encuentra involucrado el Poder Ejecutivo, pues, al promulgarlas y publicarlas, le da plena validez y eficacia. Como se observa de la jurisprudencia P.J. 38/2010, de rubro: “ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DEBE DESESTIMARSE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL PODER EJECUTIVO LOCAL EN QUE ADUCE QUE AL PROMULGAR Y PUBLICAR LA NORMA IMPUGNADA SÓLO ACTUÓ EN CUMPLIMIENTO DE SUS FACULTADES.”(10)
26. Finalmente, al no existir otro motivo de improcedencia planteado por las partes ni advertirse alguno de oficio por este Tribunal Pleno, se procede a realizar el estudio de fondo.
VI. ESTUDIO DE FONDO
27. De conformidad con el artículo 71(11) de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, este Tribunal Pleno considera necesario estudiar la constitucionalidad de la norma impugnada a la luz del principio de mínima intervención del derecho penal y del principio de legalidad en su vertiente de taxatividad.
VI.1. Estudio sobre la constitucionalidad de la fracción XVI, del artículo 327 del Código Penal para el Estado de Morelos, a la luz del principio de mínima intervención del derecho penal
28. En la acción de inconstitucionalidad 188/2020,(12) este Alto Tribunal reiteró que el principio de mínima intervención del derecho penal o de ultima ratio puede conceptualizarse como la exigencia de que el derecho penal solamente intervenga en casos de ataques muy graves a los bienes jurídicos más importantes, dejando a otras áreas del derecho la sanción de perturbaciones menos graves al orden jurídico (carácter subsidiario).
29. Se trata de un principio que no tiene un reconocimiento expreso en la Constitución Política del país, sin embargo, como a continuación se precisa, este Tribunal Pleno ha considerado que se encuentra reconocido en forma implícita en diversos preceptos constitucionales.
30. Al resolver la acción de inconstitucionalidad 11/2013,(13) este Tribunal Pleno estableció que siendo el derecho penal el medio más restrictivo y severo, su uso únicamente es legítimo cuando se cumpla con el principio de mínima intervención. Por lo que, el poder punitivo del Estado únicamente debe ejercerse en la medida estrictamente necesaria para proteger los bienes jurídicos fundamentales de los ataques más graves que los dañen o pongan en peligro.(14)
31. El desarrollo jurisprudencial de este principio continuó en la acción de inconstitucionalidad 51/2018,(15) ocasión en la que esta Suprema Corte realizó una serie de consideraciones que es oportuno retomar para el presente caso:
• La facultad de castigar por la vía penal encuentra límites en una serie de garantías fundamentales que encierran los llamados principios informadores del derecho penal, entre los cuales se encuentran los principios de legalidad, mínima intervención, culpabilidad y non bis in idem.
• El poder punitivo únicamente debe ejercerse en la medida estrictamente necesaria para proteger los bienes jurídicos más importantes de los ataques más graves que los dañen o pongan en peligro.
• Debe constatarse la existencia de una absoluta necesidad de utilizar, en forma verdaderamente excepcional, medidas penales.
• El principio de mínima intervención implica que el derecho penal debe ser el último recurso de la política social del Estado para la protección de los bienes jurídicos más importantes frente a los ataques más graves que puedan sufrir. De ahí que la intervención del derecho penal en la vida social debe reducirse a lo mínimo posible.
• Este principio también implica que las sanciones penales se deben limitar al círculo de lo indispensable, de manera tal que el castigo para las conductas lesivas a los bienes jurídicos que previamente se han considerado dignos de protección, se restrinja a aquellas modalidades de ataque más peligrosas. • El derecho penal no puede emplearse para defender intereses minoritarios e innecesarios para el funcionamiento del Estado de derecho, ni es adecuado recurrir al él si es posible ofrecer una tutela suficiente con instrumentos jurídicos no penales.
• La intervención mínima responde al convencimiento de que la pena es un mal irreversible y una solución imperfecta que debe utilizarse solamente cuando no haya más remedio, es decir, tras el fracaso de cualquier otro modo de protección. Por tanto, el derecho penal ha de ser el último recurso ante la falta de otros medios menos lesivos.
• La criminalización de un comportamiento humano debe ser la última de las decisiones posibles en el espectro de sanciones que el Estado está en capacidad jurídica de imponer. La decisión de sancionar con una pena es el recurso extremo al que puede acudir el Estado para reprimir un comportamiento que afecta los intereses sociales.
• Conforme al principio de mínima intervención del derecho penal, el ejercicio de la facultad sancionatoria debe operar cuando las demás alternativas de control han fallado y debe ser un instrumento de ultima ratio para garantizar la pacífica convivencia en sociedad, previa evaluación de su gravedad y de acuerdo con las circunstancias sociales, políticas, económicas y culturales imperantes en la sociedad en un momento determinado.
32. Posteriormente, este Tribunal Pleno se volvió a pronunciar respecto al principio de mínima intervención al resolver la acción de inconstitucionalidad 149/2017,(16) en el sentido de que solamente los ataques a los bienes jurídicos que la sociedad tiene en más alta estima merecen la sanción más grave del orden jurídico nacional, por lo que el legislador, en ejercicio de su libertad de configuración y en atención a dicho principio, está ampliamente facultado para determinar cuáles conductas deben o no deben ser sancionadas penalmente.
33. Finalmente, el Tribunal Pleno abordó el estudio de este principio al resolver la acción de inconstitucionalidad 111/2016(17) y concluyó que es uno de los límites al poder punitivo del Estado, que apunta a que el derecho penal debe ser el último instrumento al que la sociedad recurre para proteger determinados bienes jurídicos, siempre y cuando no haya otras formas de control menos lesivas. Por lo que, si se logra la misma eficacia disuasiva a través de otros medios menos gravosos, la sociedad debe inhibirse de recurrir a su instrumento más intenso.
34. Con base en el parámetro de regularidad constitucional expuesto, este Tribunal Pleno considera que la fracción XVI, del artículo 327 del Código Penal para el Estado de Morelos, vulnera el principio de mínima intervención del derecho penal.
35. Para llegar a dicha conclusión es importante precisar cuál es el bien jurídico que se pretende proteger, de ahí que corresponda acudir a la denominación del capítulo o del título que le asignó el legislador.
36. En el caso, la norma se encuentra en el Título Vigésimo Tercero del Código Penal para el Estado de Morelos “Delitos contra la Integridad y Dignidad de los Animales”, Capítulo Único “Delitos cometidos por actos de maltrato o crueldad en contra de animales domésticos”, lo que nos permite afirmar que el bien jurídico que pretende proteger el legislador es la integridad y dignidad de los animales domésticos.
37. La norma impugnada es del contenido siguiente
ARTÍCULO 327.- Al que cometa actos de maltrato o crueldad en contra de cualquier especie animal doméstico, se le impondrán de seis meses a cuatro años de prisión y multa de trescientos a mil días multa.
Para efectos del presente código se entenderá, como animal doméstico lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley Estatal de Fauna vigente en el Estado de Morelos y por actos de maltrato o crueldad los siguientes:
[...]
XVI. En la medida de lo posible no permitir a un animal doméstico del contacto social con otros animales de su especie o de interacciones apropiadas con seres humanos, cuando estas sean esenciales para su bienestar emocional y comportamental; privarlo de un entorno estimulante que satisfaga sus necesidades cognitivas y sensoriales, incluyendo la falta de acceso a actividades físicas y a estímulos naturales; o impedirle expresar comportamientos propios de su especie, como correr, saltar, hacer ruido y otros comportamientos instintivos y naturales, sin afectación a terceras personas.”
38. Como se advierte, las conductas que describe la fracción combatida sancionan el no permitir a un animal doméstico el contacto social con otros animales de su especie o de la interacción propia o apropiada con seres humanos, privarlo de un entorno estimulante que pudiera satisfacer sus necesidades cognitivas y sensoriales, incluyendo la falta de acceso a actividades físicas y estímulos naturales o impedirle expresar comportamientos propios de su especie como saltar, hacer ruido y otros comportamientos instintivos y naturales sin afectación de terceras personas.
39. Sin embargo, a juicio de este Alto Tribunal, la norma en cuestión establece penas privativas de libertad para conductas que si bien pueden ser consideradas ética o moralmente reprobables, no causan un daño físico o emocional grave a los animales, es decir, no exigen un resultado de lesiones relevante al bien jurídico protegido.
40. En otras palabras, la norma analizada busca criminalizar conductas que no resultan en un daño tangible y significativo que se traduzca en una afectación concreta y grave contra los animales.
41. Por el contrario, las conductas impugnadas son reguladas desde el ámbito administrativo mediante la Ley Estatal de Fauna del Estado de Morelos, la cual tiene como objeto regular la protección de los animales domésticos y a las especies silvestres que se encuentren en dicha entidad; principalmente busca erradicar en todas sus formas los actos de crueldad para con los animales.
42. El numeral 69 Bis de la citada Ley define el maltrato contra los animales como todo hecho, acto u omisión del ser humano, que puede ocasionar dolor, deterioro físico o sufrimiento, que afecte el bienestar, ponga en peligro la vida del animal, o afecte gravemente su salud o integridad física, así como la exposición a condiciones de sobreexplotación de su capacidad física con cualquier fin.
43. Esencialmente, en el artículo 71 del referido ordenamiento dispone que las infracciones a lo dispuesto en esa Ley, se sancionarán por la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Morelos, con multas de hasta sesenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización o bien con arresto hasta por treinta y seis horas, según la gravedad de la falta, la intención con la cual ésta fue cometida y las consecuencias a que se haya dado lugar.
44. Conforme lo expuesto, es claro que el Estado previó mecanismos administrativos para proteger la integridad de los animales en Morelos, a través de sanciones, inspecciones o medidas correctivas, las cuales aplican a conductas que no causan un daño significativo al bienestar animal, como las aquí analizadas.
45. De ahí que este Tribunal Pleno concluya que existen otro tipo de mecanismos menos lesivos que el derecho penal para lograr los propósitos pretendidos, en virtud de que el mismo legislador local estableció una serie de medidas de carácter administrativo y disciplinario que logran el propósito indicado por el legislador y tornan innecesario acudir al derecho penal.
VI.2. Violación al principio de legalidad en su vertiente de taxatividad.
46. Ahora bien, en los conceptos de invalidez de la Comisión accionante, sostiene que la fracción XVI, del artículo 327 del Código Penal para el Estado de Morelos, transgrede el derecho a la seguridad jurídica y el principio de legalidad en su vertiente de taxatividad, establecido en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
47. Ello, por estimar que, al describir el tipo penal de maltrato animal o crueldad en contra de animales domésticos, el legislador se apoyó de términos y locuciones amplias y ambiguas. Además, se trata de un tipo penal abierto que genera incertidumbre jurídica para las personas destinatarias de la norma.
48. Para atender el planteamiento de la Comisión accionante, se aborda la doctrina constitucional y convencional sobre el principio de taxatividad en materia penal, analizado por este Alto Tribunal en diversos precedentes.(18)
49. En la acción de inconstitucionalidad 191/2020 y su acumulada 220/2020,(19) se retomó que el párrafo tercero del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(20) establece que en los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata.
50. Enunciado constitucional sobre el que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido jurisprudencialmente que la garantía de exacta aplicación de la ley en materia penal no se circunscribe a meros actos de aplicación, sino que abarca también a la propia ley que se aplica, que debe quedar redactada de tal forma que los términos mediante los que se especifiquen los elementos respectivos sean claros, precisos y exactos.
51. De ahí que la autoridad legislativa no puede sustraerse del deber de consignar leyes con expresiones y conceptos claros, precisos y exactos al prever las penas y describir las conductas que señala como típicas. Por tanto, las leyes deben incluir todos sus elementos, características, condiciones, términos y plazos, para evitar confusiones en su aplicación o demérito en la defensa del gobernado.
52. Lo anterior se encuentra desarrollado en la tesis P. IX/95 y en la jurisprudencia 1a./J.10/2006, de rubros: “EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY EN MATERIA PENAL, GARANTÍA DE. SU CONTENIDO Y ALCANCE ABARC
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33830-fea19930/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-comision-nacional-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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