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I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE LEYES DE CARÁCTER ESTATAL VULNERAN DERECHOS HUMANOS [ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, INCISO G), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS]. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDA LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA (ARTÍCULOS 15, FRACCIONES I Y XI, DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y 18 DE SU REGLAMENTO INTERNO). III. DERECHO HUMANO DE SEGURIDAD JURÍDICA Y PRINCIPIO DE LEGALIDAD, EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD. DEFINICIÓN JURISPRUDENCIAL Y ALCANCES (ARTÍCULOS 191, PÁRRAFO SEGUNDO, Y 200, PÁRRAFO SEGUNDO, EN SENDAS PORCIONES NORMATIVAS "Y SUSPENSIÓN E INHABILITACIÓN DE DERECHOS, FUNCIONES, CARGOS, COMISIONES, EMPLEOS O PROFESIONES DE 6 MESES A 2 AÑOS", DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES). IV. DELITO DE ATENTADOS AL EQUILIBRIO ECOLÓGICO EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES. LAS NORMAS QUE LO SANCIONAN CON LA SUSPENSIÓN E INHABILITACIÓN DE DERECHOS, FUNCIONES, CARGOS, COMISIONES, EMPLEOS O PROFESIONES DE SEIS MESES A DOS AÑOS, VULNERAN EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD, EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD, AL NO PERMITIR IDENTIFICAR A LAS PERSONAS DESTINATARIAS DE LA NORMA, POR LA AMBIGÜEDAD DE LAS HIPÓTESIS INTEGRADORAS DEL TIPO PENAL (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 191, PÁRRAFO SEGUNDO, Y 200, PÁRRAFO SEGUNDO, EN SENDAS PORCIONES NORMATIVAS "Y SUSPENSIÓN E INHABILITACIÓN DE DERECHOS, FUNCIONES, CARGOS, COMISIONES, EMPLEOS O PROFESIONES DE 6 MESES A 2 AÑOS", DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES). V. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS RETROACTIVOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS AL CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 191, PÁRRAFO SEGUNDO, Y 200, PÁRRAFO SEGUNDO, EN SENDAS PORCIONES NORMATIVAS "Y SUSPENSIÓN E INHABILITACIÓN DE DERECHOS, FUNCIONES, CARGOS, COMISIONES, EMPLEOS O PROFESIONES DE 6 MESES A 2 AÑOS", DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES).

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 132/2024. · Registro digital (IUS): 33708
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2025-10-17
Promovente: COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.
Localización: Duodécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 2, Octubre de 2025, Tomo III, Volumen 1, Pág.7.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 132/2024. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 21 DE ABRIL DE 2025. PONENTE: ANA MARGARITA RÍOS FARJAT. SECRETARIO: SAÚL ARMANDO PATIÑO LARA.

ÍNDICE TEMÁTICO

Se resuelve la acción de inconstitucionalidad 132/2024, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en contra de los artículos 191, párrafo segundo, en la porción normativa “y suspensión e inhabilitación de derechos, funciones, cargos, comisiones, empleos o profesiones de 6 meses a 2 años”, y 200, párrafo segundo, en la porción normativa “y suspensión e inhabilitación de derechos, funciones, cargos, comisiones, empleos o profesiones de 6 meses a 2 años”, del Código Penal para el Estado de Aguascalientes, reformados mediante el Decreto número 670, publicado en el Periódico Oficial de la entidad el veintisiete de mayo de dos mil veinticuatro.

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Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al veintiuno de abril de dos mil veinticinco, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 132/2024, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra de los artículos 191, párrafo segundo, en la porción normativa “y suspensión e inhabilitación de derechos, funciones, cargos, comisiones, empleos o profesiones de 6 meses a 2 años”, y 200, párrafo segundo, en la porción normativa “y suspensión e inhabilitación de derechos, funciones, cargos, comisiones, empleos o profesiones de 6 meses a 2 años”, del Código Penal para el Estado de Aguascalientes, reformados mediante el Decreto número 670, publicado en el Periódico Oficial de la entidad el veintisiete de mayo de dos mil veinticuatro.

I. ANTECEDENTES Y TRÁMITE.

1. PRIMERO. Publicación del Decreto impugnado. El veintisiete de mayo de dos mil veinticuatro fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes, el Decreto número 670 por el que se reformaron el párrafo segundo del artículo 191 y el párrafo último del artículo 200 del Código Penal para el Estado de Aguascalientes.(1)

2. SEGUNDO. Presentación de la acción de inconstitucionalidad. El veintiséis de junio de dos mil veinticuatro, María del Rosario Piedra Ibarra, Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, promovió acción de inconstitucionalidad en contra del Decreto antes referido. Específicamente, reclamó la invalidez de la porción normativa “y suspensión e inhabilitación de derechos, funciones, cargos, comisiones, empleos o profesiones de 6 meses a 2 años”, establecida en los artículos 191, párrafo segundo y 200, párrafo último, ambos del Código Penal para el Estado de Aguascalientes.

3. TERCERO. Artículos constitucionales que se consideran vulnerados. La Comisión accionante señaló en su demanda como preceptos trasgredidos los artículos 14, 16 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(2) 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos(3) y 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.(4)

4. CUARTO. Conceptos de invalidez. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos accionante expuso los siguientes argumentos en su único concepto de invalidez:

• Las porciones normativas impugnadas vulneran el derecho a la seguridad jurídica, así como los principios de legalidad en su vertiente de taxatividad penal y proporcionalidad de las penas.

• Por una parte, el artículo 191 del Código Penal para el Estado de Aguascalientes prevé las conductas que serán consideradas como delito, identificadas como “atentados al equilibrio ecológico dolosos”, en seis fracciones. Por otro lado, el artículo 200 describe las conductas que serán consideradas como delitos por “atentados al equilibrio ecológico culposos”.

Tanto en el artículo 191 como en el diverso 200, el legislador previó la imposición de las penas de prisión, multa, reparación del daño, así como de suspensión e inhabilitación de derechos, funciones, cargos, comisiones, empleos o profesiones de 6 meses a 2 años, a quienes resulten responsables de la comisión de esos hechos antijurídicos.

• Vulneración del derecho a la seguridad jurídica y principio de legalidad en su vertiente de taxatividad. El derecho a la seguridad jurídica y el principio de legalidad constituyen prerrogativas fundamentales por virtud de las cuales toda persona se encuentra protegida frente al actuar de todas las autoridades. Estos principios se hacen extensivos al legislador, quien se encuentra obligado a establecer disposiciones claras y precisas que no den pauta a una aplicación arbitraria de la ley, así como a que los gobernados tengan plena certeza sobre a quién se dirige la disposición, su contenido y la consecuencia de su incumplimiento.

Del principio de legalidad se deriva el principio de taxatividad, que se define como la exigencia de un contenido concreto y unívoco en la labor de tipificación y configuración de la ley penal. Exige que las normas sancionadoras describan claramente las conductas reguladas y sus sanciones penales con cierto grado de determinación.

• No obstante, contrario a dicho estándar, el legislador del Estado de Aguascalientes estableció una sanción que será aplicable ante la actualización de alguno de los delitos previstos en los artículos 191 y 200 del Código Penal de esa entidad, que no guardan conformidad con la Constitución. Ello se debe a que entre las penas a imponer se encuentran la suspensión e inhabilitación de: a) derechos, b) funciones, c) cargos, d) comisiones, e) empleos, o f) profesiones de 6 meses a 2 años.

Si bien se pudiera interpretar que al imponer esas sanciones una persona juzgadora puede privar a los sujetos activos de alguno o algunos de los conceptos mencionados, en atención a la relación que exista entre éstos y la conducta ejecutada, el problema radica en que esas disposiciones admiten otras interpretaciones porque el legislador no fue cuidadoso en redactarlas, permitiéndose un amplio margen de aplicación.

En otras palabras, las disposiciones impugnadas contemplan un catálogo indefinido de derechos, funciones, cargos, comisiones, empleos o profesiones sobre los cuales se podrá aplicar la suspensión e inhabilitación a la persona responsable de la comisión del delito de atentado contra el equilibrio ecológico, ya sea culposo o doloso.

Las consecuencias normativas resultan imprecisas, vulnerándose así el derecho a la seguridad jurídica y el principio de legalidad en su vertiente de taxatividad, pues deja al arbitrio de la autoridad jurisdiccional determinar cuáles serán esos derechos, funciones, cargos, comisiones, empleos o profesiones sobre los que impondrá la sanción.

Además, la fijación de dichas penas no encuentra sustento en algún otro precepto del código penal local, sino que los operadores jurídicos tendrán que vislumbrar en otros ordenamientos a qué se refiere o qué puede ser objeto de privación temporal en su ejercicio. Es una remisión demasiado amplia.

No se desconoce que los artículos 40 y 66 del código penal local establecen lo que implican las sanciones de suspensión e inhabilitación,(5) mas no se desglosa específicamente sobre qué derechos, funciones, cargos, comisiones, empleos o profesiones recaerá la consecuencia penal examinada, de manera que la inconstitucionalidad persiste por la falta de claridad.

En relación con los derechos, debe partirse de la premisa de que engloba a todas aquellas prerrogativas en favor de las y los gobernados contemplados en el sistema jurídico local, nacional e internacional. Respecto de las funciones, no se tiene certeza de lo que engloba ese término.

Mientras que en relación con los cargos, comisiones, empleos o profesiones, tampoco se conoce ni existe forma alguna de saber a los que se refiere, o si serán aquellos relacionados con el ejercicio en el ámbito público o también privado. Si deben estar relacionados con el delito o si se trata de los que al momento de la comisión del hecho el sujeto activo desempeñaba.

En ese sentido, las normas no generan un grado de precisión razonable, en contravención con lo dispuesto en el artículo 14 constitucional.

• Vulneración al principio de proporcionalidad de las penas y prohibición de penas inusitadas. Las disposiciones combatidas también son contrarias al principio de proporcionalidad que se encuentra consagrado en el artículo 22 constitucional, el cual implica una obligación para el legislador de establecer sanciones razonables en atención al bien jurídico afectado, el grado de culpabilidad del acto y las agravantes y atenuantes previstos en el sistema jurídico nacional.

El referido artículo, en su párrafo primero prohíbe las penas inusitadas y trascendentales, además que mandata que todas las sanciones penales deben ser proporcionales.

• Si bien el Congreso local previó una temporalidad graduable sobre la cual el órgano jurisdiccional impondrá la suspensión e inhabilitación que corresponda, también lo es que, derivado de la redacción tan amplia de las normas, éstas permiten imponer esas sanciones a un sinnúmero de derechos, funciones, cargos, comisiones, empleos o profesiones.

Lo anterior podría no resultar proporcional al daño causado al bien jurídico tutelado, ni al grado de responsabilidad del sujeto activo, o incluso, que trasciendan a la conducta ilícita cometida al grado de afectar situaciones que en nada se relacionan con el delito.

Las disposiciones no permiten una correcta individualización de la pena al no especificar si se podrá imponer la suspensión o inhabilitación sobre alguna de esas cuestiones o sobre todas ellas.

Además, las penas también son desproporcionadas en tanto que obligan a la autoridad jurisdiccional competente a imponer de forma conjunta e invariable las penas de inhabilitación y suspensión en todos los casos. Ello se desprende de la literalidad de las disposiciones al establecer “suspensión e inhabilitación”, entendiendo una relación de conjunción y no de disyunción, pues en ese último caso se hubiera empleado la palabra “o”.

• En ese orden de ideas, la inconstitucionalidad denunciada consiste en que las disposiciones impugnadas dan pauta a que se impongan sanciones de manera arbitraria y desproporcional al daño causado. Finalmente, se considera que las sanciones pueden repercutir en distintos ámbitos de la vida personal y profesional de la persona a quien se le imputa la comisión de la conducta, pues podría posicionarlo en la imposibilidad de realizar cualquier actividad laboral para asegurar su subsistencia durante el plazo fijado.

5. QUINTO. Registro y turno. Mediante proveído de primero de julio de dos mil veinticuatro, la Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente con número 132/2024 y lo turnó a la Ponencia del Ministro Luis María Aguilar Morales para la instrucción del procedimiento y la formulación del proyecto de resolución respectivo.

6. SEXTO. Admisión. Por acuerdo del ocho de julio de dos mil veinticuatro, el Ministro instructor admitió a trámite la demanda, requirió a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Aguascalientes para que rindieran sus respectivos informes y dio vista a la Fiscalía General de la República para que formulara su pedimento.

7. SÉPTIMO. Informe del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes. El catorce de agosto de dos mil veinticuatro, Salvador Maximiliano Ramírez Hernández, Presidente de la Mesa Directiva de la diputación permanente y representante legal de la LXV Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Aguascalientes, rindió su informe y manifestó lo siguiente:

• La Comisión de Justicia del Congreso del Estado de Aguascalientes coincidió con la Comisión accionante en la propuesta de reformar los artículos 131, 191 y 200 del Código Penal para el Estado de Aguascalientes toda vez que ello consolidaría una legislación instrumental coherente y armoniosa con los postulados penales.

• El artículo 66 del Código Penal de la entidad es claro en definir la suspensión y la privación, sin embargo, al momento en que los preceptos impugnados manejan como pena ambos supuestos o manejan la pena de privación de derechos con temporalidad o la suspensión sin establecer el tiempo, se cae en la violación a los principios de exacta aplicación de la ley penal y taxatividad.

• Por lo anterior, la Comisión de Justicia aprobó el Dictamen de reforma a los artículos 131, 191 y 200 del Código Penal para el Estado de Aguascalientes, el cual fue sometido con posterioridad a la consideración del Pleno Legislativo.(6)

8. OCTAVO. Informe del Poder Ejecutivo del Estado de Aguascalientes. El veintiuno de agosto de dos mil veinticuatro, Eduardo Ismael Aguilar Sierra, en su carácter de titular de la Consejería Jurídica del Estado de Aguascalientes y como representante legal de la titular del Poder Ejecutivo de dicha entidad, rindió su informe en los términos siguientes:

• Las porciones normativas reclamadas son producto de la deliberación que hace el Congreso del Estado de Aguascalientes, en la que el Ejecutivo cumple la función de promulgación de leyes, por lo tanto, es cierto que el acto reclamado se promulgó y se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes en veintisiete de mayo de dos mil veinticuatro.

• La Gobernadora del Estado promulgó y ordenó la publicación del acto que nos ocupa en acatamiento a la Constitución Política del Estado de Aguascalientes. Dicha aceptación no conduce a aceptar que la actuación del Poder Ejecutivo local resulte inconstitucional. El solo hecho de la promulgación, considerado en sí mismo, no violenta los preceptos constitucionales que refiere la promovente.

• Asimismo, las normas cuya invalidez se reclama no contravienen la Constitución Federal, pues el legislador local fue específico en establecer los plazos para aplicar las sanciones una vez que se haya acreditado la comisión del delito contenido en el artículo 191 del Código Penal para el Estado de Aguascalientes. El objeto de la reforma al artículo fue precisamente para regular con exactitud las penas que pueden imponerse.

• El legislador emitió la norma precisa y clara, atendiendo a los principios de seguridad jurídica y a la exacta aplicación de la ley penal en su vertiente de taxatividad.

9. NOVENO. Recepción de los informes y vista para formular alegatos. Mediante acuerdo de veintidós de agosto de dos mil veinticuatro, el Ministro instructor tuvo por presentados los informes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Aguascalientes y dejó los autos a la vista de las partes para que dentro del plazo de cinco días hábiles formularan alegatos.

10. DÉCIMO. Certificación de plazo. Visto el estado procesal de autos, se advirtió que el plazo legal transcurrió sin que las partes formularan alegatos.

11. DÉCIMO PRIMERO. Cierre de instrucción. Mediante acuerdo de tres de octubre de dos mil veinticuatro, el Ministro instructor cerró la instrucción a efecto de elaborar el proyecto de resolución respectivo.

12. DÉCIMO SEGUNDO. Returno. Por acuerdo de once de diciembre de dos mil veinticuatro, la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó returnar el presente expediente a la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat para que continúe actuando como instructora en la acción de inconstitucionalidad.

II. COMPETENCIA

13. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución(7) y 10, fracción I, de la abrogada Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación(8) —aplicable en términos del artículo tercero de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinte de diciembre de dos mil veinticuatro—,(9) en virtud de que se plantea la posible contradicción de una norma de carácter general y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

III. OPORTUNIDAD

14. El artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución,(10) dispone que el plazo para promover la acción de inconstitucionalidad será de treinta días naturales contados a partir del día siguiente a la fecha en que la ley o tratado internacional impugnado sean publicados en el correspondiente medio oficial y que, si el último día del plazo fuese inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente.

15. En el caso, el Decreto impugnado se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes el lunes veintisiete de mayo de dos mil veinticuatro. Por lo tanto, el plazo para la promoción de la acción de inconstitucionalidad transcurrió del martes veintiocho de ese mes y año, al miércoles veintiséis de junio de dos mil veinticuatro.

16. Consecuentemente, si la acción de inconstitucionalidad se presentó el veintiséis de junio de dos mil veinticuatro en la Oficina de Certificación y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, se promovió en forma oportuna.

IV. LEGITIMACIÓN

17. A continuación, se procede a analizar la legitimación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por ser un presupuesto indispensable para su ejercicio.

18. La Comisión accionante se encuentra legitimada para promover la presente acción de inconstitucionalidad en términos del artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues argumenta que el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones contenidas en leyes federales y de las entidades vulneran diversos derechos humanos contenidos en la propia Constitución y en diversos tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte.

19. Por otro lado, el artículo 15, fracción XI, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos,(11) faculta a la persona que funja como titular de esta institución para promover las acciones de inconstitucionalidad que correspondan.

20. Luego, como la demanda fue suscrita por María del Rosario Piedra Ibarra, quien acredita ser Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos accionante con copia certificada del acuerdo de designación de doce de noviembre de dos mil diecinueve, emitido por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, debe colegirse que dicha funcionaria tiene la representación del órgano legitimado para promover la presente demanda.

V. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA

21. No se plantearon causas de improcedencia ni se aprecia de oficio la actualización de alguna. Consecuentemente, no existe impedimento para que este Tribunal Pleno examine los conceptos de invalidez planteados en el presente caso.

VI. ESTUDIO DE FONDO

22. La materia de estudio en la presente acción de inconstitucionalidad que fue promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es la validez del Decreto número 670 por el que se reformaron los artículos 191, párrafo segundo, en la porción normativa “y suspensión e inhabilitación de derechos, funciones, cargos, comisiones, empleos o profesiones de 6 meses a 2 años”, y 200, párrafo último, en la porción normativa “y suspensión e inhabilitación de derechos, funciones, cargos, comisiones, empleos o profesiones de 6 meses a 2 años”, del Código Penal para el Estado de Aguascalientes, publicado en el Periódico Oficial de la entidad el veintisiete de mayo de dos mil veinticuatro.

23. Ambas porciones impugnadas se relacionan con la penalidad que corresponde a algunas hipótesis del delito de atentado al equilibro ecológico, en sus formas de comisión dolosa y culposa.

24. Así, para combatir la validez de las porciones normativa referidas la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en su demanda, plantea que se vulnera el derecho humano a la seguridad jurídica, en relación con el principio de legalidad en su vertiente de taxatividad, y el principio de proporcionalidad de las penas, al considerar que la norma no permite conocer si se debe imponer como sanción la suspensión e inhabilitación de cualquier tipo de derechos, funciones, cargos, comisiones, empleos o profesiones; de todos ellos, o solo de algunos. 25. Los conceptos de invalidez de la accionante resultan sustancialmente fundados en relación con la vulneración al derecho humano de seguridad jurídica y el principio de legalidad, en su vertiente de taxatividad.

26. Cabe decir que la accionante igualmente consideró vulnerado el principio de proporcionalidad de las penas, pero como se verá más adelante, es suficiente acreditar la trasgresión al principio de taxatividad para declarar la invalidez de las porciones normativas impugnadas, lo que torna innecesario el análisis de los restantes planteamientos hechos valer.

27. A continuación, se desarrolla la doctrina constitucional y convencional que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha desarrollado sobre el principio de legalidad en su vertiente de taxatividad que garantiza la seguridad jurídica de quienes son destinatarios de las normas y posteriormente procedemos al estudio de fondo del asunto.

• El derecho humano de seguridad jurídica y el principio de legalidad, en su vertiente de taxatividad.

28. El principio de legalidad es el principal límite impuesto por las exigencias del Estado de Derecho al ejercicio de la potestad punitiva e incluye una serie de derechos para la ciudadanía que se traducen en la imposibilidad de que el Estado intervenga penalmente más allá de lo que le permite la ley.

29. De acuerdo con el referido principio, sólo se puede castigar un hecho si su punibilidad se encuentra prevista en una ley antes de su comisión. La tipicidad es un presupuesto indispensable del acreditamiento del injusto penal y constituye la base fundamental del principio de legalidad.

30. El citado principio se encuentra reconocido como derecho fundamental en el artículo 14, párrafo tercero, de la Constitución Política del país, que señala:

Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.

[...]

En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata.

[...]

31. Del mismo modo, en el artículo 11.2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que precisa lo siguiente:

Artículo 11.

[...]

2. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos según el Derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito.

32. Así como en el artículo 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que tiene el siguiente contenido:

Artículo 9. Principio de Legalidad y de Retroactividad. Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.

33. Además, en el numeral 15.1 del Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles, que precisa:

Artículo 15.

1. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.

34. De los referidos preceptos subyace el derecho fundamental de exacta aplicación de la ley penal, que deriva de los principios nullum crimen sine lege (no existe un delito sin una ley que lo establezca) y nulla poena sine lege (no existe una pena sin una ley que la establezca).

35. Entonces, conforme a dichos principios el Estado sólo puede sancionar penalmente las conductas debidamente descritas en la legislación correspondiente como ilícitas y aplicar las penas prestablecidas en la ley para sancionarlas, con el fin de salvaguardar la seguridad jurídica de las personas.

36. Al respecto, es aplicable la tesis P. XXI/2013 de este Tribunal Pleno, de título: “EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY PENAL. ESTE DERECHO FUNDAMENTAL, CONTENIDO EN EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 14 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SALVAGUARDA LA SEGURIDAD JURÍDICA DE LAS PERSONAS.”(12)

37. De ahí deriva la importancia que la dogmática jurídico-penal asigna al elemento del delito llamado tipicidad o taxatividad, que alude a la necesidad de que la ley consagre plenamente los componentes de una hipótesis delictiva, de forma que, una vez acontecidos los hechos presuntamente constitutivos de delito, exista una correspondencia exacta entre lo dicho por la legislación y un hecho concreto acontecido y probado en el mundo fáctico.

38. Lo anterior, porque la tipicidad es un presupuesto indispensable del acreditamiento del injusto penal y constituye la base fundamental del principio de legalidad que rige, con todas sus derivaciones, como pilar de un sistema de naturaleza penal en un estado democrático de derecho.

39. Acorde con el principio en estudio, no existen pena ni delito sin ley que los establezca, de modo que, para que una conducta o hecho determinado pueda ser considerado delito y motivar o justificar por ello la aplicación de una pena, es indispensable una ley que considere ese hecho o conducta como tal.

40. De ahí que los ordenamientos sustantivos en materia penal conceptualicen el delito como el acto u omisión sancionado por la ley penal, entendida esta última expresión en términos genéricos de normas jurídicas que prevén y sancionan delitos, con independencia que estén insertas en el ordenamiento penal o en normas especiales que regulan materias específicas y contienen un apartado de delitos particularmente relacionados con el ámbito de regulación de dichos ordenamientos.

41. En ese sentido, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que una de las derivaciones del principio de legalidad es la exigencia de taxatividad o exigencia de un contenido concreto y unívoco en la labor de tipificación de la ley, es decir, la necesidad de que la descripción típica no sea vaga, imprecisa, abierta o demasiado amplia, de modo tal que permita la arbitrariedad en su aplicación, pues para garantizar la prohibición de analogía o mayoría de razón en la aplicación de la ley penal, esta debe ser exacta para garantizar seguridad jurídica a las personas destinatarias de la norma.

42. Lo anterior no solo porque la infracción corresponda a una sanción, sino porque las normas penales deben cumplir con una función motivadora contra la realización de delitos y para ello es imprescindible que las conductas punibles y las sanciones aplicables estén descritas con exactitud y claridad; ya que no puede evitarse aquello que no se tiene posibilidad de conocer con certeza.

43. El mandato de taxatividad implica, por consiguiente, una obligación fundamental al legislador de establecer un grado de determinación de la conducta típica y de la pena a imponer que permita afirmar que lo que es objeto de prohibición puede ser conocido sin problemas por la persona que resentirá la aplicación de la norma.

44. La garantía de legalidad en materia penal se incumple con una tipificación confusa o incompleta que obligue a los gobernados a realizar labores de interpretación analógica o por mayoría de razón, pues no todos están preparados para realizar esa tarea a efecto de conocer las conductas que les están prohibidas.

45. Las garantías referidas no se circunscriben a los meros actos de aplicación, sino que se proyectan sobre el contenido de la ley que se aplica, que debe quedar redactada en términos específicos, claros y exactos.

46. En ese sentido, al prever las penas, la autoridad legislativa no puede sustraerse del deber de describir las conductas que señalen como merecedoras de sanción penal, incluyendo todos sus elementos, características, condiciones, términos y plazos; ello es necesario para evitar confusiones en su aplicación o demérito en la defensa del procesado. Por tanto, la ley que carezca de tales requisitos de certeza resultará violatoria del principio de taxatividad.

47. Lo anterior ha sido desarrollado en la tesis IX/95, de este Tribunal Pleno, y en la jurisprudencia 10/2006, de la Primera Sala, de respectivos títulos: “EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY EN MATERIA PENAL, GARANTÍA DE. SU CONTENIDO Y ALCANCE ABARCA TAMBIÉN A LA LEY MISMA.”,(13) y “EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY PENAL. LA GARANTÍA, CONTENIDA EN EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 14 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, TAMBIÉN OBLIGA AL LEGISLADOR.”(14)

48. De acuerdo con los parámetros de referencia, esta Suprema Corte ha concluido que la garantía de exacta aplicación de la ley penal implica que el gobernado debe tener pleno conocimiento de cuándo su conducta, por acción u omisión, daña un bien jurídico protegido por el sistema penal y, por tanto, que puede ubicarse en la hipótesis prevista en un tipo penal, con la consecuente sanción a la que se haga acreedor.

49. Por ello es de suma importancia que el legislador establezca con exactitud la conducta que considera dañina y desde luego las sanciones que resultan aplicables como consecuencia de su realización. En caso contrario, generaría incertidumbre jurídica en cuanto al encuadramiento o enmarcamiento de la conducta que realiza el sujeto activo en la descripción establecida en la ley, o en la precisión de las penas a las que se enfrentaría en caso de transgredir el ordenamiento.

50. Esto no solo respecto de las personas gobernadas, sino en las propias autoridades encargadas de aplicar la norma penal para evitar la arbitrariedad en su uso.

51. La observancia del principio de tipicidad en materia penal que

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33708-7a2ded45/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-comision-nacional-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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