I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN CONTRA DE LAS LEYES EXPEDIDAS POR LAS LEGISLATURAS LOCALES. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DEBE DESESTIMARSE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL PODER EJECUTIVO LOCAL EN QUE ADUCE QUE AL PROMULGAR Y PUBLICAR LA NORMA IMPUGNADA SÓLO ACTUÓ EN CUMPLIMIENTO DE SUS FACULTADES. III. EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY PENAL. ESTE DERECHO FUNDAMENTAL, CONTENIDO EN EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 14 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SALVAGUARDA LA SEGURIDAD JURÍDICA DE LAS PERSONAS. IV. PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD. IMPLICA UNA OBLIGACIÓN FUNDAMENTAL DEL LEGISLADOR DE ESTABLECER UN GRADO DE DETERMINACIÓN DE LA CONDUCTA TÍPICA Y DE LA PENA A IMPONER, QUE PERMITA AFIRMAR QUE LO QUE ES OBJETO DE PROHIBICIÓN PUEDE SER CONOCIDO SIN PROBLEMAS POR EL DESTINATARIO DE LA NORMA. V. PRINCIPIO DE TIPICIDAD EN MATERIA PENAL. SU OBSERVANCIA SE EXTIENDE AL LEGISLADOR, PUES COMPRENDE QUE LA DESCRIPCIÓN DE LOS TIPOS PENALES EVITEN EL USO DE CONCEPTOS INDETERMINADOS E IMPRECISOS QUE GENEREN UN ESTADO DE INCERTIDUMBRE JURÍDICA EN LAS PERSONAS Y UNA ACTUACIÓN ARBITRARIA DEL INTÉRPRETE DE LA NORMA. VI. TAXATIVIDAD EN MATERIA PENAL. SÓLO OBLIGA AL LEGISLADOR A UNA DETERMINACIÓN SUFICIENTE DE LOS CONCEPTOS CONTENIDOS EN LAS NORMAS PENALES Y NO A LA MAYOR PRECISIÓN IMAGINABLE. VII. PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD. DISPONE QUE LOS TEXTOS EN LOS QUE SE RECOGEN LAS NORMAS SANCIONADORAS DESCRIBAN CON SUFICIENTE PRECISIÓN QUÉ CONDUCTAS ESTÁN PROHIBIDAS Y QUÉ SANCIONES SE IMPONDRÁN A QUIENES INCURRAN EN ELLAS, AUNADO A QUE SU FINALIDAD ES PRESERVAR LOS PRINCIPIOS PENALES DE CERTEZA JURÍDICA E IMPARCIALIDAD EN LA APLICACIÓN DE LA NORMA. VIII. DELITOS CONTRA EL RESPETO A LOS MUERTOS Y VIOLACIONES A LAS LEYES DE INHUMACIÓN Y EXHUMACIÓN EN EL ESTADO DE MÉXICO. LA PREVISIÓN LEGAL QUE SANCIONA PENALMENTE A QUIEN POR CUALQUIER MEDIO Y "FUERA DE LOS SUPUESTOS AUTORIZADOS POR LA LEY" DIFUNDA A TRAVÉS DE DIVERSOS MEDIOS IMÁGENES, AUDIOS, VIDEOS O DOCUMENTOS DE CADÁVERES O PARTE DE ELLOS QUE SE ENCUENTREN RELACIONADOS CON UNA INVESTIGACIÓN PENAL, VULNERA EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD, YA QUE GENERA UN GRAN MARGEN DE ARBITRARIEDAD A LA PERSONA JUZGADORA O A LA AUTORIDAD MINISTERIAL PARA DOTAR DE CONTENIDO LA NORMA (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 227 BIS DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE MÉXICO). IX. DELITOS CONTRA EL RESPETO A LOS MUERTOS Y VIOLACIONES A LAS LEYES DE INHUMACIÓN Y EXHUMACIÓN EN EL ESTADO DE MÉXICO. LA PREVISIÓN LEGAL QUE SANCIONA PENALMENTE A QUIEN POR CUALQUIER MEDIO Y "FUERA DE LOS SUPUESTOS AUTORIZADOS POR LA LEY" DIFUNDA A TRAVÉS DE DIVERSOS MEDIOS IMÁGENES, AUDIOS, VIDEOS O DOCUMENTOS DE CADÁVERES O PARTE DE ELLOS QUE SE ENCUENTREN RELACIONADOS CON UNA INVESTIGACIÓN PENAL, ES VAGA E IMPRECISA, PUES NO PERMITE COMPRENDER PREVIAMENTE CUÁL ES LA NORMA QUE REGULA LA PROHIBICIÓN DE DIFUNDIR DICHA INFORMACIÓN, SUS ALCANCES Y DIMENSIONES EN LAS QUE SE DEFINAN CON PRECISIÓN LOS CASOS EN LOS QUE SU CONDUCTA PUEDE RESULTAR ANTIJURÍDICA (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 227 BIS DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE MÉXICO). X. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DECLARATORIA DE INVALIDEZ EXTENSIVA A LA TOTALIDAD DEL ARTÍCULO 227 BIS DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE MÉXICO, PUES AL INVALIDAR LAS EXPRESIONES SEMÁNTICAS "AL QUE" Y "FUERA DE LOS SUPUESTOS AUTORIZADOS POR LA LEY", LA DESCRIPCIÓN TÍPICA CARECE DE SENTIDO Y COHERENCIA (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 227 BIS DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE MÉXICO). XI. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DE UNA NORMA PENAL CON EFECTOS RETROACTIVOS AL MOMENTO DE SU ENTRADA EN VIGOR (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 227 BIS DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE MÉXICO). XII. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS CON MOTIVO DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 227 BIS DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE MÉXICO).
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 136/2021. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 2 DE MARZO DE 2023. PONENTE: MINISTRA ANA MARGARITA RÍOS FARJAT. SECRETARIO: SAÚL ARMANDO PATIÑO LARA.
ÍNDICE TEMÁTICO
Hechos: El dieciséis de agosto de dos mil veintiuno se publicó en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno" del Estado de México el Decreto Número 284, mediante el cual se adicionó el artículo 227 Bis del Código Penal del Estado de México.(1)
La maestra María del Rosario Piedra Ibarra, en su carácter de presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, promovió acción de inconstitucionalidad en la que demandó la invalidez de dicho artículo. Lo anterior al considerar que la norma transgrede el derecho humano a la seguridad jurídica, así como los principios de legalidad en su vertiente de taxatividad y mínima intervención del derecho penal, aunado a que produce un efecto inhibitorio de la libertad de expresión.
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Ciudad de México. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al dos de marzo de dos mil veintitrés, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 136/2021 promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en la que solicita la declaración de invalidez del artículo 227 Bis del Código Penal del Estado de México, adicionado mediante Decreto Número 284, publicado el dieciséis de agosto de dos mil veintiuno en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno" de la citada entidad federativa.
I. ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA
1. Presentación del escrito inicial por la Comisión accionante. Por escrito presentado el diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno a través del Buzón Judicial en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, la maestra María del Rosario Piedra Ibarra, en su carácter de presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos promovió acción de inconstitucionalidad en la que solicitó la invalidez del artículo 227 Bis del Código Penal del Estado de México.(2) Dicho artículo se adicionó mediante Decreto Número 284, publicado el dieciséis de agosto de dos mil veintiuno en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno" de dicha entidad federativa.
2. Conceptos de invalidez. En su escrito inicial, la Comisión accionante expuso, dentro de su único concepto de invalidez, que la norma transgrede el derecho humano a la seguridad jurídica, así como los principios de legalidad en su vertiente de taxatividad y mínima intervención del derecho penal, aunado a que produce un efecto inhibitorio de la libertad de expresión. Lo anterior, por las razones siguientes:
a. La tipificación no es clara, las porciones normativas "al que", "por cualquier medio", "fuera de los supuestos autorizados por la ley" y "se encuentren relacionados con una investigación penal", son ambiguas y generan múltiples interpretaciones. Lo anterior permite que su aplicación sea arbitraria pues no existen bases objetivas para determinar cuándo un particular realiza la conducta ilícita, pues podría hacerlo en ejercicio legítimo de otros derechos.
b. No se precisa cuáles son las conductas efectivamente prohibidas pues prevé un catálogo muy amplio. La indeterminación de la conducta prohibida produce incertidumbre en los destinatarios de la norma al no tener certeza de cuándo sus acciones actualizarán alguna de las numerosas hipótesis normativas que establece el artículo impugnado.
c. No exige la intencionalidad dolosa de la comisión de la conducta típica ni la generación de un daño, lo que implica que se sancione a las personas por hechos que no deberían ser castigados por la vía penal. Es decir, sanciona con pena de prisión y multa supuestos que no generan daños graves que justifiquen la aplicación del derecho penal como primera opción para su erradicación o prevención, lo cual se podría lograr con medidas más idóneas y adecuadas.
d. No es posible concluir que el derecho penal sea la vía idónea, necesaria y proporcional para proteger la dignidad de las personas y la memoria de las víctimas, pues esto se puede alcanzar a través del resarcimiento de daños por responsabilidad civil.
e. Atenta en contra de la libertad de expresión. El flujo de información debe restringirse lo mínimo posible, en circunstancias excepcionales y limitadas a las hipótesis previstas en la ley.
f. Prevé una restricción injustificada a la libertad de expresión ya que la descripción típica carece de una redacción clara y precisa, lo cual afecta principalmente la labor periodística.
3. Admisión y trámite. El veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente acción de inconstitucionalidad bajo el número 136/2021 y turnó el asunto a la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat para instruir el procedimiento y formular el proyecto de resolución respectivo.
4. El quince de octubre de dos mil veintiuno, la Ministra instructora admitió a trámite la acción, tuvo como parte actora a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y como autoridades demandadas a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de México, emplazándolos para que rindieran los respectivos informes de ley. Por último, dio vista a la Fiscalía General de la República para que formulara pedimento, así como a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal para que manifestara lo que a su representación correspondiera.
5. Informe del Poder Legislativo del Estado de México. El dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, la diputada Ingrid Krasopani Schemelensky Castro, en su carácter de presidenta de la LXI Legislatura del Estado de México, rindió su informe en el que se posicionó por la validez de la norma y en concreto señaló que:
a. Con la emisión del Decreto 284 por el que se adicionó el artículo impugnado, el Congreso del Estado de México sólo ejerció su potestad de autodeterminación de las normas, con lo cual se garantiza el principio de libertad de configuración normativa establecido en su favor.
b. No se vulnera el derecho humano a la seguridad jurídica, ni los principios de legalidad en su vertiente de taxatividad y mínima intervención del derecho penal, tampoco se produce un efecto inhibitorio a la libertad de expresión.
c. No es necesario que la norma penal contenga una descripción puntual de cada uno de los elementos que la conforman.
d. A través de la adición del artículo en comento, se garantiza que no existan mecanismos o procedimientos que agraven la situación de la víctima, o se obstaculice e impida el ejercicio de sus derechos, por lo que la sociedad, por conducto de la actuación de sus servidores públicos, tampoco debe exponer al sufrimiento de un nuevo daño a cualquier víctima.
e. Esta disposición normativa tutela entre otros derechos, el de las mujeres a vivir una vida libre de violencia, pues existe la actualización de un tipo de violencia concreto en su contra cuando los servidores públicos de los sistemas de procuración y administración de justicia filtran cualquier evidencia relacionada con el proceso penal, pues ello constituye "violencia institucional", entendida como toda acción u omisión realizada en una institución que perjudique o viole los derechos de cualquier mujer.
f. La expedición de este artículo se justifica pues tiene como finalidad el respeto a los restos mortales de las víctimas, así como el sufrimiento moral de sus familiares.
g. Las conductas consideradas ilícitas se describieron con exactitud. Asimismo, la redacción del artículo contiene cada uno de los elementos del tipo de forma clara, precisa, sencilla y concreta.
h. El bien jurídico tutelado es la dignidad humana en su vertiente de respeto a los restos humanos.
i. El derecho de expresión de los gobernados no se restringe pues se trata de una medida tendente a la protección de los derechos humanos de las víctimas tanto directas como indirectas.
j. La acción en sí misma lleva implícita la intención de vulnerar la dignidad humana en su vertiente de respeto al cadáver.
6. Informe del Poder Ejecutivo del Estado de México. El diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, el licenciado Carlos Felipe Fuentes del Río, en su carácter de representante legal del Gobernador Constitucional del Estado de México, rindió el informe correspondiente en el que afirmó la validez de la norma y expuso que:
a. Únicamente actuó en cumplimiento a las facultades y obligaciones que a su favor se prevén en diversos preceptos legales, por lo que su actuar no puede ser considerado inconstitucional.
b. El artículo impugnado no violenta los derechos humanos de seguridad jurídica, libertad de expresión, principio de igualdad y principio de mínima intervención en materia penal, por el contrario, el tipo penal se creó para prevenir, sancionar y erradicar este tipo de violencia en contra de la mujer, así como inhibir y reducir los actos de filtración por parte de los servidores públicos que provocan su revictimización.
7. Mediante acuerdo de seis de diciembre de dos mil veintiuno, la Ministra instructora tuvo a los Poderes Legislativo y Ejecutivo, respectivamente, rindiendo los informes solicitados a través de sus representantes.
8. Pedimento. La Fiscalía General de la República no formuló pedimento en el presente asunto y la Consejería Jurídica del Gobierno Federal no realizó manifestación alguna.
9. Alegatos. En el mismo acuerdo de seis de diciembre del presente año, se dejaron los autos a la vista de las partes para que formularan sus alegatos.
10. En atención a lo anterior, Luciana Montaño Pomposo, delegada de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; Javier Domínguez Morales y María Adriana Vargas Hernández, delegados de la Legislatura del Estado de México; así como Carlos Felipe Fuentes del Río, representante legal del Gobernador Constitucional del Estado de México, formularon alegatos mediante escritos presentados el quince de diciembre (los dos primeros) y el dieciséis de diciembre (el último de los mencionados), ambos de dos mil veintiuno. En ellos, en esencia, reiteraron los posicionamientos que expresaron en sus respectivos escrito inicial e informes.
11. Cierre de la instrucción. Por acuerdo de seis de enero de dos mil veintidós, se declaró cerrada la instrucción del asunto a efecto de elaborar el proyecto de resolución respectivo.
II. COMPETENCIA
12. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política del País,(3) así como 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(4) porque se planteó la posible inconstitucionalidad del artículo 227 Bis del Código Penal del Estado de México, que se adicionó mediante el Decreto Número 284, publicado el dieciséis de agosto de dos mil veintiuno en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno" de la citada entidad federativa.
III. PRECISIÓN DE LA NORMA RECLAMADA
13. La norma impugnada es el artículo 227 Bis del Código Penal del Estado de México, que establece:
"Artículo 227 Bis. Al que por cualquier medio y fuera de los supuestos autorizados por la Ley, audiograbe, comercialice, comparta, difunda, distribuya, entregue, exponga, envíe, filme, fotografíe, intercambie, oferte, publique, remita, reproduzca, revele, transmita o videograbe, imágenes, audios, videos o documentos de cadáveres o parte de ellos que se encuentren relacionados con una investigación penal, de las circunstancias de la muerte o de las lesiones que éstos presentan, se le impondrán de tres a seis años de prisión y multa por un importe equivalente de cincuenta a cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización.
"Tratándose de imágenes, audios o videos de cadáveres de mujeres, niñas o adolescentes, de las circunstancias de su muerte, de las lesiones o estado de salud, las penas previstas en este artículo se incrementarán hasta en una mitad.
"Cuando el delito sea cometido por persona servidora pública integrante de cualquier institución de seguridad pública o de impartición o procuración de justicia, las penas previstas se incrementarán hasta en una tercera parte."
IV. OPORTUNIDAD
14. Conforme al artículo 60, párrafo primero, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el plazo para promover acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales, computados a partir del día siguiente a la fecha en que la norma general sea publicada en el medio oficial correspondiente; en caso de que el último día del plazo sea inhábil, la demanda puede presentarse el primer día hábil siguiente.(5)
15. En este caso la acción es oportuna pues el artículo 227 Bis del Código Penal del Estado de México, adicionado mediante Decreto Número 284, se publicó en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno" de la citada entidad federativa el lunes dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, por lo que el plazo para presentar la acción transcurrió del martes diecisiete de agosto al miércoles quince de septiembre de dos mil veintiuno. Sin embargo, debido a que el miércoles quince y el jueves dieciséis de dicho mes son inhábiles,(6) la demanda podía presentarse el primer día hábil siguiente, es decir, el viernes diecisiete del último mes y año citados.
16. Consecuentemente, si la acción de inconstitucionalidad se presentó a través del buzón judicial en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal el viernes diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, resulta claro que se promovió en forma oportuna.
V. LEGITIMACIÓN
17. La acción fue promovida por parte legitimada. El artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política del País dispone que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos está facultada para promover acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes estatales que vulneren los derechos humanos reconocidos en la propia Constitución y en tratados internacionales.
18. Por otro lado, el artículo 11, párrafo primero, aplicable a las acciones de inconstitucionalidad en términos del artículo 59, ambos de la ley reglamentaria de la materia,(7) establecen que las partes deben comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos.
19. En este caso, el escrito inicial fue suscrito por la maestra María del Rosario Piedra Ibarra, en su carácter de presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, lo que acreditó con copia certificada de su designación, expedida por el Senado de la República para un periodo de cinco años que concluirá el quince de noviembre de dos mil veinticuatro.
20. Dicha funcionaria ostenta la representación de la Comisión y cuenta con la facultad expresa para promover acciones de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 15, fracciones I y XI, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y 18 de su reglamento interno.(8)
21. Aunado a ello, en el presente caso se plantea la incompatibilidad del artículo 227 Bis del Código Penal del Estado de México con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales, por considerar que se vulnera el derecho humano a la seguridad jurídica, los principios de legalidad en su vertiente de taxatividad y mínima intervención del derecho penal, así como la libertad de expresión.
22. Así, al ser la Comisión Nacional de los Derechos Humanos un órgano legitimado para ejercer la acción de inconstitucionalidad en este supuesto y al haber sido promovida por la representante legal de dicho órgano, debe concluirse que fue hecha valer por parte legitimada.
VI. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO
23. Las partes no hacen valer alguna causa de improcedencia ni este Tribunal Pleno la advierte de oficio.
24. No pasa inadvertido que, al rendir su informe, el Poder Ejecutivo del Estado de México expuso que únicamente actuó en cumplimiento a las facultades y obligaciones que a su favor se prevén en diversos preceptos legales, por lo que su actuar no puede ser considerado inconstitucional.
25. Sin embargo, ello no es motivo para sobreseer en la presente acción respecto de dicho Poder, pues el Tribunal Pleno ha reiterado que los Poderes Ejecutivos Locales se encuentran invariablemente implicados en la emisión de las leyes, al otorgarles validez y eficacia a través de su promulgación y publicación, por lo que tienen una verdadera injerencia en el proceso legislativo.
26. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 38/2010, del Pleno de esta Suprema Corte, de rubro: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DEBE DESESTIMARSE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL PODER EJECUTIVO LOCAL EN QUE ADUCE QUE AL PROMULGAR Y PUBLICAR LA NORMA IMPUGNADA SÓLO ACTUÓ EN CUMPLIMIENTO DE SUS FACULTADES.",(9) por tanto, procede realizar el estudio de fondo.
VII. ESTUDIO DE FONDO
27. Como cuestión previa, es importante señalar que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió un tema con cierta similitud en la acción de inconstitucionalidad 191/2020 y su acumulada 220/2020(10) que fue interpuesta por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima en contra del artículo 240 Bis del Código Penal para el Estado de Colima, el cual se adicionó mediante Decreto 280, publicado el veinte de junio de dos mil veinte, en el Periódico Oficial de la entidad.(11)
28. En dicho asunto, en esencia, se resolvió que ese tipo penal resulta vago e impreciso, pues no establece bases objetivas para determinar cuándo una persona particular que se ubica en alguna de las hipótesis alternativas de concreción del delito actúa "indebidamente", es decir, cuándo contraviene un deber jurídico específico, por lo que dicha determinación queda al arbitrio de la autoridad investigadora o jurisdiccional. Lo cual, se dijo, resulta contrario al principio de legalidad en su vertiente de taxatividad porque no permite que el destinatario comprenda ex ante la razón por la que su conducta puede resultar antijurídica.
29. Por lo anterior, en el precedente señalado se concluyó que el elemento normativo previsto en el párrafo primero del artículo 240 Bis del Código Penal para el Estado de Colima impugnado, vulnera el párrafo tercero del artículo 14 de la Constitución Política del País y debía invalidarse. Además, se resolvió que la declaratoria de invalidez se debe hacer extensiva a la totalidad del precepto legal impugnado, puesto que la expresión semántica "indebidamente", al constituir una forma de antijuridicidad tipificada, es la que le da sentido y coherencia al objeto de la prohibición penal. Por lo tanto, su ausencia hace que la norma sancione conductas que por sí mismas no son contrarias a derecho, o bien, susceptibles de tutela penal.
30. En este caso se impugna el artículo 227 Bis del Código Penal del Estado de México, el cual fue adicionado mediante Decreto Número 284, publicado el dieciséis de agosto de dos mil veintiuno en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno" de la citada entidad federativa.(12) Si bien, el contenido de este precepto es similar al analizado en la referida acción de inconstitucionalidad 191/2020 y su acumulada 220/2020, las porciones normativas impugnadas en este caso son distintas, ya que se cuestiona la validez de las porciones: "al que", "cualquier medio", "fuera de los supuestos autorizados por la ley" y "se encuentren relacionados con una investigación penal". Esto amerita un tratamiento modalizado.
31. Así, para combatir la validez del artículo 227 Bis del Código Penal del Estado de México mencionado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en su demanda, plantea que vulnera: i) el derecho humano de seguridad jurídica y el principio de legalidad, en su vertiente de taxatividad; ii) el principio de mínima intervención en materia penal y iii) el derecho fundamental a la libertad de expresión. 32. Por los motivos que explicamos enseguida, es procedente sólo el análisis del primero de los citados planteamientos. Este Tribunal Pleno resolvió de la misma manera en el precedente de referencia.
i. El derecho humano de seguridad jurídica y el principio de legalidad, en su vertiente de taxatividad
33. La Comisión accionante alegó que el artículo 227 Bis del Código Penal del Estado de México vulnera el derecho fundamental a la seguridad jurídica y el principio de legalidad, en su vertiente de taxatividad, establecido en el artículo 14, párrafo tercero, de la Constitución Política del País.
34. Al respecto, considera que el ilícito que se prevé no es claro, ya que algunos de los elementos de su descripción típica son vagos e imprecisos. Además, se trata de un tipo penal abierto que genera incertidumbre jurídica respecto de los destinatarios de la norma, porque prevé un catálogo muy amplio de conductas, y no se tiene certeza de cuándo sus acciones actualizan alguna de las hipótesis que se prohíben.
35. En específico, señaló que las porciones normativas "al que", "por cualquier medio", "fuera de los supuestos autorizados por la ley" y "se encuentren relacionados con una investigación penal" son ambiguas y generan múltiples interpretaciones. Esto se traduce en que su aplicación pueda ser arbitraria.
36. Asimismo, sostuvo que la redacción del precepto impugnado tiene un margen de aplicación muy amplio e injustificado, lo que genera que la determinación sobre la ilicitud de la conducta consistente en difundir información relacionada con delitos esté supeditada a la apreciación subjetiva, arbitraria o discrecional del Ministerio Público o del juzgador, quienes pueden llegar a punir la difusión de cualquier tipo de información en documentos, imágenes, audios o videos, relacionados con un delito, aun cuando los particulares realicen esa conducta en ejercicio de otros derechos.
37. En este sentido, afirmó que el artículo resulta vago e impreciso tratándose de personas que no son servidores públicos, pues en ese caso sólo pueden ser sancionados por incumplir un deber expresamente señalado en la ley.
38. Resultan fundados los conceptos de invalidez relativos a las locuciones "al que", y "fuera de los supuestos autorizados por la ley", las cuales se encuentran estrechamente vinculadas.
39. Para explicar lo anterior, primero es necesario desarrollar la doctrina constitucional y convencional que esta Suprema Corte ha desarrollado sobre el principio de legalidad en su vertiente de taxatividad que garantiza la seguridad jurídica de quienes son destinatarios de las normas.(13)
40. El principio de legalidad es el principal límite impuesto por las exigencias del Estado de Derecho al ejercicio de la potestad punitiva e incluye una serie de derechos para la ciudadanía que se traducen en la imposibilidad de que el Estado intervenga penalmente más allá de lo que le permite la ley.
41. De acuerdo con el referido principio, sólo se puede castigar un hecho si su punibilidad se encuentra prevista en una ley antes de su comisión. La tipicidad es un presupuesto indispensable del acreditamiento del injusto penal y constituye la base fundamental del principio de legalidad.
42. El citado principio se encuentra reconocido como derecho fundamental en los artículos 14, párrafo tercero, de la Constitución Política del País y 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y consagra el derecho fundamental de exacta aplicación de la ley penal, que deriva de los principios nullum crimen sine lege (no existe un delito sin una ley que lo establezca) y nulla poena sine lege (no existe una pena sin una ley que la establezca).
43. Conforme a dichos principios, el Estado sólo puede sancionar penalmente las conductas debidamente descritas en la legislación correspondiente como ilícitas y aplicar las penas prestablecidas en la ley para sancionarlas, con el fin de salvaguardar la seguridad jurídica de las personas.(14)
44. Al respecto, es aplicable la tesis P. XXI/2013 (10a.), de este Tribunal Pleno, de título: "EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY PENAL. ESTE DERECHO FUNDAMENTAL, CONTENIDO EN EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 14 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SALVAGUARDA LA SEGURIDAD JURÍDICA DE LAS PERSONAS."(15)
45. De ahí deriva la importancia que la dogmática jurídico-penal asigna al elemento del delito llamado tipicidad o taxatividad, que alude a la necesidad de que la ley consagre plenamente los componentes de una hipótesis delictiva, de forma que, una vez acontecidos los hechos presuntamente constitutivos de delito, exista una correspondencia exacta entre lo dicho por la legislación y un hecho concreto acontecido y probado en el mundo fáctico.
46. Lo anterior, porque la tipicidad es un presupuesto indispensable del acreditamiento del injusto penal y constituye la base fundamental del principio de legalidad que rige, con todas sus derivaciones, como pilar de un sistema de derecho penal en un Estado democrático de derecho.
47. Acorde con el principio en estudio, no existen pena ni delito sin ley que los establezca, de modo que, para que una conducta o hecho determinado pueda ser considerado delito y motivar o justificar por ello la aplicación de una pena, es indispensable una ley que considere ese hecho o conducta como tal.
48. De ahí que los ordenamientos sustantivos en materia penal conceptualicen el delito como el acto u omisión sancionado por la ley penal, entendida esta última expresión en términos genéricos de normas jurídicas que prevén y sancionan delitos, con independencia que estén insertas en el ordenamiento penal o en normas especiales que regulan materias específicas y contienen un apartado de delitos particularmente relacionados con el ámbito de regulación de dichos ordenamientos.
49. En ese sentido, esta Suprema Corte ha señalado que una de las derivaciones del principio de legalidad es la exigencia de taxatividad o exigencia de un contenido concreto y unívoco en la labor de tipificación de la ley, es decir, la necesidad de que la descripción típica no sea vaga, imprecisa, abierta o demasiado amplia, de modo tal que permita la arbitrariedad en su aplicación, pues para garantizar la prohibición de analogía o mayoría de razón en la aplicación de la ley penal, ésta debe ser exacta.
50. Lo anterior no sólo porque la infracción corresponda a una sanción, sino porque las normas penales deben cumplir con una función motivadora contra la realización de delitos y para ello es imprescindible que las conductas punibles y las sanciones aplicables estén descritas con exactitud y claridad; ya que no puede evitarse aquello que no se tiene posibilidad de conocer con certeza.
51. El mandato de taxatividad implica, por consiguiente, una obligación fundamental al legislador de establecer un grado de determinación de la conducta típica y de la pena a imponer que permita afirmar que lo que es objeto de prohibición puede ser conocido sin problemas por el destinatario de la norma. La garantía de legalidad en materia penal se incumple con una tipificación confusa o incompleta que obligue a los gobernados a realizar labores de interpretación analógica o por mayoría de razón, pues no todos están preparados para realizar esa tarea a efecto de conocer las conductas que les están prohibidas.
52. Las garantías referidas no se circunscriben a los meros actos de aplicación, sino que se proyectan sobre el contenido de la ley que se aplica, que debe quedar redactada en términos específicos, claros y exactos.
53. En ese sentido, al prever las penas, la autoridad legislativa no puede sustraerse del deber de describir las conductas que señalen como merecedoras de sanción penal, incluyendo todos sus elementos, características, condiciones, términos y plazos; ello es necesario para evitar confusiones en su aplicación o demérito en la defensa del procesado. Por tanto, la ley que carezca de tales requisitos de certeza resultará violatoria del principio de taxatividad.
54. Lo anterior, se encuentra desarrollado en la tesis P. IX/95, del Pleno, y en la jurisprudencia 1a./J. 10/2006, de la Primera Sala, de respectivos títulos: "EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY EN MATERIA PENAL, GARANTÍA DE. SU CONTENIDO Y ALCANCE ABARCA TAMBIÉN A LA LEY MISMA."(16) y "EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY PENAL. LA GARANTÍA, CONTENIDA EN EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 14 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, TAMBIÉN OBLIGA AL LEGISLADOR."(17)
55. De acuerdo con los parámetros de referencia, esta Suprema Corte ha concluido que la garantía de exacta aplicación de la ley penal implica que el gobernado debe tener pleno conocimiento de cuándo su conducta, por acción u omisión, daña un bien jurídico protegido por el sistema penal y, por tanto, que puede ubicarse en la hipótesis prevista en un tipo penal, con la consecuente sanción a la que se haga acreedor.
56. Por ello es de suma importancia que el legislador establezca con exactitud la conducta que considera dañina y desde luego las sanciones que resultan aplicables como consecuencia de su realización ya que, en caso contrario, generaría incertidumbre en cuanto al encuadramiento o enmarcamiento de la conducta que realiza el sujeto activo en la descripción establecida en la ley, o en la precisión de las penas a las que se enfrentaría en caso de transgredir el ordenamiento. Esto no sólo respecto de las personas gobernadas, sino en las propias autoridades encargadas de aplicar la norma penal.
57. La observancia del principio de tipicidad en materia penal que se extiende al legislador comprende que la descripción de los tipos penales deben evitar el uso de conceptos indeterminados e imprecisos que generen un estado de incertidumbre jurídica en el gobernado y una actuación arbitraria del intérprete de la norma. Lo anterior implica que si no se d
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31687-81ba0ed1/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-comision-nacional-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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