I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA (ARTÍCULOS 15, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y 18 DE SU REGLAMENTO INTERNO). III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. NO SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA POR CESACIÓN DE EFECTOS, CUANDO SE IMPUGNA UNA NORMA DE NATURALEZA PENAL QUE POSTERIORMENTE SE REFORMA, MODIFICA, DEROGA O ABROGA. IV. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. NO SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA POR CESACIÓN DE EFECTOS, CUANDO SE IMPUGNA UNA NORMA DE NATURALEZA PENAL PORQUE ÉSTA SIGUE SURTIENDO EFECTOS RESPECTO DE LOS DELITOS COMETIDOS DURANTE SU VIGENCIA. V. EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY PENAL. ESTE DERECHO FUNDAMENTAL, CONTENIDO EN EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 14 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SALVAGUARDA LA SEGURIDAD JURÍDICA DE LAS PERSONAS. VI. TAXATIVIDAD EN MATERIA PENAL. LA DESCRIPCIÓN TÍPICA NO DEBE SER VAGA, IMPRECISA, ABIERTA O AMPLIA, AL GRADO DE PERMITIR LA ARBITRARIEDAD EN SU APLICACIÓN. VII. TAXATIVIDAD EN MATERIA PENAL. SUPONE LA EXIGENCIA DE QUE EL GRADO DE DETERMINACIÓN DE LA CONDUCTA TÍPICA SEA TAL QUE LO QUE ES OBJETO DE PROHIBICIÓN PUEDA SER CONOCIDO SIN PROBLEMAS POR EL DESTINATARIO DE LA NORMA. VIII. EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY PENAL. LA GARANTÍA, CONTENIDA EN EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 14 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, TAMBIÉN OBLIGA AL LEGISLADOR. IX. EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY EN MATERIA PENAL. EL CONTENIDO Y ALCANCE DE ESTA GARANTÍA NO SE CIRCUNSCRIBEN A LOS MEROS ACTOS DE APLICACIÓN, SINO QUE ABARCA TAMBIÉN A LA LEY QUE SE APLICA. X. TAXATIVIDAD EN MATERIA PENAL. SÓLO OBLIGA AL LEGISLADOR A UNA DETERMINACIÓN SUFICIENTE DE LOS CONCEPTOS CONTENIDOS EN LAS NORMAS PENALES Y NO A LA MAYOR PRECISIÓN IMAGINABLE. XI. PRINCIPIO DE LEGALIDAD PENAL EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD. ANÁLISIS DEL CONTEXTO EN EL CUAL SE DESENVUELVEN LAS NORMAS PENALES, ASÍ COMO DE SUS POSIBLES DESTINATARIOS. XII. PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD. EXIGENCIA DE QUE LOS TEXTOS EN LOS QUE SE RECOGEN LAS NORMAS SANCIONADORAS DESCRIBAN CON SUFICIENTE PRECISIÓN QUÉ CONDUCTAS ESTÁN PROHIBIDAS Y QUÉ SANCIONES SE IMPONDRÁN A QUIENES INCURRAN EN ELLAS. XIII. PRINCIPIO DE TAXATIVIDAD. NO SÓLO SE LIMITA A LA CORRECTA DEFINICIÓN DE LAS CONDUCTAS SOCIALMENTE LESIVAS, SINO QUE TAMBIÉN SE EXTIENDE A LAS PENAS PARA ASEGURAR EL CORRECTO ACTUAR DE LA AUTORIDAD JUDICIAL EN LA INDIVIDUALIZACIÓN DE LAS MISMAS. XIV. DELITO DE FRAUDE EN EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA. EL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 291 DEL CÓDIGO PENAL DE ESA ENTIDAD FEDERATIVA AL SEÑALAR QUE SE AUMENTARÁN UN TANTO MÁS LAS SANCIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO ANTERIOR CUANDO PARA COMETER LA CONDUCTA TÍPICA SE UTILICEN ESQUEMAS DE RECLUTAMIENTO DE DOS O MÁS PERSONAS O BIEN UTILICEN UN ESQUEMA PIRAMIDAL, ES INCONSTITUCIONAL AL VIOLAR EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD, YA QUE EL DIVERSO 290 DE ESE ORDENAMIENTO DISPONE: "LOS DELITOS PREVISTOS EN ESTE CAPÍTULO SE PERSEGUIRÁN POR QUERELLA", LO QUE GENERA INCERTIDUMBRE PARA LAS PERSONAS DESTINATARIAS DE LA NORMA Y LAS OPERADORAS DE JUSTICIA, PUES NO PUEDEN CONOCER CON CERTEZA O RAZONABILIDAD CUÁLES SON LAS PENAS QUE SE AUMENTARÁN EN UN TANTO SI SE COMETE LA CONDUCTA TÍPICA AGRAVADA (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 291, ÚLTIMO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, PUBLICADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 780 EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE ESA ENTIDAD EL VEINTISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE, VIGENTE DEL VEINTIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE HASTA EL VEINTITRÉS DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO). XV. NORMAS PENALES. AL ANALIZAR SU CONSTITUCIONALIDAD NO PROCEDE REALIZAR UNA INTERPRETACIÓN CONFORME O INTEGRADORA. XVI. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DE UNA NORMA PENAL CON EFECTOS RETROACTIVOS AL MOMENTO DE SU ENTRADA EN VIGOR (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 291, ÚLTIMO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, PUBLICADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 780 EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE ESA ENTIDAD EL VEINTISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE, VIGENTE DEL VEINTIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE, HASTA EL VEINTITRÉS DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO). XVII. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS CON MOTIVO DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 291, ÚLTIMO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, PUBLICADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 780 EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE ESA ENTIDAD EL VEINTISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE, VIGENTE DEL VEINTIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE, HASTA EL VEINTITRÉS DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO).
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 302/2020. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 4 DE NOVIEMBRE DE 2021. PONENTE: ANA MARGARITA RÍOS FARJAT. SECRETARIO: JUAN JAIME GONZÁLEZ VARAS.
Ciudad de México. Sentencia del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de cuatro de noviembre de dos mil veintiuno.
VISTOS los autos para resolver la acción de inconstitucionalidad 302/2020, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a través de la cual se impugna el último párrafo del artículo 291 del Código Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza, adicionado mediante el Decreto Número 780, publicado en el Periódico Oficial de la entidad el veintisiete de octubre de dos mil veinte; y,
RESULTANDO:
1. PRIMERO.—Antecedentes de la norma impugnada. El veintisiete de octubre de dos mil veinte, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza el Decreto 780 mediante el cual se adicionó el último párrafo al artículo 291 del Código Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza, relativo al tipo penal de fraude.(1)
2. SEGUNDO.—Presentación de la acción de inconstitucionalidad. En contra de lo anterior, mediante escrito presentado el veintiséis de noviembre de dos mil veinte en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, María del Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, promovió acción de inconstitucionalidad en la que señaló como autoridades emisora y promulgadora de la norma controvertida a los Poderes Legislativo y Ejecutivo de dicho Estado.
3. TERCERO.—Artículos constitucionales violados. En la demanda señaló como preceptos constitucionales violados los artículos 1o., 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2 y 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y, 2, 9 y 15 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos.
4. CUARTO.—Concepto de invalidez. La presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos hizo valer un único concepto de invalidez en el que argumenta, en síntesis, lo siguiente:
• La norma es violatoria del derecho de seguridad jurídica y del principio de legalidad, en su vertiente de taxatividad, toda vez que hace una remisión errónea a un artículo que no contiene las penas que se tomarán como base para la agravante.
• La modificativa agravante contenida en el precepto impugnado contraviene el marco de regularidad constitucional, por contener una redacción penal inexacta que no permite conocer con precisión las sanciones que resultarán aplicables para la modalidad del delito de fraude a que se hace referencia.
• El artículo 291, último párrafo, del Código Penal de Coahuila de Zaragoza realiza una remisión incorrecta y, por tanto, violenta el derecho de seguridad jurídica y el principio de legalidad. Ello, debido a que dispone que "se aumentarán en un tanto más las sanciones previstas en el artículo anterior, cuando para cometer la conducta típica se utilicen esquemas de reclutamiento de dos o más personas, o bien utilicen un esquema piramidal para realizar los hechos"; sin embargo, el artículo 290 no contempla ninguna sanción que sea susceptible de considerarse como base para determinar las penas agravadas, pues únicamente dispone que los delitos previstos en el capítulo respectivo del Código Penal en cuestión se perseguirán por querella.
• En consecuencia, observa que el tipo penal de fraude, en su modalidad agravada –cuando se cometa mediante esquemas de reclutamiento de dos o más personas o utilizando un esquema piramidal– remite a sanciones inexistentes, lo cual no permite que los destinatarios de la norma tengan certeza sobre el parámetro para determinar la pena que se les pudiera imponer.
• En el caso, aduce que el legislador local no observó la obligación de velar por la seguridad jurídica de las personas que le impone el artículo 14 de la Constitución Federal. Lo anterior, debido a que remite a un precepto que no contiene ningún tipo de sanción que sirva como base para que el juzgador pueda fijar las penas agravadas del delito de fraude, lo que genera inseguridad jurídica.
• La remisión que hace el último párrafo del artículo 291 al diverso 290 genera incertidumbre debido a que este último solamente prevé la persecución por querella de los delitos previstos en el capítulo segundo "Abuso de confianza", mas no señala pena alguna que pueda usarse de parámetro para calcular las sanciones del delito de fraude agravado de referencia.
• La norma impugnada carece de validez ya que remite a un artículo que no guarda congruencia con las sanciones del delito de fraude agravado.
5. QUINTO.—Registro y turno. Mediante proveído de catorce de diciembre de dos mil veinte, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar la presente acción de inconstitucionalidad con el número de expediente 302/2020, y turnó el asunto a la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat para instruir el procedimiento y formular el proyecto de resolución respectivo.
6. SEXTO.—Admisión. Por acuerdo de esa misma fecha, la Ministra instructora admitió la presente acción de inconstitucionalidad y ordenó dar vista a los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Coahuila de Zaragoza, para que rindieran sus respectivos informes, así como a la Fiscalía General de la República para que formulara el pedimento correspondiente.
7. SÉPTIMO.—Informe del Poder Ejecutivo del Estado de Coahuila de Zaragoza. Mediante escrito recibido el veintiséis de febrero de dos mil veintiuno en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Carlos Alberto Estrada Flores, consejero jurídico del Estado de Coahuila de Zaragoza, en su carácter de representante legal del titular del Poder Ejecutivo rindió su informe, en el cual planteó lo siguiente:
• Es infundada la acción de inconstitucionalidad, por lo que hace al Poder Ejecutivo del Estado de Coahuila, debido a que no se atribuye de forma directa algún acto violatorio ni se formuló algún concepto de invalidez en cuanto a la promulgación de las normas impugnadas.
• La publicación del Decreto 780, el veintisiete de octubre de dos mil veinte, en el que se adicionó un último párrafo al artículo 291 del Código Penal de Coahuila de Zaragoza, se realizó conforme a los artículos 62, fracción IV, 64, 66 y 84, fracción II, de la Constitución Política del Estado de Coahuila, que disponen que el gobernador deberá sancionar, promulgar, publicar y ejecutar las leyes o decretos que expida el Congreso Estatal.
• Al respecto, señala que el Poder Ejecutivo Local no intervino en el dictamen, discusión, votación y aprobación de la norma impugnada.
• Asimismo, considera que la orden de impresión, publicación, circulación y el debido cumplimiento a lo remitido por el Congreso Local no son actos aislados, sino que forman parte del proceso legislativo que culmina con el acto mediante el cual el ejecutivo estatal da a conocer la ley o decretos a los habitantes a través del Periódico Oficial del Estado.
8. OCTAVO.—Informe del Poder Legislativo del Estado de Coahuila de Zaragoza. Mediante escrito depositado en Correos de México el veintinueve de enero de dos mil veintiuno y recibido el veinticinco de febrero siguiente en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, la diputada María Guadalupe Oyervides Valdez, en su carácter de presidenta de la Mesa Directiva del Primer Año del Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza, rindió su informe en el cual adujo lo siguiente:
• La acción de inconstitucionalidad es improcedente, toda vez que, posterior a la emisión de la norma impugnada, el treinta de diciembre de dos mil veinte, se emitió el Decreto 988 por medio del cual se reformó el último párrafo del artículo 291 del Código Penal de Coahuila de Zaragoza.
• Por lo anterior, considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en los artículos 19 fracciones V y VIII, 20, fracciones II y III, 25 y 65 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los cuales se señala que la acción de inconstitucionalidad es improcedente cuando subsiste el acto reclamado, pero no pueda surtir efecto legal o material por no existir el objeto o la materia de éste.
• Señaló que la acción de inconstitucionalidad quedó sin materia, en virtud de que con el Decreto 988, se subsanaron las imprecisiones alegadas por la Comisión Nacional accionante. Así, considera que se extinguió la litis planteada y, por tanto, no tiene ningún objeto el continuar con el procedimiento de instrucción, ya que es materialmente imposible conceder la petición del accionante pues se realizaron las actuaciones pertinentes con el fin de corregir las imperfecciones impugnadas.
9. NOVENO.—Pedimento de la Fiscalía General de la República. Mediante escrito recibido el siete de abril de dos mil veintiuno en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte, Carmen Lucía Sustaita Figueroa, directora general de Asuntos Jurídicos y Armando Argüelles Paz y Puente, director general de Constitucionalidad, personas funcionarias públicas de la Fiscalía General de la República, emitieron su opinión en siguiente sentido:
• Observan que el veintitrés de febrero de dos mil veintiuno se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila el Decreto Número 988 por el que se reformó el último párrafo del artículo 291 del Código Penal de la referida entidad, de cuyo contenido se desprende que se subsana el vicio tildado de inconstitucional. Sin embargo, argumentan que dicha disposición sigue surtiendo efectos respecto de los casos en los que el delito se hubiera cometido bajo su vigencia.
• Por tanto, consideran que cuando en una acción de inconstitucionalidad se impugne una norma penal que posteriormente se modifica, reforma, abroga o deroga, se deberá analizar en sus términos y bajo los conceptos de invalidez hechos valer, ya que una potencial declaratoria de inconstitucionalidad puede llegar a tener impacto en los procesos en los que dicha norma haya sido aplicada.
• Finalmente, aducen que es fundado el argumento de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ya que la norma impugnada vulnera los principios de legalidad, en su vertiente de taxatividad y de seguridad jurídica, porque el precepto al que remite no establece ninguna sanción que se pueda tomar como parámetro para dicho efecto, sino que sólo se refiere a que el delito de abuso de confianza se perseguirá por querella.
10. DÉCIMO.—Cierre de la instrucción. Una vez recibidos los informes de las autoridades, así como los alegatos, por acuerdo de cuatro de mayo de dos mil veintiuno se cerró la instrucción a efecto de elaborar el proyecto de resolución.
CONSIDERANDO:
11. PRIMERO.—Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(2) 1o. de su ley reglamentaria(3) y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(4) toda vez que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos solicita la declaración de invalidez de un artículo del Código Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza, al considerar que contradice diversos artículos de la Constitución Federal.
12. SEGUNDO.—Oportunidad. El párrafo primero del artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que el plazo para promover la acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales y su cómputo debe iniciarse a partir del día siguiente a la fecha en que la norma sea publicada en el correspondiente medio oficial.
13. En el caso, se impugna el artículo 291, último párrafo, del Código Penal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, reformado mediante el Decreto 780, mismo que fue publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el veintisiete de octubre de dos mil veinte. De esta manera, el plazo de treinta días naturales mencionado transcurrió del miércoles veintiocho de octubre de dos mil veinte al jueves veintiséis de noviembre de la misma anualidad.
14. Consecuentemente, la acción de inconstitucionalidad es oportuna ya que se presentó el veintiséis de noviembre de dos mil veinte.
15. TERCERO.—Legitimación. El artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Federal y el diverso 11 de la ley reglamentaria de la materia, prevén que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos está facultada para promover acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes de carácter federal, estatal y de la Ciudad de México, actuando a través de su legítimo representante.
16. En el presente caso, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos impugnó el Decreto 780, mediante el cual se adicionó un párrafo al artículo 291 del Código Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza; el escrito fue presentado y firmado por María del Rosario Piedra Ibarra, en su carácter de presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Este cargo se acreditó con la copia certificada de la constancia firmada por el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, en la que se comunica que en sesión de siete de noviembre de dos mil diecinueve, el Pleno del Senado la eligió presidenta de dicha institución. A su vez, se advierte que los artículos 15, fracción I, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos(5) y 18 de su reglamento interno,(6) establecen que la representación del citado órgano constitucional autónomo corresponde a su presidente.
17. Además, el artículo se impugnó por considerar que viola derechos humanos, a saber, el derecho de seguridad jurídica y el principio de legalidad, en su vertiente de taxatividad, previstos en los artículos 1o., 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2 y 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y, 2, 9 y 15 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos.
18. En consecuencia, se considera que el escrito inicial correspondiente a la acción de inconstitucionalidad 302/2020, fue promovido por un órgano legitimado constitucionalmente por considerar que se violan derechos humanos y fue presentada por quien cuenta con facultades suficientes para ello.
19. CUARTO.—Causas de improcedencia. En virtud de que las cuestiones relativas a la procedencia de la acción de inconstitucionalidad son de estudio preferente, se analizará lo argumentado por el Poder Legislativo del Estado de Coahuila de Zaragoza, autoridad que considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 19, fracciones V y VIII, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
20. Al respecto, como fue reseñado, dicha autoridad considera que la presente acción de inconstitucionalidad es improcedente debido a que cesaron los efectos de la norma impugnada pues, con posterioridad a la emisión de ésta el treinta de diciembre de dos mil veinte, el Congreso Local emitió el Decreto 988, por medio del cual se reformó el último párrafo del artículo 291 del Código Penal Local.
21. En ese sentido, señala que la acción de inconstitucionalidad quedó sin materia, pues con la reforma de referencia se subsanaron las imprecisiones alegadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por lo que no tendría ningún objeto continuar con el procedimiento de instrucción.
22. Los argumentos de referencia son infundados.
23. De inicio, observamos que, como bien lo refiere el Poder Legislativo del Estado de Coahuila de Zaragoza, el propio Congreso Local emitió el Decreto 988, publicado el veintitrés de febrero de dos mil veintiuno en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza, por el que se reformó el último párrafo del artículo 291 del Código Penal de esa entidad federativa, como se advierte del siguiente cuadro comparativo:
Ver cuadro comparativo
24. Del cuadro que precede advertimos que, en virtud del decreto publicado el veintitrés de febrero de dos mil veintiuno en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza, se modificó el artículo 291 del Código Penal de dicho Estado, pues anteriormente señalaba que las "sanciones previstas en el artículo anterior" se aumentarían en un tanto más cuando para cometer la conducta típica se utilizaran esquemas de reclutamiento de dos o más personas, o piramidales, mientras que ahora, se establece que "las sanciones previstas en el presente artículo" se aumentarán en un tanto en los mismos supuestos referidos y además cuando por algún medio se acceda a los sistemas o programas del sistema financiero para realizar los hechos.
25. El referido decreto inició su vigencia al día siguiente de su publicación en el medio oficial de difusión correspondiente, en conformidad con su artículo transitorio único,(7) es decir, el veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno.
26. Sin embargo, dicha modificación al artículo 291 de referencia no da lugar a la cesación de efectos aludida por el Poder Legislativo Local, pues es una norma de naturaleza penal.
27. Al respecto, se debe tener presente que el artículo 45, segundo párrafo, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé que la declaración de invalidez de las sentencias no tendrá efectos retroactivos, salvo en materia penal, en la que regirán los principios generales y disposiciones legales aplicables de la materia.(8)
28. En efecto, ya desde la acción de inconstitucionalidad 54/2012,(9) este Tribunal Pleno estableció que, si bien el criterio general consiste en que la acción de inconstitucionalidad es improcedente cuando hayan cesado los efectos de la norma impugnada, lo que se sucede generalmente cuando dicha norma es reformada, modificada, derogada o abrogada, en el caso no se actualiza el supuesto de improcedencia aludido. En esa ocasión, esta Suprema Corte consideró, en esencia, que:
• Si bien la regla general es que la declaratoria de invalidez que formula la Suprema Corte de Justicia de la Nación no libera al destinatario de las consecuencias que hayan podido o puedan derivar de su observancia durante su vigencia, también lo es que, en materia penal, el efecto de dicha invalidez puede tener eficacia retroactiva a la entrada en vigor de la legislación declarada inconstitucional, aun cuando la norma ya no se encuentre vigente.
• Uno de los principios que rigen en la materia penal obliga la aplicación de la ley vigente al momento en que se cometió el delito, lo que implica que aun cuando una norma impugnada puede haber sido reformada, modificada, derogada o abrogada, lo cierto es que sigue surtiendo efectos respecto de aquellos casos en los que el delito se cometió bajo su vigencia.
• Como la norma reformada, modificada, derogada o abrogada aún puede producir efectos jurídicos concretos, no se actualiza el supuesto de improcedencia por cesación de efectos, por lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe realizar el análisis sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las normas impugnadas, a fin de hacer prevalecer la supremacía constitucional y los principios generales y disposiciones legales que rigen en la materia.
29. Con base en lo anterior, como se anticipó, si bien es cierto que el Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza modificó la norma impugnada, también lo es que, al tratarse de una disposición de carácter penal, no procede sobreseer en la acción de inconstitucionalidad ya que, de conformidad con el penúltimo párrafo del artículo 105 de la Constitución Federal y con el diverso 45 de la ley reglamentaria de la materia,(10) esta Suprema Corte puede dar efectos retroactivos a las sentencias de invalidez que dicte en relación con la impugnación de normas legales de naturaleza penal, los cuales tendrán eficacia desde la entrada en vigor de la legislación declarada inconstitucional y bajo la estricta condición de que la expulsión de la norma tienda a beneficiar –y nunca a perjudicar– a todas y cada una de las personas directamente implicadas en los procesos penales respectivos. 30. En ese sentido, resulta aplicable la tesis aislada P. IV/2014 (10a.) de este Tribunal Pleno, de título y subtítulo: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. NO SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA POR CESACIÓN DE EFECTOS, CUANDO SE IMPUGNA UNA NORMA DE NATURALEZA PENAL QUE POSTERIORMENTE SE REFORMA, MODIFICA, DEROGA O ABROGA."(11)
31. Similares consideraciones sostuvo este Tribunal Pleno al resolver la acción de inconstitucionalidad 105/2018 y su acumulada 108/2018, en sesión de veinte de mayo de dos mil diecinueve.(12)
32. Así, ante lo infundado del motivo de improcedencia aludido, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación procede a analizar la presente acción de inconstitucionalidad a la luz del concepto de invalidez que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos hizo valer.
33. QUINTO.—Estudio de fondo. En su demanda, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos formuló un único concepto de invalidez para impugnar el artículo 291, último párrafo, del Código Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza:
"Artículo 291 (Fraude)
"A quien, por medio del engaño, o aprovechándose del error en que una persona se halla, se haga de alguna cosa ajena, mueble o inmueble, u obtenga un lucro, en beneficio propio o de una tercera persona, física o moral, se le impondrá:
"...
"I. a V.
"...
"Se aumentarán en un tanto más, las sanciones previstas en el artículo anterior, cuando para cometer la conducta típica se utilicen esquemas de reclutamiento de dos o más personas, o bien utilicen un esquema piramidal para realizar los hechos."
34. En éste aduce, en esencia, que la porción normativa impugnada es contraria al derecho de seguridad jurídica y al principio de legalidad, en su vertiente de taxatividad, reconocidos, entre otros, en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal y 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ya que contiene una redacción inexacta, pues dispone que en los casos en los en que se utilicen esquemas de reclutamiento de dos o más personas o se utilice un esquema piramidal para cometer el delito de fraude: "se aumentarán en un tanto más las sanciones previstas en el artículo anterior". Sin embargo, el artículo 290 no contempla ninguna sanción que pueda considerarse como base para determinar las penas agravadas, pues únicamente establece que los delitos previstos en el capítulo segundo "Abuso de confianza", del Código Penal en cuestión, se perseguirán por querella.(13)
35. Así, para dar respuesta a dicho concepto de invalidez, es necesario aludir a la doctrina constitucional y convencional que esta Suprema Corte ha desarrollado sobre el principio de legalidad en su vertiente de taxatividad que garantiza la seguridad jurídica de quienes son destinatarios de las normas.(14)
36. El principio de legalidad es el principal límite impuesto por las exigencias del Estado de derecho al ejercicio de la potestad punitiva e incluye una serie de derechos para la ciudadanía que se traducen en la imposibilidad de que el Estado intervenga penalmente más allá de lo que le permite la ley. De acuerdo con dicho principio, sólo se puede castigar un hecho si su punibilidad se encuentra prevista en una ley antes de su comisión. La tipicidad es un presupuesto indispensable del acreditamiento del injusto penal y constituye la base fundamental del principio de legalidad.
37. El citado principio se encuentra reconocido como derecho fundamental en los artículos 14, párrafo tercero, de la Constitución Federal y 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y consagra el derecho fundamental de exacta aplicación de la ley penal, que deriva de los principios nullum crimen sine lege (no existe un delito sin una ley que lo establezca) y nulla poena sine lege (no existe una pena sin una ley que la establezca) que implican que el Estado sólo puede sancionar penalmente las conductas debidamente descritas en la legislación correspondiente como ilícitas y aplicar las penas prestablecidas en la ley para sancionarlas, con el fin de salvaguardar la seguridad jurídica de las personas.(15)
38. Al respecto, es aplicable la tesis P. XXI/2013 (10a.) de este Tribunal Pleno, de título y subtítulo: "EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY PENAL. ESTE DERECHO FUNDAMENTAL, CONTENIDO EN EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 14 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SALVAGUARDA LA SEGURIDAD JURÍDICA DE LAS PERSONAS."(16)
39. De ahí deriva la importancia que la dogmática jurídico-penal asigna al elemento del delito llamado tipicidad o taxatividad, que alude a la necesidad de que la ley consagre plenamente los componentes de una hipótesis delictiva, de forma que, una vez acontecidos los hechos presuntamente constitutivos de delito, exista una correspondencia exacta entre lo dicho por la legislación y un hecho concreto acontecido y probado en el mundo fáctico.
40. Lo anterior, porque la tipicidad es un presupuesto indispensable del acreditamiento del injusto penal y constituye la base fundamental del principio de legalidad que rige, con todas sus derivaciones, como pilar de un sistema de derecho penal en un Estado democrático de derecho.
41. En conformidad con el principio en estudio, no existe pena ni delito sin ley que los establezca, de modo que, para que una conducta o hecho determinado pueda ser considerado delito y motivar o justificar por ello la aplicación de una pena, es indispensable una ley que considere ese hecho o conducta como tal.
42. De ahí que los ordenamientos sustantivos en materia penal conceptualicen el delito como el acto u omisión sancionado por la ley penal, entendida esta última expresión en términos genéricos de normas jurídicas que prevén y sancionan delitos, con independencia que estén insertas en el ordenamiento penal o en ordenamientos especiales que regulan materias específicas y contienen un apartado de delitos especiales relacionados con el ámbito de regulación de dichos ordenamientos.
43. En ese sentido, esta Suprema Corte ha señalado que una de las derivaciones del principio de legalidad es la exigencia de taxatividad o exigencia de un contenido concreto y unívoco en la labor de tipificación de la ley, es decir, la necesidad de que la descripción típica no sea vaga, imprecisa, abierta o demasiado amplia, de modo tal que permita la arbitrariedad en su aplicación pues, para garantizar la prohibición de analogía o mayoría de razón en la aplicación de la ley penal, ésta debe ser exacta.
44. Lo anterior no sólo porque la infracción corresponda a una sanción, sino porque las normas penales deben cumplir con una función motivadora contra la realización de delitos y para ello es imprescindible que las conductas punibles y las sanciones aplicables estén descritas con exactitud y claridad; pues no puede evitarse aquello que no se tiene posibilidad de conocer con certeza.
45. El mandato de taxatividad implica, por consiguiente, una obligación fundamental al legislador de establecer un grado de determinación de la conducta típica y de la pena a imponer que permita afirmar que lo que es objeto de prohibición puede ser conocido sin problemas por el destinatario de la norma. La garantía de legalidad en materia penal se incumple con una tipificación confusa o incompleta que obligue a los gobernados a realizar labores de interpretación analógica o por mayoría de razón, pues no todos están preparados para realizar esa tarea a efecto de conocer las conductas que les están prohibidas.
46. Las garantías referidas no se circunscriben a los meros actos de aplicación, sino que se proyectan sobre la factura de la ley que se aplica, que debe quedar redactada en términos específicos, claros y exactos. Al prever las penas, la autoridad legislativa no puede sustraerse del deber de describir las conductas que señalen como merecedoras de sanción penal, incluyendo todos sus elementos, características, condiciones, términos y plazos; ello es necesario para evitar confusiones en su aplicación o demérito en la defensa del procesado. Por tanto, la ley que carezca de tales requisitos de certeza resultará violatoria del principio de taxatividad.(17)
47. Acorde con los parámetros de referencia, esta Suprema Corte ha concluido que la garantía de exacta aplicación de la ley penal implica que el gobernado debe tener pleno conocimiento de cuándo su conducta, por acción u omisión, daña un bien jurídico protegido por el sistema penal y, por tanto, que puede ubicarse en la hipótesis prevista en un tipo penal, con la consecuente sanción a la que se haga acreedor.
48. Por ello es de suma importancia que el legislador establezca con exactitud la conducta que considera dañina y desde luego las sanciones que resultan aplicables como consecuencia de su realización ya que, en caso contrario, generaría incertidumbre en cuanto al encuadramiento o enmarcamiento de la conducta que realiza el sujeto activo en la descripción establecida en la ley, o en la precisión de la penas a las que se enfrentaría en caso de transgredir el ordenamiento, ello no sólo respecto de las personas gobernadas, sino en las propias autoridades encargadas de aplicar la norma penal.
49. La observancia del principio de tipicidad en materia penal que se extiende al legislador comprende que la descripción de los tipos penales debe evitar el uso de conceptos indeterminados e imprecisos que generen un estado de incertidumbre jurídica en el gobernado y una actuación arbitraria del intérprete de la norma. Lo anterior implica que, si no describe exactamente
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30700-e5b3e2f1/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-comision-nacional-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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