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I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA (ARTÍCULO 15, FRACCIÓN XI, DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS). III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. NO SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA POR CESACIÓN DE EFECTOS, CUANDO SE IMPUGNA UNA NORMA DE NATURALEZA PENAL QUE POSTERIORMENTE SE REFORMA, MODIFICA, DEROGA O ABROGA. IV. PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD. NO SE CIRCUNSCRIBE A MEROS ACTOS DE APLICACIÓN, SINO QUE ABARCA A LA PROPIA LEY QUE SE APLICA, LA CUAL DEBE QUEDAR REDACTADA DE TAL FORMA QUE LOS TÉRMINOS MEDIANTE LOS QUE SE ESPECIFIQUEN LOS ELEMENTOS RESPECTIVOS SEAN CLAROS, PRECISOS Y EXACTOS. V. PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN MATERIA PENAL. SE INTEGRA POR LAS FORMULACIONES RELATIVAS A LOS PRINCIPIOS DE TAXATIVIDAD, NO RETROACTIVIDAD, RESERVA DE LEY Y EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY PENAL AL CASO CONCRETO. VI. TIPICIDAD. CONSTITUYE UN PRESUPUESTO INDISPENSABLE DEL ACREDITAMIENTO DEL INJUSTO PENAL Y LA BASE FUNDAMENTAL DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN TODAS SUS DERIVACIONES. VII. EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY PENAL. ESTE DERECHO FUNDAMENTAL, CONTENIDO EN EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 14 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SALVAGUARDA LA SEGURIDAD JURÍDICA DE LAS PERSONAS. VIII. PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD. SÓLO OBLIGA AL LEGISLADOR A UNA DETERMINACIÓN SUFICIENTE DE LOS CONCEPTOS CONTENIDOS EN LAS NORMAS PENALES Y NO A LA MAYOR PRECISIÓN IMAGINABLE. IX. DELITO CONTRA EL RESPETO A LOS CADÁVERES O PARTE DE ELLOS RELACIONADOS CON UNA INVESTIGACIÓN PENAL. LA PREVISIÓN LEGAL QUE SANCIONA PENALMENTE "AL QUE" POR CUALQUIER MEDIO Y "FUERA DE LOS SUPUESTOS AUTORIZADOS POR LA LEY", AUDIOGRABE, COMERCIALICE, COMPARTA, DIFUNDA, DISTRIBUYA, ENTREGUE, EXPONGA, ENVÍE, FILME, FOTOGRAFÍE, INTERCAMBIE, OFERTE, PUBLIQUE, REMITA, REPRODUZCA, REVELE, TRANSMITA O VIDEOGRABE IMÁGENES, AUDIOS, VIDEOS O DOCUMENTOS, ES CONTRARIA AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD, DADO QUE SU DESCRIPCIÓN NO ES CLARA O INTELIGIBLE PARA SU DESTINATARIO, QUEDANDO AL ARBITRIO DE LOS OPERADORES JURÍDICOS SU DETERMINACIÓN (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 167 QUATER DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE SONORA). X. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DECLARATORIA DE INVALIDEZ EXTENSIVA A LA TOTALIDAD DE LA NORMA QUE PREVÉ EL DELITO CONTRA EL RESPETO A LOS CADÁVERES O PARTE DE ELLOS RELACIONADOS CON UNA INVESTIGACIÓN PENAL, AL CARECER DE SENTIDO Y COHERENCIA LA DESCRIPCIÓN DE DICHO ILÍCITO (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 167 QUATER DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE SONORA). XI. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DE UNA NORMA PENAL CON EFECTOS RETROACTIVOS AL MOMENTO DE SU ENTRADA EN VIGOR (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 167 QUATER DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE SONORA). XII. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 167 QUATER DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE SONORA).

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 95/2022. · Registro digital (IUS): 31854
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2023-10-13
Promovente: COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.
Localización: Undécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 30, Octubre de 2023, Tomo I, Pág.429.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 95/2022. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 26 DE JUNIO DE 2023. PONENTE: JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. SECRETARIO: JUAN CARLOS SALAMANCA VÁZQUEZ.

ÍNDICE TEMÁTICO

El seis de junio de dos mil veintidós se publicó en el Boletín Oficial del Estado de Sonora el Decreto Número 40, por el que se adicionó el artículo 167 QUATER al Código Penal de dicha entidad federativa. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos promovió la presente acción de inconstitucionalidad en la que demandó la invalidez del precepto señalado. Lo anterior, al considerar que la norma vulnera el derecho a la seguridad jurídica, los principios de legalidad en su vertiente de taxatividad y de mínima intervención (ultima ratio), ambos en materia penal, e inhibir el derecho a la libertad de expresión.

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Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veintiséis de junio de dos mil veintitrés, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 95/2022, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra del artículo 167 QUATER del Código Penal del Estado de Sonora, adicionado mediante Decreto Número 40, publicado en el Boletín Oficial de dicha entidad el seis de junio de dos mil veintidós.

La cuestión jurídica por resolver en este asunto consiste en determinar si el artículo impugnado es inconstitucional por: 1) vulnerar el derecho a la seguridad jurídica y el principio de legalidad en su vertiente de taxatividad; 2) transgredir el principio de mínima intervención (ultima ratio) en materia penal; y, 3) producir un efecto inhibitorio en el derecho a la libertad de expresión.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA

1. Presentación del escrito inicial. El seis de julio de dos mil veintidós, la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (en adelante "CNDH"), presentó demanda de acción de inconstitucionalidad ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal.

2. Autoridades emisora y promulgadora. Congreso del Estado Libre y Soberano de Sonora y gobernador constitucional de dicha entidad federativa.

3. Norma general impugnada. El artículo 167 QUATER del Código Penal del Estado de Sonora, (en adelante "Código Penal de Sonora"), adicionado mediante Decreto Número 40, publicado el seis de junio de dos mil veintidós en el Boletín Oficial del Estado de Sonora.

"Artículo 167 QUATER. Al que por cualquier medio y fuera de los supuestos autorizados por la Ley, audiograbe, comercialice, comparta, difunda, distribuya, entregue, exponga, envíe, filme, fotografíe, intercambie, oferte, publique, remita, reproduzca, revele, transmita o videograbe imágenes, audios, videos o documentos de cadáveres o parte de ellos que se encuentren relacionados con una investigación penal, de las circunstancias de la muerte o de las lesiones que éstos presentan, sea en el lugar de los hechos o del hallazgo o en su cualquier (sic) domicilio público o privado, se le impondrá de cuatro a diez años de prisión y multa por un importe equivalente de cien a ciento cincuenta veces el valor diario de la unidad de medida y actualización.

"Tratándose de imágenes, audios o videos de cadáveres de mujeres, niñas, niños, adolescentes o personas con discapacidad, de las circunstancias de su muerte, de las lesiones o estado de salud, las penas previstas en este artículo se incrementarán hasta en una mitad.

"Cuando el delito sea cometido por persona servidora pública integrante de cualquier institución de seguridad pública o de impartición o procuración de justicia, las penas previstas se incrementarán hasta en una tercera parte."

4. Preceptos constitucionales y convencionales que se estiman violados. La promovente argumenta que la norma impugnada es contraria a los artículos 1o., 6o., 7o., 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 9 y 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y 2, 15 y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

5. Concepto de invalidez. En su escrito inicial, la CNDH expuso un único concepto de invalidez en el que alegó las siguientes violaciones:

a. Violación al derecho de seguridad jurídica y el principio de legalidad en su vertiente de taxatividad en materia penal.

b. Parámetro de regularidad. Indica que, con base al derecho a la seguridad jurídica y el principio de legalidad, previstos en los artículos 14 y 16 de la Constitución General, una autoridad únicamente puede afectar la esfera jurídica de los gobernados con apego a las funciones constitucionales y legales que le son reconocidas, y este derecho y principio se hacen extensivos al legislador. En materia penal, al legislador le es exigible la emisión de normas claras, precisas y exactas respecto de la conducta reprochable, así como de la consecuencia jurídica por la comisión de un ilícito. Esta exigencia se denomina principio de taxatividad –parte del principio de legalidad en materia punitiva– y significa que la descripción típica no debe ser de tal manera vaga, imprecisa, abierta o amplia, al grado de permitir la arbitrariedad en su aplicación. Destaca que la tipicidad constituye la base fundamental del principio de legalidad en un Estado Democrático de Derecho. En ese tenor, la autoridad legislativa tiene el deber de describir las conductas que señalen como merecedoras de sanción penal, incluyendo todos sus elementos, características, condiciones, términos y plazos.

c. Análisis de la norma. La accionante inicia haciendo un examen de la conducta delictuosa a la luz de los elementos de la teoría del derecho penal. De dicho análisis desprende que el tipo penal no resulta claro debido a que algunos elementos de la conducta reprochable resultan vagos e imprecisos por no estar debidamente acotados. Específicamente, señala que: 1) el objeto de prohibición no se establece con exactitud por prever un amplísimo catálogo de conductas, lo cual produce incertidumbre en los destinatarios al no saber cuándo sus acciones actualizarán alguna de las numerosas hipótesis normativas, y 2) alega que no se especifican los alcances de la expresión "al que por cualquier medio y fuera de los supuestos autorizados por la Ley" establecida como elemento fundamental del delito.

d. Respecto de la expresión "Al que", entiende que la conducta punitiva se encuentra dirigida a todas las personas que realicen las conductas prohibidas, por lo que no se exige una calidad específica de los potenciales sujetos. Por otro lado, la porción normativa "fuera de los supuestos autorizados por la ley" resulta vaga e imprecisa porque la norma es omisa en realizar una remisión expresa o referencia a las normas que estipulan el deber legal que los particulares deben respetar. Este fragmento introduce una antijuricidad tipificada pues, aunque la conducta desplegada encuadre perfectamente en alguna de las hipótesis del tipo penal, sólo será contraria a derecho en la medida que contravenga un deber jurídico específico. Esto, únicamente, tendría sentido si la norma estuviera dirigida a servidores públicos, porque es factible confrontar su conducta a los ordenamientos jurídicos que regulan su actuación. A diferencia de los servidores públicos, los particulares ven vulnerado el principio de legalidad en su vertiente de taxatividad porque la descripción del delito no es clara para ellos. Al omitir una referencia a algún ordenamiento que constriña su actuar, ya sea tácita o expresa, impide que las personas estén en condiciones efectivas de conocer el deber legal que les permitiría calificar su actuar como debido o indebido. Más aún, la porción normativa "se encuentren relacionados con una investigación penal" obliga a los gobernados a tener conocimiento también de todas las investigaciones penales para evitar ser sancionados. Asimismo, se soslaya de manera absoluta la intencionalidad de la persona que realiza la conducta.

e. Con base en los argumentos expuestos, la Comisión considera que, ante la falta de claridad de la norma, la ilicitud de la conducta dependerá de la apreciación subjetiva del Ministerio Público y del juzgador por no existir parámetros objetivos para determinar si un particular actualiza o no el supuesto normativo. Todo ello lleva a la CNDH a concluir que el artículo 167 QUATER del Código Penal del Estado de Sonora tiene una redacción indeterminada e imprecisa que no le permite al destinatario comprender ex ante la razón por la que su conducta puede resultar antijurídica. Así pues, transgrede el derecho de seguridad jurídica, así como el principio de legalidad en materia penal en su vertiente de taxatividad, por lo que estima que debe declararse su invalidez.

f. Violación al principio de mínima intervención en materia penal (ultima ratio).

g. Parámetro de regularidad. La accionante señala que este principio establece que el ejercicio de la facultad sancionatoria criminal debe operar únicamente cuando las demás alternativas de control de ciertas conductas por parte de la política estatal han fallado. La decisión de criminalizar un comportamiento humano debe ser la última de las decisiones posibles en el espectro de sanciones que el Estado está en capacidad jurídica de imponer. En una sociedad democrática, el poder punitivo sólo se puede ejercer en la medida estrictamente necesaria para proteger los bienes jurídicos fundamentales de los ataques más graves que los dañen o pongan en peligro. Señala que este principio se desdobla en dos subprincipios: de fragmentariedad, que implica que el derecho penal solamente puede aplicarse a los ataques más graves frente a los bienes jurídicos y el de subsidariedad, conforme al cual se ha de recurrir primero y siempre a otros controles menos gravosos existentes dentro del sistema estatal antes de utilizar el penal.

h. Análisis de la norma. La CNDH estima que la norma impugnada permite que se imponga la pena de prisión respecto de hechos jurídicos que producen consecuencias poco o nulamente lesivas al bien jurídico que pretende proteger. Por ende, se pueden encontrar medidas más idóneas y adecuadas.

i. Los bienes jurídicos que se pretenden salvaguardar con la norma impugnada son el derecho a la dignidad, imagen, honor e intimidad de las personas, así como la memoria de las víctimas de un delito que como consecuencia generó la pérdida de la vida de éstas. La accionante alude a que, al ser un delito de peligro, la conducta típica no está encaminada a sancionar conductas que produzcan, necesariamente, una lesión efectiva a los mismos. La accionante reconoce que la finalidad perseguida por el legislador local pudiera ser legítima a la luz de la Constitución Federal y de los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Sin embargo, considera que no es posible concluir de manera inevitable y tajante que el derecho penal sea la vía idónea, única, necesaria y proporcional para lograr dicho propósito.

j. Considera que los términos en que se encuentra redactada la descripción típica hace posible que se aplique la pena corporal de manera excesiva, abarcando actos que no deben ser susceptibles de persecución en una sociedad democrática. Las deficiencias regulatorias de la norma son que: a) no se exige que el daño causado por el delito activo sea grave; b) no atiende a la intencionalidad real del emisor de lesionar o dañar los bienes jurídicos tutelados; c) omite tomar en cuenta el contenido objetivo de la información que se difunde; y, d) existe imprecisión respecto a la finalidad del actuar del activo al difundir el material.

k. Considera que poner en peligro la imagen de las personas y la debida diligencia e investigación de los delitos no conlleva necesariamente que se cause un daño extremadamente grave que amerite el derecho penal, lo que rompe el subprincipio de fragmentariedad. Señala que, aunque existen ataques que pueden ser graves y producir un daño importante, el tipo penal, por la forma en que se encuentra conformado, no sanciona únicamente conductas donde se adviertan dichas consecuencias. Esto, pues se permite la apreciación subjetiva de los operadores jurídicos, sin que se verifique en cierto grado objetivo los efectos perjudiciales de la conducta del emisor.

l. Por otra parte, a la luz del principio de subsidiariedad, estima que el Estado debió recurrir en primera instancia a otras medidas menos restrictivas para proteger los bienes jurídicos que pretende tutelar con la norma impugnada, pues, a juicio de la accionante, tal resultado se puede alcanzar a través del resarcimiento de daños por responsabilidad civil. También, señala que podrían haberse establecido medidas preventivas de educación en la población y a sus servidores públicos sobre la no difusión de estos contenidos.

m. En conclusión, la CNDH considera que la forma en la que se tipifica el delito permite aplicar sanciones penales a conductas que no ameritan la activación del ius puniendi.

n. Violación al derecho a la libertad de expresión.

o. Parámetro de regularidad. Señala que se encuentra protegida en los artículos 6o. y 7o. constitucionales y en diversos instrumentos internacionales, incluyendo el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos en su numeral 19 y en la Convención Americana en su artículo 13. Esta libertad contiene el deber del Estado de no interferir en la actividad expresiva de los ciudadanos, así como de asegurarles un espacio de creatividad y desarrollo individual (dimensión personal), y también goza de una vertiente pública, institucional o colectiva (dimensión colectiva). La Corte Interamericana ha señalado el doble aspecto de la libertad de expresión, donde, por una parte, requiere que nadie se vea limitado o impedido arbitrariamente de expresar sus propios pensamientos y, por otra, implica un derecho colectivo a recibir cualquier información y tener acceso a los pensamientos expresados por los demás. Señala también que el contenido del Texto Constitucional obliga claramente a hacer una interpretación estricta de las restricciones al derecho, las cuales deben minimizarse. Toda actuación legislativa que limite la libertad de expresión con la pretensión de concretar los límites constitucionales –y, particularmente, cuando esto se hace con el derecho penal– debe respetar escrupulosamente el requisito de que tal concreción sea necesaria, proporcional y compatible con los principios y valores constitucionales. Por su parte, la Corte Interamericana, en su interpretación del artículo 13, inciso 2, de la Convención Americana, ha señalado que una restricción debe: 1) estar establecida en ley formal; 2) tener un fin legítimo; y, 3) ser necesaria en una sociedad democrática.

p. Análisis de la norma. La Comisión estima que la disposición impugnada puede producir un efecto inhibitorio de la libertad de expresión de gran alcance, ya que la conducta punible puede cometerse por cualquier medio, incluyendo el espacio digital.

q. La accionante considera que debe realizarse un test de escrutinio estricto, aplicable cuando una medida estatal puede producir una restricción al derecho a la libertad de expresión, al acceso y difusión de información.

r. En primer lugar, el delito sí se encuentra establecido en una ley formal, el Código Penal del Estado de Sonora. En segundo lugar, se podría estimar que persigue un fin legítimo, en tanto está orientada a salvaguardar los derechos fundamentales a la dignidad y la memoria de las víctimas de un hecho con apariencia de delito. También podría argumentarse que el fin perseguido es la debida diligencia de los servidores públicos en la administración de justicia, de acuerdo con la agravante que establece en el tercer párrafo. Estos objetivos son parte del "interés público".

s. No obstante, en tercer lugar, la medida impugnada no satisface el requisito de necesidad en una sociedad democrática, pues la restricción no está adecuadamente orientada a satisfacer los intereses que pretende proteger porque la descripción típica es tan amplia e imprecisa que termina abarcando varias conductas no reprochables amparadas por el derecho de acceso a la información y libertad de expresión. Esto incluye asuntos relevantes o de interés general que se someten a escrutinio social que puede llevarse a cabo por todos o por periodistas. Aduce que la Primera Sala ha sostenido que la información relacionada con la procuración e impartición de justicia es de interés público.

t. En su escrito de demanda, la CNDH establece que el legislador local no fue cauteloso al establecer la medida punitiva, pues perdió de vista que la conducta debía realizarse de manera deliberada, con el propósito de dañar a una persona y la acreditación de una afectación real a los bienes jurídicos tutelados. Aunado a esto, permite que se sancionen conductas que no deberían ser punibles y que no necesariamente dañan los bienes jurídicos tutelados. Las restricciones desproporcionadas terminan generando un efecto de silenciamiento, censura e inhibición en el debate público que es incompatible con los principios de pluralismo y tolerancia, propios de las sociedades democráticas. No resulta fácil participar de manera desinhibida en un debate abierto y vigoroso sobre asuntos públicos cuando la consecuencia puede ser el procesamiento criminal.

u. La accionante concluye que la norma impugnada tiene un impacto desproporcionado sobre el derecho a la libertad de expresión y de acceso a la información, afectando la labor periodística.

6. Admisión y trámite. Mediante acuerdo de ocho de julio de dos mil veintidós, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó que se formara y registrara el expediente relativo a la presente acción de inconstitucionalidad, a la que le correspondió el número 95/2022, y, de conformidad con la certificación respectiva, lo turnó al Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá para que fungiera como instructor.

7. Por medio del auto emitido el once de agosto de dos mil veintidós, el Ministro instructor admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad. Asimismo, ordenó que se diera vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Sonora para que rindieran sus informes respectivos, así como para que el Poder Legislativo Local enviara copia certificada de los antecedentes legislativos de la norma impugnada; y al Poder Ejecutivo Local un ejemplar o copia certificada del Periódico Oficial del Estado. Por último, dio vista a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal para que estuvieran en posibilidad de formular manifestaciones.

8. Informe del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora.(1) En su informe, el Poder Ejecutivo Local sostiene la validez de la norma impugnada. Esgrime, en síntesis, los siguientes argumentos:

a. El Poder Ejecutivo acepta su participación dentro del procedimiento legislativo en virtud de las facultades y obligaciones conferidas tanto en la Constitución Local como en la Federal.

b. Establece que el procedimiento legislativo del cual emanó la norma reclamada cumplió con los estándares de validez del proceso legislativo. Reconoce su participación de promulgar y publicar la norma cuya invalidez se reclama, ajustándose a las disposiciones legales aplicables. Además, advierte que la accionante no señaló violaciones específicas al Poder Ejecutivo Local, las cuales serían de carácter formal, sino que únicamente se cuestionó la constitucionalidad material de la norma.

c. Argumenta que la norma no viola el principio de taxatividad por no ser imprecisa. Respecto de la porción normativa "al que", establece que se refiere "a la persona que", la cual es una configuración usual en los tipos penales. Respecto a la expresión "por cualquier medio," considera que no es imprecisa porque lo que significa es que todos los medios de comunicación son sancionados. Por último, para demostrar que la expresión "fuera de los supuestos de ley" no es imprecisa, recurre a distintos tipos penales, tanto en el Código Penal Local como en el Federal, en donde se utiliza la misma expresión en diversas normas penales. También señala que este Alto Tribunal ha estudiado la constitucionalidad de disposiciones que considera similares en el amparo directo en revisión 3529/2013 y en la acción de inconstitucionalidad 291/2020. d. Alude a la inaplicabilidad analógica del precedente de la acción de inconstitucionalidad 191/2020 y su acumulada 220/2020, que cita la accionante en su demanda al presente caso, pues considera que existen diferencias sustanciales entre las normas estudiadas. Ello porque, en dicho precedente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que la norma era inconstitucional, pero no por la expresión "al que", sino por utilizar la expresión "indebidamente", la cual, estando dirigida a cualquier persona, sí tornaba vaga la norma. El artículo 167 QUATER del Código Penal del Estado de Sonora no utiliza la palabra "indebidamente", sino que utiliza un criterio objetivo que es la referencia a los supuestos autorizados por la ley.

e. Refuta la vulneración al principio de mínima intervención penal porque existe una amplia deferencia al legislador estatal para decidir qué conductas sancionar penalmente. Además, existe una imperiosa necesidad de tutelar la dignidad humana, y la conducta regulada la vulnera respecto de las víctimas y sus familiares.

f. Alude a las argumentaciones en torno a la pretendida ausencia de dolo en la configuración del delito, y establece que la configuración de la conducta garantiza la naturaleza dolosa de la comisión del ilícito.

g. Por último, sostiene que el efecto inhibitorio en la libertad de expresión no se actualiza porque no se sanciona el reportaje o el discurso, por lo que cualquier persona puede externar su opinión respecto a cualquier materia. Sin embargo, de manera precautoria, de sostenerse que la norma representa una limitante, considera que dicha limitante es razonable, estrictamente proporcional y persigue un objetivo constitucionalmente válido.

9. Informe del Poder Legislativo del Estado de Sonora.(2) En su informe, el Poder Legislativo Local solicita el sobreseimiento del asunto, conforme a lo previsto en los artículos 20 y 65 de la Ley Reglamentaria de la Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional. Además, sostiene la validez de la norma impugnada, en síntesis, por los siguientes argumentos:

a. El Poder Legislativo establece que el artículo 167 QUATER del Código Penal del Estado de Sonora no es inconstitucional porque la ley se aprobó conforme al proceso legislativo regulado en la Constitución Federal, la Constitución del Estado de Sonora y la Ley Orgánica del Poder Legislativo de dicha entidad federativa, así como las demás normas aplicables.

b. Considera inexacto el argumento de la actora de que el tipo penal no establece con exactitud el objeto de la prohibición por el amplio catálogo de conductas que prevé, ya que una de las bases del tipo penal es la especificación de lo que está o no permitido. Señala que dicha conducta puede acontecer no sólo por parte de los servidores públicos, sino por cualquier otra persona. Destaca que la exigencia al legislador de taxatividad no implica que dote de contenido cada elemento ya que tornaría la tarea imposible.

c. Respecto del argumento de que la norma impugnada viola el principio de mínima intervención en materia penal (ultima ratio), el Poder Legislativo alega que la indebida revelación de imágenes puede traer como consecuencia la violación al debido proceso, así como a la sentencia absolutoria de los responsables, lo que a su vez causaría una pérdida de confianza en las instituciones procuradoras e impartidoras de justicia. Ello, considerando el primer daño ocasionado a la dignidad y memoria de las víctimas del delito y/o de sus familias. Por lo anterior, la finalidad del artículo resulta legítima, idónea, necesaria y proporcional para lograr la protección de los derechos de las víctimas y combatir la violencia de género mediática.

d. Por último, respecto al argumento de que el artículo 167 QUATER puede crear un efecto inhibitorio en la libertad de expresión, el Poder Legislativo hace mención de que el Ejecutivo del Estado de Sonora presentó una iniciativa para reformar el artículo impugnado. Dicha iniciativa busca brindar certeza y seguridad jurídica a los colectivos de madres buscadoras que, de realizar la difusión de los restos de personas encontradas, podrían estar sujetas a responsabilidad penal, y tiene la finalidad de precisar que el artículo únicamente se aplicará a servidores públicos que sean parte de la dependencia de seguridad pública, así como de impartición de justicia. Al momento de la presentación del informe, el Legislativo refirió que la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Sexagésima Tercera Legislatura de la entidad federativa, había dictaminado positivamente la iniciativa, y estaba pendiente la aprobación de la misma por parte del Pleno de la XLIII Legislatura.(3) En su dictamen, la referida Comisión de Justicia y Derechos Humanos puntualizó que con la modificación se atendía puntualmente con el principio de legalidad en su vertiente de taxatividad en materia penal y el derecho a la libertad de expresión.

10. Escrito adicional del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora.(4) En un escrito presentado posteriormente, el Poder Ejecutivo del Estado de Sonora solicitó el sobreseimiento de la presente acción de inconstitucionalidad. Lo anterior, al considerar que se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 20, fracción II, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con la fracción V del artículo 19 del mismo ordenamiento. En su escrito, señala que el veintidós de septiembre de dos mil veintidós, se publicó en el Boletín Oficial de la entidad federativa el Decreto 72 por el cual se reforma el artículo 167 QUATER del Código Penal del Estado de Sonora, y, en virtud de ello, argumenta que han cesado los efectos de la norma impugnada.

11. Alegatos. Por medio de acuerdo de diez de noviembre de dos mil veintidós se tuvieron por rendidos los informes de las autoridades. En dicho acuerdo, se otorgó un plazo para la formulación de alegatos. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos formuló alegatos mediante escrito presentado el dos de diciembre de dos mil veintidós.

12. Cierre de la instrucción. Visto el estado procesal de autos, el siete de diciembre de dos mil veintidós, con fundamento en el artículo 68, párrafo tercero, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, el Ministro instructor dictó auto de cierre de instrucción y se procedió a la elaboración del proyecto de resolución.

I. COMPETENCIA

13. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, en términos de lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;(5) 1o. de su ley reglamentaria;(6) y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación;(7) así como en el punto segundo, fracción II, del Acuerdo General Número 1/2023 de este Tribunal Pleno.(8) Esto, dado que se planteó la posible contradicción entre el artículo 167 QUATER del Código Penal del Estado de Sonora y la Constitución General.

II. PRECISIÓN DE LA NORMA IMPUGNADA

14. De la demanda de acción de inconstitucionalidad, se desprende que la Comisión accionante impugna el artículo 167 QUATER del Código Penal del Estado de Sonora, adicionado mediante Decreto Número 40, publicado en el Boletín Oficial de la mencionada entidad federativa el seis de junio de dos mil veintidós.

III. OPORTUNIDAD

15. Conforme al artículo 60, párrafo primero, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución General,(9) el plazo para promover acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales, computados a partir del día siguiente a la fecha en que la norma general sea publicada en el medio oficial correspondiente. Si el último día de plazo fuese inhábil, la demanda puede presentarse el primer día hábil siguiente.

16. El seis de junio de dos mil veintidós, se publicó en el Boletín Oficial del Estado de Sonora el Decreto Número 40, por el que se adicionó el artículo 167 QUATER del Código Penal del Estado de Sonora. Por ello, el plazo para la impugnación de este artículo transcurrió del martes siete de junio al miércoles seis de julio de dos mil veintidós.

17. Por consiguiente, si la demanda se presentó en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el seis de julio de dos mil veintidós, debe concluirse que la demanda fue promovida en forma oportuna.

IV. LEGITIMACIÓN

18. La presente acción de inconstitucionalidad fue promovida por parte legitimada.

19. El artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Federal faculta a la CNDH a promover acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes de carácter federal o de las entidades federativas, así como en los tratados internacionales de los que México es Parte.(10)

20. Dado que, en la demanda, la CNDH impugna el artículo 167 QUATER del Código Penal del Estado de Sonora por vulnerar el derecho a la seguridad jurídica; los principios de legalidad en su vertiente de taxatividad y de mínima intervención (ultima ratio), ambos en materia penal; e inhibir el derecho a la libertad de expresión, debe concluirse que cuenta con legitimación para promover la presente acción de inconstitucionalidad.

21. Ahora bien, de conformidad con el primer párrafo del artículo 11, en relación con el diverso 59, ambos de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional,(11) la accionante debe comparecer por conducto del servi

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31854-2b115819/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-comision-nacional-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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