CONTROL CONCENTRADO Y CONTROL DIFUSO DE LA CONSTITUCIÓN. SUS DIFERENCIAS Y FINALIDAD DENTRO DEL PROCESO ORDINARIO. CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD Y DE CONVENCIONALIDAD. LOS JUZGADORES, AL EJERCERLO, NO ESTÁN OBLIGADOS A CONTESTAR LOS CONCEPTOS DE IMPUGNACIÓN QUE AL RESPECTO FORMULEN LAS PARTES EN LOS PROCEDIMIENTOS ORDINARIOS RESPECTIVOS, DIRIGIDOS A CONTROVERTIR LA CONFORMIDAD DE UNA NORMA CON LOS DERECHOS HUMANOS RECONOCIDOS POR LA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y LOS TRATADOS INTERNACIONALES. CONTROL DIFUSO DE LA CONSTITUCIÓN. PARA QUE LOS JUECES LO EJERZAN, ES INNECESARIO QUE LAS PARTES FORMULEN AGRAVIOS EN LOS QUE PLANTEEN UNA CONTROVERSIA SOBRE DERECHOS FUNDAMENTALES. INCONSTITUCIONALIDAD DE UNA NORMA SANCIONATORIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO. NO PUEDE DECLARARSE BAJO EL CERRADO ESQUEMA Y LOS MISMOS RAZONAMIENTOS QUE LLEVARÍAN A DECRETAR LA DE UNA PENAL, DE CONFORMIDAD CON LOS PRINCIPIOS QUE REGULAN A ÉSTA, AL NO SER APLICABLES A AQUÉLLA DE FORMA IRRESTRICTA. RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. LA FRACCIÓN XXIV DEL ARTÍCULO 8 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, AL SER UNA NORMA DE REMISIÓN TÁCITA, NO VIOLA LA GARANTÍA DE EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY EN MATERIA PENAL.
REVISIÓN FISCAL 197/2012. TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, ENCARGADO DE LA DEFENSA JURÍDICA, EN REPRESENTACIÓN DEL SECRETARIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y DEL TITULAR DEL ÁREA DE RESPONSABILIDADES DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE SALUD. 11 DE JULIO DE 2012. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIA: IRMA GÓMEZ RODRÍGUEZ.
CONSIDERANDO:
SEXTO. El único agravio resulta inoperante por una parte y fundado en otra.
De inicio señala la recurrente que lo resuelto por la Sala Fiscal en los considerandos décimo y décimo primero de la sentencia impugnada, contraviene lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, ya que además de omitir analizar todos y cada uno de los medios probatorios ofrecidos y argumentos expuestos por la autoridad al contestar la demanda, no da cumplimiento en sus términos a la ejecutoria emitida el **********, por este Tribunal Colegiado al resolver el juicio de amparo número **********, en el cual únicamente se le obligó a que analizara los argumentos a través de los cuales los demandantes se excepcionaron de la falta administrativa que les fue atribuida, así como los diversos en los cuales se estipuló que en la resolución impugnada se citó un cuerpo normativo que no fue invocado en el citatorio de ley.
Que la juzgadora se apartó de esa sentencia de amparo, pues invocó cuestiones novedosas y se desvió de la litis al determinar que en la especie debía de ejercer oficiosamente el control de convencionalidad, con base en ello, decidió inaplicar el artículo 8, fracción XIV, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y, en consecuencia, declarar la nulidad de la resolución impugnada.
Considera la inconforme que no era dable que la juzgadora realizara tal estudio constitucional pues, por una parte, ese control únicamente procede en casos que versen sobre derechos humanos, cuestión que no le fue planteada en el juicio contencioso administrativo de que se trata, aunado a que si bien dicho órgano jurisdiccional pretendió basar su fallo en las consideraciones expuestas por el Máximo Tribunal de la Nación, en el expediente varios 912/2010, lo cierto es que a la fecha no ha sido elevada jurisprudencialmente la facultad de los juzgadores para realizar un control difuso de la Constitución Federal, por lo que subsiste la jurisprudencia intitulada: "CONTROL DIFUSO DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE NORMAS GENERALES. NO LO AUTORIZA EL ARTÍCULO 133 DE LA CONSTITUCIÓN." y, por ende, la Sala excede sus facultades.
Además, agrega la disconforme, es incorrecto que la Sala Regional haya determinado que resulta oficioso el ejercicio del control de convencionalidad acorde con el artículo 1o. de la Carta Magna, pues para que esa autoridad estuviese en aptitud de determinar la conformidad de la resolución impugnada con los derechos humanos reconocidos por el orden jurídico nacional, resultaba menester que dicha cuestión hubiese sido planteada en los conceptos de impugnación esgrimidos por los demandantes.
Aparte de pasar inadvertido el artículo 109 de la Norma Suprema que dispone que las responsabilidades penales y administrativas se desarrollan de manera autónoma, por lo que a éstas no le resultan aplicables los principios del derecho penal.
Sin que resulte legal que se haya determinado que la fracción XXIV del precepto 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos es un tipo disciplinario "en blanco", por lo cual considera menoscabado el principio de legalidad en relación con el de reserva de ley, ya que tal numeral debe interpretarse en relación con el marco legal aplicable a los servidores públicos, como lo ha señalado el Máximo Tribunal de la Nación en la tesis identificada como: "RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL ARTÍCULO 8, FRACCIÓN XXIV, Y ÚLTIMO PÁRRAFO DEL PROPIO PRECEPTO, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, NO TRANSGREDE LA GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA."
En principio, son inoperantes todas aquellas consideraciones encaminadas a evidenciar que al emitir la sentencia sujeta a revisión la Sala Fiscal no dio debido cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada el **********, por este órgano colegiado al resolver el juicio de amparo **********; puesto que ello es una cuestión inherente a un exceso en el cumplimiento de las sentencias de amparo, que no puede ser materia de estudio en el presente recurso de revisión, sino a través del diverso de queja previsto en el artículo 95, fracciones IV y IX, de la Ley de Amparo, conforme con el precepto 96 de dicho ordenamiento, que establece que cualquiera de las partes en el juicio o, incluso, cualquier persona que justifique que le agravia la ejecución o cumplimiento de una sentencia, se encuentra legitimada para interponerlo.
En efecto, de conformidad con el numeral 104, fracción III, de la Constitución Federal, en relación con el 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, el presente medio excepcional de defensa se encuentra dirigido a combatir cuestiones de legalidad de las sentencias y resoluciones definitivas emitidas por las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por lo que es claro que no se erige como la vía para combatir el cumplimiento de las diversas sentencias emitidas en el juicio de amparo y, por ende, es que tales planteamientos carecen de operancia.
En lo que informa, se cita la tesis emitida por la otrora Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, Volumen CXVIII, Tercera Parte, página 100, de rubro y texto siguientes:
"REVISIÓN FISCAL, IMPROCEDENCIA DE LA. QUEJA POR DEFECTO DE EJECUCIÓN. El recurso de revisión fiscal es improcedente, si de la exposición de los agravios aducidos por el recurrente, se desprende que se está combatiendo la sentencia dictada por una Sala del Tribunal Fiscal, en cumplimiento de una ejecutoria de amparo dictada por este Alto Tribunal, por estimar que la Sala sentenciadora no cumplimentó totalmente dicho fallo, lo que implica un defecto de ejecución, que debe ser combatido mediante el recurso de queja, en los términos de los artículos 95, fracción IV, y 96 de la Ley de Amparo y no mediante el recurso de revisión fiscal."
Por otra parte, no asiste razón a la inconforme cuando aduce que la juzgadora fue más allá de sus atribuciones al estudiar planteamientos de constitucionalidad en el caso, pues a la fecha de la emisión del fallo impugnado no existía criterio jurisprudencial que la facultara a realizar tal estudio, amén de que tenía que ceñirse a la jurisprudencia P./J. 74/99, de rubro: "CONTROL DIFUSO DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE NORMAS GENERALES. NO LO AUTORIZA EL ARTÍCULO 133 DE LA CONSTITUCIÓN."
Esto es así, ya que tanto la citada jurisprudencia, como la diversa P./J. 73/99, intitulada: "CONTROL JUDICIAL DE LA CONSTITUCIÓN. ES ATRIBUCIÓN EXCLUSIVA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN.", que establecían que el control constitucional estaba reservado a los órganos del Poder Judicial de la Federación y, por tanto, el examen de constitucionalidad de leyes era una facultad exclusiva de dichos órganos, fueron dejadas sin efectos por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de veinticinco de octubre de dos mil once, al fallar la modificación de jurisprudencia 22/2011; de ahí que sea incorrecta la apreciación de la recurrente, pues para el nueve de noviembre del año en comento, en que fue dictada la sentencia que se revisa, tales jurisprudencias resultaban inaplicables.
Aunado a lo anterior, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 259/2011, entre las sustentadas por el Primer y Segundo Tribunales Colegiados, ambos del Trigésimo Circuito, fallada el treinta de noviembre de dos mil once, determinó que el control difuso de la constitucionalidad se encuentra autorizado en términos del artículo 1o. de la Constitución Federal, pues al respecto estableció:
"... de manera general, puede sostenerse que la jurisdicción nacional se ve complementada con la jurisdicción internacional y, que incluso, esta última puede actuar de manera subsidiaria cuando la jurisdicción nacional sea insuficiente en la resolución de un conflicto o cuando no se tenga un recurso interno de solución. Es decir, que cuando el Estado Mexicano mediante la reforma constitucional, reconoce los derechos humanos contenidos en los tratados internacionales, ello se traduce en un consentimiento estatal para obligarse al acatamiento de las decisiones de la jurisdicción internacional por su suscripción a los tratados. Entonces, los Jueces nacionales en su actuar deben conducirse con apego a los tratados internacionales interpretando y analizando las disposiciones en materia de derechos humanos a la par, o incluso, prefiriéndolos sobre el derecho interno, pues en todo caso debe optarse por el ordenamiento que más favorezca a la persona. Esto es lo que se entiende como control de convencionalidad, el cual se define como la interpretación de derechos y libertades acorde a tratados internacionales. En ese orden, el control de constitucionalidad que antes se concentraba en los órganos del Poder Judicial de la Federación, ahora por el control de convencionalidad se hace extensivo y obliga a todas las autoridades jurisdiccionales del país, es decir, que el control de constitucionalidad y convencionalidad conlleva a que los tribunales observen los derechos reconocidos en la Constitución Federal y los complementen con el contenido de los tratados internacionales en materia de derechos humanos como parte integrante del sistema jurídico mexicano; es decir, que por este control de convencionalidad, el derecho de origen internacional debe ser contemplado y aplicado en los asuntos de su competencia, a fin de verificar si las leyes inferiores a la Constitución y los tratados internacionales respetan, protegen y garantizan los derechos de las personas. ... De todo lo relacionado, se concluye que en el sistema jurídico mexicano actual, todas las autoridades en el ámbito de su competencia están facultadas y obligadas en materia de derechos humanos a realizar control de constitucionalidad y de convencionalidad. Sin dejar de ver, que la diferencia estriba en la asignación de los efectos del estudio relativo a la contradicción entre la Constitución, los tratados internacionales y la ley cuya constitucionalidad se controla, ya que los órganos integrantes del Poder Judicial de la Federación actuando como Jueces constitucionales, podrán declarar la inconstitucionalidad de una norma por no ser conforme con la Constitución o los tratados internacionales, mientras que las demás autoridades del Estado Mexicano sólo podrán desaplicar la norma si consideran que no es conforme a la Constitución o a los tratados internacionales. Por tanto, conforme con lo que se ha reseñado en este apartado, esta Primera Sala considera que el tema a definir en la presente contradicción de tesis encuentra solución en el criterio que ya se expuso de que los Jueces de primera instancia tanto federales como del orden común, están facultados para emitir pronunciamiento en respeto y garantía de los derechos humanos reconocidos por la Constitución Federal y por los tratados internacionales, cuidando siempre que su límite se encuentra en que la declaratoria de inconstitucionalidad de un precepto está reservada a los órganos del Poder Judicial de la Federación cuando conocen de los medios de control constitucional con facultad de emitir esa declaratoria. Es decir, que para determinar la competencia de los órganos jurisdiccionales de primera instancia del país, sea que se trate de órganos del Poder Judicial Federal o del Poder Judicial Local, resulta irrelevante clasificar si la pretensión jurídica llevada a los órganos jurisdiccionales se funda en argumentos de constitucionalidad o no, pues con base en la reforma señalada de diez de junio de dos mil once, los Jueces del país, al igual que todas las demás autoridades del Estado Mexicano, deben interpretar el orden jurídico a la luz y conforme a los derechos humanos establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Por lo anterior, esta Primera Sala llega a la conclusión de que de conformidad con el actual control de constitucionalidad y de convencionalidad que ha adoptado el sistema jurídico mexicano, se da un tipo de control constitucional que se debe ejercer únicamente por los órganos del Poder Judicial de la Federación con vías directas de control, a través de acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales y juicios de amparo directo e indirecto; y, otro tipo de control constitucional que es el que debe ejercer el resto de los Jueces del país en forma incidental durante los procesos ordinarios en los que son competentes, haciendo hincapié en que la diferencia radica en la facultad que tienen los órganos del Poder Judicial de la Federación de hacer declaratoria de inconstitucionalidad de leyes, a través de los medios directos de control, si consideran que éstas -leyes- no son conformes con la Constitución o los tratados internacionales; mientras que las demás autoridades jurisdiccionales únicamente están facultadas para desaplicar una norma si consideran que la misma no es conforme a la Constitución o a los tratados internacionales. Lo anterior, es congruente con lo preceptuado por el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que dispone que los Jueces de cada Estado deberán ajustar su actuación a lo que la propia Constitución Federal establece, así como a lo previsto en los tratados internacionales de los que México sea parte, por lo que en atención a esto, y a lo que se prevé en el artículo 1o. constitucional, se advierte que existe obligación de que los Jueces locales garanticen el respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales a pesar de las disposiciones en contra que pudiere haber en la legislación de los Estados, lo que tiene como implicación que los Jueces locales estén facultados constitucionalmente para inaplicar una norma cuando resulte contraria a la Ley Suprema, pues están conminados a preferir ésta sobre la ley interna."
Ejecutoria de la que resultó la jurisprudencia 18/2012 (10a.), pendiente de publicación, que es del tenor literal siguiente:
"CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y DE CONVENCIONALIDAD (REFORMA CONSTITUCIONAL DE 10 DE JUNIO DE 2011). Mediante reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, se modificó el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, rediseñándose la forma en la que los órganos del sistema jurisdiccional mexicano deberán ejercer el control de constitucionalidad. Con anterioridad a la reforma apuntada, de conformidad con el texto del artículo 103, fracción I, de la Constitución Federal, se entendía que el único órgano facultado para ejercer un control de constitucionalidad lo era el Poder Judicial de la Federación, a través de los medios establecidos en el propio precepto; no obstante, en virtud del reformado texto del artículo 1o. constitucional, se da otro tipo de control, ya que se estableció que todas las autoridades del Estado Mexicano tienen obligación de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el propio Estado Mexicano es parte, lo que también comprende el control de convencionalidad. Por tanto, se concluye que en el sistema jurídico mexicano actual, los Jueces nacionales tanto federales como del orden común, están facultados para emitir pronunciamiento en respeto y garantía de los derechos humanos reconocidos por la Constitución Federal y por los tratados internacionales, con la limitante de que los Jueces nacionales, en los casos que se sometan a su consideración distintos de las vías directas de control previstas en la Norma Fundamental, no podrán hacer declaratoria de inconstitucionalidad de normas generales, pues únicamente los órganos integrantes del Poder Judicial de la Federación, actuando como Jueces constitucionales, podrán declarar la inconstitucionalidad de una norma por no ser conforme con la Constitución o los tratados internacionales, mientras que las demás autoridades jurisdiccionales del Estado Mexicano sólo podrán inaplicar la norma si consideran que no es conforme a la Constitución Federal o a los tratados internacionales en materia de derechos humanos."
En ese contexto jurisprudencial, se advierte que contrario a lo expuesto por la recurrente, a partir de la reforma de diez de junio de dos mil once realizada al numeral 1o. de la Carta Magna, entre otros, se ha autorizado a los Jueces nacionales, tanto federales como del orden común, para emitir pronunciamiento en respeto y garantía de los derechos humanos reconocidos por la Constitución Federal y por los tratados internacionales, con la limitante de que los Jueces nacionales, en los casos que se sometan a su consideración distintos de las vías directas de control previstas en la Norma Fundamental, no podrán hacer declaratoria de inconstitucionalidad de normas generales, pues únicamente los órganos integrantes del Poder Judicial de la Federación, actuando como Jueces constitucionales, podrán declarar la inconstitucionalidad de una norma por no ser conforme con la Constitución o los tratados internacionales, mientras que las demás autoridades jurisdiccionales del Estado Mexicano sólo podrán inaplicar la norma si consideran que no es conforme a la Constitución Federal o a los tratados internacionales en materia de derechos humanos.
Texto jurisprudencial que desde luego debe ser observado en el caso, pues a pesar de que al momento de que fue emitido el fallo impugnado aquél no había sido expedido, lo cierto es que ello no impide de manera alguna su aplicación en la especie en atención a que los asuntos que aún no han sido fallados por el órgano jurisdiccional competente deben ser ajustados al nuevo criterio jurisprudencial, independientemente de que en la época en que surgió la problemática a resolver y de que en la fecha en que se valora un hecho hubiera estado vigente otro criterio que ha sido superado, pues la jurisprudencia no está sujeta a los principios de retroactividad típicos en las leyes; además, si no se hiciera la aplicación del nuevo criterio jurisprudencial, se contravendría la regla de obligatoriedad que deriva de los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, la cual vincula a todas las autoridades que desarrollan actividades jurisdiccionales.
Ilustra lo anterior, la tesis 2a. XIV/2002, emitida por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, consultable en la página 428, del Tomo XV, marzo de 2002, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor literal siguiente:
"JURISPRUDENCIA. LOS NUEVOS CRITERIOS SON APLICABLES A LOS CASOS AÚN NO DECIDIDOS POR EL ÓRGANO JURISDICCIONAL COMPETENTE. El artículo 197, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo, sustancialmente contiene una regla general de aplicación de la jurisprudencia para casos en que existan modificaciones a los criterios judiciales, al establecer que: ‘... El Pleno o la Sala correspondiente resolverán si modifican la jurisprudencia, sin que su resolución afecte las situaciones jurídicas concretas derivadas de los juicios en los cuales se hubiesen dictado las sentencias que integraron la tesis jurisprudencial modificada. ...’. Lo anterior significa que si el Pleno o las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación modifican una jurisprudencia, los cambios de criterio serán válidos para resolver exclusivamente casos aún no fallados, sin que puedan afectarse las situaciones concretas decididas en los precedentes, pues por seguridad jurídica de la cosa juzgada el nuevo criterio no puede cambiar los casos ya resueltos; sin embargo, los asuntos que aún no han sido fallados por el órgano jurisdiccional competente, sí deben ser ajustados al nuevo criterio jurisprudencial, independientemente de que en la época en que surgió la problemática a resolver y de que en la fecha en que se valora un hecho hubiera estado vigente otro criterio que ha sido superado. Así, conforme al criterio del Tribunal Pleno contenido en la jurisprudencia P./J. 145/2000 que se publica en la página 16 del Tomo XII, correspondiente al mes de diciembre de dos mil, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, la jurisprudencia no está sujeta a los principios de retroactividad típicos en las leyes; además, si no se hiciera la aplicación del nuevo criterio jurisprudencial, se contravendría la regla de obligatoriedad que deriva de los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, la cual vincula a todas las autoridades que desarrollan actividades jurisdiccionales."
Una vez precisado lo anterior, se procede al estudio del argumento expuesto por la inconforme en el cual aduce sustancialmente que para que el órgano jurisdiccional del conocimiento pudiese realizar el estudio de la constitucionalidad de una norma, resultaba necesaria la existencia de agravios que plantearan un problema de derechos humanos.
Esto es, procede dilucidar si para ejercer el control de convencionalidad que establece el artículo 1o. de la Carta Magna, a favor de los Jueces del orden común, es necesario que las partes exciten a los órganos jurisdiccionales para llevar a cabo tal estudio, o bien, si el mismo puede y, en su caso, debe ejecutarse de oficio.
Por principio, resulta menester atender a que en la resolución del expediente varios 912/2010, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció los siguientes lineamientos en relación con los medios de control de constitucionalidad y convencionalidad que se encuentran en el sistema jurisdiccional mexicano, a partir de la reforma al artículo 1o. de la Constitución Federal, mismos que fueron mencionados en la ejecutoria de la contradicción de tesis antes citada:
Por virtud de la reforma al artículo 1o. de la Constitución Federal, los Estados Unidos Mexicanos se someten a la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuya jurisdicción ha sido aceptada por el Estado Mexicano.
Por tanto, las resoluciones pronunciadas por aquella instancia internacional, Corte Interamericana de Derechos Humanos, son obligatorias para todos los órganos del Estado Mexicano en sus respectivas competencias al haber figurado como un Estado parte en un litigio.
Para el Poder Judicial son vinculantes no sólo los puntos de resolución concretos de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sino la totalidad de los criterios contenidos en la sentencia mediante la cual se resuelve ese litigio.
La jurisprudencia de la Corte Interamericana que deriva de las sentencias en donde el Estado Mexicano no figura como parte, tendrá el carácter de criterio orientador de todas las decisiones de los Jueces mexicanos, pero siempre en aquello que le sea más favorecedor a la persona, de conformidad con el invocado artículo 1o. de la Constitución Federal.
Al resolver los asuntos sometidos a su competencia, los Jueces nacionales deben inicialmente observar los derechos humanos establecidos en la Constitución Mexicana y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como los criterios emitidos por el Poder Judicial de la Federación al interpretarlos y acudir a los criterios interpretativos de la Corte Interamericana para evaluar si existe alguno que resulte más favorecedor y procure una protección más amplia del derecho que se pretende proteger. Sin perjuicio de que sean los criterios internos aquellos que cumplan de mejor manera con lo establecido por la Constitución en términos de su artículo 1o.
Todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas a velar no sólo por los derechos humanos contenidos en los instrumentos internacionales firmados por el Estado Mexicano, sino también por los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, lo que se entiende en la doctrina como el principio pro persona.
Los mandatos contenidos en el reformado artículo 1o. constitucional, deben leerse junto con lo establecido por el diverso artículo 133 de la Constitución Federal para determinar el marco dentro del que debe realizarse este control de convencionalidad, lo cual claramente será distinto al control concentrado que tradicionalmente operaba en nuestro sistema jurídico.
Conforme a la última parte del artículo 133, en relación con el 1o., ya invocados, los Jueces están obligados a preferir los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales, aun a pesar de las disposiciones en contrario establecidas en cualquier norma inferior.
Si bien los Jueces ordinarios no pueden hacer una declaración general sobre la invalidez o expulsar del orden jurídico las normas que consideren contrarias a los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados, como sí sucede en las vías de control directas establecidas expresamente en los artículos 103, 107 y 105 de la Constitución, sí están obligados a dejar de aplicar estas normas inferiores dando preferencia a los contenidos de la Constitución y de los tratados en esta materia.
El mecanismo para el control de convencionalidad de oficio en materia de derechos humanos debe ser acorde con el modelo general de control establecido constitucionalmente por los artículos 1o. y 133.
Ahora, en relación con este último punto, que es el que resulta de mayor relevancia para el caso, debe precisarse que el mecanismo para el control de convencionalidad ex officio en materia de derechos humanos debe ser acorde con el modelo general de control establecido constitucionalmente, pues no podría entenderse aquél si el mismo no parte de un control de constitucionalidad general que se desprende del análisis sistemático de los artículos 1o. y 133 de la Constitución Federal y que es parte de la esencia de la función judicial.
Esto es: "... el parámetro de análisis de este tipo de control que deberán ejercer todos los Jueces del país, se integra de la manera siguiente: Todos los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal (con fundamento en los artículos 1o. y 133), así como la jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación. Todos los derechos humanos contenidos en tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte. Criterios vinculantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos establecidos en las sentencias en las que el Estado Mexicano haya sido parte, y criterios orientadores de la jurisprudencia y precedentes de la citada Corte, cuando el Estado Mexicano no haya sido parte. Esta posibilidad de inaplicación por parte de los Jueces del país en ningún momento supone la eliminación o el desconocimiento de la presunción de constitucionalidad de las leyes, sino que, precisamente, parte de esta presunción al permitir hacer el contraste previo a su aplicación. ... Actualmente existen dos grandes vertientes dentro del modelo de control de constitucionalidad en el orden jurídico mexicano que son acordes con un modelo de control de convencionalidad en los términos apuntados. En primer término, el control concentrado en los órganos del Poder Judicial de la Federación con vías directas de control: acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales y amparo directo e indirecto; en segundo término, el control por parte del resto de los Jueces del país en forma incidental durante los procesos ordinarios en los que son competentes, esto es, sin necesidad de abrir un expediente por cuerda separada."
Ejecutoria de la que resultó la tesis P. LXX/2011 (9a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro III, Tomo 1, diciembre de 2011, página 557, cuyos rubro y texto son:
"SISTEMA DE CONTROL CONSTITUCIONAL EN EL ORDEN JURÍDICO MEXICANO. Actualmente existen dos grandes vertientes dentro del modelo de control de constitucionalidad en el orden jurídico mexicano, que son acordes con el modelo de control de convencionalidad ex officio en materia de derechos humanos a cargo del Poder Judicial. En primer término, el control concentrado en los órganos del Poder Judicial de la Federación con vías directas de control: acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales y amparo directo e indirecto; en segundo término, el control por parte del resto de los Jueces del país en forma incidental durante los procesos ordinarios en los que son competentes, esto es, sin necesidad de abrir un expediente por cuerda separada. Ambas vertientes de control se ejercen de manera independiente y la existencia de este modelo general de control no requiere que todos los casos sean revisables e impugnables en ambas. Es un sistema concentrado en una parte y difuso en otra, lo que permite que sean los criterios e interpretaciones constitucionales, ya sea por declaración de inconstitucionalidad o por inaplicación, de los que conozca la Suprema Corte para que determine cuál es la interpretación constitucional que finalmente debe prevalecer en el orden jurídico nacional. Finalmente, debe señalarse que todas las demás autoridades del país en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de aplicar las normas correspondientes haciendo la interpretación más favorable a la persona para lograr su protección más amplia, sin tener la posibilidad de inaplicar o declarar su incompatibilidad."
Así, se desprende que las vertientes de control concentrado y control difuso se ejercen de
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23800-9db4bfb6/control-concentrado-y-control-difuso-de-la-constitucion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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