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Modo: Corpus Pro

CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y DE CONVENCIONALIDAD (REFORMA CONSTITUCIONAL DE 10 DE JUNIO DE 2011).

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 259/2011. · Registro digital (IUS): 24124
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER Y SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS DEL TRIGÉSIMO CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 1, Pág. 380.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 259/2011. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER Y SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS DEL TRIGÉSIMO CIRCUITO. 30 DE NOVIEMBRE DE 2011. MAYORÍA DE TRES VOTOS. DISIDENTES: GUILLERMO I. ORTIZ MAYAGOITIA Y JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIO: JESÚS ANTONIO SEPÚLVEDA CASTRO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General Plenario Número 5/2001, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de Circuito, en un tema que no amerita la intervención del Tribunal Pleno.

No pasa inadvertido que el artículo 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, fue reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, y actualmente establece que cuando los Tribunales Colegiados de un mismo circuito (sin especialización o de una misma especialización) sustenten tesis contradictorias, la denuncia debe hacerse ante el Pleno de Circuito correspondiente, a fin de que sea éste el que decida cuál es la tesis que debe prevalecer; esta reforma entró en vigor el cuatro de octubre de dos mil once, por disposición del artículo segundo transitorio del referido decreto.

Sin embargo, lo anterior no implica que a la fecha, la Suprema Corte de Justicia de la Nación carezca de competencia para conocer y resolver el presente asunto, ya que a juicio de esta Primera Sala, las Salas de este Alto Tribunal conservan competencia por disposición expresa del artículo tercero transitorio del decreto aludido, el cual dispone que los juicios de amparo iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del decreto de mérito, continuarán tramitándose hasta su resolución final conforme a las disposiciones aplicables vigentes a su inicio, salvo por lo que se refiere a las disposiciones relativas al sobreseimiento por inactividad procesal y caducidad de la instancia, así como el cumplimiento y ejecución de las sentencias de amparo.

Ello es así, porque si bien es cierto que las contradicciones de tesis no constituyen propiamente juicios de amparo, también lo es que los criterios en potencial contradicción se generaron con la resolución de juicios de amparo; de ahí que realizando una interpretación armónica, sea posible establecer que el artículo tercero transitorio resulta aplicable a las contradicciones de tesis, cuyas demandas de amparo que dieron origen a los criterios en conflicto, se presentaron con anterioridad a la entrada en vigor del decreto de reforma constitucional, máxime que a la fecha no se ha integrado ni formal ni materialmente el Pleno del Trigésimo Circuito.

La anterior interpretación es acorde a la garantía de tutela jurisdiccional prevista en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual implica que el poder público no puede supeditar el acceso a los tribunales a condición alguna que resulte innecesaria, excesiva o carente de razonabilidad o proporcionalidad respecto de los fines que lícitamente puede perseguir el legislador, en el caso concreto, la seguridad jurídica como consecuencia de la unificación de criterios; por lo que de considerar que se actualiza una incompetencia constitucional, el conocimiento y la resolución de los asuntos de esa naturaleza estaría supeditado a la creación formal y material de los Plenos de Circuito, con el consecuente estado de indefinición de los criterios potencialmente contradictorios.

En tales condiciones, aun cuando el texto del artículo 107, fracción XIII, de la Constitución Federal vigente estatuye la competencia exclusiva de los Plenos de Circuito para conocer y resolver sobre contradicciones de tesis suscitadas entre Tribunales Colegiados de un mismo circuito (no especializados o especializados en una misma materia), empero, acorde al artículo tercero transitorio del decreto publicado el seis de junio de dos mil once en el Diario Oficial de la Federación y ante la inexistencia material y legal de los Plenos de Circuito, específicamente el correspondiente al Trigésimo Circuito, es que esta Primera Sala conserva competencia transitoria para conocer y resolver la presente contradicción de tesis, en tanto que las demandas de amparo que dieron origen a los criterios en conflicto fueron presentados con anterioridad a la entrada en vigor al decreto de reforma constitucional, además de que fue denunciada por parte legítima (como se aprecia en el apartado siguiente) y se ordenó su trámite e integración conforme con la competencia constitucional que de manera directa preveía el artículo 107, fracción XIII, de la Ley Fundamental -antes de su reforma-; y con la competencia legal que todavía prevén a su favor los artículos 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

SEGUNDO. Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, pues el licenciado José de Jesús Esqueda Díaz, defensor público federal adscrito al Tribunal Unitario del Vigésimo Tercer Circuito, se encuentra legitimado para ello, atento a lo dispuesto en el artículo 197-A de la Ley de Amparo, ya que de autos se desprende que promovió con ese carácter los amparos en revisión de los que surgieron los criterios sometidos a contradicción.

TERCERO. Posturas contendientes. Con la finalidad de establecer y determinar si existe o no la contradicción de tesis denunciada, se estima conveniente analizar las consideraciones y argumentaciones en que basaron sus resoluciones los Tribunales Colegiados contendientes.

De inicio, se destaca que en el presente asunto las resoluciones de los amparos en revisión que constituyen los criterios sometidos a contradicción de tesis, tienen como antecedente un incidente no especificado promovido en un proceso penal en la fase de ejecución de sentencia, ante la particularidad de que tanto el incidente como el amparo en revisión fueron promovidos por el defensor público federal adscrito al Tribunal Unitario del Vigésimo Tercer Circuito, y se plantearon en identidad de argumentos.

Así también, se menciona que las resoluciones materia de la contradicción de tesis surgieron de asuntos en los que los antecedentes legales que les dieron origen son los mismos, y consisten en lo que se cita enseguida:

1. Mediante sentencia emitida en un proceso penal se impuso a determinada persona una pena de diez años de prisión, por la comisión del delito contra la salud en la modalidad de venta de psicotrópicos, previsto y sancionado en el artículo 194, fracción I, del Código Penal Federal, en relación con el artículo 245, fracción III, de la Ley General de Salud.

2. En contra de dicha determinación, el condenado interpuso recurso de apelación, del que tocó conocer al Tribunal Unitario del Vigésimo Tercer Circuito, en donde se dictó sentencia confirmando en sus términos la recurrida.

3. Posteriormente, la sentenciada promovió incidente no especificado para que le fuera reducida la pena de prisión que le fue impuesta, solicitando la aplicación de la ley más favorable.

La promoción del incidente se fundamentó en que: "De conformidad con los artículos 1o., 14, 16, 17, 21 y 104, fracción I, constitucionales, 1, 2, 7, 8, 9, 29 y 162 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, 15, fracción I, del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, 56 del Código Penal Federal y 494 del Código Federal de Procedimientos Penales, vengo a promover incidente no especificado, para el efecto de que se analice y resuelva si actualmente y de conformidad con el artículo 22 constitucional, de reforma 18 de junio de 2008, la pena de prisión prevista de conformidad con el artículo 194, primer párrafo, fracción I, que me fue impuesta, vinculado ineludiblemente al artículo 193 del Código Penal Federal, y sin dejar de lado la pena de prisión que establece el artículo 195, primer párrafo, de ese mismo código, es o no proporcional, congruente, al delito que se sanciona y al bien jurídico afectado, de tal manera que no sea excesiva, en comparación con la pena de prisión que actualmente contempla la Ley General de Salud para el delito de comercio (venta) y posesión de narcóticos o narcomenudeo."

El Juez de Distrito dictó resolución en la que determinó que era procedente la vía incidental intentada por la sentenciada, pero improcedente su petición.

4. La determinación anterior se impugnó mediante recurso de apelación que resolvió el Tribunal Unitario del Vigésimo Tercer Circuito, en el que se modificó la resolución recurrida, para declarar que es improcedente la vía incidental intentada por la sentenciada, pues consideró que lo planteado en el incidente implica el estudio y análisis de cuestiones de constitucionalidad, las cuales sólo pueden abordarse por un tribunal en funciones de control constitucional.

5. Inconforme con la anterior resolución, la sentenciada, por conducto del defensor público federal, promovió juicio de amparo que correspondió conocer al Tribunal Unitario del Trigésimo Circuito, el que dictó sentencia en el sentido de negar el amparo.

La negativa de amparo se sustentó en que no advirtiéndose violación que ameritara ser reparada mediante la suplencia de la queja deficiente, era de estimar que el problema jurídico propuesto en el incidente del que derivó el recurso de apelación en el que se emitió el acto reclamado, consiste en la pretensión de que se determine si las penas que establece el artículo 194, primer párrafo, fracción I, del Código Penal Federal, por la comisión del delito contra la salud, en comparación con las penas que establecen los artículos 475 y 479 de la Ley General de Salud, por la comisión de ilícitos de la misma naturaleza son o no proporcionales conforme a lo prevenido por el artículo 22 constitucional, lo que lleva a concluir que la materia de la cuestión a dilucidar versa sobre supuestas infracciones al artículo 22 constitucional y, por ende, es un tema de la exclusiva competencia de los órganos de control constitucional.

Se consideró que si el tribunal de alzada responsable resolviera sobre el problema planteado, tendría que interpretar el sentido y alcance del principio de proporcionalidad establecido en el artículo 22 constitucional y, con base en ello, declarar si existe o no la alegada desproporcionalidad de las penas, lo que supone el previo pronunciamiento de los preceptos legales en los que se prevén las penas controvertidas frente al mencionado principio de proporcionalidad; y, por tanto, la materia del incidente sí entraña un problema de constitucionalidad que no es propio de la jurisdicción ordinaria, pues es una cuestión que sólo puede ser del conocimiento de los tribunales de amparo, según lo establece la propia Constitución Federal en su artículo 103, fracción I.

En contra de la anterior determinación, el defensor público federal, en representación de la parte quejosa, interpuso recurso de revisión, cuyas resoluciones se encuentran en debate en el presente asunto y se relacionan a continuación:

a) Criterio del Primer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito

Emitió resolución en el amparo en revisión 117/2011, en la que determinó revocar la sentencia recurrida y conceder el amparo para efectos, por las consideraciones que enseguida se transcriben:

"... se estima que no es correcto lo determinado por la autoridad responsable y el tribunal de amparo, pues este Tribunal Colegiado observa que en realidad ********** plantea un problema jurídico de legalidad a partir del principio de proporcionalidad contenido en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que, por consecuencia, no existe impedimento jurídico para que desde esa perspectiva pueda abordarse el incidente en cuestión.

"Además, para resolver, no será necesario que el tribunal de apelación interprete el sentido y alcance del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que el problema jurídico solamente envuelve la aplicación de normas legales y no de interpretación constitucional, como se verá a continuación:

"En efecto, es claro que la pretensión que subyace en la incidencia presentada por **********, consiste en que se realice un análisis comparativo de la pena de prisión a la que fue condenada por el delito contra la salud en la variante de comercio (venta) de narcótico -previsto en el artículo 194, fracción I-, en relación con el numeral 193 del Código Penal Federal, respecto a la pena de prisión contenida en la Ley General de Salud, para el delito de comercio (venta) de narcóticos, partiendo de la base de que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contiene como principio, la proporcionalidad de las penas.

"Desde esa perspectiva, la quejosa no combate la inconstitucionalidad del artículo 194, fracción I, en relación con el numeral 193 del Código Penal Federal, aplicado por el Juez de la causa al dictar sentencia en el proceso penal 124/2004; ni tampoco pretende cuestionar la constitucionalidad de la Ley General de Salud en lo relativo a las penas previstas para el delito de comercio (venta) de narcóticos pues, en el fondo, de lo que se duele es que éstas no le hayan sido aplicadas en su beneficio.

"Así, para resolver la litis en el recurso de apelación no es necesario que el tribunal de alzada examine directamente y fije de modo concreto el sentido de una disposición fundamental respecto de los ordenamientos comparados, sino sólo se requeriría, en su caso, el análisis comparativo de las disposiciones -bajo las que se le condenó-, en relación con las que, según se dice, prevén penas menos gravosas a un mismo hecho o conducta ilícita.

"De esa manera, el ejercicio del tribunal de alzada no implica hacer una interpretación directa de la Constitución Federal, toda vez que no se requiere que dicho órgano jurisdiccional fije por sí mismo el sentido de una disposición constitucional determinando su alcance jurídico. Contrariamente a ello, el planteamiento hecho en el incidente pretende la reducción de las penas tomando como base que en su caso, y desde la perspectiva de la incidentista, no existe equilibrio entre los tipos penales, siendo que en ambos supuestos, según refiere, pretenden proteger idéntico hecho antijurídico, y que, por consecuencia, la pena debe atender al grado de afectación al bien jurídico protegido.

"Apoya esta consideración, la jurisprudencia 1a./J. 27/2002, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 14, Tomo XV, mayo de 2002, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:

"‘INTERPRETACIÓN DIRECTA DE PRECEPTOS CONSTITUCIONALES.’ (se transcribe)

"Así pues, no debe confundirse el planteamiento formulado en un juicio de amparo respecto de ‘cuestiones de constitucionalidad’, que bien pueden referirse a la ilegalidad de un acto de autoridad por violación a las garantías individuales y principios fundamentales de derecho previstos en la Constitución Federal; con el diverso planteamiento en el que se tilda de ‘inconstitucional una norma local’, por estimar que viola directamente un precepto contenido en la Carta Magna.

"En efecto, asiste razón a la recurrente en cuanto a que es inconcuso que en todo juicio de amparo, se resuelven cuestiones de constitucionalidad, pues lo cierto es que éste tiene por objeto reparar la violación que en perjuicio del gobernado, cometió la autoridad a lo preceptuado en la Constitución Federal, de tal manera que en todo juicio constitucional el juzgador de amparo determinará si se cometió o no tal violación que deba ser reparada.

"Luego, si en el caso, tal como lo afirma el propio Tribunal Unitario de amparo, el incidente no especificado opuesto por la sentenciada **********, tuvo como pretensión que el juzgador del proceso realizara una comparación entre la pena prevista en el artículo 194, primer párrafo, fracción I, del Código Penal Federal, con base en el cual se le impuso a la actora incidentista la pena de diez años de prisión por la comisión del delito contra la salud (venta de narcóticos), y las penas que establecen los artículos 475 y 479 de la Ley General de Salud, respecto de un delito de la misma naturaleza, a efecto de determinar si aquélla, es decir, la pena prevista en el citado artículo 194, es o no proporcional, sustentando su pretensión en el artículo 22 constitucional, que establece el principio fundamental de derecho relativo a la proporcionalidad de las penas; entonces, es indudable que para resolver tal incidencia, el juzgador penal no realizará un pronunciamiento respecto a la inconstitucionalidad del artículo 194 en cita, porque éste viole el artículo 22 de la Constitución Federal, sino que dicha autoridad deberá limitarse a determinar si procede o no tal comparación de las penas previstas en diversos numerales de distintos ordenamientos por la comisión de un delito de la misma naturaleza, para determinar si alguna de ellas es desproporcional conforme al aludido principio constitucional, tal como lo hizo el Juez Federal natural, quien sí se pronunció respecto de la incidencia planteada, aunque declaró improcedente la petición de la actora incidentista, señalando lo siguiente:

"‘Primero. Es procedente la vía incidental propuesta por la sentenciada **********.

"‘Segundo. Acorde a lo expuesto en el considerando cuarto de la presente resolución, es improcedente la petición de **********, de considerar que conforme al artículo 22 constitucional, de reforma dieciocho de junio de dos mil ocho, la pena de prisión prevista por el artículo 194, primer párrafo, fracción I, que le fue impuesta, vinculando ineludiblemente al artículo 193 del Código Penal Federal, sea desproporcional e incongruente al delito que se sanciona y al bien jurídico afectado, de tal manera que no sea excesiva, en comparación con la pena de prisión que actualmente contempla la Ley General de Salud, para el delito de comercio (venta) de narcóticos o narcomenudeo.’

"En este contexto, resulta válido que cualquiera de las partes en un juicio ordinario sustente su pretensión en algún o algunos de los preceptos constitucionales, pues no debe perderse de vista que todas las autoridades ordinarias o de control constitucional están obligadas a aplicar la Constitución Federal directamente, particularmente cuando se está en presencia de derechos fundamentales; aplicación que en el caso del juzgador ordinario sólo tendrá como límite lo dispuesto en una ley formal y material, es decir, que sólo debe aplicar e interpretar los contenidos constitucionales.

"Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, invocada por la recurrente, publicada en la página 781 del Tomo XXIX, enero de 2009, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:

"‘CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SU APLICACIÓN DIRECTA CORRESPONDE INDISTINTAMENTE A TODAS LAS AUTORIDADES ORDINARIAS O DE CONTROL CONSTITUCIONAL, SIEMPRE Y CUANDO NO DESAPLIQUEN, PARA ESE EFECTO, UNA LEY SECUNDARIA.’ (se transcribe)

"En efecto, contrariamente a lo determinado por el Tribunal Unitario de amparo, la tesis invocada sí resulta aplicable al caso concreto pues, como se vio, la actora incidentista quejosa, sí se limitó a solicitar la aplicación e interpretación del artículo 22 constitucional, al comparar las penas previstas en los numerales 194, primer párrafo, fracción I, del Código Penal Federal, 475 y 479 de la Ley General de Salud, y determinar si las que dispone el mencionado artículo 194, es o no desproporcional; lo cual constituye un planteamiento de legalidad, por lo que el juzgador de origen no sólo estaba facultado, sino obligado a resolverlo.

"Por tanto, al ser fundados los agravios, resulta procedente revocar la sentencia recurrida y conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitada por **********, para el efecto de que la autoridad responsable deje insubsistente la resolución reclamada del treinta y uno de enero de dos mil once, dictada en el toca penal 159/2010-III, y pronuncie una nueva en la que, conforme a las consideraciones vertidas en esta ejecutoria, analice los conceptos de agravio vertidos por la apelante, resolviendo conforme a derecho el recurso de apelación planteado."

b) Criterio del Segundo Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito

Dictó resolución en el amparo en revisión 81/2011, en la que determinó negar la protección constitucional, al considerar lo siguiente:

"Los anteriores argumentos son infundados, sin que este Tribunal Colegiado advierta motivo alguno para suplirlos en deficiencia de la queja, en términos del artículo 76 Bis, fracción II, de la Ley de Amparo.

"Es así, toda vez que, como lo consideró el tribunal de amparo, de la lectura integral del escrito mediante el cual la ahora recurrente promovió el incidente que originó la resolución apelada ante la responsable y que motivó el dictado del acto reclamado, se advierte que la pretensión de la incidentista fue que el Juez de Distrito que la sentenció, analizara y resolviera si las penas previstas en los artículos 194, fracción I y 195 del Código Penal Federal, con base en los cuales la condenó por la comisión del delito contra la salud, en comparación con las previstas en los artículos 475 y 476 de la Ley General de Salud, por la comisión de ilícitos de la misma naturaleza, son o no desproporcionales e incongruentes al delito y al bien jurídico tutelado, de conformidad con el artículo 22 de la Constitución Federal.

"Lo anterior se desprende de las siguientes manifestaciones que se obtienen del escrito en el que se promovió la incidencia mencionada:

"‘De conformidad con los artículos 1o., 14, 16, 17, 21 y 104, fracción I, constitucionales, 1, 2, 7, 8, 9, 29 y 62 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, 15, fracción I, del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, 56 del Código Penal Federal y 494 del Código Federal de Procedimientos Penales, vengo a promover incidente no especificado, para el efecto de que se analice y resuelva si actualmente y de conformidad con el artículo 22 constitucional, de reforma de 18 de junio de 2008, la pena de prisión prevista de conformidad con el artículo 194, primer párrafo, fracción I, que me fue impuesta, vinculado ineludiblemente al artículo 193 del Código Penal Federal, y sin dejar de lado la pena de prisión que establece el artículo 195, primer párrafo, de ese mismo código, es o no proporcional, congruente, al delito que se sanciona y al bien jurídico afectado, de tal manera que no sea excesiva, en comparación a la pena de prisión que actualmente contempla la Ley General de Salud, para el delito de comercio (venta) y posesión de narcóticos, o narcomenudeo.

"‘...

"‘Como puede verse en esa jurisprudencia, como de la ejecutoria que le dio origen, sólo se analizó la constitucionalidad de esos artículos de la Ley General de Salud -475, 476, 477, 478 y 479- a la luz del principio supremo de igualdad, pero nada se analizó respecto a qué tan proporcional resulta actualmente la pena de prisión que comprende el artículo 194, primer párrafo, fracción I, como la del artículo 195, primer párrafo, vinculado con el artículo 193 del Código Penal Federal, a que se refiere la sentencia dictada en el proceso al cual me dirijo, como ahora se pretende.

"‘...

"‘Por tanto, nada impide hacer el análisis de la proporcionalidad o congruencia constitucional de la pena de prisión que sufro, en tanto que han surgido situaciones jurídicas novedosas que fundamentalmente hacen pensar que la pena de prisión de mérito no debe subsistir más.

"‘Argumentos de la procedencia y fundamentación de esta incidencia:

"‘Primero. Procede en esta instancia el analizar y resolver sobre la proporcionalidad actual de la pena de prisión prevista por los artículos 194, primer párrafo, fracción I y 195, primer párrafo, del Código Penal Federal, a la luz del actual artículo 22 constitucional, vigente a partir de junio de 2008, y debido a la reforma llamada de narcomenudeo, vigente a partir de agosto del año próximo anterior, en que se modificaron varios preceptos de la Ley General de Salud y otras leyes penales.

"‘... el artículo 22 constitucional señala en lo atinente: ...

"‘De esa norma suprema se obtiene que no es aceptable constitucionalmente que exista una pena de prisión que no sea proporcional al delito que se sanciona y al bien jurídico afectado.

"‘Ahora bien, esa proporcionalidad se refiere a que constitucionalmente debe existir congruencia entre la sanción y la importancia del bien jurídico que se tutela.

"‘...

"‘Así, lo procedente es analizar si la pena de prisión que prevén los artículos 194, primer párrafo y fracción I y 195, primer párrafo, en relación con el 193, ambos (sic) del Código Penal Federal, es proporcional o congruente entre el delito que se sanciona y el bien jurídico afectado, como lo exige el artículo 22 constitucional. Debe analizarse si realmente el legislador está clasificando los delitos de tal manera que las penas mayores correspondan a los delitos más graves o que afectan en mayor medida los bienes jurídicos tutelados.

"‘El artículo 194, primer párrafo, fracción I, del Código Penal Federal establece: ...

"‘Por su lado, el artículo 195, primer párrafo, del Código Penal Federal señala en lo atinente: ...

"‘Por su parte, en lo conducente, señala el artículo 193 del Código Penal Federal: ...

"‘Del análisis e interpretación sistemática de esos preceptos del Código Penal, que fueron el fundamento de mi condena en la sentencia definitiva, se obtiene que la pena de prisión establecida para el delito contra la salud en las modalidades de comercio (venta) de psicotrópicos y posesión de éstos, es de diez a veinticinco años, y de cinco a quince años, respectivamente, al igual que puede serlo el de comercio (venta) o posesión de otros narcóticos como la marihuana, la cocaína, la heroína, las metanfetaminas y el LSD, en ciertos casos.

"‘Sin duda esas penas de prisión resultaban proporcionales o congruentes con el delito tipificado y la afectación al bien jurídico tutelado, que lo es la salud pública, en tanto daba el mismo tratamiento o penalización a la venta o posesión de cualquier narcótico, hasta antes de la reforma de agosto de 2009 a la Ley General de Salud y otras disposiciones penales, variando sólo la individualización de las sanciones, atendiendo las disposiciones del artículo 193 del Código Penal Federal, es decir, la cantidad y especie de narcótico.

"‘Sin embargo, ahora esa pena de prisión, a la luz del artículo 22 constitucional, en la parte pretranscrita, y en relación con la pena de prisión establecida en el artículo 475, en relación con el 479 de dicha Ley General de Salud, vigente a partir de agosto del año próximo pasado, ya no son proporcionales ni congruentes con el delito tipificado y la afectación al bien jurídico tutelado.

"‘...

"‘Ahora bien, los artículos 475, 476 y 479 de la Ley General de Salud, vigente a partir de agosto de 2010, señalan en lo conducente:

"...

"‘Como se ve, de esos numerales de la Ley General de Salud, la pena de prisión establecida para el delito de comercio (venta) de ciertos narcóticos es de cuatro a ocho años de prisión, que es manifiestamente muy diferente e inferior a la establecida por el artículo 194, primer párrafo, fracción I, del Código Penal Federal, a pesar de tratarse del mismo delito, y utilizando drogas menos dañinas y menos difundidas. Lo mismo sucede con la posesión de narcóticos, en relación con el artículo 195, primer párrafo, del Código Penal Federal.

"‘Entre otras disposiciones del Código Penal Federal y la Ley General de Salud, no existe proporcionalidad en las penas de prisión contempladas para cada caso, a pesar de tratarse del mismo delito, y la variación sólo es en el tipo de droga ... Así pues, la pena de prisión prevista en el artículo 194, fracción I, como el artículo 195, primer párrafo, en relación con el 193, todos del Código Penal Federal, no es proporcional, en términos del artículo 22 constitucional. Por tanto, la pena de prisión establecida en el artículo 194, primer párrafo, fracción I, como en el artículo 195, primer párrafo, en relación con el 193, es inconstitucional. Y si esa pena de prisión es inconstitucional, no debe prevalecer más en mi perjuicio.

"‘...

"‘Pues bien, concretamente, para ver la proporcionalidad de la pena de prisión que se viene aludiendo, hay que analizar la gravedad o peligrosidad de las drogas en la clasificación que hace la ley, es decir, la Ley General de Salud, que hace una categorización de los narcóticos de acuerdo al uso terapéutico que se les da y al daño que se produce en la salud pública.

"‘La Ley General de Salud hace la siguiente clasificación: ...

"‘Por tanto, a partir de esa reforma a la Ley General de Salud y a la vista del artículo 22 constitucional, la pena de prisión prevista en el artículo 194, primer párrafo, fracción I, como la del artículo 195, primer párrafo, de mérito, es desproporcional o incongruente y, en consecuencia, es inconstitucional, ya que no guarda ninguna proporción razonable con respecto a la establecida en los artículos 475 y 476, respectivamente, en relación con la tabla del 479 de la Ley General de Salud.

"‘En suma, esa pena de prisión, prevista por el artículo 194, primer párrafo, fracción I, como la del artículo 195, primer párrafo, del Código Penal Federal, es inconstitucional

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24124-0f3012f4/control-de-constitucionalidad-y-de-convencionalidad-reforma-constitucional · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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