RECURSO DE APELACIÓN EN EL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA. AL RESOLVERLO EL TRIBUNAL DE ALZADA ESTÁ OBLIGADO A ANALIZAR OFICIOSAMENTE LA LITIS E INCLUSO CUESTIONES NO PROPUESTAS POR EL RECURRENTE EN SUS AGRAVIOS PARA ANULAR LOS ACTOS QUE RESULTEN CONTRARIOS A SUS DERECHOS FUNDAMENTALES, PUES NO HACERLO IMPLICA UNA VIOLACIÓN GRAVE A LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PARTES [APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 18/2012 (10a.)].
AMPARO EN REVISIÓN 309/2013. 9 DE AGOSTO DE 2013. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: JOSÉ MARTÍN HERNÁNDEZ SIMENTAL. SECRETARIA: ROSALBA SALAZAR LUJÁN.
CONSIDERANDO:
CUARTO.-No pasa inadvertido que el recurrente no expresó agravios en contra de la resolución impugnada, toda vez que la interposición del recurso motivo de estudio, se llevó a cabo al momento de la diligencia de notificación de la sentencia de amparo indirecto, el veintidós de marzo de dos mil trece, lo cual hizo constar el actuario judicial adscrito al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado; sin embargo, la falta de expresión de agravios no obsta para que este Tribunal Colegiado se avoque al estudio de la sentencia recurrida, pues se advierte que el caso se trata de un juicio de amparo en materia penal y que quien interpuso el recurso de revisión fue el sentenciado, quien se encuentra detenido, por lo que conforme al artículo 76 Bis, fracción II, de la Ley de Amparo aplicable, la suplencia de la queja procede aun ante la ausencia total de agravios.
Lo anterior, pues la suplencia de la queja en el juicio de amparo, tratándose del indiciado, procesado o sentenciado, vincula al juzgador de amparo para que, al ejercerla, se otorgue al promovente la seguridad de que es legal la resolución reclamada emitida dentro de un procedimiento de naturaleza penal.
Tiene aplicación la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,(1) que dice:
"SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA PENAL. SU FINALIDAD ES DAR SEGURIDAD JURÍDICA AL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD.-La suplencia de la queja deficiente en materia penal, prevista en el artículo 76 Bis, fracción II de la Ley de Amparo, tiene como finalidad proporcionar seguridad jurídica al quejoso privado de su libertad, circunstancia que vincula al juzgador de amparo para que, al ejercerla, deba otorgar al indiciado, procesado o sentenciado la seguridad de que es legal la resolución reclamada emitida dentro de un procedimiento de naturaleza penal, independientemente de que el sentido de la resolución pronunciada en el juicio de amparo o en la tramitación y resolución de los recursos establecidos en la ley de la materia favorezca o no al quejoso o recurrente que encuadre en esos supuestos."
QUINTO.-Para efectos de satisfacer el contenido conceptual de la suplencia de la queja, se procederá al estudio oficioso, tanto del procedimiento de donde emanó el acto reclamado, como de este mismo, a fin de determinar si existe alguna violación a las garantías de exacta aplicación de la ley y de legalidad, así como acceso a la justicia, previstas en los artículos 14, 16 y 17 constitucionales.
Es de observarse en la especie, la tesis 2a./J. 26/2008, de la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, localizable con el número de registro digital 170,008 y visible en la página 242 del Tomo XXVII, alusivo al mes de marzo de dos mil ocho del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a la letra dice:
"SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. CONSISTE EN EXAMINAR CUESTIONES NO PROPUESTAS, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE RESULTEN FAVORABLES A QUIEN SE SUPLE.-La figura de la suplencia de la queja prevista en el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, tanto en relación con el juicio de garantías como con los recursos en ella establecidos consiste, en esencia, en examinar cuestiones no propuestas por el quejoso o recurrente, en sus conceptos de violación o en sus agravios, respectivamente, que podrían resultar favorables, independientemente de que finalmente lo sean. Así, es incorrecto entender que sólo debe suplirse cuando ello favorezca a quien se le suple, pues para determinar si procede dicha figura tendría que examinarse previamente la cuestión relativa, lo que implicaría necesariamente haber realizado la suplencia. Por consiguiente, es suficiente que el análisis de un problema no propuesto pudiera resultar benéfico para que se deba suplir, realizando el estudio correspondiente."
SEXTO.-Del examen efectuado a las constancias agregadas al juicio de garantías, se obtienen los siguientes antecedentes jurídicamente relevantes del caso.
• Mediante escrito presentado el diecinueve de septiembre de dos mil doce, ********** promovió demanda de amparo indirecto contra los actos del Juez Tercero Penal del Distrito Judicial Morelos, con sede en Aquiles Serdán, Chihuahua, el cual hizo consistir en:
"La incorrecta e inconstitucional aplicación de la ley penal en mi perjuicio al negarme la concesión de un beneficio preliberacional del cual soy garante según lo dispone el artículo 565 A del Código de Procedimientos Penales vigente a la fecha de los hechos que me hacen preso lo cual fue notificado en acuerdo de fecha 03 de enero de 2012 signado por el C. Juez Tercero de lo Penal para este Distrito Judicial Morelos derivado del expediente de ejecución número 26/2011 del índice de dicho órgano jurisdiccional."
• De la citada demanda tocó conocer a la Juez Tercero de Distrito en el Estado, la cual se registró bajo el número de expediente 1211/2012 y por auto de veintiuno de septiembre de dos mil doce, se previno al promovente del amparo para que precisara el acto reclamado, toda vez que indicaba el acuerdo de tres de enero de dos mil doce, dictado en el expediente 26/2011 del índice del Juzgado Tercero Penal del Distrito Judicial Morelos y en posteriores manifestaciones señalaba que dicho auto fue confirmado por la resolución de tres de agosto de ese año, sin señalar la autoridad que lo emitió (fojas 6 a 7).
• Por ocurso recibido el uno de octubre de dos mil doce, en el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, el quejoso **********, precisó como autoridades responsables al Juez Tercero Penal del Distrito Judicial Morelos, con domicilio en Aquiles Serdán, Chihuahua y al Magistrado de la Primera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Chihuahua, con domicilio en esta ciudad, y como actos reclamados los siguientes:
"...el acuerdo negativo escrito de fecha 03 de enero de dos mil doce, dictado dentro del expediente 26/2011 del índice del Juzgado Tercero de lo Penal del Distrito Judicial Morelos, confirmado el tres de agosto de 2012 bajo el toca penal 38/2012 por la Primera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Chihuahua por la ilegalidad de resolver omitiendo el contenido del art. 565 A del Código de Procedimientos Penales del Estado vigente al ocurrir los hechos que me hacen preso, pues se me negó la remisión parcial de la pena injustamente resolviendo con un ley (sic) que ni siquiera existía y me perjudica puesto (sic) la retroactividad que me aplican las responsables lo cual resulta ilegal, inconstitucional y por ende violatorio de garantías."
• Por auto de ocho de octubre de dos mil doce, se admitió la demanda de garantías, solicitándose informe justificado a las autoridades responsables señaladas, quienes lo rindieron mediante oficios 1403/2012 y 475, respectivamente.
• Seguidos los trámites legales el diecinueve de marzo de dos mil trece, la Juez Tercero de Distrito en el Estado dictó sentencia en donde sobreseyó el juicio de amparo 1211/2012, bajo las consideraciones que a continuación se sintetizan:
• Antes de entrar a la certeza de los actos reclamados la Juez de mérito precisó como acto reclamado, únicamente la determinación de tres de enero de dos mil doce, mediante el cual el Juez Tercero de lo Penal del Distrito Judicial Morelos, de esta ciudad negó la remisión parcial de la pena dictado dentro del expediente 26/2011.
• Posteriormente, sobreseyó en el juicio de garantías, porque estimó que se actualizaba la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, toda vez que de las constancias relativas al toca penal 38/2012, se advertía que el tres de agosto de dos mil doce, se emitió la determinación en el recurso de apelación interpuesto por el solicitante del amparo en contra de la resolución reclamada de tres de enero del mismo año, pronunciada por el Juez Tercero de lo Penal del Distrito Judicial Morelos, con residencia en Aquiles Serdán, Chihuahua, mediante el cual negó el beneficio de remisión parcial de la pena y con ello cesó la actuación de la autoridad responsable, pues el acto reclamado había dejado de producir sus efectos, por haber sido sustituido procesalmente por la resolución de apelación.
En la especie, este tribunal estima correcto lo determinado por el Juez Federal respecto a que cesaron los efectos del acto reclamado, consistente en la resolución de tres de enero de dos mil doce, dictada en el expediente de ejecución 26/2011, al haberse dictado la diversa determinación del toca N-38/2012, porque el fallo dictado por el Juez de primera instancia, efectivamente fue sustituido por la sentencia pronunciada por el Magistrado de la Primera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado en el toca antes indicado, por lo que en la especie, como lo sostuvo la Juez de Distrito, esa resolución apelada cesó en sus efectos.
Por tanto, se estima ajustado a lo jurídico lo determinado por la Juez Federal en el juicio de amparo que hoy se revisa, al sobreseer en el juicio respecto del acto reclamado al Juez Tercero Penal del Distrito Judicial Morelos, consistente en la resolución de veintiséis de enero de dos mil doce, con apoyo en la fracción III del artículo 74 de la propia ley en cita.
Así lo resolvió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,(2) en la jurisprudencia que a continuación se cita:
"AMPARO IMPROCEDENTE. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA.-Cuando en un amparo directo se reclama, además de la de segunda instancia, la sentencia pronunciada por el a quo, debe sobreseerse el juicio de garantías por lo que respecta a esta última, con apoyo en el artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo, por operar la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 73, fracción XVI, de dicha ley, toda vez que cesaron los efectos de la referida sentencia, en razón de haber sido sustituida por la de segundo grado."
También es aplicable la jurisprudencia 46, sustentada por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,(3) que dice:
"AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA SENTENCIA DE PRIMER GRADO.-Si se reclaman tanto la sentencia de primera instancia, como la de segunda que la confirmó, el amparo es improcedente respecto de la primera, de conformidad con las disposiciones de la fracción III, inciso a), del artículo 107 constitucional, en relación con los artículos 73, fracciones XIII y XVI, y 74, fracción III, de la Ley de Amparo, porque ese fallo admite recurso de apelación y porque al pronunciarse la de segunda instancia que resolvió la apelación interpuesta cesaron los efectos de la de primer grado, y, por tanto, el juicio debe sobreseerse respecto de la sentencia de primera instancia."
Sin embargo, a pesar de lo antes analizado, se estima que la Juez Tercero de Distrito, al resolver el juicio de amparo que se revisa, omitió estudiar un diverso acto reclamado.
Se dice lo anterior, pues en el caso se advierte que el peticionario del amparo, aquí recurrente, en su demanda de amparo si bien señaló como acto reclamado la resolución de tres de enero de dos mil doce, emitida por el Juez Tercero de lo Penal del Distrito Judicial Morelos, en donde se le negó un beneficio preliberacional, dictado dentro del expediente 26/2011, también lo es que previo a la admisión de la demanda de amparo, se le previno para que precisara el acto reclamado, toda vez que se advertía que de su reclamo constitucional señaló que la determinación de tres de enero de dos mil doce, ya había sido confirmada por el tribunal de alzada.
En cumplimiento a dicha prevención, el quejoso aclaró su demanda de amparo y señaló como autoridades responsables tanto al Juez Tercero de lo Penal del Distrito Judicial Morelos, con sede en Aquiles Serdán, Chihuahua, como al Magistrado de la Primera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, y señaló como actos reclamados:
"...el acuerdo negativo escrito de fecha 03 de enero de dos mil doce, dictado dentro del expediente 26/2011 del índice del Juzgado Tercero de lo Penal del Distrito Judicial Morelos, confirmado el tres de agosto de 2012 bajo el toca penal 38/2012 por la Primera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Chihuahua por la ilegalidad de resolver omitiendo el contenido del art. 565 A del Código de Procedimientos Penales del Estado vigente al ocurrir los hechos que me hacen preso, pues se me negó la remisión parcial de la pena injustamente resolviendo con un ley (sic) que ni siquiera existía y me perjudica puesto (sic) la retroactividad que me aplican las responsables lo cual resulta ilegal, inconstitucional y por ende violatorio de garantías."
La demanda de amparo se admitió por proveído de ocho de octubre de dos mil doce y se solicitó el informe justificado tanto al Juez Tercero de lo Penal del Distrito Judicial Morelos, como al Magistrado de la Primera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Chihuahua; dichas autoridades rindieron su respectivo informe justificado admitiendo la certeza de los actos reclamados.
Así, resulta claro que el accionante constitucional, además de señalar como acto reclamado el auto de tres de enero de dos mil doce, dictado en el cuaderno de ejecución 26/2011, también señaló como acto la resolución de tres de agosto de dos mil doce, dictada en el toca 38/2012, por medio de la cual se desechó el recurso de apelación interpuesto por **********, en contra de la determinación de tres de enero de dos mil doce, en donde se negó al referido sentenciado, aquí quejoso, declarar la prescripción de la pena y de otorgarle los beneficios de libertad preparatoria y remisión parcial de la pena.
Lo anterior, con apoyo en la jurisprudencia P./J. 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,(4) con el siguiente contenido:
"DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD.-Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo."
En tales condiciones, se estima que la Juez de Distrito omitió analizar la resolución de alzada en comentario, a pesar de que de la demanda de garantías y del escrito aclaratorio se advierte que el quejoso sí la señaló como acto reclamado, pues, incluso, se solicitó informe justificado al Magistrado que lo emitió y éste admitió su certeza, por lo que este órgano colegiado deberá reparar dicha omisión y analizar la constitucionalidad del citado acto.
Tiene aplicación la jurisprudencia 2a./J. 58/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,(5) que dice:
"ACTOS RECLAMADOS. LA OMISIÓN DE SU ESTUDIO EN LA SENTENCIA RECURRIDA DEBE SER REPARADA POR EL TRIBUNAL REVISOR, A PESAR DE QUE SOBRE EL PARTICULAR NO SE HAYA EXPUESTO AGRAVIO ALGUNO EN LA REVISIÓN.-Si al resolver el recurso de revisión interpuesto en contra de la sentencia dictada en la audiencia constitucional de un juicio de amparo, se descubre la omisión de pronunciamiento sobre actos reclamados, no debe ordenarse la reposición del procedimiento en términos de lo establecido por el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, toda vez que la falta de análisis de un acto reclamado no constituye una violación procesal porque no se refiere a la infracción de alguna regla que norme la secuela del procedimiento, ni alguna omisión que deje sin defensa al recurrente o pueda influir en la resolución que deba dictarse en definitiva, entrañando sólo una violación al fallar el juicio que, por lo mismo, es susceptible de reparación por la autoridad revisora, según la regla prevista por la fracción I del citado artículo 91, conforme a la cual no es dable el reenvío en el recurso de revisión. No es obstáculo para ello que sobre el particular no se haya expuesto agravio alguno, pues ante la advertida incongruencia de una sentencia, se justifica la intervención oficiosa del tribunal revisor, dado que al resolver debe hacerlo con la mayor claridad posible para lograr la mejor comprensión de su fallo, no siendo correcto que soslaye el estudio de esa incongruencia aduciendo que no existe agravio en su contra, ya que esto equivaldría a que confirmara una resolución incongruente y carente de lógica; además, si de conformidad con el artículo 79 de la legislación invocada, es obligación del juzgador corregir los errores que advierta en cuanto a la cita de los preceptos constitucionales, otorgando el amparo respecto de la garantía que aparezca violada, por mayoría de razón, el revisor debe corregir de oficio las incongruencias que advierta en el fallo que es materia de la revisión."
SÉPTIMO.-Suplidos en su deficiencia, son fundados los conceptos de violación que hizo valer el quejoso en su demanda de amparo.
Al respecto, conviene traer a colación la jurisprudencia 1a./J. 103/2006, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,(6) con el siguiente contenido:
"SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA PENAL. OPERA EN EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO POR EL REO EN CONTRA DE LA ORDEN DE IDENTIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL PROCESADO (FICHA SIGNALÉTICA).-De conformidad con el artículo 76 Bis, fracción II, de la Ley de Amparo, la suplencia de la queja deficiente en materia penal opera aun ante la ausencia de conceptos de violación o de agravios del reo. Esto es, la suplencia de la queja se trata de una facultad concedida al juzgador para subsanar en la sentencia el error u omisión en que hayan incurrido el reo o su defensor. En congruencia con lo anterior, y con base en los principios constitucionales que rigen en materia penal, se concluye que para que proceda suplir la queja en dicha materia basta que quien promueva el juicio de amparo tenga la calidad de reo y la litis constitucional verse sobre cualquier cuestión relacionada con el proceso penal enderezado en su contra, aun cuando sólo se reclame la orden de identificación administrativa del procesado -ficha signalética-, pues ésta es una consecuencia legal del auto de formal prisión o de sujeción a proceso que aun cuando es de naturaleza administrativa tiene por objeto la identificación y conocimiento de los antecedentes del procesado que aporten al Juez de la causa y de futuros procesos los elementos para personalizar o individualizar la pena."
Como se apuntó, en el caso se advierte que el acto reclamado que omitió analizar la Juez de Distrito, lo es la resolución de tres de agosto de dos mil doce, dictada en el toca penal 38/2012, por medio del cual se desechó el recurso de apelación interpuesto por el quejoso en contra de la diversa de tres de enero de ese año, dictada en el cuaderno de ejecución 26/2011, en donde se negó la declaración de prescripción de la pena y otorgar los beneficios de libertad preparatoria y remisión parcial de la pena.
Así, de la resolución reclamada se advierte que el Magistrado responsable desechó el recurso de apelación bajo las siguientes consideraciones:
"...III. Ahora bien, a efecto de pronunciarse en relación con la admisión o no del recurso, se destaca que en el artículo 400 del invocado código procesal en vigor, se establece que los recursos se interpondrán en las condiciones de tiempo y forma (sic) se determinan en dicho cuerpo de leyes y en cuanto a la forma, se precisa que en el artículo 415 del citado código adjetivo, se establece que el recurso de apelación se interpondrá por escrito; asimismo, en el segundo párrafo de dicho numeral se prevé que en el escrito en el cual se interponga el recurso se deberán expresar los conceptos de agravio que se estime se hayan cometido previo al dictado de la resolución o, en su caso, en la audiencia en la que se haya dictado la misma.
"En la inteligencia que de conformidad con lo que se prevé en el artículo 401 del código adjetivo penal, el agravio constituye el reproche de los defectos que causan la afectación.
"Así las cosas, la Sala considera que del análisis del cuadernillo de antecedentes, se deriva que no es procedente admitir a trámite el recurso de apelación de antecedentes.
"Ello, en virtud de que en el caso el sentenciado se inconformó al momento en que se notificó el auto que recurre y no expresó conceptos de agravio; pues si bien es cierto, al notificarse plasmó lo siguiente: ‘Apelo, por violentárseme el artículo 14 al resolverse con una ley que no existía al momento de los hechos y reunir todos y cada uno de los requisitos previstos por la ley sustantiva y adjetiva vigente en 1998’; sin embargo, tales asertos carecen de razonamiento lógico-jurídico, pues se omite establecer las razones por las que, en su concepto, la ley aplicada por la Juez a quo, al emitir la resolución impugnada, le resulta desfavorable a sus intereses; además, omite precisar cuáles requisitos se encuentran reunidos en la legislación aplicable en el año de mil novecientos noventa y ocho, menos aún aduce con qué medios de prueba aparecen acreditados y, en su caso, qué beneficios puede obtener de ello; por lo que, se reitera, tales asertos efectivamente sólo constituyen afirmaciones, carentes de razonamiento lógico-jurídico. Luego entonces, considerando que la interposición del recurso de apelación, no aparece sustentada en el reproche de los defectos que causan la afectación, se concluye que no existe agravio, en los términos en que se establece en el artículo 401 del código adjetivo penal.
"En virtud de lo anterior, se concluye que no se cumple con las condiciones de interposición del recurso en cuanto a su forma, en términos de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 415 del citado cuerpo de leyes..."
De lo antes transcrito se desprende que el Magistrado responsable, en esencia, desechó el recurso de apelación interpuesto porque estimó que dicho medio de impugnación no se había interpuesto cumpliendo las formalidades establecidas en el artículo 415 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado, esto es, por escrito y con la expresión de conceptos de agravio, por lo que consideró insuficiente la manifestación del quejoso al momento de notificarle la sentencia impugnada, porque era carente de razonamiento jurídico, y había omitido precisar cuáles requisitos se encontraban reunidos en la legislación aplicable en el año de mil novecientos noventa y ocho, y porque no se señalaba cuáles medios de prueba aparecían acreditados y, en su caso, qué beneficios podía obtener de ello.
Para demostrar lo incorrecto de los anteriores razonamientos, conviene reproducir el texto de los artículos 17 constitucional y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
"Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho.
"Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial..."
"Artículo 25. Protección judicial.
"1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los Jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.
"2. Los Estados Partes se comprometen:
"a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso;
"b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y
"c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso."
De los preceptos transcritos se deduce que la protección del derecho humano de acceso a un recurso efectivo, recae en los órganos jurisdiccionales a través de los diversos medios de impugnación previstos en las leyes, los cuales deben ser un medio efectivo de acceso a la justicia, lo que implica que se deben de evitar las prácticas que tiendan a denegar o limitar el referido derecho, incluyendo recurrir a normas que entorpezcan su función.
Esto es, los tribunales que conozcan de los recursos, decidirán sobre los derechos de toda persona que interponga el medio de defensa, a desarrollar las posibilidades del recurso y a garantizar el cumplimiento de la decisión cuando se haya estimado procedente el recurso, es decir, brindar las facilidades para que el gobernado pueda acceder a los medios de impugnación a través de prácticas sencillas alejadas de las normas que dificulten el acceso a la justicia.
Puntualizado lo anterior, se estima que la autoridad responsable violó el derecho fundamental de acceso a un recurso efectivo, previsto en los preceptos transcritos, pues se advierte que sin tomar en consideración que el promovente era el sentenciado privado de su libertad, desechó un recurso de apelación, porque el mismo no cumplía con los requisitos formales, al haberlo interpuesto en una diligencia de notificación y sin formular conceptos de agravio (razonamientos jurídicos) en los que se expusiera el porqué la ley aplicada por el Juez de primera instancia al emitir la resolución impugnada le causaba perjuicio.
Es decir, el Magistrado responsable en contravención al citado derecho humano de mérito, desechó el recurso de apelación interpuesto por **********, en contra de la resolución en la que se negaba a declarar prescrita la pena y otorgar el beneficio de libertad preparatoria y remisión parcial de la pena, sin tomar en consideración que con su actuar limitaba al citado sentenciado de acceder al recurso efectivo, aun cuando el medio de impugnación era el adecuado para recurrir, a fin de que le permitiera alcanzar la protección judicial requerida.
Lo anterior, porque si bien la autoridad responsable fundó su actuación en el artículo 415 del Código de Procedimientos Penales del Estado,(7) en el que se establece que la apelación se presentará por escrito y que en el mismo se debían expresar las violaciones procedimentales que se estimaran se hayan cometido previo al dictado de la resolución o audiencia en la que se haya dictado la misma; también lo cierto es que al tratarse del sentenciado privado de su libertad, debió facilitar el acceso al citado recurso, tomando en consideración que al estar recluido las facilidades para formular un recurso por escrito y con expresión de agravios, no son las mismas a una persona que tiene la facultad de acudir personalmente ante los tribunales para ejercer su derechos; además que su derecho a expresar agravios no se limitaba al momento de la interposición de la apelación, sino que una vez interpuesto el recurso, el tribunal de alzada, a fin de garantizar el acceso al citado medio de impugnación, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 17 constitucional y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, podrá prevenir al inculpado a formularlos en cualquier momento, incluso, en la audiencia a que se refiere el numeral 418 del Código de Procedimientos Penales, en la cual tiene la facultad de exponer lo que estime pertinente respecto del acto que pretende que se revise en la segunda instancia.
Ello, sin demérito de que en materia penal no es necesario la expresión de agravios acorde a los principios constitucionales.
Dicho en otras palabras, el Magistrado responsable, previo a desechar el recurso, debió tomar en consideración que era intención del quejoso interponer el multicitado medio de impugnación, puesto que así lo plasmó en la notificación de la resolución de tres de enero de dos mil doce; que ese recurso era el idóneo para activar la segunda instancia (artículo 14 de la Ley de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad)(8) y que el impetrante se encontraba privado de su libertad, lo cual implicaba que sus posibilidades de acudir con las formalidades que refiere el artículo 415 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua (por escrito con expresión de agravios), se reducen, en principio, en comparación de una persona en libertad y, en segundo, el estudio debe ser oficioso sobre la materia de la litis tratándose de la materia penal, pues la revisión de los derechos humanos es de oficio; por lo que la autoridad responsable, en protección al derecho humano de acceso a la justicia, debió de haber admitido el citado medio de impugnación y analizarlo en suplencia de la queja, además de hacerle saber que podía formular los agravios que considerara pertinentes.
En este tópico, se comparte el criterio sustentado por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito,(9) que es del tenor literal siguiente:
"ACCESO A LA JUSTICIA. LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEBEN EVITAR, EN TODO MOMENTO, PRÁCTICAS QUE TIENDAN A DENEGAR O LIMITAR ESE DERECHO.-A fin de satisfacer efectivamente el derecho fundamental de acceso a la justicia, debe acudirse al artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el cual prescribe la obligación por parte del Estado, de conceder a toda persona bajo su jurisdicción, un recurso judicial efectivo contra actos violatorios de derechos, los cuales pueden estar reconocidos tanto en la legislación interna, como en la propia convención. Asimismo, en la interpretación que se ha hecho de este numeral por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha sido criterio sostenido
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25986-ef879788/recurso-de-apelacion-en-el-nuevo-sistema-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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