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Modo: Corpus Pro

INCONFORMIDAD CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA CUMPLIDA UNA SENTENCIA DE AMPARO. EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO NO ESTÁ OBLIGADO A EXAMINAR SU LEGALIDAD, SI AQUÉLLA SE INTERPUSO EXTEMPORÁNEAMENTE.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 363/2013. · Registro digital (IUS): 24781
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2014-01-24
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO Y SEGUNDO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 2, Enero de 2014, Tomo II, Pág. 1483.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 363/2013. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO Y SEGUNDO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO. 21 DE NOVIEMBRE DE 2013. CINCO VOTOS. PONENTE: LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. SECRETARIA: AMALIA TECONA SILVA.

CONSIDERANDO:

4. PRIMERO. Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción II, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero y segundo del Acuerdo General Número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de este Máximo Tribunal, toda vez que el presente expediente versa sobre la posible contradicción de criterios de Tribunales Colegiados de distintos circuitos derivados de asuntos que corresponden a la materia administrativa, que es de la especialidad de esta Sala.

5. Resulta ilustrativa la tesis P. I/2012 (10a.) del Pleno de este Máximo Tribunal, con el rubro y datos de publicación siguientes:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE DIFERENTE CIRCUITO. CORRESPONDE CONOCER DE ELLAS A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN XIII, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011)." [Tesis P. I/2012 (10a.), aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 9, Libro VI, Tomo 1, marzo de 2012, de la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, número de registro IUS: 2000331]

6. SEGUNDO. Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción II, de la Ley de Amparo, toda vez que fue formulada por un Magistrado integrante del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, órgano jurisdiccional que emitió uno de los criterios denunciados como divergentes.

7. TERCERO. Ejecutorias contendientes. Con el propósito de establecer si existe o no la contradicción de tesis denunciada, resulta conveniente transcribir, para su posterior análisis, las consideraciones en que se apoyaron las respectivas resoluciones de los Tribunales Colegiados contendientes.

8. I. El Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, al resolver el recurso de reclamación 12/2013, en sesión de quince de agosto de dos mil trece, sostuvo, en la parte que interesa, lo siguiente:

"SEXTO. ... En otro orden de ideas, resulta infundado el segundo agravio aducido por el reclamante, atento a las consideraciones jurídicas que enseguida se precisan: Es cierto que todos los tribunales del país, incluidos, desde luego, los Jueces de Distrito y los Magistrados de los Tribunales Colegiados de Circuito, se encuentran obligados a examinar si existe violación a los derechos humanos no sólo desde un ámbito estrictamente constitucional, sino también bajo la óptica de la convencionalidad, de acuerdo al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en función al principio pro personae (previsto en el artículo 29 del Pacto de San José), lo que implica efectuar la interpretación más favorable para el efectivo goce y ejercicio de los derechos y libertades fundamentales, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Empero, también cierto lo es que el derecho humano al acceso a la justicia no constituye una puerta abierta para que un particular cuestione todo acto de autoridad, en el momento en que se le antoje y sin respetar las reglas previstas en los ordenamientos jurídicos que regulan los procedimientos jurisdiccionales, por virtud de los cuales plantean la referida impugnación, sino que, por el contrario, el derecho de acceso a la justicia debe ser ejercido por el gobernado a través de los procedimientos y conforme a las reglas previstas en la ley, a menos que éstas se encuentren en contravención con la Constitución o los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por el Estado Mexicano. Ello, porque tanto el derecho de acceso a la justicia como el derecho a un recurso judicial efectivo se encuentran limitados en cuanto a su ejercicio, pues requieren el cumplimiento de los presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia que prevé la ley, así como hacerse valer con la oportunidad prevista ya para la presentación de la demanda de amparo, ya para la interposición de un recurso o medio de impugnación. Al respecto, es aplicable la tesis aislada XI.1o.A.T.3 K (10a.), sustentada por este Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, cuyos rubro y texto son del tenor siguiente: ‘ACCESO A LA JUSTICIA. ES UN DERECHO LIMITADO, POR LO QUE PARA SU EJERCICIO ES NECESARIO CUMPLIR CON LOS PRESUPUESTOS FORMALES Y MATERIALES DE ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA, ASÍ COMO DE OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO.’ (transcribe). De donde se sigue que aun cuando se haya desechado la inconformidad promovida por el autorizado del quejoso contra el auto que declaró cumplida la ejecutoria de amparo, lo cierto es que no se restringió su derecho de acceso a la justicia ni el relativo a contar con un recurso efectivo. Se considera de ese modo, precisamente, porque el quejoso tiene la calidad de parte en el juicio de amparo del que deriva la inconformidad planteada y, en ese juicio constitucional, deben respetarse las formalidades esenciales del procedimiento; de modo que si el quejoso tuvo la posibilidad real de impugnar oportunamente la resolución que a su parecer le causó perjuicio, y no lo hizo, dado que promovió la inconformidad cuando ya había fenecido el plazo previsto en la ley para hacerla valer, es de concluirse que tanto el legislador ordinario como el Magistrado presidente de este Tribunal Colegiado en modo alguno vulneraron el derecho esencial de tutela judicial efectiva o el de acceso a un recurso judicial efectivo, toda vez que, el primero, estableció un término prudente para hacer valer la inconformidad y, el segundo, constató que el autorizado del quejoso no actuó con la oportunidad requerida dentro de ese plazo legal. Habida cuenta que el acceso a la justicia y/o a un recurso efectivo, que complementan el derecho humano conocido como tutela judicial efectiva, no es un derecho absoluto sino relativo, por cuanto que permite excepciones, ya que está sujeto a los plazos y términos que al efecto se establecen para su ejercicio. Además de que el principio pro persona, previsto en el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos -al que deben atender todos los tribunales en la interpretación de las normas legales- no es fundamento para omitir el estudio de los aspectos técnicos legales relacionados con la procedencia del juicio de amparo o de los recursos que se prevén en la ley relativa, toda vez que la interpretación pro persona se traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance de los derechos humanos ante la existencia de dos normas que regulan o restringen el derecho de manera diversa, a efecto de elegir la que sea más favorable a la persona humana, acudiendo a la norma jurídica que consagre el derecho de la manera más extensiva o al precepto legal que lo restrinja en menor medida; de modo que este principio interpretativo no puede utilizarse -como lo pretende el reclamante- como fundamento para ignorar el cumplimiento de los requisitos de procedencia en el juicio de amparo y sus recursos. Sobre este aspecto, son aplicables las tesis aisladas 1a. CCLXXVI/2012 (10a.) y 1a. LXXXIV/2013 (10a.), ambas sostenidas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establecen lo siguiente: ‘PRINCIPIO PRO PERSONA. NO ES FUNDAMENTO PARA OMITIR EL ESTUDIO DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS LEGALES EN EL JUICIO DE AMPARO.’ (transcribe). ‘PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA.’ (transcribe). De ahí que la determinación del Magistrado presidente de este Tribunal Colegiado de Circuito, de desechar la inconformidad interpuesta por el autorizado del quejoso, no implica una violación a sus derechos humanos y menos al de acceso a la justicia y a un recurso efectivo, porque la circunstancia de que las leyes ordinarias establezcan plazos y condiciones para ejercer ese derecho, no implica que sean inconvencionales, pues aun cuando toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un Juez o tribunal competente; debe entenderse que ese derecho no es ilimitado, pues para que el mismo pueda ser ejercido, es necesario tomar en cuenta los presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia para ese tipo de acciones o recursos, lo cual, además, brinda certeza jurídica. De igual forma, ese derecho de ninguna manera puede entenderse en el sentido de que pueda ejercerse en cualquier tiempo y sin necesidad de agotar las condiciones previstas en ley, como en el caso se consideró, pues ello se traduciría en la imposibilidad de que los tribunales puedan impartir justicia conforme a las formalidades esenciales del procedimiento, por estar sujetos a la voluntad de los particulares de impugnar cualquier cosa sin sujeción a las normas procedimentales. De ahí que si el gobernado no cumple con uno de los requisitos formales de admisibilidad establecidos en la propia Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya para acceder al juicio de amparo directo o indirecto, ya para interponer alguno de los medios de impugnación que se prevén en la propia Ley de Amparo, como la inconformidad, el órgano jurisdiccional respectivo se encuentra facultado, ya para desechar el juicio de amparo, ya para declarar improcedente el recurso, sin que con ello pueda estimarse que se viola en perjuicio del gobernado su derecho de acceso a la justicia o a un recurso judicial efectivo, pues éste debe atender el requisito de procedencia ateniente a las reglas que rige dicho proceso constitucional, entre ellas, la oportunidad prevista en la ley de la materia. Atento a lo anterior, este Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito no comparte el sentido de la tesis IV.2o.A.17 K (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, cuyo contenido es el siguiente: ‘INCONFORMIDAD CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA CUMPLIDA UNA EJECUTORIA DE AMPARO. AUN CUANDO EL ESCRITO RELATIVO SE PRESENTE FUERA DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 105 DE LA LEY DE AMPARO, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEBE ANALIZARLA OFICIOSAMENTE, POR TRATARSE DE UNA CUESTIÓN DE ORDEN PÚBLICO AL TENOR DE LOS ARTÍCULOS 80 DE LA CITADA LEY Y 25, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS.’ (transcribe). Ello, porque las reformas a los artículos 1o. y 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que obliga a todos los órganos jurisdiccionales a ejercer el control difuso de convencionalidad ante la violación de los derechos humanos, no implica que la existencia de un recurso judicial accesible y efectivo proceda independientemente de que no se acaten las disposiciones reglamentarias que lo regulan, toda vez que ello llevaría a una anarquía judicial en la que no existiría certeza jurídica para las partes, en virtud de que cualquier gobernado podría cuestionar una resolución ya emitida, con el solo argumento de invocar violación a sus derechos humanos aun cuando ya hubiese fenecido el plazo previsto en la norma para hacer valer el referido medio de defensa. Fomentar esta anarquía jurídica sería, incluso, más perjudicial para la debida protección de los derechos humanos, ya que no debe perderse de vista que -por regla general- frente a una pretensión existe una resistencia, y que cuando existe una parte que se dice agraviada dentro de un proceso judicial existen otras que tienen el mismo derecho a que prevalezca la cosa juzgada, obteniendo así una certeza jurídica sobre lo que ya fue objeto de una resolución judicial. En ese tenor, la circunstancia de que el debido cumplimiento de la sentencia de amparo sea una cuestión de orden público, como lo ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no implica que en todos los casos deba estimarse procedente el recurso de inconformidad hecho valer contra la resolución que estimó cumplida la sentencia de amparo, ya que este medio de impugnación está sujeto a los requisitos y límites que la propia norma procedimental establece y que constituye una formalidad esencial del procedimiento; máxime que la suplencia de la deficiencia de la queja no implica soslayar las cuestiones de improcedencia, tal como lo ha establecido el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia P./J. 7/2006, del tenor siguiente: ‘SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO. NO IMPLICA SOSLAYAR CUESTIONES DE PROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS.’ (transcribe). En consecuencia, con apoyo en las razones expuestas con antelación, se reitera que el presente recurso de reclamación es infundado." (el subrayado es nuestro)

9. II. Asimismo, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, al resolver la inconformidad 7/2012, en sesión de veintiuno de junio de dos mil doce, sostuvo, en la parte que interesa, lo siguiente:

"SEGUNDO. Cuestión previa. La inconformidad se interpuso fuera del plazo de cinco días a que alude el artículo 105 de la Ley de Amparo, pues el auto en el que se declaró cumplida la sentencia de amparo fue notificado el siete de marzo de dos mil doce; y el escrito relativo se presentó ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en el Estado hasta el once de mayo siguiente. Sin embargo, ello no constituye un impedimento para que este Tribunal Colegiado analice oficiosamente el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, aun tomando en cuenta los argumentos expuestos por el inconforme en el escrito relativo. Para arribar a esta conclusión es conveniente efectuar las siguientes reflexiones: El diez de junio de dos mil once se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma al artículo 1o. de la Constitución Federal para quedar, en sus primeros tres párrafos, como sigue: ‘En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar, los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad, y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. ...’. De este modo, todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas a velar no sólo por los derechos humanos contenidos en los instrumentos internacionales firmados por el Estado Mexicano, sino también por los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, lo que se entiende en la doctrina como el principio pro persona. Estos mandatos contenidos en el nuevo artículo 1o. constitucional deben leerse junto con lo establecido por el diverso artículo 133 de la Constitución Federal, para determinar el marco dentro del que debe realizarse este control de convencionalidad, lo cual claramente será distinto al control concentrado que tradicionalmente operaba en nuestro sistema jurídico. Ahora, la defensa de los derechos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a partir de esta reforma constitucional, se concreta mediante los instrumentos legales al tenor de los cuales se limite el poder de las autoridades; así, el control constitucional hace específica la necesidad de privilegiar y hacer eficaz el respeto a las prerrogativas señaladas por el Constituyente. A partir de las reformas a los artículos 1o. y 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación los días diez y seis de junio de dos mil once, los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, ante la violación de los derechos humanos, deben ejercer el control de convencionalidad difuso, al ampliarse su competencia en cuanto al objeto de protección del juicio de amparo, es decir, afines a la lógica internacional, se extiende el espectro de protección en materia de derechos humanos y, dada la necesidad de constituir al juicio de amparo en un medio más eficiente de autolimitar el abuso de la actuación de las autoridades públicas, se amplía el marco de protección de ese proceso, extendiendo la materia de control. En ese sentido, el propio Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que existen dos grandes vertientes dentro del modelo de control de constitucionalidad en el orden jurídico mexicano, que son acordes con el modelo de control de convencionalidad ex officio en materia de derechos humanos a cargo del Poder Judicial. En primer término, el control concentrado en los órganos del Poder Judicial de la Federación con vías directas de control: acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales y amparo directo e indirecto. En segundo término, el control por parte del resto de los Jueces del país en forma incidental durante los procesos ordinarios en los que son competentes, esto es, sin necesidad de abrir un expediente por cuerda separada. A este respecto, la superioridad destacó que ambas vertientes de control se ejercen de manera independiente y la existencia de este modelo general de control no requiere que todos los casos sean revisables e impugnables en ambas, esto es, se trata de un sistema concentrado en una parte y difuso en otra, lo que permite que sean los criterios e interpretaciones constitucionales, ya sea por declaración de inconstitucionalidad o por inaplicación, de los que conozca la Suprema Corte para que determine cuál es la interpretación constitucional que finalmente debe prevalecer en el orden jurídico nacional. Además de que todas las demás autoridades del país en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de aplicar las normas correspondientes haciendo la interpretación más favorable a la persona para lograr su protección más amplia, sin tener la posibilidad de inaplicar o declarar su incompatibilidad. Lo anterior ha sido sostenido en la tesis LXX/2011, que dice textualmente: ‘SISTEMA DE CONTROL CONSTITUCIONAL EN EL ORDEN JURÍDICO MEXICANO.’ (transcribe). Ahora bien, atendiendo a lo anterior, debe destacarse que mediante el juicio de amparo se protegen directamente, además de las garantías que preveía nuestra Constitución, los derechos humanos reconocidos por ésta, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, en los que operan los principios de progresividad, universalidad, interdependencia e indivisibilidad, mediante la expresión clara del principio pro persona como rector de la interpretación y aplicación de las normas jurídicas, en aquellas que brinden una mayor protección a las personas, lo que mira hacia la justiciabilidad y eficacia de los derechos que, a la postre, tiende al mejoramiento de las condiciones de vida de la sociedad y al desarrollo de cada persona en lo individual. A este respecto, también el Tribunal Pleno de la Suprema Corte, en la tesis LXIX/2011, ha delimitado cuáles son los pasos a seguir en el control de constitucionalidad y convencionalidad ex officio en materia de derechos humanos. Precisó que la posibilidad de inaplicación de leyes por los Jueces del país, en ningún momento supone la eliminación o el desconocimiento de la presunción de constitucionalidad de ellas, sino que, precisamente, parte de esta presunción, al permitir hacer el contraste previo a su aplicación. Así, el Poder Judicial, al ejercer un control de convencionalidad ex officio en materia de derechos humanos, deberá realizar los siguientes pasos: a) Interpretación conforme en sentido amplio, lo que significa que los Jueces del país -al igual que todas las demás autoridades del Estado Mexicano-, deben interpretar el orden jurídico a la luz y conforme a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales en los cuales el Estado Mexicano sea parte, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia; b) Interpretación conforme en sentido estricto, lo que significa que cuando hay varias interpretaciones jurídicamente válidas, los Jueces deben, partiendo de la presunción de constitucionalidad de las leyes, preferir aquella que hace a la ley acorde a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, para evitar incidir o vulnerar el contenido esencial de estos derechos; y, c) Inaplicación de la ley cuando las alternativas anteriores no son posibles. Por último, la superioridad precisó que lo anterior no afecta o rompe con la lógica de los principios de división de poderes y de federalismo, sino que fortalece el papel de los Jueces, al ser el último recurso para asegurar la primacía y aplicación efectiva de los derechos humanos establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los cuales el Estado Mexicano es parte. Y así, se emitió la tesis que dice textualmente: ‘PASOS A SEGUIR EN EL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS.’ (transcribe). En congruencia con todo lo anterior, el Tribunal Pleno sostuvo que es precisamente en la función jurisdiccional -como está indicado en la última parte del artículo 133, en relación con el 1o. constitucionales- en donde los Jueces están obligados a preferir los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales, aun a pesar de las disposiciones en contrario que se encuentren en cualquier norma inferior. Ello, en la tesis LXVII/2011, que dice: ‘CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN UN MODELO DE CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD.’ (transcribe). Esto puede resumirse en el sentido de que el Poder Judicial, al ejercer un control de convencionalidad ex officio en materia de derechos humanos, deberá realizar una interpretación conforme en sentido amplio -interpretación del orden jurídico a la luz y conforme a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales en los cuales el Estado Mexicano sea parte, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia- o en sentido estricto -lo que implica que cuando haya varias interpretaciones jurídicamente válidas, partiendo de la presunción de constitucionalidad de las leyes, debe preferirse aquella más acorde a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales- para evitar incidir o vulnerar el contenido esencial de estos derechos y, en última instancia, inaplicar la ley cuando esas alternativas no son posibles, pues es precisamente en esa función jurisdiccional en donde los Jueces deben preferir los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales, aun a pesar de las disposiciones en contrario que se encuentren en cualquier norma inferior. Ahora bien, el artículo 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, suscrita en San José, Costa Rica, el veintidós de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve -aprobada por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión el dieciocho de diciembre de mil novecientos ochenta, publicada en el Diario Oficial de la Federación el siete de mayo de mil novecientos ochenta y uno-, dispone básicamente que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los Jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la propia convención. En relación a lo anterior y según el criterio interpretativo de la Corte Interam

ricana de Derechos Humanos -al cual los Jueces mexicanos pueden acudir en términos de lo considerado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el expediente varios 912/2010 (caso Radilla Pacheco)- la obligación a cargo de los Estados miembros derivada del artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se traduce en prever la existencia de un recurso judicial accesible y efectivo contra actos que violen derechos fundamentales, lo que implica que el órgano dirimente previsto por el respectivo sistema legal decida sobre los derechos de toda persona que lo interponga y se garantice el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso. Es decir, el sentido de la protección otorgada por el artículo en cuestión consiste en la posibilidad real de acceder a un recurso judicial para que la autoridad competente y capaz de emitir una decisión vinculante determine si ha habido o no una violación a algún derecho que la persona que reclama estima tener y que, en caso afirmativo, el recurso sea útil para restituir al interesado en el goce de su derecho y repararlo. Por otro lado, es conveniente reproducir el contenido de los artículos 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 80 y 113, primer párrafo, de la Ley de Amparo: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ‘Artículo 107.’ (transcribe). Ley de Amparo. ‘Artículo 80.’ (transcribe). ‘Artículo 113.’ (transcribe). De la norma constitucional reproducida se advierten, en términos generales, los procedimientos para obtener el puntual y eficaz cumplimiento de las ejecutorias de amparo cuando la autoridad incurre en un total incumplimiento o cuando lo hace defectuosamente, así como lo relativo a la repetición del acto reclamado y al cumplimiento sustituto de las sentencias de amparo. Y -en lo que aquí interesa- se señala que no podrá archivarse ningún juicio de amparo sin que se haya cumplido la sentencia que concedió la protección constitucional. Asimismo, en el artículo 113 de la Ley de Amparo se repite la regulación constitucional antes destacada, en el sentido de que no podrá archivarse ningún juicio de amparo sin que quede enteramente cumplida la sentencia en que se haya concedido al agraviado la protección constitucional, quedando a cuidado del Ministerio Público el cumplimiento de esa disposición. Y por su parte, en el artículo 80 se establece que la sentencia que conceda el amparo tendrá por objeto restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; esta intención restitutoria implica, evidentemente, reintegrar, como expresamente se dispone, el goce del derecho que haya sido violentado. Este principio restitutorio implica la obligación de las autoridades responsables de dejar insubsistente el acto reclamado -si es positivo como en el caso- y todas sus consecuencias, para así restablecer efectivamente el orden constitucional y verdaderamente dejar las cosas en su estado previo a la violación cometida. Apoyan lo expuesto las siguientes tesis: ‘AMPARO, EFECTO RESTITUTORIO DEL.’ (transcribe). ‘AMPARO, EFECTOS RESTITUTORIOS DEL.’ (transcribe). ‘SENTENCIAS DE AMPARO, EFECTO RESTITUTORIO DE LAS.’ (transcribe). Pues bien, tanto la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como la Ley de Amparo establecen que ningún juicio de amparo será archivado hasta que la sentencia que concedió la protección constitucional haya quedado enteramente cumplida; lo que es completamente acorde con el artículo 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos precisado en un principio, en tanto que con esa regulación el juicio de amparo puede considerarse como un recurso efectivo, en el que el órgano dirimente previsto por el respectivo sistema legal decide sobre los derechos de toda persona que lo interponga y se garantiza el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente ese recurso; este último aspecto que, como se dijo, se refleja precisamente en el principio restitutorio contenido en el artículo 80 antes comentado. En relación con lo anterior, si se toma en cuenta lo dispuesto en los artículos 107 constitucional -en la parte que aquí interesa ya destacada- y 113 de la Ley de Amparo, válidamente puede concluirse que el cumplimien

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24781-b3982b1e/inconformidad-contra-la-resolucion-que-declara-cumplida-una · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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