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Modo: Corpus Pro

AMPARO DIRECTO. ES PROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DECRETA FIRME EL SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA PENAL (LEGISLACIÓN FEDERAL Y DE LOS ESTADOS DE MÉXICO Y DE CHIAPAS).

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 280/2013. · Registro digital (IUS): 25753
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2015-08-07
Promovente: SUSCITADA ENTRE EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO, EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO Y EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 21, Agosto de 2015, Tomo I , Pág. 409.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 280/2013. SUSCITADA ENTRE EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO, EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO Y EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO. 22 DE ABRIL DE 2015. LA VOTACIÓN SE DIVIDIÓ EN DOS PARTES: MAYORÍA DE CUATRO VOTOS POR LA COMPETENCIA. DISIDENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS Y ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA, EN CUANTO AL FONDO. PONENTE: ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA. SECRETARIO: SAÚL ARMANDO PATIÑO LARA.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-Competencia. Esta Primera Sala es competente para conocer y resolver la presente contradicción de tesis de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107, fracción XIII, de la Constitución Federal; y, 226, fracción II, de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, en relación con los puntos segundo, fracción VII y tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de diversos circuitos y, si bien, son tres los órganos jurisdiccionales involucrados, de los cuales dos de ellos pertenecen al mismo circuito, ello no impide su análisis por parte de este Alto Tribunal, para no dividir la continencia del asunto.

Lo anterior con base, además, en la decisión adoptada por el Pleno de este Alto Tribunal en sesión pública de once de octubre de dos mil once, derivada de la diversa contradicción de tesis número 259/2009, tal como se desprende de la tesis aislada de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE DIFERENTE CIRCUITO. CORRESPONDE CONOCER DE ELLAS A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN XIII, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011)."(1)

SEGUNDO.-Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, segundo párrafo, constitucional; y 227, fracción II, de la Ley de Amparo,(2) pues la denuncia fue formulada por el Pleno del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, al resolver el amparo directo **********, en sesión de dieciséis de mayo de dos mil trece, que sustentó un criterio que estima contradictorio al de dos Tribunales Colegiados de distintos circuitos.

TERCERO.-Posturas contendientes. Para establecer la materia de estudio de la contradicción de criterios denunciados, es preciso señalar brevemente los antecedentes que dieron origen a las resoluciones de los Tribunales Colegiados de Circuito involucrados y, enseguida, los argumentos torales en que descansaron sus posturas.

(1) El Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, al emitir el juicio de amparo directo **********, promovido por la parte ofendida del delito, en sesión de dieciséis de mayo de dos mil trece, aplicó la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece y determinó que es competente para conocer del asunto un Juez de Distrito, al considerar que el acto reclamado es impugnable a través de un juicio de amparo indirecto.

- Consideraciones fácticas:

El acto reclamado lo constituyó la resolución de treinta de abril de dos mil doce, emitida por el Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Chiapas, en la causa penal **********, en la que negó la orden de aprehensión contra dos personas al advertir que había prescrito la acción penal y decretó el sobreseimiento de la causa penal, determinación que al causar estado tendría efectos de cosa juzgada, en términos del artículo 304 del Código Federal de Procedimientos Penales, asimismo, reclamó como acto destacado el auto que causó estado a esa determinación.(3)

- Argumentos centrales de la resolución:

"SEGUNDO.-Resulta innecesario ocuparse de la sentencia recurrida y de los agravios esgrimidos, toda vez que este órgano colegiado advierte que carece de competencia legal para conocer del presente juicio de amparo.-En efecto, el artículo 107, párrafo primero, fracción V, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece lo siguiente: (lo transcribe). Por su parte, los numerales 44, 46 y 158, de la Ley de Amparo, en el orden enunciado, textualmente establecen lo siguiente: (los transcribe). De una interpretación armónica y sistemática de los numerales preinsertos, básicamente se obtienen los siguientes principios: 1) Los Tribunales Colegiados de Circuito son legalmente competentes para conocer del juicio de amparo en la vía directa; 2) El juicio de amparo directo es procedente contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, respecto de las cuales no proceda ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificadas o revocadas; 3) Se entiende por sentencias definitivas las que decidan el juicio en lo principal, y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas; 4) También son sentencias definitivas las dictadas por tribunales administrativos o judiciales, no reparables por algún recurso, juicio o medio ordinario de defensa legal; 5) Se entiende por resoluciones que ponen fin al juicio, aquellas que sin decidir el juicio en lo principal, lo dan por concluido, y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario por virtud del cual, puedan ser modificadas o revocadas.-Como se ve, los Tribunales Colegiados de Circuito son legalmente competentes para conocer de los juicios de amparo directo, en los que se reclamen laudos o sentencias definitivas que deciden el juicio en lo principal, y respecto de las cuales, las leyes comunes no concedan recurso ordinario por el que puedan ser modificadas o revocadas, o contra resoluciones que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido, sin que proceda contra ellas recurso alguno, por el cual puedan ser revocadas o modificadas.-Así las cosas, es importante destacar que, el acto reclamado y la autoridad responsable en este juicio de garantías se hace consistir en lo siguiente: ‘III. Autoridades responsables: Señalo como ordenadora al Juzgado 1o.(sic) de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Chiapas, quien tiene su domicilio ubicado en el Centro de Readaptación Social «El Amate» del Distrito Judicial de Cintalapa de Figueroa, Chiapas y, como ejecutora señalo al C. Secretario de Acuerdos del Juzgado 1o. de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Chiapas, quien tiene su domicilio ubicado en el Centro de Readaptación Social «El Amate» del Distrito Judicial de Cintalapa de Figueroa, Chiapas.’.-‘IV. Acto reclamado: De la ordenadora le reclamo el contenido íntegro del proveído de fecha **********, dictado en la causa penal número **********, en el cual impone negar la orden de aprehensión solicitada en contra de los doctores ********** y **********, como probables responsables en la comisión del delito de lesiones culposas, agravadas por responsabilidad profesional, previsto y sancionado en el artículo 292, con relación al 228 y 60 todos del Código Penal Federal; y, de la ejecutora el cumplimiento de no librar la orden de aprehensión solicitada por el órgano de acusación de la Federación.’.-Del texto transcrito se advierte que, el acto reclamado consiste en la resolución dictada por el Juez de Primera instancia, en la que determinó decretar el sobreseimiento de la causa penal, derivado de la negativa de emitir la orden de aprehensión solicitada en contra de los inculpados ********** y **********, como probables responsables en la comisión del delito de lesiones culposas, agravadas por responsabilidad profesional, en razón de que a su juicio la acción penal se encontraba prescrita.-Lo que de primer momento, bajo la óptica de la regla general de procedencia del juicio de amparo directo, se trataría de una resolución que sin resolver el fondo del juicio en lo principal, lo da por concluido.-Sin embargo, este Tribunal Colegiado, considera que en el caso que nos ocupa, nos encontramos en presencia de una excepción a esa regla, cuando se trata del ofendido o la víctima, quien acude al juicio de garantías impugnando una resolución de esa naturaleza.-En efecto, para arribar a la anterior conclusión, es menester precisar los siguientes aspectos: ... a) El papel de la víctima u ofendido en el proceso penal.-Ha sido criterio reiterado de nuestro Máximo Tribunal funcionando en Pleno y Salas, que las partes interesadas que integran ese juicio la constituyen el Ministerio Público, el inculpado con defensor y la víctima u ofendido con asesor, aspecto este último, que es el más notable para nuestro estudio, por las razones siguientes: ... El resultado de la exploración a nivel constitucional es concluyente: la posición que guarda la víctima o el ofendido del delito frente al proceso penal -y aplicable también en la etapa preliminar de averiguación previa-, desde la óptica de las prerrogativas que otorga a su favor la Constitución Federal, es de ‘parte procesal’ con derecho a intervenir activamente en la misma.-Las anteriores reformas otorgaron legitimación a la víctima para constituirse como parte activa en el proceso penal. ... La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a fin de resaltar el objetivo y finalidad de la acción constitucional de amparo, precisó que en atención al principio de supremacía constitucional, la legitimación del ofendido o víctima del delito para promover el juicio de amparo, debe regirse por el Texto Constitucional y los principios contenidos en el mismo, respecto de todos aquellos supuestos en que sufra un agravio personal y directo de alguna de las garantías individuales consagradas a su favor. ... Así, afirmó la Primera Sala, que la garantía del ofendido o víctima del delito a la reparación del daño, no podía hacerse nugatoria por un deficiente o insuficiente desarrollo normativo por parte del legislador secundario, por lo que estaba legitimado para participar con el carácter de tercero perjudicado en un juicio de amparo indirecto, en los casos en que el acto reclamado, si bien no se refería en forma directa a dicha figura reparatoria, sí le afectaba en los hechos.-De ese modo, es clara la participación activa en reclamo de la protección de las garantías individuales consagradas a su favor por la Constitución Federal, de parte de la víctima u ofendido del delito.-Cabe reiterar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sido enfática en precisar que la víctima u ofendido del delito está legitimada para accionar, con el carácter de parte quejosa, el juicio de amparo contra aquellos actos de autoridad que representen un agravio personal y directo a sus garantías individuales, contenidas en el apartado B del artículo 20 de la Constitución Federal -con anterioridad a la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho-, entre las que se comprenden los supuestos de procedencia establecidos en el artículo 10 de la Ley de Amparo.-De ahí que como partes en el proceso penal, se reconozca a las víctimas u ofendidos el derecho a reclamar mediante el juicio de amparo, los siguientes: I. Los actos emanados del incidente de reparación o de responsabilidad civil; II. Los actos surgidos dentro del procedimiento penal y relacionados inmediata y directamente con el aseguramiento del objeto del delito y de los bienes que estén afectos a la reparación o a la responsabilidad civil; y, III. Las resoluciones del Ministerio Público que confirmen el no ejercicio o el desistimiento de la acción penal. ... Precisado lo anterior, procede ahora abordar la segunda cuestionante relacionada en cuanto a: ‘b) qué debe entenderse por juicio en materia penal’.-En principio, debe destacarse que si bien, el procedimiento penal es único, en términos de los artículos 1 y 4 del Código Federal de Procedimientos Penales, dicho procedimiento consta de siete etapas, sin embargo, sólo se hará referencia a tres de ellas para resolver el tema jurídico que nos ocupa.-De este modo, las fases en comento son: a) La averiguación previa, en la que deben llevarse a cabo las diligencias legalmente necesarias para que el Ministerio Público pueda resolver si ejercita o no la acción penal; esta fase inicia desde la integración de la indagatoria hasta su consignación al Juez Penal.-b) La preinstrucción, en que se realizan las actuaciones para determinar los hechos materia del proceso, la clasificación provisional de éstos conforme al tipo penal aplicable y la probable responsabilidad del indiciado, o bien, en su caso, la libertad de éste por falta de elementos para procesar. Esta fase inicia a partir de la radicación de la averiguación hasta la emisión del auto de formal prisión o sujeción a proceso, o libertad por falta de elementos para procesar.-c) La de instrucción, que abarca las diligencias practicadas por los tribunales con el fin de averiguar y probar la existencia del delito, las circunstancias en que hubiese sido cometido y las peculiares del inculpado, así como la responsabilidad o irresponsabilidad penal de éste. Esta etapa comienza con posterioridad al dictado del auto de bien preso o de sujeción a proceso, y concluye con la formulación de las conclusiones acusatorias o inacusatorias.-Si bien es cierto que las anteriores etapas procesales implican una unidad, sin embargo, también lo es que éstas tienen independencia procesal, entre una y otra, así por ejemplo, el Ministerio Público, cambia de naturaleza durante la secuela procedimental, puesto que en la averiguación previa actúa como autoridad, y en las restantes etapas lo hace como una parte procesal subordinada a las decisiones de autoridad del órgano jurisdiccional.-De acuerdo a lo antes analizado, debe entenderse por juicio en el proceso penal, el conjunto de etapas que han quedado señaladas y cuyas resoluciones emitidas en las mismas constituyen actos de los previstos en el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo.-En ese orden de ideas, y precisado el papel de la víc

ima u ofendido en el proceso penal, las fases de éste y su legitimación para acudir al juicio de amparo, procede ahora analizar la tercera cuestionante, relativa a: ‘c) la naturaleza de la extinción de la acción penal y sus consecuencias jurídicas.’.-Pues bien, durante la etapa de averiguación previa, preinstrucción e instrucción, se dictan diversas resoluciones preventivas, entre las que destacan por su trascendencia la extinción de la acción penal.-Así tenemos en una primera hipótesis, si el Juez de la causa niega la extinción de la acción penal, esta resolución podría ser impugnada por el inculpado, a través de los medios ordinarios o extraordinarios de defensa (apelación o juicio de amparo), que tiene a su alcance.-En cambio, en una segunda hipótesis, que es la que nos ocupa, consistente en la declaración de extinción de la acción penal por parte de la autoridad, ésta impactaría directamente en la víctima u ofendido, que vería trastocada la posibilidad de que le fuera reparado el daño y no sólo eso, sino que quedara impune el hecho que considera delictivo.-Por otro lado, en las fases procedimentales es el representante social en la averiguación previa y el Juez del proceso, quienes tienen la facultad de emitir fallos preventivos.-Ejemplo de ello son los siguientes: En la averiguación previa, el Ministerio Público Federal, con fundamento en el artículo 137 del Código Federal de Procedimientos Penales, tiene atribuciones para emitir resolución preventiva sobre el no ejercicio, cuando se acredite que la acción penal se ha extinguido.-El Juez de la causa, en la fase de preinstrucción, de acuerdo con el artículo 101 del Código Penal Federal, tiene atribuciones para analizar de oficio (artículo 142 del Código Federal de Procedimientos Penales), la extinción de la acción penal, razón por la que en esa fase puede emitir cuatro tipos de resoluciones preventivas; a) negativa de orden de aprehensión; b) negativa de orden de comparecencia; c) auto de libertad sin reservas de ley; y, d) auto de no sujeción a proceso (artículos 162 y 167 del mismo ordenamiento procesal federal).-En la etapa de instrucción, además de que el Juez puede decretar de oficio la extinción de la acción penal, el inculpado, el órgano investigador o la víctima, tiene la posibilidad de hacerla valer mediante el incidente de prescripción de la acción penal (artículo 494 Código Federal de Procedimientos Penales).-Los anteriores ejemplos, permiten deducir con claridad que, cuando se decreta la extinción de la acción penal, en esas fases del procedimiento penal, se trata de resoluciones preventivas que acarrean como consecuencia jurídica la libertad absoluta del indiciado, reclamable por la víctima u ofendido.-En efecto, respecto de la libertad absoluta, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis número 10/2007, precisó: ‘En cuanto al auto de libertad absoluta, es preciso señalar que constituye una excepción a la regla general, esto es, que en la práctica decretar este auto tiene como presupuesto por ejemplo, el que se demuestre que el delito ha prescrito, que existe una causa de exclusión de responsabilidad o que se demuestre a través de una prueba indubitable que el indiciado no es probable responsable de la comisión del delito, por el que se intentaba sujetarle a proceso.’.-Lo anterior, permite poner de relieve que la extinción de la acción penal, durante la averiguación previa, preinstrucción e instrucción, implica la cesación de la potestad punitiva del Estado, al transcurrir un periodo de tiempo determinado, en virtud de que el propio Estado abdica de su potestad punitiva, por razón de que el tiempo anula el interés represivo, opera coactivamente, toda vez que es un mandato impuesto por el Estado para que el Ministerio Público, o en su caso, el órgano jurisdiccional decrete la extinción de la pretensión punitiva.-Así, el simple transcurso del tiempo necesario y la inactividad del órgano investigador, hacen que la prescripción tenga que producir, imprescindiblemente, sus efectos extintivos respecto de la pretensión punitiva del Estado.-Con lo que se alcanza por el inculpado la libertad absoluta, entendida ésta como el derecho individual subjetivo de gozar de la libertad sin restricción alguna, esto es, de no ser sometido a un proceso, que necesariamente implica la afectación de esa libertad absoluta.-Luego, si el legislador ordinario previó el supuesto de la extinción de la acción penal como consecuencia de la inactividad del órgano investigador, en los delitos perseguibles de oficio o de particular en los de querella, y el transcurso del tiempo, como una causa para concluir un proceso antes de llegar a sentencia, e incluso, antes de que éste cobre vida; es claro que ello es con la finalidad elemental de que el procesado o inculpado se encuentre en posibilidad de recuperar en absoluto su libertad antes del dictado de la resolución definitiva.-No obstante, como se adujo en párrafos precedentes, tales determinaciones tienen naturaleza preventiva, a diferencia de la sentencia que es de índole definitiva, porque ésta se emite al concluir la etapa de instrucción, esto es, en la fase de primera instancia, y cualquier situación que se resuelva, incluso la extinción de la acción, debe ser impugnada por el medio ordinario de defensa, si existe y luego en la vía directa, aspecto que no acontece en las resoluciones que decretan la extinción de la acción penal durante la averiguación previa, preinstrucción e instrucción, porque son de naturaleza preventiva, y las mismas son actos contra los cuales procede el amparo indirecto del conocimiento del Juez de Distrito.-En consecuencia contra todos los actos emitidos en esas etapas del proceso penal, cuando no procede recurso ordinario, es procedente el juicio de amparo indirecto, del conocimiento del Juez Federal, quien debe hacer pronunciamiento sobre la extinción de la acción, por ser un presupuesto de orden público y estudio preferente, lo aleguen o no las partes.-Al respecto, conviene destacar los siguientes criterios jurisprudenciales.-Jurisprudencia 1a./J. 118/2010, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, publicada en la página 17, Tomo XXXIII, marzo de 2011, de la Novena Época, cuyo rubro es: ‘ACCIÓN PENAL. MOMENTOS EN QUE PUEDEN IMPUGNARSE EN AMPARO INDIRECTO LAS RESOLUCIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO SOBRE EL NO EJERCICIO O DESISTIMIENTO DE AQUÉLLA (INTERPRETACIÓN DEL RÉGIMEN TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008).’; La jurisprudencia en comento precisó que cuando alguna legislatura no ha establecido el sistema penal acusatorio dentro de la legislación secundaria correspondiente ni ha emitido la declaratoria que señale expresamente que dicho sistema ha sido incorporado en los ordenamientos, al existir una vacatio legis que no puede exceder el plazo de ocho años dispuesto para ello, el fundamento para reclamar en amparo indirecto las determinaciones de no ejercicio o desistimiento de la acción penal se encuentra en el artículo 21, cuarto párrafo, de la Constitución General de la República, antes de reformarse, pues esas circunstancias hacen que siga surtiendo efectos. En cambio, de haberse cumplido las condiciones para la entrada en vigor de las reformas y adiciones constitucionales, la víctima u ofendido debe impugnar las determinaciones referidas ante el Juez facultado dentro del sistema acusatorio instaurado, y que contra la resolución que se emita al respecto, proceda el juicio de garantías conforme al vigente artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Ley Fundamental.-Jurisprudencia 1a./J. 25/2011, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, publicada en la página 75, Tomo XXXIII, mayo de 2011, de la Novena Época, que dice: ‘OFENDIDO O VÍCTIMA DEL DELITO. PUEDE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CON EL CARÁCTER DE TERCERO PERJUDICADO CUANDO EL ACTO RECLAMADO SEA UNA ORDEN DE APREHENSIÓN O UN AUTO DE FORMAL PRISIÓN.’, en la cual se sostuvo que, la víctima u ofendido del delito puede intervenir en el juicio de amparo en su carácter de tercero perjudicado, siempre y cuando el acto reclamado se vincule directa o indirectamente con la reparación del daño. Por tanto, tratándose de la orden de aprehensión y del auto de formal prisión se actualiza el supuesto de dicha jurisprudencia, porque ello se traduce en que la reparación del daño no ocurra por verse truncado el proceso penal.-Jurisprudencia 1a./J. 114/2009, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, publicada en la página 550, Tomo XXXI, mayo de 2010, de la Novena Época, que lleva por rubro: ‘OFENDIDO O VÍCTIMA DEL DELITO. PUEDEN ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CON EL CARÁCTER DE TERCERO PERJUDICADO CUANDO EL ACTO RECLAMADO AFECTE EN LOS HECHOS A LA REPARACIÓN DEL DAÑO, AUNQUE NO SE REFIERA DIRECTAMENTE A ELLA.’. De la cual se advierte que conforme los artículos 5o., fracción III, inciso b), y 10, fracción II, de la Ley de Amparo, la víctima o el ofendido puede participar en el juicio de amparo, con el carácter de tercero perjudicado, cuando el acto reclamado afecte en los hechos la reparación del daño, aunque no se refiera a ella directamente.-Jurisprudencia 1a./J. 17/2005, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, publicada en la página 15, Tomo XXI, mayo de 2005, de la Novena Época, que dice: ‘ACCIÓN PENAL. EL PRESUNTO RESPONSABLE TIENE INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA ABSTENCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO DE PRONUNCIARSE SOBRE EL EJERCICIO O DESISTIMIENTO DE AQUÉLLA.’. De la que se observa que analizó el tema relativo a que todo individuo gozará de las garantías que otorga la propia Constitución, las cuales únicamente podrán restringirse o suspenderse en los casos y con las condiciones que ella establezca y que las resoluciones del Ministerio Público sobre el no ejercicio y desistimiento de la acción penal podrán impugnarse por vía jurisdiccional, así como la abstención de dicha representación social de pronunciarse al respecto, siendo procedente el juicio de amparo indirecto contra tales actos u omisiones, mientras no se establezca en la legislación penal secundaria un medio de defensa ordinario, garantía con la que cuenta la víctima u ofendido de un delito, denunciante o querellante y sus familiares quienes pueden interponer el juicio de amparo contra la abstención del Ministerio Público de pronunciarse sobre el ejercicio o desistimiento de la acción penal.-La jurisprudencia 1a./J. 101/2008, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, publicada en la página 378, Tomo XXIX, enero de 2009, de la Novena Época, que es del tenor siguiente: ‘PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PEN

L. CONTRA LA DETERMINACIÓN JURISDICCIONAL QUE NIEGA DECLARARLA PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO, SIN QUE SEA NECESARIO AGOTAR PREVIAMENTE EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD.’. De la cual se observa que se analizó una excepción al principio de definitividad al establecer que cuando en un juicio penal se violen las garantías contenidas en los artículos 16, 19 y 20 constitucionales, el agraviado podrá reclamar dicha violación ante el Juez de Distrito que corresponda o ante el superior del tribunal que la haya cometido, precisando que en virtud de que la prescripción es una causa extintiva de la acción penal y, por tanto, se constituye en el derecho individual subjetivo a gozar de libertad absoluta, resultaba evidente que, contra la determinación jurisdiccional que niega declarar la prescripción de la acción penal procedía el juicio de amparo indirecto.-Bajo esa línea de consideraciones, el Juez de Distrito en el juicio de amparo indirecto, tiene atribuciones para analizar la prescripción de la acción penal, por tratarse de un presupuesto procesal, como así se ha pronunciado la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 62/99, localizable en la página 316, Tomo X, noviembre de 1999 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: ‘PRESCRIPCIÓN, EL JUEZ DE AMPARO DEBE ANALIZARLA CUANDO SE RECLAMA LA ORDEN DE APREHENSIÓN. POR SER FIGURA PROCESAL DE ORDEN PÚBLICO, SU ESTUDIO ES PREFERENTE Y OFICIOSO.’. Las anteriores consideraciones permiten arribar a la conclusión de que la naturaleza de extinción de la acción penal y sus consecuencias jurídicas, han sido enmarcadas en un ámbito amplio de protección constitucional, mediante su impugnación a través del juicio de amparo indirecto, pues mediante éste los quejosos tienen una mayor posibilidad de defensa y de acceso a la justicia efectiva, por cuanto, que tienen mejores opciones para aportar elementos de prueba que de otro modo, en amparo directo, sería nugatoria, aspecto este último que se desarrollará con mayor amplitud en párrafos subsecuentes.-Sentado lo anterior, procede ahora determinar por qué la resolución que emite el Juez de proceso mediante la que niega la orden de aprehensión, con motivo de que la acción penal se encuentra prescrita, es impugnable en amparo indirecto por la víctima o el ofendido, al tratarse de una excepción a la regla general, apuntada al inicio de este estudio.-En principio, conviene destacar lo dispuesto en los numerales 298, 299, 300, 301, 304 y 367 del Código Federal de Procedimientos Penales, que dicen: ‘Artículo 298. El sobreseimiento procederá en los casos siguientes: ... III. Cuando aparezca que la responsabilidad penal está extinguida. ... VIII. En cualquier otro caso que la ley señale. En los casos de sobreseimiento siempre será el Juez el que decida si procede o no. En segunda instancia el sobreseimiento procederá, de oficio o a petición de parte, sólo en el caso de la fracción III de este artículo, o cuando alguna de las partes lo promueva exhibiendo pruebas supervenientes que acrediten la inocencia del encausado’.-‘Artículo 299. El procedimiento cesará y el expediente se mandará archivar en los casos de la fracción IV del artículo anterior, o cuando esté plenamente comprobado que los únicos presuntos responsables se hallan en alguna de las circunstancias a que se refieren las fracciones I, II, III, V y VI del mismo; pero si alguno no se encontrare en tales condiciones, el procedimiento continuará por lo que a él se refiere, siempre que no deba suspenderse en los términos del capítulo III de la Sección Segunda del Título Decimoprimero. Cuando se siga el procedimiento por dos o más delitos y por lo que toca a alguno exista causa de sobreseimiento, éste se decretará por lo que al mismo se refiere y continuará el procedimiento en cuanto a los demás delitos, siempre que no deba suspenderse’.-‘Artículo 300. El sobreseimiento puede decretarse de oficio o a petición de parte, en los casos de las fracciones I a IV del artículo 298 y en la última forma en los demás’.-‘Artículo 301. El sobreseimiento se resolverá de plano cuando se decrete de oficio. Si fuere a petición de parte, se tramitará por separado y en forma de incidente no especificado’.-‘Artículo 304. El auto de sobreseimiento que haya causado estado, surtirá los efectos de una sentencia absolutoria con valor de cosa juzgada’.-‘Artículo 367. So

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25753-2d65dc73/amparo-directo-es-procedente-contra-la-resolucion-que · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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